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La reactivación económica, el desafío de las regiones
La ampliación del plazo a las entidades terri- toriales para la aprobación de los planes de desarrollo con el fin de acoplarlos a las ne - cesidades que tienen en este momento las regiones en materia de salud y seguridad ali - mentaria, llevó a los alcaldes y gobernadores a actualizar sus programas de gobierno, con perspectivas de ingresos a la baja y dificultades presupuestales para el cumplimiento de sus metas. Sus esfuerzos estarán concentrados de ahora en adelante en reactivar la economía de los municipios y ciudades, afectada por la emergencia sanitaria que hoy vive el país.
Con la llegada del Covid-19 a Colombia que obligó a la adopción de medidas pre- ventivas para contener el avance del virus a lo largo y ancho del territorio nacional, entre ellas el aislamiento social, para evitar un con- tagio masivo de la población, los mandatarios locales tuvieron problemas para estructurar, so- cializar y presentar los planes de desarrollo a los concejos y asambleas departamentales dentro de los plazos que establece la ley. Es por ello que fue necesario contemplar alternativas que permitieran superar el impase legal y facilitaran, en lo posible, la participación ciudadana en su proceso de construcción. Y es que además de las dificultades para realizar las audiencias públicas, en algunas zonas hubo problemas de conectivi- dad y limitación de uso de mecanismos virtuales para que funcionarios de entidades territoriales, concejales y diputados pudieran cumplir con las etapas de formulación, discusión y aprobación antes del 31 de mayo pasado.
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: El Presidente Iván Duque Márquez ha trabajado de manera articulada con los gobernadores y alcaldes en el manejo de la pandemia.
Los retrasos en el proceso por cuenta de la crisis sanitaria derivada de la pandemia y sus efectos que de allí se desprendieron, sobre todo en municipios donde los equipos de trabajo eran muy pequeños, llevó al Gobierno Nacional a extender hasta el 15 de julio la fecha límite para cumplir con todo los trámites de rigor. Con el nuevo plazo para la aprobación excepcional de los planes de desarrollo, se buscaba que los mandatarios locales incluyeran acciones y estrategias para prevenir y mitigar el impacto de la epidemia en el ámbito económico y social. La idea era que pudieran ajustar o presentar de nuevo las hojas de ruta de sus administraciones a los órganos colegiados con políticas encaminadas a reactivar sin traumatismos la economía de sus regiones, fortalecer el mercado laboral, duramente golpeado en los meses de abril y mayo por la parálisis de las empresas y el transporte intermunicipal, y apalancar proyectos productivos para consolidar el sector rural. En condiciones normales, los Planes de Desarrollo Territoriales (PDT) se aprueban en los cinco primeros meses de los períodos constitucionales de los alcaldes y gobernadores.
Un clamor de las regiones
La decisión de ampliar el plazo para permitirles a las administraciones locales ajustar los PDT a la nueva realidad del país que ha generado el Covid-19, en la cual se ha priorizado el sector salud para preservar la vida de la población ante la amenaza permanente de contagio en las regiones, se tomó tras un pedido que hicieron los entes territoriales al Gobierno del Presidente Iván Duque Márquez a través de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y la Federación Colombiana de Municipios (FCM), para acomodar los proyectos y programas del cuatrienio a las circunstancias actuales.
Las dos organizaciones consideraron indispensable encajar los planes de desarrollo a los nuevos indicadores, metas y fuentes de financiación, ante la reorientación que han tenido los recursos públicos durante la
emergencia para fortalecer la red hospitalaria, promover el autocuidado (lavado de manos y uso de tapabocas), dotar de insumos y equipos al personal médico y ayudar con subsidios y productos básicos de la canasta familiar a miles de familias colombianas en condición de pobreza y vulnerabilidad. Los mandatarios reconocen que debido a la crisis presentada, debieron ajustar sus presupuestos, así como aplazar algunos de los proyectos de infraestructura que tenían previsto ejecutar en estos cuatro años, para concentrar los esfuerzos en la reactivación económica de sus municipios y ciudades, ante el impacto que ha tenido la pandemia en el aparato productivo local. Es el caso del Valle del Cauca, donde la proyección es generar 181.336 empleos directos en el departamento, jalonando sectores como el turismo y el campo. El plan de recuperación socioeconómica incluye la transformación digital, así como encadenamientos productivos, atracción a la inversión y apoyo social en la región. “Es un presupuesto que nos hace aplazar algunas metas, pero que seguimos con esos sueños por los que tenemos que trabajar muy duro”, dijo la gobernadora Clara Luz Roldán, quien enfocará su gestión en ejes como el emprendimiento, la seguridad, el medio ambiente y la recreación. Para ello acudirá a recursos departamentales y a otros del orden nacional e internacional.
