Revista de estudios sociales no 47 by Universidad de los Andes

Revista47 de Estudios Sociales Bogotá - Colombia

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes

septiembre - diciembre 2013

ISSN 0123-885X

http://res.uniandes.edu.co

RECTOR Pablo Navas Sanz de Santamaría

DECANO FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Hugo Fazio

EDITORA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Martha Lux

Fundadores Francisco Leal Ph.D. Universidad de los Andes, Colombia

Germán Rey Dr. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

Comité Editorial María José Álvarez Ph.D. Universidad del Rosario, Colombia

Angelika Rettberg Ph.D. Universidad de los Andes, Colombia

Héctor Hoyos Ph.D. Stanford University, Estados Unidos

José Carlos Rueda Dr. Universidad Complutense de Madrid, España

Catalina Muñoz Ph.D. Universidad de los Andes, Colombia

Fernando Purcell Ph.D. Universidad Católica de Chile

Diana Ojeda Ph.D. Pontificia Universidad Javeriana, Colombia

director editora Hugo Fazio Dr. hfazio@uniandes.edu.co

Martha Lux Dra. res@uniandes.edu.co COORDINADORA EDITORIAL Ana Pérez MA. al.perez241@uniandes.edu.co

Comité Científico Denise Quaresma da Silva Dra. Universidade Feevale, Brasil Carl Henrik Langebaek Ph.D. Universidad de los Andes, Colombia Javier Moscoso Ph.D. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España Lina María Saldarriaga Ph.D. Universidad de los Andes, Colombia

Rogerio Santos Dr. Universidade Católica Portuguesa, Portugal Víctor M. Uribe-Urán Ph.D. Florida International University, Estados Unidos Juan Gabriel Tokatlian Ph.D. Universidad de San Andrés, Argentina

Equipo Informático Alejandro Rubio Claudia Vega Hernando Romero Corrección de Estilo y Traducción Español Guillermo Díez Inglés Felipe Estrada Portugués Roanita Dalpiaz

Dirección de Arte y Diagramación Leidy Sánchez Imagen de Portada Nemesio Antúnez, “City Window”, 1950. Museo Nacional de Bellas Artes, Chile Técnica: Litografía - Medidas: 35 x 23 cm Impresión Panamericana Formas e Impresos S.A. Distribución

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ISSN 0123-885X Dirección: Cra 1a No 18 A-10, Ed. Franco, of, G-615 Teléfono: (571) 339 49 49 ext. 4819 Correo electrónico: res@uniandes.edu.co Periodicidad: cuatrimestral Páginas del número: 224 Formato: 21.5 x 28 cm. Tiraje: 500 ejemplares Precio: $ 20.000 (Colombia) US $ 12.00 (Exterior) No incluye gastos de envío

El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para su uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se cite la fuente. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización del Comité Editorial de la Revista. Las opiniones e ideas aquí consignadas son de responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.

Revista47 de Estudios Sociales Bogotá - Colombia

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes

http://res.uniandes.edu.co

septiembre - diciembre 2013

ISSN 0123-885X

La Revista de Estudios Sociales (RES) es una publicación cuatrimestral creada en 1998 por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y la Fundación Social. Su objetivo es contribuir a la difusión de las investigaciones, los análisis y las opiniones que sobre los problemas sociales elabore la comunidad académica nacional e internacional, además de otros sectores de la sociedad que merecen ser conocidos por la opinión pública. De esta manera, la Revista busca ampliar el campo del conocimiento en materias que contribuyen a entender mejor nuestra realidad más inmediata y a mejorar las condiciones de vida de la población. La estructura de la Revista contempla seis secciones, a saber: La Presentación contextualiza y da forma al respectivo número, además de destacar aspectos particulares que merecen la atención de los lectores. El Dossier integra un conjunto de versiones sobre un problema o tema específico en un contexto general, al presentar avances o resultados de investigaciones científicas sobre la base de una perspectiva crítica y analítica. También incluye textos que incorporan investigaciones en las que se muestran el desarrollo y las nuevas tendencias en un área específica del conocimiento. Otras Voces se diferencia del Dossier en que incluye textos que presentan investigaciones o reflexiones que tratan problemas o temas distintos. Documentos difunde una o más reflexiones, por lo general de autoridades en la materia, sobre temas de interés social. El Debate responde a escritos de las secciones anteriores mediante entrevistas de conocedores de un tema particular o documentos representativos del tema en discusión. Lecturas muestra adelantos y reseñas bibliográficas en el campo de las Ciencias Sociales. La estructura de la Revista responde a una política editorial que busca proporcionar un espacio disponible para diferentes discursos sobre teoría, investigación, coyuntura e información bibliográfica; facilitar el intercambio de información sobre las Ciencias Sociales con buena parte de los países de la región latinoamericana; difundir la Revista entre diversos públicos y no sólo entre los académicos; incorporar diversos lenguajes, como el ensayo, el relato, el informe y el debate, para que el conocimiento sea de utilidad social; finalmente, mostrar una noción flexible del concepto de investigación social, con el fin de dar cabida a expresiones ajenas al campo específico de las Ciencias Sociales. Palabras clave: Ciencias Sociales, investigación, reflexión, revisión. Todos los contenidos de la Revista son de libre acceso y se pueden descargar en formato PDF, HTML y en versión e-book.

INDEXACIÓN La Revista de Estudios Sociales está incluida actualmente en los siguientes directorios y servicios de indexación y resumen: • CIBERA - Biblioteca Virtual Iberoamericana/España/Portugal (German Institute of Global and Area Studies, Alemania), desde 2007. • CLASE - Citas latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (UNAM, México), desde 2007. • CREDI - Centro de Recursos Documentales e Informáticos (Organización de Estados Iberoamericanos, OEI), desde 2008. • DIALNET - Difusión de Alertas en la Red (Universidad de La Rioja, España), desde 2006. • DOAJ - Directory of Open Access Journal (Lund University Libraries, Suecia), desde 2007. • EP Smartlink fulltext, fuente académica, Current Abstrac, TOC Premier, SocINDEX with full text (EBSCO Information Services, Estados Unidos), desde 2005. • HAPI - Hispanic American Periodical Index (UCLA, Estados Unidos), desde 2008. • Historical Abstracts y America: History &Life (EBSCO Information Services, antes ABC-CLIO, Estados Unidos), desde 2001. • Informe académico y Académica onefile (Thompson Gale, Estados Unidos), desde 2007. • LatAm -Estudios Latinamericanos (International Information Services, Estados Unidos), desde el 2009. • LATINDEX - Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (México), desde 2004. • Linguistics & Language Behavior Abstracts, Sociological Abstracts, Social Services Abstracts, World Wide Political Science Abstracs (SCA- Cambridge Scientific Abstracts, Proquest, Estados Unidos), desde 2000. • Ocenet (Editorial Oceano, España), desde 2003. • PRISMA - Publicaciones y Revistas Sociales y Humanísticas (CSA-ProQuest, Gran Bretaña). • PUBLINDEX - Índice Nacional de Publicaciones Seriadas Científicas y Tecnológicas Colombianas, (Colciencias, Colombia), desde 2004. Actualmente en categoría A1. • RedALyC - Red de Revistas Científicas de América Latina y El Caribe, España y Portugal (UAEM, México), desde 2007. • SciELO - Scientific Electronic Library Online (Colombia), desde 2007. • SCOPUS - Database of abstracts and citations for scholarly journal articles (Elsevier, Países Bajos), desde 2009. • Social Science Citation Index (ISI, Thomson Reuters, Estados Unidos), desde 2009. • Ulrich’s Periodicals Directory (CSA- Cambridge Scientific Abstracs ProQuest, Estados Unidos), desde 2001. Portales Web a través de los cuales se puede acceder a la Revista de Estudios Sociales: • http://www.lablaa.org/listado_revistas.htm (Biblioteca Luis Angel Arango, Colombia). • http://www.portalquorum.org (Quórum Portal de Revistas, Universidad de Alcalá, España). • http://sala.clacso.org.ar/biblioteca/Members/lenlaces (Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO, Argentina).

Temas Varios 9-10

Presentación

• Martha Lux – Universidad de los Andes, Colombia • Ana Pérez – Universidad de los Andes, Colombia

Temas Varios 12-24 25-38 39-50

¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el franquismo y la transición española • José Carlos Rueda Laffond – Universidad Complutense de Madrid, España

La democracia como política pública: oportunidades para el fortalecimiento democrático • Alejandro Monsiváis Carrillo – El Colegio de la Frontera Norte, México

Hacia la multiplicidad del espacio en la historia. Relaciones entre el cambio social y los cambios en la disciplina en las últimas cuatro décadas • Fabio Vladimir Sánchez Calderón – Universidad de los Andes, Colombia

51-66

67-78 79-91

92-106 107-117 118-132

133-146

147-156 157-168

Ciudadanía en femenino. Aportaciones de las mujeres inmigrantes marroquíes, ecuatorianas y rumanas en España • Carlota Solé – Universidad Autónoma de Barcelona, España • Olga Serradell – Universidad Autónoma de Barcelona, España • Teresa Sordé – Universidad Autónoma de Barcelona, España

Las percepciones sociales en Europa sobre el rol de la ciencia y la tecnología • Andoni Eizagirre – Universidad de Mondragón, España

Empleabilidad, educación y equidad social

• María Marta Formichella – Universidad Nacional del Sur, Argentina • Silvia London – Universidad Nacional del Sur, Argentina

Indigentes urbanos: entre la estigmatización y la exclusión social en la ciudad de Buenos Aires • Fernando Groisman – Conicet / Universidad de Buenos Aires, Argentina • María Eugenia Sconfienza – Flacso, Argentina

Justicia global y el gobierno de las migraciones internacionales

• Juan Carlos Velasco – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España

Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007) • Juan Carlos Checa Olmos – Universidad de Almería, España • Ángeles Arjona Garrido – Universidad de Almería, España

Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información propuestas desde 2000 hasta 2011 • Mayda Patricia González Zabala – Universidad del Magdalena, Colombia • Jenny Marcela Sánchez Torres – Universidad Nacional de Colombia

Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán: intelectuales, políticos y soldados • Tomás Leyton – Universidad de Chile

La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicos

• Diosey Ramón Lugo-Morin – Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente, España

Documentos 170-176 177-181

El dolor crónico en la historia

• Javier Moscoso – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España

Participación política de desmovilizados: Universidad Nacional de Colombia y Naciones Unidas, 28 de abril de 2013 • Francisco Leal Buitrago – Universidad Nacional de Colombia / Universidad de los Andes, Colombia

Debate 183-190

La comprensión del fenómeno religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales • Ángela Iranzo Dosdad – Universidad de los Andes, Colombia

Lecturas 192-194

Leibniz, Gottfried Wilhelm. 2007 [1734]. Discurso sobre la teología natural de los chinos –Carta del Sr. Leibniz sobre la filosofía china al Sr. N. De Rémond, Consejero del Duque Regente e introductor de embajadores [1716] • Renán Silva – Universidad de los Andes, Colombia

195-198

Rosenberg, Emily (ed.). 2012. A World Connecting: 1870-1945 • Hugo Fazio Vengoa – Universidad de los Andes, Colombia

Varied Topics 9-10

Presentation

• Martha Lux – Universidad de los Andes, Colombia • Ana Pérez – Universidad de los Andes, Colombia

Varied Topics 12-24 25-38 39-50

A Never Ending Past? Discourse and Communist Public Memory in Francoism and the Spanish Democratic Transition • José Carlos Rueda Laffond – Universidad Complutense de Madrid, Spain

Democracy as Public Policy: Opportunities for Strengthening Democracy • Alejandro Monsiváis Carrillo – El Colegio de la Frontera Norte, Mexico

Towards the Multiplicity of Space in History. The Relation between Social Change and Changes in Discipline in the Last Four Decades • Fabio Vladimir Sánchez Calderón – Universidad de los Andes, Colombia

Feminine Citizenship. Contributions from Moroccan, Ecuadorian and Romanian Immigrant Women in Spain 51-66

• Carlota Solé – Universidad Autónoma de Barcelona, Spain • Olga Serradell – Universidad Autónoma de Barcelona, Spain • Teresa Sordé – Universidad Autónoma de Barcelona, Spain

67-78

The Social Perception of the Role of Science and Technology in Europe

79-91 92-106 107-117 118-132

133-146

• Andoni Eizagirre – Universidad de Mondragón, Spain

Employability, Education, and Social Equality

• María Marta Formichella – Universidad Nacional del Sur, Argentina • Silvia London – Universidad Nacional del Sur, Argentina

Urban Indigents: Between Stigma and Social Exclusion in the City of Buenos Aires • Fernando Groisman – Conicet / Universidad de Buenos Aires, Argentina • María Eugenia Sconfienza – Flacso, Argentina

A Global Justice Framework for the Governance of the International Migrations • Juan Carlos Velasco – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spain

Immigrants as Seen by the Spanish. Between Threat and Competition (1997-2007) • Juan Carlos Checa Olmos – Universidad de Almería, Spain • Ángeles Arjona Garrido – Universidad de Almería, Spain

Analysis of Information Society Inclusion Strategies of the Colombian Government Proposed Between 2000 and 2011 • Mayda Patricia González Zabala – Universidad del Magdalena, Colombia • Jenny Marcela Sánchez Torres – Universidad Nacional de Colombia

147-156

Continuities and Ruptures in the Discourses of the Afghan War: Intellectuals, Politicians, and Soldiers

157-168

The Rural Collective Action in the Dynamics Productives Systems

• Tomás Leyton – Universidad de Chile

• Diosey Ramón Lugo-Morin – Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente, Spain

Documents 170-176 177-181

Chronic Pain Through History

• Javier Moscoso – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spain

Political Participation of Demobilized People: Universidad Nacional de Colombia and United Nations, April 28, 2013

• Francisco Leal Buitrago – Universidad Nacional de Colombia / Universidad de los Andes, Colombia

Debate 183-190

Understanding the Religious Phenomenon and its Challenges for Social Science • Ángela Iranzo Dosdad – Universidad de los Andes, Colombia

Readings 192-194

195-198

Rosenberg, Emily (ed.). 2012. A World Connecting: 1870-1945 • Hugo Fazio Vengoa – Universidad de los Andes, Colombia

Temas Vários 9-10

Apresentação

• Martha Lux – Universidad de los Andes, Colômbia • Ana Pérez – Universidad de los Andes, Colômbia

Temas Vários 12-24

Um passado que não cessa? Discurso patrimonial e memória pública comunista no franquismo e na transição espanhola • José Carlos Rueda Laffond – Universidad Complutense de Madrid, Espanha

25-38

A democracia como política pública: oportunidades para o fortalecimento democrático

39-50

Rumo à multiplicidade do espaço na história. Relações entre a mudança social e as mudanças na disciplina nas últimas quatro décadas

• Alejandro Monsiváis Carrillo – El Colegio de la Frontera Norte, México

• Fabio Vladimir Sánchez Calderón – Universidad de los Andes, Colômbia

Cidadania em feminino. Contribuição das mulheres imigrantes marroquinas, equatorianas e romenas na Espanha 51-66 67-78 79-91 92-106 107-117 118-132

133-146

• Carlota Solé – Universidad Autónoma de Barcelona, Espanha • Olga Serradell – Universidad Autónoma de Barcelona, Espanha • Teresa Sordé – Universidad Autónoma de Barcelona, Espanha

As percepções sociais na Europa sobre o papel da ciência e da tecnologia • Andoni Eizagirre – Universidad de Mondragón, Espanha

Empregabilidade, educação e equidade social

• María Marta Formichella – Universidad Nacional del Sur, Argentina • Silvia London – Universidad Nacional del Sur, Argentina

Indigentes urbanos: entre a estigmatização e a exclusão social na cidade de Buenos Aires • Fernando Groisman – Conicet / Universidad de Buenos Aires, Argentina • María Eugenia Sconfienza – Flacso, Argentina

Justiça global e o governo das migrações internacionais

• Juan Carlos Velasco – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espanha

Os imigrantes vistos pelos espanhóis. Entre a ameaça e a concorrência (1997-2007) • Juan Carlos Checa Olmos – Universidad de Almería, Espanha • Ángeles Arjona Garrido – Universidad de Almería, Espanha

Análise das estratégias do Governo colombiano para a inclusão dos cidadãos na Sociedade da Informação propostas desde 2000 até 2011 • Mayda Patricia González Zabala – Universidad del Magdalena, Colômbia • Jenny Marcela Sánchez Torres – Universidad Nacional de Colômbia

147-156

Continuidades e rupturas nos discursos da guerra do Afeganistão: intelectuais, políticos e soldados

157-168

A ação coletiva rural nos sistemas produtivos dinâmicos

• Tomás Leyton – Universidad de Chile

• Diosey Ramón Lugo-Morin – Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente, Espanha

Documentos 170-176 177-181

A dor crônica na história

• Javier Moscoso – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espanha

Participação política de desmobilizados: Universidad Nacional de Colombia e Nações Unidas, 28 de abril de 2013

• Francisco Leal Buitrago – Universidad Nacional de Colombia / Universidad de los Andes, Colômbia

Debate 183-190

A compreensão do fenômeno religioso e seus desafios para as Ciências Sociais • Ángela Iranzo Dosdad – Universidad de los Andes, Colômbia

Leituras 192-194

195-198

Rosenberg, Emily (ed.). 2012. A World Connecting: 1870-1945 • Hugo Fazio Vengoa – Universidad de los Andes, Colômbia

Martha Lux, Ana Pérez

Presentación

Presentación Martha Lux - Ana Pérez

a Revista de Estudios Sociales ha tenido en los últimos años una serie de cambios en su equipo editorial, en los Comités editorial y científico, buscando ajustarse a las exigencias de producción y calidad de una buena revista académica, pero sin desconocer que su principal misión es difundir los resultados de investigación que se producen desde la pluralidad de enfoques de las Ciencias Sociales. En este proceso la Revista no solamente ha buscado fortalecer la presencia de las distintas disciplinas, sino también aumentar el diálogo entre ellas. En este sentido, las diferentes secciones de la Revista deben convertirse cada vez más en espacios privilegiados para la presentación y discusión de contenidos relevantes de las investigaciones en las Ciencias Sociales.

dos primeros artículos del número tratan el tema de la historia política, desde dos perspectivas diferentes. El primero, de José Carlos Rueda Laffond, “¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el franquismo y la transición española”, muestra la relevancia del recuerdo en el proyecto del discurso comunista, tema que le permite al autor afirmar que la memoria sobre la Guerra Civil española fue producto de una negociación entre la necesidad de legitimación, la evocación selectiva y la gestión de problemas del presente; el segundo, “La democracia como política pública: oportunidades para el fortalecimiento democrático”, de Alejandro Monsiváis, aborda el tema de la democracia como política pública, estimulando un diálogo más activo entre los estudios de política pública, la teoría política y el análisis comparado.

Como publicación periódica, se imprime tres veces al año, en un formato atractivo para el lector. Sabemos, sin embargo, que la versión digital de acceso gratuito es la que nos permite cumplir con el propósito de llegar a una comunidad ampliada de académicos y lectores. La Revista ha tenido un carácter inclusivo, y en este sentido se tomó la decisión —desde hace ya varios números— de publicar contenidos no sólo en español, sino también en inglés y en portugués. Esta iniciativa ha llevado a que cuando se abren las convocatorias recibamos un número cada vez mayor de artículos escritos en estas dos lenguas, lo que tiene directamente que ver con el incremento y los espacios geográficos del público que nos consulta.

El tercer artículo, de Vladimir Sánchez, “Hacia la multiplicidad del espacio en la historia. Relaciones entre el cambio social y los cambios en la disciplina en las últimas cuatro décadas”, tiene como objetivo hacer un estudio historiográfico a partir del espacio como categoría de análisis. Pretende dilucidar la complejidad y variedad de formas que adopta la relación entre historia, espacio y sociedad, en los trabajos históricos que han llevado al cuestionamiento del Estado-nación como referente espacial de la sociedad. A continuación, Carlota Solé, Olga Serradell y Teresa Sordé, en el trabajo “Ciudadanía en femenino. Aportaciones de las mujeres inmigrantes marroquíes, ecuatorianas y rumanas en España”, reflexionan desde una perspectiva transnacional sobre la concepción tradicional de ciudadanía, analizando las prácticas de ciudadanía en las experiencias cotidianas de mujeres inmigrantes de Marruecos, Ecuador y Rumania que residen en España. Por su parte, Andoni Eizagirre, en su artículo “Las percepciones sociales en Europa sobre el rol de la ciencia y la tecnología”, analiza lo que la gente comprende por ciencia y lo que le preocupa de ésta, en relación con la nueva modalidad de actividad científica en auge. En el artículo “Empleabilidad, educación y equidad social”, de las autoras María Marta Formichella y Silvia London,

La Revista, como proyecto intelectual, quiere ahora fortalecer la participación de los académicos locales en las secciones Documentos, Debate y Lecturas, como plataforma de difusión de sus contenidos, que, junto con el resto de las contribuciones —en buena medida de colaboración internacional— que se publican en cada número, permitan ampliar el diálogo pluridisciplinar en las Ciencias Sociales. En esta edición 47 que ponemos a consideración del público, la Revista de Estudios Sociales reúne doce contribuciones que aportan a la reflexión de las condiciones sociales y humanas en diversos contextos y épocas. Los

Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224. ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 9-10.

se estudia la oferta laboral, relacionando los conceptos de empleabilidad, educación y equidad social en un contexto donde se acentúan las desigualdades sociales. El séptimo artículo, de Fernando Groisman y María Eugenia Sconfienza, “Indigentes urbanos: entre la estigmatización y la exclusión social en la ciudad de Buenos Aires”, analiza los límites del crecimiento económico para la inclusión social de quienes se hallan en situación de extrema pobreza y residen en hogares de tránsito en la ciudad de Buenos Aires.

En la sección Documentos publicamos el texto “El dolor crónico en la historia” de Javier Moscoso. En éste, el autor propone que la nueva conceptualización del dolor ha dependido de la valoración que los grupos humanos le han dado en momentos particulares, como las dos guerras mundiales del siglo XX. En esta forma de aproximación se ha buscado que los síntomas no sean culturalmente olvidados ni socialmente relegados, dependiendo menos de la noción pragmática del Pain Clinic. En esta sección también contamos con el trabajo de Francisco Leal “Participación política de desmovilizados”, sobre los procesos de paz que se han establecido entre el Gobierno colombiano y las Farc, dándole un mayor énfasis al tema de la participación política como espacio en el que se puedan controlar los factores de inseguridad que subsisten en el país.

Los dos siguientes trabajos plantean temas relacionados con la migración. Juan Carlos Velasco, en “Justicia global y el gobierno de las migraciones internacionales”, ilustra la noción de justicia global para explicar las migraciones internacionales contemporáneas. En esta misma línea se encuentra el artículo titulado “Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007)”, de Juan Carlos Checa Olmos y Ángeles Arjona Garrido, en el que se analizan las actitudes de la población española frente al proceso de inmigración entre 1997 y 2007, mostrando la importancia de desarrollar una visión más pluralista en una sociedad cada vez más multiétnica.

Contamos con otro texto en la sección Debate, titulado “La comprensión del fenómeno religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales”, en el que Ángela Iranzo muestra los principales temas que se debatieron y las conclusiones que se produjeron en el marco del encuentro “Lo religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales”, que se realizó en la Universidad de los Andes en 2013.

El grupo de artículos cierra con tres contribuciones que abordan temáticas diferentes: Mayda González y Jenny Sánchez, en su artículo “Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información propuestas desde 2000 hasta 2011”, ilustran los esfuerzos que el Gobierno colombiano ha realizado para desarrollar la Sociedad de la Información en ámbitos como la educación y la cultura, para mejorar el crecimiento económico y la participación ciudadana. A continuación, está el texto “Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán: intelectuales, políticos y soldados” de Tomás Leyton, quien desarrolla sus argumentos analizando los discursos de diferentes actores en la guerra de Afganistán: intelectuales, políticos y soldados. Y por último, se encuentra el texto de Diosey Lugo-Morin, titulado “La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicos”, que muestra cómo la formalización lógica de la acción colectiva rural permitió examinar la dinámica relacional entre los actores sociales del sistema productivo hortícola, en un marco de iniciativas, restricciones y redes sociales.

Finalmente, en la sección Lecturas se incluyeron dos reseñas críticas, de Renán Silva y Hugo Fazio, donde se aborda el tema de la globalización desde enfoques distintos. El primer texto reseñado, Discurso sobre la teología natural de los chinos, permite evidenciar que las reflexiones occidentales no son sólo una concepción etnocentrista, sino que también se construyen a partir del reconocimiento de la tradición de lejanas culturas, como la china, que aportan en igualdad de condiciones a la ciencia y a la cultura como patrimonio universal de la humanidad en épocas pasadas y presentes. El segundo texto reseñado, A World Connecting: 1870-1945, muestra cómo la historiografía ha registrado la consolidación de nuevas perspectivas históricas; los esfuerzos por incorporar reflexiones en torno a las historias conectadas; los análisis y debates de aquellos grandes procesos históricos mundiales. Temáticas que se comprenden mejor a partir de un esquema global, que, abordado por los especialistas desde 1870, les ha permitido historizar la modernidad en su homogeneidad y sus diferencias, para entender los momentos decisivos de los siglos XIX y XX.

Temas Varios

¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el franquismo y la transición española

12-24

La democracia como política pública: oportunidades para el fortalecimiento democrático

25-38

Hacia la multiplicidad del espacio en la historia. Relaciones entre el cambio social y los cambios en la disciplina en las últimas cuatro décadas

39-50

• José Carlos Rueda Laffond – Universidad Complutense de Madrid, España

• Alejandro Monsiváis Carrillo – El Colegio de la Frontera Norte, México

• Fabio Vladimir Sánchez Calderón – Universidad de los Andes, Colombia

Las percepciones sociales en Europa sobre el rol de la ciencia y la tecnología • Andoni Eizagirre – Universidad de Mondragón, España

Empleabilidad, educación y equidad social

• María Marta Formichella – Universidad Nacional del Sur, Argentina • Silvia London – Universidad Nacional del Sur, Argentina

Justicia global y el gobierno de las migraciones internacionales

• Juan Carlos Velasco – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España

51-66

67-78 79-91

92-106

107-117 118-132

133-146

Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán: intelectuales, políticos y soldados

147-156

La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicos

157-168

• Tomás Leyton – Universidad de Chile

• Diosey Ramón Lugo-Morin – Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente, España

Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224. ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 12-24.

¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el franquismo y la transición española* José Carlos Rueda Laffondv Fecha de recepción: 31 de octubre de 2012 Fecha de aceptación: 11 de abril de 2013 Fecha de modificación: 19 de abril de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.01

RESUMEN Esta investigación se aproxima a la memoria oficial pública del Partido Comunista de España (PCE) en el franquismo y el inicio de la transición democrática (1939-1977). De manera inicial sitúa, teórica e históricamente, el discurso patrimonial comunista. En segundo término, apunta algunas pautas de su evolución y permanencia desde finales de los años treinta y durante la dictadura, cuestionándose cómo incidieron ciertas prácticas de memoria en la estrategia política del PCE durante la transición. Frente a los enfoques que han destacado el peso de la desmemoria o el olvido, el texto resalta la relevancia del recuerdo en el diseño del discurso comunista. Sostiene, como conclusión fundamental, que la memoria sobre la Segunda República o la Guerra Civil fue fruto de una negociación entre necesidad de legitimación, evocación selectiva y gestión de problemas de presente.

PALABRAS CLAVE Memoria, historia social, partido comunista, España.

A Never Ending Past? Discourse and Communist Public Memory in Francoism and the Spanish Democratic Transition ABSTRACT This investigation analyzes, briefly, the official public memory of the Communist Party of Spain (PCE), during Franco’s regime and the beginning of the democratic transition (1939-1977). Initially it establishes a framework which provides context, theoretically and historically, for the communist heritage discourse. Second, it points out some guidelines of its evolution and permanence since the late thirties, questioning how some memory practices influenced the political strategy and public identity of the PCE. In contrast to approaches that highlighted the weight of oblivion, the text highlights the relevance of the memories in the design of the communist discourse. As fundamental conclusion, it argues that official memory about the Second Republic or the Civil War took shape through negotiation between needs of legitimacy, selective recall of key past events, and managing current issues.

KEY WORDS Memory, social history, communist party, Spain.

Este artículo es resultado del proyecto de investigación “Televisión y memoria. Estrategias de representación de la Guerra Civil y la Transición”, financiado por el Plan Nacional de I+D+i del Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España (ref. HAR2010-20005), y del proyecto “Memorias en segundo grado: Posmemoria de la guerra civil y el franquismo en la España del siglo XXI” (2013LINE-01), financiado por el Banco Santander y la Universitat Rovira i Virgili. v Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid (España) y profesor titular en el Departamento de Historia de la Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Información de la misma Universidad. Miembro del Grupo de Investigación Complutense Memoria y Medios. Autor de Memoria viva y simplificación histórica: pautas de representación en el documental televisivo El Exilio. Bulletin of Hispanic Studies 14, n° 6, 2013; y Escritura de la historia en televisión: la representación del Partido Comunista de España (1975-2011). Historia Crítica 50, 2013. Correo electrónico: jcrueda@pdi.ucm.es

¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista José Carlos Rueda Laffond

Temas Varios

Um passado que não cessa? Discurso patrimonial e memória pública comunista no franquismo e na transição espanhola RESUMO Esta pesquisa se aproxima à memória oficial pública do Partido Comunista da Espanha (PCE) no franquismo e no início da transição democrática (1939-1977). De maneira inicial situa, teórica e historicamente, o discurso patrimonial comunista. Em segundo momento, assinala algumas pautas de sua evolução e permanência desde finais dos anos 1930 e durante a ditadura, questionando-se como incidiram certas práticas de memória na estratégia política do PCE durante a transição. Diante dos enfoques que vêm destacando o peso da desmemória ou do esquecimento, o texto ressalta a relevância da recordação no desenho do discurso comunista. Sustém, como conclusão fundamental, que a memória sobre a Segunda República ou Guerra Civil foi fruto de uma negociação entre necessidade de legitimação, evocação seletiva e gestão de problemas de presente.

PALAVRAS-CHAVE Memória, história social, Partido Comunista, Espanha.

Discurso patrimonial y memoria pública comunista

legislativas de 1982, al obtener sólo cuatro diputados y poco más de 800.000 votos, un 4,02% del total.

n 1980 el Partido Comunista de España (PCE) celebró su sesenta aniversario con la edición de un libro ilustrado que glosaba su historia desde la Revolución de Octubre hasta su afirmación ideológica como partido eurocomunista. Entre ambas claves se situaba una sucesión de huellas de recuerdo pautadas por la Guerra Civil, o —ya en el franquismo— por la clandestinidad, la represión, la lucha armada o el exilio. Todo ello, así se estimaba, configuró un patrimonio “de aciertos y errores”, capaz de sedimentar una identidad susceptible de “proyectarse hacia el futuro” (Carrillo 1980, 1). Sin embargo, el protagonismo del PCE se estaba diluyendo a inicios de los años ochenta. El partido había sido legalizado el 9 de abril de 1977 por el gobierno reformista de Adolfo Suárez y logró en los comicios del 15 de junio veinte diputados (1,7 millones de votos, 9,33% del total de sufragios). Aquellos exiguos resultados no se correspondían con su relevancia como la organización más eficaz e influyente en la oposición a Franco. A pesar de ello, el PCE desplegó un papel destacado en el período constituyente (1977-1978), si bien como fuerza secundaria en la izquierda española. Esa posición se ratificó por la consolidación hegemónica del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como opción de gobierno y por la cascada de fricciones y divisiones internas, que provocaron una aguda crisis en la organización. El resultado fue su práctica desaparición parlamentaria en las

La bibliografía sobre el PCE es muy abundante, aunque no puede hablarse hasta fecha cercana de una “normalización historiográfica” (Ginard 2007). Recientes monografías han revisado cuestiones como la acción y el horizonte ideológico del partido, el papel de bases o dirigentes, los valores grupales o las culturas identitarias (Bueno y Gálvez 2009; Molinero e Ysàs 2010; Treglia 2012; Andrade 2012). Este trabajo desea inscribirse en tales líneas de reflexión, en forma de interpretación obligadamente sintética, por cuestiones de espacio. Parte de la necesidad de incorporar el vector “memoria” a las reflexiones históricas interesadas por la cultura política. De modo concreto, explorará algunas estrategias oficiales de recuerdo del PCE durante la dictadura franquista y en el período decisivo del tránsito a la democracia (19751977), atendiendo, por tanto, a una amplia panorámica cronológica desde un enfoque selectivo. En este sentido, desea subrayar ciertas claves relevantes, pero susceptibles de mayor profundización. El hilo conductor del trabajo se define en torno a dos categorías asociables: discurso patrimonial y memoria pública oficial. La primera noción va más allá de una perspectiva ideológica reduccionista. La concebimos como suma articulada de ideas, capaz de incorporar señas de identificación, valores inclusivos o mecánicas de reconocimiento. Su expresión lógica serían las narrativas orgánicas del partido, si bien en relación con

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un amplio corpus de afirmaciones (qué somos), percepciones (quiénes somos), prácticas colectivas y estrategias de coyuntura (qué queremos), expectativas de futuro (a dónde vamos) o evocaciones selectivas de pasado (de dónde venimos). La categoría de memoria pública oficial alude a este último tipo de aspectos, en cuanto recuerdos institucionalizados derivados, esencialmente, de los cuadros dirigentes y proyectados desde arriba hacia la militancia comunista u otros sectores. En este sentido, cabe hablar no sólo de expresiones políticas, sino de unos “lieux de mémoire” (Nora 1997, 30) integrados en el discurso patrimonial. Su funcionalidad sería actuar como instrumentos de apreciación o vínculos socializadores, en lógica con el diseño y la reproducción de la identidad oficial comunista.

tras el franquismo), la guerra constituyó una suerte de “pasado que no cesa”, si bien desde prismas distintos de invocación y lectura del presente. El discurso patrimonial y las estrategias oficiales de recuerdo del PCE pueden vincularse con el concepto de sistema de memoria. Alude a un conjunto de claves cognitivas y relacionales donde se implementan relatos sobre el recuerdo y el olvido, que organizarían y darían valor a la apreciación del pasado (Connerton 2009; Hoskins 2011). Trasciende, a su vez, el mero recuerdo individual, operando en una trama “transactiva” donde interaccionarían el flujo, la retroalimentación y la complicidad (Wegner, Raymond y Erber 1991). Cabe considerar, por tanto, que los sistemas de memoria son privativos, inciden en la articulación de acervos patrimoniales, y sus integrantes compondrían determinadas comunidades de memoria, donde el recuerdo serviría de aglutinante, mecanismo de refuerzo o dispositivo orientado a la propia reproducción mnemónica (Zeruvabel 1997). Algunos estudios sobre la cultura comunista europea han resaltado la notabilidad de los recuerdos compartidos, ya que los sistemas de memoria pueden fundamentarse en ideas vividas o experiencias procedentes de una diversidad de contextos (Dawisha 2005). Así ocurrió con la Resistencia y su apropiación como rememoración mítica por parte del Partido Comunista Italiano (PCI) tras la Segunda Guerra Mundial (Cossu 2011). Por su parte, la historiografía francesa ha explorado las características de la identidad comunista desde los trabajos pioneros de Kriegel (1970 y 1974). Con posterioridad, se ha interesado por cuestiones como la interacción entre valores y modos de vida (Lazard 1985); o por las dialécticas existentes en su comunidad de memoria (especificidad de la memoria colectiva y de las memorias individuales comunistas; diferencias generacionales; capacidad pedagógica y socializadora del recuerdo; concepción del tiempo y la historia; imaginarios y ritos…) (Lavabre 1991).

Es necesario remarcar, pues, que no concebimos el discurso patrimonial ni la memoria pública oficial del PCE como dimensiones autistas o autosuficientes. Más bien, interaccionaron con esa misma militancia y con otros intereses, incluso en un contexto restrictivo como el franquismo, marcado por la clandestinidad, la represión y el control gubernativo sobre la esfera pública. Ni las culturas de base ni la movilización serán objeto de reflexión en estas páginas. En todo caso, sí debe señalarse que compendiaron múltiples dinámicas muchas veces generadas desde abajo, con entidad en sí mismas, y de las que disponemos de monografías esclarecedoras de conjunto (Doménech 2009; Erice 2009; Molinero 2009). Otro tanto puede decirse de los medios de difusión o los ámbitos de reflexión intelectual, planos que evidenciaron rasgos significativos de especificidad (Pala 2010; Andrade 2012, 155-233). Este trabajo se articula en torno a dos dimensiones cronológicas desde donde poder advertir algunas características del discurso patrimonial y la memoria pública oficial del PCE. Por una parte, trazará una panorámica general durante el franquismo y, de modo más detallado, analizará la coyuntura situada entre la muerte de Franco y 1977. Nuestra hipótesis se basa en la idea de continuidad de ciertos referentes. Bien es cierto que las estrategias de memoria fueron variando a lo largo del tiempo. Sin embargo, en ellas es posible localizar líneas de definición y continuidad entre momentos distantes. Entre ellas destaca la Guerra Civil, entendida como pieza relevante en el discurso patrimonial. Tanto en 1939 (al concluir el conflicto), como en 1956 (coincidiendo con la definitiva consolidación de la dictadura y la concreción del giro táctico comunista de la política de reconciliación nacional), o en 1977 (momento de la legalización y concurrencia a las primeras elecciones

Cabe considerar al PCE como comunidad integrada en la que el discurso patrimonial y la memoria oficial actuaron como agentes vertebradores. En la cultura colectiva comunista española de los años sesenta o setenta seguían resaltando valores como la mística del partido y la conciencia del sacrificio, la percepción como organización de vanguardia, los vínculos solidarios, la idealización de la Unión Soviética o la disciplina respecto a un esquema organizativo vertical organizado desde la lógica del centralismo democrático. No obstante, esas pautas de afirmación no impidieron ni las disidencias ni los reacomodos tácticos. Se ha estimado que muchas de esas claves derivaban, como versión española, de una

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tradición bolchevique anterior (Cruz 2001, 189-202). Pero también cabe apuntar que evidenciaron crecientes contradicciones frente a esa matriz tradicional, en temas como la expectativa y naturaleza de la revolución, la impostación del discurso democrático sobre el esquema de dictadura del proletariado o los límites y solapamientos entre clase trabajadora y otros sectores. A ello cabe sumar las repercusiones —en forma de erosión de valores tradicionales en las capas populares y las clases medias, o entre la propia militancia comunista— provocadas por las dinámicas de cambio en la estructura social, en las pautas de consumo o en las expresiones y el alcance de la cultura de masas. Desde mediados de los años setenta, el proyecto eurocomunista —sintetizable en el eslogan popularizado en 1976 de “socialismo en libertad”— actuó como un intento conciliador entre tales aspectos, si bien, a la postre, acabó resultando un factor que alimentó esas mismas contradicciones.

datan 2005) también impregnó la interpretación sobre la historia de España realizada por el PCE. Desde ese prisma se valoró la naturaleza de la Segunda República, de la Guerra Civil o del franquismo. El uso del tiempo fue, con frecuencia, un cliché reduccionista, un estándar analítico. Pero facilitó enmarcar experiencias individuales, dándoles entidad colectiva ante situaciones como el exilio, la clandestinidad o las formas de lucha.

Pautas para la gestión del pasado (1939-1975) La relación entre la Guerra Civil y la dictadura constituyó un telón de fondo permanente en las prácticas de memoria comunista. Como se ha apuntado, la marca característica del PCE fue el antifranquismo, y tanto dirigentes como militantes manejaron una misma apreciación sobre el régimen: la de su naturaleza ilegítima y usurpadora. En este sentido, afirmar que la guerra pervivía no era utilizar una simple metáfora, sino una forma de expresar un clima estructural de excepcionalidad y represión. A su vez, y aunque los posicionamientos del partido fueron matizándose a lo largo del tiempo, el recuerdo de la lucha de 1936-1939 siempre estuvo recubierto de una pátina épica, estimándose como guerra justa contra el fascismo, defensa de la libertad y la legalidad, ejercicio por la independencia nacional y episodio heroico.

La identidad antifranquista conformó, por otra parte, un intenso vector aglutinante, susceptible de atraer apoyos sociales y focalizar iniciativas o proyectos. Sin embargo, la naturaleza como partido clandestino o en el exilio potenció también la diversidad. El PCE integró militantes del interior y la emigración, trabajadores con diversos niveles de formación, cuadros y bases vinculados al sindicato Comisiones Obreras (CC OO), o a otros grupos estudiantiles, vecinales o incluso religiosos. El partido tuvo además, fundamentalmente en el ocaso de la dictadura, un fuerte arraigo entre intelectuales y profesionales liberales... La pluralidad de este tejido encerró una diversidad de situaciones, a las que cabe añadir las cesuras provocadas por los cambios generacionales y sus implicaciones culturales (Buton 1989). A su vez, la memoria comunista (y sobre lo comunista) se ubicó en unas coordenadas de represión o tergiversación variables, activadas desde diferentes instancias del régimen franquista, pero también desde otros sectores de la oposición, como republicanos o socialistas.

Los discursos de memoria del PCE desde los años cuarenta hasta los sesenta integraron narrativas surgidas en un doble contexto: en la clandestinidad interior, en condiciones de gran dificultad, riesgo y carencia de medios; y, sobre todo, en el exilio y la emigración, en particular en la Unión Soviética, Francia y México, y en menor medida en otros puntos, como Italia, Bélgica o Alemania Oriental. La difusión del discurso patrimonial se configuró en consonancia con estrategias de movilización y vertebración interna según la tradición agitprop. Incluso en el tardofranquismo, las acciones propagandísticas podían concebirse como actos de “guerrilla cívica”, con pequeños sabotajes o lanzamiento de octavillas en vagones de metro o cafeterías (Treglia 2012, 53). El partido disponía, además, de una amplia constelación de medios escritos, donde destacaban sus publicaciones oficiales Mundo Obrero (con varias ediciones confeccionadas en Francia o en España, en ocasiones en forma de prensa manuscrita) y Nuestra Bandera. En ellos se incluyeron frecuentes referencias conmemorativas o hagiográficas, en particular en los años cuarenta y cincuenta. Otro mecanismo de difusión fue el cine, si bien en este caso existieron orientaciones más plurales, producidas tanto fuera como dentro

Toda producción de memoria es una operación selectiva sobre la percepción de la temporalidad. Como resaltó Zeruvabel (2003), el recuerdo organiza “mapas del tiempo” que cartografían selectivamente el pasado. La noción de lo histórico fue una pieza central en la cosmovisión marxista, y desde el último tercio del siglo XIX formó parte de la vulgarización doctrinaria socialista, tanto en Europa como en América Latina. Tras 1917, la idea de que las contradicciones del pasado determinaban un presente capaz de resolverse en un estadio superior de futuro constituyó una prescripción común para los discursos comunistas. Cabe colegir que el “sentido del tiempo” (Bra-

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de España. Un ejemplo destacable de relato de memoria, por su proyección internacional, fue el documental Mourir à Madrid (1962, con realización de Frédéric Rossif y guión de Madeleine Chapsal), una obra orgánicamente desvinculada del PCE, pero que puede leerse como síntesis de las claves sobre la Guerra Civil manejadas por el discurso oficial de los años sesenta.

moria muy distinto al realizado en 1946, en la exaltada biografía escrita por otro dirigente, Ramón Mendezona.2 En este texto se recogieron los leitmotiv de la memoria épica comunista sobre la Guerra Civil, como el que correlacionaba la defensa de Madrid, en noviembre de 1936, con el Petrogrado de octubre de 1917. Otro fue estimar la guerra como reacción nacional frente a invasores foráneos, como si se tratase de una reedición de la Guerra de Independencia de 1808-1814. La conexión simbólica con aquel episodio, propio de la cultura liberal, fue empleada por ambos bandos (Núñez Seixas 2006; Hernández Burgos 2011). El PCE cooptó y amplificó ese referente desde finales de 1937, formalizando una transposición mecánica entre un imaginario del pasado —la invasión francesa y la reacción patriótica popular española— y el presente, con el objetivo de robustecer el espíritu de resistencia y explicar el apoyo de Italia y Alemania a las fuerzas sublevadas (Hernández 1938).

El medio de masas más importante fue Radio España Independiente (Estación Pirenaica), creada en 1941, y que mantuvo sus emisiones hasta 1977. Constituyó un caso único de concepción y gestión propagandística, no sólo por su duración, sino por su capacidad para mantener una presencia en el interior como instrumento reactivo frente a la información controlada por la dictadura. Puede ser tildada de herramienta socializadora, si bien su eficacia en este terreno es difícil de medir. Más ajustado resulta aquilatar sus funciones ante la estructura del PCE: suministró una programación desde criterios políticos didácticos, potenció lazos y encuadramientos, y ayudó, sin duda, a conformar la reproducción del colectivo (Zaragoza 2008, 151-213 y 395-399).

El sentido de la Guerra Civil como lucha nacional impregnó las lecturas posteriores, si bien reacomodándolas a nuevas exigencias ideológicas o estratégicas. Por ejemplo, se aconsejó a los exiliados en la URSS que utilizasen la conmemoración del 18 de julio —el día en que se produjo el levantamiento militar— para lograr un mejor “conocimiento del marxismo leninismo” o del “dominio de la técnica y la cultura soviéticas”.3 Por otro lado, en la primavera de 1939 Stalin recabó informes de los dirigentes españoles y de los delegados de la Internacional Comunista sobre las causas de la derrota (Hernández Sánchez 2011, 448-461). Las orientaciones de aquellas interpretaciones se vieron determinadas por el cambio de rumbo impuesto por el Pacto GermanoSoviético.4 Una muestra la encontramos en el borrador de un artículo redactado en septiembre de 1940 por el secretario general del PCE, José Díaz, donde apuntaba literalmente “algunas enseñanzas del pasado para el presente”, en forma de reflexión sobre la guerra y la instauración del franquismo. Díaz desestimó en aquel escrito la experiencia frentepopulista, lanzó durísimas invectivas contra socialistas, republicanos o anarcosindicalistas, y nuevamente tildó al conflicto de lucha patriótica, pero sin mencionar el apoyo de Berlín al régimen de Franco.5

Otras narrativas, como las autobiografías, permitían entrelazar la trayectoria personal y la historia del partido. Estos materiales podían poseer, en ocasiones, una dimensión catártica. Jorge Semprún, miembro del Comité Central desde inicios de los años cincuenta y expulsado del partido en 1964, entrelazó algunos trabajos fílmicos o literarios —el guión de La guerre est finie (con realización de Alain Resnais, de 1966), o la novela Autobiografía de Federico Sánchez (de 1977)— con esa dimensión individual. Sin embargo, en otras situaciones el recurso a las vivencias podía derivarse de un sentido inverso: fue el caso de las confesiones autocríticas logradas mediante ejercicios de inculpación. Su finalidad era justificar una hipotética degeneración personal y política, que permitiese procesos de depuración ejemplarizantes y exclusión.1 Otras modalidades discursivas fueron las hagiografías entusiásticas. Francisco Antón, responsable del partido en Madrid durante la guerra y miembro del buró político en los años cuarenta, también fue depurado tras ser acusado de fraccionalismo en 1952. Fue parcialmente rehabilitado años más tarde, y en el momento de su muerte el órgano central del PCE, Mundo Obrero, publicó una breve nota necrológica. Se trató de un ejercicio de me-

Ha muerto Francisco Antón. Mundo Obrero. 20 de enero de 1976, 5. AHPCE, Sección Prensa. Francisco Antón, Biografía, s. f. [1946]. AHPCE, Sección Dirigentes, 1.

Carta confidencial de José Díaz a los emigrados españoles en la Unión Soviética. 8 de julio de 1940. AHPCE, Dirigentes, 9/1.1.4.

4 La lucha armada del pueblo español, 1939; La guerra justa de España, 1939. AHPCE, Documentos, 20.

Fue el caso de Jesús Hernández, dirigente expulsado en 1944: Archivo Histórico del PCE (AHPCE), Sección Divergencias, 107/1.3, Jesús Hernández; o Sección Documentos, 25, Reunión del CC, 5/5/1944. El proceso ha sido estudiado en Hernández Sánchez (2007).

5 José Díaz. España bajo el régimen de Franco. septiembre de 1940. AHPCE, Dirigentes, 9/1.1.4.

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Coordenadas opuestas se produjeron en 1946, tras la Segunda Guerra Mundial. Ese entorno facilitó un discurso de memoria frustrado por el estallido de la Guerra Fría y por el aislamiento de los partidos comunistas occidentales, algo que también afectó al PCE. En dicho discurso circunstancial se combinó una retórica de culto a la personalidad de los dirigentes del partido, según los esquemas estalinistas, junto a la exaltación de la identidad republicana y la idea de cooperación con otras fuerzas de la oposición. En aquel momento dos comunistas —Santiago Carrillo y Vicente Uribe— formaban parte del Gobierno de la República en el exilio, el partido estaba implicado en la estrategia guerrillera, e incluso aún resultaba factible la posibilidad de una intervención aliada en España que forzase la caída de Franco. Ese clima facilitó lógicas de evocación que valoraron la Guerra Civil como primer acto de la Segunda Guerra Mundial. O reseñas conmemorativas sobre la victoria electoral del Frente Popular que subrayaron la ilegitimidad del régimen franquista y la continuidad simbólica existente entre el partido, la legalidad republicana y la práctica democrática. Fueron exactamente las mismas claves —la identidad republicana, el ideal antifascista— que manejaron las octavillas clandestinas que circulaban por Madrid a mediados de los años cuarenta.6

estalinista. Asimismo, ratificó la apuesta por las posiciones “entristas”, es decir, de infiltración y uso de los engranajes de la dictadura (sindicatos oficiales, movimiento estudiantil, ámbitos profesionales). Y tuvo en cuenta fenómenos como la consolidación sociológica del franquismo, apostando por un escenario de cambio pacífico, opuesto al mito de la “Victoria” de 1939 como valor fundacional del régimen. El giro de 1956 supuso, pues, una herramienta de gran calado. Constituyó una pieza central en el discurso comunista, permitiendo readecuar y flexibilizar su relato antifranquista. Justificó el objetivo de acuerdos que incluyesen al conjunto de la oposición junto a fuerzas conservadoras o monárquicas —e, incluso, junto “al Ejército y a otras fuerzas armadas”—, para forzar la caída del régimen mediante acciones de presión de masas. Pero también trasladó implícitamente a segundo plano la reivindicación republicana en el seno del PCE, prefigurando la idea de que la forma de régimen podría ser un aspecto accidental, por resolver en las urnas tras la restauración democrática. Por ello, debe ser valorado como concepto susceptible de usos distintos. Históricamente no puede deslindarse de la percepción existente entre la dirigencia sobre los cambios producidos en el tejido sociopolítico, si bien en un momento en que se constataba también el fortalecimiento de la dictadura. Pero, por otra parte, superó los estrictos márgenes coyunturales en donde desempeñó un papel como referente inclusivo del antifranquismo y conectó, finalmente —gracias a su semántica integracionista—, con posicionamientos asumidos durante la transición en forma de políticas de consenso o transacción (Molinero 2007).

La definitiva estabilización del discurso patrimonial se produjo con la política de reconciliación nacional adoptada en el verano de 1956, al cumplirse el vigésimo aniversario del estallido de la Guerra Civil.7 Este cambio “táctico” ha sido analizado atendiendo tanto a su contenido político como a los condicionantes coyunturales que explican su asunción como discurso oficial (Erice 2006; Valverde 2006). Su aspecto más destacado fue el formular la idea de superación del conflicto sin “exigencias, […] responsabilidades” o medidas de venganza, y como estrategia para propiciar la crisis del franquismo. La reconciliación nacional era fruto de distintas reorientaciones y factores. Evidenció el peso de un nuevo grupo dirigente encabezado por el futuro secretario general, Santiago Carrillo, y expresó la superación de la etapa

El discurso de la reconciliación nacional no fue incompatible con la reflexión sobre la guerra, que en los años sesenta se bifurcó en dos direcciones complementarias. Por una parte, como tratamiento historiográfico sobre la organización (Ibárruri et al. 1960) o el conflicto (Ibárruri et al. 1967-1977). Eran textos que ofrecían una visión oficial, y deben estimarse como respuestas a obras ferozmente anticomunistas generadas desde el aparato cultural franquista (Comín Colomer 1953 y 1965; Martínez Bande 1965). En este sentido, consagraban una enaltecida visión de la teoría y la práctica del partido, por ejemplo, en aspectos como su hipotética política para “evitar la guerra” entre febrero y julio de 1936 (Ibárruri et al. 1967-1977 I, 85-90).

6 José Díaz: patriota y revolucionario. Mundo Obrero. 24 de marzo de 1946, 1. Diez años de lucha. Mundo Obrero. 18 de julio de 1946, 1; 16 de febrero de 1936. Antifascismo y República. Mundo Obrero. 20 de febrero de 1947, 1. AHPCE, Prensa. AHPCE, Sección Nacionalidades y Regiones, Madrid, 169/2.4, 1945-1946. 7

Por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español. Junio de 1956. AHPCE, Documentos, 20; y Resolución del Pleno del CC sobre los cambios en la táctica del Partido para lograr la reconciliación de los españoles, y acelerar la caída del general Franco por la vía pacífica. Mundo Obrero. 7 de agosto de 1956, 1-3. AHPCE, Prensa.

La segunda dirección fueron las reflexiones en clave de memoria, es decir, como interpretaciones acerca de la vigencia de la guerra. En los enfoques planteados en

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coincidencia con su trigésimo aniversario, se reprodujo el prisma de 1956, reiterándose la tesis de que la actualidad del enfrentamiento estribaba en su instrumentalización por la dictadura, en cuanto victoria punitiva en la forma de “paz de Franco”, y, por tanto, en que “el peligro de un replanteamiento de la violencia no reside actualmente en la desaparición del régimen y en el establecimiento de un sistema pluripartidista de democracia política y económica. Al contrario: eso equivaldría a liquidar la guerra civil para siempre”.8

acuerdos del Comité Central de abril de 1974 (Sánchez Rodríguez 2004). El punto de llegada de esta prospectiva se produjo, de nuevo, en el Manifiesto-Programa. La política económica desarrollista fue interpretada en aquel documento en forma de capitalismo monopolista oligárquico excluyente frente a otros sectores de la burguesía. Ello coadyuvaba en que el cambio político adquiriese un cariz nacional como “proceso revolucionario” donde debía aglutinase un amplio colectivo, integrado por las clases trabajadoras, los pequeños y medianos propietarios o los profesionales liberales. Se trataba de los sectores que habrían de constituir el magma para una movilización —la “huelga nacional pacífica”— que forzase el colapso del régimen.

Este prisma encuadró reflexiones posteriores (Erice 2009, 169). Entre ellas resalta el Manifiesto- Programa, un documento elaborado entre 1972 (VIII Congreso) y septiembre de 1975, en vísperas del proceso sucesorio.9 No obstante, cabe considerar que ciertos aspectos de aquel texto —como la idea de la contemporaneidad española como modernización frustrada, debilidad histórica de la burguesía en cuanto “agente de cambio”, fracaso del reformismo republicano o exaltación de la experiencia “pluralista” encarnada en el Frente Popular— se vinculaban directamente con las expectativas comunistas coyunturales por encabezar una acción coordinada de amplia base frente al régimen. En este sentido debe leerse la tipificación otorgada al aparato sociopolítico de la dictadura, entendido como reflejo de unas “clases dominantes” para las que “el socialismo, el liberalismo y la cultura [seguían siendo] creaciones demoníacas”.10

Descodificación del futuro (1975-1977) El discurso patrimonial comunista manejó, a finales de 1975, dos claves de recuerdo y de expectativas de futuro contrapuestas. En diciembre tuvo lugar el homenaje a la presidenta del partido, Dolores Ibárruri, Pasionaria; y pocas semanas antes, en noviembre, se habían producido la muerte del general Franco y la entronización de su sucesor, el príncipe Juan Carlos de Borbón. El homenaje a Pasionaria debe ubicarse en una dinámica más vasta, que Cruz (1999, 171-177, 202-211) ha categorizado como de “culto a Dolores”, y que se expresaba coincidiendo, por ejemplo, con su onomástica. La de 1975 tenía una relevancia especial, no sólo porque era un cumpleaños redondo (su 80 aniversario), sino porque se enmarcó en una destacada campaña antifranquista que arrancó de los últimos días de septiembre, a raíz de la condena de dos militantes de ETA y otros tres del FRAP tras ser juzgados en Consejo de Guerra. Los últimos fusilamientos del franquismo provocaron una intensa movilización de la oposición, al tiempo que levantaron una ola de rechazo internacional.

Una constante en el discurso patrimonial comunista de finales de los sesenta y primeros setenta fue no tanto el hablar de pasado como el plantear perspectivas de futuro. No se trataba, obviamente, de una práctica nueva. Desde 1939 abundaron los análisis sobre qué y cómo sería el posfranquismo. En 1963 se reunió el núcleo dirigente para tratar cuestiones relativas a la organización de un posible “Estado democrático en España”. Para algunos ponentes éste podría preverse como república democrática parlamentaria, donde cupiese un tejido asambleario conformado desde CC OO como eje en una transición pacífica hacia el socialismo.11 Con posterioridad, el horizonte de futuro fue abordado en otros análisis (Carrillo 1965), o en resoluciones como las adoptadas por el Comité Ejecutivo en abril de 1967, en el Pacto por la Libertad de 1969 o en los

Aquel contexto enmarcó los actos de reconocimiento a Pasionaria celebrados en el Palacio de Deportes de Roma, el 14 de diciembre. Se trató de un gran mitin, al que el PCE le otorgó un doble valor. En primer lugar, como expresión renovada de la idea de aglutinamiento antifascista: en el acto intervino Luigi Longo, que fue comisario de las Brigadas Internacionales y dirigente del PCI, y se cursaron invitaciones para que asistiesen otros dirigentes, como el socialista Pietro Nenni.12 En

8 Editorial. La guerra de España. Treinta años después. Nuestra Bandera. 4º t. de 1966, 10. AHPCE, Prensa. 9 Manifiesto-Programa. Septiembre de 1975. AHPCE, Documentos, 56. 10 Manifiesto-Programa. Septiembre de 1975. AHPCE, Documentos, 56. La referencia entre paréntesis es un agregado del autor.

12 Dolores Ibárruri, Invitación a Pietro Nenni. 16 de noviembre de 1975. AHPCE, Dirigentes, 22/6.

11 Coloquio celebrado en agosto de 1963. AHPCE, Documentos, 79/2.

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segundo término, pretendía reflejar el protagonismo del partido como paradigma antifranquista y factor insustituible en cualquier posible ecuación política. En este sentido, el acto escenificó un vínculo entre pasado (la guerra española entendida como primer estadio en la lucha internacional contra el fascismo) y presente (la idea del PCE como vector decisivo frente a la dictadura en cuanto fascismo actualizado).

democrático. Sin embargo, ese rechazo a la monarquía no resultaba incompatible con su declaración de acatar cualquier futura forma de régimen fruto de la decisión popular.18 Tales posicionamientos deben relacionarse con otras percepciones, como la cautela que evidenciaron algunas comunicaciones cifradas entre responsables del partido en Madrid y el secretario general en París. Cuatro días antes de la muerte de Franco se informó desde España la detención de varios dirigentes, y se estimó que esa medida era “comprensible” ante el inminente fallecimiento del Jefe del Estado.19 A su vez, las especulaciones o el valor otorgado al rumor sobre cuál sería la actitud de otras fuerzas o figuras —como el propio Juan Carlos— dominaron la correspondencia que circuló profusamente entre finales de 1973 e inicios de 1976.

Esta misma dualidad se expresó a raíz de la muerte de Franco. Según un editorial de Mundo Obrero, su desaparición física debía conllevar el “fin de un período histórico, de sus leyes e instituciones”.13 Sin embargo, las primeras valoraciones ante la sucesión en la Jefatura del Estado recalcaron que se trataba de un intento de puro y simple continuismo.14 Juan Carlos no constituía “el anuncio de una nueva era”, sino que era “un Rey impuesto”, un “fiel guardián de la herencia de Franco” y de su memoria punitiva.15 Desde el comité provincial de Canarias se saludó el cambio en la jefatura del Estado asociándolo con una oscura muerte producida en Tenerife, y Mundo Obrero editó un número especial monográfico titulado “La tortura en el reino de Juan Carlos”. Frente a ello, tal y como enfatizó Santiago Carrillo en un mitin en París el 25 de noviembre, acabar con la dictadura conllevaba liquidar esas formas de violencia; o lo que era lo mismo, según el prisma formalizado desde 1956: superar el rescoldo aún presente de la Guerra Civil encarnado en la supervivencia del franquismo.16

Desde comienzos de ese año el discurso patrimonial y la estrategia comunista se situaron en un doble plano. Por un lado, en el objetivo de robustecer el partido, extendiendo su presencia —e influencia— entre el movimiento obrero, pero también en el vecinal, el estudiantil, el profesional o el cultural. Se reafirmaba así una pauta practicada desde finales de los años sesenta, tendiente a convertir al PCE en un “partido de masas en la clandestinidad” (Molinero e Ysàs 2008, 23-28). Paralelamente, se insistió en la necesidad de un reforzamiento de su visibilidad pública, pero dirigiéndose a un radio ciudadano vasto y genérico. El objetivo era favorecer su reconocimiento y aceptación, con vistas a un contexto de normalización democrática. Ambos planos pretendían lo mismo: que el PCE alcanzase la hegemonía sociopolítica. Un primer apunte de dicha estrategia se formuló en la declaración del Comité Ejecutivo de enero, que explicitó el reto de configurar “un partido de cientos de miles de militantes, y miles y miles de cuadros” susceptible de encuadrar la creciente conciencia ciudadana favorable al cambio político.20 Por otra parte, aquéllas fueron semanas de relevante movilización política y laboral, pero el PCE no planteó la posibilidad de una insurrección. Ello constató el paulatino abandono de la “huelga nacional” como instrumento, adecuando, desde entonces y progresivamente, ese objetivo por lograr la hegemonía sociopolítica a presupuestos de presión, pero ante todo, de negociación.

La agonía de Franco sirvió de contexto donde remarcar la necesidad de unidad de la oposición, con el objetivo de establecer un gobierno provisional de coalición y “reconciliación nacional”, que restaurase las libertades políticas y sindicales, decretase la amnistía y convocase elecciones constituyentes.17 Ésa era la médula de la ruptura democrática. Carrillo insistió, en una rueda de prensa celebrada a finales de octubre, en la incapacidad política y personal de Juan Carlos para instaurar un sistema

13 Editorial. Con el dictador ha de morir la dictadura. Mundo Obrero. 18 de noviembre de 1975. AHPCE, Prensa; Dolores Ibárruri. Alocución a las mujeres españolas. 2 de octubre de 1975. AHPCE, Dirigentes. 22/1; Fin del verdugo. Agonía del franquismo. Declaración del PC de España. Mundo Obrero. 27 de octubre de 1975, 1. AHPCE, Prensa. 14 Comité Provincial del PCE de Valencia. El general Franco ha muerto. 20 de noviembre de 1975. AHPCE, Documentos, 56. 15 Editorial. Libertad, libertad. Mundo Obrero. 25 de noviembre de 1975, 1-2. AHPCE, Prensa.

18 Rueda de prensa en París de Santiago Carrillo. Unidad de todas las fuerzas democráticas. Mundo Obrero. 4ª semana de octubre de 1975, 4. AHPCE, Prensa; Franco desaparecido. Las tareas del movimiento obrero para que el franquismo desaparezca también. Nuestra Bandera. Noviembre de 1975, 11-34. AHPCE, Prensa.

16 La dictadura de Juan Carlos estrena asesinato en Tenerife. Noviembre de 1975. AHPCE, Documentos, 56; Mundo Obrero. Suplemento. s. f. [inicios de 1976]; Santiago Carrillo. 25 de noviembre de 1975. Dirigentes, 6/2.1.1.

19 AHPCE, Activistas, 93/435.68. 16 de noviembre de 1975.

17 Fin del verdugo… Mundo Obrero. 27 de octubre de 1975, 1. AHPCE, Prensa.

20 Editorial. Nuestra Bandera. Enero de 1976, 3-13. AHPCE, Prensa.

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Hegemonía significaba, además, cohesión. Un paso fundamental se produjo en el Pleno Ampliado del Comité Central celebrado en Roma a finales de julio. Se trató de un acto de afirmación del partido, y en él la escenografía resultó tan importante como la resolución política. Se celebraba días después de la designación de Adolfo Suárez como Jefe de Gobierno. En su declaración se acordó la disponibilidad del PCE para dialogar con el nuevo Ejecutivo, pero sobre las bases de la coordinación con la oposición y el programa de ruptura. El acto de Roma expresó, además, el carácter del PCE como comunidad de valores. Visibilizó su “salida a la superficie”, a través de un evento con importante repercusión mediática, cuyas significaciones dominantes fueron apelar a la memoria antifranquista como legitimación histórica, exigir la legalización y ratificar la afirmación democrática, ya prácticamente en términos de “ruptura pactada”.21

sición de izquierdas pidió la abstención, que finalmente se redujo a un 22% del censo. A este hecho se sumó la fallida huelga general impulsada por el PCE el 12 de noviembre y la celebración, en un clima de práctica legalidad, del XXVII Congreso del PSOE (8 de diciembre). Al tiempo, desde el entorno de la extrema derecha se multiplicaron los llamamientos a un golpe militar. Estos factores ayudan a entender el giro comunista, que se fundamentó en una lógica de renuncia, pero también de refuerzo, de parte de su estrategia anterior. Los resultados del referéndum forzaron que el PCE desistiese en su exigencia de un gobierno provisional pluripartidista o una consulta popular que aclarara el rumbo definitivo del régimen político (Monarquía o República). Pero, simultáneamente, la necesidad de abrogarse una nueva legitimidad representativa facilitó la transacción con el gobierno Suárez. El objetivo prioritario era lograr la legalización antes de las elecciones convocadas para el 15 de junio. Sólo de ese modo podría plantearse una eficaz transferencia entre el papel comunista desempeñado en la dictadura y el futuro protagonismo parlamentario. Según un análisis interno, ese proceso no sería consecuencia de una mera operación electoralista, sino la culminación de una eficaz vertebración geográfica, profesional e interclasista, basada en socializar el discurso patrimonial del partido. Sólo la solidez organizativa podría forzar la legalización, y sólo la legalización podría permitir esa supremacía electoral. Y para lograrlo era necesario el abandono definitivo del viejo proyecto de ruptura, puesto que el referéndum de diciembre había evidenciado

A lo largo del otoño y el invierno se tensó al máximo la maquinaria organizativa. El objetivo era cuantitativo: lograr una afiliación inmediata de doscientos mil militantes, susceptible de ampliarse hasta los trescientos mil (en aquel momento podría haber en torno a ciento cincuenta mil afiliados). Sobre esa base se planteó una campaña de presentación del partido, aprovechando el creciente clima de tolerancia, que se tradujo en mítines y conferencias, creación de agrupaciones o entregas de carnés. Pero la finalidad última era cualitativa: lograr incrementar su presencia pública, forzar los ritmos de la situación política y permitir que “todos los ciudadanos, y cada uno de los sectores sociales, conozcan a su partido”.22 La propaganda planteó una imagen en términos de estricto presente, recalcando que “los comunistas no somos una sociedad secreta. Somos hombres y mujeres normales y corrientes”, o reiterando su sesgo interclasista como “partido democrático”, “nacional” e “independiente”.23

La imposibilidad de imponer [ese proyecto] en la forma que originariamente nos planteamos. [Frente a

eso] hemos de conseguir ahora que los resultados electorales supongan la iniciación del proceso constituyente, y, por tanto, de la consolidación de la democra-

Esta campaña de visibilidad se producía, empero, en el momento en que las perspectivas de la ruptura se vieron definitivamente frustradas. El 18 de noviembre de 1976 las últimas Cortes de la dictadura aprobaron el Proyecto para la Reforma Política que planteaba su disolución y una inmediata convocatoria electoral. El proyecto fue refrendado en consulta popular el 15 de diciembre, obteniendo un fortísimo respaldo (casi el 95% de los votos emitidos). La opo-

cia. Pero, además, hemos de crear, en el contexto de

la campaña electoral, las condiciones más favorables

para avanzar en la construcción del Partido de masas que cada vez nos es más necesario.24

Ese análisis presagiaba algunas condiciones desfavorables: en especial, el peso que podían tener otros discursos sobre lo comunista, y, en particular, “la imagen que […] ha creado el franquismo durante los últimos 40 años”. De ahí la concepción de la campaña electoral como ofensiva que superase ese “rechazo psicológico”, enfocándo-

21 Santiago Carrillo. De la clandestinidad a la legalidad. 28-31 de julio de1976. AHPCE, Dirigentes, 6/2.2.1.57. 22 Jaime Ballesteros. Informe. Octubre de 1976. AHPCE, Dirigentes, 2/1.2.2. 23 PCE. 57 años de lucha, s. f. [inicios de 1977], e Ingresa en el PCE, s. f. [noviembre de 1976]. AHPCE, Documentos, 284.

