Martes 13: un escudo para los derechos de los trabajadores
La Prueba Pericial en el Proceso Legal Presidenta del Colegio de Peritos Forenses del Estado de Colima A.C.
Mujeres en Reclusión
Mtra. Celia Libier Martínez Terriquez, Defensor Público Adscrito a los Juzgados de Control y Enjuiciamiento y Ejecución Penal y Justicia Integral para Adolescentes del Séptimo Distrito Judicial con sede en Autlán de Navarro, Jalisco, Adscrita a los Juzgados de Control y Oralidad del distrito VII
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Clase introductoria “Curso Internacional de Seguridad Integral para Profesionales del Derecho, Peritos y Carreras Afines”
Dr. Ramón Rodríguez Barbosa, Director General del Instituto Nacional de Participación Ciudadana para la Prevención Social del Delito
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La implementación de la nueva reforma
Mtro. Mauricio Torres Martínez, Magistrado de Circuito en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con Residencia en Toluca, Estado de México
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Presentación del Libro “La Prueba Confesional en el Derecho del Trabajo en México”
Dr. Alfonso Pardio Vargas, Doctor en Derecho del Trabajo
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Factores que inciden en la Delincuencia Juvenil y su óptima Reinserción Social y Familiar
Dra. Martha Leticia Hernández Amador, Jueza especializada en Justicia para Adolescentes
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Desafíos de la Inteligencia Artificial en el Derecho
Mtro. Juan Carlos Carretero, Especialista en Ciberseguridad y Doctorando en Ciencias Jurídicas
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La Responsabilidad Patrimonial del Estado en la Prestación de Servicios de Salud
Dr. Rubén Darío Merchant Ubaldo, Experto en derecho de daños y reparación integral
Agradecemos efusivamente que sigan prefiriéndonos. Para nosotros significa mucho que continúen apoyándonos de diversas formas: participando en nuestras transmisiones en vivo, reaccionando a nuestras publicaciones, inscribiéndose a nuestros cursos y, por supuesto, leyendo nuestra revista. De estas maneras contribuyen a que este proyecto siga en pie y vaya mejorando progresivamente.
Queremos asegurarles que seguimos comprometidos con los valores que nos han caracterizado siempre como medio informativo. Para nosotros es importante el asumir tanto una responsabilidad social como una autocrítica, toda vez que nuestros contenidos tienen, hasta cierto grado, el potencial de influir en la opinión pública. Por eso mismo, nos mantenemos con espíritu dialéctico, oponiendo usualmente opiniones distintas respecto a temas parecidos, a fin de que nuestro público pueda sacar sus propias conclusiones.
En efecto, para nosotros es muy importante que las personas que nos leen o nos escuchan desarrollen un sentido crítico independiente. Procuramos no imponer un sesgo que pueda encaminarlos hacia una actitud determinada, dándole a nuestros diferentes expositores su propio tiempo para emitir sus opiniones. Vale recordar que, en estos casos, sus palabras no le pertenecen sino a ellos mismos: LEX se limita, simplemente, a mostrar el panorama idiosincrático que se suscita en el mundo del derecho.
En este sentido, instamos a nuestros lectores a no dejar de atender los pronunciamientos de estos expertos en materia jurídica, pues acaso ellos se encuentran más esclarecidos que muchos de nosotros para hablar acerca del acontecer social. Muchas veces sucede que nos hablan no acerca de lo que ya pasó, sino de lo que va a pasar: presentan distintos escenarios que pueden suscitarse próximamente, en vista de los datos que hoy nos son constatables.
Por esta razón, leer nuestra revista no simplemente informa sobre las consecuencias de lo que ya se dio, sino que nos ayuda a prever lo que será. Esto resulta de gran importancia para una sociedad de rápida
evolución, donde nadie quiere quedarse atrás. Quizá los abogados deban particularmente preocuparse al respecto: sabemos que la manera de hacer derecho está experimentando un reajuste a nivel global; esto, en pos de ajustarse a los avances tecnológicos, los nuevos paradigmas ideológicos, etc.
Dicho todo lo cual, no quisiéramos detenerlos aquí más tiempo. Los invitamos cordialmente a leer la presente edición que, como siempre, hemos preparado con muchísimo esmero para todos ustedes. Por parte de todo el equipo de LEX, nuevamente reiteramos: ¡gracias!
Lic. René Castelán Olguín, Director y Fundador de Revista LEX INFORMA
Martes 13: un escudo para los derechos de los trabajadores
Con el nombre de Martes 13 surge una propuesta interesante y de enorme pujanza en el municipio de Coacalco. Se trata de un sindicato de trabajadores cuya misión es “ayudar y proteger a sus agremiados”. Así versa la descripción de su página de Facebook, donde ya cuentan con más de 2 mil seguidores.
Recientemente, la asociación ha
tenido eventos importantes enfocados a la promoción de sus actividades. Uno de ellos fue la “rodada del terror”, en la cual, por motivo de la temporada de Halloween y Día de Muertos, muchos de sus miembros tomaron las calles de Coacalco en motocicletas y vehículos varios, izando en alto la bandera del sindicato. Esa noche se vivió un ambiente fraterno y generoso, por cuanto que la caravana iba obsequiando golosinas a la población más joven, ganándose así su simpatía. Apenas algunos días antes, había tomado lugar la primera toma de propuesta de Martes 13. “Gracias a todos y cada uno de nuestros agremiados que han confiado en nosotros. Esto es por y para ustedes. Esto apenas comienza”, se lee en la publicación que hicieron al respecto en su página de Facebook.
Precisamente en dicha ceremonia fue cuando nuestra revista LEX se vio directamente involucrada con este proyecto, pues nuestro director y fundador, el licenciado René Castelán Olguín, fue constituido secretario de
organización. Por este motivo, dirigió amplias muestras de agradecimiento hacia los demás funcionarios de la asamblea (entre ellos, el licenciado Amancio, secretario general), prometiéndoles “llevar la encomienda que le confiaron con honor, disciplina y lealtad”.
Acto seguido, pronunció un discurso acerca de la esencia del sindicato del que ahora forma parte, reiterando la importancia de mantenerse unidos en “la defensa de los más desfavorecidos y la protección de los que menos tienen, para brindarles la posibilidad de disfrutar de una vida más digna”.
Asimismo, explicó que la visión que tiene Martes 13 consiste en procurar
a sus agremiados un futuro “donde los derechos de cada uno no sean negociables; donde la dignidad del trabajo sea respetada y donde nadie quede atrás”.
Del mismo modo, dejó en claro cuáles eran las causas que llevaron a la creación del sindicato: “las carpetas fabricadas, la delincuencia, los robos, la impunidad”, cuestiones graves que afectan a todos. Martes 13 surge, en este contexto, como una respuesta por parte de quienes no están dispuestos a “cerrar los ojos ante tales problemáticas”.
“Nos enfrentamos a problemas que día a día cobran vidas, destruyen hogares y quitan la paz que todos
merecemos. La extorsión es la plaga que corrompe nuestras comunidades y nuestras empresas. Esto no es casualidad: es resultado de un sistema que se ha mostrado incapaz de defendernos. Martes 13 es el escudo que nos protege, la voz que se alza frente a la injusticia”, espetaba el licenciado René.
Recordemos que siempre, en tiempos difíciles, las personas buscan integrar alianzas para defenderse mutuamente. Hoy en día, dado que el sistema de justicia del país pareciera haber sido rebasado por la creciente inseguridad, se vuelve una necesidad organizarse. Se trata de un acto contestatario por
parte de los trabajadores que se ganan la vida honradamente y que buscan, de alguna manera, asegurar el fruto de sus esfuerzos.
“Necesitamos construir un gremio donde la esperanza y el futuro no sean conceptos lejanos, sino una realidad palpable para cada asociado”. Con estas palabras, el licenciado René ponía el énfasis en la idea de que la unión hace la fuerza. En un momento histórico como este, en el que da la impresión de que nos han dejado completamente desamparados, debemos recordar que aún nos tenemos los unos a los otros.
