Revista Económica Supuestos Cuarta Edición "Estrategia Fiscal del gobierno"

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supuestos Revista de los estudiantes de la Facultad de Economía / Edición No. 4 / Abril 2011 4

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Estrategia fiscal del gobierno Insuficiente pero necesaria

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Econometría de series de tiempo Ana María Herrera - profesora de Wayne State University

Macroeconomía internacional en economías emergentes

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Técnicas para evaluación de impacto Felipe Barrera - World Bank

Microeconomía de la pobreza y la desigualdad

Michael R. Carter - profesor de University of California- Davis Andrés Moya - Candidato a Doctorado en Economía Agrícola y de Recursos Naturales University of California - Davis

Desarrollo económico de América Latina en el largo plazo James Robinson - profesor de Harvard University Pablo Querubín - Investigador post-doctoral en Harvard Academy for International and Area Studies Leopoldo Fergusson -Ph.D. en Economía de Massachusetts Institute of Tecnology

Las peculiaridades de la historia económica colombiana INFORMES Universidad de los Andes Facultad de Economía Calle 19 A No. 1 - 37 Este, Edificio W Bogotá, Colombia Conm.: (571) 339 4949/99 ext.: 2470 e-mail: contactoeconomia@uniandes.edu.co

James Robinson - profesor de Harvard University Malcolm Deas - Profesor de Oxford University

Análisis real y optimización para economistas Juan Pablo Torres-Martínez - profesor de la Universidad de Chile

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r e v i s t a

supuestos Contenido 2

Bandera / Editorial

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Opinión

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Ranking, Cifra y Proyecciones Macroeconómicas

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Política Fiscal

8 13

Un vistazo a la viabilidad financiera de la ley de víctimas

¡Cuestión de azar!; Perdón, perdón de solo intentar

22 Caricatura

El 6% de la 26

Top 10: Departamentos con mayor porcentaje de área afectada por la reciente ola invernal

Reevaluando los incentivos tributarios y el ejemplo de la crisis irlandesa

Política Económica Estrategia fiscal del gobierno: insuficiente pero necesaria

Entrevista Sergio Clavijo - Presidente de ANIF Rodolfo Arango - Profesor Asociado Departamento de Filosofía

17 Coyuntura Nacional Lo que el agua se llevó

Abril 2011 /

20 Agenda Legislativa

23 Coyuntura Internacional FED - Relajación cuantitativa ¿Suficiente y necesaria?

26 Contenido Externo

La agenda económica del gobierno en el Congreso Congreso Visible

28 El Economista

Carlos Gustavo Cano

31 Agenda Legislativa 34 Ley de primer empleo

Mini Reforma Tributaria en búsqueda de sostenibilidad, transparencia y modernización

36 La Facultad Noticias

REVISTA ECONÓMICA SUPUESTOS

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Semestre 2011-1 - Abril de 2011 - Edición 004 Cra. 1 No. 18A-12 Facultad de Economía Universidad de los Andes http://revistasupuestos.uniandes.edu.co revistasupuestos@uniandes.edu.co

r e v i s t a

supuestos

Directores Juan Felipe Ortiz Juan David Reyes Comité Editorial y Directivo Camilo Andrés Álvarez Laura Aristizábal Camila Barrera Iván Bornacelly Lorena Sofía Correa Miguel Ernesto Eusse Juan Felipe García Laura Hincapié María Paula Pérez Sandra Milena Yáñez Comité de Contenido Camilo Andrés Álvarez Tatiana Ángel Allison Benson Iván Bornacelly Germán Leonardo Camacho Lorena Sofía Correa Carlos Echeverry Camila Estrada Germán Galindo Juan Felipe García Nataly Grisales Willie Hernández Laura Hincapié Laura Norato Edinson Ortiz Carlos Pabón Juan Vicente Rodríguez Andrés Fernando Sánchez Andrés Felipe Vargas Sandra Milena Yáñez Comité de Entrevistas Miguel Ernesto Eusse Laura Juliana Castro Rodrigo José Galindo Federico Merchán Felipe Orjuela María Paula Pérez Leidy Riveros Juan Manuel Velásquez

IV FORO REVISTA ECONÓMICA SUPUESTOS 29 de Abril de 2011 “La sostenibilidad fiscal en el Estado Social de Derecho: Diálogo entre abogados, economistas y politólogos.

SUPUESTOS es una publicación semestral con 1.000 ejemplares distribuidos de forma gratuita en universidades nacionales. Su público objetivo está compuesto por personas interesadas en temas de coyuntura económica, política y social, entrevistas a los protagonistas de la realidad económica y política, y artículos de análisis y opinión.

Las opciones expresadas en las columnas de opinión y caricaturas no reflejan necesariamente la opinión de la Revistas Económica Supuestos ni la de sus miembros. Los autores de las columnas y caricaturas son responsables de su contenido.

Comité de Contenido Externo: Francisco Álvarez Camila Barrera Juan Pablo Pachón Sebastián Pantoja Fotógrafos Emilio Aparicio Sergio Durán Foto portada Sala de prensa Ministerio de Hacienda y Crédito Público Diagramación e impresión Editorial Kimpres Ltda.

PBX: 413 6884 Fax: 290 7539 Bogotá D.C. Colombia

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r e v i s t a

supuestos Editorial De la niña de trenzas y el Estado Social de Derecho El pasado 11 de marzo del año en curso, el diario El Espectador informaba sobre la analogía que el Ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, hizo sobre la economía colombiana en el CEO’s 2011. Como lo destacó el rotativo, ante dirigentes empresariales y analistas económicos el Ministro sostuvo que la economía nacional había sido, hasta el inicio de los noventa, como una niña de trenzas bien comportada, sin rumbas (auges económicos) ni guayabos (recesiones); sin embargo, con la llegada de Cusiana y Cupiagua, ‘la niña se soltó las trenzas’ y experimentó tanto la rumba (en la primera década de los 90s) como el guayabo (la peor recesión hacia el final del siglo). De acuerdo con Echeverry –y no pocos economistas- la presión sobre el gasto generada por la agenda social impulsada por la Constitución de 1991 (CP91 en adelante) desembocó en un problema fiscal que no ha podido ser corregido estructuralmente.

Para llevar a cabo dicha corrección, el Ministerio de Hacienda ha propuesto una estrategia específica que busca asegurar la sostenibilidad de la política fiscal en el mediano plazo; dentro de ésta, los Proyectos de Acto Legislativo sobre Regalías y de Sostenbilidad Fiscal para Alcanzar los Fines del Estado Social de Derecho, junto con la propuesta de Regla Fiscal, son los que más se destacan. En la medida en que éstas implican reformar la Carta Magna y modificar de forma sustancial el manejo del gasto público, el debate ha trascendido la esfera económica.

Como coincidencia, la discusión de estas reformas se da en un año de conmemoración: la CP91 cumple 20 años. Sin embargo, y más allá de la simple casualidad, este hecho constituye una oportunidad única para abordar el debate desde su complejidad, considerando sus diferentes aristas. Para los abogados (y para ciertos políticos profesionales que comparten sus posturas) las reformas propuestas atentan contra el espíritu de la CP91 y reversan las conquistas alcanzadas hasta ahora (ver entrevista con Rodolfo Arango); el costo del cumplimiento de la Carta de Derechos, han argumentado, no debe ser pretexto para permitir la violación de su contenido. Por su parte, para los economistas dichas conquistas han pasado por alto la restricción presupuestal del Estado afectando la viabilidad misma del Estado

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Social de Derecho, consagrado por la CP91. Adicionalmente, y destacándose un estudio reciente auspiciado por Fedesarrollo, la economía política ha hecho su aporte a la discusión. En términos generales, se llama la atención sobre los impactos que, medido en eficiencia, pueden tener las características del contexto político e institucional en el que se lleva a cabo la formulación de las políticas públicas.

Aún si se pasan por alto los reparos que se le pueden presentar a la estrategia fiscal propuesta por Minhacienda (ver entrevista con Sergio Clavijo de ANIF y artículo central: ‘Estrategia Fiscal del nuevo gobierno: insuficiente pero necesaria’), y se asume que es el mejor diseño de reformas posible, el trámite e implementación de las mismas (ver artículo de Congreso Visible) hace necesario considerar el contexto en que ambos procesos se llevan a cabo, y los actores que en estos participan. Abogados, economistas, politólogos y formuladores de política (incluyendo políticos profesionales) tienen, al respecto, visiones particulares y a simple vista difíciles de conciliar, en la mayoría de ocasiones. Sin embargo, el compartir la necesidad de avanzar en la consolidación del Estado Social de Derecho es un punto de acuerdo importante que debe convocar y enriquecer la discusión. Para continuar con la analogía de Echeverry, puede ser que la ‘la niña de trenzas’ haya tenido una crisis de personalidad al no definir la estrategia apropiada para avanzar en la consecución de ese nuevo gran objetivo: la consolidación del Estado Social de Derecho. Una discusión amplia y constructiva, como la que sugeriría en su momento Manuel José Cepeda, ex Magistrado de la Corte Constitucional, podría ayudar, más allá de diseñar una adecuada política fiscal, a construir estrategias adecuadas, pertinentes e integrales para el desarrollo económico y social del país. *** La Revista Económica Supuestos se une a las reflexiones que alrededor de la muerte de Mateo y Margarita se han suscitado, se une al dolor de sus familiares y amigos. Comparte la invitación a pensar de modo crítico y proactivo el papel de la academia en el conflicto colombiano, su relación interactiva con el mismo, y su responsabilidad como parte integrante y transformadora de la sociedad civil.

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OPINIÓN

¡Cuestión de azar!

Perdón, perdón de solo intentar Santiago Espinosa Andrés Felipe Méndez El desempleo de los jóvenes recién graduados en Colombia llegó a” “%. La fuga de cerebros es alarmante, de cada” “aparentes genios,” “de ellos salen del país en busca de mejores universidades. El porcentaje de deserción en las instituciones de educación superior Colombianas es temible, el “ ” % de los jóvenes que inician sus carreras no las terminan . Los resultados de las pruebas PISA publicadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), que comparan el nivel de educación de 70 países, nos ubico el año pasado en el puesto” “, el 47% de nuestros estudiantes no logra un nivel aceptable de desempeño. De cada” “estudiantes, sólo” “se dedican a la investigación. En Colombia se leen” “libros en promedio por año, uno de los promedios más bajos de Latinoamérica. ¿No se dan cuenta? Todo está en orden y bajo control. Nuestra educación pinta cada día mejor.

No hay nada de qué preocuparnos. ¿A quién le importan estas cifras que solo pretenden dañar la imagen del país? ¿No recuerdan? Somos Bogotá positiva, ¡Colombia positiva!

A pesar de todo esto es evidente lo bien que estamos. El déficit de las universidades públicas en Colombia solo está cerca de medio billón de pesos y hay quienes protestan que la educación dejo de importarle al estado, que imprudentes. Es gratificante que los intereses de los créditos para educación superior de Icetex bajaron de 13% a 4 % anual, ya son muy parecidos a los intereses promedio para comprar carro, ya estamos logrando una educación de mercado. Nos sentimos privilegiados de vivir en un país donde las mejores universidades privadas aumentan el costo de sus matriculas en pro del conocimiento –claro está-, en lo máximo permitido. ¿No es esto un claro incentivo para aumentar nuestro orgullo por esta hermosa nación? ¿No es esto

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un incentivo como los subsidios para educación de familias en acción, que lograron aumentar el consumo de cerveza tal como se pretendía? ¿No es esto un refuerzo positivo como diría B. F Skinner?

Nos sentimos indignados al no entender por qué hay movimientos estudiantiles como el GEC (Grupo Estudiantiles Confederados) seriamente preocupados por el futuro de la educación en nuestro país. Como dijo chapulín “que no cunda el pánico”, pues un estudiante que no pudo pagar la matrícula en la fecha inicial, tiene un muy amplio plazo, “hasta de 30 días”, para reunir lo que no había podido reunir antes y pagar junto con unos intereses del 10%, los cuales si de alguna manera se pudieran extender a 12 cuotas sumarian aproximadamente intereses de tan solo 120% anual.

Mientras escribimos estas cortas y desordenadas líneas, como estudiantes colombianos, nos sentimos felices de que el gasto exclusivo en investigación de Estados Unidos sea solamente 16 veces el gasto en educación en nuestro país y 2.830 veces superior al presupuesto de Colciencias. Estamos tranquilos pues ¿Quién se va a preocupar cuando el gobierno aumentara durante este año el presupuesto para la educación en un 3,3%? Recordemos que nuestro crecimiento fue solo un poco superior a 4% y además de invertir en educación necesitamos invertir en la seguridad de nuestra nación, en nuestras fiestas de bicentenario y en renovar el parque automotriz de nuestros congresistas.

Confiamos en lo que tenemos, si queremos estudiar, sabemos que el Icetex es la solución, pero si por alguna extraña razón no nos llegan a gustar sus amplias comodidades, saldremos este domingo a comprar la lotería, el baloto o nuestro chance preferido y seguiremos confiados creyendo que en este país el estudiar es cuestión de azar. Perdón, perdón de sólo intentar.

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Top 10 La Cifra RANKING

DEPARTAMENTOS CON MAYOR PORCENTAJE DE ÁREA AFECTADA POR LA RECIENTE OLA INVERNAL

Según un informe presentado el 23 de diciembre de 2010 por el Ministerio de Agricultura, el departamento con mayor porcentaje de área departamental afectada fue Sucre, aunque el más afectado por km2 fue Bolivar con 429.900 (Restrepo, 2010).

27%

del presupuesto nacional cuesta el cumplimiento de las leyes que el gobierno ha pasado al congreso. Según el Ministerio de Hacienda el presupuesto para el año 2011 va a ser de aproximadamente 147.25 billones de pesos, y proyectos como la Ley de Víctimas, la Reforma a la Salud y la de Formalización del empleo, tendrían un costo en conjunto de alrededor de 40 billones de pesosa 15 años, aunque cifras del gobierno anterior hablan de cerca de 90 billones de pesos. (Economía: Cuanto valen las leyes, 2011).

Indicadores PIB Año 2010 (sitio Web Dane, 2011) 4.33% Inflación anual a marzo (sitio Web Dane, 2011) 3.19% DTF (EA) 7 de abril de 2011 (sitio Web Dane, 2011) 3.71% Desempleo febrero 2011 (sitio Web Dane, 2011) 12.8% Tasa de Intervención (sitio Web Banco de la República) 3.5% Tasa interbancaria TIB (sitio Web Banco de la República) 3.50% Meta de Inflación (sitio Web Banco de la República) 2-4% Balanza comercial (2010 - millones de dólares FOB) (sitio Web Dane, 2011) $1,468.90 Indice de productividad laboral III trimestre 2010 (Año base 2001=100) (sitio Web Dane, 2011) 137.77

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política fiscal

Reevaluando los incentivos tributarios el ejemplo de la crisis irlandesa Allison Benson A pesar de los efectos de la crisis financiera global, el crecimiento de la economía colombiana ha sido considerado satisfactorio y, en buena medida, éste se ha atribuido al comportamiento de la inversión, la cual creció el año pasado a una tasa del 25.8%, la más alta en América Latina. Lo anterior, según el gobierno Uribe, fue en parte resultado de los múltiples y controversiales incentivos tributarios que se han otorgado a la industria para promover la inversión, en especial durante los últimos 8 años.

Evidentemente, estos gastos fiscales tienen una incidencia directa sobre las finanzas públicas, y se ha dicho también que estos contribuyeron a la caída del 14% en el recaudo fiscal en el 2009. Los anteriores hechos forman parte de un importante debate teórico y político acerca de cuáles deben ser los incentivos tributarios empleados para fomentar el desarrollo económico eficientemente y sin generar desequilibrios fiscales que a largo plazo puedan afectar el crecimiento.

El caso de Irlanda fue empleado dentro de este debate como un ejemplo del éxito de las políticas de fomento a la inversión, sin embargo, actualmente el Tigre Celta está sumido en una crisis sin precedentes; por otro lado, el gobierno Santos decidió desmontar buena parte de los incentivos que heredó del sistema tributario de Uribe. Lo anterior sugiere que las concepciones optimistas sobre los incentivos tributarios entraron en una etapa de reevaluación, y que es imperativo buscar nuevas fórmulas para impulsar la inversión, sin generar desbalances y sin poner en juego la estabilidad de la economía.

Según la teoría económica los incentivos tributarios generan efectos deseables, ya que si bien representan un costo fiscal, traen consigo externalidades positivas. Entre estos efectos están los aumentos netos en la inversión, la promoción de empleo, la inversión en tecnología, la promoción de las exportaciones, el desarrollo de ciertas regiones o de sectores específicos, entre otros. Debido a lo anterior, estos han sido una herramienta bastante utilizada para fomentar el crecimiento, sobre todo en países en desarrollo.

Según cálculos del Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2009, el costo fiscal de las deducciones tributarias para este año Colombia correspondió al 1.5% del PIB, y el acumulado de este costo para los últimos años es el más alto en América Latina (ver Tabla 1).

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Tabla 1. Valor de las exenciones para los países de América Latina (% PIB)1 País

Total

Argentina Brasila,o Chile

2,4 1,4 4,2

Colombia Ecuador Guatemala Méxicoa Perú Uruguay

9,2 4,9 7,3 6,3 2,5 5,3

a Corresponde al gobierno central o federal o incluye contribuciones a seguridad social Fuente: Perry,G et al.(2007),basado en Gómez-Sabaini,J. (2005)

Gráfica 1. Costo fiscal de los incentivos tributarios.

*PIB base 2000 Fuente: Declaraciones de renta, bodegas de datos.

Subdirección de Gestión de Análisis Operacional –DIAN

La gráfica 1, por su parte, muestra que la mayor proporción del costo de los incentivos tributarios proviene de la deducción

(1) Perry, Guillermo. Hacia una Reforma Tributaria Estructural Diagnóstico.

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por inversiones en activos fijos. El sector minero ha sido el principal beneficiario de los incentivos, seguido por el eléctrico, el de servicios financieros y las comunicaciones. Este hecho es preocupante si se tiene en cuenta el tamaño de las utilidades que estos sectores generan. Lo anterior lleva a cuestionarse si es deseable que 8 billones de pesos del presupuesto colombiano paren en las manos de sectores en los que no es clara la necesidad de estos incentivos y que no están generando beneficios para la sociedad como un todo, pero que sí están desestabilizando las finanzas públicas; esto es una de las fallas en el diseño y focalización de la política de incentivos tributarios en Colombia.

Debe también resaltarse el hecho que no existe un consenso en la teoría económica sobre los efectos de las exenciones tributarias. Richard Bird, importante teórico sobre temas tributarios, argumenta que “la evidencia muestra que o bien los incentivos no funcionan, o su efecto no se puede determinar”1.