24 Informe interno sin firma, s. f. [enero-marzo de 1977]. AHPCE, Documentos, 58/2.

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la en clave rectificadora de memoria. Santiago Carrillo y Mundo Obrero lo plantearon así. El informe de Carrillo del 15 de abril ante el Comité Central, el primer documento aprobado tras la legalización, no aludió a ninguna renuncia ni claudicación, sino que se presentó como “victoria de la reconciliación nacional”, apelando a la formulación integracionista planteada en 1956.25

nesia colectiva, sino más bien de todo lo contrario: de la presencia de una intensa memoria traumática. El discurso patrimonial y la memoria oficial del PCE de 1977 se apoyaron en valores anteriores, adecuándolos a nuevos condicionantes. Resultaron coherentes con unos principios que evidenciaban desideologización, moderantismo o potencial pragmático de pacto. Pero también fueron compatibles con la estrategia de la presión, y se orientaron a captar y movilizar apoyos sociales (Treglia 2012, 296-297). La defensa de la democracia pluripartidista y la insistencia en consolidar un régimen parlamentario vertebraron su campaña electoral. Esos enfoques contradecían los ribetes más radicales de su identidad histórica, pero eran tesis coherentes con la semántica del partido formalizada desde hacía décadas (Carrillo 1983). Álvarez Tardío (2004, 240) ha resaltado la percepción generalizada de la transición como etapa que aspiró a erradicar la violencia. Esa visión fue fruto, entre otras cuestiones, de relatos como el elaborado desde la memoria oficial del PCE, que resaltaba —dándole valor— un horizonte nacional conciliador e inclusivo.

Conclusión. Recuerdo y olvido comunista en la transición Valorar el discurso patrimonial y las estrategias de memoria del PCE conlleva situarlos en relación con las políticas de recuerdo de la transición, una fase que ha sido considerada como paradigma de cambio pacífico y consenso, fruto de una nueva cultura ciudadana, en una dinámica apuntalada gracias al liderazgo de la Corona y las élites reformistas (Edles 1995). Dicha perspectiva ha favorecido una visión hagiográfica del período. Frente a ese enfoque providencialista, se ha resaltado la complejidad de las variables históricas de 1976, donde se entrecruzó la presión de la oposición junto a sus límites y errores de análisis sobre el asentimiento social ante la monarquía recién nacida. A ello se añadió la progresiva articulación gubernamental del cambio político hacia márgenes democratizadores, en parte inicialmente “no deseados” por Adolfo Suárez, y, como trasfondo, la “perennidad” de un sector notable de la élite derivada del entramado franquista (Gallego 2008, 15-16). Otros puntos de vista han establecido lecturas sobre las políticas de recuerdo en la transición. Aguilar (2008, 233238) ha resaltado cómo las tensiones políticas —y, en particular, la presión del terrorismo o el riesgo de una involución golpista— coadyuvaron en una lógica balsámica de borrón y cuenta nueva. Ello conllevó que la memoria oficial prescindiese de antecedentes históricos (ni la Monarquía de Alfonso XIII ni la etapa republicana ocuparon esa función). Molinero (2010) ha indicado el desajuste presente entre ese plano institucional de memoria oficial y otras evocaciones sociopolíticas. La transición rompió con el pasado franquista. Sin embargo, también supuso la neutralización de la memoria reivindicativa de los vencidos. Finalmente, Cuesta (2007, 127-128) ha estimado cómo el acuerdo político que permitió el consenso constitucional no fue asumido en ciertos ámbitos culturales o historiográficos, ni fue consecuencia de una am-

Sin embargo, la Guerra Civil siguió actuando como espacio simbólico en la memoria comunista. En este sentido, cabe considerar la coexistencia de distintos planos de visibilidad y elusión. En 1977 se remarcó el valor de la política de reconciliación nacional entendida como reactivo frente a la memoria franquista y sus mitos de “Cruzada” y “Victoria”, aún muy presentes en ámbitos del empresariado, la Iglesia, la judicatura, las fuerzas policiales o el Ejército. Tal y como temía la dirección del PCE, la legalización provocó reacciones críticas. Para algunos sectores el partido seguía consustancialmente imbricado con la intolerancia y la violencia. Santiago Carrillo había aludido, en vísperas de la muerte de Franco, a la instrumentalización de las clases medias o de “sectores atrasados de los trabajadores” temerosos de una nueva guerra civil o una deriva radicalizada como la portuguesa de 1975, durante el Proceso Revolucionario en Curso,26 más allá de las profundas diferencias existentes entre el PCP y el PCE (Cardeira 2012). Tanto antes de la legalización como en vísperas de las elecciones, medios conservadores y ultraderechistas recuperaron imaginarios como el estalinismo o la represión en la retaguardia republicana (Gibello 1977; Martínez Bande 1977). En tales coordenadas, el discurso y las evocaciones de memoria comunista se convirtieron en ejercicios defensivos, orientados

25 Informe político presentado al Pleno del CC. 14-15 de abril de 1977. AHPCE, Documentos, 284; ver Mundo Obrero, 25 de abril a 1° de mayo de 1977, 4.

26 Franco desaparecido… Nuestra Bandera. Noviembre de 1975, 7. AHPCE, Prensa.

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a neutralizar esas visiones del partido o de alguno de sus líderes, en especial del propio Carrillo.

no, con vistas a asegurar la normalización democrática y del propio PCE como partido de masas según el modelo del PCI— acabó convirtiéndose en estructural, al derivar en el respaldo a las políticas de consenso y estabilización encarnadas en los Pactos de la Moncloa (1977) y la Constitución (1978). El PCE tampoco exigió responsabilidades jurídicas por la represión y apoyó la Ley de Amnistía promulgada en octubre de 1977, donde se eximía de dichas responsabilidades. La lógica era que, para sofocar el peligro de un bloqueo democrático —por la presión militar o la acción involucionista de sectores conservadores—, resultaba inevitable neutralizar cualquier posible uso revanchista de la guerra o la dictadura. La posición comunista ante la represión no fue muestra, por tanto, de amnesia estructural o humillante silencio, sino que expresó un olvido selectivo instrumental.

Desde fines de 1976 el principal objetivo del PCE fue revalidar en las urnas el protagonismo ganado durante el franquismo. Pero no deben obviarse otros factores que condicionaron la legalización, como el interés de Suárez por lograr la fragmentación del voto de izquierdas. A su vez, sondeos practicados a inicios de 1977 evidenciaron que reconocer el PCE robustecería la credibilidad del proceso democrático, y que era una decisión con claro respaldo social (Varela-Guinot 1990, 7-20). La campaña electoral comunista de 1977 se fundamentó en la idea de superación colectiva del conflicto. El mensaje lanzado al electorado fue que la guerra —y por extensión, la experiencia republicana— no era un factor que determinase la estrategia comunista. El PCE no había olvidado el enfrentamiento violento, sino que, más bien, lo había superado catárticamente. De este modo, se produjo la aparente contradicción de un PCE situado, de hecho, a la izquierda del PSOE, pero que manejaba un discurso más moderado que el socialista respecto a la invocación republicana. Otro tanto ocurrió frente a la extrema izquierda —aún ilegal en la primavera de 1977—, para quien la política de reconciliación nacional vivificaba la diferenciación frente al PCE, al estimar que evidenciaba su traición al pasado (Laíz 1995, 30).

Sin embargo, la Guerra Civil se mantuvo también en todo este contexto como capital de memoria épica, esencialmente entre el tejido militante comunista, en dimensiones como su carácter antifascista, el mito frentepopulista como proyecto progresivo, o respecto a su valor en términos de legitimación histórica. Las referencias a la guerra vertidas en documentos orgánicos editados en el verano de 1977 siguieron reiterando el esquema interpretativo formulado en los años sesenta y consagrado en el Manifiesto-Programa de 1975.28 Por su parte, las Fiestas del PCE —un modelo de congregación de militantes y simpatizantes que seguía la pauta italiana de las Fiestas de L´Unità— sirvieron como punto de encuentro de expresiones identitarias y de afirmación colectiva que entremezclaron la iconografía tradicional —si bien ya sin enseñas republicanas—, los hitos fundacionales y la evocación como epopeya de 1936.

El PCE incorporó a mediados de los setenta como seña ideológica el eurocomunismo, que remarcaba la independencia frente la URSS y presuponía que la profundización democrática permitiría una evolución gradualista y pacífica hacia un “socialismo en libertad”. Sin embargo, aquel proyecto convivió con otras concesiones. El partido no impidió la restauración monárquica, ni forzó su destronamiento o cuestionamiento plebiscitario. Como ha señalado Andrade (2012, 46-47), ese hecho actuó como “mecanismo de inhibición de la identidad ideológica”. En diciembre de 1976 Carrillo aún defendía una “república democrática”, si bien recalcando que “el Rey está ahí [y] es una realidad”.27 Era un enfoque coherente con la paulatina invisibilidad sufrida por la reivindicación republicana desde 1956, hasta llegar a su neutralización frente a una tríada de propuestas —elecciones, amnistía y libertades—, equiparables a las finalmente asumidas en el proyecto reformista de Juan Carlos I y Adolfo Suárez. Sin embargo, algo que de manera inicial podía ser táctico —la renuncia circunstancial al proyecto republica-

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La democracia como política pública: oportunidades para el fortalecimiento democrático* Alejandro Monsiváis Carrillov Fecha de recepción: 30 de octubre de 2012 Fecha de aceptación: 11 de abril de 2013 Fecha de modificación: 29 de abril de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.02

RESUMEN En este trabajo se argumenta que la democracia debe ser un objeto de interés para las políticas públicas. Ante algunas objeciones provenientes de la teoría política, se muestra que las políticas relevantes para la democracia son las que incumben a la realización del principio de inclusión política efectiva. Esto implica llamar la atención hacia el diseño institucional del régimen, las condiciones que promueven los valores, la competencia y la representación democrática, y los modelos participativos en las políticas públicas. También se discuten algunos factores relacionados con los procesos de cambio institucional que afectan a las políticas relacionadas con la democracia. Este planteamiento pretende contribuir a promover un diálogo más activo entre la teoría política, el análisis comparado y los estudios de política pública.

PALABRAS CLAVE Democracia, teoría normativa, política pública, diseño institucional, participación, representación.

Democracy as Public Policy: Opportunities for Strengthening Democracy ABSTRACT This paper will argue that democracy should be treated as an object of policy studies. Against some opposing theoretical views stemming from political theory, I will sustain that the public policies which are relevant for democracy are those pertaining to effective political inclusion. This requires casting light on the institutional design of political regimes, on the conditions that promote democratic values, electoral competition and political representation, and on the models of participatory governance in public policy. This paper will also discuss some factors related to the processes of institutional change that affect policies related to democracy. This paper aims to stimulate a more dynamic dialogue between political theory, comparative politics and policy studies.

KEY WORDS Democracy, normative theory, public policy, institutional design, representation, participation.

A democracia como política pública: oportunidades para o fortalecimento democrático RESUMO Neste trabalho, argumenta-se que a democracia deve ser um objeto de interesse para as políticas públicas. Ante algumas objeções provenientes da teoria política, mostra-se que as políticas relevantes para a democracia são as que incumbem à realização do princípio de inclusão política efetiva. Isso implica chamar a atenção para o desenho institucional do regime, para as condições que promovem os valores, para a competência e a representação democrática, e para os modelos participativos nas políticas públicas. Também se discutem alguns fatores relacionados com os processos de mudança institucional que afetam as políticas relacionadas com a democracia. Essa abordagem pretende contribuir para a promoção de um diálogo mais ativo entre a teoria política, a análise comparada e os estudos de política pública.

PALAVRAS-CHAVE Democracia, teoria normativa, política pública, desenho institucional, participação, representação.

Este trabajo es producto del proyecto de investigación 153597, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, del cual el autor es titular. El autor agradece los comentarios de los revisores anónimos de este texto. v Profesor-investigador en el Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colegio de la Frontera Norte, México. Correo electrónico: amonsi@colef.mx

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a democracia es un tema central para la filosofía política, la teoría constitucional y la investigación política comparada (Christiano 2003; Shapiro 2003; O´Donnell 2010). Pero desde estos campos suele ponerse poca atención a los programas públicos que se requiere implementar para conseguir que los mecanismos de la democracia funcionen. Para los estudios sobre política pública, a su vez, la democracia es ante todo una condición dada en el trasfondo, que enmarca la definición e implementación de políticas sectoriales y transversales (véase, a manera de ilustración, Bardach 2009; Kraft y Furlong 2009; Guess y Farnham 2011). El objetivo de este trabajo es mostrar que la democracia amerita ser tratada de manera sistemática como un fenómeno que se materializa a través de un amplio conjunto de políticas y programas públicos.

do de los regímenes políticos. La teoría política discute los fundamentos normativos de la democracia, su consistencia lógica y su acomodo con otros principios e ideales morales y políticos (cf. Estlund 2009; Knight y Johnson 2011). La investigación empírica sobre la democracia analiza cuáles son sus formas, manifestaciones y determinantes, y sus consecuencias para la estabilidad política, el desarrollo económico o el bienestar social (Boix 2003; Inglehart y Welzel 2005; Przeworski et al. 2000). La teorización normativa y la investigación empírica sobre la democracia constituyen dos campos especializados de indagación, a pesar de que constantemente las cuestiones que se plantean en un campo confluyen con las que se discuten en el otro (Munck 2009; Przeworski 2010; O´Donnell 2010). El campo en el que la democracia no ha encontrado un lugar claramente definido es en el del estudio de las políticas públicas. Considerando las diferencias en las teorías sobre la política pública (Sabatier 2007), se puede decir que bajo este rubro se inscriben cuestiones relacionadas con el estudio de los modelos de definición, planeación, implementación y evaluación de las acciones que se realizan con un carácter obligatorio en nombre del interés público (Kingdon 2002). En ese sentido, la política pública no es simplemente una acción de relevancia colectiva o que involucre a distintos actores gubernamentales y sociales. Es una acción que, a través de distintos medios, pretende alcanzar un objetivo que está respaldado por la legalidad y la autoridad estatales.

Para fortalecer la democracia, y en especial las democracias emergentes, hacen falta visión y voluntad políticas, pero también la capacidad de resolver cuestiones prácticas de diseño institucional y edificación de programas. No se trata de “despolitizar” la democracia sugiriendo que su sostenibilidad puede ser vista como una cuestión de planeación estratégica o de un análisis costo-beneficio, sino de llamar la atención hacia las instituciones, las políticas y los programas que constituyen el soporte de la participación, la competencia y la gobernanza democráticas. Este planteamiento pretende contribuir a promover un diálogo más activo entre la teoría política, el análisis comparado y los estudios de política pública. Para desarrollar este argumento comenzaré defendiendo la idea de que la democracia puede ser considerada una cuestión que incumbe a la política pública. En segundo lugar, señalaré que las políticas públicas relevantes para la democracia son aquellas necesarias para realizar el principio de inclusión política efectiva. Esto permite identificar tres áreas de oportunidad: el diseño institucional del régimen, las condiciones que promueven los valores, la competencia y la representación democrática, y los modelos participativos en las políticas públicas. Discutiré cada uno de estos temas, para luego introducir algunas consideraciones acerca de los principales desafíos que enfrentan las iniciativas de cambio y reforma en las políticas relevantes para la democracia. El texto concluye con una reflexión final.

La cuestión aquí, entonces, es ésta: ¿puede ser la democracia considerada como un objeto de la política pública? De forma intuitiva, dado que la democracia es por definición un asunto que involucra a la comunidad política en su conjunto, podemos considerar con toda naturalidad que puede serlo. Sin embargo, por más intuitiva que parezca, la idea de considerar la democracia como objeto de la política pública puede dar lugar a varias objeciones, que quedan sintetizadas en este planteamiento: si la política pública es una intervención autorizada desde la esfera gubernamental, que se realiza conforme a un programa estratégico de acción, entonces la democracia no puede ser un objeto de la política pública, debido a las condiciones de “politización”, “autogobierno”, y “equilibrio” que caracterizan la democracia.

La democracia como objeto de la política pública

La politización es una característica ontológica de la democracia. Es esa cualidad la que la hace elusiva al voluntarismo o la acción unilateral, pues se asume que la comunidad política, la ciudadanía, las leyes y la acción pública son instancias cuyos sentidos están permanentemente en

La democracia es un objeto de investigación propio de la teoría y la filosofía política y del estudio compara-

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disputa (Mouffe 2000; Rancière 1999). Desde este punto de vista, es objetable la idea de que la democracia pueda quedar regulada —“domesticada” o “despolitizada”, por así decir— por los modelos de la gestión pública. Para ser justos, es cierto que la ontología política de la democracia se define por la controversia y la disputa tanto simbólicas como políticas. Pero los desacuerdos normativos, la institucionalización contingente y la inestabilidad también caracterizan las políticas públicas. La distinción que hay que hacer, en todo caso, es la que hay entre la filosofía constitutiva de la democracia y el nivel de institucionalización que un régimen alcanza. En la práctica, cuanto mejor institucionalizado esté un régimen, los principios democráticos pueden operar de una forma más vibrante y auténtica. Las políticas públicas contribuyen a tal propósito.

librio estratégico, que representa la decisión racional para cualquier actor en una situación dada. En este caso, se enfatiza que la democracia no se consigue por decreto ni se sostiene a partir de un mandato externo. Su atributo principal es su autosostenimiento, en la medida en que se convierte en el punto de equilibrio en torno al cual convergen las consideraciones utilitarias de los actores. En la práctica, obviamente, no siempre se alcanza el equilibrio democrático, puesto que ciertos agentes pueden encontrar otras vías más eficientes para alcanzar sus fines. Lo que esto implica es que las políticas destinadas a preservar y fortalecer la democracia estarían de más. En última instancia, lo que importa es el cálculo estratégico de los actores poderosos. La concepción de la democracia como un equilibrio estratégico sería la razón más fuerte para desestimar que la democracia pueda ser objeto de política pública. Si la sostenibilidad de la democracia depende del cálculo de costos y beneficios, jugar bajo tales reglas supone para los agentes decisivos que lo que se haga o deje de hacerse en materia de política pública es inconsecuente. Enfocando más la lente, sin embargo, se puede concluir precisamente lo contrario. La edificación de instituciones y procesos que constituyan garantías de imparcialidad, inclusión y equidad en la contienda por el poder y de responsabilidad en el ejercicio del gobierno puede influir decisivamente en los cálculos de los agentes. Es más probable que un agente acepte resultados adversos a sus preferencias si la evidencia pública muestra que las condiciones han sido justas o imparciales, que si percibe, en cambio, que hay una ostentosa manipulación de las instituciones a favor de alguna de las partes.

Una objeción más de fondo proviene de asumir que el principio rector de la democracia es el autogobierno.1 En teoría, cuando una comunidad política adquiere plena soberanía, se asume que la democracia se convierte en la forma de organización política de esa colectividad. Aunque esta noción sea en la práctica mucho más compleja, lo que implica es que la democracia sería una forma de coordinación política que emana de la voluntad del colectivo. Podrá instituirse como resultado de una serie de procesos históricos y sociales, pero más allá de modelos constitucionales y de instituciones concretos, la democracia tendría que operar a partir de la transformación de las voluntades individuales en una voluntad colectiva, que sería el auténtico sustrato del autogobierno. Esta objeción no tiene en cuenta, en primer lugar, que la teoría contemporánea de la democracia ha dejado atrás las nociones sustantivas del autogobierno, para dar paso a modelos que tienen como punto de partida la noción de la “soberanía popular como procedimiento” (Habermas 1998). En segundo lugar, se pasa por alto que las normas, las instituciones y los procesos democráticos no están atados a los gobiernos nacionales: los procesos políticos transnacionales y el derecho internacional también pueden pensarse en clave democrática (Bohman 2010).

Estas consideraciones sirven al propósito de dar sustento a la intuición normativa de que la democracia puede ser un objeto de la política pública. Si hiciera falta, este hecho es reconocido en la práctica por múltiples actores sociales y políticos que impulsan reformas y cambios de distinta índole: la representación legislativa de minorías, la equidad en las campañas electorales, la fiscalización de los partidos políticos y la participación en los gobiernos locales, entre muchos otros. Lo mismo puede decirse de las acciones promovidas por organizaciones como el Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) o el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las tareas de asistencia y promoción de la democracia a escala internacional, a partir de esfuerzos multilaterales, de agentes gubernamentales u organizaciones independientes son tan numerosas y dinámicas que han dado lugar a una creciente agenda de investigación (Burnell 2008; Buxton 2006).

Un planteamiento ligeramente distinto es introducido por la noción de la democracia como equilibrio (Przeworski 1991). En la que se entiende la democracia como un equi-

1 Uno de los exponentes clásicos de este planteamiento es Rousseau (2003). Es conocida la crítica que hace Schumpeter (1970) a esta visión, “clásica”, de la democracia. Przeworski (2010, 17-43) revisa y replantea la crítica al ideal de la democracia como “autogobierno”.

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Democracia e inclusión efectiva

y particularismo. Para que la democracia funcione hace falta una burocracia estatal profesionalizada y eficiente —pero la construcción de esta burocracia, por más relevante que ésta sea, no es en sentido estricto parte de una política de fortalecimiento democrático—.

Hablando en términos más precisos: ¿qué significa que la democracia sea un tema de interés para las políticas públicas? Hay que comenzar por especificar el dominio en el que aplica esta cuestión. Este dominio está constituido por los regímenes que cumplen con los criterios mínimos para ser considerados democracias: elecciones libres y limpias, sufragio universal, libertades civiles, de asociación y de expresión, entre otros (Munck 2007; Mainwaring, Brinks y Pérez-Liñan 2007). Por lo tanto, las políticas públicas que son de interés en este marco son aquellas que están implicadas en la operación de la democracia, más que aquellas vinculadas con las transiciones desde los regímenes autoritarios.

Una segunda condición es de carácter normativo, y está estrechamente vinculada con la edificación de un poder estatal apegado a los derechos humanos. En el Estado de derecho, la acción estatal debe quedar limitada y controlada por la legalidad —una legalidad que, por principio de cuentas, protege la libertad y el patrimonio de los individuos—. Llevando más lejos este planteamiento, la legalidad que organiza el ejercicio de la autoridad estatal debe estar formulada de tal manera que contribuya a lograr que cada persona pueda tener una vida digna y plena (Donnelly 2006). Esto implica introducir la noción de los derechos humanos en el centro de la concepción del Estado de derecho. Sin embargo, la articulación normativa entre legalidad, derechos humanos y democracia no debe confundirse con una realidad empírica. La construcción del gobierno de la ley, la práctica de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia son procesos que pueden seguir trayectos distintos y ritmos dispares.

Sería poco práctico hacer una lista de las políticas y los programas públicos que podrían ser democráticamente relevantes. Es más conveniente identificar el objetivo que deben perseguir esas políticas. Entonces, la pregunta es ésta: ¿qué persigue una política pública que tiene por objeto la democracia? Puede parecer obvio, pero su cometido es optimizar los bienes democráticos. Son bienes democráticos aquellos que garantizan que la conducción de los asuntos públicos en un régimen político dependa en última instancia del juicio político colectivo de un conjunto de ciudadanos que se reconocen como libres e iguales. Este precepto está formulado todavía en un plano normativo y abstracto; pero sirve para distinguirlo de otros fines de la política que podrían confundirse con bienes asociados a la democracia. Por ejemplo, se podría esperar que una política de fortalecimiento democrático combatiera la corrupción o la impunidad, o que promoviera unas políticas sociales específicas. Por deseables que sean estos fines, no constituyen propiamente el foco de las políticas de robustecimiento democrático.

Las dos condiciones siguientes están asociadas con la idea de una democracia sustantiva. Para ser real, se podría decir, una democracia debe estar basada no simplemente en una igualdad política formal o procedimental. Esto supone que los ciudadanos serían iguales tanto en términos políticos como en términos de bienestar social, que constituirían una auténtica comunidad democrática, y no estarían meramente aglutinados en torno a una serie de procedimientos. Este postulado se cumpliría si y sólo si se verificaran tres condiciones. La primera, que exista un régimen que permite el debate público y la competencia por los puestos de gobierno; la segunda, que las condiciones materiales de vida de la población sean homogéneas en cuanto a distribución de la renta, el bienestar y el desarrollo humano. La tercera, que exista una auténtica integración social entre los miembros de la sociedad política.

Para avanzar un paso adelante es necesario hacer otra distinción: por un lado, hay condiciones asociadas con el funcionamiento de la democracia, y por el otro, se encuentran los atributos que constituyen este régimen. Las condiciones son los factores externos que inciden en el desempeño de la democracia, pero que no deben confundirse con sus atributos. Hay cuatro tipos de condiciones externas que son importantes en este contexto. El primer tipo es el de la solidez de la burocracia estatal. Mazzuca (2007) considera que los problemas que se le atribuyen a la “calidad” de la democracia en realidad se originan en una burocratización insuficiente de la administración pública. En lugar de constituir un aparato profesionalizado y eficaz, el Estado se encuentra atrapado por relaciones neopatrimoniales de patronazgo, clientelismo

Si se acepta este postulado, sólo podrían considerarse democráticos aquellos regímenes con elecciones competitivas en los que haya una distribución del ingreso igualitaria y una cohesión social fuerte. Su número quedaría reducido a unos cuantos. Pero la razón para rechazar este planteamiento no es simplemente que reduzca la contabilidad de democracias en el mundo. Se fundamenta en la especificidad propia de la demo-

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cracia política. La democracia es una forma de conducir los asuntos públicos, de tal manera que permita adoptar decisiones legítimas y colectivamente eficientes bajo condiciones de preferencias heterogéneas, convicciones normativas plurales y diversas estructuras de distribución del bienestar.

gramas que sostengan la operación cotidiana de la democracia. En los siguientes apartados discutiré algunas de las claves necesarias para estudiar las políticas que cumplen funciones centrales para la democracia.

La configuración institucional de la democracia

¿Cuáles son, entonces, los atributos de la democracia que deben ser considerados temas clave de la política pública? El ideal de la democracia es distribuir de manera equitativa el poder político en el régimen, de manera que todos aquellos que se vean implicados por las acciones o decisiones de la autoridad pública participen en la configuración y el control de esa autoridad. Si en la sociedad existen desigualdades debidas a la prosperidad, el talento, el mérito, la suerte, la condición sociocultural o cualquier otro atributo, esas diferencias no deberían traducirse en disparidades políticas. Para que esto no suceda, el sistema político debe estar basado en el principio de inclusión efectiva, o empowered inclusion, en los términos de Warren (2006): cada persona debe tener iguales oportunidades de participar en los asuntos públicos. Este precepto se traduce en derechos e instituciones políticos concretos. El más conocido es la norma de “una persona, un voto”, pero sus implicaciones pueden generalizarse de manera más amplia.

La democracia requiere una estructura institucional que regule la manera en que se articulan preferencias políticas, deliberación pública, votos, poderes legislativos, políticas públicas y mecanismos de rendición de cuentas.2 Esta estructura está integrada por las instituciones formales, como las constituciones políticas, las leyes y los ordenamientos normativos o reglamentarios que están respaldados por la autoridad del Estado (Carey 2000), pero también por las instituciones informales, que pueden llegar a tener igual o mayor influencia que las formales en la operación de la democracia (Helmke y Levitsky 2004).

Para fines heurísticos, una imagen un tanto estilizada de la democracia sería ésta: se trata de un régimen en el que la población adulta está facultada y tiene oportunidades equitativas para participar en los asuntos públicos; en el que se aceptan y se fomentan el disenso, la contienda argumental, la oposición programática; un sistema en el que los hechos y razones, las expectativas y las pruebas, se presentan y discuten en los espacios públicos, hasta construir acuerdos y formar mayorías autorizadas para elaborar las leyes y políticas; un régimen de gobierno que actúa conforme a las rutas trazadas por la deliberación pública en los espacios y momentos previstos para ello, y en el que la ciudadanía emite un veredicto político y electoral acerca de la calidad de los procesos y los resultados. Sería de esperar que en este régimen la conducción de las políticas rindiera resultados colectivamente óptimos y que las instituciones y los gobernantes contaran con aprobación y legitimidad públicas.

El conglomerado de instituciones formales e informales que constituyen unas democracias es producto de la historia y sus contingencias. Esto significa que son consecuencia de procesos de sedimentación social de largo plazo y que en su historia llevan las huellas de los conflictos en los que esas estructuras han estado inmersas. Las instituciones democráticas, al mismo tiempo, son resultado de propósitos y estrategias políticos que surgen como respuesta a coyunturas precisas (Katznelson y Weingast 2005). Han sido promovidas por actores y líderes concretos que, con mayor o menor éxito, han tratado de dar una orientación específica a esas instituciones. Las instituciones perduran, pero sus contenidos, sentido y consecuencias se ponen en juego cotidianamente. Aunque en buena medida el entorno institucional viene “dado”, y es por lo general difícil revertirlo o cambiarlo de fondo, es susceptible de ser reformado. Esta tensión entre permanencia y cambio llega a ser institucionalizada en los regímenes democráticos. Por ejemplo, se espera que la estructura institucional de un régimen sea estable y esté investida de valor simbólico (Huntington 1968) —como la constitución norteamericana, por ejemplo, que permanece inalterada en lo básico—. Al mismo tiempo, todas las

Si se quiere hacer realidad esta imagen hay que contar con ciudadanos activos y capaces de tener incidencia pública, partidos representativos, funcionarios responsables, líderes visionarios, y demás. Pero también se requieren instituciones, organizaciones públicas y pro-

2 Los enfoques institucionalistas han tenido una extensa influencia en el estudio de la política y la democracia. Para un panorama general y las diversas agendas de investigación vigentes, véanse: Goodin (2003), Rhodes, Binder y Rockmann (2008) y Shapiro, Skowronek y Galvin (2007).

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constituciones tienen previsiones para ser reformadas, usualmente mediante mecanismos que dificultan los cambios oportunistas.

dinámicas políticas de estos regímenes. Estos autores muestran que los sistemas presidenciales dispersan el poder en relaciones de autorización y transacción, y resaltan, al mismo tiempo, las dificultades en el proceso de formulación de políticas que pueden surgir a raíz de la fragmentación del espectro político.

Es cierto que el cambio constitucional o las reformas a las instituciones políticas no siempre obedecen al propósito de optimizar el bienestar colectivo —la hipótesis suele ser que los políticos o los partidos buscan maximizar su poder (Benoit 2007)—. Sin embargo, aun en situaciones en las que se pretenda construir instituciones dirigidas al interés público, no es posible elegir de manera axiomática. Las instituciones tienen múltiples efectos, y no todos ellos son convergentes. La eficacia, decisión y adaptabilidad tienden a estar en oposición respecto a la representatividad, la inclusión y la política de la negociación. En los sistemas presidenciales, el fortalecimiento del poder ejecutivo puede ser aprovechado por líderes poco dispuestos a someterse al contrapeso de otras instituciones; simétricamente, el pluralismo en el Congreso puede dar entrada a partidos pequeños que ejerzan chantaje sobre el partido en el gobierno. Tensiones semejantes se encuentran en otros bloques institucionales: sistemas electorales que fortalezcan los partidos políticos pueden ir en detrimento de la conexión electoral con los votantes, mientras que las reglas electorales personalizadas pueden generar clientelismo y particularismo. La centralización de la autoridad puede inducir a poca responsabilidad, inflexibilidad, y a ser poco eficiente; la descentralización o el federalismo pueden producir descoordinación y fragmentación.

La tensión de fondo parece radicar, como sugieren Gerring y Thacker (2008), en la manera en que los arreglos institucionales configuran la autoridad democrática. De acuerdo con estos autores, una larga tradición de teóricos y analistas políticos han resaltado las virtudes de los modelos que fragmentan y dispersan el poder. En cambio, ellos favorecen un modelo “centrípeto” de la democracia, en la que la inclusión y la proporcionalidad pueden contribuir a la toma oportuna y eficaz de decisiones si se combinan con reglas que faciliten la concentración de la autoridad democrática. A partir de evidencia empírica muestran que los sistemas parlamentarios con sistemas electorales de lista cerrada y de partidos fuertes tienen mejor desempeño que otros sistemas con mayor dispersión del poder. Los hallazgos son sugerentes, pero no han cerrado de manera definitiva el debate. Su contribución principal consiste en describir de qué manera se pueden combinar el pluralismo y la eficacia política en un modelo democrático de gobernanza. Los resultados de la investigación empírica en torno a las instituciones de la democracia ofrecen valiosos insumos para impulsar y orientar procesos de cambio y reforma institucional. En tales procesos, el contexto importa, y es deseable que las alternativas sean discutidas y debatidas ampliamente en la esfera pública y los espacios de decisión. Los tomadores de decisiones —líderes, legisladores, asambleas constituyentes— deben alcanzar equilibrios entre sus aspiraciones normativas, las demandas de la ciudadanía, las problemáticas a las que pretenden dar respuestas y las características de las reglas que promueven. Es tentador ofrecer soluciones drásticas o introducir reformas parciales sin considerar el efecto global de las mismas. Por ejemplo, la introducción de mecanismos de democracia directa como reacción a la desconfianza ciudadana en las instituciones representativas puede constituir un remedio parcial o incluso contraproducente. Los problemas de la representación pueden encontrar solución a través de reformas en las propias instituciones representativas. Promover la influencia ciudadana en la toma de decisiones puede también lograrse a través de otros mecanismos de gobernanza, y no solamente a través de figuras como la iniciativa popular o el referéndum —abordaré esta cuestión más adelante, al entrar en el tema de la participación y las políticas públicas—. De la

Para abordar las cuestiones de diseño institucional, por lo tanto, es prudente ir paso a paso y no perder de vista las implicaciones en el conjunto de cambios focalizados y puntuales. Al propio tiempo, es preciso tener en cuenta que la configuración institucional de la democracia tiende a seguir pautas generales en la organización del poder. Esto es importante para evaluar la congruencia global del diseño institucional de la democracia. De acuerdo con Lijphart (2000), las democracias en el mundo se apegan a modelos de tipo mayoritario o de tipo consensual. En los primeros se tienen instituciones que inducen a la reducción de actores en el espacio político y la formación de mayorías compactas y decisivas; en los segundos se incentivan el pluralismo, la inclusión y la coordinación negociada entre múltiples actores. El planteamiento de Lijphart contribuye a entender mejor el funcionamiento de los regímenes parlamentarios o semipresidenciales, pero no muestra de qué manera los sistemas presidenciales pueden adoptar esquemas consensuales de coordinación política. El modelo “neomadisoniano” de Carroll y Shugart (2007) resulta más certero para explicar las

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misma manera, puede ser más efectivo hacer reformas puntuales en un sistema presidencial que dar un salto, sin poner atención al detalle, del presidencialismo al parlamentarismo. En este sentido, Colomer y Negretto (2005) han sugerido una serie de medidas precisas y viables para “parlamentarizar” el presidencialismo. No se trata de armar un pastiche sino de incorporar mecanismos para la formación de mayorías en regímenes que, como regla general, tienden a promover la fragmentación legislativa, el bloqueo o la acción unilateral.

concretos a valores como participación, deliberación, pluralismo, legitimidad, derechos humanos, legalidad, rendición de cuentas, no-discriminación, entre otros. El arraigo colectivo de los valores asociados a la democracia es un componente un tanto intangible pero de vital importancia para la vida pública de una sociedad política. En estos temas existe mucho que hacer por parte de los actores políticos, los gobernantes, las organizaciones sociales y los programas públicos. Los valores de una cultura democrática son atrayentes, pero son también polisémicos y controvertidos. Sin dejar de lado que la mejor manera de promover una cultura es dotándola de sentido en la práctica, es posible también impulsar ambiciosos programas de educación cívica y desarrollo de capacidades ciudadanas, que estén dirigidos a infantes, jóvenes, sectores focalizados de la ciudadanía, y hacia el electorado en su conjunto.

La inclusión efectiva: valores, competencia y representación La democracia requiere la existencia de condiciones que promuevan oportunidades equitativas para tomar parte en los asuntos públicos y, particularmente, en los procesos electorales. Las leyes, agencias gubernamentales, políticas, y los programas públicos, son necesarios para ofrecer garantías y oportunidades de inclusión, equidad e imparcialidad. Puesto de otra forma, se requiere una activa regulación y una intervención estatales para robustecer la calidad de la participación política, el debate público, la formación de organizaciones políticas y la competencia por los votos y los puestos de elección popular.

En tercer lugar, aparece la necesidad de mejorar las condiciones institucionales y políticas que estructuran el debate público, la competencia electoral y el ejercicio de la representación. Por así decir, se trata de robustecer las reglas y los procesos de una “poliarquía” (Dahl 1989). Para alcanzar tales propósitos, la estructura regulatoria, administrativa y jurisdiccional de la democracia es de una relevancia estratégica. La demarcación de los distritos electorales, la conformación del padrón electoral, la logística organizativa de los comicios, la adjudicación legal de las controversias legales relacionadas con los derechos políticos y las elecciones, entre otros procesos, necesitan ser operadas por organizaciones y programas públicos que garanticen legalidad, imparcialidad, pericia técnica, eficacia y eficiencia. Son el tipo de cuestiones que quedan englobadas en el concepto de “gobernanza electoral” (Mozaffar y Schedler 2002). La función de la gobernanza electoral es, en otras palabras, establecer la estructura organizacional, regulatoria y jurisdiccional para la realización de elecciones libres y limpias. Existe evidencia que muestra que la creación de órganos de gobernanza electoral autónomos y eficientes incide favorablemente en la calidad de las elecciones (Hartlyn, McCoy y Mustillo 2008).

El punto de partida es la constitución jurídica, institucional y simbólica del demos: los preceptos que definen quiénes y bajo qué condiciones están facultados para autogobernarse. Es aquí donde se ponen en juego los umbrales para el acceso a la ciudadanía y el ejercicio de los derechos políticos. Un régimen democrático está basado en el principio de que la población adulta, por encima de cierto umbral de edad, tiene derecho a asociarse, votar y ser votada. Este principio contempla restricciones, que están ligadas a situaciones particulares: una edad por debajo del umbral requerido, estar cumpliendo una pena por la comisión de un delito, ciertas formas de trastornos psicopatológicos, o la condición migratoria, entre otras. Al definir las condiciones de habilitación del acceso y ejercicio de los derechos políticos, empero, debe buscarse la aplicación de medidas que otorguen garantías, que busquen limitar las restricciones establecidas sobre criterios que pudieran ser discriminatorios o inconsistentes con los parámetros internacionales de promoción de los derechos humanos.

Una cuestión central para la regulación de la competencia política, por otra parte, es la relacionada con la organización de las campañas electorales. Éste es un campo donde las controversias normativas y empíricas son intensas. Incumbe a la regulación de los períodos destinados a la contienda electoral, los modelos de financiamiento y el acceso a los medios masivos de comunicación, entre otros (IDEA 2003; Zovatto

En segundo lugar, para impulsar la equidad e inclusión políticas es indispensable promover una robusta cultura pública, que pueda apropiarse y darles sentidos

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2004). Existen diversos modelos de regulación, en los que la tensión entre equidad y libertad se manifiesta de manera compleja. El principio de equidad sugiere medidas regulatorias más pronunciadas, mientras que el principio de libertad, en general, recomienda mecanismos de mercado en la competencia política. Por un lado, como en los modelos europeos, se promueve el predominio del financiamiento público sobre el privado y el establecimiento de procedimientos equitativos de acceso a los medios públicos y privados de comunicación masiva; por el otro, siguiendo el modelo estadounidense, se ponen pocas barreras al flujo de recursos privados a las campañas, los candidatos y los partidos, y la desregulación del acceso a los medios.

Por tratarse de organizaciones políticas que dependen de los incentivos proporcionados por el sistema electoral, de su desempeño en las elecciones y de las reglas que estructuran la organización legislativa, no es posible crearlas por mandato, ni regularlas como si se tratara de organizaciones sociales filantrópicas o de carácter cívico. Sin embargo, es necesario que los partidos políticos encuentren marcos jurídicos que les den certeza institucional, que protejan los derechos políticos de sus miembros y que permitan a la ciudadanía en su conjunto fiscalizarlos como a otra entidad estatal. Las cuestiones asociadas con la regulación de la participación, la competencia, la gobernanza electoral y la representación política son de primera importancia para la calidad de la democracia. En los regímenes contemporáneos, se trata de cuestiones que requieren un destacado desarrollo de capacidades organizacionales y técnicas para ser instrumentadas con certeza y eficacia.

Los modelos regulatorios más estrictos benefician al interés público a través de medidas que crean espacios para la manifestación de distintas voces, pero pueden resultar demasiado rígidos y, por otro lado, ineficaces: los recursos privados suelen encontrar rutas insospechadas para llegar a los bolsillos de los políticos en campaña. Los modelos menos regulados reducen los costos administrativos de supervisión y fiscalización, pero pueden inducir a una influencia desmedida de poderosos intereses económicos en la política. Identificar los modelos regulatorios más apropiados y eficaces para la competencia democrática en un contexto determinado es uno de los desafíos de política pública más importantes que se enfrentan en el marco de la gobernanza electoral.

Innovaciones participativas Un tercer campo de oportunidades para impulsar políticas públicas relevantes para la democracia es, precisamente, el de la participación en las políticas públicas. En este plano, la apuesta es doble: en el diseño e implementación de políticas y programas públicos, incorporar elementos participativos sirve a los propósitos de mejorar la eficiencia y la eficacia de las políticas, al mismo tiempo que se promueven la inclusión y el fortalecimiento de las capacidades políticas de distintos sectores de la ciudadanía. Se trata, sin duda alguna, de dos expectativas que deben ser objeto de estudios empíricos, con la finalidad de determinar en qué medida y bajo qué circunstancias pueden cumplirse ambas simultáneamente.

De manera simétrica, otra función pública crucial es establecer mecanismos para la representación democrática. Por un lado, se encuentran las reglas constitucionales que establecen las condiciones en las que los ciudadanos pueden formar asociaciones políticas, participar políticamente o postularse a puestos de representación popular. Por otro, las regulaciones que implican directamente a las asociaciones y partidos políticos.

Los esquemas participativos provienen de un replanteamiento del rol del Estado y las agencias gubernamentales en las políticas públicas. La política pública ha dejado de ser considerada como una responsabilidad exclusiva de una burocracia estatal unificada y centralizada. El concepto de gobernanza alude precisamente a una transformación en el rol que tiene el Estado en la vida pública, dejando de cumplir una función directiva para fungir más bien como una instancia de coordinación (Kooiman 2000; Cerrillo 2005; Pierre y Peters 2000). La gobernanza se estructura como un conglomerado de actores estatales, gubernamentales, organizaciones sociales y empresas, entre otros, cuyas formas de articulación son de carácter reticular, más que de índole jerárquica o mercantil —de ahí que

Precisamente porque el rol de los partidos políticos en las democracias contemporáneas es clave, controvertido, y se encuentra en transformación, es necesario promover políticas que impulsen su rol de organizaciones que cumplen importantes funciones en los procesos de reclutamiento político, postulación de candidatos, difusión de programas de gobierno, elaboración de leyes y rendición de cuentas (IDEA 2007). De lo que se trata es de ofrecer condiciones para definir en qué consiste su rol de entidades de interés público, fortalecer su estructura organizativa, fomentar su estructuración programática y sus vínculos con el electorado.

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se hable de redes de política pública—(Adam y Kriesi 2007; Marsh y Smith 2001; Rhodes 2006). Los esquemas emergentes de gobernanza y las redes de política pública suponen diversas relaciones de cogestión, responsabilidades compartidas y colaboración entre actores provenientes de distintos sectores. Sin embargo, estas descripciones suelen aludir solamente a una faceta de estos cambios en la coordinación pública. Otra cara de la gobernanza es el proceso de “achicamiento” del Estado, que es consecuencia de la introducción de mecanismos de mercado en la provisión de bienes y servicios públicos. Esta tendencia puede generar modelos de acción pública más flexibles e inclusivos, pero también puede reproducir o ampliar desigualdades preexistentes, como consecuencia de la reducción de la función redistributiva del Estado. De la misma manera, la conformación de redes de política puede constituir arreglos más eficaces para responder al entorno, pero también puede tener como consecuencia mayores dificultades para distinguir responsabilidades concretas y ser objeto de fiscalización o rendición de cuentas.

Se trata de numerosos esquemas de acción pública en los que las relaciones e interacciones entre agentes gubernamentales, especialistas y expertos, grupos de interés, públicos beneficiarios, organizaciones sociales y ciudadanía en general adoptan pautas de horizontalidad, colaboración y coordinación. Sus atributos y características son tan variados como los fines que persiguen o los contextos en los que surgen. Para describirlos se puede hablar de modelos de “gobernanza participativa empoderada” (empowerd participatory governance) (Fung y Wright 2003), “esferas de participación” (participatory spheres) (Cornwall y Schattan 2007), entre otros. Los esquemas emergentes suelen estar ligados a la definición e implementación de programas a escala local, en áreas que tienen que ver con la organización urbana, la educación pública, los servicios de salud, la administración del medio ambiente o la supervisión y contraloría social del ejercicio del gasto público, entre otras. También existen innovaciones semejantes que se aplican en instituciones o programas de alcance nacional. En muchos casos se trata de instrumentos de acopio de información o de apertura de espacios para la consulta con los implicados por una política concreta. Los que más han captado la atención de los especialistas son los que incorporan formas de participación que tienen un rol determinante en la configuración de la agenda, la toma de decisiones y/o la fiscalización y evaluación de un programa público. Otros modelos de participación se constituyen como interfaces socioestatales (Isunza 2006), que introducen mecanismos de control y rendición de cuentas (Hevia 2006). Un amplio número de iniciativas de gestión pública participativa han surgido como respuesta a escenarios y coyunturas concretas, en los que llega a confluir una serie de movimientos y redes asociativos fuertes e influyentes con otros agentes gubernamentales, funcionarios y tomadores de decisiones que se muestran dispuestos a implementar programas ambiciosos.

Por otra parte, los esquemas participativos de acción pública también son resultado del surgimiento de diversas iniciativas que pretenden remediar el malestar y la insatisfacción con la democracia (Newton 2012).De entrada, hay que mencionar el impulso que han tenido diversos mecanismos de democracia directa: plebiscito, referéndum, iniciativa o consulta popular, revocación de mandato, etc. Estos instrumentos responden, en gran medida, al deterioro en la relación entre representantes políticos y ciudadanía, que tiene un carácter generalizado, aunque en algunos casos se presenta con particular intensidad. Para fortalecer la gobernanza democrática, los mecanismos de democracia directa son elementos que aportan a la renovación de la relación entre participación ciudadana y políticas públicas; pero también es preciso resaltar que este tipo de instrumentos representan sólo una parte del conjunto de iniciativas participativas de reciente creación.

Las innovaciones democráticas son indicativas de que en la concepción, implementación y evaluación de las políticas públicas hay espacios para la experimentación y la innovación. Las iniciativas participativas contribuyen a promover la creación de espacios de confluencia social-estatal, la deliberación pública, la participación y el fortalecimiento de competencias y capacidades cívicas. Pueden servir para incorporar puntos de vista plurales en la gestión pública, fortalecer la legitimidad de las acciones colectivas y disminuir las dinámicas de exclusión de que son objeto diversos grupos o sectores sociales —si bien los efectos

Otro tipo de mecanismos están insertos en los procesos de diseño e implementación de políticas públicas y tienen un carácter más participativo, procesual y deliberativo. Son modelos participativos de gobernanza que han tenido una extensa difusión (Fung 2006). Es en este plano, como argumenta Warren (2009), en el que se han registrado las aportaciones democráticas más importantes durante las últimas décadas. Por su carácter emergente y su disposición a romper moldes preestablecidos, en la literatura se les conoce como “innovaciones democráticas” (Gurza e Isunza 2010; Smith 2009).

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de las desigualdades socioeconómicas y de otra índole persisten y suelen difíciles de modificar, los modelos participativos pueden ayudar a revertir parcialmente tales condiciones—.

programa, es posible que con cierta visión y cierto empuje se puedan alcanzar metas más sólidas y permanentes que las que se lograrían si se sigue la ruta de los cambios formales. Para fines analíticos, es necesario formular planteamientos que permitan captar la complejidad de los procesos de cambio y reforma en las instituciones y las políticas públicas (Mahoney y Thelen 2010). Es indispensable tener en cuenta que la implementación de reformas o innovaciones democráticas tiene lugar en contextos estructurados por las trayectorias y los procesos históricos. La estructura del Estado, la organización económica, la cultura jurídica, las formas asociativas, los grupos de interés, los modelos de gestión o las rutinas organizacionales son elementos que se han construido a lo largo de rutas institucionales concretas, a partir de las contingencias que sucedieron o las decisiones que se adoptaron en momentos clave (Mahoney 2003; Pierson 2000). Estas rutas son las que estructuran los desequilibrios de poder, las alternativas disponibles de acción en un momento dado.

Trayectorias, oportunidades y desafíos Si se considera que la democracia es un objeto de la política pública, entonces debe asumirse que es susceptible de mejorarse de manera propositiva y estratégica. La democracia puede funcionar mejor, en gran medida, si existen instituciones, organizaciones gubernamentales y programas adecuadamente diseñados y certeramente conducidos. Fortalecer la calidad de la democracia implica, como se ha señalado, desarrollar políticas eficaces en los planos del diseño institucional, la regulación de la competencia política y la gobernanza participativa. Los retos para construir tales políticas son múltiples. Uno de los principales se origina en el carácter distributivo de las políticas asociadas a la democracia: en la medida en que establecen condiciones favorables para la inclusión política efectiva, trastocan los equilibrios políticos basados en diversas formas de disparidad. Este factor puede elevar los costos de las iniciativas de cambio. Es importante, por lo tanto, investigar de manera sistemática la manera en que se construyen políticas públicas eficaces que están destinadas a sostener las dinámicas democráticas.

Concretamente, la definición e implementación de instituciones y programas que fortalezcan la democracia requieren una óptima combinación entre estructuras de oportunidad, compromisos normativos con la democracia y capacidades organizacionales. Las estructuras de oportunidades son las que permiten crear condiciones propicias para la acción cooperativa y el alineamiento de intereses (McAdam, Tarrow y Tilly 2003, 14-18). Estas oportunidades permiten redefinir el equilibrio de poder en un escenario dado y generar incentivos para la coordinación entre distintos actores en torno a una meta colectivamente eficiente. Se producen cuando hay modificaciones repentinas en la correlación de fuerzas en un escenario dado, cuando se fisuran ciertas coaliciones o cuando se configuran otras.

Habitualmente se piensa que el cambio en las políticas sigue dos modelos prototípicos: uno es la de la planeación centralizada, empujada “desde arriba” por las élites políticas; el otro es la ruta desde “abajo hacia arriba”, impulsada por iniciativas participativas. Para muchos, las opciones democratizadoras suelen venir “desde abajo” y “desde afuera” del aparato estatal: de la sociedad civil, de las grassroots organizations. Lo cierto es que, en la práctica, entran en juego otras dimensiones que le dan un sentido más complejo y matizado a la construcción de las políticas públicas. Una propuesta innovadora en ciertos contextos puede servir para enmascarar intentos por mantener el statu quo en otros escenarios. La experimentación con instrumentos legales o con mecanismos de apertura y participación puede ser eficaz mientras una cierta coalición de actores mantenga posiciones estratégicas en el gobierno, pero puede debilitarse si cambian esas posiciones. También puede presentarse el caso siguiente: sin cambios formales en las reglas y en los objetivos de algún

En una circunstancia determinada, para los actores puede resultar estratégico favorecer el surgimiento de políticas que den certidumbre democrática: un órgano de administración electoral independiente, por ejemplo, que evite los conflictos políticos y las posibilidades de fraude. Sin embargo, la ideología y los valores democráticos de los actores políticos y sociales son elementos decisivos (Welzel e Inglehart 2009). Los compromisos normativos con la democracia influyen en el alcance y contenido de las reformas institucionales. De hecho, es el compromiso normativo con la democracia lo que puede hacer la diferencia en momentos en los que los líderes políticos, la ciudadanía o los movimien-

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Conclusiones: políticas públicas para la democracia

tos sociales deben tomar decisiones difíciles y riesgosas. Las convicciones democráticas han sido cruciales para enfrentar el recrudecimiento del autoritarismo en las dictaduras, durante los procesos de transición o en situaciones en las que se ha requerido innovar en el plano de las políticas públicas. Si entre las élites políticas o entre actores sociopolíticos relevantes las convicciones democráticas son superficiales, disminuyen las posibilidades de que surjan propuestas políticas innovadoras en ese sentido.

El objetivo de este trabajo ha sido señalar que el fortalecimiento de la democracia requiere poner atención a las políticas públicas. Una aseveración en este sentido puede parecer obvia y trivial, pero no lo es. En primer lugar, se requiere disipar la idea de que la democracia no puede ser objeto de las políticas públicas, pues eso implicaría “despolitizar” o convertir en un asunto de objetivos y programas lo que en realidad es una cuestión eminentemente política. Luego, es necesario delimitar el campo de las políticas públicas que son directamente relevantes para la democracia, pues podría decirse que, en última instancia, todas lo son. Además, es necesario señalar a qué se debe que ciertas políticas a favor de la democracia puedan prosperar más que otras.

Este señalamiento conduce a resaltar el rol que desempeñan las capacidades estatales y gubernamentales para la implementación de las políticas públicas.3 Las contingencias y los eventos imprevistos pueden crear oportunidades favorables para ciertas políticas, que pueden ser capitalizadas por agentes con firmes convicciones democráticas. Pero esas oportunidades también se ven sujetas a los imprevistos de la implementación. No siempre es posible mantener la continuidad entre los propósitos y las capacidades. Los actores políticos pueden proponerse fines claros e inequívocos, pero contar con pocas capacidades públicas para realizarlos. Tener la capacidad de cumplir con un propósito público implica contar con recursos económicos, tecnología, normatividad apropiada y capital humano. Si se quiere impulsar una ambiciosa política de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos, por ejemplo, no solamente hacen falta instrumentos normativos garantistas y facultativos. También se requieren personal capacitado y recursos financieros y administrativos para alcanzar las metas establecidas.

En este trabajo he argumentado que las políticas públicas que pueden contribuir a fortalecer la democracia son aquellas directamente vinculadas con la materialización del principio de inclusión efectiva. Las políticas de fortalecimiento del Estado o de desarrollo económico y social pueden ser decisivas, pero son otras a las que hay que poner atención, en este caso concreto: las vinculadas al diseño constitucional, a las condiciones que promueven los valores, la competencia y la representación democrática, y a la introducción de mecanismos de participación y deliberación en las políticas públicas. Se trata de un conjunto amplio y diverso de normas, instituciones, agencias estatales y programas gubernamentales, que pueden estar en tensión entre sí o alcanzar, cada uno, niveles de institucionalización dispar.

De esta manera, pueden verse los principales desafíos que enfrenta la construcción de políticas públicas para la democracia. Por un lado, las alternativas y posibilidades concretas de reforma dependen de las trayectorias y decisiones previas, que han estructurado al Estado, el gobierno y su relación con la sociedad. Por otro, se encuentra la necesidad de crear oportunidades estratégicas de reforma o profundización institucional, que vengan respaldadas por firmes convicciones democráticas y disposiciones a innovar. Finalmente, se encuentra el desafío de consolidar, al mismo tiempo, capacidades públicas suficientes para establecer y llevar a cabo las políticas esperadas.

El desarrollo de políticas públicas para la democracia lo que intenta es producir condiciones efectivas de equidad e inclusión política. Este desarrollo se enfrenta a múltiples obstáculos, originados en las disparidades políticas estructuradas a lo largo del tiempo y la historia de cada régimen. De ahí que el diseño institucional, las reformas y las innovaciones en materia de política pública requieran no solamente encontrarse respaldados por capacidades efectivas de actuación pública, sino por coyunturas políticas propicias y convicciones democráticas firmes.

En América Latina, como muestran Zuvanic e Iacoviello (2010), las capacidades burocráticas del Estado constituyen el “eslabón más débil” en el proceso de formulación de políticas. Back y Hadenius (2008), por otra parte, sugieren que el fortalecimiento de la democracia puede significar una mejora en las capacidades estatales, evidencia que resulta alentadora para los países latinoamericanos.

Para cerrar este trabajo, es preciso hacer dos señalamientos más. El primero, es que hay que resaltar la importancia de impulsar investigaciones en torno a las agencias de gobierno, las políticas y los programas que contribuyen

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a hacer que el debate público, las elecciones, los procesos legislativos, la gobernanza, y demás componentes del proceso democrático, funcionen de acuerdo con lo previsto. Si en torno a esta agenda convergen la teoría política, el análisis político y los estudios de política pública, es de anticipar importantes contribuciones. El segundo, es de tipo programático: el ejercicio de la función pública requiere recursos humanos con la formación técnica adecuada, pero también con un ideario democrático a la vez afianzado y fluido. Conseguir esto implica impulsar expresamente este tipo de formación entre los políticos y servidores públicos. Los compromisos normativos con la democracia, la legalidad y los derechos humanos no se adquieren de modo espontáneo; es necesario promoverlos en la práctica, pero también como parte de la capacitación profesional y técnica de los responsables de las políticas.

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Hacia la multiplicidad del espacio en la historia. Relaciones entre el cambio social y los cambios en la disciplina en las últimas cuatro décadas* Fabio Vladimir Sánchez Calderónv Fecha de recepción: 29 de noviembre de 2012 Fecha de aceptación: 19 de abril de 2013 Fecha de modificación: 9 de mayo de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.03

RESUMEN En las últimas cuatro décadas ha habido un cambio en la manera en que la historiografía incorpora el espacio como categoría de análisis. Así, se ha presenciado la emergencia de múltiples escalas, conexiones y dinámicas espaciotemporales en el trabajo histórico que han llevado al cuestionamiento del Estado-nación como referente espacial de la sociedad. Basado en la noción de régimen de historicidad, este artículo plantea que este cambio en la disciplina está relacionado con un giro que tiende a privilegiar el presente en la experiencia y concepción del tiempo, vinculado a su vez con una crítica al progreso como motor de la historia.

PALABRAS CLAVE Historia, historiografía, presente, espacio, escala, siglo XX.

Towards the Multiplicity of Space in History. The Relation between Social Change and Changes in Discipline in the Last Four Decades ABSTRACT Historiography, in the last four decades, has changed the way space is included in history as a category for analysis. Multiple scales, connections and space-temporal dynamics have emerged in the discipline that has led to questioning the Nation-state as the dominant spatiality of society. Based on the notion of regime of historicity, this article states that this change in the discipline is related to a turn in society which tends to privilege present over future in the conception and experience of time, which is, in turn, related to a critique of progress as the driving concept of society.

KEY WORDS History, historiography, present, space, scale, 20 th century.

Este artículo resultado de la investigación doctoral “La cuenca del río Tunjuelo en la construcción de Bogotá. Minería, inundaciones y urbanización en la segunda mitad del siglo XX”, dirigida por la profesora Marta Herrera, coordinadora del grupo de investigación UMBRA: Espacio, Sociedad y Cultura, y cuenta con la financiación de Colciencias a partir del Programa de Formación de Doctorados Nacionales (Convocatoria 2010). v Geógrafo, estudiante del doctorado en Historia de la Universidad de los Andes, Colombia. Integrante del grupo de investigación UMBRA: Espacio, Sociedad y Cultura. Entre sus últimas publicaciones, se encuentran: La naturaleza en la historia. Tendencias y cambios en la historia ambiental: 19702010. En Semillas de Historial Ambiental en Colombia, ed. Stefania Gallini. Bogotá: Jardín Botánico – IDEA – Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional (En prensa), y Elementos para una geopolítica de los megaproyectos de infraestructura en América Latina y Colombia. Cuadernos de Geografía 17 (2008). Correo electrónico: fabisanc@uniandes.edu.co

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Rumo à multiplicidade do espaço na história. Relações entre a mudança social e as mudanças na disciplina nas últimas quatro décadas RESUMO Nas últimas quatro décadas, uma mudança vem acontecendo na maneira em que a historiografia incorpora o espaço como categoria de análise. Assim, vem se presenciando a emergência de múltiplas escalas, conexões e dinâmicas espaço-temporais no trabalho histórico que vêm levando ao questionamento do Estado-nação como referente espacial da sociedade. Baseado na noção de regime de historicidade, este artigo propõe que essa mudança na disciplina está relacionada com um giro que tende a privilegiar o presente na experiência e concepção do tempo e vincular, por sua vez, com uma crítica ao progresso como motor da história.

PALAVRAS-CHAVE História, historiografia, presente, espaço, escala, século XX.

Introducción

iempo y espacio no son categorías preexistentes a la sociedad; por el contrario, “diferentes sociedades producen concepciones cualitativamente diferentes de espacio y de tiempo” (Harvey 1990, 418), es decir, son construcciones sociales histórica y geográficamente localizadas. Este hecho, lejos de asignarles un carácter eminentemente subjetivo y variable al tiempo y al espacio, pone de relieve su importancia objetiva, en el sentido de que son centrales en la estructuración y conservación de un orden social particular. Es decir, son construcciones sociales que operan con fuerza de verdad, es decir, como hechos objetivos, asumidos como “naturales”, “inevitables” o “mejores” dentro de un marco cultural determinado (Harvey 1996, 210; Herrera 2004, 175).

na histórica. Para ello, se basa en la noción de régimen de historicidad propuesta por Hartog, que hace referencia a la manera en que una sociedad articula el pasado, el presente y el futuro, y le da sentido (Hartog 2007, 132). Por cuánto tiempo y espacio se constituyen simultáneamente, se plantea que el régimen de historicidad está relacionado también con un orden dominante del espacio. La elección del período tiene que ver precisamente con el hecho de que, según Hartog, estamos asistiendo, desde hace cuatro décadas aproximadamente, a un cambio en el régimen de historicidad, que consiste en el reemplazo del futuro por el presente como dimensión dominante en la experiencia y concepción del tiempo (Hartog 2010, 767). Dicho cambio ha impactado los análisis sociales generando una mayor preocupación por las relaciones entre espacio y sociedad, las cuales habían tenido menos interés en décadas anteriores, en comparación con las relaciones entre tiempo y sociedad (Soja 1999; Peet 1998; Schlögel 2007; Withers 2009; Piazzini 2006).

Como construcciones sociales, tiempo y espacio hacen parte de una tensión fundamental de la sociedad que los objetiva. Por un lado, son centrales en la construcción de un marco “estable” que permite la reproducción del orden social; por el otro, reflejan los cambios que la misma sociedad genera en dicha reproducción y participan en ellos. La disciplina histórica, como práctica social que hace parte de un marco cultural específico (De Certeau 1993, 82), participa en este movimiento de construcción del espacio y el tiempo en una sociedad, a la vez que se encuentra condicionada por las concepciones y experiencias del espacio y el tiempo que prevalecen en la sociedad.

Como prácticas inscritas en la sociedad, el peso del presente y la mayor preocupación espacial han influido en la forma de hacer y escribir la historia (Hartog 2010, 769). Así, el proceso que interesa mostrar es el que sintetiza el cambio de una historia que encontraba en el Estado-nación y en el progreso su expresión espacio-temporal dominante hacia otra en la cual se reconocen múltiples espacios, tiempos y escalas que se relacionan entre sí y que cuestionan el progreso como objetivo de la humanidad (Iggers, Wang y Mukherjee 2008, cap. 8; Fazio 2010, 148).

En este marco, este artículo expone algunos de los cambios ocurridos en las últimas cuatro décadas acerca de la manera en que se ha incorporado el espacio en la discipli-

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Es necesario aclarar que la forma de argumentación elegida, o sea, la de relacionar cambios sociales con cambios en la disciplina histórica, debe ser interpretada a la luz de la complejidad, la diversidad y las tensiones que constituyen tanto a la sociedad en general como a las comunidades académicas de quienes se definen como historiadores. Es decir, que tanto los cambios sociales más generales como los operados dentro de una práctica social particular —la disciplina histórica— están compuestos por fuerzas, agentes y dinámicas que son complejos, inacabados, y que se articulan en múltiples escalas espaciales y temporales.

• Aunque hay hechos espaciales y temporales en la “naturaleza” (los ciclos mencionados de día-noche o las estaciones), “no podemos saber lo que estos hechos significan por fuera de nuestro propio anclaje cultural en un lenguaje, un sistema de creencias, etcétera” (Harvey 1996, 211). Es decir, la única forma de acercarse a los hechos “naturales” a partir de un marco determinado, es con base en esa interpretación y apropiación del entorno que hace posible la acción humana (Herrera 2004, 175). • Lo anterior conlleva que “[L]as construcciones sociales del espacio y el tiempo operan con la fuerza de hechos objetivos a las cuales todos los individuos e instituciones necesariamente responden” (Harvey 1996, 211). Este carácter objetivo tiende a generar una “naturalización” de la concepción particular de tiempo y espacio que implica “dar por hecho” o “tomar como dada” esa concepción, evitando reflexiones explícitas sobre dichas categorías (Schlögel 2007, 28; Herrera 2004, 176). • Las definiciones del espacio y el tiempo como algo objetivo hacen parte del proceso de reproducción social, lo que reitera la idea de que la construcción social no implica un “aislamiento” del mundo, sino una “inmersión” en éste. Por tanto, la forma como se conciben y organizan el tiempo y el espacio en una sociedad determinada, “no sólo refleja esas estructuras de significado, sino que, a la vez, las inculca”, lo que permite la reproducción social (Harvey 1996, 212; Herrera 2004, 176).

Espacio y tiempo como construcciones sociales El término construcción social ha estado sujeto a un debate muy activo dentro de la teoría social de las últimas décadas, pues existe la tendencia a entender lo “social” a partir de negar el carácter material de lo estudiado y hacer énfasis en la dimensión “puramente intelectual” del conocimiento y su expresión textual (Latour 2001, cap. 1).1 De allí que sea necesario plantear algunas aclaraciones acerca de la manera en que se entiende la “construcción social del tiempo y el espacio” en este escrito. Para ello, se sigue la propuesta analítica presentada por David Harvey (1996), quien considera las reflexiones que diferentes teóricos sociales del siglo XX han aportado al debate sobre la construcción social del espacio y el tiempo (Lefebvre 1991; Bourdieu 1977; LéviStrauss 1976; Durkheim 1993; Braudel 1970; Le Goff 1980; Wallerstein 2006; Massey 2005):

Esta última característica involucra dos anotaciones adicionales. La primera, que a medida en que las sociedades cambian, se presentan cambios en esas concepciones objetivas de espacio y tiempo (Harvey 1990, 419). La segunda, que la vivencia y estructuración del espacio y el tiempo no están libres de conflictos; antes bien, “en la acción cotidiana permanentemente se interpela, ya sea para reafirmarla o transformarla”, es decir, que no existe una única concepción de tiempo y espacio dentro de una sociedad (Herrera 2004, 177). Más bien, lo que hay son “definiciones dominantes y hegemónicas del espacio [y tiempo] social [que] son perpetuamente desafiadas y siempre están abiertas a la modificación” (Harvey 1990, 422).