La Prueba Pericial en el Proceso Legal
Para la Dra. Rosa Edith Sandoval Chacón, presidenta del Colegio de Peritos Forenses del Estado de Colima A.C., el tema de la prueba pericial es el puente entre el mundo del derecho y el de la especialización en otras áreas del saber, es donde confluye la ciencia jurídica con muchas otras para perseguir los mismos objetivos.
“Quienes estamos dentro de los tribunales tenemos el concepto bien generalizado: puede ofrecerse cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio”.
Las ciencias forenses son entendidas como un todo: muchos conocimientos pueden resultar útiles para resolver controversias en el ámbito legal. “Cualquier saber podemos incluso hacer uso de él o requerir de esta participación dentro del proceso; lo importante es que nos aporte dicho conocimiento especializado”.
Ahora bien, hay una serie de requisitos para que la prueba pericial sea admitida: entre otras, la pertinencia o relevancia de la pericia; la necesidad del conocimiento experto; la idoneidad del perito; la confiabilidad del peritaje y la licitud.
En ocasiones, refiere la doctora, se exigen pruebas periciales para situaciones que ni siquiera la requieren; por lo tanto, hay que tomar en cuenta los mencionados criterios de “ser objetivos, muy profesionales y éticos; explicarle a los solicitantes cuáles son nuestros alcances y nuestros límites”.
Hay que definir, de igual forma, quiénes pueden considerarse peritos: “se trata de aquellas personas que cuentan con una experiencia especial en un área de conocimiento derivada de sus estudios o especialización profesional, del desempeño de ciertas artes o del ejercicio de un determinado oficio. Participan cuando para apreciar los hechos del caso sea necesario un conocimiento especial de una ciencia, arte, técnica u oficio”.
En este sentido, cabe mencionar que hay una distinción entre un perito y un experto: este último es aquel que ya “ha sido designado como tal por parte de una autoridad jurisdiccional, administrativa o de otra naturaleza, para participar dentro de un proceso legal”.
Existe, además, otra distinción entre perito y testigo experto. En el caso de este último, aunque para informar sobre hechos que haya atestiguado espontáneamente utilice aptitudes especiales que posea en ciencia, arte, técnica u oficio, no se le exigirán los mismos requisitos que al perito.
Una cuestión de suma importancia es que el perito cuente con acreditación. En el caso de tratarse de una ciencia (ya sea del sector salud, de las ciencias exactas, sociales, etc.), deberá contar con título oficial: “caso contrario, deberá designarse a una persona de idoneidad manifiesta y que preferentemente pertenezca a un gremio o agrupación relativa a la actividad sobre la que verse la pericia”.
A propósito, hay que mencionar que ha salido la convocatoria para Integrar la lista de
personas que pueden fungir como peritas o peritos, ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, correspondiente al año 2025. Uno de los aspectos que a la doctora le parece especialmente positivo respecto a dicha convocatoria, es que se exige “contar con capacitación y/o experiencia metodológica para elaborar y desahogar dictámenes periciales ante las autoridades jurisdiccionales”.
Agradecemos profusamente a la doctora Rosa por compartirnos esta valiosa información respecto a la prueba pericial. De alguna manera, se trata de un servicio de la especialización hacia la comunidad y al bienestar social. Quienes gusten descubrir el tema más a fondo, podrán hacerlo en el enlace: https://fb.watch/uSPtv7d7Bc/.
Dra. Rosa Edith Sandoval Chacón
Presidenta del Colegio de Peritos
Forenses del Estado de Colima A.C.
Destacada profesional en el ámbito del Derecho y las Ciencias Forenses, con una sólida formación académica y una extensa trayectoria de más de 25 años en el ejercicio de la abogacía y la pericia forense. Es Licenciada en Derecho por la Universidad de Colima y cuenta con diversas especialidades, incluyendo Criminalística por la misma universidad, y Grafoscopía y Documentoscopía por la Universidad Milenium, además de ser Maestra en Ciencias Penales y en Argumentación Jurídica y Litigación Oral. Su excelencia académica se consolida con el grado de Doctora en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado.
Ha contribuido al ámbito educativo como docente certificada por la Secretaría Técnica implementadora del Sistema Acusatorio Adversarial, impartiendo asignaturas relacionadas con Derecho Penal, Procesal Penal, Sistema Penal Acusatorio Adversarial, Criminalística y Juicio de Amparo en diversas universidades privadas y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.
En su rol de capacitadora, ha sido avalada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, impartiendo formación especializada en temas como Medicina Legal, Criminalística, y Derecho Penal y Procesal Penal en el contexto del Sistema Acusatorio Adversarial. Ha participado como ponente en diversas conferencias sobre temas periciales, y ha sido instructora y tallerista en Grafoscopía y Documentoscopía, disciplinas en las que también se desempeña como Especialista independiente y Auxiliar de la Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Colima.
Además de su labor académica y formativa, lidera la Firma “Sandoval Chacón Abogados” y es Presidenta del Colegio de Peritos Forenses del Estado de Colima A.C. También es Directora General de la Consultoría Pericial de Ciencias Forenses S.C., y colabora activamente como articulista en revistas digitales como INMEXUS y HERMES, donde aborda temas jurídicos y periciales de relevancia.
Mujeres en Reclusión
Cuando hablamos de gente privada injustamente de la libertad, en seguida se suscita el tema de la falta de protección a los derechos humanos. Algunos opinan, sin embargo, que la cuestión se ve agravada cuando nos referimos a grupos vulnerables como el de la mujer. El tema lo ha expuesto con nosotros la Mtra. Celia Libier Martínez Terriquez, defensor público adscrito a los Juzgados de Control y Enjuiciamiento y Ejecución Penal y Justicia Integral para Adolescentes del Séptimo Distrito Judicial con sede en Autlán de Navarro, Jalisco, adscrita a los Juzgados de Control y Oralidad del Distrito VII.
“A través del contacto que he tenido con las mujeres reclusas del país, he podido constatar la realidad a la que se enfrentan. Se trata de un grupo vulnerable de la población que sufre un abandono de la sociedad al margen de la pobreza y la marginación social”, menciona.
Continúa: “son consideradas las “chicas malas” de la sociedad, es decir, aquellas mujeres que rompieron el rol de género de la “chica buena” o de la madre abnegada. Es por ello que muchas de estas mujeres, una vez en reclusiones, son abandonadas por sus parejas o sus familias al interior de los reclusorios al margen del olvido y la pobreza extrema, con un sinnúmero de carencias”.
Se vuelve, pues, necesario que las autoridades encargadas del sistema penitenciario mexicano tomen medidas pertinentes y realicen acciones a efecto de que se garantice la protección, defensa y ejercicio efectivo de los derechos humanos
de las mujeres que se encuentran privadas de su libertad en los centros de reclusión de la República Mexicana.
Ahora bien, hay que tomar en cuenta que, en nuestro país, las instituciones carcelarias exclusivas para el género femenino son evidentemente inferiores en número respecto de las varoniles; del total de 418 centros de reclusión del país, diez establecimientos (…) son exclusivos para albergar la población femenil; en los demás, se acondiciona un área específica para albergarlas.
Una cuestión alarmante es que el 50% de las mujeres privadas de la libertad se encuentran en condición de prisión preventiva, sin sentencia todavía dictada. Recordemos que la ONU califica a esta medida como violatoria del derecho a la presunción de inocencia. Hay que decir que las cifras de mujeres encarceladas en el país van creciendo de manera acelerada.
A este respecto, cabe señalar que, en delitos de alto impacto, las mujeres no suelen llevar un rol principal sino secundario; esto es, no juegan un rol de liderazgo dentro de las organizaciones criminales.
“La diferencia entre los reclusos hombres y las mujeres es que suelen estas ser abandonadas por su familia y la comunidad, ya que se avergüenzan de ellas. Esto, sin importar que las mujeres son más acusadas por delitos económicos que no violentos”.