Otros estudios demuestran que los incentivos aparecen como un factor secundario, siendo más importantes el tamaño del mercado, acceso a materias primas y calificación del empleo (Zee y Stotsky, 2002). Igualmente, se ha argüido que dichos incentivos erosionan la base tributaria, distorsionan la asignación de recursos y generan ineficiencias; adicionalmente, sus efectos sobre la generación de empleo son ambiguos. Otra de las críticas más importantes que se formulan es que muchas de las inversiones que se realizan con incentivos tributarios no dependen de estos para efectivamente llevarse a cabo; por tanto, son costos sin beneficios netos asociados. Además de lo anterior, las exenciones pueden terminar desincentivando la inversión cuando vuelven el sistema complicado y engorroso, facilitando la corrupción y actividades buscadoras de rentas, como ha ocurrido en Colombia.

Los anteriores argumentos introducen la duda de porqué se implementó en el país una política tan costosa fiscalmente, si ni siquiera existe un consenso en la teoría sobre los beneficios que ésta genera. El gobierno Uribe, dentro de una ideología neoliberal, usó como ejemplo del éxito de estas políticas a Irlanda. Este país fue durante los últimos años “el mito del tigre Celta”, pues a comienzos de los noventa llevó a cabo una importante reforma tributaria que redujo sustancialmente las tasas impositivas e introdujo incentivos tributarios, impulsando con ello la inversión y el crecimiento. Como consecuencia de ello, en menos de una década, Irlanda pasó de ser el país más pobre de la Unión Europea, a tener un PIB per cápita más alto que Inglaterra o Alemania.

No obstante lo anterior, existen varios argumentos que ponen en tela de juicio esta aseveración. El primero de ellos es que el vertiginoso crecimiento de Irlanda no fue únicamente resultado de esta reforma tributaria, pues hubo otros factores decisivos para su crecimiento, entre ellos la pertenencia a la UE, la alta calidad de la educación y el trabajo, y la inversión en tecnología e investigación. Adicionalmente, Irlanda había implementado desde los años ochenta numerosas exenciones tributarias (las ganancias de las manufacturas para exportación, por ejemplo, estaban exentas de impuestos por 15 años). Sin embargo, durante aquellos años la inversión no aumentó, el desempleo era de los más altos de Europa al igual que la tasa de migración, y el déficit superaba el 10% del producto.

Otro argumento que cuestiona la eficacidad de las exenciones y la reforma tributaria irlandesa es, por supuesto, la grave crisis en la que este país se encuentra sumido actualmente. La UE tuvo que aprobar un paquete de ayuda para el agonizante Tigre Celta, cuyo ascenso a la riqueza fue tan rápido como su caída.

Expertos argumentan que el origen de la crisis irlandesa radica en esas políticas neoliberales de bajar las tasas impositivas y fomentar la inversión, acciones que desencadenaron en un sobreendeudamiento inducidos por un efecto riqueza, acabaron en una burbuja hipotecaria. Como consecuencia de lo anterior, tres de los más importantes bancos irlandeses tuvieron que ser rescatados por el gobierno, con un costo estimado del 32% del PIB irlandés. Adicionalmente, la crisis irlandesa ha sido atribuida como una de las causas de las difíciles condiciones por las que están pasando otras economías como la española y la portuguesa, lo cual ha puesto en jaque la estabilidad de la UE. Los anteriores planteamientos son una muestra del peligro de creer en fórmulas mágicas para el crecimiento, y también del pensar que tasas altas de inversión por sí mismas son una fuente definitiva y prolongada para el desarrollo económico. Igualmente, pone en tela de juicio la concepción muchas veces infundada de que las exenciones tributarias son una buena herramienta de política. Afortunadamente, el gobierno Santos parece haber entendido adecuadamente esto, y como resultado de ello, en la Ley 1430 del 2010, desmontó la reducción del 30% por inversión en activos fijos. Esta medida, junto con un esfuerzo por “tapar los huecos” del sistema tributario colombiano, se estima que aumentará el recaudo en $ 4 billones de pesos; esto es un ejemplo de la necesidad de replantear ciertas políticas como ésta y de evaluar mecanismos alternos que generen inversión y crecimiento, pero que no expongan la estabilidad fiscal colombiana, y menos beneficiando a quienes no lo necesitan.

(1) Bird, R.M., 2000, “Tax Incentives for Investment in Developing Countries,” in: G. Perry,J. Whalley, and G. McMahon .

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Tatiana Ángel Germán Galindo Juan Felipe García Laura Hincapié Sandra Milena Yáñez En la “Estrategia Económica y Fiscal 2010 – 2014”1 se describe el paquete de reformas del gobierno Santos para garantizar estabilidad macroeconómica y saneamiento de las finanzas públicas vía sostenibilidad fiscal. Se proyecta un déficit del Gobierno Nacional Central (GNC) del orden de 4.3% del PIB para 2011 (revisado al alza con respecto al anunciado en junio del 20102) y una deuda neta de activos financieros de 40.2% del PIB. El gobierno espera mejorar estas cifras con mayores ingresos y menores gastos explicados en el crecimiento de las locomotoras económicas y la aprobación del ambicioso paquete legislativo propuesto en los primeros meses del gobierno3. A pesar de que el gobierno da un gran paso al reconocer y enfrentar los problemas de la situación fiscal actual, el estado de las finanzas nacionales, la cultura fiscal de los funcionarios públicos y las inflexibilidades sobre

América Latina el gasto público tiende a aumentar durante los periodos de crecimiento y a caer durante las recesiones, fenómeno que se conoce como “pro ciclicidad” del gasto. El aumento acelerado del gasto público en la parte ascendente del ciclo económico, a través de financiación externa o emisión de títulos de deuda, tiene graves consecuencias para los países en términos de estabilidad macroeconómica. El primer canal es el incremento de la inflación a través de las presiones sobre la demanda agregada (Hemming et al, 2002). Este aumento en el nivel generalizado de los precios afecta en el corto plazo el poder adquisitivo de las personas, en particular, de la población de bajos ingresos. El segundo efecto general tiene que ver con las tasas de interés de la economía, en virtud a que un gasto gubernamental excesivamente alto y financiado con crédito externo está asociado con mayores tasas de interés de mediano y largo plazo, lo que puede generar un efecto de crowding out sobre la inversión privada (Greenspan, 2001).

En tercer lugar, en un escenario de alta movilidad de capital y un esquema de tasa de cambio flotante, un aumento del déficit fiscal está asociado con una apreciación de la tasa de cambio que afecta considerablemente la competitividad del país y

POLÍTICA ECONÓMICA

Estrategia fiscal el gasto -entre otros- hacen que dicho paquete de reformas sea insuficiente para superar los retos en materia fiscal para el país en el futuro. Este artículo tiene como objetivo explicar por qué las medidas propuestas son insuficientes pero imprescindibles. El análisis se basará en el primer grupo de reformas propuestas: regla fiscal, regalías y sostenibilidad fiscal. Se empezará por hacer un juicio sobre la necesidad de políticas que busquen la sostenibilidad fiscal, posteriormente se examinarán algunas inquietudes respecto a las propuestas, y por último, su trayectoria en el congreso.

Sobre la necesidad de políticas que garanticen la sostenibilidad fiscal La calidad de la política de sostenibilidad fiscal se puede determinar gracias a su efecto sobre el ciclo económico, dado que en última instancia el objetivo de dicha política –entre otros– es estabilizar las fluctuaciones propias del ciclo. En (1) Presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en noviembre de 2010.

(2) Marco Fiscal de Mediano Plazo del 15 de junio de 2010.

(3) La regla fiscal es un iniciativa del gobierno anterior sin embargo el trámite en el congreso lo ha tenido que enfrentar el nuevo gobierno.

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el nivel de exportaciones (Koray et al, 1991). Por último, un manejo fiscal pro-cíclico contribuye a elevar la volatilidad del Producto Interno Bruto (PIB), lo que afecta negativamente el nivel de inversión, la estabilidad política y la solidez financiera de la economía, disminuyendo su potencial de crecimiento.

Asimismo, la volatilidad del PIB tiene una incidencia mayor en la población de menores recursos, impactando negativamente los niveles de pobreza y de distribución de la riqueza (CEPAL, 2008). Por lo anterior, debería ser prioridad del gobierno mantener un gasto público bajo y contra-cíclico; sin embargo, en Colombia entre 1990 y 2009 el déficit fiscal del Gobierno Nacional Central se ubicó en promedio en -3.3%, cifra que resulta peligrosa para una economía cuya dependencia en el sector exportador, la inversión extranjera, la financiación externa y la estabilidad macroeconómica es muy alta. La disciplina fiscal y la sostenibilidad de la deuda pública aseguran estabilidad macroeconómica, lo que a su vez impulsa el crecimiento de la economía, protege la competitividad del sector exportador, da mayor credibilidad al fisco y reduce los efectos de los choques externos (Samuelson et al). Las propuestas del gobierno se centran en lograr estos objetivos a través de los instrumentos enunciados en el recuadro 1, pero ¿son suficientes?

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Inquietudes sobre las propuestas gubernamentales y su trayectoria en el congreso Las principales inquietudes respecto a la actual estrategia fiscal del gobierno giran en torno a tres puntos: primero, las principales herramientas propuestas para enfrentar el balance deficitario (regla fiscal, regalías y sostenibilidad fiscal); segundo, las posibles modificaciones que pueden sufrir éstas en su trámite por el congreso; y tercero, su impacto esperado en las finanzas nacionales.

En cuanto a la regla fiscal, la aplicación de una herramienta de este tipo presupone estabilidad fiscal y su resultado son mejores prácticas en la administración de las finanzas públicas, más no produce necesariamente un equilibrio fiscal en el corto y mediano plazo. Dependiendo de la definición del balance estructural puede existir un espacio en la regla para ejercer contabilidad creativa, que no sería una preocupación si existiera una institución informal de disciplina fiscal.

Además, no es claro el argumento detrás de la postergación de la aplicación de la regla hasta el final de actual periodo

Sin duda, uno de los cambios más importantes es la modificación de la meta del balance estructural del GNC. Este pasó de ser 1.5% a 2% del PIB; lo cual es bueno porque aplica solo para el GNC (antes lo hacía para el SPNF), pero malo porque amplia el espacio de déficit. Por otro lado, se llevó a cabo la modificación del artículo 6 de la propuesta, en donde se indica el período durante el cual habrá gasto contra-cíclico. De esta manera sólo se llevarán a cabo programas de gasto cuando se estime que la tasa de crecimiento de la economía estará 2 puntos porcentuales o más por debajo de la tasa de crecimiento económico de largo plazo siempre y cuando se registre una brecha negativa del producto. Adicional a esto, se establece que este gasto debe ser transitorio y se debe desmontar en el plazo de 2 años. Finalmente, se realizaron algunas modificaciones a los artículo 8, 9 y 13 en donde se garantiza la evaluación permanente de gastos básicos por parte del DNP, se precisa el gasto en nuevos proyectos de inversión o programas de alto impacto que puedan convertirse en gasto básico, y se realiza mayor claridad a la hora de aplicar la regla fiscal cuando se presenta un incumplimiento de la meta de balance estructural del GNC, respectivamente.

del gobierno: insuficiente pero necesaria presidencial. Y si de la regla depende en gran medida aprovechar eficientemente las inversiones mineras4 -haya o no auge- es indispensable su adecuada aplicación y no permitir rigideces presupuestales que comprometan recursos valiosos para la nación. La utilización de este tipo de reglas depende de la transparencia con que se implemente, la simplicidad de su operación y la existencia de una infraestructura institucional que la soporte (Kopits 2001). Por último, no se ha hecho claridad respecto a los costos de incumplimiento: Si bien el mercado castiga estas violaciones (vía reputación y cambio en expectativas), no se detalla ningún mecanismo formal de castigo por dicha falta.

Respecto al trámite legislativo de la regla, en la ponencia para el primer debate se hicieron algunas modificaciones que podrían reducir el impacto de la medida en el mediano plazo.

(4) El llamado boom minero-energético es en principio un aumento en las inversiones de exploración y ampliación de operaciones existentes. Es difícil asegurar con total certeza que dichas exploraciones se traduzcan nuevos yacimientos que multipliquen la producción.

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Respecto a la reforma a las regalías, su naturaleza es de carácter redistributivo en el gasto y no estrictamente fiscal. Si bien propone un mejor uso de los ingresos a nivel regional, es ingenuo pensar que corrige directamente la situación fiscal en el corto o mediano plazo. A pesar de que falta la mitad del trámite legislativo, el proyecto ha recibido amplia aprobación lo que permite asegurar que podría ser aceptado por el senado (ver artículo Congreso Visible). La reforma constitucional del Sistema General de Regalías (SGR) -que fue radicada como Proyecto de Acto Legislativo en la Cámara- ha sido aprobada hasta el momento en cuatro debates. El texto presentado por el gobierno en agosto del año pasado ordena que las entidades territoriales participen del SGR a través del Fondo de Participaciones de Entidades Productoras. No obstante, la Comisión Primera de la Cámara estableció que las entidades territoriales podrán ejecutar directamente los recursos que reciban del SGR. Lo anterior hace más fácil el trámite, ya que se estaría eliminando un proceso de asignación de recursos por parte de un fondo. Pero, ¿sería eficiente en términos de un mejor aprovechamiento de los recursos en proyectos de inversión?

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RECUADRO I – PROPUESTAS GUBERNAMENTALES ESTRATEGIA FISCAL Regla fiscal: Pretende complementar la Ley de responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003) con una enmienda a la Constitución que imponga una norma de cumplimiento al gobierno sobre el balance estructural del GNC y la relación de deuda neta sobre PIB. Después de un periodo de transición del 2011 al 2014, la aplicación de la meta inicia en el 2015 cuando la meta es tener una relación de deuda sobre del orden de 28%. De igual manera, el balance estructural del Gobierno Nacional Central (GNC) no debe ubicarse por debajo de -2% del PIB. Por otro lado, con la regla se pretende ahorrar el exceso de ingresos por parte del auge previsto en inversiones minero-energéticas, a través de la creación del Fondo de Ahorro y Estabilización Macroeconómica y Fiscal. El principal instrumento de la regla para materializar sus objetivos es Marco Fiscal de Mediano Plazo el cual contendrá los niveles máximos de gasto para los siguientes años. El Plan Nacional de Desarrollo y el Presupuesto General de la Nación deben ser consistentes con la regla y no pueden modificarla. La verificación de cumplimiento de la regla se hace a través de un comité independiente y externo al gobierno. El costo de no cumplir con la meta planteada por la regla es de carácter reputacional para el gobierno a nivel político y por cuenta de los mercados.

Regalías: La reforma al antiguo régimen de regalías tiene dos objetivos principales: uno, redistribuir los ingresos por regalías de manera más eficiente y equitativa respecto al anterior régimen y dos, generar la estructura necesaria para aprovechar fiscalmente el auge previsto en inversiones minero-energéticas. Para cumplirlos la iniciativa ordena reorganizar la distribución de las regalías, dar peso al GNC sobre las decisiones de gasto y crear un componente de ahorro regional y anti-cíclico en la estructura de distribución. En detalle, se establece crear el Sistema General de Regalías –receptor de todos los ingresos por regalías- del cual 10% de sus recursos irán al Fondo Nacional de Ahorro Pensional (FONPET), el restante se divide entre un Fondo de Ahorro y Estabilización y las inversiones regionales. Igualmente, dichas inversiones se asignarán entre un Fondo de Competitividad Regional, proyectos de ciencia y tecnología y asignaciones a las regiones productoras. De ser aprobada la iniciativa, el GNC tendrá voz, voto y veto sobre las decisiones de gasto de las regalías.

Sostenibilidad Fiscal: Busca modificar el artículo 334 de la Constitución y establecer a las finanzas públicas como un bien público de tal forma que la sostenibilidad sea un derecho colectivo para todos los colombianos. Tiene como objetivo garantizar la viabilidad financiera de las decisiones de todas las ramas de poder del Estado.

Sin olvidar que dicha eliminación implicaría una mayor especificidad en la Reforma Constitucional. Adicionalmente, las entidades productoras seguirían manejando recursos, lo cual se ha probado ser muy ineficiente.

En el mismo debate se estableció que la vigencia del Fondo de Compensación Regional (FCR) pasará de 20 a 30 años - al cabo de los cuales todos los recursos deberán estar concentrados en el Fondo de Desarrollo Regional (FDR). Hasta el momento, el documento establece que el FCR se destinará a las regiones más pobres del país, con prioridad para zonas costeras, fronterizas y de periferia, y el FDR tendrá como finalidad la financiación de proyectos regionales acordados entre las entidades territoriales y el Gobierno Nacional. Ambos crecerán anualmente en un monto equivalente a la mitad de la tasa de crecimiento total de las regalías. La diferencia se destinará al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), buscando que éste desempeñe un papel contra cíclico y sea administrado por el Banco de la República.

Así mismo, de los ingresos del SGR se descontarán el 10% para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación en todas las entidades territoriales, como se había dispuesto en la primera versión del proyecto de Ley. Dichos recursos sobrepasan en gran medida el actual presupuesto de Colciencias y surge la duda de

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si se cuenta con la institucionalidad para manejar eficientemente estos recursos. De igual manera, la falta de claridad sobre las instituciones necesarias para implementar los mega proyectos en las regiones levantan dudas sobre la eficiencia de dichos proyectos. En dicha versión tampoco era explícito cuál era el porcentaje destinado al rubro del ahorro pensional territorial.

Sin embargo en el documento aprobado en el cuarto debate se estableció que sería del 10%.

De ser aprobado el proyecto, la introducción de estos porcentajes en la Constitución generará inflexibilidades presupuestales, ya que para modificar dichos porcentajes sería necesario volver a hacer una Reforma Constitucional. Por esta razón es pertinente decir que el proyecto de regalías constituye una Reforma Constitucional Reglamentaria, puesto que contiene disposiciones muy detalladas, lo cual terminaría haciendo mucho más rígido el SGR. De esta manera, resultaría conveniente dejar en la Carta Constitucional únicamente los aspectos generales, y que los elementos específicos sean regulados mediante Ley5.

(5) ¿En qué va la reforma a las Regalías? (s.f.). Recuperado el día 24 de febrero de 2011, de http://derechojusto.org/index.php?option=com_content&view= article&id=286:ien-que-va-la-reforma-a-las-regalias&catid=49:agendalegislativa-del-gobierno&Itemid=68.

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RECUADRO II – REGLA FISCAL: CASOS INTERNACIONALES6 En la actualidad son muchos los países que han tratado de imponer una regla fiscal ya sea imponiendo restricciones al nivel de deuda como porcentaje del PIB o limitando el déficit de sus balances presupuestales. Sin embargo, han sido pocos los que han tenido éxito a la hora de hacer efectivas estas reglas -ya que casi ninguno se preocupa por hacer que su cumplimiento sea obligatorio o establecer penalidades en caso de incumplimiento- las cuales son características fundamentales para el éxito de ésta.

