Cinco años de haberse aprobado la ley rosa Elvira Cely y los casos de feminicidio no paran Martha Villalba

CINCO AÑOS DE HABERSE APROBADO LA LEY ROSA ELVIRA CELY Y LOS CASOS DE FEMINICIDIO NO PARAN

Martha Villalba Representante a la Cámara Partido de la U

que se aprobó la ley ‘Rosa Elvira Cely’, que reconoce el feminicidio como un delito autónomo, con el fin de garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, así como adoptar estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana.

Esta ley fue una iniciativa que desde el Partido de la U apoyamos, sin embargo, nos duele que a la fecha el número de casos de mujeres asesinadas en el país siga en aumento.

Aunque las cifras aún no están del todo claras, según el Observatorio de Feminicidios en Colombia “113 mujeres han sido asesinadas durante la cuarentena nacional: 18 en marzo, 27 en abril, 31 en mayo y 37 en junio. Las estadísticas registran los hechos ocurridos en el periodo que va del 16 de marzo al 22 de junio. Siendo una niña de 14 años en Caldas la primera en ser asesinada y la última, una madre de familia asesinada por su expareja tras separarse de ella”.

Entre enero y marzo de 2019 en Colombia dieron muerte de manera violenta a 48 mujeres, mientras en el 2018 se reportaron 84 casos y según la Fiscalía General, el 85% de ellos ya han sido esclarecidos. Entre los principales victimarios encontramos a las exparejas sentimentales, en un segundo plano están los familiares y en un tercer lugar los vecinos o conocidos.

Según el Observatorio de Feminicidios en Colombia “113 mujeres han sido asesinadas durante la cuarentena nacional: 18 en marzo, 27 en abril,

Han transcurrido cinco años desde

31 en mayo y 37 en junio”.

Es por ello que ante tal situación en el país se hace necesario, además de sanciones, que se contemple la posibilidad de implementar una cátedra de prevención y de formación contra el feminicidio, no sólo desde las aulas educativas que ayuden a sensibilizar este flagelo sino a nivel administrativo en los operadores judiciales, ya que según los últimos informes de la ONU Mujeres Colombia, se revela que en la actualidad se mantienen dificultades en la investigación y judicialización por parte de operadores judiciales, jueces y fiscales sobre estos atroces crímenes, y por ende los niveles de impunidad persisten.

Cátedras que por supuesto deben comenzarse a impulsar desde todos los niveles de las administraciones territoriales, de manera que el país siga avanzando en reducir esta forma de violencia.