Ya la Corte Interamericana ha manifestado su preocupación en cuanto
a lo mencionado, pues la mayoría de los centros penitenciarios mixtos. De esto se han generado varias problemáticas que se dividen en los rubros de maternidad y lactancia, menstruación digna y salud sexual y reproductiva. Aunado a esto, ningún centro tiene instalaciones adecuadas para infantes.
Sin embargo, como ya hemos mencionado antes, la principal dificultad que sufren estas mujeres es la de la reinserción social. “Buscan, al salir, volver a tener un vínculo con la sociedad, el acceso ágil a una oferta laboral y su salud mental, pero por lo general no cuentan con recursos económicos para atenderse o simplemente no tienen las fuerzas”.
Mtra. Celia Libier
Martínez Terriquez
Defensor Público Adscrito a los Juzgados de Control y Enjuiciamiento y Ejecución Penal y Justicia Integral para Adolescentes del Séptimo Distrito Judicial con sede en Autlán de Navarro, Jalisco, Adscrita a los Juzgados de Control y Oralidad del distrito VII
Destacada abogada, titulada por la Universidad de Guadalajara, con una sólida formación académica que incluye una Maestría en Metodología de la Enseñanza, obtenida en el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos, A.C. Su trayectoria profesional la ha llevado a ocupar importantes cargos en diversas organizaciones y ámbitos del derecho, tanto a nivel estatal como nacional.
En el ámbito laboral, es Delegada Especial con Jurisdicción en el Estado de Jalisco del Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio, la Industria y Prestación de Servicios en General de la República Mexicana (SINACIPS), donde ha destacado por su liderazgo y compromiso con los derechos de los trabajadores. Asimismo, se desempeña como Defensora Pública Adscrita a los Juzgados de Control y Enjuiciamiento, Ejecución Penal y Justicia Integral
para Adolescentes del Séptimo Distrito Judicial, con sede en Autlán de Navarro, Jalisco. Su labor en estos juzgados, especializados en control y oralidad, la ha consolidado como una experta en el ámbito penal y en justicia para adolescentes.
Celia Martínez también tiene una participación activa en diversas organizaciones de abogados, tanto locales como nacionales. Es miembro de la Directiva del Colegio de Abogados de Autlán, Jalisco, y ha colaborado en instituciones de gran relevancia como la Federación de Abogados de Jalisco y la Confederación Nacional de Asociaciones y Colegios de Abogados de México (CONCAAM). Además, ocupa el cargo de Directora de Políticas Públicas y Planeación Estratégica de la Secretaría Nacional de la Mujer Conamex, perteneciente a la Coordinadora Nacional de Abogados Themis A.C.
Su liderazgo y compromiso con la equidad de género la han llevado a presidir el Consejo Internacional de Mujeres Abogadas A.C., donde desempeña el cargo de Presidenta General del Consejo de Administración, desde el cual impulsa iniciativas a favor de las mujeres en el ámbito jurídico.
Clase introductoria “Curso Internacional de Seguridad Integral para Profesionales del Derecho, Peritos y Carreras Afines”
Próximo al curso que va a impartir, el Dr. Ramón Rodríguez Barbosa, director general del Instituto Nacional de Participación Ciudadana para la Prevención Social del Delito, nos invita a formar parte del cuerpo de estudiantes que aprenderán acerca de la seguridad integral para personas del derecho y afines.
¿Quiénes deberían tener interés en tomar el curso? Gente de la psicología, criminología, policías, guardias nacionales, agentes investigadores, custodios del sistema nacional penitenciario, guardas de seguridad privada, escoltas personales, etc. En fin, “todas estas personas se ven implicadas en el público objetivo hacia el cual va dirigido el curso”.
No es de materias de derecho ni de carácter político, técnico o judicial, aclara el doctor Ramón. Se enfoca, principalmente, en la seguridad que puedan implementar las mencionadas personas en sus instalaciones físicas, en sus procedimientos administrativos, técnicos y operativos de cada caso, sean abogados o de cualquier otra profesión, a título personal o corporativo.
Objetivos: proporcionar conocimientos básicos y avanzados sobre seguridad integral, aplicada a entornos jurídicos o legistas. Tratará fomentar una cultura de seguridad en el manejo de información y personas en entornos legales bajo condiciones de crisis.
Todo ello, visto como hipótesis no deseadas: “es mejor estar preparado sin que llegue a ocurrir”. Que claro que se pretende, antes que nada, prevenir. La prevención es el objetivo primordial para el doctor.
En el día 1, la temática girará en torno a los
fundamentos y el marco jurídico. “Tenemos que saber qué es la seguridad, cómo se conforma, sus alcances, etc.”. En cuanto al marco jurídico, “hay que entender según qué fundamentos vamos a actuar”. Hay normas que nos permiten tener sistemas de seguridad reglamentados, regulados y normatizados.
La ciberdelincuencia y la ciberseguridad serán tópicos de mucha actualidad que también abordará el curso. Se trata de revisar en qué consiste el delito cibernético y, posteriormente, cómo contrarrestarlo “con protecciones que no se limitan a un simple antivirus”. “Las manejo más allá de la tecnología como un sistema de inclusión de todo el personal que debe cuidar sus puntos de labor o desempeño”.
El día 2 queda constituido por los temas son la evaluación de riesgos y las medidas de seguridad física y cibernética, todo esto en continuidad a lo expuesto durante la clase previa. “Es importante saber identificar, clasificar y gestionar los riesgos que puedan suscitarse en un ambiente de derecho”.
El doctor aclara que hay detalles muy particulares que no es posible detectar, en este respecto, con los meros sentidos humanos: se requiere la ayuda de la tecnología o conocimientos especializados para poder advertir posibles amenazas.
En caso de despachos jurídicos, hay que conocer los métodos de control de acceso. Se trata de una cuestión fundamental que debe tomarse en cuenta, especialmente por el riesgo que supone no instalar ningún tipo de control para las personas que desean entrar a las instalaciones.
Dr. Ramón Rodríguez Barbosa
Director General del Instituto Nacional de Participación
Ciudadana para la Prevención Social del Delito
El Comisario General, Doctor HC y Licenciado Ramón Rodríguez Barbosa, es un destacado profesional en el ámbito de la seguridad nacional y ciudadana, con una trayectoria de más de 45 años de servicio activo. Es miembro del Foro de Profesionales Latinoamericanos en Seguridad, con sede en Buenos Aires, Argentina, y de la Krav Magá Police Association, en Tel Aviv, Israel. Ha colaborado estrechamente con el Sistema Nacional de Seguridad Pública de México en la profesionalización y desarrollo estratégico del potencial humano en temas de seguridad nacional. Además, cuenta con certificaciones en gestión pública gubernamental y es un reconocido asesor en gestión estratégica de riesgos y seguridad integral.
Ha sido instructor en técnicas y tácticas de alto impacto, así como en programas alternativos de seguridad ciudadana. A lo largo de su carrera, ha sido comisionado en diversas embajadas de México en el extranjero, y ha fundado el Instituto Nacional de Participación Ciudadana para la Prevención Social del Delito, donde también funge como presidente. Es Delegado Regional para el Valle de México de la Unión Nacional de Militares Retirados y en Activo.
como fusilero paracaidista militar por la Fuerza Aérea Mexicana.
Su formación académica es igualmente impresionante. Estudió en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, graduándose del H. Colegio Militar, y cursó la Licenciatura en Derecho Penal y Criminalística en el Centro Universitario México, así como la Licenciatura en Psicología Educativa en la Universidad Tecnológica ITG, donde presentó su tesis sobre “La Andragogía Constructivista en la Profesionalización de los Cuerpos de Seguridad Pública de México”. Además, tiene un posgrado en Gestión Estratégica de Riesgos por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, España.