Entre los casos de éxito más conocidos está el noruego, un país con un nivel de deuda pública baja, que en su momento permitió destinar los excedentes petroleros en inversión en un fondo de estabilización. El objetivo de este fondo es cubrir los posibles déficits futuros del balance fiscal ya sea por la disminución de sus yacimientos o el crecimiento del pasivo pensional como consecuencia del envejecimiento de la población. Por otro lado, América Latina no ha sido ajena a este tipo de políticas de manejo fiscal. Países como Argentina, Brasil, Chile, México y Perú han establecido leyes de responsabilidad fiscal que establecen objetivos y normas generales, así como la operatividad de la regla fiscal, aspectos presupuestales y de endeudamiento, algunos de ellos fondos de estabilización y sanciones y muy pocos disponen de cláusulas de escape y un consejo fiscal independiente. Vale la pena resaltar que aquellos países que crearon fondos de estabilización y ahorro contaban con bajos niveles de deuda pública y significativos ingresos de la exportación de productos básicos. Este es el caso de Chile en donde la regla fiscal adoptada obliga al gobierno central a mantener un superávit estructural del 1% del PIB los cuales posibilitaron la reducción de la deuda del gobierno central.

Es evidente que imponer límites al gasto del gobierno central y establecer reglas numéricas a la hora de restringir el tamaño de los déficits en la mayoría de estos países ha sido un factor común. No obstante, el éxito de estas reglas fiscales no sólo depende de su existencia sino que necesita un sólido proceso presupuestal. Así mismo el establecimiento de un objetivo fiscal como una regla numérica para algún indicador de desempeño fiscal es una clara señal para los agentes, a la vez que reduce la incertidumbre macroeconómica y el riesgo soberano. La evidencia empírica muestra que las reglas más rigurosas llevan a mejores niveles de déficit fiscales. Finalmente, es necesario iniciar un proceso de disciplina fiscal para la aplicación de una regla fiscal. Este hecho supone un nivel de deuda pública bajo con el fin de que los objetivos fiscales sean alcanzables y sea posible ahorrar recursos en fondos de estabilización. De lo contrario, sería absurdo que -ante una catástrofe como la vivida aquí en Colombia a causa del invierno- se destinaran todos los recursos provenientes de la explotación de recursos no renovables en un fondo de ahorro.

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Finalmente, con el proyecto de sostenibilidad fiscal es difícil pensar que un principio constitucional modificará la restricción intertemporal del gasto público de todas las ramas de poder. Los miembros de dichas ramas deciden cómo ponderar la restricción fiscal y en esa medida es poco problable pensar que será el principio de sostenibilidad el que primará sobre otros más aceptados y preferidos. Así, su capacidad de funcionamiento se ha puesto en duda ya que ponderar intereses fiscales y económicos sobre decisiones de gasto le puede representar un alto costo reputacional a los miembros del congreso o las cortes.

Si bien sería ideal su aplicación, con esta medida se sustituiría una institución informal con una formal; y esto resulta poco productivo al no existir los incentivos correctos para evitar que la Ley se vuelva letra muerta. Después de ser aprobado en cuarto debate de la plenaria del Senado con 48 votos a favor y 28 en contra, el proyecto se encuentra actualmente listo para la segunda ronda en el congreso, con cuatro debates más por delante. No obstante, se vislumbran serias dificultades para el proyecto en las votaciones de las comisiones, donde el equilibrio de fuerzas es cada vez menos favorable para el (6) Comité Técnico Interinstitucional (2010): “Regla Fiscal para Colombia” Bogotá, Colombia.

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gobierno7. Asimismo, de ser aprobado debe pasar el examen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, la cual se vería directamente afectada por la iniciativa al ver reducida su discrecionalidad al emitir fallos que afecten el fisco. Desde un punto de vista económico, la Corte al momento de definir su posición debe hacer un análisis inter-temporal, decidiendo si le genera mayor utilidad la discrecionalidad en el corto plazo, que le permite garantizar ciertos derechos mediante fallos; o apegarse a la sostenibilidad fiscal para que en el largo plazo no sean necesarios los fallos para que se cumplan los derechos.

Pero, al tratarse de un proyecto de reforma a la Constitución la Corte solo se puede pronunciar en cuestiones ‘de forma’ lo cual, al menos en principio, le deja muy poco margen de maniobra para oponerse a la iniciativa.

Si bien estas inquietudes son suficientes para impulsar la búsqueda de otras herramientas para enfrentar la situación (7) En la última votación de la comisión primera del senado se presentó un empate obligando a repetir la votación. En la repetición de dicha votación, solo gracias a un voto pasó la iniciativa. Este episodio generó suspicacias entre los partidos opositores al proyecto, dentro de los cuales ya se cuenta el Partido Liberal quienes se apartaron de la coalición del la unidad nacional desequilibrando las cuentas del gobierno.

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fiscal, preocupa también el supuesto impacto proyectado por el gobierno. Se espera pasar del actual déficit fiscal a uno de 2,4% en 2014, sustentado en un aumento de los ingresos del GNC del orden de 1.4% del PIB y una reducción del gasto de 0.4% del PIB. Tal aumento de los ingresos se explica por aumentos causados por ‘optimización de activos’, el desmonte de la deducción en activos fijos y los ingresos de Ecopetrol del orden de 0.5%, 0.6% y 0.8% respectivamente; además de disminuciones causados por el desmonte gradual del 4x10008 y la normalización arancelaria por valores cercanos a 0.3% y 0.2% del PIB respectivamente. Mientras tanto, en el gasto se contempla un aumento para impulsar las locomotoras y la unificación de los regímenes de salud del orden de 0.3% y 0.2% del PIB respectivamente. Dicho incremento en el gasto es compensado por una disminución de 0.9% del PIB por la aplicación de la regla fiscal. Intranquiliza cómo una reducción de este orden se logrará con la regla tal y como se planteó.

Vale la pena resaltar que parte de los aumentos en ingresos y las reducciones del gasto se basan en supuestos, mientras que los aumentos en gasto y las reducciones en ingresos son seguros. Amplia crítica ha recibido esta proyección9 basada en condicionales; además, su credibilidad ha sido cuestionada con la postergación del desmonte del 4x1000, que se había dicha comenzaría a partir del 2012 y ahora comienza en el 2014. Sin embargo, preocupa más la sensación que persiste una falta de fortaleza en las acciones del gobierno para atacar el problema. Lo anterior permite pensar que el mismo gobierno sabe que estas medidas no atacarán el problema de fondo y sus posteriores consecuencias en la economía. De igual manera persisten presiones del lado del gasto para el gobierno que pueden ser inaplazables. Los gastos pendientes a nivel de salud, pensiones, defensa, educación, justicia, reparación de víctimas del conflicto y reconstrucción de las zonas afectadas por el invierno levantan alarmas sobre la necesidad de generar una estructura fiscal robusta para cumplir con dichas obligaciones. Postergar la generación de dicha estructura no es más que trasladar la responsabilidad a próximas generaciones.

Sin embargo, todas estas medidas son indispensables para la garantizar la sostenibilidad fiscal en el mediano y largo plazo así como para redistribuir y aprovechar los beneficios del auge en exploración minero-energética. Sin una regla fiscal no existiría una institución fiscal que obligue a los funcionarios a cumplir una meta, los esfuerzos contra-cíclicos permanecería sin apoyo real de la constitución y el auge minero-energético no se aprovecharía eficientemente. Asimismo, sin una reforma al actual sistema de distribución de las regalías se mantendría un sistema ineficiente e inequitativo que raya con lo corrupto; como por ejemplo, el 23.5% del total de los recursos de las regalías se asignan al Casanare, donde habita menos del

1% de la población y en donde no hay ni siquiera educación universal. Finalmente, si no se crea una herramienta para frenar las contingencias en el gasto causadas por decisiones judiciales es improbable que se cumpla cualquier meta fiscal. De hecho, no garantizar la sostenibilidad fiscal implica arriesgar el cumplimiento de los mandatos del Estado Social de Derecho a nivel de gasto. Hace bien el gobierno Santos en reconocer la importancia de la estabilidad fiscal del Estado y enfrentar las actuales falencias con una agenda legislativa que en el mediano y largo plazo vislumbran un mejor futuro para las finanzas nacionales. No obstante, la realidad es diferente y alarma la ausencia de una estructura institucional formal e informal para enfrentar todos los retos a venir en materia fiscal.

Se prevé un mayor aumento del gasto con la ley de victimas –y el capítulo de tierras- y el efecto devastador del invierno; no se desmontará el impuesto de 4x1000 (lo que se traduce en menor bancarización y mayores distorsiones económicas a cambio de mayor recaudo aun cuando este impuesto sirve para tributar ilegales y continua representando ingresos importantes para la nación) y no se explica cómo se van a financiar los gastos No Pos. Por último, la tímida mini reforma tributaria deja la idea de que el gobierno le está haciendo el ‘quite’ a una verdadera reforma tributaria estructural. Las herramientas propuestas son indispensables para mejorar la situación fiscal de las finanzas públicas pero no suficientes para enfrentar las obligaciones estatales a mediano plazo. Es entonces pertinente prender las alarmas e intensificar el debate sobre la necesidad de alcanzar la sostenibilidad fiscal en Colombia.

Bibliografía CEPAL (2008), Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2007-2008 (LC/G.2386-P/E), Santiago de Chile.

Comité Técnico Interinstitucional (2010): “Regla Fiscal para Colombia” Bogotá, Colombia.

Greenspan, A (2001): “Federal Reserve Board’s semi-annual monetary policy report to the Congress”, Testimony of Alan Greenspan before Committee before Committee on Banking, Housing, and Urban Affairs, US Senate.

Hemming, R, M Kell and S Mahfouz (2002): “The effectiveness of fiscal policy in stimulating economic activity – A review of the literature”, IMF Working Paper no 02/208, Washington D.C., International Monetary Fund.

Imprenta Nacional de Colombia (2010): “Gaceta del Congreso 1008 de 2010” Bogotá, Colombia.

Koray, F, P Chan (1991): “Government spending and the exchange rate”, Applied Economics, 23 September, pp 1551–58.

Samuelson, Paul A.-Nordhaus, William D. “Macroeconomia” , McGraw Hill ¿En qué va la reforma a las Regalías? (s.f.). Recuperado el día 24 de febrero de 2011, de http://derechojusto.org/index.php?option=com_ content&view=article&id=286:ien-que-va-la-reforma-a-las-regalias&catid=49:agenda-legislativa-del-gobierno&Itemid=68.

Kopits, G. (2001). Fiscal Rules: Useful Policy Framework or Unnecesary Ornament? IMF Working Paper WP/01/145.

Tanzi, V. (2006). Fiscal Policy: When Theory Collides with Reality. CEPS Working Document 246 (June).

(8) Ley 1430 de 2010 “Mini” reforma tributaria. Ver artículo relacionado.

(9) Tendencia 103 – Fedesarrollo noviembre de 2010.

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ENTREVISTA CON

SERGIO CLAVIJO PRESIDENTE DE ANIF Miguel Eusse María Paula Pérez Leidy Riveros Sergio Clavijo es economista de la Universidad de los Andes y Doctor en Economía de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign. Fue miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, viceministro técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y economista del Departamento del Hemisferio Occidental, Fondo Monetario Internacional. El Dr. Clavijo ha sido profesor en la Universidad de los Andes, dictó durante varios semestres el curso “Teoría y Política Monetaria”. Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).

Revista Económica Supuestos: Estudiando lo que plantea la agenda legislativa a nivel fiscal, partimos del punto de que básicamente la regla fiscal es esencial en la estrategia fiscal. De la eficacia de ésta depende el éxito de las regalías, la sostenibilidad fiscal y pues, en el futuro, la reforma estructural anunciada por Juan Carlos Echeverry. ¿Qué opina usted de la regla?

Sergio Clavijo: Casualmente nosotros estamos culminando un trabajo que mira la agenda fiscal. Le doy un poco la conclusión que estamos sacando y es que la regla fiscal per se no va a solucionar nada. Parecería que la administración saliente y la entrante están más preocupadas por calarse el smoking que por averiguar de qué calidad son sus interiores. Hay que preocuparse primero por lo básico, y lo básico es que Colombia tiene una estructura tributaria perforada, inequitativa, que tributa sólo 13 puntos del PIB cuando la media es 17 en América Latina y pensar que poner una regla -que además no puede tener dientes porque no hay forma de operar de esa manera a la altura del 2015- nos va a poner a tener un superávit primario es una quimera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que analizar el gasto rubro por rubro para ver donde se puede recortar y contener el gasto. La mala noticia es que los grandes rubros tienen todos contingencias de incrementos y la posibilidad de reducirlos son mínimos; basta señalar las contingencias de la seguridad social en pensiones, en salud, el tema de la guerra en Colombia y el tema de las transferencias territoriales que tiene amarrado al gobierno más o menos cediendo entre un 25 y 40% de sus ingresos. Entonces cuando uno mira, por el lado del gasto, de donde va a venir el ahorro no aparece. A pesar de que fue promesa de campaña, no hacer reforma tributaria, ahora

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están sencillamente cambiando el tema diciendo que no iban a cambiar las tasas, la verdad onda y bironda es que Colombia requiere tributar entre uno y dos puntos del PIB adicionales.

Si ellos creen que lo pueden hacer sin subir tasas bienvenido pero, como mínimo, van a tener que taponar y desmontar toda una serie de exenciones que al final del día produzca esto. Y en esa misma línea, pues se está hablando ahora de una reforma tributaria estructural que como la están esbozando de estructural no tiene nada. Simplemente están hablando allá de un ordenamiento del estatuto tributario pero los hechos van en contravía de la reforma tributaria estructural. Acaban de aprobar una extensión del cuatro por mil hasta el 2018 cuando habían dicho que en campaña lo iban a desmontar rápidamente; no sólo lo extendieron sino que están endureciendo el recaudo.

Además, se había hablado de estructurar un sistema tributario más transparente y que se recargara en principio sobre los dos tributos mundiales que son el IVA y el impuesto a la renta. He aquí que Colombia acaba de extender el impuesto patrimonial, que es una renta presuntiva sobre los activos de las grandes firmas del país que tienen que hacer grandes inversiones y donde su patrimonio neto queda gravado. Y viene la ola invernal, y en la ola invernal ahora se pone sobretasa sobre el impuesto patrimonial reforzando el tema del impuesto patrimonial.

Entonces el discurso es de reforma estructural, los hechos son contrarios a esta reforma estructural.

R.E.S: Sergio, hay economistas -le cito a uno: Alejandro Gaviria- que mencionan que es también un requisito para la estabilidad fiscal y la regla la existencia de una institución informal de cuidado y respeto hacia las finanzas públicas y en Colombia no existe. Usted cree que sin esta institución informal va a hacer difícil lograr esa estabilidad fiscal aún con la regla aprobada?

S.C: Yo creo que las universidades, los centros de investigación como el CEDE, los centros de pensamiento tipo Fedesarrollo o ANIF conformamos estas instituciones informales, que vigilan la estabilidad fiscal y monetaria del país y considero que entre todos junto con los senadores receptivos a estos temas estamos a tiempo, aprovechando además una administración como la de Santos que tiene un gabinete tecnocrático que debería ser receptivo a este tipo de elementos. La mala noticia es que en las primeras de cambio de la administración Santos vemos que los objetivos que se han trazado son inconsistentes con el ins-

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trumental que se está usando de la forma que ya les mencioné.

Mucho discurso pero a la hora de las leyes van en contravía de lo que se está mencionando y también es justo reconocer que han estado de malas, es decir, la aparición de los daños invernales se les llevó buena parte de la munición que estaban usando o que pensaban usar para enderezar las finanzas públicas. Un dato que va a salir de este estudio es que cuando usted computa el detalle de la trayectoria fiscal de aquí al 2018 unida a las necesidades de infraestructura, a la reparación de víctimas, asistencia social a los damnificados por el invierno le da que neto en el mejor de los casos de las finanzas públicas, a pesar del esfuerzo fiscal y de haber desmontado parte de estas exenciones deja las finanzas públicas en equilibrio, es decir, no hay ningún cambio. Y cuando uno voltea a mirar llevamos cuatro reformas pero no hemos progresado nada en materia de saneamiento de las finanzas públicas, y como están las cosas el deterioro está allí, las termitas en la estructura fiscal siguen haciendo su daño; parecería que no se ven pero se están carcomiendo las bases de esa estructura fiscal y hasta tanto no reconozcamos que si Colombia quiere dar cobertura universal en salud, quiere otorgar pensiones, quiere tener energía y quiere tener seguridad democrática pues todo eso vale y hay que tributar más. Uno no puede pensar que tiene los beneficios de Dinamarca pero tributando como en Cundinamarca.

R.E.S: Un poco el papel de las regalías y su sostenibilidad fiscal.

Nos preocupa el hecho de que pase una regla fiscal con un artículo de regalías y de sostenibilidad fiscal cojos, que pase una parte de la regla pero las regalías pasen con muchos porcentajes en la Constitución, o que pase la sostenibilidad fiscal y que nunca se aplique de verdad y sobre todo eso en la regla, que pase la regla y que no haya castigo para cuando no se cumplan.

S.C: A nosotros en general no nos gustó el camino que está tomando el tema de la discusión de las regalías: 1) me parece

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que se fueron por la vía constitucional innecesariamente; 2) se ha generado demasiada atomización de los recursos, demasiadas cajitas tratando de complacer a muchos dirigentes regionales al mismo tiempo; 3) se está metiendo el tema de regiones que va a ser fuente de burocracia adicional y de empapelamiento y entrenamiento en la operatividad de las regalías. ¿Qué creemos que se ha debido hacer? Sencillamente una ley ordinaria que hubiera metido el grueso de las regalías como una transferencia adicional a nivel nacional repartiéndolo por NBI y por población. Finalmente nos hicieron caso y se están usando estos criterios pero en la repartición de esto no se está siendo expedito. Entonces de que se trata, si va a sumar un punto del PIB el volumen adicional de regalías por año en épocas de bonanza dígale a las regiones, ahí le va el SGP para el pago de salud, educación, aguas y el adicional necesariamente va a estar limitado con destinación especifica a infraestructura de carácter regional y se crean mecanismos de asociatividad temporal para los proyectos de diques, puentes y el tema fluvial de tal manera que, si rima con el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno pondrá un apalancamiento del 20 o 30% o del 50 y que las regiones pongan la plata adicional para hacer las grandes vías de las cuales carece este país. En síntesis, no creo que la reforma a las regalías vaya a ser la panacea para buscar mayores equilibrios fiscales. En el mejor de los casos, lo que podemos lograr es una mejor aplicación de esas regalías para el desarrollo de infraestructura, ojalá para el de los grandes proyectos interregionales o de lo contrario va a ocurrir lo que ocurrió entre 1990 y el año 2004, que se nos fue la mini bonanza Cusiana- Cupiagua y ¿dónde quedaron las vías?, se esfumaron en gasto de consumo territorial con una inequidad regional muy pronunciada que hoy se quiere corregir. Entonces el aliento para el gobierno es que identifican los problemas pero en la forma en que los están solucionando no veo ni la operatividad ni la consistencia con el norte que ellos están trazando.