Una visión distinta de ciudad
La pandemia también cambió la visión de ciudad que se tenía para Medellín en estos cuatro años, con acciones integrales que priorizan la salud y el bienestar de sus habitantes. En el plan de desarrollo se colocó en primer orden la economía del cuidado, en la que se fortalecen las tecnologías, la salud ambiental, la infraestructura y el acceso de la población a los servicios médicos para su adecuada y permanente protección. “El coronavirus generó una dinámica para la cual debíamos prepararnos y enfocar nuestras acciones en el cuidado de los ciudadanos. Esto nos llevó a redireccionar el Plan de Desarrollo y es aquí donde surge la línea estratégica de Medellín Me Cuida. Todas las acciones de este componente se centran en dar respuesta a las nuevas problemáticas”, dijo a periodistas Andree Uribe, secretaria de Salud local. En esa misma línea, se cons
Durante la emergencia sanitaria, los mandatarios locales han fortalecido la red hospitalaria local.
Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán.
Es el caso del Valle del Cauca, donde la proyección es generar 181.336 empleos directos en el departamento, jalonando sectores como el turismo y el campo. El plan de recuperación socioeconómica incluye la transformación digital, así como encadenamientos productivos, atracción a la inversión y apoyo social en la región. “Es un presupuesto que nos hace aplazar algunas metas, pero que seguimos con esos sueños por los que tenemos que trabajar muy duro”.
Alcalde de Medellín, Daniel Quintero.
truyó la hoja de ruta para el departamento del Atlántico, en la que el trabajo de la administración girará sobre varios ejes estratégicos, incluido el fortalecimiento de la red hospitalaria y de los servicios públicos, para enfrentar la difícil situación que hoy vive esa región del Caribe colombiano por cuenta de la nueva epidemia. El documento plantea una inversión de $7.86 billones, de los cuales, $6.93 billones serán para ejecución de proyectos y programas. Al destacar el apoyo de la Asamblea al plan de desarrollo, la gobernadora Elsa Noguera aseguró que se busca con las metas allí trazadas, garantizarle un mejor futuro a la gente de los municipios, con una salud oportuna y de calidad, acueducto y alcantarillado, empleo, emprendimiento, aceleración de la transformación digital y un campo mucho más productivo.
La reactivación económica también predominó en la carta de navegación de estos cuatro años para la ciudad de Bucaramanga, junto con los temas ambientales, educativos, tecnológicos y de salud. “Hay proyectos relacionados con la educación, con la movilidad, con la sostenibilidad ambiental, con la visión de una ciudad tecnológica inteligente y segura. Adicionalmente, en el marco de la pandemia, se incluyó un proyecto estratégico sobre reactivación económica el cual busca fortalecer el tejido empresarial especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas”, señaló Ángel Galvis, asesor de Proyectos Estratégicos de la capital santandereana.
Plan de desarrollo de Bogotá
La autorización de un ingreso mínimo para las personas afectadas por el Covid-19 y la institucionalización del Sistema Distrital de Bogotá Solidaria, hacen parte de los temas importantes aprobados por el Concejo de Bogotá, dentro del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) 2020-2024, el cual contempla políticas y programas para enfrentar los efectos sociales y económicos de la epidemia en la capital del país. En general, el documento prevé una inversión de $109,3 billones durante el cuatrienio para que Bogotá “sea una ciudad más cuidadora, incluyente, sostenible y consciente que avance hacia la igualdad y la recuperación económica y social”, dijo la jefe de Planeación, Adriana Córdoba, quien dejó en claro que los derechos de los más vulnerables serán prioriza
Gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera. Alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
dos con la ampliación de las oportunidades en educación, salud, cultura, productividad, innovación y generación de ingresos.