Ha sido distinguido con numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, incluyendo el “Reconocimiento a la Excelencia Profesional” por la Fraternidad de Policías del Estado de México, el Premio Especial “Sol de Oro” del Círculo Nacional de Periodistas, y la Medalla a la “Perseverancia Militar” otorgada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SeDeNa). Asimismo, ha sido condecorado como “Ciudadano Distinguido 2021” por la Red Internacional de ONG’s y cuenta con la constancia al “Valor Acreditado”
En su carrera profesional, ha desempeñado cargos clave en diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Morelos, donde fue Director de Capacitación y Profesionalización Policial. También ha sido Coordinador del Servicio de Inteligencia para la Prevención del Delito y Director de la Policía de Tránsito Metropolitana de Cuernavaca, así como Director General y Comisario de Seguridad Pública y Tránsito en el Ayuntamiento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.
Su último cargo antes de iniciar trámites para su retiro fue como Secretario Técnico de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz en Entidades Federativas y Regiones, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal en el Estado de México y Guardia Nacional. Con una impresionante trayectoria de servicio y liderazgo, Rodríguez Barbosa deja un legado invaluable en el ámbito de la seguridad en México.
La implementación de la nueva reforma
Continuamos con este tema que ha levantado bastante polémica en nuestro país. No ya solo en el nuestro, sino que es preocupante para los inversores extranjeros, aclara el Mtro. Mauricio Torres Martínez, magistrado de circuito en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, con residencia en Toluca, Estado de México. Como veremos adelante, existe todavía esperanza para que la reforma no sea admitida tal como había sido planteada.
Son muchas las figuras que ya han promovido diversos amparos ante ella; además, se ha invitado a la población civil a sumarse al planteamiento de estos. Hay un descontento muy extendido que no puede pasar desapercibido.
Para el maestro, es un hecho inédito, de modo que hay que plantear, asimismo, “soluciones inéditas”. Este es el marco en el que se pretende demostrar los vicios dentro del procedimiento.
Por lo pronto, se ha decretado la suspensión del proceso en tanto que todo es nuevamente revisado. El maestro considera que “es buena señal” el hecho de que se hayan admitido los amparos: veremos, pronto, qué resuelven los jueces de distrito. Añade que las determinaciones son impugnables, pero el resultado “es de pronóstico reservado”. Él, con todo y que está inmerso en la promoción de dichos juicios, considera que pueden tener viabilidad. La Suprema Corte será la que, “ante esta situación tan particular, tome las medidas necesarias”.
Hace hincapié en la necesidad de apelar a distintas organizaciones e instancias internacionales: la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, la ONU, etc. Pero, para que ellos puedan acudir a ellas, les exige la ley agotar todos los mecanismos e instancias nacionales primero. Así, están obligados a promover el juicio de amparo a fin de que su reclamo pueda ser escuchado por las instancias internacionales.
Ante la pregunta del licenciado René sobre si la reforma “puede pararse” o no, el maestro respondió: “Considero que nació con tintes políticos, de manera que, si hay voluntad política, puede tener una solución: al menos, pueden diferirse los efectos, además de llegar a detenerse”.
Se planteó incluso la posibilidad de que alguien haga ver a la nueva presidenta todas las repercusiones que la reforma puede tener. Y es que, a nivel internacional, múltiples expertos han hecho notar que la reforma trae “perjuicios” a la independencia judicial, toda vez que no ven que pueda generar alguna mejora realmente. “El equipo de la presidenta le podría allegar información que podría determinar incluso la detención de esta reforma”.
El licenciado René hizo la objeción de que Sheinbaum sigue la misma línea de López Obrador, por lo que se antoja difícil que ceda ante lo mencionado. Por su parte, el maestro Mauricio hablaba de unas ciertas “señales” que la presidenta ya ha mostrado respecto a abrirse a un diálogo. “Ha mostrado interés en encontrarse con empresarios nacionales y multinacionales, con ciertos inversionistas”.
La preocupación que tienen los inversionistas es notable. Su influencia será importante en cuanto que, como bien señala el maestro, algo ineludible es el factor económico. “Quizá ellos
puedan mostrarle a la presidenta cuales son los focos rojos que enciende esta reforma”.
En conclusión, el maestro Mauricio ha referido la posibilidad de que la reforma judicial sea dirimida o bien, modificada. La cuestión se antoja complicada, puesto que dicha reforma habría nacido con “tintes políticos”. Sin embargo, habrá que ver lo que resuelven los múltiples amparos en su contra; qué actuación tienen las instancias internacionales; qué papel juegan los inversionistas y, finalmente, qué actitud adopta la nueva presidenta al respecto.
Pueden consultar la conferencia completa a través del siguiente enlace: https://fb.watch/ veEw23hBON/.
Mtro. Mauricio Torres
Martínez
Magistrado de Circuito en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con Residencia en Toluca, Estado de México
El Magistrado Mauricio Torres Martínez ha forjado una destacada carrera en el Poder Judicial de la Federación, actualmente desempeñándose como Magistrado de Circuito en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con sede en Toluca, Estado de México. Obtuvo su licenciatura en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en 1990, titulándose con la tesis “Consecuencias jurídicas de la extemporaneidad del informe justificado”. Posteriormente, continuó su formación con una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo por la Universidad Autónoma de Querétaro y un Máster Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derechos por la Universidad Autónoma de Barcelona.
A lo largo de su carrera, ha participado en numerosos cursos y seminarios especializados, impartidos por instituciones como el Instituto de la Judicatura Federal, en temas que abarcan desde
la argumentación judicial hasta la impugnación en el sistema penal adversarial. Asimismo, ha asistido a congresos de relevancia internacional, como el Congreso Nacional de Jueces de Distrito y el Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional.
En el ámbito académico, el Magistrado Torres Martínez ha compartido su experiencia impartiendo cátedra en diversas instituciones, como la Universidad Cuauhtémoc y el Instituto de la Judicatura Federal, donde ha sido asesor de capacitación para secretarios judiciales. También ha colaborado en la formación de nuevos profesionales mediante talleres sobre la elaboración de sentencias de amparo y cursos especializados en el sistema de justicia penal acusatorio.
Dentro del Poder Judicial de la Federación, su trayectoria incluye haber ocupado diversos cargos, desde oficial judicial hasta magistrado, ascendiendo a lo largo de los años gracias a concursos de oposición. Fue nombrado Juez de Distrito en 2000 y ratificado en 2007, para posteriormente ser designado Magistrado de Circuito en 2009, lo que lo ha consolidado como una figura clave en la impartición de justicia penal en México.
Presentación del Libro
“La Prueba Confesional en el Derecho del Trabajo en México”
El Dr. Alfonso Pardio Vargas, doctor en Derecho del Trabajo, ha publicado un nuevo libro de mucha ayuda tanto para abogados y estudiantes interesados en la rama laboral del Derecho. A todas luces, resulta una cuestión de mucha importancia para un país que es de los más trabajadores del mundo. Legislar sobre la actividad de sustento del hombre debería ser primordial.
Hay que aclarar que no fue el doctor Alfonso en persona quien presentó su libro con nosotros, sino que el licenciado Edwin Alejandro Portillo Vázquez se encargó de hacerlo en representación suya.
Libro muy práctico y fácil de leer. La conferencia fue un “caminar” de todos los capítulos de la obra, encaminada sobre todo a la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Se trata de un análisis profundo de lo relativo a la prueba confesional a la luz de la nueva reforma (Ley General del Trabajo).
El capítulo uno aborda precisamente la cuestión del contraste entre el nuevo paradigma y el sistema tradicional: se trata una gama de conceptos novedosos pero elementales, importantes para comprender la cuestión a fondo.
El capítulo dos constituye, como tal, el aspecto histórico respecto a las leyes del trabajo que han existido en nuestro país. Constituye un recorrido de cómo ha avanzado la ley en este sentido en el ámbito nacional.
Hay otros capítulos, más adelante, que también les concierne el aspecto histórico del tema, aunque visto en enfoques diferentes: por ejemplo, los convenios internacionales que se han efectuado encaminados al derecho laboral. El licenciado Edwin hace hincapié en consultar estos capítulos, especialmente para aquellos que van a dedicarse a esta rama del Derecho.