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ENTREVISTA con

RODOLFO ARANGO PROFESOR ASOCIADO DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA Miguel Eusse Felipe Orjuela Leidy Riveros Juan Manuel Velásquez Rodolfo Arango es profesor asociado del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes y es columnista de El Espectador. Hizo un doctorado en Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional en la Universidad de Kiel en Alemania. Sus intereses investigativos están en las áreas de la filosofía moral, política y del derecho, tanto clásicas como contemporáneas 1.

Revista Económica Supuestos: En sus artículos del Espectador hemos visto que usted tiene un punto de vista bastante crítico de la regla fiscal. ¿Por qué cree que la regla fiscal transgrede el espíritu de la Constitución del 91 y cambia la definición del estado democrático social y de derecho que consigna la misma?

Rodolfo Arango: La Constitución del 91 es muy ambiciosa y progresista, y su interpretación ha llevado a reconocer el carácter fundamental a los derechos económicos, sociales y culturales. La regla fiscal pretende invertir las prioridades, lo posible económicamente es puesto como prioritario sobre lo debido constitucionalmente. En ese sentido, hay una inversión en las prioridades constitucionales. Claramente, la regla fiscal está bien inspirada en el sentido de que sólo debería ser exigible lo que es posible materialmente. Ahí es donde parte el desacuerdo. ¿Quién determina lo que es posible materialmente? Uno puede aceptar que en una sociedad sólo se reparta lo que se grava a través de impuestos o que haya las llamadas redistribuciones económicas, donde se reparte lo que se tiene.

Aquí hay un tema ideológico de fondo muy importante: que es lo que hay por repartir en el país. Siempre se toma el punto de que lo único que hay por repartir son los impuestos. La regla fiscal lo que intentaría es poner la prioridad de la viabilidad económica sobre la vigencia de los derechos fundamentales, claramente la prioridad de la constituyente es la contraria.

Primero están los derechos humanos, porque éstos emanan (1) Basado en la información disponible en: http://filosofia.uniandes.edu.co/ nodo.php?c=Filosof%C3%ADa.

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de principios más elevados como la dignidad humana, la solidaridad social, la igualdad y lo económico se subordina a estos derechos. Lo social es la prioridad en la decisión constituyente del 91. Se cree más en el modelo de libertad del mercado, de competencia, competitividad, productividad y rendimiento económico que en la redistribución. Mi llamado es a hacer las cosas de forma transparente y abierta, y si se pretende erigir como principio constitucional la regla fiscal, lo consecuente es modificar el modelo de estado, dejando explícito que los derechos sociales, económicos y culturales no tienen el status de fundamentales y asumir las consecuencias políticas de la decisión. Pero no hacer como si se garantizaran todos los derechos, como sí simplemente se estuvieran haciendo unos retoques a la Constitución para que sea posible su cumplimiento.

Con la regla fiscal se está haciendo en realidad una reforma a la Constitución sin que se asuma el costo político de quitarle el carácter de social al estado y sin que se acepte el carácter fundamental de estos derechos.

R.E.S.: ¿En qué medida la implantación de la regla fiscal limita los derechos fundamentales?

R.A.: Para asegurar unos derechos sociales fundamentales, la regla fiscal los está condicionando a lo que es posible económicamente tal y como lo establece el gobierno. La regla fiscal supondría una violación de estos derechos, una restricción injustificada así se pretendiera hacer una reforma constitucional. Si la regla fiscal se convierte en un principio constitucional se daría una contradicción de normas constitucionales, sobretodo atendiendo a que hay una interpretación consolidada del alcance de los derechos fundamentales que no podría echarse al piso.

R.E.S.: ¿Quién debe quedar a cargo del cumplimiento de los derechos? ¿Legisladores o jueces?

R.A.: Es claro que en una sociedad bien ordenada el desarrollo de los derechos debe estar a cargo de la instancia democrática, de los órganos de la representación política. En los estados constitucionales de derecho, los derechos fundamentales son un límite al legislador. Los verdaderos estados constitucionales, no

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los estados de derecho a secas, ponen por encima de la voluntad política democrática los derechos fundamentales y establecen unas cortes especializadas para proteger estos principios, las cuales están conformadas por jueces que controlan los actos del legislador, pero que son jueces políticos porque su encargo es realizar los mandatos de la constitución. En ese sentido, son los jueces constitucionales los que deben encargarse del desarrollo efectivo de los derechos fundamentales.

R.E.S.: ¿Qué implicaciones le trae al país que los legisladores sean soberanos en materia económica?

R.A.: En la práctica en Colombia no lo son, históricamente en nuestro país ha habido una desconfianza hacia el legislador con respecto a la posibilidad de tener iniciativa económica en el congreso, y las leyes que suponen costo económico deben emanar de la iniciativa gubernamental. Decir que es el gobierno el que tiene la iniciativa de formular proyectos de ley que implican gasto público realmente recorta el principio de representación y lo centraliza en el presidencialismo del cual adolecemos y que creo que es parte de la problemática que tenemos. El excesivo paternalismo y centralismo ha impedido el desarrollo a nivel regional y descentralizado. En ese sentido, agrava la situación el hecho de centralizar la iniciativa de gasto público en el gobierno, y no ser consecuentemente democrático en el sentido de que haya legisladores que asuman los costos políticos de las decisiones.

R.E.S.: ¿Usted cree que en Colombia es fácil modificar la Constitución?

R.A.: No, pero es plenamente posible. Hoy en día nuestra Constitución es mucho más flexible; la evidencia muestra que después del 92 ha habido muchos cambios.

R.E.S.: Observando los movimientos de Santos en términos de agenda legislativa y promoción de proyectos de ley, ¿qué le cambiaría usted en este momento?

R.A.: Es claro que el gobierno pretende alcanzar una social democracia, pero por una vía equivocada, escogiendo la iniciativa privada y el mercado para cumplir esta meta social. En el tema de educación, por ejemplo, pretende que ésta sea ejercida con ánimo de lucro para que los capitales privados fluyan y creen más capacidad de oferta y mejore la calidad. El proyecto de ley de víctimas muestra lo errado del enfoque, por ejemplo en materia de reparación. La prueba está en que la restitución de tierras tiene un cuello de botella en el asesinato de los líderes campesinos que reivindican sus derechos, y no se toman medidas de fondo, -como que el estado expropie las tierras y las administre por un tiempo para luego entregarlas saneadas a los campesinos. El proyecto de ley permite la venta de éstas a los 2 años, lo que muestra un interés en el mercado de tierra y no en la redistribución.

Hay una gran creencia de que la iniciativa privada genera progreso; sin embargo, se desatiende el aspecto cultural y

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social, que es el fondo del problema colombiano, de la violencia y la injusticia. El problema cultural lo relacionan con conciertos y actividades culturales pero no con la realidad conflictiva de Colombia.

R.E.S.: ¿Qué opina acerca de las regalías?

R.A.: Los planteamientos del gobierno están bien inspirados, en cuanto a que existe concentración de gigantescas ganancias en muy pocos municipios que luego dilapidan los recursos; lo grave es que lo bien intencionado escrito con la mano acaba borrándose con el codo. Las ganancias por explotación del subsuelo a nivel nacional y su más equitativa distribución según las necesidades regionales del país, acaba contradiciéndose con la privatización de la empresa petrolera del país, que le da la posibilidad a sectores particulares de enriquecerse con esta actividad. Además, la masiva inversión extranjera en esa industria de la economía nacional, que siempre se presenta como una necesidad por nuestra falta de capacidad tecnológica, muestra una enorme falta de amor propio por el país, pues las élites colombianas prefieren feriar los recursos del país a fin de gozar de un status socioeconómico que le permita codearse con las élites europeas y norteamericanas.

R.E.S.: En una oportunidad Santos se refirió al pensamiento del filósofo Robert Alexy, ¿qué enseñanza le podría aportar al gobierno colombiano esa filosofía?

R.A.: Es singular el uso que se hizo de Alexy para respaldar la regla fiscal, porque lo usa para mostrar que los derechos son máximas de optimización y que hay que aceptar su restricción según las necesidades fácticas y normativas. Sin embargo, eso es leer sólo parcialmente al autor, porque el autor en la doctrina alemana es uno de los únicos que defiende la idea de que los derechos sociales son verdaderos derechos fundamentales. Es la manera en que se usa por algunos la teoría en nuestro país; simplemente de forma parcial, para respaldar posiciones ideológicas.

R.E.S.: ¿Qué se necesita para pasar de la barbarie a la civilización?

R.A.: Requiere sobre todo el valor de servirse de su propio juicio, como dice Kant en Respuesta a la pregunta “qué es la ilustración”. En Colombia vamos a lograr un avance importante de prosperidad cuando luchemos contra una cultura paternalista, muy influenciada por lo místico e irracional, en la que se piensa que pueden cometerse actos de inmoralidad e ilegalidad y después confesarse para ser perdonado. Esa nefasta doctrina católica ha tenido un efecto negativo en la cultura colombiana; la gente no se responsabiliza de sus actos; una persona puede ser presidente a pesar de haber estado con gobiernos corruptos y criminales. En ese sentido, cuando Colombia entienda que no es posible admitir esas contradicciones empezaremos a ver la luz al final del túnel. Es algo muy profundo en la cultura y difícil de reformar. Debemos perseverar.

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COYUNTURA NACIONAL

Lo que el agua se llevó Lorena Sofía Correa Nataly Grisales “Tal vez podamos comprar tiempo, pero si no pensamos desde ya en cambiar de estilo de vida, no habrá decreto que valga.

Ni vida política” Brigitte Baptiste1

Se conoce como Fenómeno de la Niña a la oscilación climática global caracterizada por bajas temperaturas, cambios a gran escala en los vientos sobre el Océano Pacífico, y un enfriamiento de sus aguas provocando un incremento de las lluvias sobre el continente; en el caso de Colombia, las zonas más afectadas por este fenómeno son las Regiones Caribe y Andina. “La Niña” tiende a formarse a mediados de un año y su intensidad máxima se da al finalizar éste, para volver a menguar a mediados del año siguiente. Según el IDEAM, el país experimentó anomalías en los niveles de precipitación por encima de lo normal en el mes de Marzo de 2010 y en el segundo trimestre del mismo año la situación no cambió: “este mes [Julio] fue el más lluvioso de los julios de los 10 últimos años y en particular en muchas ciudades de las regiones Caribe y Andina se registró el julio más lluvioso de los últimos cuarenta años” (IDEAM Boletín 19, 2010). Aunque en los meses de Agosto y Septiembre se mantuvieron los excesos, en Octubre disminuyeron las precipitaciones para luego incrementarse en el mes de Noviembre; en éste, “se presentaron las precipitaciones más altas de los últimos 40 años en sectores de la Orinoquía” (IDEAM Boletín 19, 2010). El fenómeno de “La Niña” vino a madurar en el mes de diciembre teniendo consecuencias catastróficas para el país.

En el informe de enero presentado por el Sistema Nacional de Atención y Prevención de Desastres2 (SNDAP), encargado de evaluar los daños inmediatos de la ola invernal, se presentan cifras que significan la desgracia de alrededor de medio millón de familias y un reto para el gobierno que debe encontrar soluciones a las difíciles situaciones económicas y sociales (1) Directora del Instituto Alexander von Humboldt.

(2) Ver http://new.paho.org/col/index.php?option=com_content&task=blog category&id=745&Itemid=446.

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generadas. Según este informe, el 2011 empezó con 2.220.482 personas afectadas por el invierno, 310 muertos, 289 heridos y 63 desaparecidos. Son 711 los municipios colombianos que se han visto afectados por las lluvias que destruyeron 5.157 viviendas y averiaron otras 325.379, dejando destrucción en el 63,4% del territorio colombiano. La Costa Atlántica, donde las lluvias aumentaron en un 300%, es la zona más afectada por el invierno, y aún cuando las lluvias cesan, las calamidades continúan: las inundaciones duran meses suspendiendo las actividades de la comunidad y deteriorando escuelas, centros de salud, viviendas y carreteras. Alrededor de 380.000 hectáreas dedicadas a la agricultura se vieron fuertemente afectadas y en algunos municipios la totalidad de los cultivos de autosubsistencia se han perdido, despojando a familias enteras de sus fuentes de ingresos y alimentación. Los pueblos que están ahora aislados por los derrumbes o los daños a carreteras experimentan el aumento en los precios de la comida, lo cual obliga a la mayoría de la población a disminuir sus raciones diarias de alimento. Además, las condiciones de salubridad empeoran con la presencia de aguas estancadas y la ausencia de fuentes de agua potable. Las condiciones de 130.473 damnificados que se alojan en 627 albergues y de las familias que sobreviven con el agua hasta las rodillas son precarias.

La emergencia Los desastres naturales o catástrofes ambientales son en realidad desastres sociales producto de una mala planeación territorial al no tenerse en cuenta las dinámicas ecológicas. Los fenómenos naturales tales como terremotos, inundaciones, tormentas y huracanes, entre otros, no son responsables en sí mismos de “los desastres” que generan puesto que estos surgen cuando las intervenciones humanas, cualquiera que éstas sean, no tienen en cuenta las consecuencias de dichos fenómenos.

Existe una responsabilidad política, aún cuando ésta no ha querido ser asumida. De un lado, está la responsabilidad que deben asumir las autoridades locales que hicieron caso omiso a las alertas de posibles derrumbamientos (como el caso de Bello en Antioquia) y, de otro lado, está la responsabilidad del Estado y sus instituciones al no cumplir lo establecido por ley respecto a la gestión pública y ambiental.

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Las responsabilidades van desde las alcaldías que no hacen cumplir las regulaciones del uso del suelo hasta las corporaciones autónomas regionales, muchas de las cuales han sido convertidas en fortines políticos más dedicadas al clientelismo que a regular el uso del agua. Y en la mitad están aquellos que aprovecharon para apropiarse de las ciénagas y las riberas de los ríos. (La Silla Vacía, Diciembre 2010).

Tal es el caso de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) que no rinden cuentas a ningún otro órgano y cuentan con un presupuesto bastante alto para cumplir su principal función: ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables. Sin embargo, con la emergencia invernal, su papel se ha puesto muy en entredicho ya que su falta de gestión, la malversación del dinero que manejan y la ausencia de criterio técnico en la conformación de su personal, influyeron en la magnitud de la catástrofe. A este respecto, el Gobierno está debatiendo cómo reformar las CAR3 ya que la idea inicial de liquidarlas es imposible dado su origen constitucional.

Desafortunadamente en Colombia no existe un Plan de Ordenamiento Territorial adecuado ni uno de prevención de riesgo y desastres teniendo en cuenta su ubicación geográfica y sus condiciones ambientales, , lo que conlleva a actuar improvisada y erráticamente, a tomar medidas de corto plazo y soluciones a necesidades inmediatas sin nada sólido a futuro; y la tragedia en gran medida se debe a esta situación. Baptiste asegura que se ha creado un esquema de gestión ambiental que garantiza la persistencia de las calamidades. La corrupción, la burocracia y la politiquería no permiten que los procesos de gestión ambiental tengan cabida en la agenda de políticas públicas, o al menos no de la manera como debería y no es suficiente con que estén en el papel. Hay que actuar.

El plan de Reconstrucción

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la información, y la situación está bajo monitoreo directo de Presidencia por medio de Miguel Peñaloza, alto consejero para las regiones. La Presidencia presentó un plan de acción6 en el cual el SNPAD se encarga principalmente de las acciones inmediatas y se considera, para el largo plazo, la “identificación de soluciones estructurales por sector” en aspectos como viviendas, vías, educación, salud e infraestructura así como el ajuste de las políticas de gestión del riesgo. Por otro lado, Juan Manuel Santos nombró a Jorge Londoño Saldarriaga como el “zar de la reconstrucción” con una sola meta: reconstruir al país y recuperarlo después de los efectos de La Niña, económica, social e institucionalmente.

El plan de reconstrucción tendrá 3 fases: la asistencia humanitaria de urgencia a unas 330 mil familias, la rehabilitación de escuelas, redes eléctricas, y obras de infraestructura; y la reconstrucción de todo aquello que esté destruido o se haya vuelto inservible7. Uno de los mayores retos de este Gobierno será evitar que las ayudas por la emergencia invernal se vuelvan el “caballo de batalla” de las campañas electorales que se adelantarán este año. Además, la misión no sólo supone un importante esfuerzo de planeación, sino también una gran capacidad gerencial. Surgen preguntas como ¿Se tomarán medidas que blinden los recursos para que no se despilfarren o terminen en las garras de gobernantes sin escrúpulos, reinas de belleza o futuros embajadores de románticos países europeos? ¿Cómo hacer que las inversiones creen las soluciones de largo plazo que el país necesita para la prevención de desastres y que no resulten siendo “pañitos de agua tibia”? ¿Será que el presidente Santos y su plan de reconstrucción han contemplado la complejidad de la que habla Baptiste? ¿La gestión pública será capaz de sacudirse la corrupción, y politiquería para llevar a cabo verdaderos actos responsables con el ambiente y la sociedad, y desarrollar un modelo socialmente justo y ecológicamente sostenible?

Para esta emergencia invernal, el Gobierno Nacional creó más de 30 decretos de emergencia entre diciembre de 2010 y enero de 2011. El 7 de diciembre el Presidente Santos declaró el “estado de emergencia económica, social y ecológica por razón de grave calamidad pública”4, el gabinete ministerial se reunió para acordar las medidas que se tomarían frente a la situación y se solicitó ayuda nacional e internacional, la cual respondió positivamente. Diferentes organizaciones sociales, el sector privado y ONG extranjeras acudieron al llamado del Presidente Santos e, incluso, el 17 y 18 de diciembre fue organizada una Teletón5 apoyada por el Gobierno y otras entidades públicas y privadas, la cual recaudó $5.351.365.322 pesos para los damnificados. Además se instaló la Sala de Estrategia y Respuesta en el Ministerio del Interior para centralizar

Es posible que la titánica tarea de reconstruir a Colombia sea también la oportunidad de establecer medidas preventivas que disminuyan los efectos catastróficos de los fenómenos climáticos que se conocen y presentan regularmente en el país y para los cuales debe estar preparado. Tal vez este invierno que llevó a repensar la capacidad de prevención y respuesta a los desastres, sea la coyuntura adecuada para hacer lo que pocas veces se hace en Colombia: actuar correctamente desde el principio, llevar a cabo los proyectos pensando en el largo plazo y no limitarse a las medidas de contingencia que no brindan soluciones verdaderas y, por el contrario, sí ponen en riesgo a la comunidad. Ésta puede ser la oportunidad, no sólo de mejorar la seguridad y calidad de vida de miles de colombianos, sino también de generar la infraestructura de comunicación y transporte que necesitan tanto la agricultura

(3) Ver http://www.lasillavacia.com/historia/gobierno-decidira-esta-tardecomo-se-reformaran-las-car-21155.