Con el fin de avanzar en la reactivación del aparato productivo, el PDD fortalecerá el Sistema Distrital para la Mitigación del Impacto Económico y buscará que se establezca como una política pública de la ciudad, lo que ayudará a orientar las acciones para atender las emergencias, mitigar las consecuencias de las crisis y recuperar la economía de la capital. El propósito es preservar los empleos y el tejido empresarial, en especial de la micro, pequeña y mediana empresa. “En esa medida permitirá potencializar el emprendimiento, la creación y reinversión de nuevos modelos de negocio alineados a las nuevas oportunidades de mercado, fortalecer los sistemas productivos solidarios y desarrollar programas para la promoción de la compra local, implementar estrategias de comercialización digital, impulsar las nuevas competencias y habilidades para el trabajo, la economía circular, el teletrabajo y los empleos verdes”.
Alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas. Jefe de Planeación de Bogotá, Adriana Córdoba.
TEMAS A RESALTAR DEL PLAN DE DESARROLLO DE BOGOTÁ
» Alrededor de 53 billones de pesos estarán orientados a la reactivación social y económica de la ciudad con estrategias de infraestructura, empleo, innovación y fortalecimiento a la pequeña y mediana empresa. » Cambiar los hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptar y mitigar la amenaza del cambio climático en la ciudad. » Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. » Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, para lo cual se contará con una inversión de $34,3 billones. » Según la alcaldesa Claudia López, las metas del Plan se orientan al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el 2030. » Le apuesta a la disminución de la pobreza multidimensional y monetaria y a superar progresivamente los factores de la exclusión, discriminación y segregación socioeconómica. » Incluye la expedición de un POT con visión regional y le apunta a un sistema multimodal de movilidad basado en una red de metro regional. » Será el primero en garantizar un ingreso mínimo por hogar, lo que permitirá reducir el peso de los factores que afectan la equidad del ingreso de las familias vulnerables de la ciudad. » Para ello, se fortalecerá el esquema de subsidios y contribuciones en forma de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, bonos canjeables por bienes y servicios y subsidios en especie, a fin de reducir los índices de pobreza monetaria y multidimensional. » En esa medida el Sistema Distrital Bogotá Solidaria en Casa se integrará con la estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado, para mantener sus fuentes de financiamiento, los mecanismos de focalización y adecuada operación. » Entre lo aprobado en el Plan de Desarrollo Distrital (PDD), se destaca el corredor verde por la Séptima y el operador público de Transmilenio.
Apretarse el cinturón
Para el senador del Centro Democrático, John Harold Suárez, es evidente que a los alcaldes del país les tocó apretarse el cinturón y ajustarse a las necesidades de la realidad actual. Aunque entiende que los mandatarios quieran responder a quienes los eligieron con obras de infraestructura de gran importancia, estas deben pasar a un segundo plano porque las demandas sociales que se tienen en este momento son distintas, como garantizar los recursos suficientes para la atención en salud, la
El senador del Centro Democrático, Harold Suárez.
reactivación económica y la prestación adecuada de los servicios públicos a la población.
Y es que el sector salud va sufrir un golpe financiero por la caída vertiginosa de rubros con los que se financia en los entes territoriales, como por ejemplo, las rentas sobre los licores y el tabaco, así como el impuesto de rifas, juegos y espectáculos, a raíz del cierre de eventos masivos y la suspensión de operaciones de establecimientos de entretenimiento nocturno como bares y discotecas. Según el congresista, esta crisis no va a ser pasajera, por lo que los planes de desarrollo deberán cumplir con las necesidades de las regiones, como inversión en equipos médicos y elementos de bioseguridad, la implementación de programas de asistencia social que cubran las demandas básicas de los hogares vulnerables, contar con una infraestructura tecnológica propicia para la educación virtual, impulsar proyectos dirigidos a recuperar la economía en cada ciudad y municipio y dar vía libre a un programa de sostenibilidad fiscal que se enfoque en la racionalización del gasto.
