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El Sistema de Gestión de Cumplimiento, Aspecto Preventivo del Sistema
Nacional Anticorrupción: La visión del Gobierno del Estado de México
Dr. Javier Vargas
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Zempoaltecatl
Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México
Doctor en Derecho especializado en Contraloría Gubernamental, Responsabilidades Administrativas y Mecanismos Anticorrupción.
Con experiencia profesional de 31 años en el servicio público: 16 dentro de la Administración Pública Federal, en: Comisión Nacional del Agua, Secretaría de Economía y Secretaría de la Función Pública, y 15 en la Administración Pública del Estado de México en: Comisión del Agua y Secretaría de la Contraloría.
Entre los cargos desempeñados destacan: El de Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial en la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México. Y los de Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial, y Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas en la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.
Fungió como Encargado del Despacho de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal de julio a octubre de 2016.
Actualmente es el Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, desde el 16 de septiembre de 2017.
Es Abogado por la UNAM, graduado con honores y merecedor a la Medalla al Mérito Universitario Gabino Barreda por obtener el más alto aprovechamiento, con un promedio general de 10.0.
Es Maestro en Derecho, y en Políticas Anticorrupción.
Ha participado con más de 130 ponencias en foros nacionales e internacionales (En España, Perú, Panamá, Argentina, Brasil y Uruguay), y como académico en universidades nacionales (En UNAM, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Nuevo León, Tecnológico de Monterrey, Centro de Estudios Superiores en Materia de Derecho Fiscal y Administrativo, Centro de Estudios de Posgrado, entre otros).
Ha publicado diversos artículos y ensayos en libros y revistas especializadas. Recientemente, participó con el Artículo: “El nuevo Derecho Disciplinario en México: Preventivo y Garantista.
El caso del Estado de México”, en el libro “La Responsabilidad Administrativa en el Estado Mexicano” publicado por Tirant Lo Blanch.
El Dr. Javier Vargas Zempoaltecatl, secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, compartió con nosotros este tema en el que nuestra entidad federativa se pone a la vanguardia.
A raíz de ciertos acuerdos internacionales que firma México en el año 2015 respecto al combate contra la corrupción (entre ellos los de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, de la OCDE y de la ONU), se volvió preciso aplicar toda una reforma estructural a nuestro sistema de seguridad. Constituyó todo un parteaguas en el mundo del derecho.
El propio portal del Gobierno de México estipula:
“Por primera vez se unen esfuerzos institucionales que, apoyados por la transparencia y rendición de cuentas, buscan fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones en un marco de promoción de la legalidad y las buenas prácticas.
La promulgación de la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, representa un avance histórico para el país en la lucha contra la corrupción.
Las reformas constitucionales en materia anticorrupción se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, y son la base que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia.
El 18 de julio de 2016 fueron publicadas en el DOF las leyes secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción.”
(Recuperado el 26 de febrero del 2023 de: www.gob.mx)
La reforma contemplaba dos aspectos esenciales para el tratamiento de la corrupción: el preventivo y el correctivo. Pero se admite, generalmente, que más vale prevenir antes que tener que corregir, especialmente tratándose de cosas como la integridad y la ética pública.
Se procura, pues, que la formación que reciba el servidor público contribuya a que siempre anteponga el interés general sobre del suyo propio.
Pero, siendo el intento a nivel nacional, es en el Estado de México donde se ha efectuado un muy notable esfuerzo según el doctor Vargas. Bajo esta política de cero tolerancia hacia los actos de corrupción, el gobernador Alfredo del Mazo contempla, ya en el Plan de Desarrollo del Estado de México, una serie de acciones pertinentes.
Se delimitaron tres instancias a las que había que prestar atención: prevención, detección y sanción de faltas administrativas o hechos de corrupción.
Por su parte, aquellas leyes aludidas en la cita de más arriba y que fueron publicadas en 2016 fueron un total de siete, donde tres eran reforma de otras anteriores y las otras cuatro resultaban completamente novedosas. Lo importante de ellas es que establecieron las directrices o lineamientos en el procedimiento administrativo disciplinar.
Algo importante de señalar es que ya no solo se comprende lo relativo a los servidores públicos, sino también a particulares vinculados con hechos de corrupción.
Además, aparte de inhibir las conductas irregulares, ahora es posible darles un seguimiento y una mejor atención. Se estima que, en promedio, llegan quince mil denuncias mensuales, mismas que “de ninguna manera pueden dejarse desatendidas: si solo atendiéramos cinco mil al mes, pues pronto se nos hace una bola de nieve”, dijo el doctor Vargas.
Concluye así, respecto al tema de la corrupción, el Plan de Desarrollo del Estado de México:
“¿Hacia dónde vamos?
Contribuir al fortalecimiento del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios en coordinación con todas las instancias de gobierno fomentando la cultura de la denuncia ciudadana, impulsando el uso de tecnologías que permitan alertar y castigar cualquier acto de corrupción, garantizando la rendición de cuentas y la transparencia. Dichas acciones habrán de ser coordinadas e instrumentadas a través de acciones integrales, programas y procedimientos que tendrán como eje la Política Estatal en la materia.
La actualización del marco jurídico aplicable a los Órganos Internos de Control, permitirá dotarlos de la estructura que les permita cumplir con sus nuevas responsabilidades en materia anticorrupción; será posible inhibir y sancionar los actos de corrupción, conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, para lograr que los servidores públicos actúen con responsabilidad, transparencia y apego a la legalidad; así como mejorar la percepción ciudadana en la prevención y combate a la corrupción, mediante su participación en la verificación del quehacer gubernamental.
La eficaz implementación del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios permitirá optimizar la calidad en el uso y destino de los recursos económicos del estado, impulsando a su vez la integridad en los sectores público, privado y social, con la finalidad de incrementar el valor social e impacto de las políticas públicas gubernamentales favoreciendo la gobernanza colaborativa y gobernabilidad democrática en la entidad.”
(Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, Toluca, Estado de México).