• La idea de construcción social no niega el “anclaje” que estos conceptos tienen en la “materialidad del mundo”. Por ejemplo, la sucesión día-noche, los ciclos estacionales, los ciclos productivos agrícolas que “regulan la reproducción y el cuerpo humanos, son típicos encuentros entre varios tipos de temporalidad” (Harvey 1996, 210-211). O sea, los cambios sociales y tecnológicos —como la invención de la electricidad o la introducción de técnicas que aceleran el tiempo de cosecha y amplían el rango geográfico en que puede darse un producto— están relacionados con cambios en la forma de experimentar el espacio y el tiempo.

En este punto, el concepto de régimen de historicidad es una herramienta útil, pues hace referencia precisamente a la definición dominante del tiempo en una sociedad y un período determinados. Y, además, tiene la ventaja de reconocer la existencia de otras formas de entender el tiempo en un colectivo y en su carácter de proceso. Como

1 De hecho, Latour propone el término construcción, sin el adjetivo social, pues, según él, esta aproximación es muy antropocéntrica y niega la agencia de elementos no humanos, ya sean otros seres biológicos (animales o plantas), o dinámicas y elementos físicos (clima, ríos) o artefactos.

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lo plantea Hartog: “Objetado en el momento mismo de ser instaurado, aunque ciertamente jamás totalmente instaurado (salvo en el mejor de los mundos), un régimen de historicidad se instala lentamente y dura mucho tiempo” (Hartog 2007, 132).

1968-1973 se vivieron unos cambios sociales que pueden ser interpretados, siguiendo el marco de Hartog, como cambios en el régimen de historicidad, los cuales se prolongan hasta la actualidad (Hartog 2007, 134-140; Harvey 1998; Fazio 2009b; Fazio 2010).

El concepto de régimen de historicidad se basa en la idea de que las categorías de pasado, presente y futuro son universales, o sea, que es posible aplicarlas a todas las personas y culturas (Hartog 2010, 769). Aunque esta idea de universalidad debe ser relativizada, por cuanto es una construcción social enraizada en un contexto espaciotemporal definido (Francia), ofrece un valor comparativo e interpretativo importante, dado que en este artículo interesa contrastar los cambios experimentados en sociedades que sí asumen esas tres categorías como las rectoras en la concepción del tiempo.

Estos cambios se han experimentado en las diferentes dimensiones sociales, aunque con intensidad y magnitud variadas, dependiendo de la localización particular en la geopolítica mundial. A continuación se resumen aquellos aspectos más relevantes para analizar los cambios en las experiencias y concepciones del espacio y el tiempo. 1. Desencantamiento de los principales logros materiales de la era previa, que conllevaron la socavación de la noción de progreso en muchas sociedades. Dentro de las motivaciones que llevaron a este sentimiento se pueden mencionar “[L]a toma de conciencia de la barbarie contenida en fenómenos como el holocausto, la irracionalidad de los campos de concentración nazis y soviéticos, el miedo que deparaba la bomba atómica y el consiguiente riesgo de desaparición de la vida humana en el planeta […], la nueva conciencia ecológica y su postura crítica frente a la destrucción del medio ambiente” (Fazio 2010, 92; ver también McNeill 2010, 265-266). Igualmente importantes fueron los cuestionamientos y movilizaciones generados por las intervenciones militares en Vietnam y Checoslovaquia, adelantadas por las dos superpotencias militares y económicas de la época, así como los movimientos por los derechos de mujeres y afrodescendientes en Europa y Estados Unidos y las reivindicaciones juveniles y estudiantiles simultáneas en países como México, Francia y Estados Unidos (Iriye 2002, 57-60; Prost 2001, 115; Eisenstadt 2000, 17; Fazio 2009a, 87-88). 2. Incapacidad de mantener las tasas de crecimiento económico experimentadas en Europa, Estados Unidos y Japón en el período de posguerra, con la consecuente disminución de la capacidad del Estado para intervenir activamente en la economía y el empleo. Esto va aparejado con la consolidación y transformación de actores económicos transnacionales, tanto empresas como instituciones (tipo FMI y Banco Mundial), que exigen un cambio en el rol del Estado, con miras a fortalecer el capital y la rentabilidad privados. Para ello, los Estados desmontan muchas de las regulaciones que habían construido antes, y estos nuevos actores tienen mayor capacidad de maniobra y de elección de los lugares en los cuales pueden invertir (Herrera 2005; Méndez 1997). 3. Inicio y posterior consolidación de la llamada Tercera Revolución Industrial, dominada por las tecnologías

A su vez, podría pensarse que, bien sea paralela o conjuntamente a un régimen de historicidad, debería haber un régimen de “geograficidad”, por cuanto tiempo y espacio se configuran simultáneamente (Besse 2009, 293; Harvey 1990; Herrera 2004).2 Sin embargo, aún no ha sido elaborada una propuesta similar para el análisis del espacio, lo cual obedece, en parte, a la inexistencia de un consenso sobre cuáles podrían ser los referentes centrales (Besse 2009, 296). Por ello, en este artículo se prefiere postular que un determinado régimen de historicidad está relacionado con una concepción dominante del espacio.

Espacio e historia y el cambio de régimen de historicidad Si bien un régimen de historicidad se instala lentamente y dura mucho, la transición entre dos regímenes no se realiza sólo mediante elementos de cambio gradual, pues, de acuerdo con Hartog, “no se puede pasar de un régimen a otro sin periodos de conflicto” (Hartog 2007, 133). Estos momentos de cambio radical o de conflicto tienen una ventaja interpretativa, y es que permiten contrastar de forma más clara las diferencias entre dos regímenes y establecer una periodización histórica más argumentada. Para el presente trabajo, la literatura consultada tiende a coincidir en que en el período

2 Jean Marc Besse, geógrafo francés, sugiere que éstas podrían ser las nociones de separación, orientación, inclusión y dimensión, pero no muestra cómo operan en casos concretos, y además, tampoco demuestra su carácter universal.

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computarizadas y satelitales, que permitieron disminuir el tiempo de retorno del capital en las actividades de servicios financieros, que se volvieron las más rentables. Asimismo, estas nuevas tecnologías permitieron la fragmentación del proceso productivo, pasando de grandes fábricas donde se elaboraba todo el bien, a varias unidades, localizadas incluso en diferentes países, que se encargan de producir o realizar determinadas tareas (Herrera 2005, 59-73 y 150-169; Harvey 1998, cap. 9; Méndez 1997, 101-102; Fazio 2003, 141-145; Iggers, Wang y Mukherjee 2008, cap. 6). 4. Reconocimiento de fuerzas, sistemas y procesos de orden planetario que van desde las crisis económicas hasta los peligros ambientales de cambio climático y que han supuesto la idea de la interdependencia de las diferentes localidades que componen el mundo, que se conectan de manera diferencial y desigual pero, aparentemente, inevitable (Santos 2004; Castells 2006). 5. Cuestionamiento al establecimiento de fronteras claramente definidas o identificables en diferentes tipos de prácticas sociales. Por ejemplo, en las ciencias sociales, la emergencia y consolidación del llamado giro cultural (Iggers, Wang y Mukherjee 2008, cap. 8). Este cuestionamiento, a su vez, está relacionado con el reconocimiento de categorías híbridas, mestizas o mezcladas en el análisis biológico, antropológico, psicológico (Latour 2001; Haraway 1991).

de la noción de progreso, central en la anterior concepción del tiempo, en la cual dominaba el futuro y se concebía una relación lineal y subordinada del pasado y el presente (Iggers, Wang y Mukherjee 2008, 22; Koselleck 1993, 345; Fazio 2009a, 22-23). Otros ejemplos en las condiciones materiales inciden en este posicionamiento del presente. Así, el desempleo continuo y creciente y la búsqueda diaria de la supervivencia para millones de personas llevan a que sea el presente lo que se juzgue importante (Hartog 2007, 140). En contraste, el auge de los espectáculos, bien sean conciertos, eventos deportivos o feriales, tiene precisamente que ver con el hecho de que se consumen de inmediato (Harvey 1998, 315; Bauman 1999, cap. 3). El reconocimiento de múltiples experiencias individuales del tiempo se había dado en ciertos momentos del anterior régimen de historicidad, como lo señala Kern para el período 1880-1914. Así, la imposición de un tiempo homogéneo (la hora universal), ligado con la búsqueda del incremento de la velocidad en la producción y el consumo de mercancías, “llevó a una reacción por defender la multitud de temporalidades personales, privilegiando la experiencia individual sobre la colectiva. El presente se amplió frente al pasado y al futuro” (Kern 2003, 8 y 315). Sin embargo, a diferencia del período estudiado por Kern, la multiplicidad de tiempos sociales es la que domina en el régimen de historicidad orientado al presente. Esta forma de experimentar el tiempo ha generado cambios en el modo de concebir la historia. Por ejemplo, la idea de Koselleck de “múltiples estratos temporales” que configuran el “tiempo histórico” es contraria a la idea de un único tiempo lineal y universal, que era más importante en las décadas anteriores a 1960 (Koselleck 1993, 129; Chakrabarty 2000, 249; Kocka y Haupt 2009, 13; Dirlik 2005, 392; Bender 2002, 9). Este giro hacia el presente también ha posibilitado que la historia empiece a pensarse no sólo como la disciplina del pasado, sino que pueda volver a reflexionar sobre el presente, tal y como había hecho la historiografía europea, principalmente, antes de su institucionalización (Fazio 2010, 131-132). Así, tanto la idea de una “historia del tiempo presente” como una nueva conceptualización del “presente histórico” se hacen posibles en este nuevo marco temporal (Fazio 2010; Dosse 2003, 133-136).

La experiencia y la concepción del tiempo Estos cambios sociales generales han estado acompañados de modificaciones en la experiencia y en las concepciones dominantes del espacio y el tiempo. Tal vez la principal de ellas tiene que ver con la aceleración de la vida social, facilitada por los cambios tecnológicos señalados y por las modificaciones culturales que avanzan hacia un consumismo inmediatista, en el que los medios de comunicación cumplen un papel clave con la producción cada vez más rápida de imágenes que desaparecen enseguida (Hartog 2007, 140). David Harvey concibe esta aceleración del tiempo como parte de un proceso más amplio, que denomina “compresión espacio-temporal”, y que alude, precisamente, a la necesidad inherente al capitalismo de superar las barreras espaciales y disminuir los períodos de retorno del capital, para garantizar la supervivencia de este modo de organización social (Harvey 1998, cap. 16).

La experiencia y la concepción del espacio La compresión espacio-temporal que conlleva una progresiva aceleración del tiempo genera una situación paradójica en cuanto a la experiencia y la concepción del

La búsqueda por satisfacer las necesidades de manera inmediata se ha conjugado con el señalado desencantamiento

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espacio. Por una parte, se busca la eliminación de las barreras espaciales, tanto físicas como políticas y culturales, por cuanto éstas frenan la aceleración. En ese sentido, hay una tendencia a la desterritorialización, es decir, una desvinculación con espacios específicos y una vinculación con una movilidad permanente, en especial por parte de las actividades, los individuos y las empresas que están en la jerarquía económica global (Santos 2004, cap. 3). Pero, por otra parte, cuanto menos importantes son las barreras espaciales, “mayor es la sensibilidad del capital a las variaciones del lugar dentro del espacio, y mayor el incentivo para que los lugares se diferencien a fin de hacerse atractivos para el capital” (Harvey 1998, 327; ver también Bright y Geyer 2002, 68). A su vez, se ha observado la emergencia de movimientos sociales de escala local y regional, los cuales, a pesar de la diversidad de fines perseguidos, han entrado a cuestionar la espacialidad nacional como garante de derechos para sus ciudadanos, en muchos casos estableciendo conexiones con movimientos similares en otras partes del mundo, mostrando que las relaciones entre lo global y lo local no son sólo de una vía, ni están totalmente controladas por el capital (Santos 2004).

cialidad, por lo que se configura en un nuevo referente. Sin embargo, para que esa escala global opere necesita de las demás. Por tanto, no es sólo que se reconozca la existencia de diferentes espacialidades, en cuanto a la escala, sino la interacción entre ellas, elemento que no siempre era claro con el predominio del Estado-nación. Esta interacción de escalas y espacios diversos ha generado un cambio en las concepciones del espacio que hacen énfasis en conexiones, redes, nodos, intensidades e interdependencias (Castells 2006). Por otra parte, el predominio del presente hace relevante las sincronías de diferentes espacios. No es sólo la simultaneidad, que ya se reconocía con la institución del tiempo homogéneo y la linealidad entre progreso y atraso en el régimen de historicidad futurista. Ahora se parte de la idea de que las dinámicas de un espacio determinado están influidas por las que se presentan y configuran en otros espacios y escalas, hecho posibilitado porque es factible acceder a registros “casi inmediatos” de esas otras experiencias. Si se instaura la escala global como marco de referencia, los diferentes lugares tienden a compartir un mismo horizonte espacio-temporal, aunque sin perder sus propios horizontes, los cuales entran en relación con lo global, haciendo que lo global se localice de formas múltiples (Fazio 2010, 98; Harvey 1996; Santos 2004; Withers 2009).

Esta situación ha llevado a que la espacialidad privilegiada cuando dominaba el futuro del Estado-nación (Harvey 1998, 282; Iggers, Wang y Mukherjee 2008, 71; Fazio 2003, 83-85; Paasi 2008, 113-116), se haya visto cuestionada de manera mayoritaria desde diferentes perspectivas. El Estado-nación se había concebido —e intentado materializar— como un espacio físico continuo, claramente delimitado respecto de otros, dentro de cuyos límites una nación, entendida como una comunidad que se identificaba, en principio, bajo supuestos de homogeneidad étnica, ejercía soberanía y autonomía, es decir, que los demás estados no podían incidir en dicho territorio (Fals Borda 2000, 2-3; White 2006; Taylor 1993). En contraste con esta visión, la mayoría de perspectivas actuales comparten la idea de que es necesario reconocer una multiplicidad de escalas espaciales de la vida social, en las que sobresale la escala global como una nueva espacialidad, que distingue este nuevo período, sin negar la agencia del Estado (Santos 2004, cap. 2; Giddens 1997, 28-38; Beck 2005, 16-17; Taylor 1993).

Una tercera característica de la manera en que ha cambiado la forma de concebirse el espacio en este nuevo período tiene que ver con su consideración como una dimensión de la sociedad, que no es preexistente a ella, sino que es configurada por —a la vez que configura— el proceso de reproducción social. Este cambio en la concepción del espacio es importante, puesto que lleva a “desnaturalizar” al Estado como una forma espacial, obvia e inevitable de organización social. Y además, porque ha permitido que el espacio sea incorporado como una dimensión “interesante” en la teoría social, ya que, como lo recuerda Soja, la idea de progreso conllevó un predominio de lo temporal como la dimensión que guiaba el camino del mejoramiento humano, frente a una espacialidad que se veía estática y dependiente (Soja 1999, cap. 1). O, como lo señaló Foucault, en una de sus frases más repetidas por los geógrafos: “El espacio fue tratado como lo muerto, lo fijo, lo no dialéctico, lo inmóvil. El tiempo, al contrario, era riqueza, fecundidad, vida, dialéctica” (Foucault 1980, 67).

Esa escala global es diferente de la escala internacional, que, aunque abarcaba el mundo, se basaba en la espacialidad del Estado nacional. Así, lo global no remite necesariamente a lo nacional, pues hay dinámicas y elementos sociales (flujos económicos, tecnológicos, actores locales que tejen redes con otras localidades, problemas ambientales como el cambio climático) que escapan a esa espa-

En síntesis, estas últimas cuatro décadas “ha[n] alterado la relaciones de espacio y tiempo y ha[n] forzado a nuevas prácticas materiales, así como a nuevos modos de representación del espacio”, lo cual, para lo que nos

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interesa, incide en la manera en que se incorpora el espacio en la historia, aspecto que se abordará en la siguiente sección (Harvey 1990, 425).

depende de dónde se realiza, lo que ha sentado las bases a propuestas que quieren superar la herencia eurocéntrica de la historia (Goody 2006; Piazzini 2006; Iggers, Wang y Mukherjee 2008; Wallerstein 2001; Chakrabarty 2000; Subrahmanyam 1997; Said 2009). Otra línea de trabajo diferente tiene que ver con las posibilidades tecnológicas facilitadas por el desarrollo de los Sistemas de Información Geográfica: la autodenominada Historia Espacial. De acuerdo con Richard White, uno de los fundadores del proyecto en la Universidad de Stanford, la historia espacial busca ofrecer nuevas herramientas de investigación histórica basadas en la espacialización de datos, eventos y procesos, lo que permite, según él, diseñar nuevas formas de hacer historia, ya que “los historiadores aun escriben de manera rutinaria sobre el cambio político, el cambio social, las relaciones de clase, las relaciones de género o el cambio cultural como si las dimensiones espaciales de todos estos temas importaran muy poco” (White 2010, parágrafo 6).

Hacia la multiplicidad del espacio en la historia Las transformaciones experimentadas en la disciplina histórica en relación con la manera como se incorpora la dimensión espacial son variadas, diversidad explicada tanto por las particularidades de cada tradición historiográfica como por la forma en que los cambios sociales descritos han jugado en cada caso. Siguiendo la propuesta analítica de Alan Baker, elaborada para entender las relaciones entre geografía, historia y geografía histórica, la producción académica puede ser entendida como un conjunto heterogéneo de prácticas y practicantes, en donde se superponen diferentes estratos espaciales y temporales (Baker 2003, 7-8). Así, basado en la propuesta braudeliana de las tres duraciones, considera, al menos, tres estratos para el análisis historiográfico (Braudel 1970). En primera instancia, los análisis que consideran momentos muy específicos, en los cuales es posible hacer un seguimiento más detallado a individuos y grupos en un período de apenas pocos años, análisis que se caracterizan por una inmensa variedad de temas, corrientes y tendencias. En segunda instancia estarían los estudios de alcance “coyuntural”, donde es posible identificar los temas que son “privilegiados” en períodos un poco más largos (décadas); por tanto, en este nivel ya se pueden detectar ciertos patrones en la investigación. Finalmente, en un análisis de más largo aliento se busca detectar continuidades y cambios más gruesos en la práctica disciplinar (Baker 2003, 7).

Tanto la historia espacial como los análisis de la producción del conocimiento histórico hacen parte de un movimiento mayor en la disciplina, que tiene que ver con el cuestionamiento del Estado-nación y que ha llevado a que se propongan la validez y necesidad de mirar otras escalas espaciales, pero en especial, a hacer énfasis en su interacción. No es la primera vez que se cuestiona el dominio del Estado-nación en la historiografía. Uno de los casos más sobresalientes es el de los Annales, en Francia, llamado así por la revista que empezó a circular en 1929, justo en el período de la “Gran Depresión”, hecho que condicionó la aparición de nuevas cuestiones que daban más peso a lo económico y lo social (Dosse 1988, 16). Una de las maneras más claras en que estos historiadores criticaron la espacialidad del Estado-nación, fue precisamente a partir de hacer historias de espacios que no estaban delimitados de esta forma, y de cuestionar, por tanto, la “naturalidad” de los límites políticos. Por ejemplo, Fernand Braudel buscó superar la visión localista y nacionalista de Europa, al hacer del Mediterráneo el principal actor de la historia europea y al establecer que, más que las coyunturas políticas y sociales, dentro de las cuales se ubica la temporalidad del Estado-nación, existe una temporalidad de larga duración, anclada en los procesos geológicos y climatológicos (Braudel 1976 y 1970).

Siguiendo esta línea de argumentación, en esta sección del artículo interesa destacar aquellos cambios que se han dado en las últimas décadas en la disciplina como un todo, en el límite entre la escala coyuntural y estructural de Baker. Al hacerlo, puede dar la sensación de que se establece una relación mecánica entre los cambios sociales y el campo académico. Debe reiterarse, no obstante, que ésa no es la idea que se quiere transmitir, por cuanto la sociedad, así como la comunidad científica, son complejas, diversas, heterogéneas y contradictorias, y, a pesar de que es una práctica social, la dinámica disciplinar guarda sus propias particularidades, que impiden que sólo sea un reflejo del resto de la sociedad.

En contraste con la aproximación braudeliana, donde lo espacial estaba anclado, principalmente, en las dinámicas físicas de larga duración, en la actualidad la crítica al Estado-nación en la historiografía hace énfasis en el

En este marco, una línea de trabajo destacada de la disciplina en las últimas décadas se ha concentrado en demostrar que el conocimiento histórico no es neutro y que

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papel de la sociedad en la construcción del espacio y las escalas. Así, ha surgido una serie de propuestas cuyas denominaciones ilustran el énfasis que les dan a las interconexiones: historia cruzada (histoire croissée), historias entrelazadas (entangled histories), historias conectadas (connected histories, histoires connectées), historias compartidas (shared histories) (Zimmermann 2010, 173).

están contenidas en las más grandes. Esto significaba que las historias de las provincias o los departamentos estaban subsumidas en la historia nacional, la cual estaba a su vez incorporada en historias de regiones o áreas que apuntaban a una historia mundial, dictada por la trayectoria europea (y luego norteamericana) (Iriye 2002, 47; Kocka y Haupt 2009, 19; Dirlik 2005, 393; Subrahmanyam 1997, 742).

Sin entrar en las particularidades de cada aproximación, lo más relevante de estas propuestas es que comparten el hecho de ser un conjunto de “aproximaciones relacionales que examinan los vínculos entre diferentes formaciones [sociales] históricamente constituidas” (Werner y Zimmermann 2006, 31). Para el caso que interesa en este artículo, lo relevante es que en estas diferentes aproximaciones hay una tendencia a pasar de asumir el espacio como algo estable y bien delimitado, a hacer énfasis en la interacción permanente, pero cambiante, entre espacios, escalas y actores.

No obstante, puesto que ahora existe la tendencia a ver las historias a partir de interacciones con muchos espacios, que no son necesariamente nacionales ni contiguos, cada nivel espacial de análisis tiene unas particularidades, de las que no pueden ilustrar, necesariamente, las escalas mayores. Por tanto, existe una “inconmensurabilidad de los niveles de análisis” (Delacroix 2010, 727), lo que implica que la elección de la escala no es un asunto neutral, sino que depende de las propiedades de lo estudiado y del interés del investigador (Werner y Zimmermann 2006, 42). En resumen, se experimenta un cambio que, por una parte, va de la superposición de escalas a la interacción entre las mismas, y por otra, de una aproximación que se basa en la continuidad espacial entre una escala y otra, a otra que enfatiza la discontinuidad (Revel 2010, 532), en clara sintonía con la idea de redes, interconexiones e interdependencias en la experiencia del tiempo y el espacio ya señaladas.

Éste es el caso, por ejemplo, de la historia global, que constituye uno de los campos característicos de la historia en el régimen de historicidad actual, por cuanto alude precisamente a la emergencia de eventos y procesos que se despliegan en la escala global y que, por tanto, no se definen únicamente a partir de las historias internacionales (Iriye 2002, 47; Dirlik 2005, 393-394; Hopkins 2006, 4; Fazio 2009c, 302). En esta propuesta, lo global no es sólo algo mayor que lo nacional, sino una dinámica que se realiza por la interacción histórica entre muchos espacios (Duara 2002, 32; Dirlik 2005, 396-397; Gruzinski 2010, 43).

Esta nueva condición de la escala se observa particularmente bien en las aproximaciones locales de la historia, de manera específica, en los trabajos que tienen que ver con espacios “pequeños”, por cuanto las historias locales en el marco de la historia nacional se percibían fundamentalmente como las historias de los espacios político-administrativos menores (municipios, veredas, pueblos), de nuevo, bajo la idea de unidades homogéneas con límites claros. Desde mediados de la década de los años sesenta del siglo XX, como indicadores de una nueva forma de asumir el espacio, bajo la rúbrica de “Microhistoria” comenzaron a aparecer estudios históricos que hacían énfasis en las dinámicas locales y cotidianas. Así, se publicaron estudios de espacios que no eran definidos por lo político-administrativo, sino por sus dinámicas sociales y culturales, como es el caso del trabajo de Luis González sobre su pueblo natal en Michoacán (México) (González 1995). Por otra parte, se hicieron historias a partir de casos personales, para ilustrar procesos históricos mayores, aunque sin pretensiones de totalidad. En estos últimos casos, el centro no era tanto el espacio en sí, sino el énfasis en las dinámicas sociales (Ginzburg 2001).

En este proceso de cambio en la forma que la historia asume al espacio, el concepto de escala tiene un papel central, pues las propuestas relacionales mencionadas se basan en la idea de que los cruces e interacciones se realizan en diferentes niveles. Por ejemplo, Metzler, al analizar la construcción de la política económica japonesa de comienzos del siglo XX, recurre a los intercambios que se dieron entre las escuelas económicas de Estados Unidos, Alemania y Japón, de manera que ciertos preceptos económicos que se habían “universalizado”, como la idea de un estado interventor en la economía, encontraron eco y fueron ajustados como parte de la emergencia del movimiento de unidad nacional en Japón (Metzler 2006). Empero, la consideración de la multiplicidad de escalas comporta una particularidad. En la consideración del Estado-nación como un espacio claramente delimitado está implícita la idea de que las escalas más pequeñas

Hacia la multiplicidad del espacio en la historia Fabio Vladimir Sánchez Calderón

Temas Varios

Conclusión

A estos trabajos iniciales se han sumado muchos otros en las últimas dos décadas, no necesariamente orientados desde la “Microhistoria”, que han tenido la preocupación de entender los espacios cotidianos como construcciones sociales, mirando las dimensiones tanto simbólicas como materiales. Siguiendo a Peter Burke:

En las últimas cuatro décadas se ha asistido a un cambio en las formas de experimentar el espacio y el tiempo, el cual puede ser entendido como un cambio en el régimen de historicidad, es decir, un cambio en el orden dominante del tiempo. Así, hasta mediados de la década de 1960, el futuro era el referente temporal de la acción colectiva en muchos países del mundo. De acuerdo con esta perspectiva, había unas sociedades localizadas en Europa y Norteamérica que conocían la senda del progreso, es decir, el mejor estado posible para las sociedades, mientras que el resto del mundo se encontraba en etapas más atrasadas, y que sólo lograrían salir de allí si emulaban el camino de las naciones desarrolladas. Desde entonces, la ocurrencia de cambios sociales profundos —como la crisis económica que impidió mantener un crecimiento sostenido en Europa y Estados Unidos, la descolonización de Asia y África, la emergencia de la crisis ambiental y la posibilidad latente de una guerra nuclear— llevó al cuestionamiento del progreso material como motor de la historia y de la trayectoria europea como el modelo para el resto del mundo. Este cuestionamiento condujo a la ruptura del dominio del futuro en la experiencia del tiempo y su reemplazo progresivo por el presente.

La referencia a los espacios es digna de notar [...] La historia de las ciudades estaría incompleta sin los

estudios de las plazas de mercado, así como la historia de la casa estaría incompleta sin los estudios del

uso del espacio en los interiores [...] Los historiadores de la ciencia ahora se interesan por los espacios

dentro de los laboratorios o los salones de anatomía, mientras que los historiadores del imperio estudian la producción de los cuarteles militares [cantonment] y las casas de descanso [bungalow]. Los historiadores del arte miran las galerías y los museos no sólo como ins-

tituciones, sino como espacios; los historiadores de la música examinan el diseño de las salas de ópera y las salas de concierto [...]. (Burke 2004, 69) 3

El concepto de lugar ayuda a entender esta relevancia de lo local, de los espacios pequeños. Como muestra Withers, este concepto es tan polivalente como los de espacio y tiempo (Withers 2009, 639). Sin embargo, tiende a tener una particularidad, y es que, a pesar de esa diversidad de significados, desde la década de los sesenta se identifica al lugar como un espacio en el que es más evidente la interacción entre dinámicas espacio-temporales de diferente orden y magnitud, incluidas manifestaciones de identidad y apego (Harvey 1996, 294; Agnew 1987, cap. 3). Es decir, las ideas del espacio como construcción social y de lo global como interacción entre diferentes escalas, se han apreciado con mayor intensidad y claridad en los estudios de lugares.

Estos cambios en el régimen de historicidad han estado relacionados con cambios en la experiencia del tiempo y del espacio. Las transformaciones más relevantes en la experiencia espacial tienen que ver con el surgimiento de la escala global, que hace referencia a la existencia de dinámicas mayores que las internacionales, pero que tienen sentido porque interactúan y se conectan con dinámicas de escalas menores. Esta transformación se deriva de los cambios culturales, políticos, tecnológicos y económicos que han permitido incrementar la velocidad en varios aspectos de la vida social. Esta aceleración, además, ha conllevado la sincronicidad de experiencias diversas, la cual resalta las interacciones entre distintas escalas espaciales (y temporales) y enfatiza el predominio del presente en la experiencia del tiempo.

En resumen, el cambio de régimen de historicidad que se está experimentando en las últimas cuatro décadas ha imprimido cambios importantes a la manera en que la historia incorpora el espacio. En general, estamos asistiendo al paso de una historia centrada en áreas bien delimitadas y estables, a una historia que hace énfasis en conexiones, intercambios y circulaciones entre lugares, regiones, países, todos cambiantes e inestables. Esto no supone la desaparición de la escala nacional en la historia, sino su reposicionamiento como una más entre muchas otras.

Estas transformaciones de las concepciones del espacio y el tiempo, enmarcadas en el cambio de régimen de historicidad, han influido en la práctica de la historia, por cuanto la actividad académica hace parte de las dinámicas sociales. Así, en el régimen de historicidad que privilegiaba el futuro, la historia incorporaba al espacio fundamentalmente a partir de la idea del Estado-nación. De acuerdo con ésta, el Estado-nación era un espacio claramente delimitado e internamente continuo, donde el gobierno nacional ejercía su soberanía. En contraste, en el régimen de historicidad que privilegia el presente, la

Como ejemplos, se pueden citar Billinge (2001) y Howell (2001).

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historia ha comenzado a cuestionar el dominio del Estado-nación, haciendo énfasis en las interacciones que se crean en diferentes escalas, espacios y actores. Esto ha llevado a un interés por entender la manera en que la construcción social del espacio enriquece la comprensión de la dinámica histórica.

teenth-Century Italy (with Parisian Asides). En Place, Culture, and Identity: Essays in Historical Geography in Honour of Alan R.H. Baker, eds. Isin Black, Robin Butlin, Alan Baker y Iain Black. Quebec: Presses de l’Université Laval, 143-180. 8. Bourdieu, Pierre. 1977. Outline of a Theory of Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

En este punto, los trabajos sobre los lugares son ejemplares, ya que ilustran cómo se relacionan personas, localidades, regiones o países que se articulan en torno a redes, nodos y flujos. Así, se está asistiendo al paso de una historia basada en el consenso estable entre progreso (desarrollo), Estado e historia nacional, a una basada en tensiones permanentes caracterizadas por la discontinuidad y la inestabilidad, pero también por la interdependencia y la multiplicidad de los agentes históricos.

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Ciudadanía en femenino. Aportaciones de las mujeres inmigrantes marroquíes, ecuatorianas y rumanas en España* Carlota Solév - Olga SerradellD - Teresa Sordé

Fecha de recepción: 30 de octubre de 2012 Fecha de aceptación: 19 de abril de 2013 Fecha de modificación: 13 de junio de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.04

RESUMEN En las últimas décadas, el gran aumento de las migraciones internacionales cuestiona la concepción tradicional de ciudadanía, basada en la nacionalidad y circunscrita a las fronteras del Estado-nación. Diferentes contribuciones apuntan a la necesidad de considerar nuevos elementos para ampliar este concepto en un contexto cosmopolita. Pero el papel que desempeñan las mujeres inmigrantes en el replanteamiento del concepto tradicional de ciudadanía se analiza escasamente. El artículo contribuye a este debate teórico presentando una crítica a la concepción tradicional de ciudadanía. Introduce la aportación de las mujeres inmigrantes a la práctica de la ciudadanía en sus experiencias cotidianas. Desde una perspectiva transnacional, sostiene que ellas promueven una ciudadanía inclusiva, por su vinculación al asociacionismo y a espacios informales de participación.

PALABRAS CLAVE Ciudadanía, género, inmigración, socialización, asociacionismo.

Este artículo es resultado de dos investigaciones, ambas desarrolladas por el Grupo de Estudios en Inmigración y Minorías Étnicas (Gedime) del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigidas por la Dra. Carlota Solé: “DIC.CAT. Mujer, Inmigración y Ciudadanía: las mujeres marroquíes como generadoras de ciudadanía en Catalunya” (2010-2011), financiada por la Generalitat de Catalunya. Financiación: 15.000 euros, y “CIMUMER. Ciudadanía cívica e inclusión social: estrategias de las mujeres marroquíes, ecuatorianas y rumanas” (2010-2012), financiada por el Instituto de la Mujer, Ministerio de Igualdad, España. Financiación: 45.110 euros. Son coautores de este artículo: Enrique Santamaría, Alisa Petroff, Iskra Pavez Soto, Rosalina Alcalde, Esperanza Bielsa, Leonardo Cavalcanti, Ainhoa Flecha y Sònia Parella Rubio, miembros del Grupo de Estudios sobre Inmigración y Minorías Étnicas (Gedime) y del Centro de Estudios e Investigación en Migraciones (CER Migracions) de la Universidad Autónoma de Barcelona. v Doctora en Sociología por la Universidad de Reading, Reino Unido. Catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), directora del Departamento de Sociología, del Grupo de Estudios sobre Migraciones y Minorías Étnicas (Gedime) y del CER Migracions (Centro de Estudios e Investigación en Migraciones) de la UAB. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: The Upward Occupational Mobility of Immigrant Women in Spain. Journal of Ethnic and Migration Studies 39, n° 9 (2013), y Cohesión social e inmigración. Aportaciones científicas y discursos políticos. Revista Internacional de Sociología 69, n° 1 (2011). Correo electrónico: Carlota.Sole@uab.cat D Doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona, España. Investigadora posdoctoral del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), del Grupo de Estudios sobre Migraciones y Minorías Étnicas (Gedime) y del CER Migracions (Centro de Estudios e Investigación en Migraciones) de la UAB. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: Compartiendo las diferencias en un mismo espacio: ¿comunidad societal o patriotismo de la Constitución? Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales XVIII, n° 427 (2013), y From Research to Policy: Roma Participation through Communicative Organization. Qualitative Inquiry 17, n° 3 (2011). Correo electrónico: Olga. Serradell@uab.cat  Doctora en Sociología por la Universidad de Barcelona, España y la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Profesora agregada interina del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Grupo de Estudios sobre Migraciones y Minorías Étnicas (Gedime) y del CER Migracions (Centro de Estudios e Investigación en Migraciones) de la UAB. Entre sus últimas publicaciones se encuentran: El pueblo gitano: una identidad global sin territorio. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales XVII, n° 427 (2013), e Immigrant and Native Romani Women in Spain: Building Alliances and Developing Shared Strategies. Journal of Ethnic and Migration Studies 38, n° 8 (2012). Correo electrónico: Teresa.Sorde@uab.cat *

Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224. ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 51-66.

Feminine Citizenship. Contributions from Moroccan, Ecuadorian and Romanian Immigrant Women in Spain ABSTRACT In recent decades, the large increase in international migration has challenged the traditional conception of citizenship based on nationality and confined to the borders of the nation-state. Several contributions point to the need to take into account key elements in order to expand the concept in a cosmopolitan context. Nevertheless, the role of immigrant women is hardly discussed. This paper aims to contribute to this debate by presenting a critique of the traditional concept of citizenship. The article also introduces the role of immigrant women in the practice of citizenship through their everyday experiences. From a transnational perspective, we argue that immigrant women promote a more inclusive citizenship due to their links with grassroots organizations and informal spaces of participation.

KEY WORDS Citizenship, gender, migration, socialization, social movements.

Cidadania em feminino. Contribuição das mulheres imigrantes marroquinas, equatorianas e romenas na Espanha RESUMO Nas últimas décadas, o grande aumento das migrações internacionais questiona a concepção tradicional de cidadania, baseada na nacionalidade e circunscrita nas fronteiras do Estado-nação. Diferentes contribuições apontam à necessidade de considerar novos elementos para ampliar esse conceito em um contexto cosmopolita. No entanto, o papel que as mulheres imigrantes desempenham na reformulação do conceito tradicional de cidadania se analisa escassamente. Este artigo contribui para este debate teórico ao apresentar uma crítica à concepção tradicional de cidadania. Introduz a contribuição das mulheres imigrantes para a prática da cidadania em suas experiências cotidianas. A partir de uma perspectiva transnacional, sustenta que elas promovem uma cidadania inclusiva, por sua vinculação ao associacionismo e a espaços informais de participação.

PALAVRAS-CHAVE Cidadania, gênero, imigração, socialização, associacionismo.

Introducción

se han dedicado cuantiosos esfuerzos a identificar nuevas formas de definir el concepto de ciudadanía, a menudo se ha ignorado un aspecto fundamental que va más allá de la extensión formal de los derechos de ciudadanía, que se refiere a las personas que conviven en una determinada sociedad y que ejercen la ciudadanía de un modo informal.

n las últimas décadas, una serie de análisis empíricos y reflexiones teóricas han puesto de relieve los límites de los modelos formales de ciudadanía que prevalecen en la mayoría de las democracias liberales occidentales. En muchas ocasiones, como consecuencia de la rigidez y de su circunscripción al Estado nacional, han demostrado ser incapaces de dar respuesta a los nuevos retos que plantean las sociedades globalizadas del siglo XXI. En el caso español, la inmigración internacional, fundamentalmente procedente del norte de África, América Latina y Europa del Este, ha originado cambios profundos en la estructura social que requieren un replanteamiento de las formas tradicionales de distribución de los derechos formales. Este artículo presenta una crítica a la concepción vigente de ciudadanía y argumenta que, mientras

Las contribuciones que aquí se presentan son resultado de dos estudios llevados a cabo por el Grupo de Estudios en Inmigración y Minorías Étnicas (Gedime) del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona: “DIC.CAT. Mujer, Inmigración y Ciudadanía: las mujeres marroquíes como generadoras de ciudadanía en Catalunya” se desarrolló entre 2010 y 2011 y fue financiado por la Generalitat de Catalunya. “CIMUMER. Ciudadanía cívica e inclusión social: estrategias de las mujeres marroquíes, ecuato-

Ciudadanía en femenino. Aportaciones de las mujeres inmigrantes Carlota Solé, Olga Serradell, Teresa Sordé

Temas Varios

rianas y rumanas” duró tres años, de 2010 a 2012, y fue financiado por el Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad, Gobierno de España). Ambas investigaciones tratan sobre inmigración, género y ciudadanía y tenían como objetivo analizar las prácticas de ciudadanía desarrolladas por las mujeres inmigrantes tanto en el nivel formal, a través del asociacionismo y otras prácticas de participación ciudadana institucionalizadas (esfera pública), como en el nivel informal, en prácticas no formales (esfera privada).1 La hipótesis de partida, corroborada por ambos estudios, es que estas mujeres contribuyen desde las esferas pública y privada en ámbitos formales e informales a la práctica de la ciudadanía desde abajo, independientemente de su situación jurídico-administrativa, aportando una nueva dimensión a la discusión teórica. Si esa realidad fuera reconocida, permitiría ampliar la concepción formal de ciudadanía.

manía, los tres colectivos estudiados. Los estudios de caso se han llevado a cabo en tres asociaciones, una por colectivo, donde participan las mujeres estudiadas, y que enmarcamos dentro de la esfera pública. Para cada asociación se ha realizado un grupo de discusión con mujeres participantes y tres entrevistas en profundidad, una con un miembro fundador y dos con mujeres socias de la entidad. En la esfera privada el trabajo de campo se ha compuesto de tres entrevistas en profundidad y un grupo de discusión con mujeres de cada uno de los tres colectivos. Las entrevistas en profundidad se han orientado a recoger el análisis individual que cada mujer realiza sobre su propia trayectoria de vida, proyecto migratorio, relación con la familia, la comunidad de origen y la de acogida. Los grupos de discusión, unos realizados con mujeres miembros de asociaciones y otros con mujeres no participantes, recogen información significativa y relevante sobre los temas de debate y discusiones en relación con la participación y el acceso a derechos de ciudadanía de estas mujeres.

La metodología utilizada en ambos estudios ha sido de tipo cualitativo, con la finalidad de explorar las contribuciones de las mujeres marroquíes, ecuatorianas y rumanas en relación con la ciudadanía y el papel que desempeñan como agentes socializadores en el país de acogida. Para cumplir tal objetivo, la realización del trabajo de campo ha tenido en cuenta ambas esferas, pública y privada, donde las mujeres inmigrantes entrevistadas desarrollan sus prácticas ciudadanas. Además de incluir el análisis de entrevistas en profundidad y grupos de discusión con mujeres que no participan en asociaciones, se han realizado tres estudios de caso de asociaciones donde participan mujeres inmigrantes de los tres colectivos seleccionados. En total se han realizado dieciocho entrevistas en profundidad y seis grupos de discusión con mujeres inmigrantes de origen marroquí, rumano y ecuatoriano, de perfiles y situaciones personales muy variados y residentes en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, dos de las zonas más importantes de recepción de flujos migratorios procedentes de Ecuador, Marruecos y Ru-

En los dos primeros apartados de este artículo se introducen las críticas a la noción tradicional de ciudadanía formal, primero en el nivel general y después de manera más concreta desde la perspectiva de género y la pluralidad cultural. En la tercera parte se analizan investigaciones que han abordado el análisis de la ciudadanía en relación con las mujeres inmigrantes. En la cuarta parte se presentan algunas de las estrategias favorecedoras de la ciudadanía identificadas en las dos investigaciones realizadas. El artículo termina con algunas reflexiones finales sobre las dimensiones por tener en cuenta en la reformulación del concepto de ciudadanía.

Concepto de ciudadanía: una revisión crítica (sobre quién puede ser ciudadano) Durante la segunda mitad del siglo XX se produce una revisión profunda de los derechos humanos que pone en entredicho su vinculación con el concepto de ciudadanía. A pesar de las resistencias de los Estados-nación, su papel predominante se ve disminuido ante la creación de unidades geopolíticas más amplias como la Unión Europea. La proliferación de vínculos transnacionales tanto económicos como políticos y el gran incremento de las migraciones internacionales inducen a revisar el concepto de ciudadanía liberal. De una concepción

A lo largo del artículo distinguimos entre las dimensiones pública y privada de las diferentes prácticas que llevan a cabo las mujeres inmigrantes estudiadas en el ámbito de la ciudadanía. Así, cuando nos referimos a las prácticas formales ponemos el énfasis en la dimensión pública de las mismas, por ejemplo, lo que hacen estas mujeres desde los espacios públicos en los que participan, ya sean asociaciones, partidos políticos u otras organizaciones de la sociedad civil. Por prácticas informales entendemos las que llevan a cabo las mujeres inmigrantes estudiadas en la esfera privada, en su cotidianeidad. Entre éstas se encuentran las relaciones de amistad que establecen y las redes de apoyo que forman con otros miembros de su comunidad de origen, familia, o en el trabajo.

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restrictiva, basada en la nacionalidad, se comienza a vislumbrar el perfil de una concepción abierta de ciudadanía, vinculada a la participación democrática en una sociedad multiétnica y pluricultural.

cipación de las personas inmigrantes en la sociedad de destino. Desde esta perspectiva, una ciudadanía inclusiva se apoya en la igualdad sociojurídica entre todas las personas, ya sean nacionales o extranjeras, que tengan residencia en el país. Esto implica el reconocimiento de los inmigrantes como sujetos de derecho en el espacio público, dentro del cual se enmarca el respeto a la diversidad. Además, esta ciudadanía inclusiva se basa en la igualdad y representa un instrumento clave para la cohesión social (Solé et al. 2011).

El proceso de globalización y las migraciones internacionales ponen en evidencia las contradicciones entre las nociones de ciudadanía restrictiva y el acceso a derechos políticos, sociales y culturales, en un contexto en el que se reclama la inclusión de los grupos étnicos y culturales minoritarios para garantizar la cohesión de toda sociedad. Diferentes autores y autoras aportan nuevas formulaciones para responder a estos retos, a través de 1) abandonar el concepto de nacionalidad como frontera entre la inclusión/exclusión en y de la comunidad o sociedad (Hammar 1985 y 1990), 2) tomar el criterio de residencia permanente, más allá del origen y/o la nacionalidad de sus miembros. Así, se entiende la ciudadanía desde una perspectiva inclusiva,2 tomando como base el principio de ius domicilii, que, a diferencia de los principios de ius sanguinis o ius soli, permite a los extranjeros ejercer la ciudadanía en el país de acogida (Castles y Davidson 2000), 3) incluir a los inmigrantes como ciudadanos. Ello supone, revisar la concepción de ciudadanía basada en una única identidad y vinculación nacional (territorial) y sustituir la nacionalidad como criterio para garantizar el pleno acceso a los derechos de ciudadanía. Se trata, de acuerdo con De Lucas (2009), de encontrar un equilibrio entre la ampliación de la ciudadanía de una manera plural e inclusiva, 4) proponer la categoría de “localidad” y el restablecimiento de la ciudadanía como derecho a la ciudad, que implica el derecho a la movilidad (libertad de movimientos) y a la presencia visible de los residentes permanentes en dicho espacio (Glick-Schiller 2008; Morán 2007; Mahning 2004; Walzer 1998), 5) mostrar la existencia en el nuevo escenario globalizado de modelos inclusivos de ciudadanía que necesitan desvincularse del binomio nacionalidad-ciudadanía (Castles 2000) para ejercer sus derechos y obligaciones, dentro y fuera de las fronteras del Estado-nación, y superar las desigualdades generadas en razón de clase social, etnia y género, entre otros.

La necesidad de extender derechos de ciudadanía a las personas inmigrantes es un debate abierto y polémico. Representa un verdadero desafío para los Estados-nación porque amplía los derechos y obligaciones sociales, civiles y políticos al reconocerlos a todas las personas que residen en su territorio. Como veremos, la práctica de la ciudadanía es un aspecto poco tenido en cuenta en las investigaciones sociales, especialmente en relación con el género. De ahí otra crítica que se formula a la concepción tradicional de ciudadanía sobre su excesiva formalidad, en el sentido de no reconocer las prácticas informales que se llevan a cabo en cualquier sociedad y que contribuyen a su configuración como tal. En nuestra investigación hemos estimado sustancial considerar el impacto de las acciones y actividades que las mujeres desarrollan en su vida cotidiana. En sintonía con las tesis de autores como Dahl (2010), abogamos por la necesidad de incorporar las prácticas y destacar la importancia de procesos sociales, tales como la escolarización, el asociacionismo y la socialización familiar para la generación y el mantenimiento del “credo democrático” que configura, entre otros aspectos, conceptos abstractos como la ciudadanía. Esto permite comprobar hasta qué punto las mujeres inmigrantes, lejos de ser agentes pasivos, crean prácticas ciudadanas. En consecuencia, superando la concepción abstracta, hemos querido aproximarnos a una dimensión práctica del ejercicio de la ciudadanía que permita visibilizar espacios informales de actuación de estas mujeres inmigrantes.

A partir de estas cinco aportaciones es necesario repensar y redefinir los espacios —público y privado— donde se ejerce la ciudadanía. En esta línea, De Lucas (2009) manifiesta que no se trata sólo de luchar contra la discriminación, sino de hacerlo por la integración política, lo que implica el reconocimiento, el respeto y la parti-

Democracia, pluralidad y género: elementos clave en la crítica a la concepción tradicional de ciudadanía A partir de las aportaciones de autores como Habermas (1999) sobre la necesidad de incorporar la pluralidad cultural en un concepto de ciudadanía que parta de la inclusión social, se apunta a otro tipo de vinculacio-

2 Las críticas para replantear el concepto de ciudadanía abundan dentro de la literatura especializada. Ver Young (1989), Baubock (1995), Baumann (2001) o Solé et al. (2011).

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nes distintas y complementarias a la homogeneidad nacional, como puede ser la pertenencia a una historia y lengua comunes. Estos vínculos generan entre los individuos una conciencia democrática y la voluntad de participar activamente en la construcción de lo que consideran “su” sociedad. En la reformulación de concepciones como la de ciudadanía, apuntamos, de acuerdo con Habermas (1999) y Dahl (2010), a la necesidad de reconocer prácticas y procesos sociales que se producen en la vida cotidiana de las personas, en particular de las mujeres inmigrantes, y que, a medio o largo plazo, pueden llegar a institucionalizarse.

que viven en contextos de exclusión social y pobreza tiene efectos en todos los ámbitos de sus vidas, que favorecen incluso su capacidad de participación en los procesos de decisión familiar. Así, la educación y, en concreto, la alfabetización son factores clave porque amplían la capacidad de participación social y política de estas mujeres. En esta línea, Kohen (2005) sigue los trabajos iniciados por Gilligan (1982) sobre el desarrollo psíquico y moral de los seres humanos, con especial énfasis en las mujeres. Señala la ética del cuidado como una forma de mirar al mundo, surgida sociohistóricamente en el ámbito privado. Concibe la realidad social y la noción de ciudadanía como un problema de relaciones que implican responsabilidad y cuidado. Esta perspectiva, que se sustenta en principios que surgen en el ámbito privado, ha sido incluida en nuestra investigación, ya que tiene en cuenta las mutuas interconexiones que establecen los individuos, reconociendo la vulnerabilidad humana, así como las relaciones de interdependencia entre las personas. Más que en los derechos y las normas, la ética del cuidado pone el énfasis en la satisfacción de las diversas necesidades humanas y valora el contexto y las diferencias sociales concretas.

Algunos autores y autoras han señalado la omisión de las aportaciones teóricas y sociales que muchas mujeres han realizado a lo largo de la historia (Christensen, Kohler y Aldridge 2012). A través de un análisis y del (re)conocimiento de la participación de las mujeres inmigrantes en procesos democráticos, abordamos la cuestión de la ciudadanía a partir de las prácticas y acciones cotidianas que desarrollan estas mujeres y que fomentan el asociacionismo. Entre estas prácticas destacan las tradicionalmente consideradas como femeninas, que, arraigadas de manera inicial en la esfera privada, se institucionalizan, pasan a la esfera pública y se reflejan en lo formal. Como veremos más adelante, las mujeres entrevistadas desarrollan este transvase a través de su participación en asociaciones de inmigrantes. Por otro lado, junto a la democracia y la pluralidad, el género representa otro poderoso elemento para una concepción revisada de la ciudadanía. A este respecto, Sen (2000) argumenta que las mujeres son agentes sociales activos que protagonizan cambios en todo el mundo desde culturas, orígenes y condiciones muy distintos. Se trata de procesos de empoderamiento que las mujeres desarrollan cuando se crean oportunidades para acceder a espacios de poder, ya sea en el ámbito familiar o en la esfera pública, a través del acceso al mercado laboral o a la participación política. En el análisis de Sen es clave cómo se expanden las “capacidades” de las personas para llevar el tipo de vida que valoran y que tienen razones para valorar (Sen 2000, 34). Para este autor es fundamental tener en cuenta, por un lado, las medidas públicas que aumentan el bienestar y, por otro, el uso eficaz de las capacidades de participación de las personas, que pueden influir en el desarrollo y orientación que tomen las mencionadas medidas. Sen enfatiza el papel de las mujeres al describir algunas de sus aportaciones fundamentales a la democracia, a la educación y a la mejora de la calidad de vida de sus sociedades. Por ejemplo, el acceso a la formación de las mujeres

En este punto Kohen sostiene que apostar por una ética del cuidado no significa abandonar los ideales de universalidad, igualdad y justicia. Reconocer el ejercicio práctico de la ciudadanía que ejercen las mujeres inmigrantes no entra en contradicción con la concepción de ciudadanía formal, sino que la complementa y amplía. Tomar en consideración una concepción de la ciudadanía basada en la ética del cuidado permite visibilizar las interconexiones y tensiones entre el ámbito público y el privado, las relaciones de poder y de privilegio que subyacen a las relaciones de cuidado, las necesidades humanas, así como la desigualdad de derechos que se oculta en la noción tradicional de ciudadanía. Articularla junto a los valores de universalidad, igualdad y justicia permite evitar que las relaciones de cuidado se vuelvan arbitrarias, generando excesiva dependencia e incluso explotación. Reconocer las prácticas informales de la ciudadanía, y otros modos de ejercerlas desde el ámbito privado como una de las muchas aportaciones que todas las mujeres realizan a las sociedades donde residen, es una reivindicación de los movimientos feministas denominados “de la diferencia”, que recuperan la ética del cuidado como un espacio social y político de ciudadanía (Izquierdo 2007; Sendon de León 2002; Nash

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2004; Rivera 1994; Muraro 1994). Estos movimientos han cuestionado fuertemente el androcentrismo que conlleva la noción tradicional de ciudadanía. Aplicar la perspectiva de género al análisis de la participación de las mujeres inmigrantes permite una mejor comprensión de una realidad que ya existía pero quedaba invisibilizada. Junto a los análisis científicos, también los individuos, grupos e instituciones han ido incorporando a lo largo de la historia una conciencia de género que, a pesar de las dificultades, ha permitido avanzar en cuestiones tan relevantes como el derecho al voto, superando importantes desigualdades de género entre hombres y mujeres en la esfera pública. No obstante, se trata de avances que penetran también en el ámbito privado de la vida de las personas modificando los roles de género.

ses y necesidades, tales como la educación, el empleo, la familia y la infancia, e incidir en los objetivos y actividades de las organizaciones transnacionales en las que participan. De forma parecida, otras investigaciones resaltan nuevas formas de ejercer la ciudadanía. Así concluyen, por ejemplo, los estudios de Staeheli y Nagel (2006) sobre la participación de las mujeres inmigrantes en programas de voluntariado que persiguen ayudar a otras mujeres en el desarrollo de proyectos empresariales en Estados Unidos. Puesto que no se trata simplemente de espacios donde se reproducen las construcciones de género, contextos como el estadounidense permiten a mujeres de diferentes colectivos inmigrantes desafiar e incluso abandonar algunos roles tradicionales asociados al género y utilizar dichos proyectos para crear nuevos espacios relacionales, orientados a la práctica de la ciudadanía.

Pluralidad de espacios y procesos de empoderamiento de género en contextos migratorios

Por su parte, Bosco, Aitken y Herman (2011) sostienen que son los propios obstáculos en el país de destino los que inducen a las mujeres inmigrantes a movilizarse y participar en organizaciones de la sociedad de acogida. Por ello, a menudo esta participación se genera en espacios directamente relacionados con las necesidades que el propio proyecto migratorio acarrea y sus consecuencias. Es el caso del Neighborhood Action Group (Grupo de acción barrial), una organización de mujeres (y madres) mexicanas residentes en Estados Unidos (Bosco, Aitken y Herman 2011) que reivindica mejoras en el barrio, en la seguridad urbana y en los itinerarios escolares de sus hijos, y que ha logrado que desde la administración local se implemente el programa Safe Routes to School (Rutas seguras hacia la escuela). A través de este ejemplo se ratifica el rol de empoderamiento que desarrollan estas asociaciones que no surgen por la necesidad de mantener y promocionar la cultura de origen, como es el caso de gran parte del movimiento asociativo inmigrante, sino que dan respuesta a problemas y situaciones comunes de la sociedad de destino, a las que ellas se enfrentan (Unzueta 2009).

Diversas investigaciones 3 han apuntado el hecho de que las mujeres inmigrantes son agentes activos en diferentes instituciones, privadas y públicas, como también en espacios informales, llevando a cabo prácticas democráticas. Poco a poco, ellas han adquirido un papel mayor y más relevante en la esfera pública y han conseguido aunar ambas esferas. En muchos casos, se evidencia que la participación estrictamente vinculada a la esfera privada está más cerca de convertirse en participación pública cuando es vehiculada a través de diferentes espacios culturales, educativos o religiosos, entre otros. La participación de mujeres inmigrantes puede explorarse desde la perspectiva de la reproducción de prácticas específicas de género. Estas prácticas se llevan a cabo, por ejemplo, a través de actividades comunitarias organizadas por asociaciones de inmigrantes transnacionales. En esta línea se encuentra el estudio llevado a cabo por Goldring (2011) sobre el género y las geografías de la ciudadanía en las organizaciones mexicanas transmigrantes en Estados Unidos, donde se constata cómo las mujeres inmigrantes mexicanas intentan articular una agenda que recoja sus intere-

En años recientes han proliferado en España estudios de caso de asociaciones que abordan el proceso de empoderamiento. Un ejemplo es el estudio de Paloma et al. (2010), que analiza la asociación Amal, una organización formada y creada por mujeres marroquíes en Andalucía, cuyo principal objetivo es otorgar poder de decisión a las mujeres inmigrantes y facilitar su integración. Del mismo modo, la asociación vasca Malen

3 Véanse Cardona (2008), Desrues y Moreno (2009), Ennaji (2008), Fargues (2005), Gavron (2005), Göle (2005), Maddy-Weitzman (2005), Nyhagen (2004 y 2008), Paloma et al. (2010), Samper (2003), Sawer (2000), Skjeie y Siim (2000), Solé y Parella (2005), Veith (2005) y Zoglin (2009).

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Etxea de mujeres latinoamericanas por el codesarrollo persigue mejorar la comunicación entre madres e hijos a distancia, facilitando estrategias de cuidado en el contexto de una maternidad transnacional (Unzueta 2009). En este sentido, las mujeres inmigrantes acercan sus realidades y sus reivindicaciones a la sociedad receptora de la que son parte y contribuyen así a ampliar la noción de ciudadanía vinculándola a sus derechos al reclamar la mejora de sus condiciones.

lo representarían algunas mujeres de origen árabe-musulmán que ejercen presión social a favor de la libertad de elección en la llamada question du foulard (cuestión del pañuelo) en Francia. Tras la prohibición en 2004 del uso de símbolos religiosos en escuelas e institutos públicos,4 desde el asociacionismo y el feminismo islámico, las mujeres consiguen impulsar un fuerte debate en la opinión pública en el que defienden su derecho a elegir, entre otras cuestiones, su forma de vestir (De Botton, Puigvert y Taleb 2004). En este sentido, y en la misma línea que Yeğenoğlu (2012), Benhabib (2005 y 2011) habla de las “políticas jurisgenerativas”, refiriéndose al proceso por el cual el propio ejercicio de los derechos y de la acción política contribuye a ampliarlos y a otorgarles nuevos significados cuando éstos los ejercen sujetos cuya acción legal y política no ha sido tenida en cuenta en la formulación inicial de los mismos.

A su vez, existen investigaciones que han analizado este proceso tomando el caso de la participación en organizaciones religiosas en los países de destino, instituciones que pueden convertirse en una vía de acceso al asociacionismo cultural y/o educativo. En ocasiones, es a través de estas prácticas como las mujeres inmigrantes asumen el rol de creadoras de nuevos modos de ciudadanía. En contextos institucionales como las mezquitas o las iglesias (ya sean éstas ortodoxas, evangélicas o católicas) surgen espacios informales, donde las mujeres tienen la oportunidad de conocerse, desarrollar actividades diversas, poner en común ideas y ayudar a llevar a cabo proyectos personales y comunitarios, generando así prácticas informales de participación originadas en espacios de participación formal. La necesidad de cubrir más funciones que las estrictamente religiosas convierte los centros de culto en espacios donde lo privado y lo público se entrelazan de tal manera que se diluye su carácter exclusivamente formal cuando, por ejemplo, se requiere la presencia de mujeres en la educación de otras mujeres o en la socialización de los niños (Nyhagen 2008). Estos espacios, a pesar de estar a menudo liderados por hombres, permiten una mayor presencia de mujeres, debido al tipo de participación que ejercen y que supera lo religioso. Ebaugh y Chafetz (1999) explican que las mujeres se encargan, por ejemplo, de reproducir las tradiciones culturales a través de la preparación de la comida en las celebraciones religiosas y son actores centrales en la reproducción de las prácticas religiosas en el ámbito privado y responsables de impartir clases sobre la cultura y la lengua de origen a las segundas generaciones. En consecuencia, las instituciones religiosas se vislumbran como espacios del protagonismo social de las mujeres inmigrantes, que eventualmente puede derivar en procesos de empoderamiento de género.

Éste es un ejemplo de cómo lo íntimo, privado e informal pueden adquirir una dimensión pública, dando lugar a maneras de participación que van de lo informal a lo formal, y viceversa, desde espacios formales institucionalizados a lo informal. Para indagar qué estrategias desarrollan las mujeres inmigrantes que transitan de un espacio a otro, es imprescindible analizar a fondo los intereses, expectativas, necesidades, y la propia conciencia de género de las protagonistas de estos procesos. Las interpretaciones de las mujeres inmigrantes sobre sus valores y creencias dan lugar a nuevas formas de actuación y de acción política que reconfiguran la concepción tradicional de ciudadanía. Responden a intereses individuales y colectivos en la realidad diversa y heterogénea de las democracias globalizadas, donde, de modo significativo, son permeadas por lo que la propia Benhabib (2005) denomina “los derechos de los otros”. De esta manera, acceden a la acción política, cuestionan patrones tradicionales y abren nuevas perspectivas de participación ciudadana. Todo ello apunta al objetivo principal de este artículo: esbozar los contornos de una ciudadanía en femenino, a través de la acción (presencia y participación, toma de decisiones y reivindicaciones) en instituciones y asociaciones de diversa índole, como también en espacios informales de participación.

Además de las investigaciones que exploran los procesos de participación formal, hay otras prácticas que, originadas en la cotidianeidad de la esfera privada o lo informal, pueden llegar a tener un impacto importante en el ámbito público y político. Un buen ejemplo de ello

4 Las reivindicaciones islámicas, y en especial las de las jóvenes estudiantes, sobre la posibilidad de llevar el velo en las aulas desató el debate en Francia en 1989, cobrando una nueva magnitud en la primavera de 2003. Ello dio lugar a un enfrentamiento público, a largo plazo, con quienes defendían los principios republicanos de la laicidad y del feminismo (Göle 2005; Álvarez 2004).

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Aportaciones de las mujeres inmigrantes en su práctica cotidiana que conducen a la ciudadanía

ámbitos laboral y asociativo— como en la esfera privada y participación informal —en espacios sociofamiliares y en redes sociales en general—. Una de las aportaciones más relevantes del trabajo empírico es, como veremos a continuación, la identificación de la interconexión que se crea entre ambos espacios a través de tres tipos de redes sociales: 1) las surgidas del y para el acceso al mercado laboral, 2) las creadas desde el propio ámbito asociativo, 3) las familiares y las de las comunidades de origen.

En la línea de los trabajos referenciados, los resultados de nuestras investigaciones sobre el tema (DIC. CAT y CIMUMER) demuestran empíricamente que las mujeres ecuatorianas, marroquíes y rumanas entrevistadas desarrollan aportaciones concretas a la práctica ciudadana cotidiana, y ello con independencia de su situación jurídica y administrativa. Las razones que nos han llevado a escoger estos tres colectivos de mujeres inmigrantes tienen que ver con el hecho de que los colectivos rumano, ecuatoriano y marroquí fueran los principales colectivos de inmigrantes residentes en España. Al elaborar las dos propuestas de investigación, el colectivo rumano contaba con 338.425 mujeres, del total de 731.806 de rumanos residentes en España, y el colectivo marroquí, con 239.464 mujeres, de un total de 652.695 marroquíes. El tercer puesto lo ocupaba el colectivo ecuatoriano, que contaba con 217.441 mujeres, de un total de 427.718 personas (INE 2008). En 2012, cuando ambos proyectos habían finalizado, el colectivo rumano contaba con 828.727 personas, de las cuales 400.838 eran mujeres; el colectivo marroquí, con 645.229 personas, de las que 255.625 eran mujeres; y del colectivo ecuatoriano, 145.264 eran mujeres, de un total de 291.380 personas (INE 2013).

El paso a la participación formal a través de las redes sociales. Participación pública en el ámbito laboral y el mundo asociativo El trabajo de campo de nuestras investigaciones corrobora que la creación de vínculos de carácter personal con la comunidad permite, en efecto, vincular la esfera de participación privada con la pública, en concreto, con el espacio laboral y con el ámbito asociativo. Estas redes proporcionan oportunidades laborales, prestan dinero y ayuda económica y son agentes activos, de acuerdo con valores como la solidaridad y el sentido de la responsabilidad. Amal (2011), una mujer marroquí, miembro activo en una asociación árabe y musulmana, explicó así su experiencia: “Un amigo que tenía una tienda me recomendó aquí en la Asociación de vecinos porque necesitaban una mediadora. Entonces entré primero por horas, mediando, y después ya entré a trabajar de animadora social”.

Además de la relevancia numérica de estos tres colectivos inmigrantes en España, cada uno de ellos reúne importantes especificidades que los distinguen. Que Rumanía forme parte de la Unión Europea desde 2007 condiciona y caracteriza sus flujos migratorios; en el colectivo de mujeres marroquíes influyen los fuertes estereotipos e imágenes que a menudo las vinculan a la pasividad y a la sumisión (Solé 2011); y en lo que se refiere al colectivo ecuatoriano, es un grupo ligeramente feminizado, característica que lo distingue de los dos anteriores. Analizar con mayor profundidad las aportaciones de las mujeres procedentes de estos tres países arroja luces sobre las relaciones que generan con sus familias, con comunidades migrantes y con la sociedad de origen en general, constituyéndose en una de las contribuciones más importantes de nuestras investigaciones.

Las relaciones familiares y las que se establecen con la comunidad de origen —formadas por afinidades culturales, lingüísticas, identitarias, etcétera— desempeñan un papel relevante en la incorporación al mercado laboral —formal e informal— de las mujeres inmigrantes y de sus familiares. Y, en consecuencia, permiten vehicular la esfera privada con la pública. Una mujer ecuatoriana destacó la importancia de dichas relaciones en su proceso de acceso al mercado laboral en España: Sólo la conocía a ella, y por medio de ella conocí a una chica marroquí que fue la que me ayudó para encontrar

el primer trabajo que tuve. Y a partir de ahí, en ese tra-

Las prácticas ciudadanas que llevan a cabo las mujeres inmigrantes estudiadas tienen lugar tanto en la esfera pública y la participación ciudadana formal —a partir fundamentalmente de su participación en los

bajo, la chica marroquí me presentó a sus compañeras de trabajo, porque me llevó a mí a trabajar allí, y todas

eran españolas. Y ya empecé a tener mi entorno con chicas españolas. (Telma 2011)

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El acceso al trabajo, incluido el trabajo irregular, se convierte en un instrumento facilitador de la integración sociocultural y del ejercicio de gran parte de derechos de ciudadanía que se derivan del acceso a éste. Por una parte, se constata que tras la inserción laboral las mujeres inmigrantes crean nuevas relaciones y redes de amistad y solidaridad con personas de diferentes orígenes culturales, que contribuyen enormemente a su inclusión social y a la de su familia. Asimismo, el ámbito laboral es uno de los espacios donde las mujeres entrevistadas reconocen establecer contacto con personas autóctonas, interacción que acelera su aprendizaje de la(s) lengua(s) del país de destino. Samira (2010), una mujer marroquí que trabaja en una empresa de limpieza, lo afirmó de forma clara: “Cuando no sabía hablar, me era muy difícil para encontrar trabajo [...]. Aprendí a hablar cuando empecé a trabajar”.