En el capítulo tres tenemos un análisis de la compaginación que tiene la materia laboral con otras ramas del derecho. Recordemos que esta ha sido de las últimas que se ha acoplado a los nuevos sistemas de juicio oral. La materia laboral parecía haberse quedado, por lo tanto, un poco rezagada. El cambio efectuado ha sido, en opinión del licenciado Edwin, bastante radical, por lo que suscita una cantidad de cuestiones interesantes.
Entramos a un área meramente procesal en el umbral del capítulo cuatro. Se trata de un esbozo de lo que dicho proceso contiene: la dinámica, los elementos, etc. Es un enfoque mucho más enfocado en una cuestión de la prueba confesional en derecho del trabajo. En adelante, el libro sigue esta línea de especialización, donde toma por objeto de estudio elementos o momentos particulares de todo el proceso. Vale la pena que el lector interesado dé un repaso de todos ellos, pues la cuestión solo se entiende desentrañando cada aspecto por particular.
“Es un libro muy fácil de leer, tanto para
estudiantes como postulantes. Además, está completamente actualizado. Desahoga muchas dudas respecto a la prueba confesional… A grandes rasgos, esto es lo que es esta obra”, mencionaba el licenciado Edwin.
Son un total de ocho capítulos, en los cuales el doctor Alfonso consigue transmitir todo lo ya mencionado. Por eso instamos a nuestros lectores y al público en general a hacer la adquisición del libro del doctor Alfonso, una inversión que puede dar muchos frutos. Pueden consultar la conferencia completa a través del siguiente enlace: https://fb.watch/veEsec7p9o/
Dr. Alfonso Pardio Vargas
Doctor en Derecho del Trabajo
Licenciado en Derecho y Maestro en Derecho Corporativo, el Dr. Alfonso Pardio Vargas es un distinguido especialista en Derecho del Trabajo con una sólida formación académica y una trayectoria profesional de más de 35 años. Su compromiso con la excelencia académica se refleja en su obtención del grado de Doctor en Derecho del Trabajo con mención honorífica por el Instituto de Posgrado en Derecho de la Ciudad de México.
El Dr. Pardio Vargas ha enriquecido su conocimiento jurídico a través de diversos diplomados en áreas clave como Derecho Procesal del Trabajo, Derecho Constitucional y Amparo, Derecho Ambiental, Marco Legal del Comercio Exterior Mexicano, y Normatividad de las Franquicias en México.
En el ámbito profesional, ha destacado como Asesor Laboral en importantes cámaras y asociaciones, entre ellas la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), y la Asociación de Hoteles en Cancún. Su experiencia en estos roles le ha permitido influir en la aplicación
práctica del derecho laboral en sectores clave de la economía mexicana.
Como docente, el Dr. Pardio Vargas ha impartido cátedra en prestigiadas instituciones como la Universidad La Salle y en posgrado en la Universidad Humanitas, donde ha formado a numerosas generaciones de abogados especializados en derecho laboral. Además, ha sido expositor en diversos foros empresariales, abordando temas de reforma laboral con una perspectiva tanto académica como práctica.
Su aporte a la literatura jurídica incluye la autoría de los libros “Derecho del Trabajo” y “La Rescisión en el Derecho Mexicano del Trabajo”, ambos publicados por Editorial Porrúa. Además, ha coordinado la obra “Los Grandes Cambios del Derecho de Trabajo en México” de Editorial Tirant Lo Blanch, consolidando su reputación como un referente en la materia.
El Dr. Pardio Vargas combina su labor académica con una prolífica carrera como litigante y conferencista en derecho del trabajo, donde ha aportado su vasto conocimiento y experiencia en la defensa de los derechos laborales y en la actualización constante de la normativa laboral en México.
Factores que inciden en la Delincuencia Juvenil y su óptima
Reinserción Social y Familiar
Desafortunadamente, los jóvenes en la actualidad pasan por un proceso complejo que lleva a muchos a delinquir. Nos referimos a las circunstancias sociales de nuestro país, muchas veces complicadas, que influyen en este comportamiento. De ahí que “los jóvenes necesiten la atención no ya solo del núcleo familiar, sino además del Estado”, menciona la Dra. Martha Leticia Hernández Amador, jueza especializada en justicia para adolescentes.
Cierto que la etapa de la adolescencia implica que las personas pasemos por cambios que nos ponen especialmente susceptibles. Por esa razón, muchos delincuentes incursionan en ese mundo a esa edad. Sin embargo, la doctora resalta la influencia que ejerce el entorno en el que el adolescente vive. Sabemos que las condiciones de desigualdad imperantes en el país nos ponen a muchos la situación complicada.
Ahora bien, “todos sabemos que el entorno familiar es el primer contacto de un joven”, declara la doctora. En este sentido, será importante hacer énfasis en la necesidad que tienen los jóvenes mexicanos de un hogar seguro y con valores. Tristemente, son cada vez más los hogares con padres ausentes, o bien con violencia familiar. Por ello, el Estado deberá procurar salvar este desgarre social a través de medidas y apoyos.
Por ello es por lo que la doctora nos habla acerca de que los padres deben hacerse con las herramientas necesarias para educar a sus hijos. Hay una responsabilidad muy grande que adquiere todo progenitor al momento de tener un bebé. No ya solo hablamos de la cuestión alimenticia o de vivienda, sino
además de que deben recibir cierta formación que los oriente hacia una buena crianza de los niños.
Por otro lado, “si un niño crece en un entorno violento, adquiere conductas que finalmente va a reproducir”. Así, las personas responsables de los menores deberán constituirse como un “ejemplo a seguir”, de modo que proyecten valores y buenas costumbres en sus hijos.
¿Qué pasa entonces, se pregunta la doctora, con aquellas personas que sí han sido criados en un entorno seguro y con amplias posibilidades? Se trata de una pregunta que vale la pena analizar. La doctora adelanta la hipótesis de que tal vez el crimen figura, para el imaginario popular, como el “camino fácil” para hacer mucho dinero.
La importancia de estudiar esta cuestión radica en que es la juventud quien va a construir el futuro de nuestra sociedad. Por ello es necesario tomar medidas propias para implantar en ellos, antes de que alcancen la mayoría de edad, un buen sentido de la moral, a fin de que lleven una vida orientada al bien.
Corresponde, como ya dijimos, hacer esto al Estado, pero también a las familias. El Derecho poco puede hacer cuando no existe una cultura de la prevención que busque erradicar, de raíz, esta problemática. La conferencia que presidió la doctora va encaminada, precisamente, a que hagamos conciencia y comencemos a encaminar esfuerzos a la prevención de la delincuencia juvenil.
La doctora Martha concluye que es
necesario, pues, abordar la cuestión desde el enfoque social (tarea que corresponde al Estado), pero también de una manera más íntima: en el núcleo familiar, mismo que constituye el primer encuentro de un joven con su entorno y, por lo tanto, determina en gran medida la actitud que habrá de tomar frente a la sociedad.
Para ver la conferencia completa: https:// fb.watch/vyiICBXH2i/.
Dra. Martha Leticia
Hernández Amador
Jueza especializada en Justicia para Adolescentes
La Dra. Martha Leticia Hernández Amador es una destacada especialista en el ámbito jurídico, especialmente en el área de la justicia para adolescentes. Cuenta con una sólida formación académica y una amplia trayectoria profesional que la posicionan como una autoridad en su campo.
Es Licenciada en Derecho, con especialidad en Derecho Penal. Además, tiene una formación en pedagogía, ya que también es Maestra en Educación Primaria y Maestra de Educación Media Superior. Su compromiso con la justicia y la educación se ha consolidado a lo largo de los años, lo que la llevó a obtener en 2021 la certificación como especialista en Justicia para Adolescentes, fortaleciendo su capacidad para impartir justicia en este ámbito tan delicado.
En cuanto a su formación académica avanzada, la Dra. Hernández Amador es Maestra en Derecho Penal y Doctora en Derecho Penal, con un enfoque particular en el sistema acusatorio, lo que le ha permitido profundizar en los aspectos técnicos y humanos de la impartición de justicia en casos penales.