“Lo mejor para salir adelante en esta emergencia sanitaria, social y económica es pensar en la gente, por eso, señores gobernadores y alcaldes, apoyemos la salud, fortalezcamos con los recursos propios este sector, garanticemos la asistencia alimentaria y pensemos en la educación, lo demás puede esperar. Hay que apretarse el cinturón y cuidar cada peso porque no sabemos cuándo será el final de la crisis”, expresó el legislador.
Medidas de alivio para las regiones
Las finanzas territoriales pasan por un momento difícil como consecuencia de la pandemia, lo que ha obligado a los gobernadores y alcaldes a concentrar sus esfuerzos en fortalecer el sistema público de salud y brindarles apoyo a las familias en condición de pobreza y vulnerabilidad en sus regiones. Pero tal vez el desafío más grande que tienen actualmente es buscar la manera de reactivar la economía, bajo estrictos protocolos de bioseguridad. Ante la demanda de recursos para atender las crecientes necesidades generadas con la crisis sanitaria, el Gobierno Nacional adoptó medidas extraordinarias que permitirán la reducción y optimización de los procedimientos para acceder a los mismos, así como contar con mayores rentas para destinarlas a financiar los gastos de funcionamiento de las entidades. Se consideró también la necesidad de dotar de instrumentos legales a los territorios para contar con mecanismos efectivos que les facilite atender la coyuntura actual y sus efectos en el empleo y las relaciones sociales que esto conlleva, permitiendo mayores líneas de acceso a crédito y endeudamiento.
Para ello, otorgó facultades a los gobernadores y alcaldes para reorientar rentas de destinación específica y modificar el presupuesto, así como realizar las adiciones, traslados y demás operaciones presupuestales a que haya lugar para atender la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada el 6 de mayo anterior. Para compensar la caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones de liquidez ocasionadas por la crisis, las regiones podrán contratar con entidades financieras créditos de tesorería durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, que se destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter temporal tanto en gastos de funcionamiento como de inversión.
Con el propósito de ejecutar proyectos que ayuden a fomentar la reactivación económica, las entidades territoriales podrán contratar operaciones de crédito público en los mismos dos años, siempre que su relación saldo de la deuda/ingresos corrientes no supere el 100%. Los mandatarios locales tendrán además la facultad de diferir el pago de obligaciones tributarias durante el término de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Gobierno Nacional hasta en 12 cuotas mensuales, y sin intereses.
Los alcaldes han concentrado sus esfuerzos en mejorar el sistema de salud y brindar apoyo a los sectores vulnerables durante la crisis sanitaria.
Para que las entidades territoriales recuvigencia de la norma: hasta el 31 de octubre de peren su cartera y generen mayor liquidez, 2020 se pagará el 80% del capital sin intereses así como la posibilidad de aliviar la situación ni sanciones, mientras entre el 1 de noviembre económica de los deudores, los contribuyende 2020 hasta el 31 diciembre se cancelará el tes, agentes retenedores y demás obligados 90% sin perder los beneficios ofrecidos. Fiaccederán a los siguientes beneficios en relanalmente, entre el 1 de enero de 2021 y hasción con los impuestos, tasas, contribuciones ta el 31 de mayo del mismo año se pagará el y multas pendientes de pago a la entrada en 100% del capital sin intereses ni multas.
Las finanzas públicas se han visto afectadas por el aplazamiento en pago de impuestos, como el de vehículos.
Los territorios respaldan normas
La Federación Nacional de Departamentos (FND) destacó las medidas de alivio, que incluyen hacer efectiva la flexibilización de las normas de disciplina fiscal que facilitan que las gobernaciones atiendan su normal funcionamiento durante este año y el próximo. La organización recordó que los entes territoriales reclamaban decisiones como las anunciadas para ampliar los límites y los mecanismos de endeudamiento y permitir el acceso a nuevos créditos destinados a compensar la disminución de los ingresos y a financiar proyectos para la reactivación económica. “El Gobierno Nacional hace bien en ampliar la capacidad de maniobra de los mandatarios para reorientar recursos a la emergencia y a los gastos de funcionamiento desfinanciados por la caída de las rentas y ajustar sus presupuestos para este fin”, indicó en un comunicado. La FND consideró una buena noticia la autorización para que las regiones puedan mejorar las herramientas para la recuperación de cartera, mediante reducciones en sanciones, moras e incluso capital.