La importancia de esta cuestión radica, como hemos podido verificar, en que cuando escasean las redes sociales y el apoyo que éstas proporcionan, el riesgo de exclusión de estas mujeres y de sus hijos aumenta, generándose círculos de desigualdad social que se van retroalimentando. Por otra parte, la ampliación y diversidad de relaciones personales e interacciones favorecen la participación formal en el ámbito asociativo. A este respecto, el asociacionismo implica una práctica democrática (reunirse, debatir, negociar, tomar decisiones, luchar por una causa común), que permite compensar algunas de las limitaciones a los derechos políticos que afrontan los inmigrantes en la sociedad de destino, como España. Así explica Gladis (2011) el proceso de creación de su asociación, con el objetivo de ayudar a otras personas extranjeras: “Pues nos comenzamos a reunir y teníamos nuestros objetivos, a donde queríamos llegar. Y comenzamos a formar la asociación, comenzamos con cuatro personas, todas ecuatorianas. Y, bueno, así surgió nuestra asociación, con el motivo principal de ayudar a todos”.

Esto, a su vez, aumenta la motivación de dominar el (los) idioma(s) del país, lo que repercute en el establecimiento de nuevas amistades y la ampliación de las redes sociales. Entre nuestras entrevistadas, tener redes de amistad autóctonas puede ser una importante fuente de información sobre los derechos y deberes ciudadanos, necesaria y complementaria a la actuación de profesionales (trabajadores sociales), organismos (servicios sociales) y entidades sociales. Con todo, algunas de las mujeres entrevistadas en nuestras investigaciones muestran que la desigualdad de género continúa reproduciéndose en la sociedad española, manifestándose en desigualdades salariales o de acceso a los cargos de responsabilidad y de poder en todos los niveles de la estructura ocupacional y social. Las mujeres inmigrantes son uno de los colectivos que más sufren esta doble desigualdad: por su condición de mujeres, en relación con los hombres; y por su condición de inmigrantes, en relación con las mujeres españolas. A menudo, ocupaciones precarias como la de trabajadora del hogar limitan las interacciones y conexiones con otras personas al trabajar en el ámbito privado de un hogar, dificultando, en consecuencia, la creación de redes. Actuando como un elemento obstaculizador. Una de las mujeres ecuatorianas entrevistadas expuso así su trayectoria:

La práctica del asociacionismo se convierte así en una estrategia efectiva para conseguir la ampliación de los derechos de ciudadanía: tiende puentes entre la vida social y política, genera nuevas oportunidades de inserción laboral e incrementa las redes sociales individuales y colectivas. Así lo expresó Radia (2010), una joven marroquí, colaboradora de una de las asociaciones estudiadas, a raíz de la cual empezó a participar en otras dos entidades sociales: “Yo estuve desconectada totalmente de la parte de asociacionismo, y justo en la época que entré en la entidad, conocí otras dos asociaciones”. Los factores que han impulsado la participación de las mujeres inmigrantes que entrevistamos se encuentran en las interrelaciones que establecen y en los intereses que manifiestan sobre la cuestión del género, los objetivos sociales e individuales y los diferentes obstáculos de carácter social que dificultan su integración y el ejercicio de sus derechos de ciudadanía. Éste es el caso de las mujeres entrevistadas participantes en las entidades donde se han realizado los tres estudios de caso: la Asociación cultural árabe y musulmana Sahbi, la Federación de Asociaciones de Rumanos en España (Fedrom) y la Asociación de Trabajadoras Sociales Ecuatorianas en España (Atsee). Se trata de entidades muy distintas entre ellas pero que cumplen una importante función incluyente. Sahbi es una entidad fundada en Barcelona por hom-

Yo, por ejemplo, no sabía al principio que podía convalidar mi título y he dejado pasar mucho tiempo, porque no podías informarte. Trabajabas todo el día como

interna y no tenías tiempo. Y no había esta persona que te diga: mira, si tú has estudiado algo, puedes ir al Ministerio para convalidar; no había. (Raquel 2011)

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bres y mujeres de perfiles y orígenes muy diversos. Orientada hacia el conocimiento de la cultura árabe y/o musulmana, su objetivo es fomentar la interculturalidad entre personas autóctonas e inmigrantes, creando espacios de diálogo entre personas de diferentes culturas, tradiciones y religiones, organizando debates y encuentros en colaboración con otras asociaciones y grupos de la zona. Fedrom es una entidad con sede en Madrid formada por distintas asociaciones hispanorrumanas que trabajan para la integración de los ciudadanos rumanos, promoviendo el respeto, la convivencia y la divulgación de la cultura rumana en la sociedad española. En este caso, el ámbito de acción de Fedrom se expande hacia lo institucional, ya que intenta ser la voz unificada del colectivo rumano en España, para tener una representación más allá de las asociaciones, ya sea en el ámbito local, nacional, europeo, o en Rumanía. Y, finalmente, Atsee tiene un perfil totalmente distinto, puesto que es una entidad fundada por un grupo de profesionales ecuatorianas en Madrid, como recurso de apoyo para las familias procedentes de Ecuador. Atsee trabaja para la inclusión social a través de talleres y otras actividades, con el objetivo de mantener la vinculación cultural con el país de origen. Cabe señalar que las tres asociaciones cumplen una importante función informativa sobre derechos y deberes para quienes participan en ellas, pero también son la forma de conocer y vincularse con otras entidades, otros espacios, e incluso para encontrar trabajo, un aspecto clave para la participación ciudadana.

nen de Ecuador, de Bolivia y de muchos países más.

Yo como trabajo aquí y tengo un poco de dinero, compro. ¿Que quiero hacer un plato? Empiezo a enseñar a

las chicas y a comprar yo todo, y comemos juntas allí. (Aixa 2010)

En cuanto a la “integración horizontal” que engloba el tipo de redes que se tejen entre las asociaciones, cabe destacar que desempeñan un papel relevante, ya que las interconexiones entre las asociaciones y la densidad de las redes que se construyen influyen en la integración de las personas inmigrantes (Fenema y Tillie 2001). Es más, según Cinialli (2007), los procesos de formación de movimientos sociales se ven favorecidos por unas relaciones intensas en la dimensión horizontal, y moderadamente intensas en la vertical. Estas prácticas de cooperación entre asociaciones que contribuyen a generar capital social quedan patentes también en los estudios de caso. Una mujer rumana participante en una asociación expuso el sentido intercultural de algunas de sus actividades, en concreto, las dirigidas a mujeres: Se trata de crear espacios entre estas asociaciones, de conocerse mejor. De hecho, como tengo amigas marroquíes —por ejemplo, cuando celebramos el día

de la mujer en el año 2009—, pues pudimos defender

los derechos de la mujer inmigrante en general. ¡Y que vengan españolas, que está bien! Que está abierta

la asociación. Tuvimos una invitada de Chile, otra de

México, una marroquí, yo como rumana, y española, un poco de todo, y cada una contando su historia.

En ocasiones, es a través de un primer vínculo salarial como estas mujeres llegan a tener constancia del tejido asociativo y de su potencial. En este sentido, un primer vínculo entre las mujeres y la asociación hace que conozcan la organización y que a largo plazo se convierta en una buena oportunidad para que las personas sigan colaborando de forma voluntaria, al tomar conciencia del papel clave que tiene el voluntariado. Es especialmente relevante el caso de una mujer marroquí y musulmana que mantiene una exitosa red de voluntariado e implicación social. Trabaja de cocinera en un restaurante, recibe clases gratuitas de alfabetización en una escuela de personas adultas y, como explica en la siguiente cita, es voluntaria en una iglesia católica, donde imparte cursos de cocina a otras mujeres, la mayoría latinoamericanas:

(Georgetta 2011)

Otro ejemplo de participación formal que vincula las esferas pública y privada es el de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) que se encuentran en gran parte de los centros escolares, y cuyo fin es la colaboración entre el centro educativo y las familias. Estas asociaciones aportan un gran potencial para la participación e integración de estas mujeres que manifiestan la educación de sus hijos e hijas como una fuente de motivación muy importante para la participación. Los intereses compartidos entre padres autóctonos e inmigrantes vienen dados por la preocupación del bienestar de los hijos, y, de acuerdo con García, Lastikka y Petreñas (2013), éste aumenta cuando la colaboración entre personas, entidades y servicios del territorio se basa en la búsqueda del éxito educativo de todo el alumnado. Las oportunidades de participación que se crean implican relaciones sociales que mejoran la convivencia intercultural.

Empecé a enseñar a las chicas ahí, en una iglesia, y

luego empecé a comprar. Como estoy trabajando, vienen chicas extranjeras. Las chicas no trabajan, vie-

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Temas Varios

La esfera privada y la participación informal: visibilizando las prácticas de ciudadanía

a quienes transmite diariamente la cultura y las tradiciones de su país de origen: “¿Con mis hijas? Primero yo en casa con ellas intento conservar las tradiciones rumanas, el idioma rumano, hablamos rumano, tradiciones y costumbres y todo”.

Desde sus prácticas cotidianas y discursos, comprobamos que las mujeres entrevistadas plantean posiciones cercanas a la tesis de Habermas (1999) acerca de que la ciudadanía debe incorporar en su concepción la pluralidad cultural, y partir de la base de la inclusión social. Por otra parte, el análisis de las prácticas de cuidado y responsabilidad con otros miembros de la familia permite visibilizar cómo estas mujeres contribuyen diariamente a la práctica democrática a través del fomento de la convivencia pacífica, de la cooperación y del intercambio de bienes y servicios. De este modo, se ha comprobado que estas mujeres tienen un papel clave en el mantenimiento de los lazos familiares, actúan como sostén económico, transfieren los valores culturales del lugar de origen y constituyen el “nodo” intergeneracional que permite mantener la cohesión del grupo familiar y las redes migratorias. Es el caso de esta mujer marroquí, la mayor de siete hermanos, soltera y sin estudios, que ha desempeñado un importante papel para que su familia, residente en Marruecos, pueda estudiar: “Mis sobrinos todos están en la universidad. Tengo sobrinitas también, que están estudiando. Mis hermanos, todos, han estudiado hasta la universidad. Mi hermano mayor tiene magisterio y hace poquito que ha terminado el doctorado y está trabajando de profesor” (Fátima 2011).

Por otra parte, en las entrevistas realizadas se puede apreciar un conjunto de valores muy particulares que estas mujeres asocian a una tríada conformada por la cultura de sus respectivos países. Es decir, una especie de referentes culturales y religiosos diversos, que permiten configurar una escala de valores que ellas sienten como propios de su cultura, pero que dialogan, negocian y se tensionan con algunos de los valores de la sociedad de destino. Un primer valor, identificable en los discursos de las mujeres de los tres colectivos, se refiere a la familia como eje de la vida social y cultural de sus comunidades. Un segundo valor hace referencia a la identidad como vínculo, es decir, ser del país de origen, ser del país de acogida o las dos cosas, conviviendo con una identidad múltiple. Irina (2011), una mujer rumana, señaló la relevancia de mantener la cultura del país a través de actividades organizadas por la asociación en la que participa: “Sí, hacemos cosas culturales para mantener nuestra cultura y enseñar a los vecinos del pueblo. Tal y como somos nosotros, hacemos cosas deportivas, tenemos un equipo de futbol, el nuestro propio. Cosas de estas hacemos: cultura, deporte e integración”. Un tercer valor que cabe destacar es el capital identitario, lingüístico y cultural con el que cuentan las mujeres socializadas en España, que les aporta mayores oportunidades laborales al posibilitar planteamientos profesionales transnacionales. El derecho a aprender y utilizar la lengua materna o de origen de la familia se torna un asunto político, además de sociocultural. Igualmente, el potencial de estas mujeres como sujetos activos en la sociedad de acogida contribuye a mejorar las condiciones de vida del conjunto de la población. Éste aumenta en la medida en que adquieren mayores niveles de formación y se convierten en referentes culturales y educativos para los niños y niñas. Es el caso de una joven de segunda generación de origen marroquí, con estudios superiores de Educación Social, que realizó sus prácticas profesionales en una institución socioeducativa del Raval, uno de los barrios de Barcelona con mayor índice de inmigración:

Este rol decisivo que asumen las mujeres en las redes sociales de reciprocidad, confianza y solidaridad constituye la base sobre la cual se configuran las comunidades transnacionales. Esto implica muchas veces una redefinición de los roles de género que, de acuerdo con Gilmore (2012), rompe las barreras de los espacios masculinos tradicionalmente vinculados a la esfera pública cuestionando el posicionamiento de las mujeres en las familias y en la sociedad, lo que coincide con los trabajos citados de Staeheli y Nagel (2006). Este cuestionamiento es transmitido a otros miembros de la familia (hijos, hermanos) y la comunidad. Se ha evidenciado que en las familias de las mujeres ecuatorianas, marroquíes y rumanas entrevistadas, son ellas quienes ejercen de referentes culturales para las nuevas generaciones. Si bien existe una gran diversidad (intra e intercultural) de perfiles entre las mujeres estudiadas, es significativo el rol relevante que adquieren para su familia, para su comunidad y, en especial, para los hijos y las hijas. A modo de ejemplo, destacamos el testimonio de Martina (2011), una mujer rumana con dos hijas,

Estoy en el centro abierto de pequeños y tengo que estar con niños que son de Marruecos. Y a veces me dicen:

“¿Eres marroquí?”. Y yo: “Sí, he nacido aquí pero tengo

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Sin embargo, en España es la obtención de la nacionalidad lo que da acceso a la ciudadanía plena y al derecho a votar y ser representante en todos los comicios electorales. No poder hacerlo aumenta la apatía política de las mujeres entrevistadas, dificultando la creación de lazos identitarios que las vinculen a la sociedad de acogida y favorezcan su participación en la sociedad civil.

orígenes marroquíes”. Me dicen: “¿Y sabes hablar

árabe?”. Y yo: “Sí”. Y me dicen: “¡Ah pues yo no, en casa todos lo hablan pero a mí no me gusta hablar el árabe!”.

Es como que lo evitan, como que no quieren tener contacto. (Dunia 2010)

Además, ellas contribuyen a la igualdad de género de diferentes formas, manifestando reivindicaciones igualitarias y constituyéndose como referentes para los niños y adolescentes de su comunidad cultural, tanto si residen en España como en origen, por su papel en el mantenimiento de la red familiar. El discurso de las mujeres inmigrantes refleja la necesidad de ampliar el concepto de igualdad en sociedades multiculturales. A través de sus discursos y prácticas cotidianas estas mujeres logran plantear que la igualdad de género entre hombres y mujeres, reivindicada tradicionalmente por un sector del movimiento feminista, debe incorporar la igualdad en la diversidad entre mujeres con características culturales distintas. Por tanto, se muestran de acuerdo en que la integración de los elementos poblacionales, cultural y socialmente diversos, debe conectarse en un todo cohesionado, conservando su idiosincrasia e identidad. La siguiente cita refleja una reivindicación de respeto e igualdad entre mujeres de diferentes culturas:

Conclusiones En este artículo se pone de manifiesto la importancia que cobra lo local en un mundo cada vez más globalizado. La pertenencia a una localidad no es ya cuestión de pertenencia a una nación, de poseer la nacionalidad que confiere un Estado-nación, sino de residir de forma habitual y regulada jurídicamente en una ciudad o municipio, conviviendo con personas de grupos sociales, culturales y étnicos distintos. De este modo, el hecho de ser residente, aunque no nacional, podría ser condición suficiente para la participación política, a través del voto y la elegibilidad de todos los miembros de una sociedad. Los intentos teóricos de ampliar la noción de ciudadanía y adecuarla a la realidad multicultural actual se complementan y no pueden obviar las aportaciones que las mujeres inmigrantes están realizando en sus países de residencia. Así, de acuerdo con lo argumentado en este artículo, un concepto de ciudadanía más inclusiva debe tener en cuenta la capacidad de acción de las mujeres inmigrantes.

Yo tengo una amiga española con la que siempre me

tengo que esforzar para explicarle mis cosas. Mientras ella no hace ningún esfuerzo, siempre ella se siente superior y yo inferior, y yo no acepto eso.

[…]. No me tengo que esforzar tanto para que la otra

Por ello, y en segundo lugar, cabe destacar el papel relevante de las mujeres y/o inmigrantes que a través de prácticas informales logran desafiar los tradicionales modos de participación, abriendo el camino y diluyendo cada vez más las fronteras entre las esferas pública y privada, y entre las prácticas formales e informales. El ejercicio de prácticas de protección, preservación de la vida, continuidad de las relaciones, etcétera, en el ámbito del hogar —un espacio informal— traspasa los límites de la institución familiar y se institucionaliza en otros ámbitos privados, tales como los centros de culto religioso, las AMPA, las asociaciones educativas y deportivas, entre otros. Su participación visibiliza su capacidad de organizarse y asociarse. En este sentido, ponemos de manifiesto cómo las prácticas informales de las mujeres inmigrantes terminan repercutiendo en ámbitos formales. Este modo de empoderamiento se une al que se desprende del asociacionismo que promueven las mujeres inmigrantes en función de sus intereses económicos, sociales, cultu-

persona me entienda. Si ellos hacen un poquito de

esfuerzo y nosotros también, llegamos a entendernos y llevarnos bien con el otro. (Madiha 2011)

La práctica de la democracia en la vida cotidiana (convivencia pacífica, cooperación en el logro de objetivos individuales, intercambio de bienes y servicios), que induce a la ciudadanía informal y su posterior reconocimiento formal para y por todos, es una vía clara de integración y, por ende, de cohesión social. En esta línea, los testimonios de las mujeres entrevistadas llevan también a replantear el significado del concepto de integración. Para ellas, los derechos de ciudadanía plena están vinculados al reconocimiento de su especificidad cultural, religiosa, y de sus conocimientos adquiridos a lo largo de la vida. De ahí que, para estas mujeres, los derechos ciudadanos sobrepasen el derecho al voto o a ser elegidas representantes y que las prácticas democráticas las acerquen a gozar de estos derechos en un futuro.

Ciudadanía en femenino. Aportaciones de las mujeres inmigrantes Carlota Solé, Olga Serradell, Teresa Sordé

Temas Varios

rales y, en algunos casos, también políticos. Existen varios ejemplos de asociaciones creadas y controladas por mujeres inmigrantes en las sociedades de destino, para acceder al mercado de trabajo, mejorar sus condiciones de vida, reivindicar su cultura de origen, fomentar sus tradiciones, promocionar el codesarrollo, etcétera. En ese quehacer acercan progresivamente sus posiciones a las de las mujeres autóctonas, convergiendo en función del género. Es de este modo como del ámbito familiar, informal, pasan a actuar en el ámbito público.

la construcción de espacios sociales transnacionales que traspasan las fronteras, no sólo geográficas sino culturales, sociales, políticas, religiosas, entre otras. En este sentido, se pone de manifiesto que para entender las migraciones actuales y los desafíos que generan en los términos clásicos de la “integración”, es menester establecer múltiples lecturas e interpretaciones del fenómeno migratorio actual, formado por desplazamientos de personas en el espacio geográfico, social, político, económico o cultural. Sólo desde una perspectiva de la migración diacrónica, sincrónica y transnacional es posible pensar en políticas públicas efectivas. Por último, es importante ratificar la necesidad de seguir estudiando este fenómeno a lo largo del tiempo para acompañar su evolución en la sociedad a mediano y largo plazos. Las asociaciones y el protagonismo de las mujeres inmigrantes en las sociedades de destino pueden empoderar al colectivo socialmente y, después, también políticamente, al tiempo que favorecen su participación en la (re)construcción social de la ciudadanía en España.

Hasta el momento, muchas de las acciones que las mujeres inmigrantes llevan a cabo han quedado invisibilizadas y ausentes del debate teórico y político del propio concepto de ciudadanía. En las sociedades multiculturales estas mujeres desarrollan, desde la esfera privada, aportaciones que favorecen la convivencia y la integración social. La creación y el mantenimiento de redes de ayuda en diferentes ámbitos como el educativo, cultural o laboral aportan una nueva dimensión, que debe incorporarse en la concepción de una ciudadanía más inclusiva. Fruto de las dos investigaciones aquí presentadas, hemos identificado tres tipos de redes que configuran las mujeres entrevistadas: las que surgen del y para el acceso al mercado laboral, las familiares y de la comunidad de origen que fomentan la ciudadanía intercultural, y las que surgen desde y para el asociacionismo. La imbricación de los tres tipos de redes contribuye a un mejor entendimiento de la forma en la que participan las mujeres inmigrantes de los tres colectivos estudiados y las consecuencias que dicha participación tiene para sus propias vidas, las de su comunidad más próxima y las de la sociedad en su conjunto.

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Desde una perspectiva teórica, este artículo propone que es imperativo replantear el concepto de ciudadanía en las sociedades occidentales. En este sentido, la propuesta de este artículo hace una apuesta por una “ciudadanía diferenciada”, en el sentido de reivindicar diversos espacios de participación donde las personas, con sus diferencias culturales, étnicas, de género, de ocupación, etcétera, afirmen sus perspectivas sobre asuntos sociales dentro de instituciones que estimulen la representación de sus distintas voces. Del mismo modo, el texto también hace hincapié en la necesidad de repensar el concepto de integración en el seno de los estudios migratorios. En el contexto contemporáneo se observa un creciente reforzamiento de los lazos que unen a los migrantes con sus lugares de origen y de destino, que fomenta

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Entrevistas

64. Irina, mujer rumana de 38 años. Febrero de 2011.

58. Aixa, mujer marroquí de 45 años. Octubre de 2010.

65. Madiha, mujer marroquí de 21 años. Febrero de 2011.

59. Amal, mujer marroquí de 26 años. Noviembre de 2011.

66. Martina, mujer rumana de 43 años. Febrero de 2011.

60. Dunia, mujer de origen marroquí de 20 años. Octubre de 2010.

67. Radia, mujer marroquí de 20 años. Octubre de 2010.

61. Fátima, mujer marroquí de 40 años. Febrero de 2011.

68. Raquel, mujer ecuatoriana de 47 años. Febrero de 2011.

62. Georgetta, mujer rumana de 54 años. Febrero de 2011.

69. Samira, mujer marroquí de 39 años. Octubre de 2010.

63. Gladis, mujer ecuatoriana de 40 años. Febrero de 2011.

70. Telma, mujer ecuatoriana de 47 años. Julio de 2011.

Las percepciones sociales en Europa sobre el rol de la ciencia y la tecnología* Andoni Eizagirrev Fecha de recepción: 30 de octubre de 2012 Fecha de aceptación: 11 de abril de 2013 Fecha de modificación: 24 de abril de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.05

RESUMEN Este artículo indaga las variables que mejor explican las percepciones y actitudes de los europeos relativas a la ciencia y sus innovaciones más recientes. La hipótesis del déficit cognitivo asocia la creciente ambivalencia social a la escasa alfabetización científica y comprensión de los avances científico-técnicos. El artículo se compromete con el rol analítico de la perspectiva contextual, identifica diez mitos ligados a la explicación tradicional sobre percepción social de la ciencia, y se cotejan con una interpretación alternativa de las relaciones entre el conocimiento, las dinámicas institucionales y la confianza social.

PALABRAS CLAVE Ciencia, ambivalencia social, confianza, riesgo, pluralismo.

The Social Perception of the Role of Science and Technology in Europe ABSTRACT The article analyzes the variables that better explain the perceptions and attitudes of Europeans regarding science and their more recent scientific innovations. The cognitive deficit hypothesis proposes that social ambivalence arises because people have little scientific knowledge and misunderstands scientific and technical advances. The article agrees with the analytic role of contextual perspective, identifies ten myths linked to the traditional explanation of social perception of science, and proposes an alternative interpretation of the relationship between knowledge, institutional dynamics, and social trust.

KEY WORDS Science, social ambivalence, trust, risk, pluralism.

As percepções sociais na Europa sobre o papel da ciência e da tecnologia RESUMO Este artigo questiona as variáveis que melhor explicam as percepções e atitudes dos europeus relativas à ciência e a suas inovações mais recentes. A hipótese do déficit cognitivo associa a crescente ambivalência social à escassa alfabetização científica e compreensão dos avanços científico-técnicos. O artigo se compromete com o papel analítico da perspectiva contextual, identifica dez mitos ligados à explicação tradicional sobre percepção social da ciência, os quais são comparados com uma interpretação alternativa das relações entre o conhecimento, as dinâmicas institucionais e a confiança social.

PALAVRAS-CHAVE Ciência, ambivalência social, confiança, risco, pluralismo.

* v

El artículo es resultado del proyecto “Percepciones sociales de la ciencia y la tecnología en el País Vasco”, financiado por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno Vasco entre 2010-2012. Doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco, España. Profesor titular de la Universidad de Mondragón, España; miembro del grupo de investigación Cultura científica y democracia. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: Perceptions sociales sur la science et la technologie en Pays Basque. París: L’Harmattan, 2010, y El nuevo entorno de la innovación: sostenibilidad y legitimación social. Oviedo: Universidad de Oviedo, 2011. Correo electrónico: aeizagirre@mondragon.edu

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Introducción

haustivo de los Eurobarómetros desmiente empíricamente el modelo explicativo tradicional. Los expertos que diseñan, aplican e interpretan los cuestionarios sobre ciencia, tecnología y sociedad en el ámbito europeo, también reconocen los problemas empíricos del axioma “the more you know, the more you love it”. Es lo que se intuye en los resultados del segundo Eurobarómetro (Europeans, Science and Technology: Public Understanding and Attitudes, Eurobarometer 38.1), realizado en 1993 por el grupo International Research Associates Europe (INRA). La conclusión se confirma en los distintos estudios sobre percepción social de las biotecnologías (Eurobarometer 46.1, en 1996, y Eurobarometer 52.1, en 1999).

l estudio y la comprensión de las percepciones sociales de la ciencia se originan como respuesta al clima de los años 1960 y 1970, caracterizado por la pérdida de inocencia sobre la ciencia y la tecnología. Este artículo se centra en el caso europeo. Desde el primer cuestionario, Science and Technology in the European Community, que dirigieron Jacques-René Rabier y Ronald Inglehart (1980) en 1977 (Euro-Barometer 7), los estudios en los siguientes años y décadas se han multiplicado, también en los ámbitos nacional y regional; es más, los cuestionarios se focalizan en áreas concretas, como es el caso singular de la energía nuclear, las biotecnologías y la medicina reproductiva.

Se observa, por el contrario, que el nivel de conocimiento más bien condiciona la calidad de la percepción; en este sentido, no parece que el nivel de conocimiento determine la percepción individual, si bien, por el contrario, la estabiliza y consolida, ya sea positiva o negativamente (Evans y Durant 1995). La necesidad de indagar sobre nuevos determinantes se confirma en el cuestionamiento que se realiza de la validez de los cuestionarios. Efectivamente, se anticipa, junto a la dimensión cognitiva de la ciencia, la idoneidad de caracterizar la ciencia como institución social e integrar preguntas relativas al sistema de organización de los científicos, y el papel de las políticas públicas a la hora de establecer los objetivos de la investigación (Bauer, Durant y Evans 1994; Gaskell, Wright y O´Muircheartaigh 1993). Estas nuevas propuestas sugieren que el efecto del conocimiento científico es mayor en las actitudes de aquellos en quienes son más altas la comprensión y concienciación políticas. Es así como los aspectos socioinstitucionales adquieren relevancia metodológica en la estructuración de los indicadores que articulan los cuestionarios (Bauer, Petkova y Boyadjieva 2000), algo evidente en el estudio Europeans, Science and Technology, realizado también por INRA, en 2001 (EuroBarometer 55.2). La medición del nivel de conocimiento de las instituciones científicas y las preguntas ligadas a la ideología de la ciencia (se miden las opiniones sobre acumulación y cambio cognitivo; sobre los motivos que deben guiar la promoción, validación y justificación de la ciencia; sobre los criterios que demarcan el conocimiento científico de otros conocimientos) anticipan la emergencia de nuevos modelos explicativos.

El artículo se detiene en este controvertido aspecto de la comprensión social de la ciencia. Nuestro principal objetivo es aclarar lo que piensa la ciudadanía sobre el sistema de ciencia y los recientes avances científico-tecnológicos. Con este propósito, identificamos y discutimos en los próximos apartados sistemáticamente diez mitos que estructuran los estudios sobre percepción social de la ciencia. En efecto, veremos la necesidad de oponer el rol analítico de la perspectiva contextual a las hipótesis dominantes, analizar dimensiones metodológicas, conceptuales y teóricas de los cuestionarios, indagar los espacios en los que interactúan la ciencia y la sociedad, y en definitiva, proponer variables explicativas alternativas.

Conocimiento y percepción de la ciencia Un primer mito indica que los conflictos y la oposición social se originan en la ignorancia que la ciudadanía tiene sobre la dimensión cognitiva de la ciencia (vocabulario y método científicos). Es lo que se ha denominado la hipótesis del déficit cognitivo, modelo que presupone como factor explicativo general e independiente el conocimiento y establece una correlación entre nivel de comprensión de la ciencia y su percepción social. Según esto, la ciencia como actividad racional se basa en evidencias y demostraciones empíricas, algo que obliga a tener habilidades cognitivas para afianzar comportamientos racionales; ahora bien, el conocimiento del que la gente dispone es escaso, de ahí la oposición social.

En este sentido, Sturgis y Allum (2004) precisan que el efecto del conocimiento científico es mayor en las actitudes de quienes es más alto el conocimiento político; así, se plantea como hipótesis que aquellos que tienen mayor comprensión y conciencia política atribuyen los efectos indeseados, no a los científicos y políticos en general, sino, por el contrario, a la autonomía que la dimensión

Esta hipótesis —al menos tácitamente— prevalece todavía en los discursos oficiales ante conflictos de carácter ambiental y tecnológico. Sin embargo, un análisis ex-

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económica parece adquirir en la nueva modalidad de actividad científica en auge. Esto indica varias cosas: el nivel de conocimiento es importante, si bien debemos puntualizar que la ambivalencia social tiene su origen precisamente en el conocimiento real de las dinámicas políticas de la ciencia; además, la actitud crítica se dirige, no a la ciencia y su función social, tampoco a los científicos como profesión, más bien hacia los criterios que rigen la innovación científico-tecnológica.

cias de la gente, y el mundo interior de la ciencia y la actividad científico-tecnológica. De la misma manera, prevalece un modelo de ciencia y tecnología instrumental y políticamente neutral. Estableciéndose una clara demarcación entre lo interno (técnico) y lo externo (social), entre generación y uso del conocimiento, lo que, junto a la exclusión de la axiología de la ciencia y la tecnología, también descuida la importancia del contexto y su aceptabilidad social para el diseño, la valoración y la eficiencia de un producto novedoso. Se trata de una ciencia abstracta y general, que se estructura en el nivel cognitivo, y de esta manera, las generalizaciones presupuestas abstraen la ciencia de los cambios y relaciones en la sociedad (Gaskell y Bauer 2001; Gregory y Miller 1998). Esta imagen impide entender que la gente se preocupa más bien de las interacciones entre ciencia y sociedad. Por el contrario, debemos asumir una imagen realista y crítica de la ciencia, como bien sugiere el rol analítico de la perspectiva contextual, y de esta manera reconocer también el rol del ciudadano (Lash, Szerszynski y Wynne 1996).

De momento, nos es suficiente confirmar que a) los resultados empíricos desmienten la correlación que establece la hipótesis del déficit cognitivo; es más, b) adquieren relevancia explicativa conocimientos relativos a las dimensiones sociales e institucionales de la ciencia, y c) a medida que incrementa este conocimiento también las actitudes se estabilizan, o se polarizan en actitudes favorables y contrarias; d) es la falta de conocimiento la que generalmente alinea (“dependencia acrítica hacia”) a la gente también sobre discursos ante la ciencia y la tecnología (Irwin y Wynne 1996).

Puede tener interés medir la valoración general de la ciencia y la tecnología, en aspectos tales como la importancia de la ciencia, su función social y cultural, la ciencia como profesión, etcétera. Cosa bien distinta es, sin embargo, medir el apoyo del sistema de ciencia y determinar aquello que a la gente le preocupa. En relación con esta segunda cuestión, de momento anticipamos dos principales dimensiones explicativas: por una parte, el conocimiento institucional de la ciencia, es decir, el modo de entender la ciencia en un ámbito político, económico y de regulación más amplio; por otra parte, el conocimiento local, es decir, el tipo de relación que tienen las aplicaciones tecnológicas con las prácticas cotidianas en un contexto determinado. Se trata de cuestiones que nos remiten a dimensiones como la independencia de los científicos, el principio de precaución y el rol del conocimiento en la toma de decisiones (Kallerud y Ramberg 2002).

Ciencia abstracta y ciencia en contexto Un segundo mito atribuye una categorización unidimensional del comportamiento. Según esto, las alternativas sociopolíticas ante la tecnología se demarcan entre partidarios y opositores, división que como vimos tiene su origen en la dimensión cognitiva de la ciencia y su nivel de conocimiento. Un análisis detenido de los Eurobarómetros confirma, por el contrario, que las percepciones y actitudes individuales pueden diferir en relación con las diferentes tecnologías, las posturas no pueden generalizarse, y la gente distingue entre unas y otras aplicaciones. Estas ambivalencias se deben a que la alternativa científico-tecnológica no se comprende como mero artefacto técnico; al contrario, la gente incorpora una interpretación multidimensional de la tecnología y se preocupa del contexto institucional más amplio en el que se promociona, gestiona y regula. Nos parece oportuno detenernos en esta aclaración conceptual, variable que puede explicar mejor la comprensión social de la ciencia y la tecnología (Barnes 2003; Borch, Lassen y Jorgensen 2003).

El estudio de Bauer, Petkova y Boyadjieva (2000) confirma que hay un continuum de las actitudes idealista-tradicionales a actitudes realista-escépticas de la ciencia y su relación con el conocimiento de las instituciones científicas; las actitudes sociales indican que importa el conocimiento del contexto de la ciencia, factores como el apoyo y la financiación de la investigación, la organización científica y el control socioinstitucional del conocimiento. Es lo que nos permitiría explicar algo que los resultados de los estudios cuantitativos dejan entrever y curiosamente se ha desatendido: a)

Las autoridades presuponen un concepto de ciencia y tecnología abstracto y descontextualizado. Se utiliza una imagen de la ciencia que es considerada en un nivel cognitivo, unívoco y válido para todos los contextos, así como neutral y aséptica, lo que infravalora las experien-

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hay una correlación entre los niveles de conocimiento de las dimensiones cognitiva y socioinstitucional de la ciencia, a la vez que b) el bajo nivel de conocimiento se asocia generalmente con una postura alienada respecto a las autoridades y sus políticas.

explicativo. Es más, identificó que la desconfianza, en parte, es causada por la falta de reflexividad y sensibilidad que muestran expertos y autoridades, motivada por la complicidad existente entre los distintos intereses político-económicos que determinan la regulación política de la ciencia (ausencia de alternativas, desinterés por los efectos de segundo orden en la naturaleza y la sociedad, primacía de la rentabilidad y los valores económicos). Conviene resaltar esta crítica, que en buena medida evidencia la contradicción en que incurren las autoridades: afirman basarse en juicios científicos y racionales, a la vez que critican los valores sociales (ideológicos) que originan la oposición; no obstante, en su retórica sobre la idoneidad de una alternativa tecnológica imperan discursos ligados al crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social.

Ciencia y valores Las críticas precedentes nos remiten a un tercer mito tradicionalmente manejado en las controversias socioambientales. Tomemos el caso de los organismos genéticamente modificados (OGM). El mito indica que el consumidor distingue las utilidades de los OGM y que varía su valoración si son utilizados para la medicina (actitud favorable), o para manipular los alimentos y la agricultura (actitud contraria). De entrada, reconocer la distinción no encaja bien en los primeros dos mitos. Con todo, este tercer mito combina dos supuestos: por un lado, confirma que los juicios ciudadanos descuidan las bases científicas (difieren en las respuestas, si bien en ambos casos se utiliza la técnica recombinante de ADN); por otro lado, la disparidad tiene su origen en los cálculos racionales de los consumidores (egoístas, si consideramos los beneficios de los OGM para la alimentación mundial).

Por último, en cuarto lugar, está por verse la evolución de las percepciones sociales sobre biotecnología en el ámbito médico, una vez que cale en la sociedad la relevancia que empresas de capital de riesgo tienen con su participación en la orientación de la terapia génica (Krimsky 2003). Debemos puntualizar que los recelos ciudadanos sobre la información que manejan expertos y autoridades se amplían a los datos relativos a la calidad del proceso productivo y las fases de investigación, regulación o comercialización que caracterizan la innovación tecnológica, lo que compromete la reflexión moral, intelectual y política sobre la comercialización y uso privado del conocimiento disponible, y la responsabilidad de la ciencia respecto a los motivos, aspiraciones y objetivos que guían el cambio tecnológico y la innovación (Bauer, Shukla y Allum 2011; Gaskell y Bauer 2006; Jasanoff 2005; Stirling 2011; Wilsdon, Wynne y Stilgoe 2005; Wynne 2005).

Un primer problema del mito radica en que la comprensión social, más que en el ámbito de producción y aplicación, se centra también en sus utilidades y consecuencias de segundo orden. Esta crítica nos remite a dos consideraciones que se omiten en los conflictos de carácter ambiental y tecnológico. En términos académicos se pueden sistematizar como sigue. Por una parte, nos encontramos con una paradoja: actualmente, en las políticas de i+d+i, la visión de la innovación centrada en la estructura y el ambiente de selección no queda reducida al entorno productivo (la primacía del rol de los factores tecnológicos); al contrario, la innovación reconoce la inversión no material como principio del cambio sociotécnico; no obstante, al mismo tiempo el entorno social más amplio queda limitado a intereses empresariales y la rentabilidad de mercado (Dickson 1984). Por otra parte, la ciencia no está libre de valores; al contrario, también los valores epistemológicos y metodológicos tienen su rol social, algo que se observa, por ejemplo, en lo que se identifica, estima y valora como riesgo (Todt 2002).

La mercantilización del futuro Hemos anticipado que a la ciudadanía europea se le reprochan actitudes egoístas ante la pobreza del Tercer Mundo. El cuarto mito atribuye posturas individualistas al anteponer intereses propios e inmediatos, y, de esta manera, obstruir alternativas que mejoran el bienestar propio y ajeno. Las entrevistas y los grupos de discusión aseveran, sin embargo, que un buen motivo para oponerse se debe precisamente a experiencias previas que certifican la maximización del beneficio económico como único principio que guía la desterritorialización empresarial (Marris et al. 2001). En buena medida, las percepciones sociales indican que la preocupación emerge más bien de aquello que caracteriza el nuevo entorno de la innovación científico-tecnológica (Echeverría 2003).

Aquí nos interesa precisar una tercera reflexión crítica. La gente adquiere conocimiento en sus experiencias, vivencias y controversias públicas. Wynne (2001) confirma la credibilidad otorgada a la instituciones como factor

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Dos premisas han legitimado el sistema de ciencia, a saber, a) que la innovación (motor de aumento del bienestar social a través de la creación de riqueza) depende de la investigación básica, y b) que el sistema de ciencia no debe quedar sujeto a intereses y valores. Sin embargo, se percibe que los cambios en el sistema de innovación cuestionan las premisas y también las promesas sobre bienestar social (Ezhari 1990). Entre las principales causas dominan el carácter estratégico que adquiere la investigación básica, ahora regido por criterios prácticos, y el sometimiento del proceso de innovación a los valores que impone la competitividad.

En todo caso, la crítica nos sitúa de nuevo en los factores instrumentales y sociales que constituyen toda actividad innovadora (Lassen y Jamison 2006). Y lo dicho, en un contexto en el que aumenta progresivamente la capacidad de la ciencia para adaptar el orden social a sus intereses, y la creciente dependencia de la vida social a los modos que impone la gestión científica y técnica. Ejemplos clarividentes resultan las nanotecnologías, el Proyecto Genoma, la ingeniería genética, los transgénicos, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, internet, la reproducción asistida, entre otros.

Como indica Sarewitz (1996), esto cuestiona a) una política científica socialmente robusta y sostenible, basada en la diversificación del sistema de investigación y desarrollo; b) una mayor pluralidad en el liderazgo; c) un tipo de conocimiento adaptado a las necesidades de la humanidad, relevante, por tanto, como respuesta al desafío del reparto global y a la naturaleza social de los problemas; d) una agenda de gobierno supeditada al interés público; e) una gestión democrática del conocimiento que condicione la mediación del mercado entre el laboratorio y la sociedad; f) un modelo de investigación y desarrollo de carácter comunitario y global, dirigido a cambiar la topografía de los valores. El origen de la ambivalencia social ante el sistema de ciencia se encuentra precisamente en la omisión de aquellos objetivos en la nueva modalidad de actividad científica surgida a partir de la década de 1970.

La paradoja de la industrialización En este clima enrarecido, la exigencia de certificados y etiquetas, así como las medidas estrictas de regulación, se deben —afirma el mito— a la apoteosis del escándalo y batallas de opinión, algo que se aleja de la información y actividad de naturaleza científica. Este mito también requiere ser puntualizado. Es cierto que los ciudadanos valoran políticas relativas a la transparencia e integridad en los productos de consumo. Ahora bien, las reticencias sobre información en los conflictos ambientales y tecnológicos se amplían más bien a los datos relativos a la calidad del proceso productivo y las fases de investigación, regulación o comercialización que caracterizan la innovación tecnológica. Se insiste así en datos relativos a la calidad del proceso productivo, lo que obliga a evaluar también los ciclos de vida del producto, los certificados de gestión ambiental y los procedimientos de seguimiento.

Por lo demás, es necesario remarcar el rol que cumplen las expectativas en la formación y estímulo del cambio científico y tecnológico, por cuanto las abstracciones orientadas al futuro guían actividades, proporcionan estructuras y legitimación, atraen interés y fomentan inversión (Borup et al. 2006; Horst 2007). Esta mercantilización del futuro crea la necesidad de controlar y gestionar el material narrativo sobre los rasgos de la investigación, también en su caso, antinarraciones noticiables. En definitiva, es usual el eco que adquieren las promesas y expectativas de las nuevas tecnologías, como bien indica el caso de las biotecnologías, en el que se retroalimentan la hegemonía de la retórica de la esperanza, las aspiraciones de la gente, la consolidación de nuevas profesiones y la mejora de la salud, lo que, por su parte, obliga a adaptar el tejido cultural y empresarial de la sociedad a ese nuevo ámbito de investigación y desarrollo. El problema de fondo gravita en torno a la paradoja que pretende conciliar una ciencia autónoma (libre de valores y desinteresada) y una ciencia económicamente productiva y competitiva.

Es difícil sostener que la naturaleza de aquellas reclamaciones sociales se distancia de una información científicamente validada y justificada. Lo que observamos es, por el contrario, una ciudadanía más exigente y consciente de la diversidad de factores e incertidumbres que intervienen en las dinámicas científicas y tecnológicas. En términos académicos, podríamos señalar, además, que es un síndrome coherente del proceso de desarrollo humano (Welzel, Inglehart y Kligemann 2003). Así, el desarrollo económico, el cambio cultural y la democratización política explican que los valores sociales y las orientaciones éticas de los europeos articulan afirmaciones como “sabemos demasiado”, “no debemos hacer uso de todo lo que sabemos”, etcétera. Con base en esta “paradoja de la industrialización” es como se articuló precisamente el estudio “Social Values, Science and Technology” (Eurobarometer 225), en 2005. Sin ánimo de exhaustividad, aquí nos interesan

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los principales resultados del cuestionario: la gente no percibe urgencia por participar en la actividad científica, a la vez que no se siente bien representada en la toma de decisiones sobre política científica; hay una creciente ambivalencia y toma de conciencia en relación con la protección de la naturaleza frente al “bienestar humano” (felicidad, salud) y —sobre todo— con el “desarrollo de la humanidad” (innovación, crecimiento); el análisis del riesgo y los beneficios es la norma que la gente antepone en los procesos de evaluación de la tecnología, pero guiada en todo momento por las reglas que los científicos proponen; los valores y principios de acción, como la protección de la naturaleza y la participación en los ámbitos de decisión, se perciben como los más relevantes en el futuro inmediato; la salud humana y el ambiente natural destacan como áreas en donde las nuevas tecnologías deben implementarse. Con todo, en las escasas preguntas dirigidas a la aplicación concreta de las tecnologías, dos aspectos sobresalen: la importancia que adquieren los “asuntos éticos y morales”, y un claro reclamo de estándares de regulación más sofisticados, con controles de riesgo más cautelosos.

Es cierto que en el caso de los OGM la división ha adquirido eco social; no obstante, ello se debe a que se relaciona con el sistema de producción de los alimentos y con la sobreindustrialización (Todt 2002). Esta crítica a la artificialidad del producto está ligada a un estilo de vida, a un entorno más amplio de cambios incontrolables, guiados en todo momento por intereses exclusivamente comerciales. Hay un creciente sentimiento de falta de control y formas de vida heterónomas. La discusión centrada en la artificialidad desborda el debate sobre cuestiones biológicas que puedan entablar científicos y académicos (Joly, Marris y Marcant 2001). El problema, como sugieren las percepciones sociales, se asocia a la reducción del impacto social de la ciencia y a su dimensión económica, lo que rebaja la medición de los procesos de innovación a la producción de novedades de manera nueva, y no, al contrario, a medir si esas cosas nuevas son necesarias y deseables. A diferencia de lo sucedido en las ciencias económicas, en donde las teorías clásicas sobre el libre mercado, que infravaloraban la problemática del ambiente y la gestión de los riesgos (“externalities”), han sido cuestionadas, la ciudadanía, por el contrario, no percibe cambios similares en su cotidianeidad. De ahí su reclamo para que la información reconozca los análisis sobre el carácter reversible de las tecnologías, y también, la viabilidad en relación con el ambiente y bienestar social (Ely, Van Zwanenberg y Stirling 2011; Felt y Wynne 2007; Newig, Voß y Monstad 2008; Stehr 2005).

En relación con el quinto mito, hay un segundo aspecto relativo a la calidad de la información. Según esto, la ciudadanía percibe que junto a una información escasa, también recibe poca información adecuada. Este vacío estaría promovido en parte por las propias autoridades y sus intereses, lo que dificulta al individuo controlar su vida o influir en las instituciones. Retomaremos esta crítica en próximas reflexiones.

La irresponsabilidad organizada Otro mito argumenta que las ambivalencias sociales —en relación con los OGM— tienen un origen reciente y se deben a escándalos científicos mal gestionados por los medios de comunicación. Tal sería el caso de la “encefalopatía espongiforme vacuna”, crisis multidimensional que no ha permitido volver a niveles de confianza precedentes en las instituciones reguladoras. Según esto, un acuerdo general entre las partes debe actualizar los modelos de comunicación del riesgo. Habría que evitar también mensajes desproporcionados y reacciones dispares. En caso contrario, una alianza perversa entre la falta de conocimiento (ciudadanía) y acontecimientos espectaculares de interés informativo (medios de comunicación) alimentaría una epidemiología irracional del riesgo percibido.

Concepción reduccionista del impacto Retomemos como ejemplo, de nuevo, el conflicto relativo a los OGM. El sexto mito afirma que la gente, erróneamente, cree que los OGM no son naturales. La falta de conocimiento, otra vez, corroboraría la irracionalidad de oponerse al avance científico-tecnológico. Las autoridades indican que en la técnica recombinante de ADN no hay nada nuevo; es más, alimentos que consideramos naturales también son transgénicos. Además, el conocimiento sobre los procesos biológicos que se desarrollan en las células garantiza la efectividad y seguridad de la posterior aplicación. También esto requiere puntualizaciones. La división entre lo natural y lo no-natural es típica de los ciudadanos en sus disputas en conflictos ambientales y tecnológicos, algo que no compete sólo a los OGM. Importa, sin embargo, comprender bien sus motivos.

Difícilmente podemos cuestionar estas acciones dirigidas a una buena comunicación, así como aquellas relativas a la intensificación de los sistemas de información y estrategias que facilitan la adaptación de la actividad

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científica a situaciones de crisis y nuevos fenómenos emergentes (Bouder, Slavin y Lofstedt 2007). No cabe duda de que aquella crisis evidenció una irresponsabilidad organizada en los diferentes ámbitos de la vida pública. Ahora bien, los estudios más recientes anticipan que la ciudadanía no percibe aquella crisis como una excepción. De la misma manera, cabe precisar que la controversia sobre los OGM no es posterior al suceso de la “encefalopatía espongiforme vacuna”; basta recordar además conflictos previos ligados a la energía nuclear, las nuevas tecnologías de información y las biotecnologías (Bauer 1995). Además, en la percepción de los ciudadanos, junto a las cuestiones científicas, también se integran otras dinámicas: por ejemplo, la gente identifica el modelo tradicional de agricultura con la protección de la naturaleza, con los productos de calidad y con un sistema de agricultura sostenible (Limoges et al. 1993).

por las incertidumbres, y la gestión asuma las implicaciones potenciales de las incertidumbres y los límites del conocimiento sobre los impactos negativos al juzgar la viabilidad de un proyecto (Sjöberg 2002a). Sietgrist y Cvetkovich (2001), con base en diversas investigaciones empíricas realizadas, reconocen la importancia de las fuentes y su influencia en la credibilidad social, de manera que, ciertamente, la transparencia, la honestidad y la integridad condicionan las percepciones sociales y la confianza. No obstante, añaden una interesante precisión al afirmar que, en aquellos contextos en los que emergen disparidades institucionales y se consolida la desconfianza, los ciudadanos ofrecen mayor credibilidad a los argumentos que admiten los riesgos, que a aquellos que no lo hacen. La conclusión es más que evidente: el discurso de los efectos negativos influye más positivamente en las percepciones sociales que el discurso de la falta de efectos negativos en la disminución de la percepción del riesgo. Es decir, las estrategias de comunicación que integran y reconocen el riesgo son más creíbles y ayudan a disminuir la preocupación y desconfianza ciudadanas. De hecho, la gente asocia la sentencia “no hay riesgos” con “no tenemos evidencias del riesgo”, más que con “tenemos evidencias de que no hay riesgo”. Estos resultados confirman que el estilo científico y el discurso del riesgo avanzan nuevos análisis explicativos (Sietgrist 2000).

La hipótesis de los efectos desconocidos Se trata de aspectos que nos remiten al siguiente mito. El supuesto afirma que los conflictos se deben a que la gente exige zero risk, algo irracional en la actividad científica y tecnológica. No se trataría de una demanda realista; es más, se afirma que, de aplicarse principios y normas de acción como la precaución en los últimos siglos, no se habría conocido avance científico-técnico alguno.

Sjöberg (2001) ha corroborado la hipótesis de los efectos desconocidos y constata el alcance explicativo de los límites del conocimiento y su comunicación. Aquí ratificamos que a) no es tan importante la valoración que nos merecen los científicos y su función social, positiva siempre; antes bien, b) adquiere interés la confianza en el conocimiento disponible de los expertos y en su competencia de proteger la gente ante los impactos no deseados. Esto indica que la confianza abstracta —hacia asesores y expertos— debe ser desplazada por la explicación relativa a la confianza situada y ligada a las autoridades competentes en la decisión sobre los efectos no deseados que definen un conflicto socioambiental (Frewer et al. 1996). La confianza debe referirse a la competencia cognitiva y social de los expertos solicitados y a su credibilidad. De la misma manera, la falta de confianza se relaciona con la distorsión deliberada de la información, con pruebas o acciones incorrectas en el pasado, y con la percepción de una convergencia de intereses entre expertos y autoridades (Houghton et al. 2006). Todo esto confirma nuevamente una distinción fundamental: no hay contradicción alguna entre una actitud favorable a la ciencia y los científicos, y una actitud crítica hacia los expertos y las autoridades que gestionan una alternativa tecnológica.

La demanda “riesgo cero”, sin embargo, no aparece en las exigencias ciudadanas, que asume riesgos en su cotidianeidad y siente la obligación de comparar riesgos y beneficios de naturaleza diversa. Por el contrario, la ciudadanía reclama a las instituciones sinceridad en sus apariciones, que reconozcan las incertidumbres y sean ciudadanos responsables considerados en los procesos decisorios. Esto nos remite a una interesante distinción: se aceptan las incertidumbres y los conflictos que se generan en el proceso científico para la gestión del riesgo, pero no aquellos que derivan de la falta de iniciativa o de los intereses de asesores y gobiernos (Frewer et al. 2003, 369). Efectivamente, la transmisión de la información disponible y la iniciativa de las autoridades son dos acciones que merecen mayor valoración social. La gente afirma reconocer incertidumbres en la actividad humana y se muestra favorable a tolerarlas, pero a condición de que sean transmitidas y se regulen de manera cuidadosa y responsable. Esto requiere un estilo distinto de hacer ciencia, es decir, que los procesos de razonar y producir conocimiento se interesen por lo desconocido, la evaluación se pregunte

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La importancia de la información científica es, como vimos, relativa; la gente se muestra desconfiada cuando no se le comunican las incertidumbres, los límites del conocimiento disponible y las ignorancias, lo cual cuestiona la estrategia de comunicación y las ideas relativas que manejan los emisores (Johnson y Slovic 1998; Sjöberg 2002b), y no precisamente por lo que argumenta la teoría de las expectativas negativas (según la cual “la comunicación del riesgo genera alarmismo”). Cierto es que el cálculo de los riesgos se ha definido, en términos descriptivos y normativos, como la producción de la seguridad y el control; sin embargo, en aquellos mensajes que comunican seguridad (ausencia de riesgos), la gente, por el contrario, percibe que se postergan los límites del conocimiento y las incertidumbres (Grove-White et al. 2004). Al contrario, expresan el deseo de ser informados y comportarse teniendo como base incertidumbres, conflictos de valores y medidas reguladoras (Millstone y Van Zwanenberg 2000, 1308; Millstone et al. 2004). De hecho, activan su confianza principios ligados a la humildad y la sinceridad, en general, normas de acción que permiten debatir sobre riesgos potenciales y sus implicaciones (Frewer 2003).

del riesgo. Por ejemplo, la decisión de los científicos también desempeña una función social en la definición del criterio de evidencia, la identificación del tipo de amenaza por investigar, la negociación del grado de aceptabilidad de un riesgo, o en lo relativo a los instrumentos para la gestión de riesgos. En segundo lugar, la preocupación se inclina más a la cultura experta que analiza riesgos identificados, en todo caso limitados por el conocimiento disponible, y descuida las consecuencias desconocidas que la evaluación (identificación, estimación, valoración) excluye. Es interesante detenerse en esta reflexión. En la evaluación del riesgo la ciencia nos ofrece aquel conocimiento útil para la identificación y valoración de los problemas. Pero esto deberíamos entenderlo con cierta prudencia. De hecho, el conocimiento científico puede limitarse a la identificación de unos determinados problemas, es decir, la evaluación podría limitarse a la consideración de los elementos conocidos. Por este motivo, el procedimiento científico corre el riesgo de infravalorar otro tipo de elementos e incertidumbres. En la evaluación tradicional del riesgo se establece previamente la legitimación de las diferentes preguntas y preocupaciones. Y esto, además, determina las alternativas institucionales, políticas y culturales de una innovación tecnológica.

La dimensión social y moral del riesgo Con todo, otro mito afirma que la oposición social responde a valores éticos y políticos. La percepción social del riesgo, alimentada por factores subjetivos, cuestionaría el carácter racional del análisis técnico del riesgo. ¿Es cierto que los modos de comprender, analizar y razonar los riesgos están libres de valores? Hemos visto que ciertamente preocupan la naturaleza que adquiere la nueva modalidad de actividad científica y su carácter estratégico, es decir, la financiación de la investigación básica orientada por criterios prácticos (mercantilización del conocimiento e industrialización de su producción), la formación y especialización de científicos en gestión y administración de empresas (transición de comunidades científicas a empresas tecnocientíficas, públicas y privadas), así como el carácter progresivamente flexible y confluyente de la cultura académica e industrial (sistemas de i+d+i, importancia de agencias exteriores a la comunidad científica y estrategias típicamente empresariales). Ahora bien, los estudios sobre comprensión social de la ciencia nos precisan resultados más complejos.

Vimos antes que la ciudadanía percibe que, junto a una información escasa, también recibe poca información adecuada. Ambas puntualizaciones explican aquella preocupación. Por otra parte, las dos críticas también cuestionan el modelo estándar que pretende garantizar la seguridad del proyecto tecnológico, es decir, el modo de entender la previsión y el control. Es cuando el riesgo integra precisamente una dimensión política y moral, por cuanto se refiere a aquello que merece ser objeto de evaluación. Podríamos decir que se cuestiona la distinción categórica entre el riesgo técnico que compete a los expertos y la valoración moral externalista. Se reclama, en definitiva, un análisis más sofisticado del riesgo. Más que como una división categórica y natural, la dualidad se entiende como consecuencia de una estilo de hacer ciencia y de los imperativos institucionales dominantes (Lentchs y Weingart 2011). La discusión crítica en torno a este mito sirve para replantear también los otros mitos, así como para reconsiderar lo que entendemos como riesgo y la función social que tienen en esa definición los diferentes valores (epistemológicos, metodológicos, disciplinares, políticos) que manejan los científicos en sus análisis (Levidow y Marris 2001;

En primer lugar, precisan que el rol de los científicos es determinante en la identificación, estimación y valoración de los riesgos. Según afirman, los valores nocientíficos se integran en los procesos de evaluación

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Wynne 2001; Wynne 2002); se propone discutir, en definitiva, sobre las variables que consideran la evaluación del riesgo y lo que entendemos y valoramos como prueba científica (Eizagirre 2011; Levidow, Carr y Wield 2005; Liberatore 2001; Murphy 2006).

al uso de la catástrofe como impulso movilizador y agitador de sospechas para manipular los riesgos y alterar la regularidad prevista y no deseada. Por último, aclarar que una actitud firme —de cualquier signo— utiliza la información para confirmar la actitud previamente adquirida; no obstante, eso en principio nada tiene que ver con la crítica de que el ciudadano está subordinado a los medios de comunicación.

El pluralismo como valor Corolario de los otros mitos, se presupone que el ciudadano es víctima del sensacionalismo de los medios de comunicación, que son los responsables de la imagen social negativa de la ciencia. El mito asume, en primer lugar, que el ciudadano es considerado un objeto manejable y pasivo, como si fuese un epifenómeno del discurso mediático y una tábula rasa que se nutre de los diversos discursos que se emiten.

Consideraciones finales En este artículo nos hemos propuesto entender lo que la gente comprende por ciencia y le preocupa en relación con la nueva modalidad de actividad científica en auge. Creemos además que los resultados obtenidos avanzan en el conocimiento sobre las normas y estrategias dirigidas a satisfacer los intereses de la sociedad.

Por el contrario, la gente se interesa por aquello que le preocupa, incluso es crítica también con las diversas fuentes e instituciones, como muestran también los cuestionarios en relación con las organizaciones no gubernamentales. Tan importantes como el mensaje son su origen y el valor que le concedemos.

Los conflictos ambientales y tecnológicos se deben a la falta de confianza en el uso de las competencias técnicas de los expertos por parte de las instituciones, así como a un malestar creciente por el fuerte contenido social y moral de los avances científico-técnicos al cambiar lo que entendemos por naturaleza humana y ambiental (Nowotny y Testa 2011). Una ciudadanía mejor formada y exigente parece observar además la penetración de la lógica económica dentro de la comunidad científica, todo ello en un contexto en el que los avances del conocimiento permiten intervenir más directamente y a escala masiva en la naturaleza humana y ambiental, tanto en el nivel micro (biotecnología) como en el nivel macro (sistema climático global y biodiversidad).

Esto nos faculta para cuestionar aquella idea que previamente divide entre unos (gobierno e industria) y otros (medios de comunicación y sociedad civil), fractura que está ligada al modelo de déficit, y sitúa la ciudadanía, por efecto contagio, en el bando irracional. Los cuestionarios sobre ciencia y sociedad, sin embargo, desmienten aquella tesis. Los resultados muestran que la gente confirma y reconoce la tendencia selectiva de unos y otros; ahora bien, valora positivamente la diversidad de conocimientos en disputa, algo que obligaría a instituciones, autoridades y ciudadanía a modificar las ideas previas y obligar a acuerdos. Vemos en estas reflexiones una interpretación sustantiva (diversidad de conocimientos) y ética (consenso y disenso) positiva del pluralismo. De ahí su opinión favorable a garantizar la presencia de las organizaciones no gubernamentales en los conflictos sociotécnicos. Algo que da a entender también que la información y su transmisión no son neutrales y transparentes; es más, las posiciones en conflicto suelen utilizarla para justificar lo previamente mantenido (Nelkin 1979). La gente presupone que toda información está mediada por los intereses del emisor (“to be biased in favour of the body providing it”).

Buena parte de las ideas que anticipamos nos permiten en definitiva comprender lo que realmente preocupa a la gente sobre aspectos ligados al avance científico-técnico y sus consecuencias. A nuestro parecer, la ciencia no debe entenderse como sistema autónomo y autorreferencial (teoría funcionalista); por el contrario, el conocimiento en la modernidad reflexiva debe autoconfrontarse con su éxito. Más que un elemento accidental de la ciencia y las políticas de innovación, hemos sugerido, por el contrario, que su comprensión social sugiere un modelo de ciencia ambivalente (en oposición a una ciencia ingenua, lineal, triunfalista) y socialmente orientada. Las instituciones, como indica Wynne (2002), están obligadas a relativizar el poder intelectual del análisis del riesgo, reconocer los límites endémicos del conocimiento y los espacios de incertidumbre, reflexionar sobre las consecuencias de los impactos no deseados y sus implicaciones en el

En general, la información que esperan los ciudadanos es la que considera aspectos más amplios que los relativos a cuestiones técnicas, si bien se muestran reacios también

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ambiente natural y social, en definitiva, a un proceso de autorreflexividad sobre las limitaciones y contingencias implícitas de su conocimiento. Las normas, los criterios y las reglas para las acciones que derivan de los principios teóricos, sociales y pragmáticos de la ciencia, en general los criterios de satisfacción, también deben revisarse a la luz de las percepciones sociales, en un contexto tan controvertido en el que la globalización cambia la naturaleza de la ciencia y altera la intensidad innovadora de las nuevas tecnologías.

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Empleabilidad, educación y equidad social* María Marta Formichellav - Silvia LondonD Fecha de recepción: 28 de octubre de 2011 Fecha de aceptación: 10 de julio de 2012 Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2012

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.06

RESUMEN Este trabajo analiza la vinculación de los conceptos de empleabilidad, educación y equidad social. Una importante porción de la sociedad posee limitaciones para ingresar y/o permanecer en el mercado laboral. Esta dificultad de ser “empleable”, entendida como la “habilidad para obtener o conservar un empleo”, se destaca en los grupos de individuos con mayores desventajas económicas. Estos individuos se encuentran entrampados por habitar en un entorno desfavorable para estudiar y adquirir competencias de empleabilidad. Esto perpetúa y acentúa las desigualdades sociales en el tiempo.

PALABRAS CLAVE Empleabilidad, educación, equidad social.

Employability, Education, and Social Equality ABSTRACT This paper analyzes the link between the concepts of employability, education, and social equality. A large portion of society has limitations when entering or remaining in the job market. This difficulty in being “employable”, understood as the “ability to obtain or keep a job”, stands out in groups of individuals which have greater economic disadvantages. These individuals are caught in an environment that hinders studying and acquiring employability competences. This perpetuates and deepens social inequality in time.

KEY WORDS Employability, education, social equality.

Empregabilidade, educação e equidade social RESUMO Este trabalho analisa a vinculação dos conceitos de empregabilidade, educação e equidade social. Uma importante parte da sociedade possui limitações para entrar e/ou permanecer no mercado laboral. Essa dificuldade de ser “empregável”, entendida como a “habilidade para obter ou conservar um emprego”, se destaca nos grupos de indivíduos com maiores desvantagens econômicas. Esses indivíduos se encontram estagnados por habitar em um ambiente desfavorável para estudar e adquirir competências de empregabilidade. Isso perpetua e acentua as desigualdades sociais no tempo.

PALAVRAS-CHAVE Empregabilidade, educação, equidade social.

* v

Este artículo fue elaborado en el marco del proyecto de investigación “Salud y educación en los procesos de crecimiento y desarrollo. Análisis micro y macroeconómico”, financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Doctora en Economía, profesora asistente de la Universidad Nacional del Sur, Argentina. Entre sus últimas publicaciones se cuentan: Equidad educativa: análisis de la equidad educativa interna en la Argentina. Madrid: Editorial Académica Española, 2012, y Educación y trabajo informal en la Argentina. Revista Realidad Económica 264 (2012): 116-137. Correo electrónico: mfornichella@uns.edu.ar Doctora en Economía de la Universidad Nacional del Sur (Argentina), profesora asociada de la misma Universidad en el Departamento de Economía —IIESS— Conicet. Entre sus últimas publicaciones se cuentan: La Teoría del Desarrollo Económico: un enfoque de Sistemas Complejos. Madrid: Editorial Académica Española, 2012, y Mercado laboral e informalidad: impacto sobre el sistema educativo. Perspectivas 5, n° 1 (2011): 3-16. Correo electrónico: slondon@uns.edu.ar

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Introducción

una sociedad, este trabajo cuenta con tres partes: en la primera se presenta y analiza el concepto de empleabilidad, en la segunda se estudian sus principales determinantes: la educación y el desempleo, mientras que en la tercera parte se analiza el vínculo entre empleabilidad y equidad social. Finalmente, se presentan las conclusiones del trabajo.

na de las principales características del mundo actual es la importante variación sufrida en el mercado del trabajo: la globalización; el aumento de la competencia a través de la liberalización de los mercados y la caída de las barreras comerciales; las mejoras tecnológicas, que se evidencian cada vez con mayor velocidad; la intensificación de la mano de obra y la lucha empresarial por mejorar la productividad, y la calidad como pilar de la competitividad, exigen repensar las cualidades pretendidas en los trabajadores. Mientras que los métodos de producción actuales se encuentran adaptados a mercados permanentemente cambiantes y heterogéneos, los empleos requieren más conocimientos y una variedad creciente de tareas que pueden realizar los trabajadores, propiciadas por mejoras tecnológicas (Cinterfor – OIT 2005).

El concepto de empleabilidad1 La palabra empleabilidad surgió de la palabra inglesa employability, que proviene de la unión de las palabras: employ (empleo) y hability (habilidad) (Campos 2003). Las primeras publicaciones que la utilizaron surgen en la década de los cincuenta, haciendo referencia a la preocupación sobre la inserción de personas desamparadas en el mercado de trabajo (por ejemplo, los minusválidos). Luego, la empleabilidad comenzó a analizarse como el potencial de un individuo para acceder a un empleo y permanecer en él (De Grip, Van Loo y Sanders 1999). A partir de fines de los setenta, la perspectiva de empleabilidad aparece en Europa cuando se discute la capacidad de las instituciones para combatir el desempleo reinante, revelándose que existe un gran número de personas con una probabilidad casi nula de reinsertarse al mercado laboral (Pérez 2005a).

En función de estas transformaciones, se ha ido modificando el perfil de los empleados solicitados por las empresas y organizaciones. Se requieren trabajadores con bases muy sólidas en su educación científico-tecnológica y con capacidad de adquirir nuevos conocimientos de manera constante: las exigencias del mercado laboral han aumentado. A su vez, el contrato social ha cambiado, por lo que el “empleo para toda la vida” deja paso a una movilidad laboral casi permanente. En este escenario los trabajadores no sólo deben poseer cualificaciones necesarias para adquirir un empleo, sino ser lo suficientemente versátiles para mantenerlo. En consecuencia, la pérdida de un trabajo involucra la salida de un engranaje dinámico y exigente, donde la competencia por los puestos laborales plantea la reinserción como una tarea titánica (OIT 2011).