Su experiencia laboral refleja un extenso compromiso con el servicio público. Ha ocupado puestos clave dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, donde se ha
desempeñado como Proyectista en la Segunda Sala Penal y como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Primera Sala Penal. Actualmente, funge como Jueza Especializada en Justicia para Adolescentes en el Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, puesto en el que destaca por su enfoque humanitario y especializado en la protección de los derechos de los adolescentes dentro del sistema de justicia.
La Dra. Hernández Amador ha participado en una constante actualización profesional, habiendo completado un gran número de cursos en temas relacionados con el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y el sistema integral de justicia para adolescentes, lo que le ha permitido mantenerse a la vanguardia en estos temas cruciales para el país.
Además, ha compartido su conocimiento y experiencia al impartir diversos cursos y conferencias a nivel nacional, contribuyendo al desarrollo de una nueva generación de abogados y jueces comprometidos con la justicia y los derechos humanos.
Su sólida formación académica, su vasta experiencia laboral y su dedicación al mejoramiento continuo la convierten en una de las figuras más influyentes en el ámbito de la justicia para adolescentes en México.
Desafíos de la Inteligencia Artificial en el Derecho
Definiéndola someramente como una “simulación en ordenador de los procesos del pensamiento humano”, el maestro Juan Carlos Carretero, especialista en ciberseguridad y doctorado en ciencias jurídicas, nos introduce a la cuestión de la Inteligencia Artificial. Aclara que hay muchos matices que debemos incluir en esa definición (habrá quienes incluso no estén de acuerdo con ella), pero acaso nos servirá para familiarizar a nuestros lectores con las IA.
De lo que debemos estar seguros es de que “esta nueva tecnología vino para revolucionar todas las distintas áreas de la vida humana; incluyendo, por supuesto el Derecho”.
Se trata de un tema de muchísima actualidad y vigencia, cuanto más por cuanto que nos depara un futuro construido en torno a esta tecnología. En este sentido, nuestra querida materia de Derecho no puede pasar esta impronta por desapercibida. En efecto, existen grandes esperanzas de que la Inteligencia Artificial cause un fuerte impacto en el rubro de los juristas, ofreciéndonos herramientas varias para ejercer nuestro oficio.
“La Inteligencia Artificial y los Modelos de Lenguaje Grandes (LLMS) están transformando el panorama legal, pero también presentan una serie de riesgos y desafíos éticos”, advierte el maestro Juan.
Son precisamente estos riesgos y desafíos de tema ético lo que pone a un gran sector de la población a la defensiva
respecto a estos avances informáticos. Según estadísticas, al menos la mitad de las personas encuestadas desean que se regule el uso de dichas herramientas. Asimismo, el 80% de los encuestados se siente amenazado o preocupado ante este panorama.
Y es que cuando hablamos de Inteligencia Artificial no es posible evadir el tema de los ataques a la ciberseguridad de nuestros datos. “Una preocupación es que se usen estos datos para producir diversos delitos”, menciona el maestro.
No obstante, es cierto que “no podemos cerrarnos a las nuevas tecnologías”, como afirmaba el doctor Iñigo López, interlocutor de nuestro invitado para esta conferencia. Si bien es verdad que el avance tecnológico presupone siempre un sinnúmero de riesgos, no debemos olvidar que al mismo tiempo se solucionan muchos otros problemas. La premisa misma del avance tecnológico es que todo va encaminado a facilitar la vida de las personas.
“Nadie pensaba en los años 80’s que la contabilidad (por poner un ejemplo) podía llevarse a cabo en ordenadores, y que la contabilidad de 10 años de una empresa podía caber en un USB chiquitito”, añade el doctor Iñigo.
Con las posibilidades que ofrece la Inteligencia Artificial, podemos prever que los jueces tengan automatizados muchos de los procesos que contribuyen a su oficio. Aquí no entra en dilema la cuestión sobre si la IA reemplazará a la mano del hombre,
explica el maestro Juan, puesto que tomará un lugar secundario, meramente de apoyo a las actividades humanas.
En suma, podemos concluir, junto al maestro Juan, que “la Inteligencia Artificial es una herramienta sumamente potente, bien usada, para los abogados que ayuda en sus tareas”. Resume su postura respecto a su uso en el Derecho diciendo: “estoy a favor, pero con ciertas reservas”.
Para mirar la conferencia completa: https://fb.watch/vyiFir_PfI/.
Mtro. Juan Carlos Carretero
Especialista en Ciberseguridad y Doctorando en Ciencias Jurídicas
El Mtro. Juan Carlos Carretero es un destacado profesional con formación interdisciplinaria en contabilidad, derecho y ciberseguridad. Egresado como Contador Público Nacional en 1997 de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y posteriormente como Abogado de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLAM) en 2009, el Mtro. Carretero ha complementado su formación con una Especialización en Tributación (UBA, 1999) y otra en Ciberseguridad (Universidad de León/OEA, 2019). Actualmente, cursa el Doctorado en Ciencias Jurídicas en la UNLAM, donde se encuentra en la fase de preparación de su tesis.
En el ámbito académico, ha ejercido la docencia por más de dos décadas. Comenzó como Jefe de Trabajos Prácticos en Costos para la Toma de Decisiones en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (1998-2005) y ha desempeñado roles de docencia y liderazgo académico en la UNLAM, incluyendo su actual posición como Titular de la Cátedra de Derecho Internacional. Además, es Profesor Titular en diversas cátedras de derecho en la Universidad de Flores, entre ellas Derecho
Tributario, Derecho Financiero y Derecho Constitucional.
Su experiencia en investigación incluye la co-dirección de proyectos, como “¿Ciadi en crisis? Reflexiones desde el caso argentino” en 2018, además de haber recibido el Premio a la Trayectoria Académica de la Universidad de Flores en 2016. Ha sido activo participante y disertante en congresos internacionales sobre derecho internacional, ciberseguridad y nuevas tecnologías, colaborando con instituciones de renombre en América Latina y Europa. Entre sus temas de especialización se encuentran la seguridad digital y el impacto de los delitos cibernéticos en el derecho contemporáneo.
El Mtro. Carretero también ha organizado y moderado múltiples eventos sobre cooperación internacional y tecnología, destacando su compromiso con la educación continua y la promoción de nuevas perspectivas en el ámbito jurídico y tecnológico.
La Responsabilidad Patrimonial del Estado en la Prestación de Servicios de Salud
Por: Dr. Rubén Darío Merchant Ubaldo, Experto en derecho de daños y reparación integral.
Dentro de las funciones del Estado se encuentra la prestación de diversos servicios públicos en aspectos relacionados con la educación, trabajo, movilidad, seguridad, agua potable, energía, alumbrado público, limpia, recolección y traslado de residuos; así como drenaje y alcantarillado; por citar algunos. Uno de los más relevantes, es el que guarda relación con la salud como un derecho humano universal.
El derecho a la salud en los instrumentos internacionales
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, como documento que marca un hito en la historia y elaborada por representantes de todas las regiones del mundo, estatuye en el artículo 25 “el derecho que tiene toda persona a un nivel de vida adecuado que le asegure su salud, la asistencia médica y servicios sociales necesarios”.
Por otro lado, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, obliga a los Estados entre ellos a México a reconocer “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental” y “la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios médicos en caso de enfermedad”.
De manera muy similar, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cita en el artículo XI que: “Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la asistencia médica, correspondiente al nivel que permitan los recursos públicos y de la comunidad”.
El derecho a la salud en otros países
En las Constituciones de distintos países de Latinoamérica, se menciona el derecho humano
a la salud desde múltiples enfoques; por ejemplo, Perú (art. 7. Derecho a la salud), Colombia (art. 49. Atención de la salud, acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud), Ecuador (art. 42. Derecho a la salud), Argentina (art. 42. Protección a la salud), Paraguay (art. 68. Derecho a la salud), Costa Rica (art. 46. Protección a la salud).