(4) Ver http://www.dmsjuridica.com/CODIGOS/LEGISLACION/decretos/2010/4580.htm.

(5) Ver http://www.teleton.org.co/index.html.

(6) Ver http://wsp.presidencia.gov.co/Prensa/2010/Septiembre/Paginas/2010 0920_16.aspx.

(7) Ver http://www.lasillavacia.com/historia/la-declaratoria-de-la-emergencia-de-santos-sera-su-katrina-o-sera-su-rescate-de-los-mineros.

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como la industria para mejorar su competitividad y ayudar al desarrollo del país. Si el estado de emergencia sirvió para poner en evidencia la inmensa solidaridad de los colombianos, tal vez también pueda mostrarnos que la corrupción y la politiquería se pueden dejar a un lado a la hora de trabajar para recuperar lo que el agua se llevó.

Referencias IDEAM (4 de septiembre de 2010) Boletín informativo sobre el monitoreo del fenómeno de “La Niña”. Boletín 19, 1-6.

-------- (6 de enero de 2011) Boletín informativo sobre el monitoreo del fenómeno de “La Niña”. Boletín 34, 1-7.

La Silla Vacía (2010). ¿Desastres por decreto o decreto por desastre?. Recuperado el 19 de enero de 2011 de http://www.lasillavacia.com/elblogueo/ blogverde/20441/desastres-por-decreto-o-decreto-por-desastre

La Silla Vacía (2010). Estos son los dueños de las CAR. Recuperado el 19 de enero de 2011 de http://www.lasillavacia.com/historia/estos-sonlos-duenos-de-las-car-20652 Semana (2011). El zar de la reconstrucción. Recuperado el 19 de enero de 2011 de http://www.semana.com/noticias-nacion/zar-reconstruccion/149878.aspx La Silla Vacía (2010). La culpa no es sólo de la Niña. Recuperado el 19 de enero de 2011 de http://www.lasillavacia.com/historia/la-culpa-no-essolo-de-la-nina-20445 Prevención de Riesgos. Prevención y atención de desastres (Parte 1). Recuperado el 18 de enero de 2011 de http://www.pilos.com.co/prevencionde-riesgos/prevencion-y-atencion-de-desastres-parte-1/ Colombia, Inundaciones 2010. Informa de situación No.10. United Nations Office for de coordination of humanitarian affairs. Recuperado el 18 de enero de 2011 de http://www.colombiassh.org/site/IMG/pdf/ Sitrep_10_temporada_invernal_14122010.pdf Univesidad de Antioquia. La ola invernal y los infantes terribles. Recuperado el 20 de enero de 2011 de http://www.udea.edu.co/portal/page/portal/ BibliotecaPortal/DetalleNoticia?p_id=55942455&p_siteid=37

Colombia: Un país que no cree en fantasmas - Camilo Umaña Pizano “Se desata una guerra civil en el Cairo! Miles de manifestantes salen a las calles dispuestos a aguantar hambre con tal de lograr que su presidente abandone el poder.

Han pasado ya han pasado casi tres meses desde que ciudadanos egipcios salieron a las calles a pedir la renuncia del presidente Mubarak. Dos semanas desde que los periódicos de nuestro país decidieron regalarle a la crisis institucional egipcia el monopolio de su información. Sólo se habla de eso. Es el tema de moda. ¿Qué pasaría si se le prestara la misma atención a una noticia de actualidad nacional? ¿Qué pasaría si el estado real de la economía colombiana fuera el tema de moda? ¿Le interesa más a la prensa denunciar problemas internacionales, sobre los que no tenemos ningún tipo de influencia, a reportar tragedias nacionales sobre las que sí podemos trabajar? ¡Se le presta más atención a lo que significa el caos en Egipto que a describir el verdadero alcance de los problemas económicos en nuestro país?

Inflación del 4%, Población por debajo de la línea de pobreza alcanza el 50%, Coeficiente de desigualdad alrededor del 0,6 y desempleo del 12%. Éstas no son más que cifras publicadas en un idioma que no podemos entender. ¿Sabemos acaso lo que significa la inflación o el límite de pobreza? ¿Pensamos realmente en que lo que nos dicen estos índices es que la mitad de población no tiene con que alimentarse, y que el 12% del país no tiene ingresos? Los periódicos tienen en sus manos el poder de entender, traducir y comunicar estos problemas. Deben hacerlos visibles. Por ahora son auténticos fantasmas que deambulan inútilmente en su incansable deseo de ser percibidos.

Lo que hizo visible a la situación en Egipto no fueron las cifras de gente que salió a las calles a protestar. Fue la traducción que hicieron los medios de lo que significa una revolución en el medio oriente. De lo que significa un deseo de transición a la democracia para un pueblo que durante 30 años estuvo a merced de un dictador.

Lo que haría visibles a nuestros fantasmas sería la traducción que hicieran los medios de los índices que los representan. De esa manera entenderíamos un poco mejor nuestro compromiso con Colombia, entenderíamos las necesidades que tenemos como nación y nos comprometeríamos con la que debería ser una de las causas principales de nuestro estado: el mejoramiento de los índices de pobreza.

Si los medios no son capaces de darle voz a lo que representan esos índices, éstos estarán condenados, ya no a formar parte del dolor nacional sino a pertenecer al olvido de un pueblo al que nunca le dieron la oportunidad de creer en sus propios fantasmas.

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agenda legislativa

Ley de víctimas Un vistazo a la viabilidad financiera Iván Bornacelly Desde el pasado 27 de septiembre de 2010 que se radicó el Proyecto de Ley de MEedidas de Atención y Reparación Integral de Víctimas ante el Congreso de la República, todos los sectores políticos y económicos se han pronunciado ante el mismo, por un lado, cuestionando su viabilidad fiscal, y por el otro, reconociendo la voluntad política por parte del gobierno al asumir sus obligaciones constitucionales frente a las víctimas. Si bien se puede argumentar que este proyecto de ley tendría un impacto social favorable sobre la población afectada por la violencia en las últimas tres décadas, y, además, contribuiría sustancialmente al proceso de reconciliación y la paz nacional, existen vacios relacionados con la viabilidad económica, la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo y los criterios de asignación de las indemnizaciones. A esto se le suma el capítulo sobre restitución de tierras el cual presenta problemas de carácter institucional y viabilidad financiera.

Componente Responsable Capacitación de 200 Jueces anuales. InforNación mación de Asesoría y Apoyo. Artículo 29.

El Proyecto de Ley 107 (PL 107/2010) tiene como principal objetivo la reparación de víctimas mediante medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición1, sujetas a principios esenciales de los cuales se destaca la sostenibilidad fiscal de acuerdo con el artículo 18 del capítulo 2 del texto definitivo. Esto con el fin de permitir la continuidad del proyecto, la progresividad del mismo, y el cumplimiento de los compromisos a los que el Estado se está sometiendo.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el PL 107 costaría entre 25 y 40 billones de pesos, cifra que asumiría en un 98% el gobierno central. Este monto constituye todo el proceso judicial y administrativo, la red nacional de información sobre víctimas, servicios de salud, educación, rehabilitación física y psicológica, la ayuda humanitaria, medidas de restitución de vivienda y tierras, crédito, empleo, atención humanitaria de emergencia y de transición entre otros no menos importantes. ¿Cuánto? $ 206.000.000

Permanente

Nación

$ 28.774.100.000

$6.500 millones por una vez, $5.000 millones permanente $5.500 millones por una vez, $500 millones permanente.

Según evaluación de riesgo.

Nación

$ 16.700.000

Costo por una vez

Nación

$ 2.575.000.000

Costo por una vez

Nación

$ 26.746.000.000

Hasta terminar el proceso judicial.

$ 1.206.175

Hasta terminar educación media. Depende del número de solicitudes

De la Red Nacional de Información para la Nación atención y reparación de víctimas. Artículo 55

$ 11.500.000

Construcción de Memoria Histórica. ArtíNación culo 77.

$ 5.500.000

Medidas especiales de protección. Artículo 37.

Medidas especiales de protección per cápita anual Artículo 37.

Gasto de la víctima en relación con el proceso penal. Artículo 40.

Gastos generales referentes a las medidas y requerimientos judiciales. Artículos 29, 34, 39 y 77.

¿Cuándo?

Medidas en materia de Educación. Per cápita Municipio o anual. Artículo 43.

Departamento

(1) Gaceta del Congreso No 1.139. 28 de diciembre de 2010.

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Componente

Responsable

¿Cuánto?

Servicios de asistencia en salud y Servicios de Municipio Rehabilitación Per cápita anual. Artículo 46.

$ 5.653.035

Ayuda Humanitaria y Medidas en materia Nación y de crédito. Artículo 53 y 66 Municipios

$ 6.000.000.000

Medidas en restitución materia de vivienda.

Nación Artículo 61.

$ 430.000.000.000

Medida de restitución en capacitación y Nación planes de empleo urbano y rural. Artículo 67

$ 44.089.635.000

Indemnización por vía administrativa. ArNación tículo 69

500.000.000.000

Atención Humanitaria de Emergencia y de Nación transición. Artículo 110 y 111.

Derechos de los niños, niñas, y adolescentes víctimas (incluye minas antipersonales). Nación Artículo 115 y 123 Restablecimiento de los derechos Artículo Nación 117.

$ 2.482.772 por hogar

¿Cuándo?

Por una vez. El plazo depende del número de solicitudes.

En casos de actos de terrorismo Durante 2011. En adelante según solicitudes efectuadas y asignación de recursos.

8 años 12 años. Dependerá del número real de víctimas que se registren Depende se las solicitudes efectuadas

$ 337.173.000.000

Hasta que abandone su condición

$ 1.000.000.000

Costo por una vez

Referencia: Presentación Octubre 5 de 2010 del PROYECTO DE LEY No. 107 de 2010“ POR LA CUAL SE DICTAN MEDIDAS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS E INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO” Presidencia de la República.

El valor de cada uno de estos componentes que se detallan en la tabla anterior no es cuantificable con exactitud, dada su dependencia del número de víctimas que se reconozcan en la Red Nacional de Información para la Atención y Reparación.

Esto se dificulta más cuando el conflicto puede continuar y arrojar nuevas víctimas incrementando el número de personas a atender y es menos sostenible cuando se extiende el horizonte de tiempo. Por tal razón, la certificación de la viabilidad del proyecto por parte del Ministerio de Hacienda queda aún en tela de juicio.

Como lo referencia en semana.com, Luis Jorge Garay, Investigador asociado del Comparative Regional Integration Studies Programme of the United Nations University (UNU-CRIS), reconoce lo costoso que es el PL 107 y menciona la importancia de limitar el proyecto en términos de temporalidad y subsidio.

De no ser así el monto fiscal sería excedido. De igual forma, plantea que el objetivo del gobierno no debe ser garantizar el retorno del 100% a las víctimas. Sin embargo, Garay establece que dada las restricciones en el presupuesto se requiere la implementación de una asignación de indemnizaciones bajo un criterio de equidad y de distribución bien definido.

Al mismo tiempo, Iván Palomino, asesor jurídico del Programa Poblaciones afectadas por el Conflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris, en entrevista con el programa de Política Pública de Paz, establece que la insostenibilidad fiscal fue el argumento que llevo al hundimiento del proyecto de ley en su primera

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presentación. Afirma de igual forma que la especulación sobre los costos reales de la reparación y sobre todo la incertidumbre sobre su financiación ha generado problemas de viabilidad del proyecto. Palomino plantea la necesidad de establecer un tope de las indemnizaciones y estas deben instaurarse vía judicial y de manera subsidiaria por parte del Estado. Esto quiere decir que cuando el victimario no pueda asumir su obligación, el Estado debe entrar a tasar y cuantificar los daños materiales y morales que no pudieron ser indemnizados.

De acuerdo con lo anterior, la insostenibilidad del proyecto pone en conflicto los artículos 16, 17 y 18 del mismo. El principio de progresividad (art. 16) que hace referencia al acrecentamiento paulatino de quienes cobija el PL 107, la gradualidad (art. 17) que establece “la responsabilidad Estatal de diseñar herramientas operativas de alcance definido en tiempo, espacio y recursos presupuestales que permitan la escalonada implementación de los programas”2, y el principio de sostenibilidad (art. 18) que sujeta a los dos anteriores -dado que mediante éste el Gobierno Nacional deberá crear un plan nacional de financiación que permita la ejecución del proyecto de ley.

Aún cuando el Gobierno Nacional, en el mismo proyecto de ley, establece en 5 artículos de los 183 que lo componen, cómo se va financiar este proyecto y el origen de los recursos de los fondos a administrar, dentro de los que se destaca los (2) Gaceta del Congreso No 1.139. 28 de diciembre de 2010.

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recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, la donaciones públicas y privadas, aportes provenientes de la cooperación internacional, bienes y recursos que transfiere el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ingresos y rendimientos producto de la administración de los fondos, propiedades rurales que hayan sido objeto de extinción de dominio, sumas recaudadas por entidades financieras, por almacenes de cadena, y el monto establecido por sentencia a empresas que han apoyando grupos armados, entre otros, se queda limitado frente a la estructura de costos a la cual se debe someter el proyecto de ley de víctimas, incluyendo aquellos ingresos concernientes a la restitución de tierra y vivienda.

Sobre el capítulo de Restitución de tierras En este mismo proyecto de ley, se adicionó un capítulo dedicado al restablecimiento de tierras y/o de vivienda, dada la directa relación y convergencia de propósitos de ambos proyectos.

Este capítulo se encamina a restituir a campesinos colombianos cerca de dos millones de hectáreas durante 8 años. Financieramente se ve respaldado por la estructuración de un fondo

el cual contempla recursos provenientes de una fiducia que tendrá como principal beneficiario la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas como se establece en capítulo 3 del PL 107. Sin embargo, el Gobierno no ha esclarecido muy bien los costos relacionados con el proceso de restitución de tierras y las diferentes fuentes de financiación de manera concreta. Sobre todo cuando las Naciones Unidas no solo exige la restitución de bienes inmuebles sino de aquellos bienes que le permitan al individuo recuperar su dignidad, de acuerdo con la Resolución 60/147 (como se cita en el informe No. 65 de Fedesarrollo) Para terminar, es importante aclarar que si bien es cierto, el proyecto de ley no está teniendo en cuenta todas las implicaciones económicas que conlleva, también es cierto que ésta es una ley por la cual miles de víctimas han estado esperando y una responsabilidad que el Estado ha evadido durante muchos años. Por este motivo, es ideal que el estado planifique de manera correcta y limite las indemnizaciones que les serán entregadas a cada una de las víctimas, esto con el fin de que no sea un mínimo porcentaje de personas las que se vean cobijadas por esta ley, y de esta manera garantizar la vigencia del proyecto en el tiempo.

EL 6% DE LA 26

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FED - Relajación cuantitativa ¿suficiente y necesaria?

Camila Estrada Echeverri Habiendo gastado las municiones monetarias tradicionales para sacar a la economía de la “Gran Recesión”, el Banco Central de mayor incidencia en el mundo optó en noviembre pasado por retomar un instrumento poco convencional en la historia reciente de la Banca Central de Occidente: el control directo de la masa monetaria. Después de llevar prácticamente a 0% la tasa de interés, en respuesta a la “Gran Recesión”, y en vista de una recuperación tímida del aparato productivo, desempleo persistente, el canal de crédito taponado y el mercado de vivienda estancado, la Reserva Federal –FED-anunció la segunda versión de una masiva expansión monetaria, mejor conocida como relajación cuantitativa o quantitative easing -QE2-. Se le llama segunda versión porque en 2008, tras la quiebra de Lehman Brothers, la FED anunció una primera expansión del orden de USD $600 mil millones. Cuatro meses después la elevó a USD $1,8 billones1, la cual, ex-post, no fue suficiente. En 2009 la FED compró USD $1,25 billones en papeles respaldados por hipotecas y USD $300 mil millones en bonos del Tesoro.

Pero la economía se encontraba apresada en una trampa de liquidez, aquella en la cual, a pesar de los bajísimos costos del crédito, la toma de deuda no es de interés de consumidores ni empresas. Los primeros prefieren saldar sus cuantiosas deudas (en gran parte hipotecarias), muchos de ellos desempleados por la crisis; y las segundas esperan a que las condiciones de demanda futura mejoren para tomar decisiones de inversión ó ampliar la plantilla laboral.

La FED se valió nuevamente en noviembre de mecanismos poco ortodoxos; compras adicionales de títulos del Tesoro por valor de USD $600 mil millones, de forma escalonada durante los siguientes seis meses. Se sumarían USD $250 mil millones más, también en Tesoros, por concepto de ven(1) En adelante se entenderá billón como millón de millones (10^12).

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cimiento y reinversión de cupones de títulos ya adquiridos por cuenta del QE1en 2009. El objetivo: eliminar cualquier expectativa de deflación2, pues el permitir que dicho riesgo se acomodara hubiese sido la condena a una “década perdida”, al estilo japonés. Con ello se pretende alojar la liquidez en los balances de los bancos, incentivando la oferta de crédito. La compra de bonos debería mantener bajas las tasas de interés (más las de mediano y largo plazo), para evitar la oleada de embargos hipotecarios.

Aumentar la oferta de dólares de esta forma es, sin embargo, inducir una devaluación competitiva de la moneda, lo cual se traduce en una mayor ventaja a la oferta exportadora estadounidense, tesis que por supuesto, ha rechazado la administración Obama, calificándola como una consecuencia más. Este análisis generó un discurso político muy crítico en contra. Con tan bajas tasas de interés en dicho país, en Europa y Japón (ver gráfico 1), el atractivo de inversión en los países industrializados es muy bajo. En contraste, las economías de Asia y América Latina se encuentran en plena etapa de consolidación del crecimiento, además de presentar en varios casos brotes de inflación, que han llevado y llevarán a muchas de ellas a elevar los tipos de interés (ver gráfico 2). Esa mayor intención de toma de riesgo, sumado a mejores alternativas de inversión, está haciendo que los excesos de liquidez que están bombeando los bancos centrales en las grandes potencias migren inevitablemente hacia mercados que ofrecen rendimientos más altos, en lugar de potencializar la actividad de crédito al interior de los países donde éste está estancado.

