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DE LA CLASE POLITICA que VenGa una sequía, peRo...
Se supone que robar agua potable es un delito, pero en la práctica todos sabemos que es letra muerta en cualquier código penal. Obviamente los prospectos de delincuentes en este asunto son ciudadanos comunes que se conectan ilegalmente a una toma pero también políticos o funcionarios públicos que desvían o propician el robo del vital líquido. Bueno, diría usted y con justa razón: El agua es un derecho humano. Pero el ciudadano común prefiere gastar en cerveza que en su consumo de agua. O cuando el funcionario alimenta negocios particulares que requieren de agua para su comercialización.
Más directo: Cuando el funcionario cobra por debajo de la mesa por el consumo de agua. Son muchas las variantes. Y nunca hay responsables en el mal manejo del agua. Obviamente el agua es un bien social pero también económico. Y bastante carito. Es
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buen negocio.
Nunca, que recordemos, un funcionario ha sido castigado por hacer negocios particulares con el agua.
Y vaya que se han servido con la cubeta grande. Para empezar ningún alcalde o alcaldesa ha sido castigado por torcer la ley en la comercialización del agua. Todos sabemos que el alcalde o alcaldesa en turno tiene dos cajas chicas: La policía municipal y el orga - nismo de agua. Aquí en Hermosillo varios regidores se lo han confirmado al suscrito. Así ha sido siempre. Y así continuará hasta
que el pueblo diga basta.
El alcalde hace como que se preocupa en estos asuntos pero realmente hereda el problema al que sigue. Y el diputado ni se preocupa por modernizar leyes flexibles que permiten el robo de agua en todos los niveles. Ahora que Nuevo León vive en sequía, la reflexión necesaria es que luego seguimos nosotros.
Y nadie prepara un nuevo marco jurídico regulatorio del líquido. El desabasto de agua ya lo estamos viviendo en Sonora. Al menos en Hermosillo empieza a preocupar el problema. Las tomas están para extraer el preciado recurso sin permiso y, claro, sin sanción. Hasta en el acueducto independencia se registra el robo de agua. ¿Hasta cuándo un diputado o diputada trabajará una iniciativa de ley que castigue el robo de agua potable? Si ya existe una ley al respecto, simple y sencillamente no se aplica. Es letra muerta.
Habría que contemplar que existan sanciones para la au- toridad por incapacidad para cobrar el servicio o encubrir desviaciones del preciado recurso. Estiman que apenas un 40 por ciento de la población paga el servicio de agua potable. ¿Y el resto?
Los alcaldes o alcaldesas son maletas para hacer que la gente pague el agua que consumen, escudados en el trillado derecho humano. O todos coludos o todos rabones. Ya basta de ineficiencias, de cargar el costo a los que sí pagan sus recibos. Y las fugas, ufffff. Es otro problema mayor. El que venga atrás, que arree, es la frase preferida del alcalde o alcaldesa en turno. Así se desperdicia una buena parte del vital líquido.
Y nadie es responsable. Al ciudadano común solo le queda por decir: Alcaldes, diputados, ya no la frieguen, a trabajar para evitar la próxima sequía. Pero nos conformamos con que venga una sequía de políticos. Sobre todo si son maletas hasta para cobrar el agua potable.