Resalto que en el artículo 44 de la Constitución Uruguaya, se hace alusión al deber del ciudadano de cuidar su salud y asistirse en caso de enfermedad, así mismo el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. En dicha Carta Magna, existe una responsabilidad compartida entre el Estado y los ciudadanos en materia de salud, empero, en la redacción última considero que debe haber una modificación o actualización con enfoque a los derechos humanos.
La Ley Fundamental de la República de Panamá me parece muy integral, cuando en su artículo 109 se infiere que: “Es función esencial del Estado velar por la salud de la población. El individuo como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución de la salud y obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social”.
En el caso de México, el artículo 4 de la Ley Suprema refiere que: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia entre la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general”. Lo anterior, engloba al derecho a la salud en armonía con los instrumentos internacionales.
El derecho fundamental a una buena administración pública (México)
Con motivo de que una persona presentó reclamación de responsabilidad patrimonial contra la actividad irregular de la Agencia de Gestión Urbana y de una Alcaldía de la Ciudad de México, por el fallecimiento de su cónyuge, quien, al conducir una motocicleta en un puente vehicular y derivado de su falta de mantenimiento, al pasar por un “bache”, perdió el control e impactó contra los barrotes de contención y salió proyectado por encima del puente.
El criterio jurídico del Tribunal Colegiado de Circuito determina que, procede la reparación integral del daño y, por ende, el pago de la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, cuando viola el derecho fundamental a una buena administración pública, al demostrarse la concurrencia de hechos y condiciones entre el daño patrimonial causado y la actividad irregular reclamada.
El caso anterior, es relevante ya que generó un precedente con motivo del amparo directo 315/2021 ante el máximo tribunal del país con el rubro “Responsabilidad Patrimonial del Estado. Procede la reparación integral del daño y, por ende, el pago de la indemnización cuando se viola el derecho fundamental a una buena administración pública”. En la justificación, no sólo se invoca ordenamiento jurídico nacional, sino también convencional; por ejemplo, la Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública.
Consecuentemente, es prioritario conocer el contenido de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación compilados en el cuaderno de jurisprudencia No 3 (Responsabilidad Patrimonial del Estado) emitido por el Centro de Estudios Constitucionales, relacionados con hechos que derivan de la prestación de servicios de salud de los entes públicos de la administración pública federal, estatal o municipal.
Diferencia entre responsabilidad objetiva y subjetiva (A.D.R. 2592/2014)
La responsabilidad objetiva del Estado no se
origina por cualquier daño que se cause, sino que éste debe ser consecuencia del actuar administrativo irregular, además, la diferencia entre la responsabilidad objetiva y subjetiva, radica en que en esta última implica negligencia, dolo o intencionalidad en la realización del daño y la primera, se apoya en la teoría del riesgo donde hay ausencia de intencionalidad dolosa.
La Corte concluyó que: “se ha desvinculado la responsabilidad objetiva de la responsabilidad de los funcionarios públicos, en virtud de que ésta es necesariamente subjetiva, esto es, la responsabilidad objetiva, se entienda la afectación ocasionada por el Estado a los particulares, con motivo de la actividad irregular de alguno de sus servidores públicos en ejercicio de sus funciones, pues de ser así, para demostrar la responsabilidad objetiva, se tendría que probar que el funcionario incurrió en responsabilidad”.
La reparación integral del daño y la justa indemnización (A.D.R. 6471 /2016)
La dignidad de la persona de la que derivan todos los derechos relacionados con su integridad (patrimonial, física o espiritual) necesaria para su desarrollo integral, es uno de los pilares de los derechos fundamentales. El derecho a la reparación integral del daño, es una garantía de ese estado ideal en el que debe vivir toda persona, pues es un medio para exigir que el Estado, en cumplimiento de esos derechos, restituya a la persona en las condiciones de vida que debería tener, y de las que carece debido al daño que el propio Estado ocasionó.
El principal objetivo del procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado, es que toda violación a una obligación del Estado que produzca un daño importa un deber de repararlo adecuadamente, pues constituye un imperativo fundado en el derecho internacional público. Aparte la “justa indemnización o indemnización integral” implica el restablecimiento de la situación anterior y, de no ser esto posible, establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados al surgir el deber de reparar.
La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a las circunstancias de
cada caso, atendiendo al daño físico o mental; la pérdida de oportunidades, en particular las del empleo, educación y prestaciones sociales; los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; los gastos de asistencia jurídica, medicamentos, servicios médicos, psicológicos y sociales. Su naturaleza y monto dependen del nexo causal con los hechos del caso, las violaciones declaradas y los daños acreditados.
Prestación deficiente de los servicios de salud (A.D.R. 10/2012)
La responsabilidad patrimonial del Estado se actualiza, cuando el personal médico que labora en las instituciones de salud públicas actúa negligentemente, ya sea por acción u omisión y ocasiona un daño a los bienes o derechos de los pacientes. Además, tratándose de la función médica, la actuación irregular del Estado no radica únicamente en el incumplimiento de deberes legales de los funcionarios públicos, establecidos en leyes o reglamentos, sino que se origina también por el incumplimiento de las prescripciones de la ciencia médica en el momento del desempeño de sus actividades (lex artis ad hoc o lex artis médica).
El interés superior de menor en el monto de indemnización (A.D. 16/2018)
La ausencia de material probatorio, no debe impedir a los órganos jurisdiccionales fijar un monto de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, pues en caso de daño a la salud de menores de edad, deben recabar oficiosamente pruebas para mejor proveer, para estar en condiciones de poder definir el monto de indemnización que corresponde.
La carga de la prueba por facilidad y proximidad (A.D.R. 10/2012)
En caso de la responsabilidad patrimonial del Estado derivada por los daños ocasionados a los particulares por la prestación de un servicio de salud deficiente, el ente público demandado tendrá la carga de la prueba de la diligencia. Por lo que, si no logra acreditar que cumplió con los cuidados establecidos en la normativa de la materia o en la lex artis de la profesión, será
responsable por los daños ocasionados.
Carga de la prueba en la responsabilidad patrimonial del Estado (A.D.R. 3855/2017)
Los particulares están obligados a acreditar el daño y la relación causa- efecto entre la lesión y la acción administrativa, mientras que el Estado debe demostrar la regularidad de su actuación.
Vía procedente en la prestación deficiente de servicio médico de un ente público.
La responsabilidad patrimonial del Estado, derivada de la prestación deficiente de un servicio médico de un ente público, para exigirla procede la reclamación establecida en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de que se trate.
Plazo de prescripción restrictivo para reparar daños (A.D.R. 2905/2017)
Aun cuando la prescripción contribuye a dar certeza y seguridad jurídica, no puede desconocerse que en alguna medida sujeta o matiza el derecho a la tutela jurisdiccional. Así, aunque el legislador puede establecer libremente el plazo en que debe operar la prescripción, lo cierto es que esa voluntad no es irrestricta. Por ende, se ha precisado que el plazo de dos años únicamente será proporcional cuando se reclamen afectaciones patrimoniales, mientras que, tratándose de lesiones a la vida e integridad de las personas, resultará aplicable la regla genérica de diez años.
Lucro cesante y esperanza de vida (A.D. 40/2016)
El cálculo de indemnización por lucro cesante por responsabilidad patrimonial del Estado, debe tomar como edad límite la esperanza de vida de la persona a indemnizar, esto es, la obtención a una indemnización justa ante la actividad administrativa irregular del Estado.
Indemnización por daño moral (A.D. 18/2015)
Debe calcularse la indemnización por daño moral con base en la valoración de los derechos lesionados, el grado de responsabilidad, la situación económica del responsable y de la víctima, además, considerar otra circunstancia que resulte de relevancia para el caso, como
el tiempo de espera en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del Estado.
Inexistencia de límite de indemnización por daño moral (A.D. 16/2018)
Uno de los elementos que deben considerarse dentro del monto de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado es el lucro cesante, lo anterior para reparar de alguna forma el proyecto de vida de la víctima.