También se ha dicho que dichos excesos redundarán tarde o temprano en inflación. Si la FED quería evitar a toda costa cualquier vestigio de deflación, y ahora la preocupación es (2) Deflación: baja generalizada y prolongada del nivel de precios de bienes y servicios. Es el fenómeno contrario a inflación. Suele responder a una caída en la demanda y puede tener consecuencias más negativas que la inflación. Puede desencadenar un círculo vicioso, causa y efecto de la falta de circulación del dinero en la economía, ya que todos prefieren retenerlo.

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la futura inflación , ¿no es ésta una buena señal de que sí se lograron reacomodar las expectativas? La inflación en EE.UU. aún es baja, apenas por debajo del 2,0%. Sin embargo, esa subida en los intereses de bonos que hoy hace desvanecer el peligro deflacionario, es la misma que trae de vuelta riesgos sobre el mercado hipotecario y la recuperación definitiva. Era entonces en principio contradictorio el esperar que se pudiesen borrar las expectativas deflacionarias, induciendo una mayor inflación, sin que las tasas de interés de los bonos se elevaran, poniendo en riesgo la reactivación sostenida del mercado de la vivienda y elevando el costo de la deuda pública.

Por supuesto, al interior de la FED y del Gobierno la tesis es defendida ampliamente. Sin embargo, otros reconocidos economistas lo condenan.

Stiglitz advierte que llevará al debilitamiento del dólar y que EE.UU. “le robará” crecimiento a otras economías (2010, Frangos). Por el contrario, ese “dinero caliente” abrumará a los países emergentes, creando burbujas e inflación. Dichas medidas están “fragmentando los mercados de capitales”, y en su lugar, debe ser el Gobierno quien esté gastando, en provecho del asequible nivel en el que se encuentran las tasas de interés.

También se suma una larga lista de economistas, inversionistas y políticos (algunos de los más reconocidos republicanos), que en carta abierta a Ben Bernanke, presidente de la FED, se opusieron al QE2. Aseguran que el Gobierno debería crear el precedente con un plan nacional de crecimiento, que se base en políticas de relajación impositiva, incremento del gasto y

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regulación, pues el QE2 amenaza con generar distorsiones en los mercados financieros y complicar los esfuerzos futuros de la FED. A manera de contestación, un portavoz de la FED defendió el papel del Banco Central. Recordó que Bernanke no cree que el QE2 pueda resolver los problemas de la economía por su propia cuenta; “la recuperación tardará tiempo y requerirá el esfuerzo conjunto del Banco Central, el Congreso, la Administración, los reguladores y el sector privado” (2010, Bernanke).

Algo en lo cual la FED coincide, es que el QE2 obligará a implementar una estrategia de salida; el retiro eventual de los excesos de liquidez y la subida de los intereses. Uno de los mayores riesgos será el encarecimiento de la deuda. Con 11% en déficit fiscal y más de 90% en deuda como proporción del PIB, se podría conseguir prontamente una combinación letal, que hasta pondría en riesgo la calificación soberana.

La relajación cuantitativa sí era necesaria para mover a la mayor economía del mundo de un potencial espiral deflacionario y del estancamiento económico prolongado. La elección de política fue la de inflar la economía mediante exportaciones competitivas, pero como lo advierte el Premio Nóbel, a costa de inflar artificialmente otras economías, y con el riesgo que incluso la hinchazón de éstas últimas u otros mercados, se llegase a perjudicar sus propios mercados. ¿Suficiente? Tal vez a los ojos de la FED no, aunque es posible que ni ellos lo sepan aún con la información disponible. ¿Recuperación?

Sí. ¿Vigorosa? Al parecer no, por cuenta del desempleo y el

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mercado hipotecario, lo que lleva a esperar que el crecimiento en la primera economía del mundo sea moderado por unos cuantos años más.

Referencias Bernanke, Ben (2010, Noviembre 4). Auxiliando a la economía: lo que la FED hizo y porqué. The Washington Post.

Cavalieri&Worah, John R. & Mihir P. (2010, Noviembre) .Al interior del debate sobre inflación: QE2 y tasas de interés negativas en los TIPS. Pimco.

McMillan, Alex (2010, Noviembre 11). La relajación cuantitativa no funcionará: Stiglitz. CNBC. Stiglitz, Joseph (2010, Octubre 23). Porqué el dinero fácil no funcionará.

The Wall Street Journal.

Weisman, Jonathan (2010, Noviembre 7). Crecen reacciones violentas contra la FED. The Wall Street Journal.

Isidore, Chris (2010, Octubre 29) Porqué el audaz movimiento de la FED no funcionará. CNNMoney.com.

Frangos, Alex (2010, Noviembre 11) Stiglitz a Obama: usted está equivocado sobre el QE. The Wall Street Journal.

(2010, Noviembre 15) Carta abierta a Ben Bernanke. The Wall Street Journal.

(2010, Octubre). Panorama Económico Global. Fondo Monetario Internacional.

Barro, Robert (2010, Noviembre 23). Reflexiones sobre el QE2. The Economist.

Larkin, Nicholas (2011, Febrero 7).Inversionistas poseen USD $102 mil millones en apuestas al oro y la plata. Bloomberg.

Kisling, Withney (2011, Febrero 7). Estimaciones de ventas del S&P 500 superarían las de 2006. Bloomberg.

Swanson, Ian (2011, Febrero 4). Tasa de desempleo cae a 9,0%; se crean 36.000 puestos de trabajo. OnThe Money.

Lanman, Scott (2011, Febrero 7). Bernanke apuesta que las materias primas no avivarán preocupaciones de inflación. Bloomberg.

¿Decrecimiento económico? ¡Por favor! - José Osler Alzate Mahecha El semestre pasado tuve la oportunidad de asistir al Congreso Nacional de Estudiantes de Economía, realizado en Manizales, cuyo tema era la “Economía de los Recursos Naturales.” Una conferencia en particular llamó mi atención. El conferencista había venido a hablar de “decrecimiento económico.” La idea era la siguiente: como el crecimiento está acabando con el medio ambiente, debemos dejar de consumir y de producir, para así lograr mantener el medio ambiente.

Al no haber oído nunca el término, me quedé un rato para entender cuál era el raciocinio de esta teoría, pero me quedé esperando.

Tengo que aclarar en que estoy de acuerdo que el PIB no es un buen indicador de la distribución del ingreso y mucho menos de la felicidad. Pero de ahí a decir que debemos decrecer porque el crecimiento es malo ya me parece exagerado.

Estoy seguro que existe una relación entre el desarrollo y la erradicación de la pobreza, tan fácil como la relación entre la construcción de colegios y el alfabetismo, así no sea perfecta. Claramente hay que tener en cuenta el medio ambiente cada vez que se hable de crecimiento; lo que no me parece es que exista una tasa marginal de sustitución entre niños y bosques. ¿Cuántos niños se deben dejar en la pobreza para salvar un árbol? Con razón se le llama a la economía la ciencia lúgubre.

Al hablar de esto se me viene a la cabeza Malthus, si bien ahí la conclusión era mucho más directa: como la población crece de manera geométrica y los alimentos de manera lineal, habrá mucha pobreza en el mundo. Sin embargo, este problema se resuelve sólo: el fondo de salarios es suficiente para satisfacer una cierta cantidad de población al salario de subsistencia, por lo que la población es endógena. Si esta aumenta por encima de cierto nivel, pues más pobres se morirán y así retornaremos al equilibrio. El ser humano es la única especie que se preocupa por las demás, y esto me parece muy bien. Pero tengo miedo de que lleguemos al punto en que ya no reconozcamos si es más valioso erradicar la desnutrición o proteger al murciélago orejudo oriental, o cualquier otra especie en vía de extinción. Claramente, estas dos opciones no son mutuamente excluyentes, pero para la teoría de decrecimiento económico pareciera que sí. Debemos buscar el desarrollo sostenible, pero, por favor, no perdamos el enfoque.

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CONTENIDO EXTERNO

La agenda económica del gobierno en el Congreso Congreso Visible

Proyectos económicos radicados por el gabinete del presidente Juan Manuel Santos (junio-diciembre 2010)

Fecha de radicación Agosto 31 de 2010 Septiembre 30 de 2010 Octubre 15 de 2010

Tipo

No. del proyecto

Título del proyecto

Proyecto de Acto Legislativo

123/10 C, 13/10 S

Sistema General de Regalías

Proyecto de Ley

112/10 C

Regla Fiscal

Proyecto de Ley

124/10 C, 174/10 S

Normas Tributarias

Reforma a las Regalías En su primer debate realizado en la Comisión I del Senado, se estableció que los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) se destinarán, entre otros campos, a la preservación del medio ambiente, prioritariamente. Así mismo se determinó que la ejecución regional de los recursos se haría en coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo; y que de los recursos del SGR, se destinará un 10 por ciento para proyectos de ciencia, tecnología e innovación en todas las entidades territoriales, y otro 10 por ciento para ahorro pensional territorial.

De igual manera, se abrió la participación en los recursos del SGR a los municipios ribereños y en los que nace el Río Magdalena (además de los departamentos y municipios donde se exploten recursos naturales no renovables, y donde existan puertos por donde se transporten estos productos), pero no se hacen mención exacta de qué municipios harían parte de este grupo. Este inciso se amplía mucho más en el segundo debate (Plenaria de Senado) al permitir la participación, a través del Fondo de Participación de Entidades Productoras, “a los municipios y distritos costeros de su desembocadura con los recursos de Cormagdalena”. Sin embargo, esa modificación fue eliminada en el tercer debate en la Comisión I de la Cámara.

En el segundo debate también se estableció que el Fondo de Compensación Regional destinará recursos a las regiones más pobres distribuyéndolos de acuerdo con los criterios establecidos por las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Este criterio de 26

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Comisión donde se encuentra el proyecto Plenaria de Senado Comisión IV Cámara -------

Estado actual

Fecha del último estado

Aprobada conciliación Aprobado primer debate Sancionado como ley

Diciembre 14 de 2010 Diciembre 13 de 2010 Diciembre 29 de 2010

distribución fue eliminado posteriormente en el tercer debate de la iniciativa, donde además se dispuso que los recursos del SGR se ejecutarán directamente por las entidades territoriales productoras. Finalmente, el cuarto debate en la Plenaria de la Cámara se desarrolló sin mayores cambios en el texto de la iniciativa. ¿Cómo fue votado en las plenarias este proyecto?

Hace un año, cuando fueron elegidos los miembros del Congreso 2010-2014, y tras conocerse el acuerdo de Unidad Nacional, se habría pensado que los proyectos de la coalición de gobierno se impulsarían fácilmente (por reunir a los congresistas de los partidos de la U, Conservador, Cambio Radical y Liberal). Sin embargo, ya son conocidas las fisuras al interior de este acuerdo, lo que ahora ha obligado a preguntarse qué tan homogénea es esta coalición.

Al analizar los índices de disciplina obtenidos en la Cámara de Representantes, se observan algunas diferencias entre los partidos.

Cuando se calcula la disciplina mediante el Índice de Acuerdo Partidista (IAP), medida que tiene en cuenta el voto del vocero y las abstenciones, los partidos Verde y de la U resultan ser los más disciplinados registrando índices de 0,71 y 0,64 respectivamente (donde 1 es el máximo nivel de disciplina y 0 es el mínimo).

Al utilizar el índice de Rice (IR), el cual solo tiene en cuenta los votos por el Sí y por el No, el Partido de la U también registra un alto nivel de disciplina, al igual que el Polo Democrático, ambos con 0,92. Sin embargo, el Verde aún mantiene un nivel alto (0,71) con respecto a la mayoría de partidos.

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En el Senado, los más disciplinados siguen siendo los verdes utilizando ambas metodologías (0,93 tanto con el IAP como con el Rice). Esta situación puede entenderse al recordar que esta colectividad es una de las más pequeñas del Congreso (con cinco senadores y tres representantes) por lo que la coordinación entre sus miembros puede ser más sencilla, en comparación con los otros partidos más grandes. En esta corporación, el Polo Democrático fue el único que mantuvo su posición de oposición al proyecto, mientras que el Conservador presentó una división interna al aprobar el articulado (dos votos a favor y uno en contra).

Posteriormente, la Plenaria de Senado agregó, al final del articulado, varios incisos relacionados con los impuestos pagados en el exterior, con el Programa de Reactivación Agropecuaria Nacional, y con la exención del IVA para el combustible del transporte aéreo con destino a Vaupés, Guainía y Amazonas.

Por otro lado, Cambio Radical presenta los niveles más bajos de disciplina de acuerdo con el IAP, tanto en Cámara (0,56) como en Senado (0,48). Pero esta situación se revierte al analizarlo desde el índice Rice con el que llega a obtener, en la Cámara, uno de los índices más altos (0,93), sugiriendo que este partido de la coalición de gobierno se ha abstenido a la hora de votar o, simplemente, sus miembros no llegaron a la Plenaria para ejercer su voto. Allí también, se registró la total oposición del Polo (como ocurrió en Senado), y fragmentación de los partidos Conservador, PIN y Cambio Radical.

La disciplina a la hora de votar En el proyecto que implementa normas tributarias, los resultados muestran un alto promedio de disciplina en la Cámara de Representantes (0,96) de acuerdo con el Rice (que como se detalló, no tiene en cuenta las abstenciones). La colectividad que se destaca con los índices más altos es el Partido Conservador, tanto con el Senado (0,87) como en la Cámara (0,93). Pero al medir su disciplina con la metodología IAP (que contempla las abstenciones), los niveles bajan relativamente.

La “mini reforma tributaria” En un principio, la iniciativa fue calificada como una “minireforma tributaria”, sin embargo, durante el trámite por el Congreso el número de artículos de la misma fue aumentando considerablemente, comenzando con 18 en el texto radicado, luego con 46 en el primer debate, para concluir con 68 (en el cuarto debate) y 67 en el texto final sancionado como ley.

Las comisiones terceras conjuntas iniciaron la discusión de la iniciativa realizando el primer y tercer debate donde se efectuaron cerca de 35 cambios al texto. En esta instancia se agregaron, entre otros puntos, la eliminación de un punto del impuesto del 4 por mil cada dos años desde el 2012, el levantamiento de la reserva de información de los contribuyentes para compartirla (con fines estadísticos) con el DANE, y nuevos incisos sobre la distribución de combustibles líquidos en las zonas de frontera y sobre los beneficios de la auditoría.

La Plenaria del Senado, en el segundo debate del proyecto, continuó realizándole importantes cambios. En primera medida, excluyó una adición hecha en el anterior debate que pretendía la eliminación de un punto del impuesto del cuatro por mil en el 2012, haciendo que su desmonte comience en el 2014 con una reducción de dos puntos ese año. Así mismo, se determinó que el 25 por ciento de los recursos obtenidos entre el 2012 y 2013 por el gravamen a los movimientos financieros serán destinados para atender a los damnificados del invierno.

Otras modificaciones importantes que se realizaron en este debate tienen que ver con los medios de pago para efectos de la aceptación de costos, deducciones, pasivos e impuestos descontables, y con las tarifas del impuesto al patrimonio.

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Finalmente, el cuarto debate realizado en la Plenaria de la Cámara no registró importantes cambios. Los representantes realizaron 11 modificaciones al texto, pero solo dos fueron aceptadas en la conciliación del texto sin cambiar sustancialmente el contenido del mismo.

Cabe destacar el comportamiento del Partido de la U en la Cámara en donde registró un índice IAP de 0,58, mientras que con el Rice obtuvo un índice de 0,94. Esta es una diferencia muy amplia que indica un gran porcentaje de abstenciones al interior de la colectividad, pero señala que los miembros participan en las votaciones lo hacen de manera coordinada.

Un conclusión similar puede dejar los registros del Partido Liberal, el cual obtuvo los índices más bajos de disciplina con el IAP (0,56 en Cámara y 0,55 en Senado), pero muestra índices más regulares con el Rice (0,90 en Cámara y 0,81 en Senado).

La regla fiscal Esta iniciativa consiste en ahorrar en momentos de auge y gastar en tiempos de recesión y contempla la fijación de una meta de reducción progresiva del déficit fiscal estructural que para el 2015 quedaría en 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto. Su entrada en vigencia sería el 1 de enero del 2012. El Congreso solo ha aprobado el primer debate de la iniciativa, desarrollado en la Comisión IV de la Cámara de Representantes, pero este texto aún no se ha publicado oficialmente, por lo que no es posible conocer los cambios surgidos en este debate.

Finalmente, al realizar este breve panorama de las iniciativas más importantes en materia económica, es posible concluir que, a pesar de las fisuras que se han encontrado al interior de la coalición de gobierno, esta ha logrado impulsar y aprobar los proyectos promovidos por el gabinete del presidente Santos.

Sin duda, la coalición ha sido efectiva. Pero también es una realidad que sus congresistas, por diversas circunstancias, no llegan a las votaciones de plenarias (aquí estudiadas). Sin embargo, la coalición alcanza a conformar el quórum mínimo necesario para aprobar dichas iniciativas.

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EL ECONOMISTA

CARLOS GUSTAVO CANO Laura Castro Miguel Eusse Rodrigo Galindo Leidy Riveros Carlos Gustavo Cano es economista de la universidad de los Andes con posgrados en Economía de la Universidad de Lancaster, en Gobierno y Economía Internacional de la Universidad de Harvard y en Alta Dirección Empresarial en el INALDE. Se ha desempeñado como gerente de la Federación Nacional de Arroceros, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia y presidente de la Caja Agraria. En el año 2002 fue nombrado como Ministro de Agricultura. En la actualidad es Co-Director de la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia.

Revista Económica Supuestos: Dr, en términos de Agenda Legislativa, ¿cómo vamos con biotecnologías y política de tierras?

Carlos Gustavo Cano: En Biotecnología, yo espero que mi ex alumno y ex viceministro Juan Lucas Restrepo, nos contribuya en esa tarea. Sin embargo, como los gobiernos son muy cortos, es la Universidad la tiene que apropiarse del conocimiento, pero del conocimiento aplicado; es su negocio, es su función. De ahí la importancia de que por ejemplo, la Universidad de los Andes mire hacia la Orinoquia, porque el mundo está mirando hacia la Orinoquia (de pronto más que nosotros mismos), y unos cuantos especuladores ya empezaron a hacerse a tierras con un buen sentido de la oportunidad, mirando hacia el futuro.

Hay un potencial enorme de tierras que no necesariamente está en la Orinoquia sino dentro de la propia área que se considera ya frontera agrícola abierta en Colombia, pero muy mal usada.

Colombia tiene 114 millones de hectáreas, imagínense ustedes que sólo el 4% está dedicada a producir comida, a producir agricultura. Los estudios agroecológicos y agrogeográficos del Agustín Codazzi muestran que la vocación real para la agricultura está en el 19%. De modo que nosotros sin ni siquiera abrir frontera agrícola en la Orinoquia, en los Llanos, podríamos más que cuadruplicar el área que está hoy dedicada a la producción de alimentos y esa área que no está dedicada a la producción de alimentos está dedicada en teoría a ganadería extensiva altamente ineficiente. Además, esos mismos trabajos nos muestran que la real vocación ganadera de Colombia no

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debería pasar del 12% del área y llega al 37%. ¿Cuál es la razón?