Actualmente, la empleabilidad es entendida como la probabilidad de obtener una vacante en un mercado de trabajo específico a partir de los atributos con los cuales está dotado el buscador, que son los que le permiten superar los obstáculos que le impone el mercado (Campos 2002). Una definición más amplia, citada por Pedro Weinberg2 (2004, s. p.), es:

¿Cuál es la razón que hace a un individuo más fuerte que otro en el mercado laboral? La teoría del Capital Humano encuentra la respuesta en las calificaciones formales que un trabajador posee: sus “inversiones” previas en educación y otras capacitaciones. Bajo esta visión, la mayoría de los estudios se limitan al análisis del nivel educativo (escolarización) como indicador de las cualificaciones necesarias para acceder a un empleo. Sin embargo, los individuos, aun teniendo el mismo nivel de educación formal, no son iguales entre sí, lo cual plantea características distintivas que se destacan en el mercado laboral. Las diferencias pueden encontrarse en el concepto de empleabilidad, definido sucintamente como la “habilidad para obtener o conservar un empleo” (Campos 2003).

La empleabilidad abarca las calificaciones, los conocimientos y las competencias que aumentan la capaci-

dad de los trabajadores para conseguir y conservar un empleo, mejorar su trabajo y adaptarse al cambio, elegir

otro empleo cuando lo deseen o pierdan el que tenían e integrarse más fácilmente en el mercado de trabajo en diferentes períodos de su vida.

En efecto, el fenómeno de la empleabilidad comprende diferentes capacidades básicas necesarias para aprender

Para avanzar en esta idea, comprender sus implicancias y establecer sus relaciones con el bienestar de

Los apartados siguientes siguen de cerca a Formichella y London (2005).

Director del Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre Formación Profesional (Cinterfor –OIT).

Empleabilidad, educación y equidad social María Marta Formichella, Silvia London

Temas Varios

y desempeñarse con eficacia en el lugar de trabajo, lo cual incluye la capacidad de comunicación y de relacionarse con el resto de los individuos, de resolver problemas concretos, de manejar procesos de organización y de trabajar en equipo, entre otras (Brunner 2001).

te se creen nuevas habilidades) y las medibles (aquellas cuya obtención y cuyo desarrollo pueden ser medidos). Este autor considera que serán más empleables aquellos individuos que puedan ser más eficientes en el uso de los recursos, de las capacidades interpersonales,5 de la información, de los sistemas sociales, organizacionales y tecnológicos, y de la tecnología.

El enfoque de la Fundación para el Desarrollo de la Función de Recursos Humanos [Fundipe] (1999) va un poco más allá y establece que la empleabilidad está estrechamente vinculada al autodesarrollo del individuo, que debe asumir el compromiso de planificar su propia vida profesional, teniendo una actitud proactiva a la hora de buscar oportunidades. Esta visión se resume en la siguiente definición brindada por Fundipe: “La empleabilidad es la aptitud de una persona para tener un empleo que satisfaga sus necesidades profesionales, económicas, de promoción y desarrollo a lo largo de su vida” (Fundipe, 1999, 8).

También se destaca la importancia de la seguridad que tenga el individuo en sí mismo. Fundipe (1999) establece que los individuos con baja valoración de sí mismos poseen menos probabilidad de alcanzar sus metas, en relación con quienes sí confían en su capacidad. Además, agrega que el fracaso del pasado hace que la persona tenga mayor aversión al riesgo, que la percepción positiva de su desenvolvimiento anterior se vincula positivamente con el desempeño siguiente, y que cuanto más exitoso ha sido un individuo en el pasado, más predisposición tiene a afrontar desafíos. Por último, las personas que son estimuladas mediante el elogio trabajan mejor que quienes son tratadas de incompetentes.

La capacidad de empleabilidad de un individuo está en función de la combinación de diferentes elementos, tales como la agilidad mental, los conocimientos, la actitud ante los cambios, la inteligencia emocional o la capacidad de relacionarse. Fundipe (1999) divide las habilidades relacionadas con la empleabilidad en los siguientes cuatro grupos:

En suma, la empleabilidad es un concepto amplio que abarca diferentes facetas, muchas de ellas subjetivas y difíciles de cuantificar o medir, que incluyen el tipo de actitudes y cualidades que son propicias para obtener y conservar un empleo, más allá de un puesto de trabajo específico.

Actitudes de la persona: actitudes necesarias para acceder al puesto de trabajo, tales como motivación, responsabilidad, predisposición a los cambios y capacidad de dar el primer paso.3 Seguridad y competencia emocional del empleado: capacidad para interactuar con los demás. Inteligencia práctica o habilidades para la solución de problemas: capacidades de comunicación, análisis y resolución de problemas, de uso de la tecnología, y de razonamiento verbal y numérico.Conocimiento del entorno: las habilidades para trabajar en equipo, comprender a los clientes o beneficiarios de la organización, conocer la actividad, ser capaz de autogestionar tareas y de aprender continuamente.

De acuerdo con lo anterior, surge la importancia de la diferencia entre aptitudes y actitudes. Una aptitud es la capacidad de una persona para determinada actividad, y una actitud es una disposición de ánimo.6 Si bien las aptitudes son necesarias para que una persona sea empleable (conocimientos que requiere el puesto de trabajo al que accede), también son importantes sus cualidades subjetivas, sus actitudes, las cuales obtendrá, no en el corto plazo, sino a lo largo de su vida mientras toma contacto con la sociedad que la rodea.

Brunner (2001) incluye en las competencias de empleabilidad las competencias genéricas (que no se relacionan con una ocupación específica),4 las transferibles (que se adaptan por medio de procesos de enseñanza y aprendizaje), las generativas (que permiten que continuamen-

Berger y Luckman (1984) explican que los individuos se socializan de dos maneras. En primer lugar, la socialización primaria es la que el individuo experimenta en sus primeros años de vida y de aquellas personas que tienen contacto con él, que generalmente pertenecen a su fami-

3 De acuerdo con una encuesta realizada por Fundipe a los empresarios, la mayoría de éstos respondió que la condición primordial para emplear a una persona es que demuestre una actitud de que desea avanzar e invertir en su autodesarrollo, es decir que tenga voluntad.

5 En algunos casos, personas muy capacitadas no logran alcanzar grandes metas, debido a que son deficientes en sus relaciones interpersonales (Fundipe 1999).

4 Estas competencias serían similares a las que Becker (1983) menciona como derivadas de la formación general.

6 Diccionario de la Real Academia Española.

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lia. Los niños reciben una imagen recortada de la realidad y creen que así es la realidad. Adquieren actitudes que sus mayores les transmiten, y modos de comportamiento familiares que ven como la única manera de hacer las cosas. Esto forma parte de la historia que cada individuo tiene de sí mismo.

Schultz (1960 y 1961) propone tratar la educación como una inversión en el hombre, debido a que ésta es una cualidad recibida por la persona, y sus consecuencias, como una forma de capital. La educación es parte integral de la persona; por lo tanto, no puede ser tratada como un bien cualquiera acorde a las instituciones del mercado: la persona no puede desprenderse de su capital por medio de una venta. Sin embargo, al prestar un servicio productivo y agregar valor al producto, se convierte en una forma de capital y afecta los salarios de los individuos. Schultz (1960 y 1961) concluye que las diferencias en educación ocasionan diferencias positivas en los niveles de salario. Explicita que los gastos para mejorar capacidades y aptitudes humanas aumentan la productividad del esfuerzo de trabajo y generan un mayor valor de retorno, siendo los jóvenes quienes poseen incentivos más altos para realizar esta inversión.8

En segundo lugar, el individuo está sujeto a la socialización secundaria, que se produce cuando el niño entra en contacto con otras personas fuera de su entorno familiar y comienza a involucrarse en instituciones sociales (escolarización, asistencia a un club, etcétera). Allí se enfrenta con otra porción de la realidad, se da cuenta de que el mundo de su casa no es el mundo, y empieza a ampliar su perspectiva. En la sociedad encuentra modos nuevos de comportamiento y reglas de convivencia, que comienza a conocer por medio del juego, y que luego aplica en su vida (Berger y Luckman 1984).

En esta línea de pensamiento, Gary Becker (1983) puntualiza en la formación dentro del trabajo, y muestra claramente la influencia del capital humano sobre otras variables económicas, como el empleo o las retribuciones. Según Becker (1983), los trabajadores aumentan su productividad apropiándose de nuevas habilidades y perfeccionando, por medio de su trabajo, las que ya poseían. Contando con una formación general y con una específica, los individuos estarán más dispuestos a costear la formación general, y las empresas, la específica, ya que la primera eleva la productividad del individuo en un sentido amplio, y la segunda, sólo en la empresa en cuestión. En cuanto a salarios devenegados, las empresas pagan a todos los trabajadores con formación general el mismo salario, y a los que poseen formación específica, uno mayor.9

Así, las cualidades de los individuos se van formando a lo largo de su vida, y las características que el individuo posee de manera innata se van potenciando, atrofiando o complementando a medida que se va socializando. El ser humano logrará desarrollar actitudes que lo hacen más empleable, en la medida que su proceso de socialización sea favorable en su desarrollo.

Determinantes de la empleabilidad Empleabilidad y educación Se planteó que la empleabilidad de un individuo estará en función de cómo haya sido y sea su proceso de socialización, por lo que cobra importancia la educación, tanto formal como informal. La teoría económica que analiza el rol de la educación en el mercado de trabajo, especialmente en lo que concierne a la vinculación del nivel educativo con el de salarios, es la Teoría de Capital Humano. Ya se vislumbraban sus orígenes en los estudios de Adam Smith (1979 [1776]), quien analizó el concepto de los salarios diferenciales, y de Karl Marx (1978 [1867]), quien expuso que no todos los tipos de trabajo poseen la misma productividad.

adicionales. Se supone que hay costos ligados a la formación y educación, que hay una relación evidente y conocida entre el costo de las mismas y la productividad de los individuos. También, que existen diversas alternativas de técnicas productivas, que necesitan diferentes trabajadores con distintos niveles de capacitación, y que los empleadores las evalúan cuando planifican la producción. Además, que los salarios son flexibles y varían cuando lo hacen la oferta y la demanda (Piore 1973). 8 Esto debido a que es mayor el tiempo de vida que les queda por delante y, por lo tanto, mayor el tiempo en que podrán disponer del mayor rendimiento derivado de su más alta productividad en el trabajo.

La Teoría del Capital Humano en sí nació en 1962, de la mano del economista Theodore Schultz (Blaug 1976).7

9 Podría parecer que la diferencia salarial tendría que darse en cuanto a la formación general, ya que las empresas compiten más por este tipo de trabajadores. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la formación general eleva la productividad y los salarios en todas las empresas, y la específica no produce ese efecto. Además, cabe destacar que a las empresas les interesa más que no roten los trabajadores con formación específica, importándoles poco que lo hagan los de formación general, ya que ellos mismos la costean.

7 Cabe aclarar que detrás del planteo de la Teoría de Capital Humano, además de subyacer las ideas de la teoría neoclásica de maximización de la utilidad y los beneficios —en un marco donde en el mercado operan mecanismos de equilibrio—, existe una serie de supuestos

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Becker (1983) se aproxima al concepto de empleabilidad al plantear que la productividad de los individuos depende de sus aptitudes y de su motivación e intensidad de su esfuerzo.

Quienes tienen un grado más alto de educación tienen también un nivel más elevado de entrenamiento y habilidad. Por consiguiente, de acuerdo con este análisis, el grado de escolarización es usado como condición para la incorporación de un individuo a un puesto de trabajo (actúa como filtro), y la categoría alcanzada en cuanto a la formación académica es un pase hacia la obtención de trabajos mejor remunerados.

Jacob Mincer (1958) también analiza cómo la distribución personal de las retribuciones depende, entre otros factores, de la función de la distribución del capital humano y de sus rendimientos. Mediante un modelo simple demuestra cómo los niveles de ingresos varían según las ocupaciones, siendo mayores en trabajos para los que se requiere un mayor entrenamiento.

Ante la falta de información completa, a partir del momento en el que el nuevo trabajador ingresa a la empresa, el empleador remunerará al nuevo empleado de acuerdo con el producto medio de un conjunto de agentes con similar grado de educación, hasta que su propia selección esté afianzada. Se observa cómo los empleadores esbozan a los trabajadores las perspectivas de remuneración en función de los niveles de educación que ostentan.

Afirma que los ingresos personales irán en aumento junto con la edad de los individuos y que se elevaran aún más en el caso de los trabajadores entrenados, hecho que aproxima al concepto económico de “aprender haciendo” (learning-by-doing). Según él, los individuos más educados (formados) acceden a mayores ingresos y mejores posibilidades de instrucción, obteniendo cada vez mayores habilidades y, por lo tanto, ingresos cada vez más altos, diferenciándose aún más de los ingresos de los trabajadores no capacitados. La brecha entre ambos grupos sigue creciendo, ya que, si bien los trabajadores no capacitados también ven incrementado su ingreso con la edad, ese incremento es menor que el que perciben los trabajadores capacitados.10

Lo anterior coincide con el planteamiento realizado por Groot y Hartog (1994, citados por Riquelme y Razquín 1999), quienes expresan que las empresas, ante la dificultad de medir la productividad marginal, usan la educación como señal de la misma (Modelo de señal). Los empleadores actúan así en función de su experiencia, que les indica que el nivel de educación funciona correctamente como aproximación a las habilidades del individuo.

Un planteo alternativo es realizado por Kenneth Arrow (1973) y Michael Spence (1973), denominado “Hipótesis del procedimiento oculto de selección”: ante la falta de información completa y perfecta a la hora de conocer la productividad de los postulantes a un puesto de trabajo, el nivel académico alcanzado por los individuos es una manera efectiva de detectar los trabajadores más calificados. El nivel de estudios alcanzados es un determinante muy fuerte para las empresas a la hora de conocer la calificación de un trabajador:11 debido a que el empleador no tiene la posibilidad de vislumbrar de una manera directa cuál es el producto marginal12 del trabajador, recurre al análisis de un cúmulo de datos propios del individuo (nivel de educación, su experiencia laboral, su sexo y su raza, entre otros). A partir de éstos, decide qué empleados incorporará y qué salario ofrecerá.

El modelo de “la fila” coincide con este argumento. Lester Thurow (1972) plantea que los empleadores “ordenarán” a los trabajadores según ciertas características, fundamentalmente el nivel de educación. Los trabajadores más capacitados estarían primeros en una fila imaginaria (por ejemplo, para realizar las entrevistas personales) y serían los preferidos. Complementariamente, Gordon, Edwards y Reich (1982), citados por Riquelme, Herguer y Magariños (1999), sostienen, a través de la teoría de la segmentación, que aspectos tales como la clase, la educación y la raza afectan la distribución de los trabajadores en los distintos segmentos del mercado de trabajo. Por otra parte, Spence (1973) analiza cómo quienes accedan a ocupaciones mejor remuneradas, también serán quienes podrán invertir en capacitación para mejorar sus habilidades y volverse más productivos. Esto realimentará las expectativas de los empleadores respecto a los individuos con un grado mayor de estudios.

10 Este concepto es compatible con la Hipótesis del procedimiento oculto de selección, que se analizará líneas abajo. 11 Por ejemplo, en Argentina los empleadores comenzaron a usar el título secundario como señal a partir de la década de los ochenta; el secundario completo comenzó a ser el requisito indispensable para acceder a un trabajo (fuga hacia adelante) (Riquelme 2001).

De los párrafos anteriores se desprende que, tanto desde el punto de vista de la Teoría del Capital Humano como del de la Teoría de la Señalización, y de la de la Fila, la educación es parte esencial de las caracte-

12 Producto marginal: contribución del trabajador a la Producción Total de una empresa.

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rísticas de empleabilidad de un individuo. Fueron los administradores y psicólogos industriales quienes emplearon el concepto de empleabilidad como una fase en la selección de personal (“puerto de entrada”). El lugar que cada trabajador ocupe en la “fila” dependerá, en parte, de su educación formal, y en parte, de otros atributos que para el empleador sean características de empleabilidad (raza, sexo, etcétera). Estos atributos dan al trabajador su “pase” o no a las entrevistas personales posteriores, siendo las actitudes de los individuos las que finalmente, junto con sus aptitudes, marquen el éxito o el fracaso en la obtención del puesto laboral. Así, la educación formal e informal es un factor fundamental en la definición de empleabilidad de un individuo, y a su vez, un importante elemento constitutivo del capital humano.

sos de enseñanza están debidamente organizados, y más fácil aún, si durante el proceso de instrucción se replican características propias del mundo laboral real. Por otro lado, numerosos estudios señalan la importancia del apoyo familiar en los procesos educativos y el consecuente éxito o fracaso de los mismos, así como el “ejemplo” que los individuos toman de los adultos de su entorno (ver, entre otros, Bolívar 2006). Formar para la empleabilidad implica educar a los individuos para que “aprendan a aprender de manera permanente, a hacer y a ser”. Esto significa aprehender el significado de las cosas, es decir, obtener la cultura general que sirva para que la persona sea capaz de comprender los datos a los que accede. También implica la capacidad de crear y de tomar decisiones con criterio. El aprender a hacer se relaciona con la obtención de habilidades técnicas, mientras que el aprender a ser se vincula con el desarrollo de habilidades personales, tales como autoestima, responsabilidad, sociabilidad, valores, capacidad de escuchar, comunicarse y relacionarse con los demás, entre otras (Cinterfor – OIT 2005).

Es pertinente destacar que el concepto de empleabilidad incluye factores tangibles e intangibles, acentuando la característica actitudinal del individuo. Estas características actitudinales se manifiestan desde la propia infancia del individuo, generando un círculo de retroalimentación positiva durante su desempeño escolar. De esta forma, cobra importancia el ambiente en el que el individuo crece y estudia.

La práctica y la actitud para el aprendizaje deben comenzar en la infancia, en el hogar de cada individuo, y deben continuar en la escuela, en la universidad, etc. El aprendizaje continuo aparece como una necesidad (Fundipe 1999). De esta forma, el concepto de educación permanente encabeza una visión más moderna de la educación, donde hay un eje vertical que implica que ésta dura toda la vida de una persona, y un eje horizontal por el que todos los espacios en los que se involucra el individuo se vuelven educativos (Cinterfor – OIT 2005).

En suma, la educación, en cualquiera de sus manifestaciones, y el entorno en el que el individuo crece y se educa pueden propiciar o no el surgimiento de aptitudes y actitudes que lo hagan más empleable. Mientras que las aptitudes están más relacionadas con la clase de conocimientos que se impartan por medio de la educación (asociada a contenidos formales), las actitudes lo están con el cómo13 se transmiten esos conocimientos (en la educación formal) y el rol de la familia y del ambiente en este proceso.

En síntesis, en el mundo actual la educación y la formación son los pilares de la empleabilidad de un individuo. Y se hace sumamente necesaria la presencia de contenidos nuevos y, sobre todo, de metodologías de aprendizaje y enseñanzas nuevas, pero la clave más importante está en la predisposición personal de elaborar un proceso de formación durante toda la vida, la cual se encuentra condicionada por el ambiente en el que el individuo nace y crece.

Brunner (2001) realizó una recopilación de los principales estudios acerca de la obtención de competencias de empleabilidad. De manera sintética, sus resultados subrayan que es más fácil adquirirlas cuando su transmisión en el proceso de enseñanza se hace en forma explícita; que la empleabilidad es fácil de transmitir si los proce-

13 Por ejemplo, no desarrollarán actitudes proactivas de la misma manera un grupo de individuos cuya educación escolar se basa en la participación, que un grupo de individuos al que sólo se le da una clase magistral y no se le dan el espacio ni la posibilidad para interactuar. Existen estudios empíricos que muestran que la enseñanza del entrepreneurship en estudiantes de nivel intermedio provoca efectos positivos sobre las cualidades relacionadas con el perfil emprendedor. Por ejemplo, el realizado por Rasheed (2000) (Newark, New Jersey Public, EE. UU.).

Empleabilidad y desempleo Desde el punto de vista de la oferta laboral, el aumento de la empleabilidad de los individuos puede representar un gran avance para aquellos que de modo sistemático son desafortunados en la obtención de un empleo. Obviamente, la solución completa al desempleo requiere

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que existan puestos de trabajo originados en el aumento del Producto Social, aunque en varias ocasiones el desempleo es producto de puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos, por la falta de individuos aptos para los mismos (Weinberg 2004).

frente a la propia búsqueda de empleo: cuanto mayor es la motivación, más grande es la posibilidad de reinsertarse en el mercado de trabajo. Sin embargo, no opera sólo un mecanismo de disminución de conocimientos y habilidades en la baja probabilidad que tienen los desempleados de larga duración de volver a obtener un puesto de trabajo. Su empleabilidad también disminuye como consecuencia de la señalización negativa que implica permanecer mucho tiempo fuera del mercado laboral, ya que los empleadores, ante la falta de información perfecta sobre las habilidades de los individuos, toman esta cuestión como una indicación de baja productividad (Cid y Paz 2002).

Entonces, la inversión que se realice en pos de aumentar la empleabilidad de los individuos puede disminuir aquel desempleo causado por la falta de personal calificado. Sin embargo, también puede ser beneficiosa en un contexto de retracción del empleo, porque propiciaría que las oportunidades de acceso al empleo fueran más equitativas (Weinberg 2004). En este caso, si bien la mejora en la empleabilidad no se presenta como una solución para los individuos ante el problema del desempleo, sí se presenta como un mecanismo preventivo, ya que les permite pasar a ser “candidatos” de un puesto de trabajo que, de lo contrario, hubiera quedado excluido.

De igual modo, Pérez (2005a) menciona que las empresas adicionan al conjunto de criterios que consideran a la hora de elegir a sus empleados el tiempo que llevan desocupados, favoreciendo la elección a los individuos que poseen desempleo de menor duración.

Con base en lo anterior, es importante ver qué ocurre con la empleabilidad de los desempleados, sobre todo cuando su estado de desocupación se prolonga en el tiempo. Pérez (2005a) establece que los desempleados de larga duración se alejan cada vez más del mercado de trabajo y se vuelven más dependientes de las políticas sociales.

Este efecto señalización es el denominado scarring effect. Cabe aclarar que, si bien el efecto de la señalización negativa es más grave para los desempleados de larga duración, no es exclusivo de ellos, sino que afecta a todos los que se han visto inmersos en un episodio de desempleo. La idea es que quienes han atravesado una situación de desempleo se ven estigmatizados, reciben menos ofertas laborales, y, además, los empleadores les ofrecen empleos de menor calidad, es decir, empleos en los que los niveles de ingreso son menores, las condiciones laborales son más precarias y la inestabilidad en el puesto de trabajo es mayor (CEPAL 2009; Aguilar, Ramírez y Rodríguez-Prado 2010).

Lo anterior sucede porque cuando el desempleo se prolonga por períodos mayores a un año provoca consecuencias en las personas que son más amplias que su pérdida de un ingreso regular. Los desocupados de larga duración van perdiendo sus conocimientos, pero, principalmente, van disminuyendo sus hábitos de trabajo, su capacidad de relacionarse y generar vínculos con el resto de los individuos, y su capacidad para adaptarse a los cambios, entre otras cuestiones. Esto hace que sus capacidades de empleabilidad sean menores, y que cada vez se vayan alejando más del mercado laboral y se vaya profundizando aún más su exclusión (Weinberg 2004).

Ahora bien, ya sea por verdadera pérdida de habilidades, o porque opera una señalización negativa, o por ambas cuestiones al mismo tiempo, quienes se ven particularmente afectados son los jóvenes. Esto es así porque se ha comprobado que los individuos que atraviesan períodos de desempleo a edades tempranas ven condicionado todo su futuro laboral, viéndose inmersos en nuevos períodos de desempleo o de trabajo con bajos niveles de ingreso (De la Hoz, Quejada y Yánez 2012).

En este sentido, Rus (2012) menciona que existe un costo emocional que experimentan los desocupados, y que dicho costo crece con el paso del tiempo. Rus cita dos autores que, muchos años antes que él, ya señalaban esta cuestión, quienes, con casi una década de diferencia —Alvaro en 1992 y Kulik en 2001—, afirman que se evidencia una relación muy importante entre el tiempo de duración del desempleo y las actitudes de los desempleados. Siendo que, como ya se ha explicado en este trabajo, las actitudes individuales son particularmente relevantes a la hora de analizar la empleabilidad de los sujetos. Entre otras, destacan la actitud

A su vez, retomando la idea de socialización primaria, puede establecerse un efecto negativo en las familias de los desocupados de larga duración, ya que no sólo ellos van perdiendo sus atributos de empleabilidad, sino que también sus hijos van perdiendo la posibilidad de aprenderlos en el núcleo del hogar, lo cual se verá reflejado luego en sus actitudes.

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Además, la cuestión del desempleo de larga duración se ve agravada por el hecho de que no sólo sucede que quien se ha encontrado desempleado por un período prolongado tiene dificultades para volver a tener un puesto de trabajo, sino que la duración de dicho puesto será probablemente menor a la del anterior, y, de ese modo, tendrá mayor riesgo de volver al estatus de desocupado (Aguilar, Ramírez y Rodríguez-Prado 2010).

determinantes el grado académico de los individuos, cómo han obtenido esa formación y qué actitudes y aptitudes han adquirido. Un caso particular dentro del autoempleo es el caso de los emprendedores. En este punto cabe aclarar que no toda persona que comienza un nuevo negocio es un emprendedor (Drucker 1985). “Emprender es perseguir la oportunidad más allá de los recursos que se controlen en la actualidad” (Stevenson 2000).

CEPAL (2009) analiza cómo los sistemas laborales flexibles disminuyen la estabilidad laboral, y, junto con ello, al ser mayor la rotación entre diferentes puestos de trabajo, se ve dañada la cohesión social entre las personas (porque se hace frecuente la necesidad de adaptarse a nuevos grupos y entornos de trabajo), y también se afecta la posibilidad individual de acumular habilidades y conocimientos específicos (porque el período para desempeñarse en cada puesto es más corto). De este modo, es mayor la probabilidad de atravesar situaciones de desempleo, con todo lo que (como ya ha sido mencionado) esto implica sobre la empleabilidad futura de los individuos.

El término entrepreneur (emprendedor) fue introducido a la literatura económica por primera vez en los inicios del siglo XVIII, por el economista francés Richard Cantillon (Castillo 1999), quien define al entrepreneur como el “agente que compra los medios de producción a ciertos precios y los combina en forma ordenada para obtener de allí un nuevo producto”. Y afirma que es él quien asume y soporta los riesgos que dominan el comportamiento del mercado (Thornton 1998). La diferencia entre el emprendedor y el individuo común la establece su actitud. El emprendedor es una persona perspicaz, con capacidad de crear, impulsar y llevar adelante sus ideas (Kirzner 1998). El emprendedor no necesita certezas y observa el cambio como norma saludable (Drucker 1985); además, tiene capacidad de convocatoria y es líder. Persigue la oportunidad, se compromete rápidamente y se responsabiliza ante diferentes escenarios (Stevenson 2000). Los emprendedores son personas que sueñan y logran hacer realidad lo que imaginan, que pueden tomar una idea y hacerse responsables de innovar y obtener resultados (Pinchot 2003).

Por otra parte, si bien se destaca la importancia del concepto de empleabilidad a la hora de conseguir un trabajo, Beccaria (1999) disiente en parte de esta premisa porque considera que, en función del nivel de desempleo, dicho concepto se vuelve un tanto limitado. Este autor explica que la empleabilidad es relativa a la oferta y demanda de trabajo, y que si el porcentaje de desempleo es muy bajo, los últimos de la fila serán empleados, aunque se les pagará un salario menor por tener que capacitarlos. Considera que personas inempleables en un contexto de cierto nivel de desempleo pasan a ser empleables si ese porcentaje disminuye; por lo tanto, no serían inempleables en forma absoluta, sino menos empleables en forma relativa. En este mismo sentido, en un contexto de alto desempleo, los empresarios cobran mayor poder a la hora de elegir a sus empleados. Debido a que son muchos los que están en la “fila”, se exigen mayores requisitos a la hora de contratar, dando lugar a situaciones de sobreeducación (Pérez 2005b).

Joseph Schumpeter planteó, ya en 1911, la existencia de un desequilibrio dinámico causado por el empresario innovador, y llamó “destrucción creativa” a las tareas que realizan este tipo de empresarios (Drucker 1985). A su vez, Schumpeter (1942) define al emprendedor como una persona dinámica y fuera de lo común, que promueve nuevas combinaciones o innovaciones. De lo anterior se deriva que las cualidades para ser empleable y para ser emprendedor son similares, pero no totalmente iguales. Podría decirse que ser empleable es condición necesaria, pero no suficiente, para ser emprendedor. Un emprendedor necesita actitudes extras, a las que hemos definido bajo la órbita de la empleabilidad, sobre todo las referidas a la asunción de riesgos. A su vez, cabe destacar que el concepto de empleabilidad es muy similar al de intrapreneur, término utilizado por Pinchot (2003) para hacer referencia a los emprendedores dentro de las empresas.

Por último, en cuanto a la relación de desempleo con empleabilidad, cabe mencionar la capacidad de generar autoempleo por parte de los individuos que poseen cualidades para ser empleables, siempre y cuando el contexto macroeconómico se los permita. El concepto de empleabilidad también puede considerarse respecto a la propia generación de trabajo (Fundipe 2000). En el caso del autoempleo, de nuevo se plantean como

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En síntesis, el aumento de la empleabilidad colabora ante el problema del desempleo mediante la mejora en las capacidades y productividad de los individuos, aunque no se presenta como una solución total al problema. A su vez, el desempleo de larga duración provoca efectos negativos sobre la empleabilidad. Por último, se destaca que las cualidades relacionadas con ésta son propicias para el autoempleo y colaboran en la aparición de individuos emprendedores.

estar bien alimentados,15 no contar habitualmente con ayuda y apoyo familiar en sus tareas y no poder concentrar su tiempo libre en el estudio, porque deben cuidar de hermanos menores,16 o realizar algún tipo de trabajo informal para subsistir. En muchos casos, la asistencia al colegio se reduce a la búsqueda de un comedor escolar, que puede llegar a representar el único alimento del día. La marginación que muchas veces acompaña a la pobreza ocasiona fricciones en las familias de bajos ingresos y lleva a que sus integrantes, al sentirse frustrados, lleguen a relacionarse con problemas como la droga, el alcohol u otras enfermedades de esta índole. Los chicos pertenecientes a dichas familias viven el futuro como una posibilidad negativa, la sociedad no les brinda herramientas para pensar en él, y suelen manifestar un desinterés completo por el futuro, concentrando su energía en los acuciantes problemas del presente. Estas condiciones favorecen la aparición de trastornos en el aprendizaje y en la integración social. Estos niños también perciben, dentro de su socialización primaria, el grado de frustración social de sus propios padres, y aprenden cómo sobrellevarla de acuerdo con lo que realizan sus padres o mayores a cargo. Varios estudios sociológicos afirman que la delincuencia es, en muchos casos, aprendida en el seno del hogar, de la misma forma que es en ese ámbito donde se adquiere el respeto por el trabajo y las instituciones (Redondo et al. 1988).

Empleabilidad y equidad social De acuerdo con lo analizado hasta el momento, el nivel educativo se plantea como uno de los más importantes determinantes de la empleabilidad. Pero no todos los individuos reciben la misma educación: los individuos más pobres poseen mayores dificultades para acceder a un nivel educativo alto; y puede concluirse que serán menos empleables (Formichella 2005). Lo anterior se vincula estrechamente con la noción de equidad educativa. Formichella (2010) considera que existe equidad educativa si se evidencia igualdad en los resultados educativos, lo cual incluye el grado de empleabilidad de los individuos al concluir su paso por el sistema. Si no existe equidad en la educación, habrá individuos menos empleables que otros, lo cual contribuirá a la inequidad social. Y no sólo habrá individuos menos empleables, sino que dichos individuos serán los que provengan de hogares menos aventajados, por lo que puede pensarse que quedarán entrampados en un círculo de pobreza.

Los individuos de menores recursos también tendrán mayores dificultades para adquirir el resto de las cualidades que hemos identificado como deseables para la empleabilidad. Mientras que su socialización primaria quizá no se desarrolle en un entorno propicio para la adquisición de dichas cualidades, su socialización secundaria (con una prácticamente única oportunidad en la escuela) se ve entorpecida por los obstáculos económicos y sociales señalados. Por ello, la búsqueda de la equidad en educación puede contribuir a que los individuos puedan revertir su situación de origen. Su búsqueda implica la necesidad de invocar dos principios aristotélicos: “Igual trato para los iguales” (equidad horizontal) y “desigual trato para los desiguales” (equidad vertical) (Morduchowicz 2003). Es

Tal resultado sucede porque un individuo pobre tendrá mayores dificultades para enfrentar los costos directos de invertir en educación, porque posee un menor nivel de ingresos,14 y también, para enfrentar los costos indirectos (costos de oportunidad de formarse y no trabajar): el aporte marginal que una persona pobre puede hacer a la economía del hogar puede marcar la diferencia entre subsistir o no. Es así como muchos jóvenes y niños abandonan el colegio y van en busca de trabajo, en general informal, o mendigan. Por otra parte, quienes siendo pobres continúan asistiendo a la escuela poseen un muy bajo rendimiento, al no

15 “En un estudio de 19 países se comprobó que el retraso en el crecimiento (poca altura en función de la edad, indicador de una malnutrición prolongada), la emaciación (poco peso en función de la altura, indicador de malnutrición durante un breve período) y el peso inferior al normal (poco peso en relación con la edad) son más elevados en los pobres en casi todos los países” (Informe sobre el Desarrollo Mundial, 2000-2001, Banco Mundial)

14 Además de este efecto del ingreso, en la mayor parte de los casos, la tasa de fecundidad de las familias pobres es más alta, lo cual hace que la inversión en educación por hijo sea menor que en el caso de una familia más reducida.

16 Ya que habitualmente pertenecen a familias numerosas en las que ambos padres trabajan o sólo hay un jefe familiar y éste se ausenta para trabajar.

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decir, se debe prestar atención y tratar a cada individuo de acuerdo con su situación, lo cual implica la instauración de desigualdades a lo largo de la vida escolar (Llach 2006; Tedesco 2000).

jo verán ante sí un abanico de oportunidades concretas para aumentar sus habilidades, lo que les permitirá obtener ingresos aún mayores en el futuro. Así, puede observarse una parte del mecanismo que hace que se vaya incrementado la brecha de ingresos entre ricos y pobres (Mincer 1958). A su vez, si no acceden a un trabajo institucionalizado y formal, también tendrán más dificultades para adquirir cualidades de empleabilidad dentro del trabajo, entre otras desventajas.

Entonces, la consideración de la equivalencia en resultados complementa la idea de igualdad en las oportunidades. Se trata de que se establezcan las condiciones y se comprometan los recursos (materiales y no materiales) para que todos los individuos tengan la misma posibilidad de arribar a los resultados deseables (Morduchowicz 2003). En este sentido, para que todos los individuos en edad de egreso escolar alcancen un mismo resultado, incluido su nivel de empleabilidad, todos deberían tener acceso al sistema educativo, y una vez allí, sus diferencias en capacidades deberían ser compensadas. Una vez dentro del sistema, cada uno debería disponer de los recursos materiales (aulas, bancos, etc.) y no materiales (tiempo, apoyo psicológico, enseñanza, motivaciones, entre otros) necesarios para avanzar en su carrera escolar, y recibir algunos más que otros, en función de sus necesidades (desigualdades originarias).

De esta manera, puede observarse cómo la empleabilidad se encuentra sumamente ligada a la estructura de oportunidades de la sociedad. Los más desfavorecidos, pertenecientes a los sectores de más bajos recursos, tienen menores oportunidades de adquirir competencias de empleabilidad, lo que determina que ellos y su descendencia continúen perteneciendo a las capas más pobres de la sociedad (Weinberg 2004). A pesar de lo señalado antes, puede ocurrir que la actuación mediante políticas gubernamentales sobre el ámbito educativo sea necesaria pero no suficiente para lograr compensar las diferencias en las capacidades de origen de los individuos. Quizá se requieran políticas vinculadas a otros ámbitos, para poder obtener los resultados deseados. Es de esperarse que, cuanto mayor sea el grado de desigualdad de origen, más limitada se encuentre la institución escolar para poder hacer frente a las compensaciones, y más necesaria se vuelva la aplicación de políticas sociales, en especial políticas que intenten modificar el entorno familiar de los individuos (Formichella 2010).

Por el contrario, si las diferencias de origen no pueden ser compensadas, en un mundo donde el mercado laboral exige cada vez mayores habilidades,17 las personas menos aventajadas quedan imposibilitadas de encontrar un buen trabajo, y bien remunerado: su propia situación económico-social las ha impulsado a ingresar a este mercado sin estar suficientemente capacitadas. Sus posibilidades se reducen a empleos precarios de baja remuneración, y de esta manera, es muy probable que no logren salir de la pobreza. Como consecuencia, en su futuro adulto forman nuevos hogares pobres, siendo, por consiguiente, sus hijos pobres, repitiéndose el ciclo e impidiéndose la movilidad social (Birdsall, Londoño y O’ Connell 1998; Briasco 1995).

Conclusiones El concepto de empleabilidad aparece como un concepto más amplio que el utilizado de manera habitual para estudiar la relación de las características de la fuerza laboral con el mercado de trabajo (capital humano). Presenta una estrecha vinculación con la educación, en todos sus sentidos, y con el desempleo: básicamente, la educación puede contribuir a aumentar la empleabilidad de los individuos, y la mayor empleabilidad puede favorecer la mitigación del problema del desempleo. Asimismo, el desempleo de larga duración provoca efectos negativos sobre la empleabilidad de las personas.

Por otra parte, el ingreso temprano al mercado laboral no sólo les impide a los individuos pobres continuar con sus estudios, sino que al no poder acceder a un buen trabajo, tampoco accederán a posibilidades de capacitación. Mientras tanto, quienes sí logran obtener un buen traba-

17 Esto se debe a que las empresas buscan los trabajadores más productivos, y, como enunciaron Arrow y Spencer, el nivel educacional sirve como mecanismo de selección, pero también, a que las empresas buscan individuos con las cualidades que hemos enunciado como deseables para ser empleables. Además, Beccaria (1999) agrega que cuando existe un alto porcentaje de desempleo, los empresarios tienen mayor poder para exigir mayores condiciones restrictivas a sus empleados, dando lugar al fenómeno de la sobreeducación.

La empleabilidad tiene una fuerte consecuencia sobre la equidad social. La existencia de desigualdad en las oportunidades de los individuos para adquirir cualidades de empleabilidad parece perpetuar y acentuar las desigualda-

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des sociales en el tiempo. El desarrollo de una sociedad está ligado al bienestar de sus individuos: las inequidades de oportunidades conducen a un problema económico intergeneracional que involucra aspectos morales y éticos. La ruptura del orden social, asociada a altos niveles de desigualdad, es uno de los aspectos más difíciles de corregir en un Estado. De allí que la prevención y la igualación de oportunidades sean fundamentales para el desarrollo sostenible de un sistema económico.

5. Becker, Gary S. 1983. Capital humano. Madrid: Editorial Alianza.

La educación parecería ser el medio adecuado para tal fin. Sin embargo, es también la herramienta que permitiría perpetuar y acentuar las desigualdades. El resultado dependerá no sólo de los recursos que se destinen a la educación, y de los objetivos que los hacedores de políticas se planteen, sino también de la universalidad de la calidad en el sistema educativo y de las políticas sociales específicas que reduzcan los costos de oportunidad de los más pobres. No necesariamente debe existir un trade-off entre los objetivos sociales y los económicos. Por el contrario, ambos pueden ir en la misma dirección, sustentando un proceso de Desarrollo y Crecimiento Económico exitoso. El proceso es largo: los niños que ingresen hoy al sistema educativo comenzarán a exhibir sus cualidades de empleabilidad a partir de 2024.

8. Blaug, Mark. 1976. El status empírico de la teoría del capital humano: una panorámica ligeramente desilusionada. En El mercado de trabajo: teorías y aplicaciones, comp. Luis Toharia. Madrid: Editorial Alianza – Universidad Libros, 65-104.

6. Berger, Peter y Thomas Luckman. 1984. La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Editorial Amorrortu. 7. Birdsall, Nancy, Juan Lodoño y Lesley O’ Connell. 1998. La educación en América Latina. La demanda y la distribución importan. Revista de la CEPAL 66: 39-52.

9. Bolívar, Antonio. 2006. Familia y escuela, dos mundos llamados a trabajar en común. Revista de Educación 339: 119-146. 10. Briasco, Irma. 1995. Algunos elementos sobre la relación educación y trabajo. <http://www.fundacion.uocra.org/documentos/recursos/articulos/Relacion-Educacion-Trabajo--IRMA-BRIASCO.PDF>. 11. Brunner, José. 2001. Competencias de empleabilidad. <www. geocities.com/brunner_cl/ empleab.htlm>.

Se ha abierto el camino para seguir investigando este tópico con mayor profundidad. Un imprescindible estudio futuro consistirá en la obtención de un indicador para medir la empleabilidad, que conduzca a un diagnóstico más preciso de la problemática considerada, con el fin de establecer políticas concretas para mejorar el estado presente y futuro de la oferta laboral.

12. Campos Ríos, Guillermo. 2002. Implicancias del concepto de empleabilidad en la reforma educativa. Revista Iberoamericana de Educación, 1-9. 13. Campos Ríos, Guillermo. 2003. Implicancias económicas del concepto de empleabilidad. Revista de la Facultad de Economía-BUAP VIII, n° 23: 101-111.

Referencias

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Indigentes urbanos: entre la estigmatización y la exclusión social en la ciudad de Buenos Aires* Fernando Groismanv - María Eugenia SconfienzaD Fecha de recepción: 30 de octubre de 2012 Fecha de aceptación: 11 de abril de 2013 Fecha de modificación: 29 de abril de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.07

RESUMEN El estudio aquí planteado ilustra sobre la exclusión social a la que están expuestos los indigentes urbanos en Buenos Aires. El artículo se compone de dos apartados. En el primero de ellos se resumen algunos aspectos relevantes de la literatura especializada sobre la exclusión social y el funcionamiento del mercado de trabajo en Argentina en el pasado reciente. El segundo sintetiza los resultados del trabajo de campo efectuado. Éste se basó en la realización de 190 entrevistas a varones adultos residentes en hogares y paradores de la ciudad de Buenos Aires. La investigación indagó acerca de las percepciones de los entrevistados respecto de su situación de vulnerabilidad laboral y procuró rastrear los factores que determinan el tipo de inserción que logran en la actividad económica, entre ellos, la incidencia de las credenciales educativas. Se pudo constatar que la gran mayoría de los indigentes urbanos ha venido exhibiendo trayectorias laborales caracterizadas por la alternancia entre precariedad ocupacional —desocupación abierta—, desaliento y retiro de la actividad económica. Tal dinámica parece ser insensible a los avatares del ciclo económico.

PALABRAS CLAVE Informalidad, exclusión social, indigentes urbanos.

Urban Indigents: Between Stigma and Social Exclusion in the City of Buenos Aires ABSTRACT The paper characterizes the social exclusion that affects individuals suffering extreme poverty in Buenos Aires. The article consists of two sections. First, it summarizes some relevant aspects of the literature on social exclusion and the functioning of the labor market in the recent past in Argentina. Second, it presents the results of the fieldwork completed by the authors. The research was based on a survey of 190 adult males living in homeless shelters in the City of Buenos Aires. The goal of the investigation was to record their perceptions regarding labor opportunities and to identify the factors that might influence their inclusion into/exclusion from economic activities, including the role of educational credentials. We found that the vast majority of respondents exhibited work trajectories characterized by alternating unemployment, unstable jobs, and inactivity. That pattern seems to be insensitive to economic cycles.

KEY WORDS Informality, social exclusion, urban indigents. *

El presente artículo forma parte de una investigación más amplia sobre “Inseguridad socio-económica de los hogares en Argentina”, que cuenta con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) de Argentina a través de la financiación de un Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT 0910-2011) y la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Ciencias Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Argentina. Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Últimas dos publicaciones: Gran Buenos Aires: polarización de ingresos, clase media e informalidad laboral, 1974-2010. Revista de la CEPAL 109 (2013), y Políticas de protección social y participación económica de la población en Argentina (2003-2010). Desarrollo Económico, 2011. Correo electrónico: fgroisman@conicet.gov.ar Magíster en Diseño y Gestión de Programas Sociales, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Argentina. Estudiante de doctorado en Flacso. Becaria del Conicet. Últimas dos publicaciones: Políticas de protección social y participación económica de la población en Argentina (20032010). Desarrollo Económico, 2011, y El servicio doméstico en Argentina. Particularidades y desafíos de un sector relegado (2004-2012), en evaluación. Correo electrónico: eugeniasconfienza@gmail.com

Indigentes urbanos: entre la estigmatización y la exclusión social en la ciudad de Buenos Aires Fernando Groisman, María Eugenia Sconfienza

Temas Varios

Indigentes urbanos: entre a estigmatização e a exclusão social na cidade de Buenos Aires RESUMO O estudo aqui proposto trata da exclusão social à qual estão expostos os indigentes urbanos em Buenos Aires. Este artigo se compõe de duas partes. Na primeira, resumem-se alguns aspectos relevantes da literatura especializada sobre a exclusão social e sobre o funcionamento do mercado de trabalho na Argentina no passado recente. A segunda sintetiza os resultados do trabalho de campo efetuado. Este se baseou na realização de 190 entrevistas a homens adultos residentes em lares da cidade de Buenos Aires. A pesquisa indagou sobre as percepções dos entrevistados a respeito de sua situação de vulnerabilidade laboral e procurou rastrear os fatores que determinam o tipo de inserção que conseguem na atividade econômica, entre eles, a incidência das credenciais educativas. Pôde-se constatar que a grande maioria dos indigentes urbanos vem exibindo trajetórias laborais caracterizadas pela alternância entre precariedade ocupacional —desocupação aberta—, desalento e saída da atividade econômica. Essa dinâmica parece ser insensível aos avatares do ciclo econômico.

PALAVRAS-CHAVE Informalidade, exclusão social, indigentes urbanos.

Introducción

a demanda laboral en Argentina, aun en contextos de fuerte recuperación económica, pareciera ponderar aquellos atributos que tienden a reforzar la exclusión social de quienes ya se encuentran en situación de pobreza o de franca vulnerabilidad. Quizás el ejemplo más claro de ello es la utilización del nivel educativo alcanzado como el criterio de reclutamiento más extendido para incorporar trabajadores que, en numerosas ocasiones, no requieren ese capital educativo para su desempeño laboral. En otras palabras, los puestos de trabajo que tradicionalmente eran cubiertos por trabajadores de baja calificación son crecientemente asignados a personas con mayores credenciales educativas. Cabe anotar que en la primera década del presente siglo, aunque se mantuvo la estructura por calificación del trabajo asalariado, aumentó la incidencia de aquellos con mayor nivel educativo en los puestos de baja calificación. Por otra parte, las brechas de los salarios horarios confirman que este cambio de composición no se vio acompañado de uno de similar intensidad en los diferenciales salariales. Es decir, que los trabajadores más educados que ocuparon puestos de menor calificación fueron retribuidos por las características del puesto que ocupaban, y no por sus atributos personales —su nivel educativo—. Esta información es compatible con episodios de devaluación educativa, lo cual implica que los retornos salariales a la educación se redujeron debido al exceso relativo de trabajadores con mayor nivel de instrucción. Tal dinámica habría afectado preferencialmente —vía expulsión del empleo o reducción de oportunidades— a los individuos con baja educación (Groisman 2008).

Las menores oportunidades de empleo para aquellos en situación de desventaja social parecen haber estado asociadas también a otros factores. Uno de ellos es el relacionado con las redes sociales por las que circula la información sobre vacantes laborales. Éstas han adquirido una incidencia relevante tanto en la distribución de información sobre oportunidades de empleo como en la propia vinculación con la demanda, operando en muchas ocasiones como instancias de intermediación laboral de hecho. Estos contactos y redes están altamente correlacionados con el nivel socioeconómico de pertenencia de hogar. En este sentido, puede argüirse que el impacto negativo sobre el acceso a puestos de mejor calidad habrá sido mayor para aquellos individuos que pertenecen a los hogares más pobres. Precisamente, es en este estrato donde se observa con mayor frecuencia que las familias quedan excluidas de estas redes y circuitos de información y relaciones sociales. La información descriptiva disponible para Argentina, teniendo en cuenta la variable del nivel de educación, apunta en esa dirección. Los jefes de hogar, cónyuges e hijos de hogares de bajos recursos obtienen menores ingresos que sus similares en los hogares del estrato superior. En otras palabras, no sólo los ocupados de menor calificación perciben menores ingresos que aquellos con mejor dotación educativa, sino que el hecho de pertenecer al estrato de hogares con jefe de baja educación ocasionaría un descuento sobre sus remuneraciones —siempre respecto de otros trabajadores de nivel educativo y posición en el hogar similares—. Se desprende de ello la permanencia de diversos factores que tienden a perpetuar la condición de pobreza. Cabe mencionar entre ellos la segregación espacial socioeco-

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nómica, la discriminación laboral con base en ciertas características sociodemográficas y/o socioeconómicas, que dificultan el acceso a mejores condiciones de vida en forma duradera. Ante tal evidencia, se deduce que aquellos individuos en situación de pobreza extrema —indigentes— que carecen de una vivienda propia y residen temporalmente en refugios urbanos estarían expuestos a mayores privaciones. La presente investigación tiene por fin analizar la situación laboral de este segmento de los indigentes urbanos, específicamente aquellos que residen en hogares y paradores de la ciudad de Buenos Aires.1

El presente artículo se estructura en tres secciones. En la primera se desarrollan brevemente algunas precisiones conceptuales y se muestran algunos datos referidos a esta problemática para el corriente período de recuperación económica, provenientes de la Encuesta Permanente de Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos (EPH-INDEC). La segunda sección presenta los resultados del trabajo de indagación a 190 individuos en situación de vulnerabilidad socioeconómica que residen en hogares y paradores de la ciudad de Buenos Aires. Por último, se resumen los principales hallazgos de esta investigación.

Los pobres urbanos conforman un universo heterogéneo y tienen como rasgo común el hecho de estar excluidos del mercado formal de empleo y padecer múltiples carencias. Sin embargo, es todavía acotada la investigación sobre esta temática.2 El aporte de este artículo radica en avanzar en el conocimiento de aquellos factores que persisten como determinantes de la sistemática exclusión laboral a la que se enfrentan los indigentes sin vivienda que residen en los paradores de la ciudad de Buenos Aires.

Exclusión social y recuperación económica Las dimensiones laborales de la exclusión social: precariedad, informalidad, desempleo y desánimo

En el curso del artículo se adopta una definición amplia de vulnerabilidad que incluye a todos aquellos que comparten una situación de adversidad en el ámbito social y económico,3 y que se origina en la carencia de medios para disfrutar de las mismas oportunidades que la población ocupada en puestos de trabajo protegidos, es decir, registrados en el Sistema de la Seguridad Social. El enfoque utilizado reconoce en la precariedad laboral, en general, y en el desempleo, en particular, factores que contribuyen a acentuar la brecha socioeconómica que separa a diversos estratos sociales en Argentina. Como se mencionó, es todavía escasa la evidencia empírica obtenida a partir de una perspectiva de investigación de campo que haga énfasis en la subjetividad de los excluidos. La mirada “desde adentro”, por tanto, se presenta como un insumo significativo para proporcionar información relevante acerca de fenómenos difíciles de captar con las herramientas convencionales, como el desaliento o el desánimo que padecen los excluidos.

Hace ya varias décadas, con la generalización de la crisis de la relación salarial a mediados del decenio de los setenta, el concepto de exclusión social ha ido ganando protagonismo en la literatura, con la misma intensidad con la que se desarrolló un agudo debate sobre sus alcances. Se han enfatizado, alternativa o complementariamente, sus vínculos con otros déficits sociales como la pobreza, la vulnerabilidad o la inseguridad económica. Si bien no se ha logrado aún un consenso generalizado, se constata cierta aceptación en torno a algunas características que constituirían parte central de este concepto. Entre éstas cabe mencionar que se trata de un fenómeno multidimensional, relativo, dinámico, acumulativo y estrechamente asociado a lo que acontece en el mercado laboral (Atkinson 1998, 11-12; Gallie y Paugam 2002, 6; Tsakloglou y Papadopoulos 2002, 136; Sen 2000; Room 1995). En esta sección se pasa brevemente revista sobre aquellos fenómenos vinculados al mundo del trabajo que reflejan las diversas manifestaciones de la fragilidad del vínculo que logran establecer algunos grupos de población en la actividad económica. Entre las características más representativas del trabajo precarizado en Argentina —aquel que se desarrolla en un puesto de trabajo que no se encuentra registrado en el Sistema de Seguridad Social— se destacan las siguientes: la inestabilidad (contratos de corta duración o inexistencia de contrato, sin derecho a preaviso ni indemnización); tareas modificables unilateralmente a voluntad del empleador; ingresos inciertos y/o

El fenómeno de la indigencia se encuentra íntimamente relacionado con la situación de calle y/o el hecho de habitar en hogares/paradores en forma transitoria. No obstante, el eje central del presente documento no se centra en la situación habitacional de las personas, sino en su dimensión laboral.

2 Pueden consultarse Mallimaci (2005) y Forni, Siles y Barreiro (2004), entre otros. 3 Existen múltiples enfoques sobre esta temática; véanse, entre otros, Wacquant (2001), Cravino et al. (2002, 75) y Perelman (2011, 119).

Indigentes urbanos: entre la estigmatización y la exclusión social en la ciudad de Buenos Aires Fernando Groisman, María Eugenia Sconfienza

Temas Varios

insuficientes —más bajos que los de trabajadores registrados—; carencia/insuficiencia de percepción de beneficios, tales como licencia por enfermedad, licencias para atención de los hijos, licencia por muerte familiar; inseguridad laboral (mayores riesgos de enfermedades y lesiones por exposición a condiciones peligrosas, control limitado sobre las condiciones del lugar de trabajo, baja protección contra riesgos a la salud y seguridad física en el lugar de trabajo); en relación con la duración de las jornadas laborales, aquellos casos de horarios prolongados o de carga horaria impredecible, que fomentan irregularidad de horarios e intermitencia laboral; restricción de acceso a formación y capacitación con expectativas de ascenso laboral, y bajas posibilidades de representaciones colectivas como sindicatos. Acerca del régimen laboral en Argentina, puede consultarse Goldín (2008).

la informalidad en el mercado de trabajo. Precisamente, la informalidad —sector informal o economía informal— es una categoría relevante para el análisis de las estructuras productivas y de los mercados de trabajo de los países en desarrollo. La perspectiva original de la Organización Internacional del Trabajo (OIT 1972) y los avances realizados luego —principalmente en América Latina— ligaron la existencia de unidades productivas informales de esos países a la incapacidad de sus economías para crear puestos de trabajo formales suficientes para ocupar la fuerza laboral disponible. En la actualidad, la definición de la informalidad contempla el incumplimiento de las normas que regulan la actividad laboral (Hussmanns 2004). La informalidad es el destino principal para una proporción relevante de la población que no logra acceder a un puesto de trabajo asalariado protegido. Forman parte de este segmento heterogéneo los trabajadores empleados por cuenta propia o las trabajadoras del servicio doméstico y el conjunto de ocupados en puestos no registrados. La característica relevante es que quienes se desempeñan en estas ocupaciones obtienen remuneraciones sensiblemente inferiores a las de aquellos ocupados en la economía formal. Así, la informalidad, aun cuando puede contribuir a disminuir los niveles de pobreza e indigencia, no logra resolver la situación de exclusión social, sino que tiende a perpetuarla, por cuanto la permanencia en la informalidad reduce las probabilidades de abandonar estos empleos.

El desempleo, por su parte, constituye la forma más extrema de precariedad laboral. Las personas que desean trabajar pero no logran hacerlo son consideradas desocupadas,4 y, en contextos de ausencia de mecanismos de protección social adecuados, es muy elevada la correlación con la incapacidad de satisfacer necesidades vitales. Además de la privación económica, como señala Castel (1997), cuanto más grande es la precariedad de la situación del trabajador respecto del empleo, mayores son los riesgos de rupturas sociales y familiares, de reducción de la sociabilidad, de pérdida de identidad y de mayor sufrimiento psíquico y mental. De la misma manera, se ha señalado que es en el ámbito del mercado de trabajo donde el trabajador adquiere su identidad y construye un sentimiento de utilidad social, según las funciones que cumple en la división técnica y social del trabajo, lo que a su vez repercute en su salud (Paugam 1997).

Por último, cabe destacar una dimensión analítica que tiende a ser subestimada en la investigación social y que refiere al desaliento o desánimo laboral. En efecto, se trata de la población que ha abandonado la búsqueda de un empleo ante la expectativa de no encontrarlo. El “trabajador desalentado/desanimado” desaparece de la estadística que mide la población económicamente activa: no está ocupado ni busca activamente un empleo, por lo cual tampoco se contabiliza como un desocupado. Se trata de un desocupado latente —disponible para el empleo— pero retirado de la actividad económica. El desaliento laboral implica “haberse rendido”, y, por ende, el trabajador se ha dado por vencido porque siente que no tiene las calificaciones adecuadas, no sabe dónde o cómo buscar trabajo, o siente que no hay trabajo apto disponible para él. En este sentido, el trabajador desalentado se encuentra inactivo en forma involuntaria (OIT 2006).

Queda claro entonces que el empleo asalariado y protegido en Argentina representa la instancia que asegura derechos sociales y ciudadanos con base en la contribución productiva del trabajador. Es decir, que la limitación en el acceso al mercado de trabajo formal se presenta como un potente disparador de la exclusión social. Es frecuente en las economías latinoamericanas que la brecha entre el desempleo y el empleo registrado se resuelva a favor de

4 Cabe distinguir, a diferencia del desempleo abierto, un tipo de desempleo de carácter friccional. En esta última categoría se encuentran comprendidos los trabajadores que rotan dejando su puesto de trabajo para buscar otro que se adecúe más a sus preferencias y expectativas, siendo éste un tipo de desempleo a corto plazo y que no constituye una problemática en sí desde la perspectiva de este estudio (Monza 2002).

Las razones del desaliento son numerosas y variadas. El género, la religión, la carencia de calificaciones o de experiencia, distintas enfermedades o discapacidades

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—que no inhabilitan el desempeñarse en algún empleo—, son causas posibles del fenómeno. También lo es, y muy especialmente, el factor de la edad. Es frecuente, por ejemplo, que los empleadores otorguen prioridad para la cobertura de las vacantes laborales a adultos en edades entre 30 y 44 años, afectando negativamente las posibilidades de empleo de quienes no están comprendidos en ese rango etario. Las personas desalentadas se encuentran en una zona gris entre la actividad y la inactividad económica, y su inclusión en una u otra varía con las expectativas y las percepciones que se tengan acerca del funcionamiento del mercado laboral. Desde este punto de vista es que se los ha conceptualizado como desocupados ocultos en la inactividad. Se sigue de ello que la tasa de desocupación —y la de actividad también— debería ser corregida teniendo en cuenta este universo. Se han detectado algunos problemas metodológicos a la hora de estimar la magnitud de este grupo. En efecto, la medición de los trabajadores desalentados requiere, o bien información acerca de la búsqueda de empleo para los desocupados durante un período dado —razonablemente, seis o doce meses— y las razones del abandono de la búsqueda; o bien, la cuantificación de aquellos que no estando ocupados desean trabajar y están disponibles para hacerlo. Se puede apreciar, no obstante, que este tipo de mediciones no agotan el fenómeno del desaliento pues no captan aquellas situaciones de desánimo de más larga duración que derivaron en el retiro de la actividad económica con una antelación mayor a un año. Por ejemplo, la de aquellos que se perciben a sí mismos como excluidos y, por lo tanto, no expresan deseos de trabajar cuando son interrogados, pero estarían disponibles ante la posibilidad de acceder a un puesto de trabajo.

Entre los factores que ayudan a entender el notable desempeño económico de Argentina, deben resaltarse la favorable coyuntura internacional para las exportaciones, los efectos en el mercado interno de la sustitución de importaciones, la recuperación de la inversión privada —impulsada por las limitadas alternativas de inversión financiera— y la recuperación del consumo. La recuperación económica se verificó tanto en los sectores productores de bienes como en los servicios. Ya en 2005 se habían alcanzado las marcas máximas de la década previa. Al compás de la expansión económica agregada se ha venido produciendo un cambio en la estructura sectorial, cuyo sesgo difiere respecto del observado en la década anterior. Actividades como la industria manufacturera mostraron un gran dinamismo en estos años. También se puede constatar el notable dinamismo de la construcción, el comercio, los servicios modernos y las actividades de transporte y comunicaciones. Asimismo, los últimos años dan indicios de un mejoramiento de la calidad de los empleos acompañado, entre otros factores, de la dinamización de las negociaciones colectivas —entre trabajadores y empleadores— y de aumentos periódicos en el salario mínimo. Estos dispositivos tendieron a comprimir la distribución de los salarios, por cuanto repercuten con mayor magnitud en la parte inferior de las escalas de ingresos (Groisman 2013). No obstante, estas mejoras se evidenciaron en los sectores asalariados de la sociedad. El acceso a un puesto de trabajo formal continuó siendo esquivo para una proporción no despreciable de individuos pertenecientes al estrato social más bajo. Particularmente, los grupos a los que alude el estudio aquí realizado se dedican a actividades en las cuales el grado de no registro es muy elevado, como son el comercio minorista, la construcción y el cuentapropismo no profesional (es decir, aquellos autoempleados que no son asalariados ni empleadores y que no tienen un alto nivel educativo). Globalmente, en materia de empleo parece haberse consolidado una tendencia sostenida de incorporación de trabajadores con niveles educativos medios y altos, lo cual está en línea con la dotación de capital humano de la población en edad de trabajar. Puede verificarse que alrededor del 80% de los ocupados residentes en la ciudad de Buenos Aires había completado el nivel medio de educación.

La situación económica y laboral en el pasado reciente A partir del segundo semestre de 2002 la economía argentina inició una fase expansiva de gran intensidad. Parte importante de la recuperación obedeció al cambio en el régimen macroeconómico, que implicó, entre otras medidas, una fuerte devaluación de la moneda luego de la aguda crisis de fines de 2001. Las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) oscilaron en torno al 8-9% en el quinquenio que comenzó en 2003. En 2008 este indicador se ubicó cercano al 7%, y disminuyó sensiblemente en 2009. Lo acontecido durante este último año parece haber sido un reflejo del clima de incertidumbre internacional a raíz de la crisis del mercado de hipotecas sub-prime en Estados Unidos (cuyo origen cabe ubicar en agosto de 2007).

En línea con ello, aquellos con menor nivel de educación obtuvieron remuneraciones laborales en torno al 60% del ingreso promedio y mostraron las tasas de inactividad económica más elevadas (duplicando el valor promedio). (Ver el cuadro 1).

Indigentes urbanos: entre la estigmatización y la exclusión social en la ciudad de Buenos Aires Fernando Groisman, María Eugenia Sconfienza

Temas Varios Cuadro 1. Máximo nivel educativo de los ocupados residentes en la ciudad de Buenos Aires

Distribución

ocupados (%)

Ingreso laboral relativo

Tasa de inactividad

(en % respecto del

económica, población

promedio)

entre 25 y 60 años (%)

Hasta secundario incompleto

21,0

Secundario completo

41,5

Superior completo

37,6

120

Total

100

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), 2° trimestre 2010.

la problemática de personas sin hogar en la Ciudad. No obstante, en la actualidad no se dispone en la ciudad de Buenos Aires de información confiable con relación a la medición de la cantidad, el modo de vida y las particularidades de las personas en situación de calle. Según un relevamiento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires realizado en diciembre de 2010, en la ciudad habría 1.287 personas en situación de calle. Sin embargo, diversas entidades no gubernamentales que trabajan la temática señalan que estos datos no son exactos; otras organizaciones de la sociedad civil indican que este universo ascendería a unas 15 mil personas, si se contempla a quienes se alojan en paradores y hogares.

Se desprende de lo anterior que aquellos individuos con bajo nivel educativo que residen en la ciudad de Buenos Aires enfrentaron de modo sistemático menores oportunidades de acceso a un empleo. En efecto, una de las causas que influye decisivamente sobre la exclusión social es la debilidad de la demanda laboral para los ocupados de baja calificación. Lo anterior se ve potenciado si además los puestos de trabajo que tradicionalmente eran cubiertos por estos trabajadores se les asignan a personas con mayores credenciales educativas. Las menores oportunidades de empleo para este grupo de individuos pudieron haber estado asociadas también a otros factores. Uno de ellos es el relacionado con las redes sociales por las que circula la información sobre vacantes laborales. Éstas han adquirido una incidencia relevante tanto en la distribución de información sobre oportunidades de empleo como en la propia vinculación con la demanda, operando en muchas ocasiones como instancias de intermediación laboral de hecho. Estos contactos y redes están altamente correlacionados con el nivel socioeconómico de pertenencia del hogar. En este sentido, puede argüirse que el impacto negativo sobre el acceso a puestos de mejor calidad habrá sido mayor para aquellos individuos que residen en hogares urbanos de tránsito o paradores. La evidencia que se va a presentar en la sección siguiente sugiere la presencia de un segmento de ocupados que se habría visto relativamente menos beneficiado con la expansión económica. Este escenario es compatible con la existencia de barreras de acceso al empleo en general para aquellos individuos socialmente excluidos. Además de los factores ya mencionados, diversas manifestaciones como la discriminación laboral y la estigmatización social pueden operar en la misma dirección.

Metodología y resultados del relevamiento Metodología Se examinó una población en la cual estuvieran presentes diversos factores que permitieran la efectiva realización de las encuestas y entrevistas, así como la obtención de datos fiables que hicieran del estudio de campo una herramienta efectiva respecto a los fines de la investigación. Para ello, se diseñó un modelo de entrevista para ser aplicado a personas residentes en hogares de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. El universo quedó de esta forma circunscripto a un segmento de elevada vulnerabilidad laboral y social: los indigentes urbanos. Los Hogares y Paradores son dispositivos que brindan un espacio para la estadía transitoria a aquellas personas con emergencias habitacionales, que se encuentran en situación de calle —no poseen ningún tipo de alojamiento— y, por tanto, se hallan en riesgo social. El modelo de entrevista se compone de preguntas cerradas y abiertas. Además de las entrevistas, se suministró un cuestionario también

Por último, resulta útil para comprender la evolución de los últimos años en materia de situación de calle contar con información que permita visualizar y dimensionar

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destinado a recoger información de parte de los residentes de hogares de tránsito de la ciudad de Buenos Aires. Este formulario ha sido completado en forma autónoma y privada por los informantes. Este método combinado tuvo el propósito de controlar la fiabilidad de la información al evitar la intermediación del investigador, en el caso de los cuestionarios autoadministrados. Ambas herramientas de recolección de datos fueron implementadas en forma intercalada durante el tiempo que duró el relevamiento (once meses).

to; 16%, terciario o universitario incompleto, y 8%, universitario o terciario completo. Gráfico 1. Edad promedio (%)

Hasta 30 7%

De 30 a 40 15%

Más de 65 10 % De 60 a 65 4%

Se acotó el relevamiento a la población de sexo masculino mayor de 25 años —con más de siete años por encima de la edad prevista de finalización de los estudios secundarios—, con el fin de que, en general, tuvieran experiencia en el mercado laboral. El trabajo de campo se realizó en diez hogares de tránsito —o paradores— de la ciudad de Buenos Aires en los que residen hombres adultos. Se entrevistó a 101 personas y se suministraron 89 cuestionarios entre el mes de junio de 2010 y mayo de 2011. La dinámica de acceso a los entrevistados fue la siguiente: en primer lugar, se solicitó una entrevista con el coordinador o responsable de la institución, en la cual se explicaban el fin de la investigación y las características del relevamiento. A partir de este primer encuentro se seleccionó, conjuntamente con los responsables de los hogares, a aquellos residentes que podrían participar en la investigación, y se pactaban días de visita. Los criterios de selección fueron hombres que se encontraran en situación de desempleo o inactividad, que no presentaran trastornos graves en su salud mental y que desearan colaborar con la investigación.