Parámetros de ponderación en el monto a indemnizar (A.D. 50/2015)
Para determinar el monto de indemnización tratándose de actos derivados de la actuación estatal respecto de la víctima, deberán ponderarse en el aspecto cualitativo: I. El tipo de derecho o interés lesionado; II. La existencia del daño; III. La gravedad de la lesión o daño. En el aspecto cuantitativo: I. Los gastos devengados derivados del daño moral; II. Los gastos por devengar.
Respecto de los sujetos responsables se deberá ponderar: I. La naturaleza de la relación jurídica en el marco de la cual tuvo lugar el hecho ilícito; II. El grado de responsabilidad; III. La capacidad económica; y IV. La finalidad y objetivo de la indemnización.
Daños punitivos improcedentes (A.D. 50/2015)
La doctrina sobre daños punitivos de la Corte, no resulta aplicable a casos que involucren la responsabilidad del Estado, máxime cuando existen otras medidas que persiguen la finalidad de evitar casos análogos en el futuro, como las garantías de no repetición, siempre que se hubieran tramitado en la vía que corresponda.
A mayor corolario, son diversos los hechos en los que pueden ocurrir daños a los usuarios, por la prestación de servicio de salud de algún ente público y que han generado precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los cuales son de gran utilidad para la comunidad jurídica para conocer los criterios de los juzgadores y defender los intereses de las víctimas; o bien, para defender estratégicamente a los profesionales de la salud, así como cuando se tiene la representación legal de los establecimientos de salud o entes públicos del Estado.
Dr. Rubén Darío Merchant Ubaldo
Especialista en derecho penal y experto en criminología
Licenciatura en Derecho.
Especialidad en Derecho Penal.
Maestro en Derecho Civil.
Maestro en Alta Dirección Empresarial.
Doctor el Alta Dirección Estratégica Internacional.
Catedrático de posgrado en derecho, Criminología y Alta Dirección, escritor e investigador.
Posdoctorado en “Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales” en la Universidad de Buenos Aires y con el auspicio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.
Conferencista Internacional.
Semanario Judicial de la Federación
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Sheinbaum muestra la
ofrenda de Palacio Nacional; la dedica a las heroínas de la patria
La mandataria federal dio a conocer que la ofrenda de Día de Muertos fue colocada por la Secretaría de Cultura
La mañana de este viernes 1 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mostró a través de todas sus redes sociales la ofrenda por el Día de Muertos que se colocó este año en Palacio Nacional, siendo así la primera dentro de su sexenio y la cual decidió dedicar a las heroínas de la patria, tanto a las que se conocen a nivel nacional como a aquellas que figuran en calidad de anónimas.
De acuerdo con lo expuesto por la militante de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la ofrenda fue colocada por personal de la Secretaría de Cultura quienes, apoyados por artesanos mexicanos, enaltecieron esta tradición que se ha vuelto una de las más importantes para todos los mexicanos.
El video de poco más de dos minutos de duración muestra a la mandataria caminando por los pasillos de la sede presidencial rumbo al patio donde la
ofrenda fue colocada. Con flores de cempasúchil, se formó una especie de guía que dirige al altar de 5 pisos de alto que incluyó las fotografías de las mujeres que han forjado la historia del país.
“Dedicamos la ofrenda del Día de Muertos a las heroínas de la patria, anónimas y conocidas como Rita Cetina, Laureana Wright González, Hermila Galindo Acosta y Elvia Carrillo Puerto, quienes ayudaron a construir el México de hoy”, escribió la presidenta.
Cabe destacar que al término de la Mañanera del Pueblo del pasado jueves 31 de octubre, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México dio a conocer a la prensa mexicana que entre sus actividades estaba la grabación de un video, el cual se sabe fue con el fin de dar detalles del altar tradicional que se coloca en todos los hogares mexicanos.
A lo largo del video y con la voz de la presidenta de fondo, se muestra el paso a paso de la colocación del altar.
Con plataformas de madera, tela en color morado y cientos de flores de cempasúchil, se montar la ofrenda que además incluyó platillos mexicanos como tamales, mole, algunos frutos secos y semillas o bien, frutas y veladoras.
“Cómo dice aquí: ‘durante décadas, miles de mujeres se movilizaron en todos los rincones del país para luchar por sus derechos políticos, sociales
y económicos’. Aquí hay muchas mujeres heroínas de nuestra patria que muchas veces no se reconocen”, expresa la mandataria federal.
La presidenta, quien camina alrededor de la ofrenda, aprovechó para lanzar una reflexión en torno al Día de Muertos, una fecha que dijo es donde solemos recordar a todos los seres queridos que ya no están en este plano y en la actualidad es una tradición del pueblo de México que nos enorgullece.
“Es un día para recordar a nuestros ancestros, familiares, pero también a nuestras ancestras que nos dieron patria”.
La ofrenda de Día de Muertos es una tradición esencial en México que simboliza el cariño y el respeto hacia los seres queridos que han fallecido.
Poner una ofrenda es importante porque:
Conexión cultural: Refleja una profunda herencia cultural que combina elementos indígenas y españoles, manteniendo vivas las tradiciones ancestrales.
Recuerdo y celebración: Ofrece un espacio para recordar y celebrar la vida de los difuntos, honrando su memoria y legado.
Elementos simbólicos: Incluye elementos como flores, velas, alimentos y fotografías que tienen significados específicos, como guiar a los espíritus de regreso al mundo de
los vivos y ofrecerles un banquete en su honor.
Dimensión espiritual: Refuerza la creencia en la continuidad de la vida después de la muerte y la vinculación entre el mundo de los vivos y los muertos.
Comunidad y familia: Fomenta la
reunión familiar y comunitaria, creando un espacio de reflexión y unidad.
TOLUCA, Estado de México.- En un hecho histórico y tras 35 años de abandono, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez inició el rescate de inmuebles de la Administración Pública Estatal, con la entrega de 40 bienes que serán distribuidos entre la Fiscalía General de Justicia (FGJEM); la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); el Tribunal de Justicia Administrativa (TRIJAEM) y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (SUTEyM).
“Estas acciones son gracias al trabajo en equipo que nos permite generar acuerdos en beneficio del pueblo mexiquense, además de fortalecer a nuestras instituciones, lo hacemos como un compromiso y un acto de justicia para todos los que han servido
a nuestro querido Estado de México”, aseguró la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
La FGJEM recibió 34 inmuebles, entre ellos, el Centro de Transferencias de Cadáveres en Jilotepec, la Fiscalía Regional de Naucalpan y la Ciudad Policial en Atizapán de Zaragoza.
Mientras que al TRIJAEM se le destinaron dos inmuebles que contribuirán a una administración pública transparente, eficiente y responsable. Como parte de estos inmuebles destaca también el otorgado al SUTEyM y tres para la Sedena.
La Mandataria estatal reconoció a Trinidad Franco Arpero, Titular de la Oficialía Mayor y a Jesús George Zamora, Consejero Jurídico, por el trabajo de reordenamiento de los bienes e inmuebles que administra
el Gobierno estatal, que, en algunos casos, tenían más de 35 años de abandono.
“Por eso yo agradezco mucho Maestra Trini, George y todos los que hicieron posible el que se lograra esto, que es una primera etapa, también lo quiero decir, porque vamos por más”, expresó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
En su oportunidad, Trinidad Franco Arpero, Oficial Mayor; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General; Gerardo Becker Ania, Magistrado Presidente del TRIJAEM; y Herminio Cahue Calderón, líder del SUTEYM agradecieron a la Mandataria estatal el apoyo para transformar al gobierno como nunca se había visto.
Resaltaron que la seguridad, el acceso
a la justicia y una atención oportuna a la ciudadanía no pueden alcanzarse sin trasladar al marco de la legalidad los espacios físicos de trabajo para dar seguridad y fortaleza a las instituciones. En este evento estuvieron Miguel Ángel Hernández Espejel, Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Edna Edith Escalante Ramírez, Integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México; Elisa Abrego Pérez, Directora de Normatividad y Control Patrimonial; y Mario Alfredo Jaramillo Manzur, Notario Público Número 190 del Estado de México.