Entre otras, la tragedia que ha venido sufriendo Colombia y que castró a una generación desde el punto de vista de su vocación para ocuparse del campo que fue el narcotráfico y la violencia, y más recientemente, el narcoparamilitarismo-latifundismo, eso distorsionó el uso de la tierra, pero esa herencia hay que corregirla. A mi juicio, la primera contribución en ese sentido, muy efectiva, fue la política de seguridad democrática, que no ha terminado, no se ha consolidado, pero me parece que en muy buena hora el gobierno del presidente Santos decidió mantener la política de seguridad democrática. Como complemento esencial, la política de tierras. Y la política de tierras pasa no solamente por la reparación de las víctimas que es esencial, sino por solucionar el mal uso de las tierras porque en Colombia, en general, almacenar tierra poco cuesta, o no cuesta, quiero decir que la tributación predial, no en todas partes, pero casualmente donde existe mayor conflicto entre la vocación real y el uso la tributación predial es bajita, irrisoria, mínima o inexistente. Si a usted no le cuesta almacenar tierra, usted acumula tierra como una forma de inversión y de acumulación de riqueza para rentas futuras, es como una alcancía y como a usted no le cuesta eso, no tiene que hacerla rendir. Si el impuesto predial se revisa sin llegar a excesos para inducir por la vida del mercado y no por la vía administrativa de las reformas agrarias normativas que tanta ineficiencia y corrupción generaron, sino que pone a funcionar al mercado, los mismos dueños de tierra o se vuelven eficientes y buenos agricultores o crean un mercado de tierras, lo sacan al mercado, parcelan las tierras, y las arriendan, las venden.

Entonces ese tema lo está asumiendo con seriedad el gobierno y creo que es el paso a seguir, que no contradice la seguridad democrática. Primero, las cosas necesitan un ambiente de paz, de tranquilidad en los campos para que esa tarea se pueda realizar.

De modo que biotecnología y política de tierras constituyen dos ejes enormes para el futuro de una Colombia que puede aprovechar con mucho éxito, si lo hace bien.

R.E.S.: Dr., enfocándonos más en su experiencia, cuéntenos ¿cuál fue su primer trabajo después de haberse graduado?

C.G.C.: Bueno, yo terminé en la Universidad, y luego tenía que hacer mi trabajo de grado y lo hice sobre los flujos de ahorro institucional desde la periferia hacia el centro porque a mí siempre me obsesionó la desigualdad regional, el centra-

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lismo y la debilidad de las regiones de la periferia. Yo nací en Ibagué aunque hice mi bachillerato en el Colegio San Ignacio en Medellín, pero desde que estaba en Ibagué yo me daba cuenta que todos los años se iban para la capital, y sobre todo en el caso de Ibagué, porque eso no sucede en todas partes, no sucede con Bucaramanga ni con Medellín, eso no sucede con Cali y como Ibagué está muy cerca, es una especie de satélite al servicio del centro, entonces me ocupé en esa tesis. Además, como había un trabajo muy importante que había hecho el entonces asesor de la ANDI, el doctor Gabriel Poveda Ramos, y la ANDI funcionaba en Medellín, decidí irme para Medellín para que el doctor Poveda me dirigiera la tesis. Estando en esas, en la mitad de la tesis me dijo el doctor Poveda: “Carlos Gustavo están buscando en industrias alimenticias Noel (que hoy es del Grupo Nacional de Chocolates), un director de planeación porque han creado el departamento de planeación y yo les hablé de usted y les interesa entrevistarlo”. Entonces me entrevistaron y me engancharon en Noel, y fui director de planeación de Noel durante poco más de un año. Gané experiencia, pero eso me costó aplazar la tesis y entonces me demoré para graduarme un poquito. Estando en Noel, quería hacer una maestría en Economía y apliqué la Universidad de Lancaster, y allá estuve casi dos años haciendo mi maestría en Economía. Como todo economista que le interese la macroeconomía a pesar de que yo tenía mi cimiento en el tema regional, llegué y me enganché en el DNP, donde en ese momento el staff técnico de los economistas estaba concentrado allí. Pero casualmente, al entrar a DNP yo me enganché en la nómina del Banco de la República, en ese entonces el staff del Banco no era tan fuerte como hoy, pero sí tenía una nómina como en comisión en el DNP y fui empleado del BR. Desde ese entonces yo siempre soñé con regresar al Banco.

R.E.S.: Y en este orden de ideas, ¿cuál ha sido el cargo que le ha presentado mayores desafíos?

C.G.C.: Yo creo que cada cargo tiene sus desafíos. Yo no puedo decir que uno tiene más desafío que el otro; pero si yo me pusiera a repasar cada uno de esos cargos habría dos elementos comunes que, creo yo, permiten superar cualquier desafío: primero, la perseverancia: no rendirse al primer golpe, sino al contrario, levantarse y ser terco. Segundo, la humildad: no sentirse uno sobrado. Cuando ya tú estás enfrentado, independientemente de tu pasado, a unos desafíos tú tienes que ser perseverante y humilde, y la humildad es la materia prima de la fortaleza para la lucha. Si uno no es humilde, no va a tener el vigor para luchar; creo que la humildad es la que le da a uno la fuerza para luchar frente a cualquier desafío. Hablemos, por ejemplo, de lo más reciente: El Banco. Yo regresé al banco y regresé a esta tarea de la macroeconomía después de muchos años. Y cuando lo hice me tocó volver a estudiar economía, como loco, aquí con mis colegas y con el staff técnico que ha sido mi profesor. Me tocó volver a tomar los textos de economía porque los míos, los que yo había utilizado cuando estuve en la universidad y en planeación, ya ni existían, había cambiado todo, entonces me tocó volver a estudiar, a ser autodidacta, hacer un esfuerzo

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tremendo. Entonces, los primeros años en el banco fueron de un stress inmenso y yo no me podía vencer, yo tenía que leer y leer, ser humilde, preguntar, decirle “Pare” a los muchachos, espere que no entiendo y hay que preguntar todo lo que usted no entienda, porque si usted deja pasar una pregunta sin respuesta, después le queda un vacío en su vida que es terrible.

R.E.S.: ¿Cómo cree que ha cambiado la enseñanza de la economía entre su época y la actualidad? En otras palabras, ¿Cómo ve a la enseñanza de la economía hoy en día?

C.G.C.: Aunque la Universidad de Los Andes, desde que yo estuve allí, siempre se distinguió por un sistema muy flexible, el sistema de créditos, que te permitía tocar otras áreas del conocimiento; en aquella época no era tan flexible y tan rica como es ahora. Yo creo que ha evolucionado para bien, porque, por ejemplo, a las ciencias políticas o las clases de estética y de filosofía en la facultad, se les miraba con un poco de arrogancia y se calificaban como “costuras” y resulta que eso es una equivocación tremenda, es un irrespeto al conocimiento; no solamente no son costuras, sino que son indispensables para que un buen economista no se equivoque ni a la salida ni a la llegada. Entonces, hoy en día yo creo que ha evolucionado favorablemente el estudio de la economía; claro, es muy especializado, pero al fin y al cabo, mucho más universal. En la economía tienes que tener herramientas básicas fundamentales, las matemáticas, la estadística, le econometría, es decir, la teoría económica en sí, pero hay unos elementos que tal vez al principio del nacimiento de la ciencia económica en Colombia se soslayaban o no se les daba la importancia que se debía, como el conocimiento de la historia, el de la antropología, el de la psicología, el de la política, del gobierno. Y hoy se ha abierto, en la economía, una rama muy importante que es la economía del comportamiento, que no está construida únicamente por economistas, sino por psicólogos, antropólogos, sociólogos, y hasta neurólogos.

Otra cosa y es que por el modernismo, creo yo, se le olvidó a mi generación por un buen tiempo, creo que ustedes sí lo están retomando, y es que el creador de de la ciencia económica moderna, Adam Smith, antes que economista, escribió la teoría de los sentimientos morales. Porque la ciencia económica es una ciencia moral, pertenece a la rama de la moral y a la rama del comportamiento humano. Una cosa es que uno necesite herramientas y técnicas de toda índole, pero uno no puede olvidar el norte, o si no, se equivoca. La teoría de los sentimientos morales es un libro que tenemos que leer y releer todos los economistas del siglo XXI. R.E.S.: ¿Cómo hacer política económica en un país tan reticente a los cambios?

C.G.C.: Yo creo que hay que tener el sentido de urgencia, generar el sentido de urgencia. Por ejemplo, el tema de las pensiones necesita un sentido de responsabilidad intergeneracional y para ese tema yo me aliaría con los jóvenes, porque esos son los que van a perder si no hacemos la reforma pensional…es a ustedes

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los que les toca esa bomba. Ese es un tema generacional, y yo no vi ninguna juventud hablando de eso.

R.E.S.: ¿Qué le puede decir a los futuros economistas? ¿Qué consejos hay para los próximos graduandos?

Asi, el sentido de urgencia frente al tema pensional lo tienen los jóvenes; segundo, si tu como policymaker quieres hacer la reforma pensional tengo que hacer una alianza para el cambio, ¿Con quién? con los que ganan con la reforma; tercero, decir para dónde voy; y cuarto, victorias de corto plazo, para poder negociar.

C.G.C.: Pues consideren que el título les dura cinco años, hay que renovarlo todos los años. Volver a los fundamentos y leer la teoría de los sentimientos morales y darse cuenta que la ciencia económica es una ciencia moral y una ciencia del comportamiento más que una ciencia matemática o una exacta. Es más, en vez de ciencia exacta, arte moral y arte del comportamiento.

MILA, ¿quién gana y quién pierde? - Ramiro Rodríguez Revilla El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) consolidará las intenciones de integración de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS) para formar el mercado más grande de la región por número de emisores (564 empresas), el segundo por capitalización bursátil (US$442.000 millones) y el tercero por volumen negociado (US$57.500 millones anuales).

Chile, Colombia y Perú conforman el segundo mercado latinoamericano por tamaño del PIB (más de 635 billones de dólares) detrás del mercado brasilero (1574 billones de dólares) para el 2010; de los cuales Chile tiene el mayor valor producto per cápita de la región con aproximadamente USD 11500, duplicando los productos per cápita de Colombia (USD 6200) y Perú (USD 5200) como resultado de la aplicación por más de dos décadas de políticas económicas serias, de apertura de sus mercados y fue “premiado” en el 2010 al ser el único país sudamericano que forma parte de la OECD (el club de los países ricos).

El mercado de valores de Perú (primer productor mundial de plata, segundo de cobre y tercero de estaño) tiene una mayor oferta de títulos mineros, que representan el 53% de la capitalización del mercado local. En la bolsa de Colombia, el sector industrial constituye el 78% de su capitalización, mientras que en la bolsa de Santiago tiene un mayor peso las empresas de servicios, que equivalen al 32% de su capitalización. Dada esta estructura de los mercados, se observa una clara complementariedad de los mercados que será aprovechada en mayor medida por los agentes que tengan una cultura inversionista más arraigada y que posean recursos para ahorrar y comprar títulos valores (entiéndase el país con mayor producto per cápita).

Chile no solo tiene el mayor producto per cápita de los tres países integrantes del MILA, sino que sus comisionistas tienen la mayor fortaleza patrimonial: durante el 2010 sus balances ascendieron a USD 1.397 millones; también es el que más emisores líquidos aporta (97), en gran parte gracias a sus políticas de apertura comercial. Los comisionistas colombianos suman USD 516 millones en su patrimonio, mientras que los peruanos son los más “débiles” al sumar USD 15 millones; sin embargo, la economía peruana viene creciendo a unas tasas promedio de más del 5% desde hace 10 años, y se proyecta como una de las economías emergentes de mayor crecimiento de la región para los próximos años.

Los colombianos negocian sus ahorros en la Bolsa cuando existen empresas confiables, lideres en su sector y con proyección comprobada; así lo demostraron cuando Ecopetrol diseñó tres etapas para la primera colocación del 10% de sus acciones: entre el 27 de agosto y el 25 de septiembre de 2007, cuando se dio la ejecución de la primera etapa, los agentes sobredemandaron en un 25%, así que no hubo necesidad de programar las restantes etapas. En el caso de ISA la sobredemanda llegó al 40% cuando realizó la segunda emisión de acciones en el 2002.

La integración permitirá a los inversionistas mayores alternativas de inversión en instrumentos financieros (inicialmente se negociarán títulos de renta variable), considerando que la BVL permite negociar también en dólares. Del mismo modo, para los emisores se ampliará la demanda para su financiamiento al convocar a los agentes de los tres países. El mercado chileno entra con un pie de ventaja sobre los otros dos mercados, pero éstos últimos aprenderán de primera mano de la experiencia bursátil de los australes; a largo plazo se podría pensar que el MILA sea el pionero de una futura integración económica.

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agenda legislativa

Ley de primer empleo Camilo Andrés Álvarez Willie Hernández

¿En qué estamos?

La idea del éxito de la gestión gubernamental en los últimos años, se sustenta en que la economía colombiana ha tenido un crecimiento neto de su PIB de 4.1%, con respecto al que tuvo la región en promedio de 3.1% (World Development Indicators (WDI) & Global Develpment Finance (GDF)., 2010). La confianza inversionista, la buena imagen del país y las excelentes oportunidades de negocios que el territorio colombiano ofrece, han sido determinantes para que el Producto Interno Bruto (PIB) se haya comportado de manera satisfactoria en estos años. A pesar de la crisis, descubrimos que es posible dinamizar la economía y tener un horizonte lleno de oportunidades. No obstante de esta mermelada de buenos tiempos, se evidencia una contradicción en la idea del “éxito” mencionada en principio: las cifras de desempleo hoy en día se ubican en el 11.8% y el 51,7% de los ocupados tiene un empleo informal; de éstos, 51,4% eran hombres y 48,6% mujeres (Gráfica 1).

Estas cifras son, sin lugar a dudas, la muestra de cómo para unos este crecimiento económico ha sido muy favorable, y como para otros no ha significado una mejoría en su calidad de vida. Las anteriores cifras, además de que son preocupantes en cuanto a la idea determinística de “éxito” que se nos ha querido vender, se suman a la problemática del desempleo juvenil, tema en el cual se concentrará el siguiente artículo.

En este orden de ideas, la mejor evidencia que se puede presentar son los datos del último periodo respecto al desempleo juvenil, el cual se ubica en el 18,9% para los jóvenes entre 14 y 26 años de edad (Ver Gráfica 1), mientras que el promedio del total nacional es de apenas del 10,5% para el mismo periodo (DANE). Esta es una situación que merece atención ya que se refleja en el historial de desempleo juvenil desde el 2001, mostrando como para las mujeres jóvenes la cifra no ha descendido del 24% y para los hombres jóvenes no ha descendido del 20% (Ver Gráfica 2). Esto se compara con la tasa de desempleo nacional, la cual ha mantenido un promedio del 11,62% en los últimos diez años, alcanzando su máximo en el año 2002 con un nivel del 14,7% (DANE), lo cual implica que el desempleo juvenil en promedio, siempre ha sido mayor al desempleo nacional.

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Lo que se propuso Ante esta situación el Senador liberal Luis Fernando Duque García, siguiendo con la idea de la colectividad de su partido, propuso en el año 2010 la Ley de Formalización y del Primer Empleo. La ley se concentra en tres puntos con el fin de reactivar el mercado laboral de Colombia de forma sostenible y organizada para el largo plazo. Primero, ambiciona la formalización empresarial la cual se llevará a cabo por medio de un incentivo que promete que las empresas que se adhieran a esta ley, puedan asumir sus obligaciones tributarias de forma progresiva, es decir, en el primer y en el segundo año la tarifa del impuesto de Renta será de cero por ciento que posteriormente irá aumentando con el paso de los años hasta llegar al nivel estándar. El segundo punto, y el cual nos interesa mayormente para este análisis, se enfoca en el primer empleo, el cual tiene como estímulo que los empleadores que vinculen a trabajadores sin experiencia menores de 25 años serán exentos de pagar los aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar) en los primeros años del contrato y con algunas condiciones adicionales. Por último, la ley promueve que cada entidad del Estado deberá hacer un esfuerzo para la simplificación de trámites con el fin de reducir los costos para la formalización.

Más allá de la ley…

Dentro del análisis realizado sobre esta ley, existen una serie de implicaciones que es fundamental detallar. En este sentido, se empieza a develar la lógica que los incentivos económicos tienen sobre las decisiones y en los resultados de esta clase de iniciativas. Para comenzar se debe mencionar que dentro de la ley se contempla que los trabajadores con este contrato de aprendizaje, recibirán el 75% del Salario Mínimo Legal Vigente (SMLV). Esto podría significar un beneficio para los empleadores, del cual no estarían dispuestos a renunciar tan fácilmente, generando de esta manera que los contratos de “aprendizaje” se volvieran la regla y no la excepción.

Se encuentra además una implicación relacionada con el desbalance que sufrirían los diferentes segmentos por edades de los trabajadores. En principio, no solo los jóvenes son los únicos que necesitan apoyo gubernamental para entrar activamente a hacer parte del mercado laboral, también existen las personas

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que están fuera de ese rango de edad, y por las condiciones del país no han podido entrar a éste.

En el mismo orden de ideas, es una realidad en nuestro país que un adulto, mayor de cuarenta años, es considerado en muchos casos obsoleto para el mercado laboral. ¿Cuántas hojas de vida son rechazadas por tan solo el criterio de qué tan viejo se es? La ley del Primer Empleo podría significar consecuentemente seguir haciendo más joven al mercado, ya que si antes se era obsoleto a los cuarenta años, ahora esa edad se podría reducir. Hay que agregar además que analistas como Eduardo Sarmiento plantean que lo que se necesita realmente no es tratar de buscar medios para subsidiar la entrada de estos jóvenes al mercado a costa del equilibrio de los demás trabajadores, sino generar las políticas educativas y económicas para incentivar el emprendimiento en los mismos (Sarmiento, 2009). Borrar aquella idea de trabajadores por empresarios, como muchas veces se ha mencionado, es la idea fundamental que plantea este analista. Esta última concepción establece un claro horizonte para solucionar estructuralmente el problema del empleo en Colombia, sin embargo, es necesario para tal fin enfocarse en la capacitación, en mejorar los programas de educación superior y en modificar la cultura de los jóvenes trabajadores, por jóvenes emprendedores.

Desde una perspectiva optimista, se aprecia que en la medida en que los incentivos al despido aumenten, se generará miedo en los trabajadores de edades superiores porque se sentirán presionados por el sistema que tendería a cambiar a los asalariados de 40 años por jóvenes más productivos y con nuevas ideas. No obstante, el mercado tendría menores costos ya que la nómina de un joven es mucho menor que la de un veterano,

esto generaría unas ganancias netas superiores que podrían aumentar la demanda laboral, generando nuevos empleos que a la vez generarían un círculo virtuoso.