De 40 a 50 21% De 50 a 60 43 %

Fuente: elaboración propia a partir del relevamiento de datos efectuados en hogares de tránsito y paradores de la ciudad de Buenos Aires.

Las personas entrevistadas y encuestadas comparten una realidad común, que es la de no poseer una vivienda fija. En la mayoría de los casos, los motivos que las llevaron a la situación de calle giran en torno a cuatro problemáticas —que se dan en forma aislada o superpuesta—: a) imposibilidad de afrontar un alquiler o pérdida de hogar si lo habían adquirido mediante crédito; b) conflictos conyugales o familiares que las han obligado a dejar su casa; c) enfermedades que las llevaron a perder su empleo o las posibilidades de obtener ingresos alternativos; d) adicciones que las han empujado a perder su empleo o las posibilidades de obtener ingresos alternativos. La primera de ellas es la que se manifestó con mayor regularidad. Los hombres que residen en los hogares alternan sus estadías entre las instituciones de este tipo y la “situación de calle”.

La información suministrada por las entrevistas fue complementada con el aporte de las conversaciones mantenidas con informantes clave como los coordinadores de hogares o el personal de los dispositivos. Se logró identificar, así, una interesante cantidad de patrones comunes presentes en las historias relatadas y la información suministrada por cada una de las personas, los cuales se desarrollan en el apartado siguiente.

Eventualmente, acceden a otro tipo de moradas transitorias como hoteles o casas de algún familiar. Se pudo detectar que en una gran cantidad de casos la rotación —entrada y salida del hogar de tránsito— es elevada. Si bien se espera que la salida del hogar esté asociada a una inserción laboral y social, la experiencia —durante el período que duró el proceso de entrevistas— demostró que la alternancia entre la situación de calle y la estadía en el hogar ha sido la dinámica preponderante. En efecto, es habitual que al no conseguir vacante en estos hogares, la alternativa más recurrente sea la situación de calle.

Resultados empíricos Características sociodemográficas Dos de cada tres entrevistas se realizaron a individuos con edades entre 40 y 60 años —43%, entre 50 y 60 años de edad, y el 21%, entre 40 y 50 años— (ver el gráfico 1). Del total de los residentes, un 62% tienen nivel educativo hasta secundario incompleto; 14%, secundario comple-

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Temas Varios

El 40% de los entrevistados estaba ocupado. En general se desempeñan en changas o trabajos temporales con bajas remuneraciones, informales y en condiciones precarias. La gran mayoría de los hombres respondió poseer más de un oficio, y se pudo contabilizar un total de 391 menciones de oficios —lo que arroja un promedio de aproximadamente dos oficios por persona— y 35 oficios (ver el gráfico 2). La ejecución de labores de

fuerza, no reguladas, excesivas y mal pagas, se observó en una gran cantidad de casos. Entre los diversos mecanismos de subsistencia, uno de los más extendidos es la recolección en la calle de cartones para su reciclado, pero también de alimentos desechados. Mediante los relatos se detecta que fueron las “circunstancias”, y no la libre elección, los factores que definieron

Gráfico 2. Principales oficios/labores (%) Zapatero Volantero,Folletero Venta ambulante Trabajador rural (Cosecha/siembra) Técnicos calificados (ej. En electrónica,maestro mayor de... Seguridad/ Vigilancia Repositor Profesional Plomero Pintor Peón lavadero de autos Panadero/ Ayudante de panadería/ Pastelero/Repostero Operario industrial Mozo Mecánico Maestranza/Limpieza/Lavacopas Herrero/Soldador Gomería Gasista Enfermero Encargado/ Portero/ Mantenimiento/ Jardinero Empleado de comercio (Venta/ Atención al público/Cajero) Empleado administrativo Electricista/Repa. AA/ Repar. Calef. Docente (Maestros, profesores particulares) Cuidacoches Construcción (Peón, sobrestante, etc.) Cocinero / Ayudante de cocina Chofer (colectivo, particular, flete, remis) Chapista (Chapa - Pintura automóvil) Cartonero Carpintero Cadete/Delivery Artista (Artesano/Muralista/ Cantante/ Escultor/ Músico) Albañil 0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Fuente: elaboración propia a partir del relevamiento de datos efectuados en hogares de tránsito y paradores de la ciudad de Buenos Aires.

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las inserciones laborales: “No hay trabajo. Antes todos tenían la posibilidad, ahora se ve la falta de trabajo, antes se podía elegir el lugar donde uno quería trabajar, ahora hay que agarrar lo que hay” (60 años, secundaria completa). Lograr un ingreso mensual no es tarea sencilla cuando la mayoría de las entradas son inestables y fluctuantes. Algunos entrevistados informaron que percibían el “ticket social”, y otros, el programa de “ciudadanía porteña”, y en ocasiones, pensiones por discapacidad.5

remuneración “por servicio u obra realizada” o “por comisión o porcentaje” —76% de los que trabajan— ilustra sobre la informalidad e inestabilidad del mercado laboral en el cual se encuentran trabajando. De este modo, el ausentismo, así como las condiciones exógenas que impliquen la imposibilidad de trabajar un día, afectan de forma determinante su percepción de ingresos. El 50% de las personas que trabajan se encuentran además en búsqueda activa de empleo. Si bien la cantidad de casos encuestados es mayor entre la franja etaria de los 50 a 60 años, proporcionalmente, se evidencia un marcado incremento en la cantidad de años que llevan buscando empleo, a diferencia de los grupos más jóvenes, lo que demuestra que la persistencia de empleos precarios y desempleo es mayor cuanto mayor es la edad de la persona. La edad se presenta, así, como una de las variables predominantes que condicionan el acceso a un empleo (ver el gráfico 3).

Los ingresos percibidos de quienes se encontraban trabajando se ubican en promedio en menos de $900, lo que evidencia una gran informalidad, y una diferencia considerable con el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente en el momento del relevamiento ($1.840). Ello es también evidencia de las altas tasas de informalidad que afectan a este grupo de población. Mientras que los ocupados asalariados deberían, según la normativa vigente, estar percibiendo al menos $60 diarios, en la práctica el ingreso sólo se ubica cerca de la mitad de ese monto. Entre aquellos que declararon percibir menos de $50 hay una gran cantidad de casos que no poseen ingreso alguno.

Gráfico 3. Tiempo de búsqueda laboral, según franja etaria (%) 10%

Es interesante señalar que aquellas personas que disponían de mayores niveles educativos tendieron a buscar desempeñarse o han trabajado en empleos que requieren mayor capacitación. Ahora bien, quienes poseen hasta secundaria completa han desarrollado una multiplicidad de labores y han debido adaptarse a la realización de cualquier tipo de trabajo. En 22 casos se confirmó que trabajan o han trabajado como vendedores ambulantes como única alternativa posible: “Siendo vendedor ambulante uno se tiene que humillar, pero hay que salir adelante” (42 años, secundaria incompleta).

17% 10%

31 años a 40 años

Hasta 30 años

80%

65% 12%

22%

Del total de las personas que perciben algún tipo de remuneración por su labor, 52% cobra por servicio u obra realizada, mientras que sólo una pequeña porción —24%— cobra salarios regulares. El hecho de percibir una

18%

41 años a 50 años

51 años a 60 años 15%

63%

40%

48% 14%

5 El programa “ticket social” consiste en una chequera mensual que contiene tickets que pueden canjearse por alimentos y elementos de higiene y limpieza en supermercados y comercios adheridos, que son brindados a las personas que, teniendo domicilio real en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conformen un hogar (persona que vive sola, o al grupo de personas, parientes o no, que conviven bajo un mismo techo, de acuerdo con el régimen familiar), que se encuentre en situación de inseguridad alimentaria y que, a la vez, sus ingresos estén hasta un 50% por encima de la línea de pobreza establecida para dicho hogar. “Ciudadanía porteña”, por su parte, es un subsidio para familias en situación de calle, destinado a cubrir gastos de alojamiento. La prestación consiste en un subsidio mensual que mejora el ingreso del hogar. El monto del subsidio no es igual para todos los hogares porque se calcula considerando la composición socioeconómica del hogar y el valor de una canasta básica de alimentos.

36%

Menos de 1 año De 1 a 2 años

Más de 61 años

Más de 2 años

50%

Fuente: elaboración propia a partir del relevamiento de datos efectuados en hogares de tránsito y paradores de la ciudad de Buenos Aires.

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Respecto de las modalidades de búsqueda de empleo más efectivas, los resultados arrojaron que del grupo de personas que trabaja —40% del total de encuestados—, 80% ha conseguido el empleo por intermedio de familiares, conocidos, amigos, o algún tipo de contacto. Respecto de quienes buscan empleo, los resultados demostraron lo siguiente:

los medios para mantener un teléfono móvil, con lo cual el teléfono de contacto que pueden proporcionar a sus potenciales empleadores es el del hogar en el que están parando. Sin embargo, al omitir decir que están alojados en un hogar de tránsito, a fin de incrementar las probabilidades para que los tengan en cuenta, sucede que se encuentran en la encrucijada de no poder dejar un teléfono, lo que contribuye a que pierdan oportunidades laborales.

Clasificados (avisos de empresas en periódicos): en ocasiones mencionaron no disponer del dinero suficiente como para acceder a comprar los clasificados, o las distancias para dirigirse a las entrevistas son muy extensas, lo que, al no disponer de dinero para movilizarse, hace que no puedan presentarse, o se sientan cansados para hacer el viaje caminando, a sabiendas de que probablemente sean tantos los postulantes que el esfuerzo no se amerite: desaliento.

Lo mencionado hasta aquí es aun más grave, cuanto mayor es la vulnerabilidad a la que las personas están expuestas. Carecer de vínculos sociales restringe de un modo directo las posibilidades de acceso a oportunidades, siendo los “contactos” el medio más frecuentemente exitoso de acceso a los empleos, ya que la información de puestos vacantes brindada por familiares, amigos y conocidos es determinante, en ocasiones, para la obtención de un trabajo.

Dejando cv: es una práctica frecuente visitar negocios en búsqueda de carteles en vidrieras que ofrezcan alguna vacante o preguntar en aquellos locales a la calle que pudieran llegar a necesitar personal. Algunos casos, como las personas mayores de 50 años, reconocieron ofrecerse para trabajar “sin sueldo” para que les den la oportunidad de conocer su calidad y compromiso de trabajo: “Me he ofrecido, y si no vendía, que no me pagaran, así y todo ni me probaron” (63 años, terciario incompleto). Es preciso destacar que el hecho de dejar Hojas de Vida se torna una práctica compleja, dado que difícilmente disponen de sitios en los cuales confeccionar e imprimir los documentos.6

Muchos enfatizaron que si pudieran acceder a un empleo, mejorarían, además de su situación económica, su bienestar emocional, dado que, a modo de ejemplo, si contaran con el dinero para poder solventar un alquiler, podrían disponer de un espacio en el cual recibir a familiares o amigos: “Hasta iría a limpiar baños, para, aunque sea, poder invitar a tomar un café a un hijo, y no estar esperando por no tener un peso” (57 años, terciario completo). La ausencia de trabajo afecta de manera determinante a las personas, lo que lleva en ocasiones a aislamiento social, depresión, ansiedad, conflictos familiares, abuso en el consumo de drogas, todo lo cual se profundiza cuando el desempleo es por tiempo prolongado. Esta situación afecta de manera determinante además al entorno familiar. Desvinculados de toda trama familiar, grupal o colectiva, descalificados social y políticamente, quienes no poseen empleos sufren las consecuencias desastrosas de la carencia de un sentido o proyecto colectivo, sumergiéndose cada vez más en la desocialización o desaparición social. Son múltiples los trastornos que puede llegar a generar la inactividad laboral. La pérdida de sentido de realización personal del trabajador en situación de desocupación impacta negativamente las relaciones sociales y familiares, además de implicar la pérdida del derecho a acceder a un sistema que garantice la protección social. Es común detectar adicciones, en ocasiones no declaradas por el entrevistado, que constituyen en muchos casos el reflejo, y no el motivo, de una situación de exclusión.

Internet: es un medio de búsqueda mencionado por algunos, principalmente por los más jóvenes, muchos de ellos en la Biblioteca del Congreso, donde el acceso es gratuito por un tiempo limitado. Bolsas de empleo: pocos han mencionado este medio de búsqueda, por desconocer dónde anotarse. Sólo en algunos casos señalaron conocer las Bolsas de trabajo de los hogares, o de algún municipio. Contactos: es la forma más frecuente, aunque más rápidamente agotable. Al no poseer un domicilio fijo, o al estar alojados en un hogar, las posibilidades de que los tengan en cuenta son prácticamente nulas. Suele suceder que no poseen

6 Cabe destacar la labor de algunos talleres realizados en los hogares a este respecto, como se pudo evidenciar en uno de los dispositivos, cuando un grupo de voluntarias capacitaban a los residentes brindando un taller en el cual los instruían en el armado de sus curriculum vitae (cv). Los asistentes valoraban positivamente este tipo de capacitaciones, por permitirles contar con mejores recursos para las entrevistas laborales.

En la mayoría de los entrevistados las trayectorias laborales han sido dentro de la informalidad, y, por lo tanto,

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no exhiben contribuciones a la seguridad social. Al no hacerse los aportes previsionales, en el futuro enfrentarán dificultades para acceder a una jubilación. Se trata de una situación precaria que ocasiona ciertamente un conjunto de daños, en primer lugar, al trabajador (pecuniarios, psíquicos —afectivos y relacionales— mentales, sociales): su impacto se proyecta también a todo el orden económico-social, porque genera tanto evasión fiscal como previsional, instaura una competencia desleal de los patrones en materia de costos laborales con respecto a los demás empleadores que cumplen efectivamente sus obligaciones, y perjudica al resto de los asalariados, ya que, por falta de pago de las contribuciones pertinentes, provoca la pérdida de ingresos para las obras y servicios sociales y para la organización sindical.

mo empleo —rama textil—, reparando una máquina, perdió cuatro dedos de una mano. En este empleo no estaba registrado, y, por tanto, en el momento del relevamiento se encontraba en una instancia judicial desde hacía cinco años con la empresa, para que le pagaran su correspondiente indemnización por estar bajo una incapacidad laboral permanente —ILP—. El joven presentaba excelente disposición al trabajo; sin embargo, no lograba una inserción laboral por causa de su incapacidad, y además no disponía de algún tipo de retribución que le permitiera compensar su imposibilidad de trabajar como técnico.

Percepciones de los indigentes urbanos El deseo de trabajar

En lo referente a la atención médica, todas las personas entrevistadas se atienden en hospitales públicos. Al ser una población vulnerable, expuesta a las condiciones climáticas, a los ambientes húmedos en invierno, a la dificultad de acceso a la higiene permanente, y también a cuadros depresivos, la utilización de los servicios de salud se hace más frecuente. Además, como al ingresar a los hogares se les realiza un chequeo médico, suele suceder que deban profundizar algún tipo de control. Muchos de los trastornos asociados al estado emocional tienen sus orígenes en los períodos que han estado en situación de calle. En el momento que se efectuaba a los residentes la pregunta referida ya sea a la percepción de aportes jubilatorios a lo largo de su vida, como a la cobertura de salud, lo que pudo percibirse fueron miradas de resignación que reflejaban —sin palabras— que ambas protecciones son “impensadas” para sus casos, como si se tratase de un beneficio al que sólo una población selecta pudiera acceder. Sólo algunos jubilados o quienes tramitaron pensiones manifestaron poseer cobertura de salud de la obra social de los jubilados (PAMI) o el Programa Federal de Salud (Profe). “Quiero volver a dignificarme y sentirme vivo y no tener que andar pidiendo o cuidando autos. Teniendo trabajo, todo viene: obra social, salud, etcétera” (48 años, secundaria completa). Asimismo, frente a las preguntas referidas al cobro de seguro de desempleo o indemnizaciones, las historias constatan que las trayectorias laborales han sido conformadas en general por empleos precarios, con lo cual estos beneficios también resultan inaccesibles.

Frente a este interrogante las respuestas en general combinan las necesidades de obtener un mínimo de satisfacción de sus condiciones de vida, a la vez que el sentimiento de realización personal, enfatizando en la inserción social y en la necesidad de satisfacer el sentido de pertenencia y dignidad; 23 respuestas mencionan de algún modo la palabra “dignidad”: Para recuperar la dignidad. Teniendo empleo comés todos los días. (Entre 40 y 50 años, secundaria incompleta)

Para mantenernos activos, y aparte de ganar, aprender en el entorno laboral y social. Cuando no trabajamos esta-

mos solos, como aislados, el trabajo dignifica, fortalece el espíritu. (Entre 40 y 50 años, secundaria incompleta)

Para independizarme desde el punto de vista habitacional (no vivir en hogares, sino en un hotel o un inmueble

propio). Para tener buena cobertura médica. (Entre 50 y 60 años, universitario completo)

Quiero salir adelante, tener la oportunidad de demostrar mis condiciones, que estoy preparado y capacitado para conseguir trabajo. (Entre 30 y 40 años, terciario completo)

Por mis años, tengo la cultura del trabajo. Sin esto no

podés realizar nada o casi nada. (Entre 50 y 60 años, secundaria incompleta)

Investigar el significado del término desempleo no acaba con analizar las tasas o estudiar el término desde una visión formal o descriptiva. Es necesario indagar acerca de los atributos que definen a quien “está desempleado”, tratando de dilucidar el rol que

Un caso para destacar, es el de un joven de 31 años que habiendo estudiado tres años en un terciario como técnico electrónico industrial, logró trabajar en importantes empresas nacionales, hasta que en su últi-

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el desempleo cumple en las vidas indagando no sólo desde la perspectiva económica, sino también por los factores psicológicos, entendiendo el trabajo como fuente de ingresos, pero además, como realización personal y social, ya que trabajar es un valor en sí mismo, una actividad noble y jerarquizadora (Bauman 2000). Algunos declaran: “No voy a casa de mis amigos a visitar por no poder decirles que vengan a la mía, no saben que vivo en un hogar”; “Está duro. Lo peor es la incertidumbre de no saber si ese día va a haber trabajo o no”.7

Por el sueldo. (Entre 40 y 50 años, primaria completa)

Porque eran cumplidores. (Entre 40 y 50 años, primaria completa)

Si bien son muchos los casos en los cuales se mencionaba la estabilidad, así como el cumplimiento del pago y respeto por parte de los empleadores, lo mismo no sucedió con el registro. Escasos fueron los relatos que mencionaron la valoración de haber estado en un empleo registrado, lo que responde probable y básicamente a dos cuestiones: que en efecto son muy pocos los empleos que algunos han tenido “en blanco” o que esta lógica no forma parte de sus posibilidades reales.

¿Cuál es el empleo más valorado de su experiencia laboral?

Por otra parte, de un total de 110 personas que contestaron la pregunta acerca de la cantidad de horas que debería tener un empleo ideal, 40 respondieron 8 horas, 7 respuestas contenían la franja horaria entre 4 y 7 horas, mientras que entre 9 y 14 horas hubo 30 respuestas, aunque lo más destacado fue que 33 contestaron “las necesarias”. Es decir, en estos casos la respuesta fue que trabajarían “las horas necesarias,” o “las que sean”, y cabe destacar que ésta no era una respuesta sugerida en el formulario. Esa situación pareciera ser reflejo de una desesperada necesidad de reinserción laboral, independientemente de su calidad. “Las que el cuerpo aguante” (entre 50 y 60 años, primaria completa).

En líneas generales, básicamente las respuestas se pueden agrupar en tres grandes grupos:8 aquellas referidas al conocimiento y aptitudes según el tipo de empleo; las que se refieren al clima, condiciones de trabajo, aprendizaje y responsabilidades; y aquellas que destacan las retribuciones monetarias. Porque es lo que sé hacer. (Entre 30 y 40 años, primaria completa)

Porque es lo que estudié. (Más de 65 años, universitario incompleto)

Porque es mi oficio. (Entre 30 y 40 años, primaria incompleta)

Porque me gusta. (Más de 65 años, universitario incompleto)

¿Cuál es su opinión sobre el mercado de trabajo en Argentina?

Porque trabajaba con buena gente. (Entre 50 y 60 años,

Las respuestas obtenidas oscilaron entre tres grandes concepciones: las que consideraban que era un buen momento de Argentina y que existían oportunidades (pocos casos), aquellas que entendían al mercado de trabajo como regular y las que informaron sobre un profundo sentimiento de desazón respecto de la situación, las más numerosas (ver el cuadro 2).

secundaria incompleta)

Porque tenía responsabilidad. (Entre 40 y 50 años, secundaria incompleta)

Aprendí mucho. (Entre 50 y 60 años, secundaria incompleta)

Por el desafío. (Entre 30 y 40 años, terciario completo)

Porque estaba en blanco. (Entre 40 y 50 años, secundaria incompleta)

Existen infinidad de prejuicios que llevan a muchos de los empleadores a ser reticentes frente a la incorporación de trabajadores de mayor edad. Suelen relacionar a este grupo con una disminución en la cantidad y/o calidad del rendimiento, resistencia física, la rapidez en la ejecución, dificultades de adaptación, aprendizaje, así como mayor riesgo de accidentes y enfermedades.

Porque era estable, cobraba todos los meses y tenía jubilación. (Entre 50 y 60 años, secundaria incompleta)

Ganaba bien y podía alquilar. (Entre 40 y 50 años, primaria completa)

7 Testimonio de un hombre operado del corazón que todos los días se presentaba en una casa de fletes como peón (54 años, secundaria incompleta).

La edad se constituye en el factor limitante que opera como “estigma” frente a la incorporación al mercado de trabajo. A modo de resumen: a) las ofertas de empleo disponibles no alcanzan a cubrir la demanda de trabajo

8 Se han seleccionado testimonios que condensan similares expresiones por parte de otros entrevistados.

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Cuadro 2. Opinión acerca del mercado de trabajo Selección de respuestas neutras o positivas “No es difícil. Hay que buscar”

(Albañil,* entre 30 y 40 años,** primaria completa)

“Está en un punto medio. El que no quiere trabajar no va a conseguir

(Pintor, 51 años, secundaria incompleta)

nunca, pero el que quiere, si se da maña, consigue” “Hay posibilidades pero poco trabajo en blanco”

(Vendedor, 23 años, secundaria incompleta)

“Hay trabajo, pero piden tantos requisitos que si uno no los tiene, se

(Pintor de automóviles, 60 años, secundaria incompleta)

queda afuera. Uno no tiene plata para vestirse bien”

“Regular. Porque la gente que tenemos más de 40 años no se nos hace

fácil encontrar trabajo, amén de no tener hogar. Y somos capaces por la experiencia que tenemos”

“Para la gente joven hay, para la gente grande está jodido. A los 45 años no servimos. Ya a veces ni me anoto”

(Mozo, entre 40 y 50 años, secundaria incompleta)

(Anticuario, 45 años, primaria incompleta)

Selección de respuestas negativas “Los mayores no entramos en el mercado”

(Albañil, más de 65 años, secundaria incompleta)

“Por la desocupación que hay, ni los jóvenes consiguen empleo”

(Plomero, 51 años, secundaria completa)

“Está bastante difícil a cierta edad. Hasta estando capacitado es muy

(Ayudante de cocina, 40 años, secundaria incompleta)

difícil conseguir empleo”

“Siniestra, denigrante, cruel. Socialmente está instalado un morbo en él: —lo vamos a llamar—, —no tomamos gente tan grande—”

(Repositor, entre 40 y 50 años, terciario incompleto)

“No hay posibilidad para la gente de mi edad, excepto por contactos”

(Profesor de inglés, 50 años, universitario incompleto)

“Me siento fuera del sistema. Me cansé de tirar curriculums; ya no busco”

(Vendedor, 50 años, terciario incompleto)

“Está muy restringida para las personas mayores de 45 años y es muy difícil insertarse en el mercado laboral”

(Seguridad, entre 50 y 60 años, secundaria completa)

“Pésimas porque no se reconocen las aptitudes, sino la edad”

(Taxista, más de 65 años, universitario incompleto)

“Si te entrevistan piensan: se me cae este viejo y se rompe todo”

(Herrero, 56 años, secundaria incompleta)

“Inestabilidad, los trabajos son temporarios, ya no se sabe si va a ser para toda la vida”

(Estudiante de Derecho, 63 años, universitario incompleto) (Peón de construcción, entre 30 y 40 años, secundaria

“Cuesta muchísimo conseguir un trabajo estable”

incompleta)

* Se ha seleccionado para el caso de quienes poseen más de un oficio, el oficio que mencionó en primer lugar. ** La edad exacta refiere a las entrevistas, mientras que la franja etaria, a aquellos que han completado el cuestionario suministrado.

Fuente: elaboración propia a partir del relevamiento de datos efectuados en hogares de tránsito y paradores de la ciudad de Buenos Aires.

real, b) la edad es determinante para acceder a un puesto de trabajo, c) los extranjeros están dispuestos a trabajar por salarios excesivamente bajos, d) no hay oportunidades para aquellos que tienen menos capacitación, y, e) sin contactos es imposible acceder a un empleo. Para aquellos que sufren prolongados períodos de desempleo, los desequilibrios emocionales son padecidos de forma más intensa, percibiendo degradada su capacidad de

trabajo, lo que afecta habilidades, destrezas y conocimientos previamente adquiridos en sus experiencias de empleo anteriores. En ocasiones la falta de empleo permanente lleva a que no se valore todo aquello asociado al mercado de trabajo (al punto de llegar ellos mismos a desvalorizar su propia experiencia laboral). Incluso, quienes padecen

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prolongados períodos de inactividad dejan de valorar la inserción laboral, al límite de llegar a rechazarla, como medio de fortalecimiento de su identidad, tal como se desprende de algunos testimonios. Este cambio se refleja en quienes necesitando trabajar, no buscan empleo o rechazan ofertas. Paradójicamente, en algunos casos de personas que deseaban trabajar, frente a la pregunta “¿Está buscando trabajo?”, contestaron “No”. Esta situación también pareciera ser el reflejo de los llamados “trabajadores desalentados”, personas que se cansaron de las recurrentes frustraciones de buscar trabajo, con lo cual se resignan a una situación de precariedad que encuentran irreversible.

profundizar el desánimo y el abandono de la actividad económica. Los resultados del trabajo de campo permiten identificar la existencia de tres tipos de desaliento: a) quienes están desalentados porque no creen conseguir empleo; b) quienes no buscan activamente por miedo de encontrar y tener que cambiar la situación en la que están (temor al cambio); y c) aquellas personas que no buscan activamente por falta de medios económicos: dinero para viajar, disponibilidad de vestimenta adecuada, posibilidad de asearse, etcétera. La incertidumbre económica en este grupo de población ha agravado el estado de dependencia en el que se encuentran respecto de la ayuda social, lo que tiene implicaciones no sólo en la dimensión laboral, sino también en las esferas familiar y social. Además, son conocidos sus efectos psicológicos negativos: depresión, adicciones, angustia, conductas maníacas, fobias, problemas de memoria, de atención y concentración, entre otros.

Conclusiones Los resultados presentados en este documento dan indicios sobre los límites del crecimiento económico para la inclusión social de quienes se hallan en situación de extrema pobreza y residen en hogares de tránsito en la ciudad de Buenos Aires. Se pudo constatar que la gran mayoría de las personas entrevistadas no ha logrado consolidar un vínculo firme con el mercado de trabajo. Por el contrario, han prevalecido las trayectorias laborales caracterizadas por la alternancia entre precariedad ocupacional-desocupación, abierta-desaliento, y retiro de la actividad económica. Dentro de este segmento, un grupo especialmente afectado es el que está compuesto por aquellos con más de 50 años. En efecto, la información recabada muestra que las probabilidades de acceder a un empleo disminuyen sensiblemente con la edad a partir de ese umbral.

Respecto de los niveles educativos alcanzados, se pudo verificar que para este universo de la población tal atributo no constituye un determinante relevante para el acceso a un empleo. En línea con ello, la mayoría de los entrevistados coinciden en que capacitarse no va a mejorar sus posibilidades de obtener un empleo. Las oportunidades laborales para este segmento son pocas y precarias. Los tipos de empleo más frecuentes se concentran en changas o trabajos temporales, en condiciones de informalidad y mal pagos. Para concluir, es preciso señalar que el núcleo del problema no pareciera ser la “empleabilidad” de estos sectores, por presentar insuficientes credenciales o aptitudes para la incorporación al mundo del trabajo. Más bien, el fenómeno obedecería principalmente a la insuficiencia crónica o estructural que enfrentan las economías en desarrollo para lograr despejar el excedente laboral acumulado. En este sentido, resulta cada vez más imperativo avanzar en sistemas de protección social no contributivos y universales que garanticen umbrales mínimos aceptables en las condiciones de vida de los excluidos. En la actualidad existen en Argentina dos grandes programas de protección social de carácter nacional: la Asignación Universal por Hijo (destinada a aquellos ocupados informales o desocupados con hijos menores de 18 años) y el Plan de Inclusión Previsional (cobertura previsional a varones mayores de 64 años y mujeres mayores de 59 años). Sin embargo, falta todavía contar con un programa que atienda integralmente al grupo de excluidos que no están en condiciones de jubilarse y que no tienen niños a cargo.

En términos generales, el acceso a un puesto de trabajo dentro de esta población ha estado muy vinculado a las redes de contactos que cada entrevistado logró conservar. En Argentina, que enfrenta un déficit de largo plazo en la creación de empleos de buena calidad, parece primar la lógica del “empleo por medio de contactos”. Asimismo, el aislamiento residencial —y social—, sumado a la estigmatización social que conlleva residir en un hogar de tránsito, operan como fuertes condicionantes tanto para el acceso a un empleo como para disponer de información relacionada con la demanda de empleo. La evidencia obtenida acerca de las trayectorias laborales de los indigentes urbanos permite sostener que el desempleo de larga duración devino en desaliento como consecuencia del descreimiento respecto de la posibilidad de lograr una efectiva inserción laboral. En efecto, se constató que los prolongados períodos de desocupación y de búsquedas infructuosas contribuyeron a

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Justicia global y el gobierno de las migraciones internacionales* Juan Carlos Velascov Fecha de recepción: 30 de noviembre de 2012 Fecha de aceptación: 11 de abril de 2013 Fecha de modificación: 24 de mayo de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.08

RESUMEN A lo largo de este artículo se argumenta la conveniencia de insertar el relato de las migraciones internacionales contemporáneas en un marco conceptual dominado por la noción de justicia global. De este modo, se superaría el nacionalismo metodológico del que adolecen los enfoques teórico-prácticos más comunes sobre la materia, y que imposibilita abordar de manera cabal la complejidad de tales procesos sociales. Su gobernanza implica llevar a cabo modificaciones relevantes institucionales y normativas, así como en el ámbito de la economía política global.

PALABRAS CLAVE Migraciones internacionales, nacionalismo metodológico, justicia global, gobernanza global.

A Global Justice Framework for the Governance of the International Migrations ABSTRACT This paper discusses the convenience of incorporating the discourse of contemporary international migration processes in a larger conceptual framework dominated by the key concept of global justice. In this way, the methodological nationalism that afflicts the most common theoretical and practical approaches on that subject and impedes properly tackling the complexity of such social processes could be overcome. Their governance implies relevant modifications on the institutional and normative level as well as on the level of global economic politics.

KEY WORDS International migrations, methodological nationalism, global justice, global governance.

Justiça global e o governo das migrações internacionais RESUMO Ao longo deste artigo, argumenta-se a conveniência de inserir o relatório das migrações internacionais contemporâneas em um referencial conceitual dominado pela noção de justiça global. Desse modo, seria superado o nacionalismo metodológico do qual adoecem os enfoques teórico-práticos mais comuns sobre a matéria, e que impossibilita abordar de maneira adequada a complexidade desses processos sociais. Sua governança implica realizar modificações relevantes institucionais e normativas, assim como no âmbito da economia política global.

PALAVRAS-CHAVE Migrações internacionais, nacionalismo metodológico, justiça global, governança global. *

Este artículo es resultado de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España: “Integración, participación y justicia social” (FFI2009-07056), del que el autor es investigador principal. Una versión preliminar fue presentada en el IV Congreso Iberoamericano de Filosofía, celebrado en noviembre de 2012 en Santiago de Chile. v Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Investigador Científico del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España. Correo electrónico: jc.velasco@csic.es

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l marco conceptual en el que se inserta el relato de lo que ocurre es determinante a la hora tanto de valorarlo como de abordarlo. El papel de los marcos conceptuales, que reflejan diversas “visiones del mundo” y con los que se articulan los discursos, resulta decisivo para la conformación de la opinión pública y el posible diseño de políticas públicas.1 Una narración bien armada sobre marcos cognitivos construidos con palabras e imágenes muy significativas tiene el poder de definir socialmente la realidad. Si se busca éxito en la argumentación, es preciso elegir bien el marco semántico, de modo que las razones encajen con la propia visión del mundo. Una lección que no habría que olvidar nunca.

gratorias. Entre febrero y mayo de 2011, es decir, desde el comienzo de la revolución democrática en Túnez y el inicio de la guerra civil en Libia, llegaron a Italia alrededor de 25.000 personas procedentes de dichos países, la mayoría a bordo de embarcaciones precarias. Ya a fecha de 9 de marzo la portada de un diario respetable y con proyección internacional como es El País (2011) titulaba, con foto incluida: “Las oleadas migratorias por las revueltas árabes desbordan Italia”. Aunque en el interior de la información se precisaba que “Italia ha recibido desde enero a 8.000 refugiados”, se había sucumbido sin más al síndrome imperante de mostrar firmeza ante la invasión de inmigrantes ilegales. Para que esta forma de presentar la noticia tuviera un mínimo de verosimilitud se requirió pergeñar previamente una descripción hiperbólica sin la menor dosis de compromiso con los hechos (pues, en cualquier caso, lo que se encontraría desbordado sería la minúscula isla de Lampedusa, pero no el país transalpino por entero). Se había optado así por un framing securitario, en lugar de tratar el asunto como un claro caso de migración forzada por motivos políticos y, por ende, atendible bajo la figura del derecho de asilo, en virtud del compromiso de toda la UE con la democracia.2 Es ahí donde cobra pleno sentido la protesta formulada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el portugués António Guterres:

Es moneda corriente en la opinión pública de los países receptores de inmigración el recurso a una narrativa en la que las migraciones internacionales se asocian a términos metafóricos como oleadas, mareas, avalanchas, aluviones, riadas o incluso a desembarcos e invasiones, dando así a entender que tendrían la capacidad de subvertir las bases de los sistemas de bienestar de las sociedades avanzadas. Si estas imágenes son las que predominan, a nadie le habrá de sorprender que, cuando la presión interna se agudiza por distintos factores coyunturales, los gobiernos encuentren el camino despejado para implementar políticas restrictivas de control del acceso y la permanencia de extranjeros en el territorio bajo su jurisdicción. Ésta no es sino la consecuencia lógica de haber enmarcado las migraciones en un relato que resalta su condición de elemento desintegrador de las sociedades receptoras y de amenaza para su identidad cultural. Las nociones de seguridad nacional, estabilidad interna o propio interés son encumbradas, en definitiva, como valores clave que determinan el sentido del relato.

Lo que estamos observando es una preocupante injusticia en el paradigma de la protección internacional.

El temor a supuestas avalanchas de refugiados hacia los países industrializados se ve exacerbado o asociado

erróneamente con las cuestiones migratorias. Mientras

tanto, se está dejando que los países más pobres sean quienes soporten todo el peso. (Acnur 2011, 6)

Las migraciones podrían ser objeto ciertamente de otros relatos en los que fueran exoneradas de ese negativo sello con el que con frecuencia quedan estigmatizadas. Cabría, por ejemplo, encuadrar el relato sobre las migraciones en un marco dominado por las nociones de oportunidad o de beneficio mutuo y abandonar así el dominante relato de la invasión. Y para no cambiar el registro hídrico de las otras metáforas al uso, se podría emplear la de manantial o fuente, algo que, por supuesto, nunca encontramos

Para poder calibrar la importancia práctica de acertar con el marco podemos traer a la memoria el tratamiento de una de esas recientes crisis llamadas humanitarias: la crisis de refugiados generada por la guerra en Libia, que, por lo demás, es un caso representativo de una forma muy peculiar de abordar las cuestiones mi-

1 La idea es de Erving Goffman (1974), aunque debemos su popularización al sociolingüista George Lakoff y a su libro No pienses en un elefante. “Marco” es, sin duda, la categoría clave en el análisis lakoffiano de los discursos políticos: “Los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. Como consecuencia de ello, conforman las metas que nos proponemos, los planes que hacemos, nuestra manera de actuar y aquello que cuenta como el resultado bueno o malo de nuestras acciones. En política nuestros marcos conforman nuestras políticas sociales y las instituciones que creamos para llevar a cabo dichas políticas. Cambiar nuestros marcos es cambiar todo esto. El cambio de marco es cambio social” (Lakoff 2007, 4).

2 El tratamiento informativo de casos como el arriba señalado —un tratamiento por desgracia nada excepcional— confirma el acierto de las siguientes palabras: “quienes poseen el poder para definir los términos de una cuestión controvertida predefinen la forma de evaluarla y las posibles soluciones. Así pues, la manera de hablar de la inmigración y los inmigrantes trasparenta qué idea tenemos de ellos, cómo los percibimos y de qué forma pretendemos relacionarnos con ellos” (Rodríguez 2010, 196).

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reflejado en los medios habituales. Esta otra perspectiva sería entonces más amplia y se habría dado paso a un enfoque bilateral, mucho más comprensivo. Con todo, no se habría adoptado aún una mirada cosmopolita (Beck 2005) que permitiera situar las migraciones en un marco de alcance planetario, que es el marco de acción real en el que se dan los procesos migratorios y sus efectos concomitantes.3 Esta mirada es indispensable para obtener una comprensión cabal del fenómeno, pues aunque la existencia misma de migraciones internacionales es expresión fehaciente de un cosmopolitismo en acción, a ellas se les imputa con frecuencia la inducción de toda una serie de procesos reactivos completamente contrarios a ese cosmopolitismo: cierre de fronteras, xenofobia, nacionalismo excluyente, etcétera.

ámbito de la realidad donde, en diálogo con las ciencias sociales, poder tratar de verificar la validez y el alcance de esos planteamientos altamente teóricos con los que los filósofos habitualmente andamos ocupados. El estudio de este macrofenómeno es igualmente relevante para rehacer en el escenario contemporáneo de la globalización una teoría comprensiva de la estratificación social que ilustre sobre las diversas formas de discriminación que se registran por razones de raza, género y/o clase. El fenómeno de la inmigración y, sobre todo, el modo en que la sociedad reacciona en términos político-jurídicos ante la misma constituyen un indicador sumamente cualificado a la hora de desentrañar —empleando la famosa fórmula rawlsiana— la “estructura básica de una sociedad” y la correspondiente concepción de la justicia que la soporta. La etnoestratificación del mercado laboral, la gradación en el disfrute de los derechos, la segregación residencial o la exclusión de la comunidad política son algunos de los oscuros fenómenos sociales generados a raíz de los procesos migratorios que contravienen los principios y valores sobre los que las sociedades democráticas dicen sustentarse.

A lo largo de este artículo se argumentarán tanto la necesidad como la conveniencia de insertar el relato de los procesos migratorios internacionales contemporáneos en un marco conceptual dominado por la noción de justicia global, en el que tengan un papel central los conceptos de multilateralismo, cooperación internacional e interdependencia, y de este modo, superar el “nacionalismo metodológico” que en mayor o menor grado impregna los encuadres más comunes que acaban de ser apuntados.4

La situación real que padecen muchos migrantes desde que emprenden su viaje y buscan asentarse en un nuevo país, e incluso después de haberlo logrado, pone de manifiesto que la implementación de los principios de justicia —incluidos entre tales, por supuesto, los derechos humanos6— sigue siendo concebida desde la perspectiva restringida de los intereses de cada Estado. Al limitarse el ámbito de aplicación de las exigencias de justicia, reduciéndolo al conjunto de los nacionales/ciudadanos del país, se está alterando sustancialmente el alcance universalista inherente a dicha noción. Los destinatarios de la misma, es decir, los merecedores de un trato justo, son

Migraciones, filosofía política y justicia global El estudio de las migraciones internacionales es una cuestión insoslayable para cualquiera que cultive hoy en día la filosofía política. Constituyen “el fenómeno que condensa gran parte de las tensiones y los desgarros de nuestro tiempo” (Bello 2011, 306), sobre todo de aquellos generados por el desarrollo neoliberal de los procesos de globalización.5 Representan, en cualquier caso, un destacado

del actual proceso globalizador, éste, por su parte, representa el gran marco en que aquéllas se desenvuelven. Con la globalización se han modificado, al menos en un triple sentido, las condiciones cognitivas y materiales en las que los individuos desarrollan la empresa migratoria: en primer lugar, el proceso globalizador ha generado, al menos hasta el momento, un aumento de las desigualdades en el planeta; en segundo lugar, los medios de comunicación globales hacen aún más perceptibles tales desigualdades; y, por último, el abaratamiento de los medios de transporte internacionales facilita la movilidad humana (cf. Pastore 2007, 110).

Esa “mirada cosmopolita” no es una mirada ingenua que uniformiza las profundas diferencias y desigualdades existentes en el planeta, sino una forma cualificada de tomar conciencia de las mismas y de la singular posición que cada cual ocupa, con el objeto de así poder hacer frente a la realidad global. Para captar su sentido resultan esclarecedoras estas palabras de Wallerstein (1999, 151): “Lo que se necesita […] no es aprender que somos ciudadanos del mundo, sino que ocupamos un nicho particular en un mundo desigual”.

4 Por “nacionalismo metodológico” se entiende aquel extendido enfoque epistémico que considera el Estado nacional como el modelo de organización política y social por antonomasia y, sobre todo, como la unidad básica para el estudio de los procesos sociales, de modo que todos los análisis se han de ajustar a este marco primario de referencia (véanse Pogge 2005, 181-186; Beck 2005, 38-51). Acerca de las dificultades que genera este enfoque en el ámbito específico de las migraciones, véase Llopis (2007).

6 Tal como están enunciados en innumerables documentos del derecho internacional vigente, los derechos humanos representan en sí mismos una concepción de justicia. Es más, es casi impensable hoy una teoría de la justicia que no los contemple como parte central e incluso como elementos axiomáticos de la misma. Poseen además el valor añadido de contar con un amplio reconocimiento, hasta el punto de constituir el “lenguaje moral en común” de la sociedad global (cf. Beitz 2012, 37).

5 Si las migraciones internacionales constituyen uno de los emblemas

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todos los habitantes del planeta, y no sólo los ciudadanos de un determinado Estado.

es el objetivo explícito de la teoría, entonces parecería normal que el fenómeno de las migraciones internacionales —indicador bastante plausible del grado alcanzado por las desigualdades globales— estuviera incluido en ella como tema no marginal. Si indagamos sobre el papel que se atribuye a las migraciones internacionales en el seno de estas teorías —tanto de las que son reacias a extender los principios de la justicia al ámbito global como las que sí son partidarias de hacerlo—, nos encontramos, sin embargo, con planteamientos sorprendentes.8 El tema migratorio muy probablemente represente, como se verá a continuación, una piedra de toque con la que evaluar la coherencia de estas teorías, pues con las migraciones afloran y se manifiestan con rotundidad algunas de sus dificultades internas.

Kant, en su ensayo sobre La paz perpetua, observó que el planeta que habitamos es esférico, y extrajo una relevante consecuencia de ese dato en principio banal: los seres humanos no estamos asentados en un plano que se extienda infinitamente, sino que todos estamos y nos movemos sobre la superficie de una esfera finita, de modo que no tenemos otro lugar a donde ir y todos nos acabamos encontrando (Kant 1985, 27). Estamos todos obligados a vivir para siempre en proximidad y no tenemos otro remedio que tolerar la compañía de los otros, pues nadie tiene el derecho de elegir con quién cohabitar la Tierra, que es algo que nos viene dado. Por tanto, tampoco nadie tiene derecho a expulsar al que se ha instalado como vecino. Esta condición material de posibilidad de la vida humana en el planeta tiene indudablemente consecuencias para la organización de la política: en primer lugar, tomar conciencia de participar en una suerte común, con beneficios y riesgos compartidos; y, en segundo lugar, considerar el mundo como un sistema unificado de acción que nos obliga a tomar decisiones de manera concertada (cf. Bauman 2005, 162).

John Rawls, el máximo renovador de la teoría de justicia en tiempos contemporáneos, no ofrece una perspectiva con la que afrontar constructivamente la cuestión migratoria en el ámbito internacional. En su ensayo sobre El derecho de gentes (Rawls 2001, 18), considera que mantener bajo control la integridad de las fronteras —por muy arbitrarias que sean históricamente— y limitar la inmigración son funciones inexcusables de todo gobierno. En todo caso, las causas de los movimientos migratorios internacionales se encontrarían al margen de consideraciones de justicia. Para justificar su posición aporta un motivo que suena más bien a una salida de imposible cumplimiento en las actuales circunstancias: en un mundo globalmente bien ordenado, en un mundo justo (aquel estado de cosas que Rawls tilda de utopía realista), las migraciones constituirían un fenómeno irrelevante, pues sus causas habrían sido eliminadas y, por tanto, no actuarían como elemento de presión sobre

Ideas como la recién mencionada, de manifiesta prosapia cosmopolita, son las que subyacen también a la noción de justicia global. La justicia global, cuestión sobre la que en las últimas dos décadas se ha publicado una infinidad de estudios, sigue siendo más bien un planteamiento académico, un discurso académico, pero no un discurso político, y menos aún un movimiento político (Velasco 2010). Es un programa de investigación en elaboración que todavía no dispone —a diferencia, por ejemplo, de la llamada justicia transicional— de un manual de recetas lo suficientemente depuradas. En principio, su objetivo es la eliminación de la pobreza extrema en el mundo, no la transformación revolucionaria de la estructura económica del sistema capitalista global. El presupuesto que comparten muchos teóricos de la justicia global es que, en la medida en que se ha intensificado la interdependencia en un mundo globalizado, las obligaciones de justicia han de dejar de estar circunscritas al marco exclusivo del Estado nacional. Y, en consecuencia, albergan el propósito de que la estructura básica de la sociedad global realmente existente también se someta a los criterios de la justicia distributiva.7 Si éste

existen desde hace tiempo tupidas y activas redes globales de relaciones sociales y económicas, de modo que, pese a la ausencia de una constitución política que las regule, las responsabilidades al respecto resultan inexcusables (véanse Beitz 1979; Cohen y Sabel 2005; Singer 2012; Young 2011). 8 Son muchos los autores que, aun defendiendo la pertinencia normativa de la justicia global, consideran secundario e incluso irrelevante el tema migratorio. De hecho, entre las numerosas monografías sobre justicia global publicadas en la última década, es difícil encontrar consideraciones detalladas sobre el tema de las migraciones internacionales. Este curioso silencio ya fue denunciado hace años por Seyla Benhabib (2005, 14 y 27), aunque con posterioridad se han hecho oír algunas voces. Una excepción sería el libro de Gillian Brock, que dedica un capítulo al tema “Inmigration” (Brock 2009, 190-219), en el que, no obstante, se mantiene una postura poco resuelta (o, si se prefiere, fairly mixed) ante el probable balance de ventajas e inconvenientes que los flujos migratorios pueden proporcionar al desarrollo de los países más desfavorecidos. Otra, que abre en cambio una vía mucho más fecunda, es el libro de Mathias Risse, que incluye un capítulo titulado significativamente “Proportionate Use: Immigration and Original Ownership of the Earth” (Risse 2012, 152-166).

Distintos autores ponen en duda la existencia de una “estructura básica global” y alegan que en ningún caso se dispone de instituciones realmente vinculantes en ese nivel. A falta de ellas, carecería de todo sentido hablar de obligaciones de justicia (véanse Nagel 2008; Miller 2007; Seleme 2011). Otros autores, por el contrario, consideran que

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la política. El problema es que desde el planteamiento rawlsiano tampoco se apuntan vías para superar la situación de desigualdad e injusticia global que define nuestro mundo, pues las implicaciones prácticas de la justicia no podrían extenderse más allá de las fronteras de cada Estado. En este punto, Rawls se muestra muy humano, quizás demasiado humano, pues al dar por bueno el clásico esquema westfaliano centrado en el Estado territorial soberano está admitiendo que “el sentido de la justicia se refracta al traspasar las fronteras, como la luz al cambiar de medio” (Álvarez 2007, 154). De fronteras afuera los principios de la justicia distributiva no entran en consideración y en cambio adquieren primacía los intereses nacionales particulares. Y lo peor no es ciertamente que esta posición encuentre reflejo en una construcción teórica tan reputada como la citada, sino que represente el motivo central de tantas prácticas políticas contemporáneas.

Como bien señala Branko Milanovic (2012, 144), un economista del Banco Mundial, “en un mundo desigual en el que las enormes diferencias de renta entre países son bien conocidas, el fenómeno de la emigración no es una casualidad, ni un accidente, una anomalía o una curiosidad. Es sencillamente una respuesta racional a las grandes diferencias en el nivel de vida”. Migrar de un país a otro posibilita que los individuos puedan saltar las categorías nacionales que constituyen la clave de la desigualdad en el mundo. Algo en principio tan contingente como es el lugar de nacimiento representa a este respecto un factor realmente decisivo: “El accidente de haber nacido en un país pobre y no en uno rico es un determinante tan arbitrario del propio destino como el accidente de haber nacido en una familia pobre antes que en una familia rica del mismo país” (Nagel 2008, 174).10 Esta intuitiva comparación, que en principio puede resultar muy ilustrativa, es en parte inexacta, pues en ciertos casos, en muchos en realidad, se queda corta con respecto a los hechos. Las diferencias de renta dentro de cada país, aun siendo sumamente relevantes, palidecen ante la desmesura de las diferencias de renta entre los países, de modo que “hoy en día posee mucha mayor importancia,

Por su parte, Thomas Pogge, el teórico más notable de la justicia global en nuestros días, considera las migraciones como un producto del desigual acceso a las riquezas y oportunidades vitales, de modo que la cuestión migratoria remitirá tan sólo si se aplican criterios redistributivos globales. Una de las consecuencias más directas de una redistribución justa sería, según Pogge (2010), la eliminación de la pobreza global extrema. Y una vez eliminada, disminuiría también drásticamente la intensidad de los flujos migratorios. Este autor, del mismo modo que Rawls, apenas dice algo acerca de lo que habría que hacer hasta el momento que alcanzásemos este mesiánico fin del mal radical que padecemos. Le basta con hacer la siguiente recomendación: “aquellos que aceptan que existe una responsabilidad moral de peso hacia los extranjeros en necesidad deberían dedicar su tiempo, energía y recursos no a luchar para que se admita a un mayor número de ellos en los países ricos, sino mejor en luchar para instituir un programa efectivo para la erradicación de la pobreza global” (Pogge 2010, 572). Mientras tanto, eso sí, uno y otro cierran las vías a uno de los principales mecanismos disponibles para equiparar las condiciones de vida a escala global, como son las migraciones, ignorando así además toda una serie de evidencias.9

Humano 2009, que lleva por título Superando barreras: movilidad y desarrollo humano (PNUD 2009), en el que se argumenta de manera convincente a favor de que facilitar la movilidad humana impulsa de manera decisiva el desarrollo humano, entendido como aumento integral de las capacidades de todas las personas que habitan el planeta. 10 Circunstancias accidentales de nacimiento, como son fundamentalmente el lugar en que acontezca o los progenitores que uno tenga, condicionan el estatus de nacionalidad (o de ciudadanía, dependiendo del ordenamiento de cada país) que una persona pueda disfrutar a lo largo de su vida. Aunque también cabe adquirir la nacionalidad por naturalización, la gran mayoría de la población mundial la obtiene por nacimiento (en torno al 97%). Pese a que colisiona frontalmente con convicciones inherentes a la idea de derechos humanos, como es que aquello a lo que las personas tienen derecho no debe estar determinado por rasgos accidentales (nacionalidad, género, etnia o religión), la nacionalidad tal vez sea la institución más importante para la asignación de bienes y oportunidades, de modo que no resulta descabellado formular la analogía conceptual existente entre nacionalidad y propiedad heredada, una analogía que adquiere aún más sentido si es analizada críticamente desde una concepción global de la justicia. Como señala Ayelet Shachar (2009), la nacionalidad es un derecho valioso transmitido por la ley a un grupo restringido de beneficiarios en condiciones que perpetúan la transferencia de esta prerrogativa a sus herederos en un mundo profundamente desigual. Es, en definitiva, un bien escaso del que inmigrantes y refugiados se ven privados, y de ahí que esta autora abogue por la imposición en el ámbito global de obligaciones redistributivas a los beneficiarios de tal herencia, con el fin de aminorar las desigualdades de oportunidades más flagrantes. De este modo, se daría respuesta a un desideratum formulado por Seyla Benhabib (2005, 15): “una teoría cosmopolita de justicia no puede restringirse a esquemas de distribución justa en escala global, sino que también debe incorporar una visión de membresía justa”. En coincidencia con esta idea, aunque insistiendo en los derechos humanos como base de una ciudadanía universal, se encuentra el trabajo de Ariadna Estévez (2012).

9 Desde una perspectiva estrictamente económica, las pruebas se acumulan: “La evidencia empírica disponible demuestra que tanto en la primera ola migratoria como en esta segunda los flujos migratorios han ayudado a reducir la desigualdad en el mundo, a mejorar las rentas en los países de origen y a mejorar la mayoría de las rentas en los países de destino […]. Es decir, la emigración ha probado a ser, sin duda, el flujo más eficiente para mejorar la distribución de renta en el mundo” (De la Dehesa 2008, 107). Desde una perspectiva más amplia, pero en un sentido similar, se manifiesta el Informe sobre Desarrollo

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globalmente hablando, haber tenido la buena suerte de nacer en un país rico que el hecho de pertenecer a la clase alta, media o baja de ese país rico” (Milanovic 2012, 132). O dicho de una manera aún más gráfica: “Todas las personas nacidas en un país rico reciben una ‘bonificación’ o una ‘renta de situación’; los nacidos en un país pobre reciben una ‘multa de situación’” (Milanovic 2012, 140).11 Son así muchos los habitantes del planeta que, no agraciados con la lotería de una nacionalidad con pedigrí, no tienen la más mínima oportunidad de llegar a ser algún día tan adinerados como la gente más pobre de Estados Unidos, Japón, o de Europa Occidental.

tiene en cuenta esto, el planteamiento de Pogge sobre las migraciones parece bastante poco razonable, incluso decepcionante en un autor comprometido con la lucha contra la pobreza en el mundo. No se les puede pedir a los potenciales migrantes que se queden a esperar los resultados de una convergencia de los niveles de bienestar global, una convergencia posible, pero de resultado incierto. Cualquier medio que, sin lesionar derechos vitales de terceros, sirva para atenuar los severos niveles de pobreza en el mundo ha de ser aplaudido e incluso apoyado con base en razones morales. O, parafraseando a Peter Singer (2009, 233), quien no ha dejado de aportar vigorosos argumentos en pro de la obligación moral de los ciudadanos de los países ricos de contribuir activamente a mejorar la situación de quienes viven en los países más pobres del planeta: si mediante una serie de medidas podemos evitar que suceda algo moralmente malo sin sacrificar nada de significación comparable, estamos obligados a tomar tales medidas.

En este escenario social globalizado, el esfuerzo migratorio es muy probablemente el que más réditos ofrece a los individuos en la aventura de la movilidad social, muy por encima de los procesos de movilidad social ascendente a través de la educación, el trabajo y los cambios en el modelo redistributivo y de acceso a los bienes (Korzeniewicz y Moran 2009, 107-109).12 En un sentido coincidente, aunque yendo incluso más allá, se declara también, por ejemplo, Dani Rodrik:

Pogge parece mostrarse ciego ante la evidencia de que las políticas migratorias restrictivas sirven fundamentalmente para proteger privilegios y preservar la prosperidad de un país. Nacer en un país o en otro es cuestión de buena suerte, pero este hecho fortuito no constituye el fundamento de ningún derecho. Muchas personas comienzan la vida con desventajas sociales y materiales inmerecidas por el simple hecho de nacer en un determinado país. Un infortunio que no es casual y por el que deben ser compensadas. Dentro de un Estado, esto podría ser prevenido por un sistema contributivo de fiscalidad redistributiva y con programas de bienestar social. Pero en un mundo interdependiente y compuesto de países muy desiguales en riqueza y recursos, eso no basta. El actual sistema de Estados soberanos separados es, como admite Nagel (2008, 174), un obstáculo desafortunado para lograr implementar una justicia global. Pero siendo ello realmente grave, cabría buscar fórmulas que fomenten la cooperación interestatal en esta materia. Pero mientras se da con ellas y se ponen en marcha, tareas en sí nada minúsculas, ¿qué hacemos con las migraciones?

Si los líderes de los países avanzados se tomaran en serio la mejora de los ingresos en todo el mundo y les

importara que ese aumento tuviera un resultado más equitativo, centrarían toda su atención en reformar las

reglas que rigen la movilidad laboral internacional. No hay nada más en nuestro orden del día —ni Doha, ni la regulación financiera global, ni siquiera aumentar la

ayuda a otros países— que ni siquiera se le acerque en términos de impacto potencial en el aumento de la tarta global. (Rodrik 2011, 287)

Este mismo autor señala además que “el grueso de este aumento de ingresos correspondería directamente a los ciudadanos de los países en vías de desarrollo, los trabajadores más pobres del mundo” (Rodrik 2011, 288). Si se

11 Sobre la preferencia de ser pobre en un país rico a ser rico en un país pobre, cf. Rodrik (2011, 155-157). 12 No obstante, hay también quienes presentan razonables reservas ante ese posible balance globalmente positivo de los procesos migratorios. Así, en un documentado estudio sobre si las migraciones pueden ser un factor de desarrollo para los países expulsores, Aragonés y Salgado (2011, 47) sostienen que “ni la migración laboral ni las remesas pueden ser fuente para el desarrollo”. Por su parte, Castles y Delgado Wisse (2012) mantienen que, de entrada, ese modelo en el que “todos ganan” funciona, siempre y cuando se den esquemas de migración laboral de carácter temporal (de ahí que se propongan programas de visados temporales de trabajo) (cf. Rodrik 2011, 286-292). En general, el modelo se colapsa ante el carácter no equitativo y explotador del actual orden económico y migratorio. Así y todo, el propio Castles (2010, 146) no considera que haya que persuadir a la gente de que se quede en sus casas.

Bases para la gobernanza global de las migraciones Cabe argüir que confinar a los individuos en un determinado espacio y restringir el acceso a los recursos disponibles en otros países suponen limitar las oportunidades básicas necesarias para llevar una vida digna. Si la igualdad de oportunidades para acceder a los bienes y recursos es un principio básico de la justicia,

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entonces, limitar la opción de migrar supone una inadmisible discriminación en función de una contingencia como la nacionalidad. Consideradas desde la perspectiva de la justicia distributiva, las restricciones que los países ricos imponen a la inmigración constituyen una forma ilegítima de intentar defender una participación desigual en los finitos recursos del planeta. Aun reconociendo la corrección de estas ideas, se estaría aún bien lejos de haber encontrado un planteamiento compartido capaz de hacerlas efectivas. Habrá que preguntarse entonces: ¿Cómo pueden gobernarse las migraciones internacionales desde criterios de justicia?

de efectivos instrumentos de derecho internacional que los amparen de modo expreso. La amplia gama de convenios disponibles no cubren adecuadamente “los diversos riesgos especiales de abuso a los derechos humanos a los que los migrantes están expuestos con frecuencia” (Ghosh 2008, 40). No es que en este punto esté todo por hacer, pues, además de la normativa general sobre derechos humanos, para los migrantes económicos es de aplicación, y muy particularmente, la Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, que fue aprobada en 1990, aunque no entró en vigor hasta el año 2003 (¡se tardó casi 13 años en lograr el mínimo de 20 ratificaciones requeridas para hacer operativa esta Convención!). En 2009 este instrumento jurídico había sido ratificado únicamente por 41 países, todos ellos países fundamentalmente de emigración (y, eventualmente, de tránsito). El hecho de que no haya sido adoptado por ningún país receptor importante (y ninguno con un índice de “desarrollo humano muy alto”) le resta gran parte de su potencial eficacia.

El fenómeno migratorio presenta dificultades específicas que no pueden ser dirimidas mediante meros corolarios de un planteamiento general. Ante las distintas políticas de acceso y permanencia en el territorio implementadas por los gobiernos, la respuesta ha de ser mucho más precisa porque afecta a aspectos cruciales de lo que entendemos por trato justo. Cuando se plantea la cuestión de las políticas encaminadas a controlar las fronteras para evitar el libre paso de personas conviene, sin duda, tener muy presente el fracaso casi permanente que cosechan prácticamente todos los Estados que intentan ponerlas en marcha. En opinión de un reconocido especialista en la materia, como es Stephen Castles (2006, 52), este evidente fracaso se ve agravado “por la ausencia relativa de un gobierno global con respecto a la migración internacional, en contraste con el desarrollo de reglas e instituciones globales en otras áreas de relaciones económicas y políticas”. En todo caso, resultaría imprescindible contar con un marco de gobernanza tanto en el plano institucional como en el normativo, para luego poder actuar en el económico, algo que, desde luego, no es fácil de improvisar. Conformar un nuevo marco capaz de cambiar los procesos estructurales que subyacen al fenómeno migratorio es una tarea aún más amplia que la que se pueda emprender en esos tres ámbitos, ya que se requiere un “proyecto social colectivo” en el que han de estar involucrados actores tanto gubernamentales como no gubernamentales que presionen y empujen para ponerlo en marcha (Young 2011, 154-159). Sin olvidar este punto, pasamos a continuación a analizar la situación y las posibilidades de acción que se abren en los tres niveles señalados.

Y si disponer de unas reglas generales reconocidas por toda la comunidad internacional es un prerrequisito para el establecimiento de un régimen jurídico global, su implementación y supervisión requerirían además una agencia específica con autoridad efectiva sobre los países donde se asienta el grueso de los migrantes. La cooperación internacional en todo lo que a este tema se refiere es cada vez más necesaria “para la requerida compaginación de los distintos intereses en conflicto y para restituir plenamente a las migraciones su función positiva en el desarrollo de las sociedades” (Livi 2012, 13). De este modo, nos adentramos en el quid de la cuestión: “El problema no es la inmigración en sí misma, sino las condiciones de desigualdad bajo las cuales la mayoría de las migraciones norte-sur tienen lugar. Éstas llevan a la marginalización y explotación de muchos inmigrantes” (Castles 2010, 145-146). El objetivo, no lo perdamos de vista, no es poner punto final a las migraciones, sino ordenarlas desde principios de justicia: “Si hay un objetivo normativo, éste no debería ser reducir la migración, sino encontrar formas en las que pueda tener lugar bajo condiciones de igualdad y respeto de los derechos humanos” (Castles 2010, 146). Instrumentos como la mencionada Convención podrían servir para ello, pero sería necesario que se implicasen mucho más activamente todas las instituciones de la comunidad internacional.

El plano normativo En este ámbito las carencias resultan evidentes. Los migrantes económicos, que sin duda constituyen la inmensa mayoría de las personas migrantes, carecen

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El plano institucional

El plano económico de la gobernanza global

En un mundo empeñado en eliminar todas las posibles trabas a los movimientos de capitales, bienes y servicios, sorprende ciertamente que no exista un organismo internacional que tenga como misión propia regular —o, llegado el caso, incluso levantar— las restricciones a la movilidad internacional de las personas. Mientras que para liberalizar los intercambios económicos se han dado pasos relevantes en las últimas décadas (dotando, por ejemplo, a la Organización Mundial del Comercio de una capacidad reguladora vinculante), nada se ha hecho para gobernar las migraciones internacionales.13 Es en este terreno donde los Estados nacionales se resisten con más ahínco a ceder la más mínima parcela de su soberanía. Sin embargo, la aproximación a esta delicada cuestión siempre resultará estéril si se hace desde una lógica nacional estrecha. También en esta materia se hace valer la idea de que no existen soluciones locales para problemas globales. Para salvar este importante escollo sería preciso establecer un régimen migratorio global y dotarlo de un sólido soporte normativo.

En muchos casos, no en todos ciertamente, la transgresión de las fronteras representa tan sólo un pequeño síntoma de un mal pandémico llamado pobreza e injusticia global. Difícilmente se puede pretender controlar los movimientos migratorios internacionales sin medidas sustantivas que equilibren la distribución de riqueza y posibiliten la participación igualitaria de todos los países en los beneficios de la globalización. No se puede luchar con eficacia contra una grave enfermedad, y menos aún erradicarla, combatiendo sólo los síntomas. El “nacionalismo metodológico” imperante conduce a trazar una artificial “línea divisoria entre emigración e inmigración, que impide entender las condiciones de producción y reproducción de la inmigración a partir de las condiciones de partida” en las sociedades de origen (Llopis 2007, 107). Aunque en la etiología del complejo fenómeno migratorio se reúne una infinidad de causas, la pobreza de los países emisores es una de las más destacadas, sino la principal.

En el actual marco de interdependencia global, la intensificación de la cooperación intergubernamental se presenta como una opción obligada. Es difícil seguir confiando en las capacidades de las entidades estatales existentes para resolver el cúmulo de nuevas cuestiones surgidas en el contexto de la globalización. Como señala Habermas (1999, 105), ya “no cabe pensar un orden mundial y económico más pacífico y justo sin instituciones internacionales con capacidad de acción”. Es precisamente de esto de lo que carecemos: de mecanismos eficaces de integración política de carácter supranacional. Antes esa anomia internacional, una manera de avanzar en ese camino es proceder a la intensificación de la cooperación en ámbitos temáticos concretos, es decir, a la creación de regímenes regulatorios sectoriales, por ejemplo, en cuestiones como las relativas al medioambiente, la salud humana o las migraciones. Es cierto que ni los entramados jurídicos e institucionales ni la legitimidad moral garantizan por sí mismos la resolución de los conflictos, pero sin ellos parece difícil que pueda ni siquiera plantearse una respuesta eficaz.

Con la implementación de algún sistema de gobernanza económica global, la libre circulación de personas podría representar un factor impulsor de la redistribución global que propiciase globalizar el bienestar y las oportunidades. Esto no es la mera expresión de un buen sentimiento. Una de las primeras implicaciones de la noción de justicia es la exigencia de poner punto final a las situaciones de injusticia activa, así como la de compensar a los perjudicados por el mal que se les haya causado. Y el hecho es que detrás de muchos desplazamientos humanos se encuentran situaciones de injusticia sistémica o estructural, que contribuyen a agravar aún más la suerte de los más desprovistos del planeta, una injusticia que no debería quedar sin reparación. Es indiferente al respecto que estas injusticias, como tantas otras, sean fruto de una explícita voluntad de dañar, sino más bien de la desidia o del desinterés que mantiene incólume ciertos procesos y estructuras. Ello no hace decaer la obligación de compensación. Pero ¿cómo enfrentarse con las consecuencias negativas de la desigual distribución de la riqueza global? O dicho de manera algo más concreta, ¿cómo asignar costes de mitigación de tales efectos?

13 Desde 1951 opera la Organización Mundial para las Migraciones, pero se trata de una organización intergubernamental fuera del sistema de las Naciones Unidas que carece, aunque sea la principal agencia mundial en esta materia, de un mandato jurídico de protección de los migrantes. A diferencia de la Organización Mundial del Comercio, no posee verdadera capacidad reguladora y se limita a emitir informes y marcar pautas de alcance estrictamente retórico. Su experiencia acumulada podría servir, no obstante, como base para establecer una agencia con mayor nivel de responsabilidades, categoría jurídica y capacidad ejecutiva, que a su vez diera soporte institucional a un acuerdo de eficacia global sobre las migraciones internacionales.

