En el ojo de la tormenta

transporte masivo. Las historias más trágicas son las de los ciudadanos que usan las más de 350 empresas de transporte tradicional que no cuentan con contrato de concesión ni están sujetos a regulación alguna. Menos de diez empresas son dueñas de sus propias unidades vehiculares; la gran mayoría alquila la ruta a propietarios particulares. Ante la ausencia de un vínculo laboral entre la empresa y los conductores/cobradores, no están obligados a ofrecer un buen servicio a los usuarios. Tampoco cumplen con el recorrido y tiempo de viaje establecidos ni existe un control de frecuencia (tiempo de intervalo entre un vehículo y otro). Entonces, ¿cómo pueden ofrecen seguridad cuando los conductores trabajan más de diez horas al día en vehículos en mal estado?

La Ley 30900, que significó la creación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), obliga la implementación del Servicio Integrado de Transporte (SIT) a las empresas que sean propietarias de unidades vehiculares (a gas natural o eléctricos) mayores a los nueve metros de largo, así como establecer claramente los vínculos laborares con sus trabajadores, contar con recaudo electrónico y control mediante GPS. Una vez establecido este servicio, el Estado ofrece subsidiar el pasaje. Después de cuatro años (y es cierto que la pandemia causó retrasos en general), los ciudadanos de Lima y Callao ¿podrían reconocer algún cambio entre la gestión de las municipalidades provinciales y la nueva autoridad ATU? Por el contrario, hay graves cuestionamientos. La presidenta ejecutiva fue remplazada entre opiniones legales antagónicas, las empresas concesionarias del Metropolitano aún no entran en la fase de operación pese al tiempo transcurrido y exigen al Estado el pago de la deuda acumulada y de las empresas concesionarias de los cinco corredores complementarios.

Por otro lado, los corredores “verde” y “amarillo” dejaron de operar por no alcanzar la rentabilidad, el “morado” anunció que dejaría de operar en julio y el “rojo” reclama cumplir con la rentabilidad señalada en el contrato. El transporte urbano está en el ojo de la tormenta y la ATU tiene la responsabilidad de cumplir el encargo de la ley. Hay una tenue luz al fondo del túnel, pues recién arranca el proceso para la formulación del Plan de Movilidad Urbana (PMU). Mientras tanto todo seguirá igual y con pronóstico reservado.