Casos internacionales Siguiendo las experiencias europeas frente a este tema de gran controversia en el país, podemos llegar a tener tantas contradicciones como se quiera. Según analistas económicos de la Universidad Paris I, “La Loi de Premier Embauche” (ley de primer empleo francesa) (Chirac, 2006) consiguió 70.000 nuevos contratos para los jóvenes, clausurando los 10 años de inestabilidad económica que vivía Francia; no obstante, le daba el poder al contratista de despedir sin ningún motivo o justificación alguna a los empleados lo que provocó revueltas “graves” en la capital parisina (Cahuc & Carsillo, 2006). En Bélgica, la ley de primer empleo fue motivada por una película ganadora en Cannes llamada Rosetta que contaba la historia de una mujer que no conseguía empleo y se quedaba en la pobreza, por lo tanto la ley se denomino “Plan Rosetta”, la cual prometía un empleo seguro a mas tardar 6 meses después de graduarse (Federal Ministry of Employment and Labour, 2001). Aunque la ley fue popular en los jóvenes, dio mucho que hablar en los círculos de negocios y en los sindicatos debido a que el ministro belga de Empleo, Laurette Onkelinx, lanzó la ley de un momento para otro enfrentándose a las críticas de muchos analistas que le tachaban de irresponsable al gastar una gran cantidad de dinero en salarios. Los reproches más fuertes eran por parte de los empresarios que se veían obligados a contratar a todos los jóvenes sin importar la calidad de la mano de obra (European Industrial relations observatory on-line, 1999).

Gráfica 1. Tasa global de participación, ocupación y desempleo de los jóvenes de 14 a 26 años según sexo Trimestre móvil septiembre - noviembre de 2010 Total nacional

Fuente: DANE - GEIH

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Gráfica 2. Tasa de desempleo de la población de 14 a 26 años por sexo Total nacional Trimestre móvil septiembre - noviembre (2001-2009)

HOMBRES

MUJERES

Fuente: DANE - GEIH

Amanecerá y veremos Definitivamente habrá que esperar que suceda con los efectos que esta ley traiga. Como se ha mencionado, la ley es un buen intento de generar incentivos para incorporar a los jóvenes al mercado laboral, lo cual desde muchos puntos de vista es absolutamente loable; sin embargo, para los lentes del economista las buenas intenciones no bastan, es necesario analizar y prever las consecuencias de la estructura propuesta de incentivos. Podríamos estar hablando de un desequilibrio absoluto en cuanto edades, haciendo que el mercado laboral colombiano se incline por la oferta de trabajadores de menos de treinta años, desplazando sin lugar a duda al segmento mayor a esta edad que cada vez sufre más problemas en la consecución de empleo en el país.

Además, es fundamental la integración de estrategias y políticas públicas para poder afrontar problemas de esta magnitud. Si bien hacer intentos para que los jóvenes entren al mercado laboral es importante, también es primordial mejorar los estándares de los niveles de educación. Buscar, como lo decía Sarmiento, cultivar la idea de empresa en las nuevas generaciones, hacer del emprendimiento parte fundamental de su formación.

Visto lo anterior lo que resta por decir es que “amanecerá y veremos”. Tendremos que esperar a constatar si los efectos

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de esta iniciativa lograrán conseguir los resultados esperados o si, por el contrario, generarán incentivos perversos que deteriorarán aun más el mercado laboral colombiano.

Bibliogra ía Cahuc, P., & Carsillo, S. (2006, 06). the shortcomings of a partial release of employment protection Laws: The case of the french reform. Retrieved Enero 21, 2011, from International Monetary Fund: http://books. google.com.co/books Chirac, J. (2006). Pour l’égalité des chances. LOI n° 2006-396 .

European Industrial relations observatory on-line. (1999, noviembre 28).

Rosetta plan launched to boost youth employme. Retrieved febrero 5, 2011, from EIRONLINE: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/1999/11 Federal Ministry of Employment and Labour. (2001, junio). Discussion Paper From Host Country Government: Belgium. Retrieved enero 20, 2011, from The “Rosetta Plan” : http://pdf.mutual-learning-employment.net/ pdf/official-paper-belgium-jun01.pdf Medición del Empleo Informal, Trimestre Octubre-Diciembre del 2010.

(2011, febrero 4). Departamente Administratico Nacional de Estadistica. Retrieved febrero 5, 2011, from http://www.dane.gov.co/files/ investigaciones/boletines/ Sarmiento, E. (2009, abril 8). Los cambios del mercado laboral. La crisis y el empleo .

World Development Indicators (WDI) & Global Develpment Finance (GDF).

(2010). World Data Bank. Recuperado el 4 de febrero de 2011, de http:// databank.worldbank.org/ddp

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agenda legislativa

“Mini Reforma Tributaria” en búsqueda de sostenibilidad, transparencia y modernización Carlos Echeverry La llamada “Mini Reforma Tributaria” fue concebida como un plan de acción para lograr de manera sencilla pero certera unos niveles eficientes de sostenibilidad, transparencia y modernización del sistema tributario por parte del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. En sus inicios se planteó como una reforma concisa orientada a atender las necesidades económicas del país a través del recaudo de 6 billones de pesos anuales1. Sin embargo, el proyecto de ley aprobado el 15 de diciembre de 2010, contempla una serie de artículos nuevos que se enfocan en la consecución de recursos para atender a los damnificados por la ola invernal y agrega una serie de controles a los costos financieros, desviando el objetivo inicial.

Fuente: Dinero.com

Desde su gestación a mediados del 2010, en la reforma se propusieron medidas encaminadas a generar cambios que permitieran un mayor recaudo de manera más eficiente, y los más importante, sin subir tarifas. Todas las propuestas mostraban un álgido deseo por recuperar la transparencia en la forma como se recauda el dinero por parte del Gobierno, sin afectar a los estratos más bajos, por el contrario, cobrando más a los estratos 5 y 6. Por su parte, la modernización del sistema de recaudo también fue una meta que se planteó el Gobierno, implementando formas de recaudo más sencillas, con un mayor grado de eficiencia, que permitan reducir costos de transacción.

Pero en realidad, el corazón de la reforma es lograr una sostenibilidad fiscal que funcione en paralelo con la recuperación económica, que es el principal reto para la economía. Esto implica por supuesto la reducción del déficit fiscal, el cual se espera que sea menor al 4,5% del PIB alcanzado en el 2010.

Todo lo anterior se encuentra pactado minuciosamente dentro de la reforma, pero como ante cualquier reforma surge la pregunta, ¿Es posible cumplir todas las metas propuestas? ¿Por lo menos en el mediano plazo?

El proyecto de ley El proyecto de ley número 124 de 2010 de la Cámara y 174 de 2010 del Senado, por medio del cual se dictan normas tributa(1) Aprobada primera reforma tributaria. Revista Dinero. Diciembre 16 de 2010. Recuperado el 10 de enero de 2011, en http://www.dinero.com/actualidad/economia/aprobada-primera-reforma-tributaria_81284.aspx.

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rias de control y para la competitividad, es el documento que presenta todos los artículos aprobados de la reforma. Tal y como su nombre lo indica, ésta aspira a tener efectos de control, al intentar modernizar y optimizar la forma en que se lleva a cabo el recaudo de tributos, al tiempo que se pretenden establecer mecanismos de control que permitan una completa claridad en temas de evasión de impuestos al volver más eficaces los procesos de auditoría por parte de la DIAN. Como lo establece el proyecto de ley: “La DIAN continuará su proceso de modernización tecnológica con el fin de simplificar y disminuir los procedimientos requeridos para cumplir las obligaciones tributarias formales y sustantivas.”2 Por su parte, el objetivo de lograr mejorar en términos de competitividad también se evidencia claramente en el proyecto de ley. Con el fin de que las empresas nacionales no pierdan su capacidad de competir en el mercado frente a las firmas extranjeras y con el afán de que la situación de desempleo mejore en el país, la reforma se plantea reducir los costos de las empresas. Un ejemplo claro es la eliminación de la sobretasa por el uso de energía por parte de las industrias, como lo establece el proyecto de ley: “Los usuarios industriales tendrán derecho a descontar del impuesto de renta a cargo por el año gravable 2011, el cincuenta por ciento (50%) del valor total de la sobretasa. A partir del año 2012 dichos usuarios no serán (2) Informe de conciliación al Proyecto de ley 124 de 2010 Cámara, 174 de 2010 Senado. Recuperado el 11 de enero de 2011, en http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/elministerio/prensa/Historicos/2010/materialdeapoyo2010/INFORME%20DE%20CONCILIACION%20REFORMA%20TRIBUTARIA.pdf

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sujetos del cobro de esta sobretasa”3. Además, la pretensión de reducir el déficit fiscal podría eventualmente lograr la recuperación del grado de inversión de la deuda, y en consecuencia mejorar la competitividad. Según el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry (2010), “Colombia exige mucho a la inversión extranjera, lo cual lastima la competitividad. Se tienen que aumentar las empresas que hacen negocios aquí”, afirma.

La reforma alcanzó un total de 67 artículos en los cuales se estipulan acciones a favor de los empresarios y de los estratos más bajos. Según el ministro de Hacienda, el balance es positivo ya que se aprobó la esencia de la reforma. De esa manera, la aprobación de más recursos para enfrentar los daños generados por la ola invernal, la reducción de los costos para los empresarios, y la garantía de los recursos para los estratos 1, 2 y 3, cuyos subsidios no fueron alterados, son el pilar de una reforma que el Gobierno califica como exitosa y que generará un recaudo cercano al 0,8% del PIB.

Adiciones de última hora: recursos para la ola invernal y propuestas alternas

Fuente: El Colombiano.com

A pesar de que la reforma nació como un plan de acción para sanear el erario público y generar una mayor productividad de las empresas nacionales, se reconsideraron algunos de los usos que se le dará al dinero tras la ola invernal que se experimentó a finales del 2010. Así, algunos de los recursos se encaminaron a la inversión en pro de reconstruir los daños alcanzados por el invierno.

supuestado inicialmente. No obstante, en el caso del control al sector financiero, el gremio bancario ha demostrado su descontento y afirma que se atenta contra la actividad privada.

El sector exportador también se podría ver afectado a través de la eliminación de beneficios de exportación a través de comercializadoras internacionales. Según el vicepresidente de Analdex, Diego Rengifo (2010), “A través de las comercializadoras, se pueden gestionar ventas al exterior, y si se les cobra de nuevo el IVA, estos empresarios pierden competitividad”.

Hay un ajuste al impuesto al patrimonio, el cual empezarán a pagar las personas con un patrimonio superior a los mil millones de pesos. De allí se obtendrán recursos para atender a los damnificados por la ola invernal. Según el ministerio: “Con los ajustes pagarán el impuesto al patrimonio cerca de 32 mil nuevos contribuyentes. El recaudo adicional con estas modificaciones será de 3,3 billones de pesos que se destinarán a cubrir esta emergencia”4.

Otro problema que se podría generar es que las perspectivas positivas que tiene el Gobierno cambien y la reforma tome un giro drástico. Podría darse el caso en que el balance de la reforma sea negativo. Según el presidente de Anif, Sergio Clavijo (2010), “el balance arrojaría faltantes por -$2.8 billones, equivalente a un no despreciable -0.5% del PIB si se le añade la reducción unilateral arancelaria, lo cual califica como un autogol fiscal”.

En cuanto a la intervención de tarifas o precios se presentó un artículo que establece que: “El Gobierno Nacional dictará normas que deben observar las instituciones financieras para la fijación, y fusión y publicidad de las tarifas o precios que estas cobren siguiendo para ello los objetivos y criterios señalados para la intervención de dicho sector”5. Dichas adiciones de última hora desvían un poco la esencia de la reforma, pero según el ministro Echeverry, los recursos para la recuperación de la ola invernal son recursos frescos que no afectan lo pre(3) Ibid.

(4) Gobierno expidió 13 decretos al amparo de la Emergencia Económica, Social y Ecológica. Recuperado el 15 de enero de 2011, en http://www.dnp.gov. co/PortalWeb/LinkClick.aspx?fileticket=U7d1h_kAkqE%3d&tabid=1157 (5) Informe de conciliación al Proyecto de ley 124 de 2010 Cámara, 174 de 2010 Senado. Recuperado el 11 de enero de 2011, en http://www.minhacienda.gov.co/MinHacienda/elministerio/prensa/Historicos/2010/materialdeapoyo2010/INFORME%20DE%20CONCILIACION%20REFORMA%20TRIBUTARIA.pdf

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A esperar por los buenos resultados A pesar de la adición de arandelas a la reforma para atender la emergencia invernal y para apretar al sector financiero, se espera que basado en los objetivos de generar competitividad y mejorar el control, encaminados a lograr un mejor y más eficaz funcionamiento del sistema tributario, sumado a una perspectiva enmarcada en una visión de mediano plazo que apunta a la sostenibilidad y la equidad en el frente fiscal, se pueda tener confianza en que la reforma va a tener resultados positivos para el país y todos sus ciudadanos.

Ahora solo resta esperar a que la reforma traiga buen viento y se logré invertir los recursos que se recauden en mayor gasto social, en el mejoramiento de la productividad del sector empresarial y en la reconstrucción de las zonas devastadas por el invierno.

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la facultad

Noticias El pasado 26 de marzo se realizaron los grados de la Facultad. La Universidad cuenta con un reconocimiento especial llamado Grado Summa Cum Laude, que se otorga a aquellos graduandos de pregrado cuyo promedio acumulado en la carrera se encuentre en el 1 por ciento más alto del promedio histórico de los graduandos de su facultad, en los últimos cinco años. Adicionalmente, se premia a los estudiantes que gocen del reconocimiento de profesores y compañeros por sus excepcionales calidades académicas y humanas. En esta ocasión el reconocimiento fue para los estudiantes: José Álzate y Pascual Restrepo.

Economistas de la Universidad de los Andes rumbo al exterior Los siguientes son Economistas de la Universidad de los Andes que fueron admitidos para realizar sus estudios de doctorado en el exterior.

Estudiante

Universidad

Pascual Restrepo Mesa Harvard University Nicolás de Roux Columbia University Stanford University, London Santiago Saavedra School of Economics, Massachusetts Institute of Technology.

Premios El pasado 12 de enero durante la 12ª Conferencia Anual de la Red de Desarrollo Global, los profesores Marc Hofstetter, Jorge Tovar y Miguel Urrutia lograron la medalla de investigación en la categoría “Domestic Resource Mobilization and Financial Sector”, por su trabajo Effects of a Mortgage Interest Rate Subsidy: Evidence from Colombia’.

¿Está Colombia preparada para la disolución de la tasa de usura? - Andrés Thomas Lara La tasa de usura es un techo impuesto por la Superintendencia Financiera a las tasas de interés que las entidades del sector financiero le cobran a sus usuarios. Esta medida fue pensada para controlar el precio del crédito para proteger a los usuarios de posibles abusos por parte de las empresas del sector, y hacerlo más asequible a la población.

No obstante, muchos economistas sugieren que este tipo de restricciones solo ocasiona el efecto contrario, ya que las personas con menos recursos que se busca integrar al sistema financiero son a su vez más riesgosas, y los bancos han de darles créditos a una tasa mayor para cubrir las pérdidas que se dan vía impagos; de lo contrario no tendrán incentivo alguno para concederles crédito. Así, a una tasa dada, los bancos solo concederán créditos a personas con un riesgo igual o menor al asociado a dicha tasa, que son además los de mayores recursos.

Sin embargo, esta lógica se basa en el supuesto de competencia perfecta, donde los bancos son precio-aceptantes. Al tener poder de mercado, los bancos no solo pueden ofrecer precios más altos y aumentar sus ganancias, sino que se hace más probable un escenario de colusión. Incluso, en el corto plazo, los bancos entrantes al mercado, a pesar de no coludir con los otros, tendrían incentivos para no alejarse de los precios dados por estos, ya que tienen un capital que solo les permite conceder cierta cantidad de créditos.

En el caso colombiano, existen numerosas entidades financieras, pero las tres más grandes absorben la mitad del mercado de crédito, con una calificación de riesgo A más del 90% de estos. El spread bancario, además, ronda los 8 puntos porcentuales. Esto da muestra del atraso del sector respecto a los mercados industrializados, y lo lejos que aún nos encontramos de la competencia perfecta, y de poder liberar la tasa sin preocupación alguna.

Pese a esto, tenemos un avance significativo respecto a la región, teniendo uno de los spreads más bajos a pesar de lo altamente regulado que se encuentra el sector, y en mejor estado que muchos países que decidieron liberar la tasa de interés, como lo hizo Bolivia, teniendo excelentes resultados en el mediano plazo en el acceso a crédito y la bancarización de la población.

La experiencia recomienda una suavización de dicha regulación, si bien los avances más importantes solo se verán en la reducción de costos operacionales del sector para bajar el spread y en el avance de la lucha contra la pobreza que volverá a los colombianos clientes más atractivos.

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Escuela internacional de verano Junio - Julio 2011 Globalización, Multinacionales e Historia Marcelo Bucheli - profesor de University of Illinois in Urbana

Cursos dirigidos a: • Profesionales del sector público y privado • Profesores universitarios • Estudiantes de maestría y doctorado • Estudiantes de últimos semestres de pregrado

Econometría de series de tiempo Ana María Herrera - profesora de Wayne State University

Macroeconomía internacional en economías emergentes

Andrés Neumeyer - profesor de la Universidad Torcuato Di Tella Andrés Fernández - profesor de la Universidad de los Andes

Técnicas para evaluación de impacto Felipe Barrera - World Bank

Microeconomía de la pobreza y la desigualdad

Michael R. Carter - profesor de University of California- Davis Andrés Moya - Candidato a Doctorado en Economía Agrícola y de Recursos Naturales University of California - Davis

Desarrollo económico de América Latina en el largo plazo James Robinson - profesor de Harvard University Pablo Querubín - Investigador post-doctoral en Harvard Academy for International and Area Studies Leopoldo Fergusson -Ph.D. en Economía de Massachusetts Institute of Tecnology

Las peculiaridades de la historia económica colombiana INFORMES Universidad de los Andes Facultad de Economía Calle 19 A No. 1 - 37 Este, Edificio W Bogotá, Colombia Conm.: (571) 339 4949/99 ext.: 2470 e-mail: contactoeconomia@uniandes.edu.co

James Robinson - profesor de Harvard University Malcolm Deas - Profesor de Oxford University

Análisis real y optimización para economistas Juan Pablo Torres-Martínez - profesor de la Universidad de Chile

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supuestos Revista de los estudiantes de la Facultad de Economía / Edición No. 4 / Abril 2011 4

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Estrategia fiscal del gobierno Insuficiente pero necesaria