En el capítulo de las posibles compensaciones, existe una que habría que considerar seriamente. Se la debemos a Michael Dummett (2004, 82), quien propone que “mientras persista el inmenso contraste entre naciones ricas y pobres, la justicia, que exige que las ricas lo corrijan tan rápida y completamente como les sea posible, también exige que éstas no alcen o refuercen sus barreras contra la entrada de gente procedente de los países pobres”.

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Dicho de otro modo, una política de fronteras abiertas, además de constituir un modo de implementar el derecho humano a la libre circulación, representaría una de las posibles medidas compensatorias de las desigualdades globales (Velasco 2012).

componen.15 El modo de atender esa responsabilidad no está, sin embargo, prescrito de antemano (Beitz 2012, 194-206). La contribución a un sistema de transferencias internacionales compensatorias (una suerte de pago de impuestos globales) sería una opción, pero no es la única, ni tampoco es siempre la más eficaz. Una profunda reforma de las prácticas comerciales vigentes que otorgue ventajas tangibles a los países más desfavorecidos sería otra posibilidad. Y en este mismo plano, otra opción por considerar seriamente sería la flexibilización de las restricciones inmigratorias en los países ricos como un mecanismo para garantizar efectivamente los derechos de subsistencia de los habitantes de los países más pobres del planeta. Aparte de los mencionados, pueden existir otros modos de atender la mencionada responsabilidad, pero, en cualquier caso, es obligatorio elegir uno de ellos.

En un contexto en el que la brecha entre los niveles de riqueza de los diferentes países es descomunal, los Estados nacionales ricos (o relativamente ricos) estarían legitimados a seguir manteniendo la facultad de controlar la admisión de extranjeros sólo si satisfacen determinadas condiciones y, en concreto, si intervienen mediante alguna suerte de impuesto redistributivo en una participación más justa de los recursos planetarios, es decir, sólo si contribuyen de un modo significativo y en la medida de sus posibilidades al establecimiento global de la justicia distributiva (Kymlicka 2006, 76-80). Existe también otra versión relativamente diferente de este argumento. La Tierra, nuestro planeta, es en su origen propiedad común de todos quienes integran la Humanidad, y esta condición —que no cuestiona, sin embargo, los derechos privados de usufructo— impone restricciones a su uso, entre las que se encontraría el que los Estados que infrautilizan sus tierras y demás recursos naturales tienen el deber, o bien de admitir los inmigrantes de los países con población con menos recursos per cápita, o bien de compensarlos por negarles el acceso (Blake y Risse 2006).14

El presupuesto que subyace a todo este planteamiento resulta bastante nítido: de una u otra manera, los Estados ricos han de dejar participar a los demás en el reparto del pastel común. De lo dicho se extrae una relevante consecuencia práctica en materia migratoria: no es obligatorio abrir las fronteras, pero rehusar esta opción no está exento de coste. Para decirlo de un modo más gráfico, “el control de las fronteras se compra con la billetera” (Loewe 2012, 486). Así, de acuerdo con esta propuesta apenas esbozada, los Estados mantendrían su tradicional discrecionalidad en lo relativo al cierre de fronteras (uno de los pocos ámbitos en el que los Estados aún mantienen un cierto remanente de su ajada soberanía), pero el margen se reduciría con severidad y no les saldría gratis.

Dicho de otro modo, en el actual estado de cosas, los Estados más desarrollados están obligados a contribuir a la redistribución de la riqueza en el mundo. No se trata de una mera responsabilidad moral, sino de una responsabilidad internacional derivada de la asunción integral de los derechos humanos (arts. 22 y 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos). La responsabilidad de actuar cuando un gobierno fracasa en satisfacer los derechos básicos de subsistencia se imputa de manera genérica a la comunidad internacional, y de manera más concreta, a cada uno de los Estados particulares que la

Una breve reflexión cosmopolita Volviendo a la idea presentada al inicio de este artículo, los marcos son estructuras lingüísticas que conforman nuestro modo de ver el mundo y las cuestiones que en él se plantean. La noción de justicia global, así como las de interdependencia y cooperación, son ideas poderosas que podrían ayudar a conformar de una manera más positiva, no sólo nuestra percepción de las migra-

14 Remitiéndose a una idea de Hugo Grocio, que luego hizo suya también Immanuel Kant (“la común posesión de la superficie de la Tierra”), el argumento de Blake y Risse es que todos los integrantes de la Humanidad tienen un igual derecho moral a los recursos físicos del planeta, y que de este presupuesto se derivan limitaciones normativas en los regímenes legítimos de propiedad, incluidos los regímenes de inmigración. Lo que estos autores plantean es, en el fondo, que los países no tienen una discrecionalidad ilimitada o incondicional en sus políticas de admisión de inmigrantes, sino que en este terreno tienen bastantes más deberes que los que convencionalmente se admiten. Las regulaciones que se establezcan han de incluir, en cualquier caso, las garantías necesarias para respetar el estatus de copropietario originario atribuido a cualquier ser humano.

15 Aunque los Estados poseen una responsabilidad primaria de respetar, proteger y promover los derechos humanos en su ámbito de soberanía, la comunidad internacional tiene la responsabilidad derivada o secundaria de contribuir a que los estados satisfagan los derechos humanos de su población. Eso sí, la responsabilidad secundaria se activa exclusivamente cuando un Estado particular incumple sus deberes. El desempeño de esta responsabilidad es gradual y flexible: va desde el hecho de pedir cuentas a los Estados hasta la activación de diferentes tipos de presión, pasando también a las acciones destinadas a apuntalar la capacidad de los estados para cumplir su misión (cf. Beitz 2012, 139-150).

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ciones internacionales, sino nuestro modo de afrontarlas. La teoría reciente sobre la justicia global tendría, sin embargo, que esforzarse por ofrecer respuestas más elaboradas a los retos planteados en esta materia. Las migraciones deben ser objeto de un tratamiento específico por parte de quienes cultivan dicha teoría. Lo que aquí se ha presentado no es más que un anticipo de algo que podría y debería conformarse como un auténtico programa de investigación.

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Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007)* Juan Carlos Checa Olmosv – Ángeles Arjona GarridoD Fecha de recepción: 20 de septiembre de 2011 Fecha de aceptación: 6 de julio de 2012 Fecha de modificación: 19 de febrero de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.09

RESUMEN El objetivo de este artículo es analizar las actitudes de la población española ante la inmigración desde 1997 hasta 2007. Los datos se obtienen a partir de la encuesta de actitudes y opiniones sobre la inmigración en España administrada por la empresa Análisis Sociológicos, Económicos y Políticos (ASEP). Los resultados muestran que con el paso del tiempo se produce un incremento del sentimiento antiinmigrante. Las principales variables que explican el aumento de ese sentimiento son, por un lado, la amenaza, definida por el número de inmigrantes percibidos y la pérdida de la identidad nacional, y por otro, la competencia por los recursos económicos y sociales y la inversión estatal en materia de inmigración.

PALABRAS CLAVE España, xenofobia, competencia, amenaza, inseguridad, inmigrantes.

Immigrants as Seen by the Spanish. Between Threat and Competition (1997-2007) ABSTRACT The aim of this article is to analyze the attitude of the Spanish population towards immigration from 1997 to 2007. The information is obtained from the survey of attitudes and opinions regarding immigration in Spain administered by ASEP. The results show that, with the passage of time, an increase in anti-immigrant feelings has taken place. The main variables that explain this increase are on the one hand, the threat defined by the number of perceived immigrants and the loss of national identity, and, on the other hand, the competition for the economic and social resources and the state investment destined to immigration.

KEY WORDS Spain, xenophobia, competition, threat, insecurity, immigrants.

Os imigrantes vistos pelos espanhóis. Entre a ameaça e a concorrência (1997-2007) RESUMO O objetivo deste artigo é analisar as atitudes da população espanhola diante da imigração desde 1997 até 2007. Os dados foram obtidos a partir da enquete de atitudes e opiniões sobre a imigração na Espanha administrada pela empresa Análises Sociológicas, Econômicas e Políticas (ASEP). Os resultados mostram que, com o passar do tempo, se produz um aumento do sentimento anti-imigrante. As principais variáveis que explicam o aumento desse sentimento são, por um lado, a ameaça, definida pelo número de imigrantes percebidos e a perda da identidade nacional; por outro lado, a concorrência pelos recursos econômicos e sociais e o investimento estatal em matéria de imigração.

PALAVRAS-CHAVE Espanha, xenofobia, concorrência, ameaçam, insegurança, imigrantes. * v

Es resultado de una investigación independiente del Centro de Estudios de las Migraciones y Relaciones Interculturales y del Laboratorio de Antropología Social y Cultural (España). La información procede de la base de datos que tiene la empresa ASEP. Doctor en Sociología, profesor titular del Departamento de Geografía, Historia y Humanidades de la Universidad de Almería, España. Entre sus últimas publicaciones se cuentan: Actitudes hacia los inmigrantes en España en época de expansión económica. Revista de Ciencias Sociales 19, n° 1 (2013): 7080, y Aproximación etnográfica al estudio de relaciones interétnicas en educación física: estudios de caso en Francia y España. Gazeta de Antropologia 28 (2012). Correo electrónico: jcheca@ual.es Doctora en Antropología. Profesora del Área de Antropología de la Universidad de Almería y directora del Laboratorio de Antropología Social y Cultural de la misma Universidad. Entre sus últimas publicaciones se cuentan: Deporte e integración: variables que intervienen en el contacto cultural de los jóvenes inmigrados en España. Revista de Psicología del Deporte 21, n° 2 (2012): 233-242. Correo electrónico: arjona@ual.es

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Introducción

días de febrero de 2000 (véanse, entre otros, Calvo 2000; Checa 2001; Checa, Arjona y Checa y Olmos 2010; Foro Cívico 2000; Martínez 2001), en los que muchos inmigrantes fueron perseguidos, insultados y golpeados; a la vez que se quemaron sus casas, coches y negocios, por parte de la población española.3 Por otro, los chinos en Elche (Alicante) también sufrieron un ataque en sus negocios, con la quema de varios de éstos en un polígono industrial de la ciudad, como resultado de un proceso de competencia en la industria del calzado que los autóctonos consideran desleal (véase Cachón 2005). En suma, lejos de ser hechos aislados, los actos racistas se han ido sucediendo paulatinamente en España, aunque con manifestaciones y ataques a individuos, más que a colectivos.

n sólo unas décadas España ha dejado de ser un país emisor de población para convertirse en uno receptor.1 De modo que si en España los extranjeros alcanzaban a mediados de los noventa la cifra de 542.314, una década después la población asciende hasta los 1.370.657 extranjeros, y en la actualidad, según el último dato publicado —enero de 2012—, se sitúa en 5.736.258. O lo que es igual, se ha producido el mayor incremento de población extranjera de toda la Unión Europea, que supera en porcentaje a otros países con mayor tradición migratoria como Italia o Francia. Ahora bien, lo importante de este fenómeno no son tanto las cifras sino el eco que éstas ocasionan en la sociedad española. Así, por ejemplo, a lo largo de la década pasada los distintos barómetros de opinión, elaborados por el Centro de Investigaciones Sociológicas, sitúan la inmigración entre los cuatro primeros problemas del país, junto al desempleo, la vivienda y el terrorismo.

En resumen, los objetivos de este artículo son, primero, comprobar la evolución del sentimiento antiinmigrante en España a lo largo de una década (1997-2007), en la que se combinan períodos de recesión económica y bajas tasas de inmigración y expansión económica y altas tasas de inmigración. Y segundo, conocer cuáles son las principales variables que definen ese sentimiento.

En el marco de esos discursos y prácticas se han establecido unas relaciones intergrupales tensas entre los miembros de la “mayoría” —entendida como población nacional— y la “minoría” —equiparada con parte de la inmigrada extranjera2—, que derivan, en muchas ocasiones, en comportamientos xenófobos. Más concretamente, frente a la postura mayoritaria en 1996 a favor de la inmigración, al juzgarla como necesaria y no excesiva, más recientemente se aprecia un mayor rechazo hacia el inmigrante (Cea D´Ancona 2009; Díez 2005; Pérez y Desrues 2005). Los sentimientos xenófobos alcanzaron puntos álgidos cuando se produjeron los diferentes procesos de regulación de inmigrantes (2001 y 2005). Momentos donde adquirió el calificativo de “emergencia social”, equiparado a otras “alarmas” como droga, delincuencia, etc. Percepciones y cogniciones sociales que se han traducido, evidentemente, en actitudes y comportamientos discriminatorios, hostilidad e incluso violencia.

Estructura teórica Son varias las alternativas teóricas que pretenden definir el sentimiento antiinmigrante y discriminatorio (véase Wimmer 1997), pero en la actualidad las líneas de trabajo se centran principalmente en el sentimiento de amenaza y competencia por los recursos limitados. El elemento central del modelo de competencia sostiene que las actitudes hacia el exogrupo ocurren cuando existe una lucha entre grupos por el poder, los recursos y la identidad colectiva, lo que deriva en un sentimiento de amenaza e inseguridad. Tales emociones actúan en cuanto a frustración y/o agresión, puesto que existe el argumento de que la cesión de derechos para los inmigrantes va en detrimento de los autóctonos. De este modo, la percepción de amenaza determina un modelo instrumental de conflicto que diseña estrategias de discriminación para aumentar

Entre los más graves resaltan, por un lado, los ataques que sufrieron los magrebíes en El Ejido (Almería) los primeros

No obstante, en los dos últimos años, como consecuencia de la crisis económica que sufre España, el flujo de salida vuelve a ser más importante que el de entrada.

Delimitar la definición de población foránea no es un proceso simple, puesto que ésta no es homogénea en cuanto a la nacionalidad, el estatus legal, el género, etc. Diversidad que ha llevado, por un lado, a considerar a unos extranjeros outsiders e indeseables (llegados de países pobres), y a otros, insiders (provenientes del mundo rico), determinación que se sustenta en las propias políticas de inmigración y el componente identitario social.

3 Entre los agresores no sólo se identificaron a ejidenses, también a decenas de personas procedentes de ciudades y pueblos próximos, incluso algunos grupos de la extrema derecha y neonazis llegados de Madrid y otras capitales, bajo el reclamo de “Linchar al moro”. El desencadenante de estos actos tan violentos fue el asesinato de tres personas (dos hombres, en un acto, y una joven, en otro) a manos de dos marroquíes, en el período que va desde el 22 de enero hasta el 5 de febrero. Ahora bien, siguiendo la literatura que analizó estos acontecimientos, se observa que en el conflicto subyacían otros elementos socioeconómicos y políticos que impulsaron un desenlace de esas magnitudes.

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las oportunidades de los nacionales. La xenofobia, por tanto, no es más que un mecanismo de defensa “natural” ante los cambios percibidos como consecuencia de la incorporación de los inmigrantes. Más aún, en contextos de crisis es cuando más se percibe al inmigrante como una amenaza y se refuerza la idea de que los derechos sociales han de restringirse para los foráneos. Por eso, hace más de medio siglo Sherif y Sherif (1953) mostraron que los conflictos intergrupales y la exaltación de las diferencias se producen cuando los recursos escasean.4

2003), tanto por la administración —ya que el latino es el colectivo con mayor número de naturalizaciones y que alcanza la regularización— como por la sociedad, tal y como demuestran los barómetros y latinobarómetros elaborados por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). En consecuencia, puesto que las doctrinas racistas de tinte biologicista están desacreditadas, el fundamentalismo cultural contemporáneo afirma la nacionalidad como prerrequisito de la ciudadanía, en un patrimonio cultural compartido.

Además, estas inquietudes no siempre son constantes, sino que varían atendiendo a diferentes escalas y variables. La primera escala actúa en la esfera individual; la competición y amenaza se reflejan en los intereses particulares, tales como trabajo, vivienda o servicios públicos. De modo que la población con una posición más vulnerable en el sistema social presenta una actitud más negativa y discriminatoria hacia el exogrupo (véanse Quillian 1995 y 1996; Semyonov et al. 2004).

Ambos niveles —individual y grupal— se ven también afectados por diferentes variables, a saber: tamaño de la población, condiciones económicas y políticas. El tamaño de la población ha sido la variable más estudiada como elemento de amenaza. De modo que cuantas más personas tenga el exogrupo, mayor es el sentimiento de amenaza y competencia, lo que se traduce en disconformidad étnica y discriminación (Quillian 1995 y 1996; Lahav 2004; Schneider 2008). Incluso, en los resultados de Semyonov et al. (2004) se destaca más el tamaño poblacional percibido que el real; es decir, en algunas ocasiones se puede producir xenofobia sin inmigrantes.

La segunda, de características colectivas, sostiene que la discriminación y el prejuicio exogrupal se fundamentan en la amenaza de la identidad colectiva, que pone en peligro la homogeneidad cultural e identitaria (Schiefer et al. 2010; Schwartz 2008; Stolcke 1993). Dicho de otro modo, estamos hablando de fundamentalismo cultural (Stolcke 1993), puesto que su “ingrediente” crucial es el supuesto de que la cultura y la identidad nacional se basan en una herencia histórica única, sólida e inalterable. Se da por hecho que las relaciones entre las distintas culturas resultan, por naturaleza, hostiles y recíprocamente destructivas, porque la cultura dominante es etnocéntrica por definición. Consecuentemente, las diferentes culturas deben mantenerse aisladas por su propio bien.

Las condiciones económicas también influyen notablemente en la percepción de la amenaza. De modo que cuando existen buenos escenarios económicos, el sentimiento negativo hacia los otros grupos se reduce, puesto que las oportunidades son mayores y es menor la competencia en el mercado laboral (véanse Kunovich 2004; Pérez Yruela y Desrues 2005; Schneider 2008; Semyonov, Raijman y Gorodzeisky 2008). Dicho de otro modo, cuando las expectativas económicas son preocupantes se intensifica la competencia y termina aflorando la impresión de peligro, traducida en prejuicios y sentimientos discriminatorios, que se sustentan en un antagonismo étnico y en el declive de oportunidades.

Así, en contextos de inmigración donde los distintos grupos coinciden en idioma, tienen la misma religión y presentan estatus socioeconómicos similares, se expresa una mayor simpatía, que por aquellos con los que apenas comparten contenido étnico, y el desconocimiento se constituye en un factor clave a la hora de crear o consolidar prejuicios y estereotipos negativos hacia el exogrupo. Por ello, no faltan autores que sostienen que en España los procedentes de Latinoamérica, antiguas colonias españolas, son los “elegidos” frente a otros colectivos (Escandell y Ceobanu 2009; Izquierdo, López y Martínez

El incremento de la xenofobia está también relacionado con las posiciones políticas y el sentimiento nacionalista (Escandell y Ceobanu 2009). Durante los últimos años, la sociedad en Europa Occidental padece niveles alarmantes de desempleo en masa, acompañado de un descontento público generalizado con el sistema político, lo que ha generado oleadas de ataques violentos contra grupos socialmente vulnerables, que afecta, especialmente, a los inmigrantes. Apelando a la inquietud pública, como consecuencia de la crisis económica actual, han sido los partidos políticos fascistas los que más se han beneficiado, hasta el punto de convertirse en uno de los fenómenos

4 Así lo demuestran los trabajos para Europa editados por Baumgarte y Favell (1995) y Quillian (1995).

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políticos más importantes de la actualidad5 (Betz 2004; Betz y Johnson 2004). Evidentemente, el incremento de dichos partidos en épocas de crisis tiene un refrendo con el aumento de ataques racistas (Koopmans 2004).

Van der Brug 2009), que, por supuesto, se acentúa más, si cabe, en períodos de crisis económica (De Lange y Mudde 2005); hasta el punto que el resultado final es la creación de un clima de violencia, que se ha plasmado, en no pocos casos, en asesinatos y ataques a inmigrantes.

También, es bien sabida la relación existente entre la orientación política neofascista6 y el sentimiento nacionalista (Semyonov, Raijman y Gorodzeisky et al. 2006). Pero éstos no manifiestan de igual forma su animadversión por los inmigrantes. Golder (2003) distingue entre partidos neofascistas (autoritarios y elitistas) y populistas (Betz 2004). De modo que los primeros usan la raza como elemento fundamental para sostener la discriminación sobre los inmigrantes; o lo que es igual, estamos ante partidos que promueven el racismo clásico. De manera que, independientemente de la situación económica, su discurso no varía.

En suma, en las políticas se puede optar por promover la igualdad de derechos para todos o limitar las oportunidades socioeconómicas para los inmigrantes, en especial para aquellos cuya presencia no aumenta, supuestamente, el bienestar social de destino (irregulares o familiares reagrupados en edad no laboral). Por otro lado, la concepción de la identidad nacional ha sido importante a la hora de definir la integración y los derechos de la ciudadanía extranjera (Florence y Martiniello 2005), basada, sobre todo, en el ius solis, o nación cívica, y ius sanguinis, cimentado en la visión romántica de la nación cultural y ancestral. De modo que un sentimiento exacerbado del particularismo acarrea mayores dosis de xenofobia, bajo la amenaza de perder la homogeneidad cultural. La inmigración se percibe como un problema de orden social y de pérdida de identidad, en especial cuando la diversidad se hace más patente. De ahí que en países como España —cuya Constitución reconoce su multiculturalidad, sobre todo, a partir del plurilingüismo—,7 la llegada de inmigrantes crea una identidad homogénea frente a éstos, que con anterioridad a su llegada no existía de manera tan clara, fundamentada, en última instancia, en su regularización administrativa y en un discurso que enfatiza la homogeneidad cultural.

Por su lado, los partidos populistas sustentan su rechazo a los inmigrantes en un “nuevo racismo” cultural, cuyo discurso señala que la población nacional es superior a la inmigrada, por ser portadores de patrones culturales desarrollados: democráticos, igualitarios, etc. O lo que es igual, la derecha radical de ideología populista y antielitista, abiertamente discriminatoria, apela al derecho de “preferencia nacional” (Betz y Johnson 2004). De manera que su meta es detener y revertir la erosión de los patrones establecidos de dominación étnica y política cultural. Incluso más, este fundamentalismo cultural se exacerba más en épocas de crisis; de ahí que en las sucesivas elecciones en Europa se hayan consolidado cada vez más estos partidos.

Además, numerosos autores señalan que las actitudes exclusionistas hacia los inmigrantes también quedan definidas por el tipo de relación o contacto que se tiene con ellos (contact hypothesis) (véanse, entre otros, Allport 1954; Escandell y Ceobanu 2009; Pettigrew 1998). Más concretamente, la xenofobia es menor cuanto más intenso y duradero es el contacto, especialmente si existen los facilitadores de igual estatus, cooperación entre grupos y objetivos comunes, donde las fronteras simbólicas interétnicas quedan casi desdibujadas.

En cualquier caso, entre la ideología de estos partidos políticos neofascistas existe la coincidencia, independientemente de dónde se ponga el acento, en resaltar el antagonismo hacia aquello que no es nacional, fundamentándose en la competencia individual (nos quitan el trabajo y reducen los salarios) y colectiva (se pierde la identidad nacional) (véanse Pain 2007; Semyonov, Raijman y Gorodzeisky 2007; Skenderovic 2007; Van Spanje y

Por último, cabe señalar que todos los elementos y variables referidos antes aparecen como denominadores comunes en casi todas las investigaciones internacionales sobre xenofobia. No obstante, existen otras variables, de diferente calado, que también definen y actúan tanto en

5 Eatwell (2000), entre otros, explica y enumera los acontecimientos que favorecen el nacimiento y la consolidación de los partidos políticos de derecha radical, a saber: economía postindustrial, disolución de las identidades por el incremento de la multiculturalidad, aparición de un cleavage sociocultural, descontento político, xenofobia, crisis económica y desempleo, contrafuerza al nacimiento de partidos ecologistas y de extrema izquierda y sistema electoral anticuado. No obstante, sigue sin estar claro cómo están relacionadas entre sí las diversas causas.

7 El artículo 3 sostiene que la lengua oficial del Estado es el español, pero también reconoce la oficialidad de otras lenguas —por ejemplo, catalán, euskera o gallego— en el marco de sus estatus de autonomía.

6 También llamados antiinmigrantes (Fennema 1997), extrema derecha (Golder 2003) o radicales populistas (Betz 1994).

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la aparición como en la consolidación de la xenofobia, que por su carácter más localista la hemos omitido en esta parte teórica. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a dimensiones demográficas —sexo, edad, nivel educativo y ámbito de residencia, principalmente—, microeconomía —situación económica familiar—, papel de los medios de comunicación, etc., que hacen variar tanto la medida como el concepto de xenofobia de un lugar a otro. De ahí que en el apartado de resultados se incluyan en el análisis de regresión variables de éste y de otros tipos, aunque sólo se presentan aquellas con significación estadística.

nas. En el segundo, 2006/2007, la tasa de inmigración es alta, se ha pasado un proceso de regularización de inmigrantes y se alcanza el punto álgido de la expansión económica, donde empieza a vislumbrarse el proceso de estancamiento y posterior regresión; la muestra la forman 2.405 personas. Para medir las actitudes de los españoles ante los inmigrantes se elige el índice de sentimiento antiinmigrante (Semyonov et al. 2006), construido a partir de los siguientes cuatro factores: “La inmigración provocará que España pierda su identidad” (De acuerdo=1); “Influencia de la inmigración en el paro” (Aumenta=1)”; “Influencia de la inmigración en los salarios de los españoles” (Disminuye=1); e “Influencia de la inmigración en la delincuencia” (Aumenta=1). El índice oscila entre 0 y 4, donde 4 significa máxima actitud antiinmigrante.

Método y datos La empresa de opinión Análisis Sociológicos, Económicos y Políticos (ASEP) realiza encuestas, estadísticamente significativas y con los mismos ítems, sobre las actitudes de la población española, mayor de 18 años, hacia los inmigrantes extranjeros.8 La muestra está estratificada proporcionalmente atendiendo al número de inmigrantes asentados en las diferentes comunidades autónomas. Los datos se recogen de manera aleatoria. A su vez, para este texto, la matriz ha sido completada con las estadísticas oficiales que ofrece el Instituto Nacional de Estadística en cuanto a población extranjera y tasa de paro.

En cuanto a las variables independientes, se tienen en cuenta los aspectos claves que resaltan Evans y Need (2002): amenaza, inseguridad y distancia social. Completados con otros que hacen referencia a indicadores de política migratoria y derechos sociales (Cea D´Ancona 2009). La amenaza se mide, por un lado, a partir del tamaño real de la población extranjera —tasa de extranjeros— y la población percibida (Quillian 1995 y 1996; Schneider 2008; Schlueter y Scheepers 2010; Semyonov et al. 2000); damos el valor (1) a quienes contestaron que los inmigrantes en España son demasiados. Y por otro, por la amenaza identitaria, visibilizada en la percepción de conflicto en las cuestiones de identidad, que ensalza lo étnico o lo cívico. Para ello, se toma la variable efectos que la inmigración tiene para la cultura española (malos o muy malos=1).

En nuestro análisis longitudinal hemos elegido dos momentos diferentes.9 El primero, 1997/1998, responde a un período donde se está inmerso en un tiempo de crisis económica y donde la población inmigrante es reducida; la muestra agregada para estos años es de 2.413 perso-

8 Con posterioridad al año 2007, esta empresa no ha realizado ninguna encuesta nacional con los mismos indicadores. Cea D´Ancona (2009), siguiendo con la línea abierta por otros autores, aborda las dificultades que tiene la medición de la xenofobia a través de encuestas. Limitaciones que exceden a la propia técnica, ya que hablan, principalmente, del sesgo de deseabilidad social, definido, principalmente, por el estigma que conlleva su admisión, donde se censura e incluso penaliza cualquier declaración o conducta contraria a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación. A pesar de esto, utilizamos los datos de la encuesta por dos motivos: primero, son los únicos que existen en España que ofrecen una evolución tan amplia; segundo, Juan Díez Nicolás, director científico de ASEP, publica un texto en el que demuestra cuantitativamente la fiabilidad y validez de los datos manejados por esta empresa, así como los índices creados (véase Díez 2009).

De la amenaza deriva la inseguridad, que se expresa a partir de dos elementos: uno, la material, cuantificada, por un lado, por la actitud ante que sólo deben admitirse inmigrantes cuando no haya españoles para desarrollar esa actividad (De acuerdo=1). Y, por otro, por la tasa de paro. Dos, la inseguridad política, referida a dos cuestiones relacionadas con la política migratoria y concesión de ciudadanía (Díez 2005): la primera, “Bastante complicada es la situación económica de los españoles como para destinar dinero para ayudar a los inmigrantes” (De acuerdo=1), y la segunda, “Actitud más adecuada ante los inmigrantes irregulares” (regularizarlos=1).

9 Si bien es cierto que ASEP realiza esta encuesta nacional desde 1991, no utilizamos los datos de los primeros seis años por varios motivos: uno, el número de inmigrantes y su porcentaje no son significativamente grandes, ya que este último no llega ni al 1%; dos, la situación económica en esos años no sufre grandes vaivenes, como ocurre en el período analizado; y tres, el cuestionario administrado se ha ido configurando y mejorando con el paso de los años, de manera que desde 1997 se repiten con exactitud aquellas variables que guían este trabajo.

La distancia social, entendida como falta de interacción con inmigrantes, es operada por las tres dimensiones utilizadas en el contacto intergrupal (Escandell y Ceobanu 2009), a

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saber: intenso, si se tiene una relación estrecha y afectiva (No=1); ocasional, si ha tenido alguna vez una conversación larga (No=1); y en el lugar de trabajo, si se tiene relación laboral con trabajadores inmigrantes (No=1).

hasta llegar al 2,4, aunque en el último año el sentimiento se reduce. Por tanto, en España las actitudes hacia el exogrupo no experimentan un incremento lineal.

Por último, las variables de carácter individual tienen también una enorme importancia a la hora de predecir el sentimiento antiinmigrante (Coenders y Scheepers 2008): sexo (hombre=1), edad (en años), nivel educativo (universitarios=1), ingresos (cuartil más bajo=1), orientación política (derecha=1), actividad (desempleado=1) y estado civil (casado=1).

Gráfico 1. Evolución del índice de sentimiento anti-inmigrante en España (1997-2007) 2,5 2,0 1.5

No obstante, no queremos terminar este apartado metodológico sin señalar algunas limitaciones que presenta el texto:

1.0 0.5 0

Primera, la medición del sentimiento antiextranjero. A pesar de utilizar un instrumento empleado en parte de la literatura internacional, somos conscientes, tal y como sostiene Troyano (2010), de que si la xenofobia define identidades de forma negativa, ésta no se hace con los mismos referentes en España que en India, por ejemplo; ni tampoco éstos se mantienen constantes en el tiempo. De ahí que aunque se esté midiendo lo mismo, e incluso se obtengan resultados parecidos, puede que éstos no tengan el mismo significado.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: base de datos ASEP. Elaboración propia.

Más aún, el incremento del sentimiento antiinmigrante también se ve reflejado en las diferentes variables utilizadas en el análisis. En primer lugar, en la tabla 1 se observa el incremento de la tasa de extranjeros en España. De modo que si en 1997 los extranjeros suponen el 1,6% de la población, en 2007 la cifra alcanza el 10%. No obstante, la amenaza percibida se incrementa en mayor medida que la población real, puesto que en el bienio 1997/1998, el 26,8% de los españoles pensaban que los inmigrantes eran demasiados, y en 2006/2007 esa opinión la mantenía el 61,9%.

Segunda, y como consecuencia de lo anterior, los resultados son válidos para este tiempo, y al no tener datos del período de crisis económica actual, no se puede decir que la actitud sea la misma, ni son iguales los elementos que la definen con respecto a lo ocurrido en la recesión de finales del siglo pasado.

El sentimiento de amenaza también aumenta sobre los patrones culturales. En 1997/1998, el 17,4% opinaba que la migración provoca efectos perversos sobre la cultura, porcentaje que se incrementa hasta el 36,5% en 2006/2007.

Resultados Lo primero que resulta del estudio longitudinal es el incremento paulatino del sentimiento antiinmigrante en España. Si en 1997 la media era de 1,4, en 2007 se sitúa en 2,1 (véase el gráfico 1). O lo que es igual, se identifica cada vez más al inmigrante como generador de desempleo, delincuencia, bajada de salarios y enemigo de la identidad cultural.

El incremento de la inseguridad económica también aparece con el paso del tiempo. Si en 1997/1998 el 45,5% consideraba que sólo se debían admitir inmigrantes cuando no hubiera españoles para desarrollar los trabajos, el porcentaje asciende al 57,5% en 2006/2007; tendencia que contrasta con la evolución real de la tasa de paro; en 1997/1998 los parados alcanzaban el 20,1% de la población activa, y en 2006/2007 la tasa descendió hasta el 9,9%.

Incluso, la evolución responde a tres momentos distintos dentro de la propia década analizada. En un primer momento, 1997-1999, el sentimiento se mantiene casi constante, alrededor del 1,4. Con la entrada del nuevo milenio, se produce un impulso, y el rechazo llega hasta el 2,1. Por último, desde 2004 hasta 2007 la tendencia es a incrementarse

De igual modo, la inseguridad de carácter político también se ha ido incrementando a lo largo de los años. Si en 1997/1998 el 41,6% estaba en contra de destinar dinero para

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la integración social de los inmigrantes, la situación se acentúa hasta llegar al 57,9% una década después. También, si el 29% de los españoles estaba a favor en 1997/1998 de la regularización de los inmigrantes, el porcentaje desciende hasta situarse en el 8,8% en 2006/2007. Por tanto, y como consecuencia de todo lo anterior, una parte importante de los españoles se posiciona con una concepción de la nación étnica, en vez de una cívica.

rimenta el país en esa década, en la que se pasa de las mayores tasas de desempleo a una de las más bajas. En un segundo paso del análisis sobre el sentimiento antiinmigrante, se han estimado, en función de las variables individuales y contextuales, dos modelos de regresión (véase la tabla 2). En el modelo 1 examinamos el papel que cumplen las variables que generan amenaza e inseguridad, así como el contacto intergrupal. En el modelo 2 añadimos las variables individuales.

Por último, el contacto intergrupal, si bien aún es reducido, está aumentando. Así, por ejemplo, en el bienio 1997/1998, el 94,4% de los españoles no tenía ningún tipo de amistad con algún inmigrante, el 78,2% no había mantenido ninguna conversación y el 95,9% declaraba no compartir trabajo con inmigrantes. Una década después las cifras se suavizan algo: sólo el 20% declara tener amistad con algún inmigrante, el 72,3% no ha mantenido ninguna conversación y el 72,5% sigue sin compartir trabajo.

En el primero, bienio 1997/1998, se observa que tanto las variables de la amenaza como las de inseguridad son buenas predictoras del sentimiento. Más concretamente, y por este orden: la amenaza percibida, destinar dinero a las políticas de integración, efectos negativos sobre la cultura de origen y permitir la entrada de inmigrantes cuando no haya españoles para realizar las actividades, todas ellas con signo positivo sobre el sentimiento antiinmigrante. Es decir, cuanto mayores puntuaciones alcanzan éstas, más dosis de xenofobia se produce. Con menor peso aparece la población real, y con signo negativo, regularizar a los inmigrantes. En las variables del

En cuanto a las variables individuales, destaca la reducción sustancial de población que declara tener ingresos bajos (13,6% en 1997/1998 y 3,9% en 2006/2007), situación que se corresponde con el progreso económico que expe-

Tabla 1. Evolución de las estadísticas descriptivas de las variables del análisis (%) Variables Amenaza

Inseguridad

Contacto

intergrupal

1997/1998

2006/2007

Población real (Tasa)

1,6

Población percibida (Demasiadas)

26,8

61,9

Evaluación de los efectos en nuestra cultura (Malos)

17,4

36,5

Admisión de inmigrantes sólo cuando no haya españoles (De acuerdo)

45,5

57,5

Tasa de paro

20,1

9,9

Dinero para inmigrantes (No)

41,6

57,9

Regularizar inmigrantes (Sí)

8,8

Amistad intensa (No)

94,4

79,9

Ocasional (No)

78,2

72,3

Contacto lugar de trabajo (No)

95,9

72,5

Sexo (hombre)

48,3

48,5

Edad media

46,1

Sociodemo

Nivel educativo (universitario)

7,5

gráficas

Ingresos (bajos)

13,6

3,9

Actividad (desempleado)

9,5

5,6

Orientación política (derecha)

17,3

Estado civil (casado)

63,5

Fuente: base de datos de ASEP. Elaboración propia.

124

Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007) Juan Carlos Checa Olmos, Ángeles Arjona Garrido

Temas Varios

contacto sólo aparece con significación estadística el contacto ocasional, de manera que cuanto más veces se tenga una conversación larga con un inmigrante, menor será la percepción negativa que se tendrá sobre el grupo.

inmigración son relativamente bajas, como ocurre en 1997/1998, o durante el decrecimiento del paro durante toda la década. En el segundo modelo, con las variables individuales, los datos correspondientes a amenaza, inseguridad y contacto intergrupal se mantienen casi constantes. En 1997/1998, las siguientes variables son predictores del sentimiento negativo hacia el exogrupo: la edad, la orientación política, viaja fuera, el nivel educativo —con signo negativo—, estado civil, sexo y desempleo. O lo que es igual, al aumentar la edad, cuando se tiene ideología de derechas, no se viaja nunca fuera del país, se tiene menor nivel educativo, se está casado, se es hombre y está desempleado, es cuando se presentan las mayores dosis de sentimiento antiinmigrante.

En 2006/2007, las variables amplían su peso a la hora de explicar el sentimiento hacia el exogrupo. Para este período sobresale el rechazo a destinar dinero a la política de integración de los inmigrantes, seguido por la amenaza poblacional percibida, la cultural, y aceptar inmigrantes cuando no haya españoles para el desempeño. Ahora, con signo negativo vuelve la regularización, y con menor peso con respecto a la fecha anterior, la tasa de paro. Y en el contacto intergrupal, las relaciones intensas con inmigrantes aparecen por primera vez con significación estadística, de modo que cuanto más intenso es el contacto, más se reduce la xenofobia.

En 2006/2007, ser hombre y estar desempleado son las variables sociodemográficas más importantes a la hora de predecir el sentimiento hacia el exogrupo, a pesar de que es el momento en que existe menor tasa de desempleo en el período analizado. También en esta fecha, los niveles de estudios e ingresos pierden su capacidad de predicción.

En consecuencia, son más importantes la amenaza percibida —creada por diferentes agentes e instituciones— y la competencia económica y política a la hora de crear sentimientos hacia los inmigrantes, que la población real o la tasa de paro. Incluso cuando las tasas de

Tabla 2. Efectos de las variables independientes sobre el sentimiento anti-inmigrante 1997-1998

Variables

Amenaza

Contacto

intergrupal

Individuales

Modelo 2

Modelo 1

Modelo 2

Población real

0,030**

0,022**

0,038**

0,034**

Población percibida

0,190*

0,186*

0,320*

0,312*

Efectos sobre cultura

0,170*

0,162*

0,218*

0,220*

Inmigrantes cuando no haya españoles

0,168*

0,162*

0,100*

0,098*

0,001***

0,002***

-0,030**

-0,032**

0,179*

0,177*

0,377*

0,378*

Tasa de paro Inseguridad

2006-2007

Modelo 1

Destinar dinero a inmigrantes (No) Regularizar

-0,082

-0,073*

-0,103*

-0,098*

Intenso (No)

0,004***

0,008***

0,104*

0,107*

Ocasional (No) Lugar de trabajo (No)

0,031**

0,026**

0,018**

0,026**

-0,020***

-0,021***

-0,026***

-0.026***

Sexo (hombre)

0,031**

0,044**

Edad media

0,097*

0,023*

Nivel educativo (universitario)

-0,045**

-0,017***

Ingresos (bajos)

0,028***

-0,027***

Actividad (desempleado)

0,019**

0,040**

Orientación política (derecha)

0,061**

0,024**

Estado civil (casado)

0,038**

-0,005***

0,393

Coeficiente R2

Fuente: base de datos ASEP. Elaboración propia. *P < 0.00; **P < 0.05; *** P <0.200

125

0,418

0,384

0,392

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Discusión y conclusiones

en miedo por hiperextranjerización; por eso, algunas comunidades autónomas con poca tasa de inmigración presentan un sentimiento antiinmigrante mayor que otras donde residen más inmigrantes (Díez 2005; Escandell y Ceobanu 2009). O lo que es igual, la inmigración es vista como un problema, antes que como un fenómeno propio de la sociedad internacional, que, a lo sumo, acarrea grandes retos.

Desde principios de los noventa del siglo pasado, España ha recibido un importante flujo de inmigrantes, diverso en cuanto al origen. Este artículo analiza la imagen que los inmigrantes extranjeros tienen en España, ya que las opiniones y actitudes sobre los inmigrantes representan nuevas formas de racismo y xenofobia. Para ello se han elegido varios momentos: uno, en situación de crisis económica y reducidas tasas de inmigración; dos, en el punto álgido de la expansión económica y consolidación de las migraciones.

Por ello, el Colectivo Ioé (1995) encontró —en su estudio del discurso de los españoles sobre los inmigrantes, en relación con el número de inmigrantes y la situación económica— que el discurso se resumía así: primero los nacionales, cuando no alcanza para todos, o como ellos mismos lo recogen en una frase: “Ojo, primero los españoles, después veremos. ¡Que estamos en España!”.

Más específicamente, y siguiendo las premisas teóricas, el artículo examina la siguiente proposición: la visión negativa hacia los inmigrantes se acentúa con el aumento de la población extranjera (sentimiento de amenaza), así como con la diferencia (cultural) entre los nacionales y extranjeros. También se hace más pronunciada entre los individuos que tienen una situación socioeconómica vulnerable, así como entre quienes ostentan una ideología política conservadora.

Pero la amenaza trasciende lo numérico para consolidarse también en lo identitario. Tal y como nos recuerda Worchel (1998), cualquier tipo de identidad grupal sirve de base para el conflicto, que se inicia en el momento que se adscribe a un “contenido étnico” con base en estereotipos. Algunos inmigrantes (más unos que otros) pasan a conceptualizarse como “culturalmente incompatibles”. Se distinguen por la exageración de las diferencias culturales, a través del prejuicio sutil, frente a las genéticas. Se percibe la cultura como un rasgo heredado del que nadie puede desprenderse, o lo que es igual, existe “una concepción genealógica y, por tanto, racial, de la cultura y su transmisión” (Todd 1996, 343). No obstante, tal y como muestra el Colectivo Ioé (1995), en España este discurso toma varias formas: primero, en calidad de cosmopolitismo etnocéntrico, el cual sostiene que las diferencias fundamentales no se establecen entre ciudadanos de uno u otro país, sino entre grupos con distinto grado de civilización, especialmente los procedentes de los países musulmanes, y segundo, etnocentrismo localista, que desarrolla un discurso identitario cerrado, en el cual la asimilación cultural y legal es un requisito; de ahí que los inmigrantes irregulares sufran las mayores dosis de rechazo.

Lo primero que los datos han demostrado es que la hostilidad hacia los inmigrantes se ha ido incrementando con el paso del tiempo: si en 1997/1998 el índice tenía 1,4 como media, en 2006/2007 llega a 2,4. Ahora bien, esta tendencia no se explica únicamente por el incremento de la población real en poco tiempo; ésta sólo es el desencadenante al principio de la llegada de los flujos, puesto que la diferencia entre la predicción del sentimiento en 1997/1998 no dista mucho una década después; por tanto, el sentimiento responde a prácticas discursivas cotidianas y/o institucionalizadas. La construcción de la inmigración a través de su número como una invasión no es per se, sino que responde a una construcción simbólica producto de alocuciones provenientes de diversos actores y escenarios sociales en los que destacan, especialmente, los discursos políticos (Zapata-Barrero 2009) y medios de comunicación (Checa y Arjona 2011; Igartua y Muñiz 2004; Lorite 2007; Van Dijk 2003). Para referirse al número de inmigrantes, normalmente, se hace referencia a metáforas que poco tienen que ver con la cuantificación de los flujos. De este modo, se define la llegada de inmigrantes como oleadas, avalanchas, invasión, etc., denominaciones que promueven la idea de que son demasiados y que provocan hostilidad y miedo. Sumado a que los inmigrantes se hacen cada vez más visibles cuando instalan sus propios negocios, lugares de culto, ocupan espacios públicos, etc., aumentando su percepción como amenaza.

De este modo, los inmigrantes se enfrentan al rechazo abierto o a una “integración” subordinada, puesto que las creencias de los otros son, casi siempre, vistas como elementos de fundamentalismo, lo que equivale a focos de conflicto o de choque, sobre todo si se trata de musulmanes, que se toman como el arquetipo a través del cual se piensa en la inmigración. Por eso, la mejor respuesta a esta situación es la asimilación cultural y la negación del pleno derecho de la ciudadanía; incluso por aquellos que no se consideran racistas.

De esta forma, el inmigrante es el otro, y esto lleva a pensarlo como diferente, que en unos casos se traduce

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Temas Varios

De ahí que parte de la población española sostiene que la llegada continua de población extranjera provoca efectos negativos en la cultura nacional, y que no debe destinarse dinero para su integración, ni debe ser regularizada. Más aún, en los discursos de algunos partidos políticos sobresalen estructuras semánticas que resaltan la diferencia de apariencia, cultura y conducta; o la desviación de las normas y de los valores, que toman forma en lemas del tipo “defiende tu identidad”, “defiende tus derechos”. Todo esto alentado con una conciencia nacionalista basada especialmente en lo étnico. Se exige para otros lo que incluso no tiene ni el propio nacional.

población nativa. Sin embargo, en etapas de recesión la competencia alcanza a un número mayor de pobladores autóctonos, tal y como ocurre en la actualidad, cuando un gran número de españoles que han perdido su trabajo ahora lo buscan en segmentos laborales ocupados por los inmigrantes desde hace dos décadas. Algunos de estos segmentos son agricultura, servicios de proximidad —cuidado de ancianos y niños, limpieza doméstica, etcétera— y construcción. Por esto, Rinken y Velasco (2010), en un estudio cualitativo para Andalucía, sostienen que se ha reducido el discurso solidario y funcionalista —los inmigrantes son necesarios—, para aumentar otro excluyente y desconfiado.

La identidad española se ha configurado en oposición al “otro”, y se ha definido a partir de dimensiones de naturaleza abstracta y simbólica, más que de cualidad. O lo que es igual, los patrones culturales que se definen como propios y que dibujan la identidad española —tales como el idioma, las creencias religiosas, gastronomía o festividades, entre otros—, no sólo no son propios, puesto que son visibles en muchos otros lugares de fuera del Estado español, sino que parte de la población nacional no se identifica con ellos; de ahí que la naturaleza de la identidad nacional sea imprecisa. Más aún, en el marco del Estado español, varios territorios reivindican para sí una identidad singular, no sólo con base en el idioma, como puede ser el caso del catalán, euskera o gallego, sino también basados en costumbres y tradiciones. En suma, la propia Constitución española reconoce la diversidad lingüística y cultural del país.

No obstante, en nuestro caso hemos comprobado que en el período analizado esta situación es secundaria a la hora de manifestar el sentimiento negativo hacia el exogrupo. En 1997 España estuvo sometida a una crisis económica que llevó la tasa de paro a cifras muy elevadas, pero mantenía una de las tasas de extranjería más bajas en la Europa de esos años; con una xenofobia más reducida que en períodos posteriores, especialmente en el bienio 2006/2007, cuando se alcanzaron mayores niveles de crecimiento económico y menores tasas de desempleo de la historia, pero, por el contrario, la tasa de inmigración superó más del 10% de la población.10 Realidad que se ve ratificada cuando la tasa de paro real en el primer período no tiene significación estadística a la hora de predecir la variabilidad del sentimiento antiinmigrante, y sí sucede posteriormente. Proponemos que la explicación de esta realidad tiene mucho que ver con el papel que han desempeñado los medios de comunicación de masas en este período, puesto que en éste son casi incalculables los encuadres noticiosos que hacen referencia a los inmigrantes, utilizando conceptos como los de avalancha. Por eso, Igartua y Muñiz (2004) encuentran una correlación positiva y significativa entre el número de noticias publicadas por los diarios de información general y el porcentaje de encuestados que indican los problemas de la inmigración para el país. Asociación que pone de manifiesto que la cobertura informativa se puede convertir en un factor fundamental a la hora de considerar el fenómeno migratorio como un problema y, por extensión, en una fuente de prejuicios y estereotipos que derivan en racismo.

El sentimiento de amenaza, en tiempos de crisis económica, se ve complementado sobre todo por el de competencia sobre los recursos limitados, tales como el empleo, la vivienda, la sanidad, etc., lo que lleva también a magnificar la presencia de los inmigrantes. De ahí que un número importante de españoles opine que sólo deben aceptarse inmigrantes cuando no se encuentren españoles para hacer su trabajo. Atendiendo a lo anterior, se supone que la estabilidad económica se verá afectada en épocas de crisis al reducirse las posibilidades en el mercado laboral, menoscabando la calidad de los empleos. Más aún, como apunta Martínez (1998), en el mercado de trabajo, en épocas de crecimiento económico, existe una sustitución de la mano de obra local por la extranjera, especialmente en aquellos trabajos del mercado secundario donde también se produce una complementariedad laboral. De esta manera, la competencia por los recursos con los inmigrantes sólo queda reducida a ciertos estratos de la

10 Señalamos que la crisis actual (2008-2013) presenta indicadores macro y microeconómicos peores que los alcanzados en la de 19961997, reflejando una crisis más profunda. No obstante, teniendo en cuenta los barómetros del CIS, la inmigración aparece, en la actualidad, como el décimo cuarto problema de los españoles.

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También, la variable individual de desempleado tiene mayor peso en las etapas de expansión económica, con mayor tasa de inmigración. Esta situación responde a que, en un principio, el mercado laboral que ocupan los inmigrantes (agricultura y construcción, principalmente) es complementario del desempeñado por los propios. Incluso, la discriminación laboral sobre los primeros permite a estos últimos acceder a empleos para los cuales inicialmente no tienen la cualificación. Sin embargo, con el paso del tiempo los inmigrantes han ido ocupando otros nichos laborales (sector servicios) que sí han comportado competencia con la población original, en especial con aquellos que presentan mayores desventajas (por ejemplo, nivel educativo bajo). Más aún, un número importante de la población nacional percibe la competencia también en los beneficios del Estado de Bienestar —vivienda, educación o sanidad—; por eso, de manera minoritaria destinarían dinero para el proceso de integración de los inmigrantes o los regularizarían.

inmigrantes en España no debería ser influyente. Pero el problema reside en que algunas de estas propuestas son recogidas en los programas electorales de otros partidos que no sólo tienen representación política en el Parlamento, sino que ocupan el poder en la mayoría de las administraciones locales y regionales, así como en el Gobierno nacional. Éste es el caso del Partido Popular, que en su programa electoral incluyó exigir un contrato de integración a los inmigrados, en el que éstos demostraran conocimiento cultural e histórico de España; expulsar a los que han entrado de forma irregular; limitar las reagrupaciones, etc. Más aún, con su llegada al poder han reducido sus derechos, como facilitar un acceso universal y gratuito al sistema sanitario para los indocumentados, reduciéndolo al uso de los servicios de urgencia, pero no de especialistas.12 De manera que los inmigrantes deben pagar la consulta de médicos privados. Es cierto que se opta por esta medida en períodos de crisis, justificada por el Gobierno con base en el ahorro económico, pero esta acción, u otras, tales como limitar la reagrupación familiar, derechos ya alcanzados por los inmigrantes, se incluyen dentro del ideario político sobre inmigración. Sobre este punto, podemos referirnos a lo que Zapata-Barrero (2009) ha llamado gobernance hypothesis, para mostrar que si el Gobierno afrontara la integración de los inmigrantes de forma inclusiva, ofreciendo una ciudadanía cívica —derechos humanos—, en vez de credencialista —estar regulado—, dejara de transmitir a la población los esfuerzos que se realizan en el control de los flujos o abandonara las estrategias de asimilación, el sentimiento negativo hacia el exogrupo sería aún mayor. Por eso, cuando se han producido los diferentes procesos de regularización masiva, los barómetros del CIS han mostrado que la inmigración se ha convertido en uno de los principales problemas que tiene el país.

La “problematización” de la inmigración tiene a su vez una de sus raíces en los partidos políticos. Es cierto que en España existen diversos partidos políticos de extrema derecha con un claro discurso antiinmigración, entre los que destacamos España 2000 y Democracia Nacional, pero ninguno ha alcanzado representación política ni en los parlamentos regionales ni en los nacionales. En sus programas electorales se puede leer que la inmigración masiva11 resulta problemática, fundamentalmente en etapas de recesión económica (Solana 2009) como la que sufre España en la actualidad. En algunos de estos discursos se culpa a la inmigración del deterioro del Estado Social: reciben del Estado más de lo que aportan, incrementan los índices de violencia y delincuencia, quitan los trabajos a los españoles y reducen sus sueldos. Pero también sostienen que la inmigración es un peligro para la identidad nacional y cultural del país y, por ello, genera inevitablemente conflictos interétnicos. Ante esta situación proponen como solución el cierre de fronteras y la expulsión de los inmigrantes irregulares, forzar la asimilación de los patrones culturales españoles, e incluso limitar los derechos de los inmigrados.

Por último, las actitudes hacia el exogrupo se fundamentan en prejuicios y estereotipos que se construyen y consolidan por la falta de contacto intergrupal. Para la mayoría de los españoles los resultados han mostrado que, aunque existe un incremento, las relaciones son reducidas, tanto en lo afectivo como en el contacto ocasional. Esta ausencia no se debe tanto a la ausencia de

Partiendo de la base que estas propuestas son propias de partidos políticos de extrema derecha sin representación parlamentaria, el papel de estos discursos anti-

12 Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, e incluso algunas regidas por el PP, están incumpliendo la ley, al amparo de que las competencias en materia sanitaria son transferidas a las comunidades autónomas. También, muchos médicos están haciendo objeción de conciencia ante tal situación.

11 En ambas formaciones sostienen que una tasa inferior al 5% de población extranjera es aceptable, pero que el incremento de esta cifra genera desajustes en todos los campos de la sociedad.

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Temas Varios

espacios comunes, sino que es fruto de la instrumentalización del inmigrante como agente que degrada. Esto lo podemos comprobar, sobre todo, a través de los matrimonios mixtos. Si bien es cierto que —según los resultados que ofrece la fuente estadística del Movimiento Natural de Población (MNP) elaborada por el INE— el número de parejas entre españoles e inmigrantes va aumentando paulatinamente, no lo es menos que el lugar de elección de los cónyuges empieza a estar cada vez más consolidado, a saber: las mujeres españolas contraen mayoritariamente con parejas europeas, y los hombres, con latinoamericanas y europeas.

sión como un discurso igualitarista paternalista, y Rinken y Velasco (2010) lo llaman solidario y funcionalista. La segunda dimensión se relaciona con aspectos laborales: mano de obra barata, trabajadores explotados o estrategias para ganarse la vida. Y la tercera dimensión se refiere a la riqueza, o bien por su aportación cultural, a través del posible mestizaje, o bien por el beneficio económico que aportan los inmigrados a las arcas del Estado o la posibilidad de movilidad social ascendente que facilitan a la población nacional (Pajares 2010). Y, evidentemente, aunque nuestros datos no recogen de manera específica las diferencias por orígenes, las actitudes de los españoles varían en función de la procedencia de los inmigrantes, tal y como muestran otras investigaciones (véanse, entre otros, Díez 2005; Lorite 2007; Pérez Yruela y Desrues 2005). Los latinoamericanos, debido a las similitudes culturales por el idioma y la religión, como apuntábamos más arriba, son los elegidos (Izquierdo, López y Martínez 2003), puesto que gozan de mayores dosis de xenofilia, tanto de la población como de las acciones políticas. Actitudes que en ciertas ocasiones están siendo empañadas por las noticias que se ofrecen de las bandas latinas o de la prostitución. De igual modo, los europeos también son bien vistos, hasta el punto que algunos dejan de ser inmigrantes, para ser llamados turistas o guiris, y otros, en especial los llegados del Este, por su capacidad de asimilarse a nuestras pautas culturales; aunque como en el caso anterior, las continuas noticias sobre actos delictivos cometidos por bandas llegadas desde Rusia, Bulgaria o Rumania están empeorando su percepción. Por último, los africanos son el colectivo peor valorado, a partir de la distancia cultural que se les atribuye, por un lado, y por ser el colectivo que mayor irregularidad presenta, por otro. De ahí que, como consecuencia, los inmigrantes irregulares generen un mayor rechazo que los regulados.

En definitiva, y de acuerdo con los resultados de la percepción que la sociedad española muestra sobre los inmigrantes, existen tres “tipos ideales” de personas (Cea DÁncona 2009): el utilitarista, el diferencialista y el pluralista. El utilitarista refleja una concepción instrumental y económica de la migración. Los inmigrantes son percibidos únicamente como fuerza de trabajo que debe ser utilizada, siempre y cuando no exista población nacional para realizar esas actividades. El diferencialista pone el acento en cuestiones culturales, es decir, no entiende a los inmigrantes sin su contenido étnico, cuya respuesta es un marcado etnocentrismo y ataque a la homogeneidad. Por último, el grupo pluralista, cada vez más minoritario, presenta valores tolerantes y de reconocimiento de la población extranjera. De este modo, la población española xenofílica (Cea DÁncona 2009; Cea DÁncona y Valles 2012) se adscribe a este tipo de ideal a través de unos discursos que asocian la inmigración a un fenómeno de necesidad, especialmente en épocas de bonanza (Rinken y Velasco 2010). Por ello, y como apuntan Cea DÁncona y Valles (2012), se distinguen tres dimensiones: una vinculada a la carencia, en cuyo discurso aparecen los conceptos de pobreza —hambre o subsistencia, como ejes principales—, desarraigo —tristeza— y prosperidad —supervivencia—. En una línea similar, Retis (2004) habla de discursos de compasión cuando estudia la opinión que los medios de comunicación transmiten de algún colectivo latino,13 e incluso, el Colectivo Ioé (1995) se refiere a esta dimen-

En resumen, en sociedades cada vez más multiétnicas se deben hacer esfuerzos para potenciar la visión pluralista, a sabiendas de que tanto los medios de comunicación como los discursos políticos deben cambiar totalmente sus estrategias, puesto que, para ambas fechas, la amenaza percibida —identitaria y poblacional—, junto a las posibles acciones políticas —regularizar—, son los principales ejes explicativos del sentimiento antiinmigrante, y casi con independencia de la situación económica real. En caso contrario, tal y como ha ocurrido hasta la actualidad, se irán sucediendo actos xenófobos hacia colectivos o individuos.

13 Más concretamente, descubre que este sentimiento de empatía sobresale con los ecuatorianos, en especial a partir del accidente en el que murieron doce personas de esta nacionalidad tras ser arrollado su coche por un tren, cuando iban a trabajar a las explotaciones agrícolas murcianas, puesto que tras este suceso ponen énfasis, y se visibilizan las pésimas condiciones laborales que padecen. Sin embargo, los colombianos, a partir de los titulares periodísticos, infunden temor.

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Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información propuestas desde 2000 hasta 2011* Mayda Patricia González Zabalav – Jenny Marcela Sánchez TorresD Fecha de recepción: 7 de octubre de 2011 Fecha de aceptación: 5 de julio de 2012 Fecha de modificación: 15 de marzo de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.10

RESUMEN Colombia ha puesto en marcha diferentes estrategias orientadas a desarrollar la Sociedad de la Información (SI) buscando mejorar el crecimiento económico y la participación de los ciudadanos. Para comprender las acciones adelantadas, se realizaron tres tipos de análisis: los sectores que apoyan, su población objetivo, y si tienen asociados elementos de e-inclusión, es decir, elementos que permitan la inclusión de la población en la SI. Los resultados evidencian que se están apoyando los sectores de educación, gobierno, competitividad y cultura; la población beneficiaria son los ciudadanos; específicamente, hay cuatro iniciativas que se enfocan en tres grupos vulnerables: minorías étnicas, discapacitados y población de bajos recursos; y las iniciativas se enfocan en generar las condiciones necesarias para desarrollar la SI.

PALABRAS CLAVE Sociedad de la Información, e-inclusión, políticas públicas, brecha digital, Colombia.

Analysis of Information Society Inclusion Strategies of the Colombian Government Proposed Between 2000 and 2011 ABSTRACT Colombia has implemented various strategies to develop an Information Society —IS— aiming to improve economic growth and citizen participation. In order to better understand these actions, three analyses were proposed: i) supporting sectors of society; ii) the target population; and iii) the elements of e-inclusion, i.e. elements that allow the inclusion of the population in the IS. The results show that the sectors supported are: education, government, competitiveness, and culture; citizens are the target population of Colombian initiatives; specifically, there are four initiatives which target three vulnerable population groups: ethnic minorities, disabled people, and low income groups; and the efforts of the Colombian government have focused on a creating the conditions necessary for developing IS.

KEY WORDS Information society, strategies, e-inclusion, Colombian government, analysis.

* v

Este artículo es resultado de la investigación de la tesis doctoral “Propuesta de un modelo para evaluar la e-inclusión. El caso colombiano”, financiada por el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias) y la Universidad del Magdalena, Colombia. Magíster en Informática por la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Profesora asistente de la Universidad del Magdalena (Colombia) y miembro del Grupo de investigación y desarrollo en organizaciones, sistemas y computación (GIDOSC) de la misma universidad (Grupo reconocido por Colciencias). Coautora, junto con Jenny Marcela Sánchez Torres, de La sociedad de la información: génesis, iniciativas, concepto y su relación con las TIC. UIS Ingenierías 11, n° 1 (2012): 113-128. Correo electrónico: mpgonzalez@unimagdalena.edu.co Doctora en Economía y Gestión de la Innovación y Política Tecnológica por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Profesora asociada de la Universidad Nacional de Colombia y miembro del Grupo de investigación en gestión y organización (Griego) de la misma universidad (grupo reconocido por Colciencias). Coautora, junto con Mayda Patricia González Zabala, de Análisis de variables e indicadores empleados para medir la sociedad de la información. Ingeniare. Revista Chilena de Ingeniería 30, n° 3 (2012): 433-446. Correo electrónico: jmsanchezt@unal.edu.co

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Análise das estratégias do Governo colombiano para a inclusão dos cidadãos na Sociedade da Informação propostas desde 2000 até 2011 RESUMO A Colômbia vem implementando diferentes estratégias orientadas ao desenvolvimento da Sociedade da Informação (SI) ao buscar o melhoramento do crescimento econômico e da participação dos cidadãos. Para compreender as ações superadas, realizaram-se três tipos de análise: os setores que apoiam, sua população-alvo, e se têm associados elementos de e-inclusão, ou seja, elementos que permitam a inclusão da população na SI. Os resultados evidenciam que se estão apoiando os setores de educação, governo, competitividade e cultura; a população beneficiária são os cidadãos; especificamente, há quatro iniciativas que se enfocam em três grupos vulneráveis: minorias étnicas, pessoas com necessidades especiais e população de baixa renda; e as iniciativas se enfocam em gerar as condições necessárias para desenvolver a SI.

PALAVRAS-CHAVE Sociedade da Informação, e-inclusão, políticas públicas, brecha digital, Colômbia.

as Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) han venido transformando social, económica y culturalmente el mundo. Su desarrollo ha generado nuevas posibilidades y transformado aspectos como las modalidades de comunicación entre personas, la manera de hacer los negocios entre las empresas y la forma de trabajar, entre otros. Este cambio se ha dado, antes que todo, como resultado del desarrollo y uso de aplicaciones en diferentes ámbitos, por ejemplo, en la educación, con el desarrollo del e-learning, o en el gobierno, con la realización de trámites como el pago de impuestos (e-gobierno) (Sánchez, González y Sánchez 2012). Este fenómeno se ha denominado como una nueva sociedad, la Sociedad de la Información (SI), en donde surgen nuevas opciones para el incremento de la productividad, el desarrollo económico y social, en especial en los países desarrollados, así como una estrategia de progreso de los países en vía de desarrollo (Sánchez 2006).

dad, así como a desarrollar iniciativas conjuntas en los ámbitos supranacional y regional.1 Uno de los esfuerzos más importantes en este sentido se dio en la “Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información — CMSI” (UTI y Naciones Unidas 2003). En este evento, 175 países, incluido Colombia, firmaron la “Declaración de Principios de Ginebra”, la cual promulga que: Nosotros, los representantes de los pueblos del mundo, […] declaramos nuestro deseo y compromiso comunes

de construir una Sociedad de la Información centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento, para que las per-

sonas, las comunidades y los pueblos puedan emplear

plenamente sus posibilidades en la promoción de su

desarrollo sostenible y en la mejora de su calidad de vida, sobre la base de los propósitos y principios de la

Carta de las Naciones Unidas y respetando plenamente

y defendiendo la Declaración Universal de Derechos

Dado el propósito de la SI, varios países del mundo han buscado superar las brechas sociales, económicas y de oportunidad de la población a través de la implementación de este modelo de sociedad, con lo cual la SI se constituye en una estrategia para el desarrollo, el progreso y la prosperidad de la población (Cepal 2005; Sánchez 2006; Katz y Rice 2002). Para la implementación de la SI se han tomado acciones encaminadas a incentivar la incorporación de TIC y el uso de internet en los diferentes ámbitos de la socie-

Humanos. (CMSI 2003)

Por su parte, en la misma cumbre, la sociedad civil propuso su visión y objetivos alineados con la “Declaración de Principios de Ginebra” estableciendo como compromiso:

1 Ver: Sánchez, González y Sánchez (2012), eLAC (2008), European Commission (2008), eLAC (2007), UTI y Naciones Unidas (2003) y CMSI (2003).

134

Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos Mayda Patricia González Zabala, Jenny Marcela Sánchez Torres

Temas Varios

Nacional de Planeación [DNP] 1998). En este sentido, el Gobierno nacional ha definido como visión para el año 2019 la premisa enunciada así: “todos los colombianos conectados e informados, haciendo uso eficiente y productivo de las TIC para mejorar la inclusión social y la competitividad” (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones [MinTIC] 2010a).

[…] el constituir sociedades de la información y la comunicación centradas en la gente, incluyentes y equita-

tivas. Sociedades en las que todas y todos puedan crear, utilizar, compartir y diseminar libremente la información y el conocimiento, así como acceder a éstos,

con el fin de que particulares, comunidades y pueblos sean habilitados y habilitadas para mejorar su calidad de vida y llevar a la práctica su pleno potencial.

De lo anterior surgen dos inquietudes: 1) conocer qué estrategias ha implementado el Gobierno colombiano en el proceso de asumir y desarrollar la SI como modelo de sociedad; y 2) conocer cómo esas estrategias apuntan a la inclusión social. Para dar respuesta a las preguntas planteadas se realizó, en el marco de la tesis doctoral Propuesta de un modelo para evaluar la e-inclusión. El caso colombiano (González 2010), una investigación conformada por dos etapas: 1) identificación de acciones adelantadas por el Gobierno colombiano en pro de la incorporación de la SI como modelo de sociedad, para lo cual se revisaron como fuentes primarias los documentos oficiales disponibles en el el sitio oficial del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), identificando los propósitos, población objetivo y alcance de las inciciativas propuestas en el período de estudio, y 2) análisis de los resultados obtenidos en relación con la inclusión social de los ciudadanos a la SI, para lo cual se identificaron, a través de una revisión teórica, los factores que viabilizan la inclusión digital. A continuación se presentan el marco teórico que sustenta el análisis propuesto, los resultados y las conclusiones obtenidas, así como la bibliografía que sustenta el presente trabajo investigativo.

(CMSI 2003, énfasis de las autoras)

En otras palabras, existe consenso en buscar, no sólo el crecimiento económico y las mejoras en la productividad, sino que todas las personas y comunidades puedan acceder, participar y aprovechar las oportunidades y beneficios de la SI, con el fin de que se puedan desarrollar de forma plena y sostenible. Sin embargo, se ha detectado que a pesar de los compromisos conjuntos y los esfuerzos realizados, el desarrollo de la SI es desigual en su impacto social y económico en los distintos países y regiones (Becerra 2003). Esta situación se debe a que 1) existen heterogeneidades económicas y sociales entre los países, y dentro de cada uno de ellos; y 2) las acciones adelantadas para impulsar la SI varían entre los países.2 En consecuencia, la posibilidad de incorporarse a la SI y acceder a sus beneficios está mediada por las circunstancias políticas, económicas, sociales y culturales existentes.3 Así mismo, cabe destacar que el desarrollo desigual de la SI puede llevar a que se generen nuevas brechas o se ahonden las existentes (Salazar 2003 y 2004; Díaz et al. 2003), por lo cual es importante conocer los esfuerzos que se han hecho en Colombia para desarrollar la SI.

La Sociedad de la Información (SI)

En este orden de ideas, y dada la importancia de la SI, desde los años noventa varios organismos supranacionales y nacionales se han interesado en proponer sistemas de evaluación para medir su avance, con el fin de hacer comparaciones en el tiempo y entre regiones, así como para brindar elementos que permitan hacer ajustes a las políticas implementadas (Bianco et al. 2003a; Lugones et al. 2003). Por ejemplo, en la “Agenda de Túnez para la Sociedad de la Información” (CMSI 2006a) y en el “Compromiso de Túnez” (CMSI 2006b) se hizo explícita la necesidad de ir evaluando los acuerdos establecidos en la Cumbre mundial de la SI.

De acuerdo con Castells (2006), el surgimiento de la SI se da a finales de los años sesenta y a mediados de los años setenta, a partir de la convergencia de tres procesos independientes: 1) la crisis económica y el agotamiento del patrón de acumulación característico del desarrollo industrial, manifestado en conflictos obreros que llevaron al debilitamiento de la productividad del trabajo (Bergonzelli y Colombo 2006); 2) el surgimiento de los movimientos sociales y culturales que cuestionaron la cultura precedente, tales como el feminismo, el ecologismo, el antiautoritarismo, la defensa de los derechos humanos, y 3) la revolución de la tecnología de la información (TI), lo cual permitió que se diera una redefinición histórica de las relaciones de poder, de producción y de experiencia sobre las que se basan las sociedades. Cabe destacar que dichas ideas se enmarcan en fundamentos positivistas, en donde se asocian el progreso, el bienestar y la ausencia de conflicto como variable funcional (Becerra 2003; Banegas 2003).

Colombia no es ajena a los cambios que se han generado ni a los compromisos establecidos; por lo cual ha diseñado y puesto en marcha estrategias orientadas a la incorporación de dicho modelo de sociedad (Departamento

Al respecto, ver: Comisión Europea (2008), Cepal (2007) y Bianco et al. (2003b).

Ver: Calderón et al. (2008), Cepal (2007) y Chen y Wellman (2004).

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Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224. ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 133-146.

Por su parte, Becerra (2003) establece que entre las causas del origen de la SI se encuentran el agotamiento y la posterior modificación de las estrategias de crecimiento, con el salto tecnológico. Asimismo, es importante destacar que todas las teorías del cambio social que han trabajado en explicar y denominar la transición de un orden industrial a un nuevo orden social han encontrado en común el atribuir a las TIC un rol importante y decisivo en los nuevos tipos de comunicación asociados a ellas, a pesar de que difieren en las formas y características de dicho orden social (Commission to the Council et al. 2007).

La e-inclusión también es denominada por algunos autores como la segunda brecha digital, dado que apunta al aprovechamiento de las TIC y la participación de las personas que tienen acceso a ellas (Trucano 2010; European Commission 2009), llevando a un segundo nivel la brecha digital (digital divide), la cual se enfoca en el acceso a las TIC e internet.5 De acuerdo con Mancinelli (2007), la brecha digital tiene tres facetas: la brecha digital temprana o brecha de acceso, la cual considera la brecha entre quienes tienen y no tienen acceso; la brecha digital primaria o brecha de uso, que se concentra en los que tienen acceso pero no son usuarios; y la brecha digital secundaria o brecha de calidad de uso, que mira las diferencias entre la participación de los que tienen acceso y los usuarios.

La SI ha sido definida como “la sociedad que considera que el motor del desarrollo social y económico está en la información y el conocimiento, a través de la implantación y el uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en todos los ámbitos”, en donde “todos los ámbitos” hace referencia a promoción y gestión, administración digital, formación y divulgación, e infraestructuras y telecomunicaciones (Sánchez 2006, 50). Entre los aspectos que la caracterizan, identificados por Sánchez, González y Sánchez (2012), están:

Es importante mencionar que la conceptualización sobre qué es la e-inclusión aún está en construcción, y hay pocos trabajos investigativos y pocas fuentes de literatura publicada sobre el tema. Autores como DiMaggio et al. (2004), Warschauer (2004), Dijk y Hacker (2003) y Hargittai (2002) coinciden en que no existe ya una única brecha digital, sino muchas brechas digitales que se solapan entre sí. En este sentido, persiste la necesidad de crear un marco teórico con el fin de entender la e-inclusión (Verdegem 2011). Al respecto, Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh (2011) han hecho una recopilación de cinco teorías y modelos adaptados a la e-inclusión.

• Su principal recurso y elemento central es la información; en ella se sustentan la economía y las relaciones sociales que estructuran la sociedad, mediante el uso de las TIC. • Cambio en los hábitos de las personas, en su forma de trabajar, en las relaciones interpersonales y en las comunicaciones. • La SI afecta a la economía, la sociedad y las organizaciones. • El concepto de SI está asociado al uso de las TIC. • Desde el ámbito empresarial se desarrollan nuevas habilidades para gestionar adecuadamente tanto los recursos tecnológicos para obtener la información como la información misma. • Desde el punto de vista político, rompe las fronteras y los límites culturales, sociales, económicos, etcétera.

La primera teoría es la propuesta de Bradbrook y Fisher (2005), conocida como las cinco Cs de la inclusión o modelo en escala. En ésta, los autores proponen como claves para la inclusión: la conectividad o el acceso a internet; las capacidades, entendidas como las habilidades para el uso de las TIC; el contenido; la confianza en el uso de las TIC, y la continuidad. La segunda propuesta es la de Dijk, siendo sus trabajos los más antiguos y citados sobre el tema. El autor propone cuatro criterios clave para la e-inclusión: el acceso motivacional asociado al interés por el uso de las TIC; el acceso material, que se enfoca en analizar la disponibilidad de acceder a TIC, en especial a internet; el acceso de habilidad asociado a las habilidades que las personas tienen para hacer uso de las TIC; y el acceso de uso, referido al uso significativo de las TIC (Dijk 2006; Dijk y Hacker 2003).

La inclusión en la Sociedad de la Información La inclusión en la SI ha sido denominada como e-inclusión o inclusión digital (e-inclusion o digital inclusion),4 y se enfoca en el aprovechamiento de los beneficios que ofrece la SI por parte de todos los ciudadanos, independientemente de sus condiciones de salud, economía, edad, género o ubicación geográfica (European Commission 2007).

La siguiente propuesta identificada es el modelo de recursos digitales, que permite determinar la exclusión. Los aspectos clave son: acceso a TIC, habilidades y actitudes frente al uso de TIC, y el acceso que las perso-

4 Ver: Dijk (2005), Hargittai (2002) y DiMaggio et al. (2004).

5 Sobre el tema, ver: Díaz et al. (2003) y Dijk (2005).

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Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos Mayda Patricia González Zabala, Jenny Marcela Sánchez Torres

Temas Varios

nas tienen a las tecnologías (Hesper 2008). La cuarta es el perfil ASA y la teoría de utilidad relativa, propuesta por Verdegem y Verhoest (2008). Esta teoría busca establecer medidas de integración y determinar perfiles de población, específicamente, grupos homogéneos. Propone como criterios de inclusión el acceso a las TIC, las habilidades y la actitud hacia la tecnología. La última

propuesta es el índice de e-inclusión, el cual pretende medir el progreso en el desarrollo de las TIC y el avance de la e-inclusión. Está estructurada en tres componentes: acceso a internet, su uso, y su impacto en la sociedad (Bentivegna y Guerrieri 2010). Una síntesis de las propuestas identificadas por Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Descripción de los modelos y teorías de e-inclusión identificados por Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh Teorías y modelos

Las 5 Cs de la e-inclusión (Bradbrook y Fisher 2005)

Modelo de los cuatro tipos 2

sucesivos de acceso.

(Dijk 2006; Dijk y Hacker 2003)

Descripción

Criterios clave •

Conectividad (acceso).

Identifica cinco criterios que influyen en

•

Capacidad (habilidades).

conocido como modelo de escala.

•

Contenido.

•

Confianza (autoeficacia).

•

Continuidad.

•

Acceso motivacional: interés en el

Se caracteriza por proponer cuatro tipos

•

Acceso material: disponibilidad de

denominados obstáculos o barreras en el

•

Acceso de habilidades: falta de

•

Acceso de uso: falta de

la e-inclusión. Este modelo también es

sucesivos de acceso, los cuales son

camino de la información y la sociedad en red.

uso de TIC.

PC e internet.

conocimientos informáticos. oportunidades de uso significativo.

Revisa los marcos que determinan la Marco de los recursos 3

digitales

(Hesper 2008)

•

Acceso a TIC.

•

Habilidades.

•

Actitudes.

•

Grado de acceso a las tecnologías.

relativa, que trata de establecer medidas de

•

Acceso a TIC.

fácilmente grupos homogéneos de

•

Habilidades.

•

Actitud hacia la tecnología.

•

Acceso a internet: redes de

•

Uso de internet: autonomía,

•

Impacto de internet: e-educación,

exclusión, tales como los factores que no son fáciles de superar por sí mismos, o

por la opción digital (escoger si se usa la

tecnología). Esta propuesta plantea cuatro categorías.

El perfil ASA y la teoría de 4

utilidad relativa

(Verdegem y Verhoest 2008)

Índice de e-inclusión: 5

enfoque múltiple

(Bentivegna y Guerrieri 2010)

Se articula en torno al concepto de unidad

integración. El método permite identificar población (perfil ASA).

El índice pretende medir el progreso

en el desarrollo de las TIC y el avance

de la e-inclusión. Se estructura en tres

componentes (acceso, uso e impacto en la calidad de vida) y en doce subíndices.

trabajo.

intensidad, habilidades.

e-salud, e-trabajo, e-gobierno, e-economía, e-cultura y comunicaciones.

Fuente: adaptado de Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh (2011).

137

Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224. ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 133-146.

Tabla 2. Síntesis de los aspectos considerados en los modelos y teorías en estudio Modelos /teorías Aspectos Acceso a internet – TIC Acceso motivacional —actitud frente a las TIC—: Confianza

Las 5 Cs de la

Modelo de los cuatro tipos

Marco de

los recursos

El perfil ASA

e-inclusión:

relativa

múltiple X

e-inclusión

sucesivos de

Contenido

Continuidad

acceso

digitales

Índice de

y la teoría

de utilidad

Impacto de internet

enfoque

Habilidades

Uso significativo

X X

Fuente: elaboración propia con base en Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh (2011), Bentivegna y Guerrieri (2010), Bradbrook y Fisher (2005), Dijk (2006), Dijk y Hacker (2003), Hesper (2008), Verdegem y Verhoest (2008).

Se puede apreciar que todas las propuestas identificadas por Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh sugieren considerar los aspectos de acceso a TIC e internet, y las habilidades en el manejo de tecnología; a su vez, cuatro de las cinco propuestas plantean tener en cuenta los aspectos motivacionales y de actitud frente a las TIC y su uso significativo. Aspectos tales como el contenido y el impacto de internet sólo son contemplados por una propuesta. La síntesis de los aspectos relacionados con la e-inclusión identificados por las propuestas en estudio se presenta en la tabla 2.

poración y aprovechamiento como una herramienta dinamizadora del desarrollo económico y social del país; tales políticas han incluido desde la regulación de las telecomunicaciones y de los servicios relacionados con internet e incentivos a las empresas para innovar hasta la modernización del Estado y la prestación de servicios en línea (Ministerio de Comunicaciones República de Colombia y Departamento Nacional de Planeación 2000). Los primeros esfuerzos se dieron en 1997, cuando se comenzaron a desarrollar iniciativas tales como:

Cabe destacar que la anterior síntesis fue realizada siguiendo los aspectos generales de las propuestas; asimismo, será tomada en consideración para realizar el análisis de las iniciativas que adelanta el Gobierno colombiano, las cuales se presentan a continuación.

• “Lineamientos para un Política Nacional de Informática”, donde se establecen los lineamientos para la política en el sector (República de Colombia 1997). • “Bases para una Política Nacional de Informática”, que establece las bases para la política en mención, y que fue creada con la participación del sector privado en el Foro Permanente de Alta Tecnología (República de Colombia 1998). • El Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002, “Cambio para Construir la Paz”, propone el uso de las telecomunicaciones como apoyo para incrementar la productividad y la competitividad (DNP 1998). • La Agenda de Conectividad, cuyo objetivo es masificar la TI para impulsar el desarrollo social y económico de Colombia (Ministerio de Comunicaciones República de Colombia y Departamento Nacional de Planeación 2000).

Identificación de acciones adelantadas por el Gobierno colombiano en pro de la incorporación de la SI como modelo de sociedad El Estado colombiano, consciente de que las TIC son un elemento importante para incrementar la competitividad del país y que son una inversión que se paga a sí misma, ha desarrollado políticas y planes orientados a establecer las acciones que permitan su incor-

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Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos Mayda Patricia González Zabala, Jenny Marcela Sánchez Torres

Temas Varios

• La Directiva Presidencial No. 02 de 28 de agosto de 2000 (República de Colombia 2000) instrumenta el obligatorio cumplimiento de la Agenda de Conectividad por parte de todas las entidades públicas, a través de la estrategia “Gobierno en Línea” (Ministerio de Comunicaciones República de Colombia y Departamento Nacional de Planeación 2000).

(MinTIC 2011a; MinTIC 2011b). Dichos proyectos tienen un ámbito de aplicación nacional, y en la actualidad se encuentran en ejecución. En la tabla 3 se presenta la descripción general de los proyectos, y luego se desarrolla el análisis de dichas propuestas.

Análisis de las iniciativas adelantadas por el Gobierno colombiano

El Gobierno, con el fin de recoger el esfuerzo realizado y orientarlo estratégicamente, establece la creación de un Plan Nacional de Tecnología de Información y de Comunicación —Plan TIC— liderado por el Ministerio de Comunicaciones, que busca ser una estrategia para generar el modelo de desarrollo denominado “la Sociedad del Conocimiento (SC)”, a través del trabajo en cuatro ejes transversales: comunidad; gobierno en línea; investigación, desarrollo e innovación, y marco normativo, regulatorio e incentivos; y cuatro verticales: educación, salud, justicia y competitividad empresarial (Ministerio de Comunicaciones 2008b). El Plan TIC fue concebido a través del Plan de Gobierno 2006-2010 (Ministerio de Comunicaciones 2006).

Para el análisis de las iniciativas que ha puesto en marcha el Gobierno colombiano se tomaron en consideración tres elementos: 1) el sector al cual pretende apoyar; 2) la población beneficiaria de cada iniciativa, y 3) la síntesis de los aspectos considerados por los modelos y teorías identificados por Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh (2011). A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los análisis.

Análisis respecto al sector que pretenden apoyar

Posteriormente, mediante el Decreto 1151 de 2008, se establecieron los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea, los cuales son de obligatorio cumplimiento para todas la entidades que hacen parte de la administración pública del país (Ministerio de Comunicaciones 2008a). Por último, con el objetivo de atender los cambios que habían surgido, el Ministerio de Comunicaciones se convirtió en el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de la Ley 1341 de 30 de julio de 2009. En esta ley se creó el marco normativo del sector y se promueve “el acceso y uso de las TIC a través de la masificación, el impulso a la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y en especial fortalecer la protección de los derechos de los usuarios” (Congreso Nacional 2009).

Para realizar el presente análisis se identificaron los sectores de la sociedad que cada una de las iniciativas pretende apoyar. En este sentido, se encontró que sólo cuatro iniciativas apuntan a fortalecer sectores a través de las TIC. Los sectores en los cuales se están desarrollando las propuestas son: educación, gobierno, competitividad y cultura. Éstos son apoyados a través de los programas Computadores para Educar (CPE), Gobierno en Línea, Mipyme Digital y Telecentros de Información, respectivamente. Es importante resaltar que el resto de las iniciativas se orientan a apoyar el desarrollo de infraestructura. En la tabla 4 se presenta la relación entre los sectores y las iniciativas.

Así mismo, en octubre de 2010 se lanzó el Programa Vive Digital, el cual busca promover el acceso, uso y apropiación de las TIC en los diferentes sectores y por todos los actores de la sociedad que conforman el país, para lo cual pretende proponer políticas y programas orientados a conseguir dichos objetivos de forma progresiva y sostenible (MinTIC 2010b).

Considerando que el objetivo del Gobierno nacional es que los colombianos hagan uso de las TIC para mejorar la inclusión social, es importante analizar a qué población objetivo se enfocan las iniciativas propuestas. Para realizar el análisis se tomaron como punto de partida los grupos poblacionales vulnerables determinados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2010b), los cuales son: mujeres y hombres cabezas de familia, desplazados, reinsertados, desmovilizados, minorías étnicas, desempleados, personas con discapacidad, comunidad LGTB. También se consideró analizar la población de bajo nivel económico.

Análisis respecto a la población beneficiaria

En relación con las acciones orientadas a promover el acceso y los servicios de TIC, el Ministerio ha desarrollado proyectos sociales y planes orientados a generar una infraestructura de inclusión digital en el país

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Tabla 3. Iniciativas del Gobierno colombiano para la SC Tipo

Iniciativa Computadores para Educar (CPE) (Ministerio de Comunicaciones 2000)

Gobierno en Línea (Congreso

Social

Nacional 2009)

Compartel (Ministerio de Comunicaciones 2004)

Mipyme Digital (Ministerio de Comunicaciones 2008b)

Vive Digital Regional (MinTIC 2010c)

Propósitos • Proveer infraestructura. • Implementar estrategias de acompañamiento educativo y apropiación de TIC.

• Proveer servicios del Estado en línea. • Facilitar la participación del ciudadano. • Construir un Estado más eficiente, transparente y participativo. • Permitir el acceso a internet y telefonía rural a zonas apartadas del país y en los estratos bajos.

• Promover el uso de TIC para apoyar los procesos operativos de las mipymes.

• Mejorar la productividad y competitividad. • Apropiación de TIC por parte de los ciudadanos. • Apoyar con TIC los proyectos regionales de innovación y desarrollo tecnológico.

• Realizar procesos de asistencia, capacitación en alfabetización Telecentros de Información (MinTIC 2011c)

digital y apropiación de TIC.

• Asesorar el uso, la gestión y el aprovechamiento de las TIC y de la información.

• Rescatar las lenguas indígenas del país.

Apropiación

• Formar y certificar a las personas en el uso y apropiación de TIC, Ciudadano Digital (MinTIC 2010d)

específicamente internet.

• Busca que los ciudadanos usen de forma productiva las TIC en la vida diaria, y la generación de oportunidades.

Tecnología para la Inclusión (MinTIC 2010e)

• Dar acceso a la información y a la comunicación a las personas

con discapacidad, así como proveer la infraestructura necesaria para el acceso.

• Prevenir y debilitar la pornografía, la explotación y el turismo Internet Sano (MinTIC 2011d)

sexual con menores. Esta estrategia se enmarca en la Ley 679 del 3 de agosto de 2001, expedida por el Congreso de la República de Colombia, y el Decreto 1524 del 24 de julio de 2004.

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Comunicaciones (2000; 2004; 2008b), Congreso Nacional (2009), MinTIC (2010c), MinTIC (2011c), MinTIC (2010d), MinTIC (2010e) y MinTIC (2011d).

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Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos Mayda Patricia González Zabala, Jenny Marcela Sánchez Torres

Temas Varios Tabla 4. Relación entre iniciativas y sectores de la sociedad que son apoyados

Iniciativa

Computadores para Educar (CPE)

Sector e-educación

e-gobierno

Competitividad

Cultura

Otros

Gobierno en Línea

Mipyme Digital

Telecentros de Información Compartel

Vive Digital Regional

Ciudadanos Digitales

Tecnología para la Inclusión

Internet Sano

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Comunicaciones (2000; 2004 y 2008b), Congreso Nacional (2009), MinTIC (2010c), MinTIC (2011c), MinTIC (2010d), MinTIC (2010e) y MinTIC (2011d).

Análisis respecto a los aspectos considerados por los modelos y teorías en estudio

Una vez precisada la población en estudio, se procedió a identificar cuál era la población objetivo explícitamente definida en cada una de las iniciativas. Los resultados de esta actividad evidenciaron que la iniciativa Ciudadano Digital manifiesta que está dirigida a todos los ciudadanos y brinda condiciones especiales a todos los grupos poblacionales en condición de vulnerabilidad bajo estudio. Las iniciativas de CPE y Compartel expresan que están dirigidas a cubrir las necesidades de la población o de sectores con bajos niveles económicos. En relación con el grupo poblacional de minorías étnicas, se identificó que la iniciativa de Telecentros de Información se enfoca en atender a dicha población a través de proyectos que permitan la conservación de su lengua nativa. En cuanto a la iniciativa denominada Tecnología para la Inclusión, ésta se enfoca en las personas con discapacidad.

Para realizar este análisis se vinculó cada proyecto con los aspectos relacionados con la e-inclusión. Esta actividad permitió detectar que los programas CPE y Gobierno en Línea abordan aspectos de acceso a las TIC, contenido, impacto de internet y uso significativo; siendo éstas las iniciativas que más aspectos contemplan. Las iniciativas de Telecentros de Información, Ciudadanos Digitales y Tecnología para la Inclusión se enfocan en el aspecto de habilidades, mientras que el contenido es contemplado por las iniciativas de CPE, Gobierno en Línea, Tecnología para la Inclusión e Internet Sano. Asimismo, se detectó que la mayoría de las iniciativas, seis de ocho, están enfocadas en facilitar el acceso a las TIC y en generar las condiciones que permitan un uso significativo para los ciudadanos. También se pudo observar que aspectos relacionados con la motivación y la continuidad no son considerados por ninguna de las iniciativas desarrolladas por el Gobierno. En la tabla 6 se puede apreciar en detalle la relación entre las iniciativas y los aspectos relacionados con la e-inclusión.

También se pudo establecer que, si bien el conjunto de las iniciativas apuntan a mejorar las condiciones de la población en relación con las TIC, en su mayoría, no están orientadas a atender a un grupo poblacional específico, sino a toda la población en general. En la tabla 5 se puede apreciar la relación entre los elementos bajo estudio.

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Tabla 5. Relación entre iniciativas y población beneficiaria

Computadores para Educar (CPE)

Compartel

Mipyme Digital

Vive Digital Regional

Información

Ciudadanos Digitales Tecnología para la Inclusión

Internet Sano

X X

Nivel económico bajo

LGTB

Personas con discapacidad

Minorías étnicas

Desmovilizados

Reinsertados

Desplazados

Gobierno en Línea

Telecentros de

Mujeres y hombres cabezas de familia

Iniciativa

Ciudadanos

Grupos en riesgo en Colombia

X X

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Comunicaciones (2000; 2004 y 2008b), (Congreso Nacional 2009), MinTIC (2010c), MinTIC (2011c), MinTIC (2010d), MinTIC (2010e) y MinTIC (2011d).

Consideraciones finales

proveer infraestructura de TIC y acceso a internet en las diferentes zonas del país, lo cual muestra el interés del Gobierno en generar las condiciones necesarias para el desarrollo de la SI. De igual manera, se detectó que los sectores de la sociedad que han comenzado a apoyarse en TIC son el educativo, el gubernamental, el cultural, y la competitividad. Dichas iniciativas son puntuales y no apoyan todas las dimensiones y los diversos aspectos del sector.

En Colombia existe la intención manifiesta de incorporar la SI como modelo de sociedad, con la finalidad de mejorar la competitividad del país y la inclusión social, por lo cual ha incorporado en su agenda diferentes políticas públicas orientadas a promover e incentivar su desarrollo en los diferentes ámbitos de la sociedad (Congreso 2009; Ministerio de Comunicaciones 2008b); así mismo, ha participado en iniciativas y proyectos conjuntos, tales como la Cumbre de la Sociedad de la Información y Plan de Acción sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, y ha puesto en marcha diferentes iniciativas con el fin de atender las necesidades del país.6

Por otra parte, al analizar las iniciativas en relación con los usuarios, se encontró que éstas se orientan a la población en general, y sólo cuatro iniciativas se enfocan explícitamente en trabajar con población en condición de vulnerabilidad, de manera específica, con minorías étnicas, personas con discapacidad y nivel socioeconómico bajo. También se detectó que otros tipos de población vulnerable, tales como los desplazados, reinsertados, desmovilizados, LGTB, y mujeres y hombres cabezas de familia, sólo son considerados, explícitamente, por la iniciativa Ciudadano Digital.

Un análisis de dichas iniciativas permitió evidenciar que la mayoría de estas propuestas están enfocadas en

6 Ver: UTI y Naciones Unidas (2003), CMSI (2003), eLAC (2007) y Congreso (2009).

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Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos Mayda Patricia González Zabala, Jenny Marcela Sánchez Torres

Temas Varios Tabla 6. Relación entre iniciativas y aspectos relacionados con la e-inclusión

Impacto de internet

Habilidades

Uso significativo

Ciudadanos Digitales

Continuidad

Contenido

Acceso motivacional

Iniciativa

Acceso internet - TIC

Aspectos relacionados con la e-inclusión

Compartel

Computadores para Educar (CPE)

Gobierno en Línea

Internet Sano Mipyme Digital

Tecnología para la Inclusión

X X

Telecentros de Información Vive Digital Regional

X X

Fuente: elaboración propia con base en Ministerio de Comunicaciones (2000; 2004 y 2008b), Congreso Nacional (2009), MinTIC (2010c), MinTIC (2011c), MinTIC (2010d), MinTIC (2010e) y MinTIC (2011d).

Lo anterior evidencia la necesidad de ir enfocando dichas iniciativas en el fortalecimiento de la participación de los ciudadanos en condición de vulnerabilidad, con el fin de ir generando procesos de inclusión digital; sobre todo si se considera que, dadas las condiciones del país, existen otros grupos de riesgo o vulnerables, los cuales tienen o presentan condiciones de desigualdad de diversos tipos:

dad alimentaria, de desnutrición, y los altos índices de mortalidad. • Cultural: se manifiesta en situaciones de discriminación, extinción biológica, social y cultural, afectaciones a la integridad, a la capacidad de perdurar y a la falta de legitimidad en el contexto de la sociedad. • Educativo: que se presenta con bajos índices de escolaridad y baja calidad, así como en las dificultades frente a los procesos de aprendizaje (Colombia Aprende 1999).

• Institucional: que se da cuando existe poca o nula presencia del Estado o de los servicios que éste debería ofrecer; cuando el desarrollo institucional local o regional no atiende a las necesidades básicas de la población; cuando existen desequilibrio en la economía de mercado, dificultades de comunicación y relaciones de dependencia, y asentamientos en zonas de difícil acceso, rurales dispersas o urbanas marginales. • Ambiental y del entorno: se presenta cuando no hay un manejo adecuado y sostenible del medioambiente; cuando hay presencia de cultivos ilícitos que ahondan los problemas económicos, sociales y culturales; condiciones de extrema pobreza, expansión de la violencia armada y el desplazamiento forzoso, la falta de documentación, y el contrabando en zonas de frontera. • Salud: se da cuando existen problemas de seguri-

Finalmente, en un tercer análisis respecto a si estas iniciativas tienen elementos de e-inclusión, se determinó que se han orientado a proveer acceso a las TIC y a promover su uso significativo. Los aspectos de contenido y de impacto de internet también fueron considerados. En relación con la generación de habilidades, se encontró que existen tres iniciativas que abordan dicho aspecto, y que una de ellas se orienta a trabajar con población en condiciones de vulnerabilidad. Por otra parte, ninguna de las iniciativas bajo estudio se ha enfocado en mirar aspectos motivacionales, lo cual deja ver la necesidad de abordar dicho tema, con el fin de tener elementos que permitan poner de manifiesto los intereses de la población.

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Cabe destacar que para desarrollar el último análisis se realizó una síntesis de los factores claves propuestos en los cinco modelos y teorías identificadas por Almuwil, Weerakkody y El-Haddadeh (2011). Así mismo, se puso de manifiesto que la e-inclusión es un tema aún por explorar, en el cual hay pocos estudios e investigaciones, y su conceptualización está por construirse.

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Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán: intelectuales, políticos y soldados* Tomás Leytonv Fecha de recepción: 7 de octubre de 2011 Fecha de aceptación: 7 de mayo de 2012 Fecha de modificación: 4 de abril de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.11

RESUMEN Este trabajo busca establecer continuidades y rupturas entre los discursos relacionados con la guerra de Afganistán de intelectuales, políticos y soldados. Los soldados fueron interrogados a través del Diario de la Guerra Afgana filtrado por Wikileaks, y la construcción conceptual del discurso de los políticos se basó en las Estrategias de Seguridad Nacional y otros documentos pertinentes. Uno de los hallazgos más importantes es la forma de nombrar al enemigo. Mientras que los soldados utilizan la palabra talibán, los políticos usan terrorista y los intelectuales utilizan la palabra “insurgentes” demostrando heterogeneidad y poca penetrabilidad discursiva entre los actores.

PALABRAS CLAVE Talibán, insurgencia, terrorismo, análisis del discurso.

Continuities and Ruptures in the Discourses of the Afghan War: Intellectuals, Politicians, and Soldiers ABSTRACT This work seeks to establish continuities and ruptures between the discourses related to the war in Afghanistan by intellectuals, politicians, and soldiers. Soldiers were questioned through the Afghan War Diary filtered by Wikileaks, and the conceptual construction of the discourse of politicians was based on the National Security Strategy and other relevant documents. One of the most important findings is the naming of the enemy. While soldiers use the word Taliban, politicians use terrorist, and intellectuals use the word “insurgents”, showing heterogeneity and little discursive penetration among actors.

KEY WORDS Taliban, insurgency, terrorism, discourse analysis.

Continuidades e rupturas nos discursos da guerra do Afeganistão: intelectuais, políticos e soldados RESUMO Este trabalho procura estabelecer continuidades e rupturas entre os discursos relacionados com a guerra do Afeganistão de intelectuais, políticos e soldados. Estes foram interrogados através do Diário da Guerra Afgã filtrado pelo Wikileaks, e a construção conceitual do discurso dos políticos se baseou nas Estratégias de Segurança Nacional e em outros documentos pertinentes. Uma das descobertas mais importantes é a forma de nomear o inimigo. Enquanto os soldados utilizam a palavra “talibã”, os políticos usam “terroristas”, e os intelectuais utilizam a palavra “insurgentes”, o que demonstra heterogeneidade e pouca penetrabilidade discursiva entre os atores.

PALAVRAS-CHAVE Talibã, insurgência, terrorismo, análise do discurso. * Investigación presentada para optar al grado de Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile. v Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales por la Universidad de Chile. Administrador público de la Universidad de Chile. Entre sus más recientes publicaciones se cuentan: Conceptualización del otro en la guerra de Afganistán: en los límites de la subjetividad. Ponencia presentada en el 6º Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. ALACIP y FLACSO, Ecuador, 2012, y La violencia como forma política. Ponencia presentada en el X Congreso Nacional de Ciencia Política. Sociedad Argentina de Análisis Político y Universidad Católica de Córdoba, Argentina, 2011. Correo electrónico: leyton.tomas@gmail.com

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como la Netwar propuesta por Arquilla y Ronfeldt (2001). A continuación se presentará el discurso de los políticos sobre la guerra y cómo las Estrategias de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSS) de 2002, 2006 y 2010 han ido construyendo puntos de continuidad y de cambio entre sí sobre la visión que se tiene de esta guerra. Por último, se analizarán las construcciones conceptuales más recurrentes entre los soldados en cuanto a estrategia y forma de referirse al enemigo. Para esto, se analizarán los AWD para determinar las regularidades conceptuales presentes, con el fin de articular un discurso propio de los soldados como tercer actor por analizar.

El hecho de no pensar lo que pensaban los nazis impide también pensar lo que hacían y, en consecuencia, veda toda política real de prohibición del retorno de ese accionar. Mientras no se lo piense, el pensamiento nazi permanecerá entre nosotros impensado y, por consiguiente, indestructible. (Badiou 2009, 15)

La guerra de Afganistán

as acciones militares que han marcado con mayor fuerza lo que va de siglo sin duda son dos conflictos bélicos particulares: uno en Irak y el otro en Afganistán. Ambos han sido, de una u otra forma, vinculados a las redes terroristas que han causado estragos en la seguridad en Occidente desde el 11 de septiembre de 2001. Durante toda la primera parte del despliegue de tropas en Afganistán e Irak, se trabajó bajo la consigna de combatir el terrorismo internacional, pues por ese entonces se proclamó, por parte de Estados Unidos, y posteriormente por la OTAN, la Guerra contra el Terrorismo (WoT, por su sigla en inglés: War on Terrorism), y en Afganistán, específicamente, la operación Paz Duradera (Enduring Freedom). Se sabía que se combatía contra un enemigo difícil, pero se tenía confianza en el potencial tecnológico de comienzos del siglo XXI.

Marco de referencia El primer elemento que debe ser situado teóricamente en esta investigación son los discursos. Éstos no son meras construcciones exclusivamente lingüísticas, sino que poseen elementos estructurales, políticos y socioculturales (Van Dijk 1989). Es decir, los discursos no son sólo relatos objetivos sobre hechos, sino también un conjunto de enunciados intencionados y contextualizados. Para Foucault, aunque los enunciados sean “diferentes en su forma, dispersos en el tiempo, constituyen un conjunto si se refieren a un solo y mismo objeto” (Foucault 1979, 51).

Es indiscutible que la situación de Afganistán hoy en día es problemática, y difícilmente dejará de serlo en el corto plazo; así lo ilustran un tibio retiro de tropas y los constantes atentados, así como un incierto futuro sobre la misión de Naciones Unidas. Por su parte, la “exportación” de opio sigue siendo un problema irresuelto, al igual que la desarticulación de Al Qaeda. A esto se suma la publicación de cerca de 76.000 documentos que conforman el Diario de la Guerra Afgana (Afghan War Diary) (AWD 2010) filtrado por Wikileaks, que corresponden a reportes de guerra escritos por los soldados en el campo de combate. Éstos revelaron que la construcción de discursos sobre la guerra es una cuestión política, y que hay muchas verdades que la retórica maquilla o simplemente omite.

Para el análisis del discurso resulta relevante considerar tanto su estructura interna como los elementos que le son externos: el contexto, el público objetivo y el emisor, que determinan su configuración (Van Dijk 2008). En este caso, la guerra es el objeto y también el contexto (sobre todo en el caso de los soldados) de los discursos. Difieren los emisores y difieren los espacios geográficos de su génesis, pero todos son enunciados sobre la guerra de Afganistán, lo que los constituye en un discurso. Pero el discurso “no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault 1992, 12). El poder de generar discursos que a la postre terminan teniendo unidad y continuidad suficiente para mantenerse en el tiempo.

Es por ello que esta investigación busca establecer continuidades y rupturas entre los discursos de intelectuales, políticos y soldados relacionados con la guerra de Afganistán entre 2004 y 2009, para lo que se articulará en tres ejes. En primer lugar, se analizará cómo han variado los discursos de los intelectuales en lo que se refiere a la concepción de la guerra y se verá cómo se ha pasado de una concepción más clásica de la guerra, muy presente en Von Clausewitz (2005), a nuevas formas de guerra,

El rol de las continuidades y rupturas es relevante para poder dilucidar ese mensaje que el discurso vehicula; por ello es pertinente interrogar a las formas inmediatas de continuidad (Foucault 1979, 4), “con arreglo a qué leyes se forman; cuáles son los acontecimientos discursivos sobre cuyo fondo se recortan, y si, finalmente, no son, en su individualidad aceptada y casi institucional, el efecto

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Temas Varios

de superficie de unidades más consistentes” (Foucault 1979, 42). Es decir, ahí donde parece haber un discurso unificado y continuo entre distintos actores, es necesario preguntarse de manera sistemática por las rupturas, o incluso por otras regularidades, otros órdenes del discurso más allá del aceptado.

guerra, domina sobre todas las demás formas sociales: tanto las relaciones de poder como las estructuras de parentesco, laborales o de la comunidad” (Sofsky 2004, 112). De esta manera, se entiende que la guerra tiene formas propias que pueden ser estudiadas a través de sus discursos, formas sociales que sólo se darían en el contexto extremo donde la vida es lo que está en juego.

Pero esta investigación, además de preocuparse por los discursos, se enmarca también en lo que Van Dijk llama investigaciones de contexto. En general, aún “hay pocos libros en lingüística, estudios del discurso y ciencias sociales que usen la noción de contexto en cuanto a limitaciones y consecuencias del discurso, sino que la mayoría de dichos estudios se enfocan en el discurso mismo y no en la naturaleza compleja de sus contextos”1 (Van Dijk 2008, vii). Por tanto, lo que se busca, sin dejar de considerar los discursos como objeto de estudio, es dar relevancia al contexto, no sólo definido como relativo al texto y dejando como único foco de la investigación el discurso (Van Dijk 2008, vii).

Pero la guerra afgana reviste formas que le son propias, y una de ellas es el terrorismo. Al respecto, resulta útil la distinción entre terrorismo como lógica y terrorismo como método. El primero es una muestra de violencia por la violencia, sin una razón detrás (Wieviorka 1992). El terrorismo como método, por su parte, es aquel “utilizado por un actor político que, por debilidad o por cálculo, se mantiene dentro de un espacio político determinado, o busca penetrar en él, a través del terror” (Wieviorka 1992, 172).

Material y métodos

En definitiva, se quiere considerar al contexto, por un lado, como “un constructo teórico necesario para interpretar expresiones significativas del discurso que están ‘fuera’ de [la representación del] texto mismo” (Van Dijk 1982, 419), y, por otro lado, significa tomarlo como un fenómeno en sí, cuya existencia no depende de otro fenómeno con base en el cual sólo presta un servicio para su interpretación. Dar un lugar relevante al contexto, en este caso particular, significa intentar, a través de los discursos sobre la guerra, comprender los conflictos bélicos. Y viceversa, a través del estudio del contexto, comprender la significación, la articulación, las continuidades y rupturas de los discursos como objetos de estudio mismos.

Para realizar un análisis pormenorizado de discursos de intelectuales, políticos y soldados sobre la guerra de Afganistán, se procedió de distintos modos. Para el caso de los intelectuales, se realizó una revisión bibliográfica sobre la guerra, particularmente de la escuela norteamericana más cercana al Gobierno, pues sería la que, en definitiva, tendría mayor influencia e interrelación con los distintos actores políticos. La técnica de análisis de datos empleada fue el Análisis de Contenido, entendida como “una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” (Berelson 1952, 18). Para la aproximación a los discursos de los soldados se seleccionó una muestra de documentos del Afghan War Diary (AWD), dado que el análisis de los casi 76.000 documentos resultaría demasiado costoso en cuanto a tiempo. Para determinar dicha muestra se utilizó la nomenclatura propia de los AWD. En primer lugar, se escogieron aleatoriamente 488 documentos entre un total de 3.190, que describen acciones ocurridas en la región “RC CAPITAL”. Con esto se buscó tener una visión panorámica del total de hechos descritos, así como lograr cubrir eventos políticos por ocurrir, éstos casi exclusivamente en la zona capital. Sin embargo, entendiendo que los AWD detallan información que muchas veces reviste poca significancia para esta investigación, y que el análisis de una guerra no puede ser sólo político, se procedió a complementar la cifra

Como primera consecuencia de este enfoque está la necesidad de no pasar por alto algunas definiciones relativas al contexto bélico en lo que respecta a su naturaleza y estructura propias. Respecto a la naturaleza de la guerra y sus consecuencias sociales, Wolfgang Sofsky afirma que “la destrucción de vidas humanas y objetos es un proceso social. La guerra engendra formas de lo social, de creación y disolución de grupos sociales, que sólo le son propias a ella”. Por ello, en “sociedades de guerra” —las que son básicamente el producto de las relaciones sociales en un contexto de conflicto bélico— de lo que se trata es “del choque del mutuo sentimiento de enemistad; enemistad que, durante la

Todas las traducciones del inglés son del autor.

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Intelectuales: caducidad de la guerra moderna

antes referenciada con la totalidad de los documentos que correspondían al tipo “Murder” y “Assassination” (100 y 48, respectivamente). En estas categorías se describen acciones militares con consecuencias fatales, cuestión propia de un conflicto bélico. De esta manera, el total de documentos por analizar ascendía a 636. Sin embargo, luego de revisarlos se encontraron 47 que no contenían más información que “ver documento adjunto”, pero éste no se encontraba disponible. Por ello, la muestra real de documentos analizados en profundidad asciende a 589.

Al Qaeda no revestía los mismos cánones de los enemigos combatidos durante el siglo XX, y una vez que los talibanes fueron despojados del Estado afgano, comenzaron a disiparse rápidamente por el Medio Oriente estableciendo redes cada vez más amplias (Rashid 2002), y cuanto menos focalizadas, más difíciles de combatir por parte de las fuerzas occidentales. Así lo expresaba un funcionario de inteligencia de Estados Unidos: “es difícil para nosotros combatir las células porque ellas tienen muchos líderes diferentes, distintos procesos de pensamiento; no es como el enemigo al que estemos acostumbrados a combatir, no está estructurado” (Grant 2006, 6).

Finalmente, se seleccionaron fuentes que representaran la visión oficial de Estados Unidos. Dado el alcance temporal de esta investigación, se tomaron las Estrategias de Seguridad Nacional (NSS 2002, 2006 y 2010). Se consideró el año 2010 porque, aunque está fuera del tiempo definido para este trabajo, refleja en gran parte los cambios del discurso oficial que se evidencian en los últimos años transcurridos durante la guerra. Asimismo, es la primera NSS de la era Obama, quien fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz. Las NSS fueron complementadas con otros dos documentos, el NMSP-WOT de 2006 y la National Strategy for Combating Terrorism (NSCT), también de 2006.

Al combatir contra un enemigo articulado reticularmente, se produce un quiebre en la forma clásica de comprender la guerra entre Estados, aunque desde algunos años atrás ya se habían arrojado luces suficientes sobre el tema. En 2001 dos investigadores de la corporación Research And Development (RAND) publicaron un libro que resultó premonitorio respecto de algunos de los cambios necesarios en las estrategias militares producto del nuevo escenario internacional, tanto en cuestiones políticas como en las específicas de la guerra. Así, al configurar el escenario, hay cambios relevantes en la comprensión de la guerra que afectan particularmente el caso de Afganistán. El primero de ellos es la Netwar; el segundo es la denominación de insurgentes, que, sumado a la comprensión de la articulación en red de Al Qaeda, tiene consecuencias tanto en la representación del otro como en las estrategias militares (Arquilla y Ronfeldt 2001).

Para los documentos de soldados y políticos se realizó un análisis de contenido utilizando el software Nvivo 9.0. Las variables utilizadas fueron agrupadas en Referencia al Otro y Estrategia. En la primera categoría, las referencias al otro podían ser: otro como “enemigo”,2 otro “violento” (no necesariamente enemigo) y otro “neutral”.3 Con “Estrategia” se revisó directamente la hipótesis de si existiría un cambio de nomenclatura, y por tanto de estrategia, desde una Guerra contra el Terrorismo (WoT) hacia una de Contrainsurgencia (COIN). 4

Netwar El concepto de Netwar (Guerra-red) difiere del empleado por el Ejército estadounidense Netwars (Network Warfare Simulation System), toda vez que “la Netwar es de menor intensidad, como contraparte en el nivel social, para nuestro concepto militar de Cyberwar”5 (Arquilla y Ronfeldt 2001, ix). En términos teóricos, y con una mirada más global sobre los conceptos de Ronfeldt y Arquilla, el término Netwar se inserta en la noopolítica, que es la política del conocimiento; es decir, aquella donde el rol de la información se muestra preponderante y determinante. La Netwar se convierte entonces en el correlato

2 Enemigo incluyó palabras como taliban, terrorist e insurgent (y sus diferentes abreviaciones o errores de deletreo en los AWD). Violento incluye palabras como murderer, assassin, bomber, entre otras. Neutro refiere a palabras como suspect, man, person, subject. 3 Inicialmente, la variable aliado fue incluida; no obstante, la obtención de resultados relevantes en este punto requiere ampliar el alcance actual de la investigación, puesto que no fue pensada originalmente de este modo. 4 La investigación original incluyó como categorías la Alusión a Valores/Principios (sólo están presentes de manera significativa en los discursos políticos), Prevención (como posible estrategia, la que no tuvo resultados significativos, salvo en los discursos políticos) y Aliados (que diferenciaba el trato entre aliados connacionales, internacionales y locales). Sin embargo, éstas son parte de una nueva investigación cuyos resultados son sólo preliminares.

5 Cyberwar fue un concepto desarrollado en 1993 que se enfocaba en el dominio militar.

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Temas Varios

militar de esta nueva forma de entender la política, y al mismo tiempo es vista como una forma bélica de menor intensidad que la Cyberwar.

nocidas en el transcurso de la guerra: una aplastante invasión y un progresivo estancamiento. Para subsanar dicho error, lo que se hizo fue más que un mero cambio de nomenclatura, de terroristas hacia insurgentes, pues se repensó por completo lo que se estaba haciendo tanto en Afganistán como en Irak. Producto de esta corrección en los cursos de acción nace la COIN, que define al enemigo como insurgente, y ya no como terrorista.

En términos empíricos, la Netwar produjo un replanteamiento de las estrategias militares pensadas en forma arcaica bajo el axioma de “gana el que tiene la bomba más grande” (Pisani 2002, 18). Al respecto, hay que considerar que, dado que Netwar es un concepto que viene desde mediados de los noventa y que la publicación de Networks and Netwars es de 2001, no se han incorporado a la teoría nuevos hechos bélicos como la guerra de Afganistán ni la de Irak. Sin embargo, la relevancia de la comprensión temprana de los fenómenos relacionados con ésta es evidente en la estrategia militar ulterior. Así, los autores notan que:

Consecuencias tácticas de la organización en red La discusión teórica sobre la guerra no se agotó al descubrir que la insurgencia operaba como redes (Edwards 2002); el paso siguiente fue estudiar estas redes y distinguir cuáles eran los puntos nodales en los que confluía la información (Jones 2009). Así, se diseñó una estrategia de individuos de alto valor y de objetivos de alto valor (HVI y HVT, por las siglas en inglés: High-Value Individuals y High-Value Targets).

La Netwar es un concepto deducido. […] Una vez acuñado, el concepto ayuda a mostrar que la evidencia está

aumentando en el incremento de las formas de organización en red, y en la importancia de las “estrategias de

información” y “operaciones de información” en todo

el espectro de los conflictos, incluso entre los étnico-

Sin embargo, se demostró que dicha estrategia era poco efectiva, al evidenciarse el bajo impacto producido cuando el HVI “Abu Musab Zarqawi, el líder de Al Qaeda en Irak, fue asesinado en 2006” (Jones 2009, 6). Se continuó profundizando en el entendimiento de las redes de la insurgencia, y actualmente se distinguen tres tipos de blancos: “nodes”, “hubs” y “cores”, “los primeros son combatientes, terroristas, y otros operativos; los segundos corresponden a los responsables de planificación, operaciones financieras, comunicaciones y provisión de material; y los terceros serían los teóricos y líderes carismáticos” (Gompert 2007, 49).

nacionalistas, terroristas, guerrilleros, delincuentes y activistas. (Arquilla y Ronfeldt 2001, 20)

Una forma errada de entender al enemigo El segundo elemento relevante dentro del desarrollo mismo de la guerra, es que una forma errada de entender al contendor dificulta la adopción de formas bélicas (estrategias y tácticas) eficientes. Se trata, en definitiva, de la concepción errónea del enemigo que subyace a la WoT. Esta concepción defectuosa se refiere a que “el extendido uso y las connotaciones narrativas del término WoT han cultivado un extenso y erróneo paradigma intelectual para lidiar tanto con el terrorismo como con las insurgencias” (Roper 2008, 92). Dicho paradigma equívoco muestras sus grietas al pensar lo absurdo que resulta plantear una guerra contra una táctica, como es el terrorismo. Al mismo tiempo, cualquier estrategia sería inadecuada, toda vez que estaría en el marco de una guerra contra una de las muchas formas que puede adoptar el combate.

De esta manera, los cambios que ha habido en el discurso intelectual se manifiestan en la conceptualización del enemigo y en la estrategia para enfrentarlo. Al comienzo, el enemigo eran los terroristas, que se agrupaban en redes. En términos de Wieviorka (1992), lo que se conoce como personas que utilizan el terrorismo como lógica de acción. Contra este enemigo se combatió con una estrategia de HVI y HVT, pensando que éstos eran los puntos nodales de la organización terrorista. Sin embargo, la experiencia y la teoría demostraron que la correcta conceptualización del enemigo era como insurgente, y que éste utilizaba el terrorismo como método de acción. Contra esta nueva forma que adquiría el enemigo se diseñó la estrategia que distingue nodes, hubs y cores, centrando el foco de la acción militar en los segundos (Gompert 2007).

En este punto, la representación de la realidad proyectada por un paradigma intelectual erróneo que reduce al adversario a mero terrorista —no aprehendiendo su complejidad y generando una estrategia mal planteada a priori— ha traído las consecuencias por todos co-

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Soldados: Afghan War Diary (AWD)

do la inteligencia o la policía afgana6 se hacen cargo del caso. Cuando mueren civiles no políticos y cuando no hay muertos, los reportes no suelen superar los cinco renglones. Esto permite establecer distintos niveles de preocupación, siendo el más alto el connacional, luego el internacional y, por último, el local.

La conformación del discurso de los soldados tiene condiciones de enunciaciones muy características y del todo disímiles de los demás discursos en algunos puntos. En el caso de los AWD, es un superior quien exige la elaboración de los reportes de campo a los soldados, pero son los soldados quienes retienen para sí la facultad de relatar los hechos. Ellos son los que en última instancia proveen la información que existe de la guerra y son los que deciden —respaldados por su propia cognición y estado anímico— qué contar y qué callar.

Otro elemento destacable es la aparente objetividad de los reportes. Los soldados son muy cautelosos, no suelen hacer conjeturas y parecen buscar la objetividad refiriéndose sólo a hechos probados. Parecen dejar la interpretación para los rangos militares más altos. No catalogan todo incidente como causado por el enemigo, e incluso la prudencia llega a niveles que podrían rozar con la invisibilización. Así se evidencia cuando en un reporte,7 el soldado que escribe detalla que al asesinado “se le disparó dos veces en la cabeza y luego fue decapitado, debido a su apoyo a las Fuerzas de la Coalición” (AWD 2010, CJTF-82). A pesar de sus vínculos y de la forma en la que fue dejado el cuerpo —pues se sabe que la decapitación de cuerpos muertos es una práctica muy usual entre las acciones desarrolladas por los talibanes—, no se hace referencia alguna a la persona que ejecutó los hechos, no se nombra ni de manera neutra (como persona) ni como un actor violento (asesino). Aunque sí se establecen posibles causas del homicidio, al atribuirlo al apoyo a las fuerzas de la coalición, no hay una sola pista o mención sobre quién realizó el acto homicida.

Un elemento significativo del momento de enunciación de los AWD es provisto por la forma de redacción que poseen. Ésta se encuentra llena de abreviaturas, por ejemplo, talibán es sencillamente “Tab” o incluso “TB”; insurgente se encuentra muchas veces como “INS” y frases completas como “no hay información adicional” se reducen a NFI (iniciales de No Further Information). También se encuentran llenos de acrónimos que refieren a tecnicismos militares, así como una escritura lacónica y con una detallada oscilación. Esto se explica en gran medida por el contexto en que son escritos estos reportes, ya que “con frecuencia provienen de unidades de campo que han estado todo el día bajo fuego u otras condiciones estresantes, y ven la escritura de los reportes como un asqueroso trabajo de papelería” (AWD 2010).

Hay casos como el anterior que tienen indicios suficientes para hacer pensar que el enemigo estaría tras los eventos; sin embargo, se mantiene la prudencia, y a menos que sea un hecho probado o testimoniado, no se cataloga como tal. Pero hay eventos que son descritos por dos soldados, como es el caso del asesinato del gobernador de Gozara del Oeste. Esto nos abre hacia otro elemento importante para el análisis, y es la incertidumbre acerca del contenido de los discursos, si se tiene en cuenta la subjetividad propia de los soldados para narrar los hechos. Respecto a quién pudiera haber ejecutado el asesinato, el primer soldado dice que “la falta de información adicional permite especular sobre el origen de los atacantes, si acaso eran militantes talibanes, quienes sostienen una insurgencia contra el Gobierno, o es atribuible a un crimen común” (AWD 2010, 207th ARSIC). De este modo, refiere claramente a la posibilidad de que los atacantes sean talibanes, mientras que el otro relato da como cierto el

El primer hallazgo de relevancia respecto a los AWD consiste en la intermitente exhaustividad de las descripciones. Al respecto, se puede establecer la siguiente relación: mayor exhaustividad cuando hay personal o material de Estados Unidos involucrado. Esto significa que cuando hay explosivos en las cercanías de algún edificio estadounidense o algún vehículo resulta dañado, la exhaustividad de los reportes aumenta de un modo significativo; lo que se verifica en la extensión, así como en la cantidad y el tipo de información provista por parte de los soldados. También aumenta el nivel de detalle cuando hay involucrado personal de la ISAF (International Security Assistance Force) o de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte); sin embargo, es menor que cuando hay personal o material de Estados Unidos. La exhaustividad va decreciendo paulatinamente, en la medida que se incluye la palabra talibán o alguna referencia directa a la acción del enemigo. Lo mismo sucede cuando hay personal de policía o inteligencia afgano herido o muerto. Menor aún es el nivel de detalle cuan-

6 NDS: Dirección Nacional de Seguridad. ANP: Policía Nacional Afgana. ANA: Ejército Nacional Afgano. 7

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Que corresponde a la identificación AFG20070313n653 (AWD 2010).

Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán Tomás Leyton

Temas Varios

Referencia al otro

hecho, responsabilizando por el homicidio a “un número desconocido de insurgentes” (AWD 2010, CJTF-82). En consecuencia, este tipo de divergencias muestra nueva rupturas, esta vez dentro de los AWD, y a cargo de la subjetividad inalienable de cada soldado.

Neutro Respecto a las referencias al otro como Neutro, el mayor porcentaje lo encontramos en los AWD, con un 0,0559% respecto del total de palabras que se podían encontrar en dicho documento, lo que equivale a 79 referencias a algún tipo de adversario en forma neutra. Particularmente, en lo referente a los AWD, cuando no se tiene certeza sobre quién ha ejecutado las acciones, se suelen utilizar palabras como asesino (assassin, murderer), pistolero (gunman), artillero (gunner) (que forman parte de la categoría “Violento”), pero también se utilizan sujeto desconocido (unknown suspect), hombre no identificado (unidentified man), sujeto (subject), entre otras, que forman parte de la categoría Neutro.

El uso del condicional como muestra de un lenguaje ambiguo es bastante generalizado en los AWD, al igual que las palabras “no identificado” o “desconocido” (unidentified y unknown), lo que difiere de la forma de escritura que tiene, por ejemplo, el discurso político, que se analizará a continuación. Esto se muestra consistente con el carácter “objetivo” al que parecieran aspirar los reportes del AWD.

Políticos: seguridad y terrorismo La mayor presencia de documentos de 2006 se explica porque éstos reflejan el cambio en la estrategia militar llevada a cabo en Afganistán, así como el desarrollo mismo de la guerra en ese año, caracterizado por un aumento drástico en la cantidad de muertos, como lo muestra el gráfico 1. Aumento que, sin embargo, es significativamente menor que el que dejó la muerte de Osama Bin Laden.

Violento Respecto a la cantidad de alusiones al otro como Violento, las variaciones no son significativas frente a la categoría Neutro. Las diferencias son un aumento en la NSCT, que pasó de cero incidencias en Neutro a dos en Violento, así como una disminución en las Estrategias de Seguridad Nacional, exceptuando la de 2006, que se mantuvo igual. Cabe destacar también la variación en el NMSP-WOT, que pasó de dos alusiones en Neutro a cero en Violento; no obstante, estas variaciones no se consideran estadísticamente significativas y resultaría irresponsable atribuirles mayor importancia, dado el contexto de enunciación de cada una de ellas.

El mencionado cambio estratégico se refleja en el National Military Strategic Plan for the War on Terrorism (NMSP-WOT), que en febrero de 2006 anunció “la culminación de importantes reflexiones y debates dentro del Gobierno y las Fuerzas Armadas” (NMSP-WOT 2006, 2). Este documento plasma los principales cambios en la estrategia militar que propone el Departamento de Defensa (DoD). Del mismo modo, presenta una forma de hacer plausible y coordinar los lineamientos ya propuestos en la NSS, NSCT (ambos a cargo del Presidente), en la Estrategia de Defensa Nacional (a cargo del DoD) y en la Estrategia Militar Nacional (a cargo del Pentágono).

Enemigo Sin duda, los resultados más interesantes están en la categoría Enemigo (como lo muestra el gráfico 2), pues la cantidad de referencias provistas por los AWD —si bien

Mes

Fuente: elaboración propia con base en datos obtenidos de The Guardian (2010).

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Gráfico 1. Cantidad de muertos en Afganistán (2004-2009)

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es mayor respecto al número de alusiones en el mismo documento hacia Neutro o Violento—, al ser comparada con los documentos emanados del Gobierno, resulta mucho menor. Pero resulta interesante que los documentos que presentan más heterogeneidad son precisamente los AWD, que son escritos por soldados bajo el contexto de guerra ya descrito. Lo anterior se suma a la creencia de que los soldados, dadas las condiciones estresantes en que se encuentran, se hallan más desprovistos de su subjetividad y tienden a la mera reproducción ideológica de los discursos políticos que provienen de sus superiores.

La palabra insurgencia se utiliza sólo tres veces en la NSS de 2006, una de ellas bajo la forma de un sinónimo de contraterrorismo, a saber, contrainsurgencia, que ha tenido un gran desarrollo como concepto utilizado por teóricos, mas no ha tenido correlato empírico entre los dirigentes políticos que continúan diseñando estrategias bajo las formas de terrorismo y contraterrorismo. Se observa que la discusión teórica sobre la contrainsurgencia como estrategia más adecuada que la Guerra contra el Terrorismo se menciona sólo en una ocasión, en la NSS de 2006, y su contexto de enunciación la homologa al contraterrorismo. Esto demuestra la escasa influencia del discurso intelectual sobre el político, en cuanto a la forma de entender la estrategia adoptada.

Gráfico 2. Porcentaje de palabras que hacen referencia a Otro, según fuente

Distinta es la situación de los AWD, en los que sí se ha utilizado insurgente para referirse al enemigo, más que terrorista. Cuando se tiene alguna certeza de que las acciones fueron perpetradas por quien se considera como enemigo, se suele utilizar la palabra talibán o insurgentes. La palabra más utilizada para referirse al enemigo en los AWD es talibán, con 163 veces, casi el doble de las 84 que presenta la palabra insurgente.

1,80% 1,60% 1,40% 1,20% 1,00% 0,80% 0,60% 0,40% 0,20% 0,00% AWD

NMSPWOT Enemigo

NSCT

NSS 2002

Violento

NSS 2006

NSS 2010

Conclusiones: continuidades y rupturas

Neutro

Fuente: elaboración propia con base en análisis de contenido realizado a la fuentes que menciona.

Los principales resultados de esta investigación aportan evidencia en tres ámbitos relevantes. El primero de ellos se refiere directamente directo a los soldados estadounidenses. La evidencia refleja un discurso susceptible de ser neutro y precavido de hacer afirmaciones que puedan involucrar al enemigo en acciones violentas que se presencian en el campo de batalla.

Estrategia Este elemento ya ha sido esbozado previamente y se refiere al cambio de nomenclatura para denominar al enemigo, es decir, de terrorista a insurgente. Este cambio ha sido mencionado por diversos académicos; sin embargo, si analizamos brevemente la NSS del año 2010, la palabra que se utiliza para denominar al enemigo continúa siendo terrorista, tal como lo evidencia la tabla 1.

En esta dirección apuntan los hallazgos sobre el aparente desasimiento respecto del contexto en los reportes, pues no existen alusiones a misiones, tácticas, estrategias u objetivos, y se utiliza un lenguaje lacónico con intermitente exhaustividad (que varía según haya aliados connacionales, internacionales o locales), cuyo detalle suele referirse a datos sobre vehículos, armas, forma de muerte y lugares. En el mismo sentido, se encuentra la cantidad de alusiones implícitas al enemigo (bajo las categorías de “violento” y “neutro”) respecto de la cantidad de muertes atribuidas al mismo, y la presunta susceptibilidad de categorizar toda acción violenta como acción enemiga producto del contexto de guerra en el que se generan los diarios.

Tabla 1. Cantidad de palabras que refieren a Estrategia, según fuente Fuente

Terrorismo

NMSP-WOT

193

NSCT

262

AWD

Insurgencia 84

NSS 2002

NSS 2006

119

NSS 2010

El segundo elemento se refiere a las continuidades y rupturas de los discursos, pues para poder dilucidar ese men-

Fuente: elaboración propia con base en análisis de contenido realizado a la fuentes que menciona.

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Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán Tomás Leyton

Temas Varios

saje que el discurso vehicula, el rol de las continuidades y rupturas resultó relevante (Foucault 1979). Existen continuidades internas en los discursos, más que rupturas, que dan coherencia al contenido. Se evidenció una mayor coherencia interna en los documentos del Gobierno y una mayor heterogeneidad en los AWD, expuesta en el ejemplo donde había dos reportes de un mismo hecho.

lectual, por su contexto de enunciación y su público objetivo, está más asido al discurso político que el de los AWD. Los soldados, que son quienes viven la guerra de frente, utilizan una palabra cuya connotación encuentra mayor sentido en las sociedades orientales que occidentales. Talibán es un concepto con historia, con sentido político, cultural y religioso. Es una palabra que se origina en las tierras en las que se combate y que allá encuentra su mayor arraigo, a diferencia de insurgente o terrorista, que son conceptos que tienen más sentido en Occidente. De las tres palabras para referirse al enemigo, talibán es la que le reconoce mayor subjetividad, al estar su significación impregnada de elementos culturales e identitarios.

Respecto al discurso político, existe continuidad entre los documentos del Gobierno en la forma de denominar al enemigo (y su consecuente estrategia para enfrentarlo); todos ellos hablan de terrorismo, ya sea Bush u Obama el emisor. Sin embargo, no se puede obviar que las menciones al enemigo en la NSS de 2010 bajaron de un modo revelador, lo que puede significar que la primera estrategia de la era Obama no buscaría sustentar el discurso sobre seguridad exclusivamente en el temor al terrorismo internacional.

Asimismo, se evidencian rupturas entre los documentos al analizar el espacio dedicado a valores y amenazas, pues mientras que en los documentos políticos ocupa espacio considerable, en los diarios de guerra el poco espacio del que se dispone es utilizado en detalles sobre los muertos: quiénes eran, las circunstancias de la muerte, lazos políticos, incluso familiares. También se habla de armas, vehículos y cuestiones materiales relacionadas, y muchas veces se omite, o “no existe información adicional” (No Further Information o NFI), sobre quiénes ejecutaron los actos.

Por otro lado, se advierten rupturas en el discurso intelectual a través del tiempo, tanto en las formas de intervención como en la manera de entender la acción del enemigo: de una invasión agresiva y acción ulterior moderada centrada en HVI y HVT, se pasó a una estrategia agresiva de Contrainsurgencia. Se transitó también desde una forma de entender al enemigo como organizado en redes jerárquicas susceptibles de ser desarticuladas al eliminar sus líderes, hacia redes autoorganizadas capaces de sobrevivir “sin cabeza”. De ser sujetos que ejercen la violencia con una base fundamentalista asentada en diferencias culturales, a ser sujetos que utilizan el terrorismo como método de acción con arraigo ideológico y político (Wieviorka 1992); es decir, de terroristas a insurgentes.

También se busca poner de relieve, al realizar análisis del discurso, la importancia de los factores externos. En los discursos, tanto el emisor como el público objetivo y el contexto son importantes a la hora de configurar sus formas (Van Dijk 2008). Esto se puede ver en la relativa lejanía entre el discurso político y el de los soldados, quedando en un punto intermedio el intelectual, puesto que muchas veces sirve de insumo y/o dialoga con el discurso político (así lo muestran las mismas referencias del discurso intelectual al discurso político), y por otro lado, se sirve del discurso de algunos “soldados de alto rango” como insumo para elaborar el suyo.

El discurso político entiende el terrorismo del enemigo como lógica de acción (Wieviorka 1992) y busca despojar al enemigo de cualquier atisbo de racionalidad en su actuar que pueda conducir a la población a identificarse con dichas razones. No es, como se ha visto, una definición aleatoria o producto del azar, es una elección intencionada, como diría Foucault (1992). Pues es en estos discursos donde se ve más fuerte que los discursos son “aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse” (Foucault 1992, 12).

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La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicos* Diosey Ramón Lugo-Morinv Fecha de recepción: 1º de noviembre de 2012 Fecha de aceptación: 19 de abril de 2013 Fecha de modificación: 2 de mayo de 2013

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.12

RESUMEN El trabajo tiene como objetivo aproximarse a una formalización lógica de la acción colectiva rural que posibilite medir la intensidad de la dinámica de cambios de un sistema productivo como consecuencia de la sinergia de sus formas de capital social en torno a un objetivo común. Para dicha formalización se identificaron y cuantificaron las distintas formas de capital social que emergen de los actores sociales vinculados a un sistema productivo hortícola. Se concluye que las relaciones de cooperación y confianza, el nivel de organización y las instituciones informales son expresiones de capital social que en su estado sinérgico posibilitan concretar objetivos comunes dentro de un sistema productivo, tomando forma a través de un índice.

PALABRAS CLAVE Modelo matemático, acción colectiva, agricultura, capital social.

The Rural Collective Action in the Dynamics Productives Systems ABSTRACT The objective of this article is to present an approach to a logical formalization of collective rural action that makes it possible to measure change dynamics intensity in a productive system as a consequence of the synergy of social capital structures working towards a common goal. To this end I have identified and quantified the various forms of social capital that emerge from the social actors linked to a horticultural productive system. I conclude that the relations of cooperation and trust, the level of organization, and the informal institutions are expressions of social capital that, in their synergistic state, make it possible to advance common objectives within a productive system and take the shape of an index.

KEY WORDS Mathematical model, collective action, agriculture, social capital.

A ação coletiva rural nos sistemas produtivos dinâmicos RESUMO Este trabalho tem como objetivo aproximar-se a uma formalização lógica da ação coletiva rural que possibilite medir a intensidade da dinâmica de mudanças de um sistema produtivo como consequência da sinergia de suas formas de capital social sobre um objetivo comum. Para essa formalização, identificaram-se e qualificaram-se as diferentes formas de capital social que emergem dos atores sociais vinculados a um sistema produtivo hortícola. Conclui-se que as relações de cooperação e confiança, o nível de organização e as instituições informais são expressões de capital social que, em seu estado sinérgico, possibilitam concretar objetivos comuns dentro de um sistema produtivo, ganhando forma por meio de um índice.

PALAVRAS-CHAVE Modelo matemático, ação coletiva, agricultura, capital social. * v

Este artículo es resultado de la investigación doctoral del autor, titulada "La acción colectiva rural y la dinámica reticular de los actores sociales en el altiplano poblano, un estudio de caso". Doctor en Ciencias en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional, Colegio de Postgraduados (Colpos), México. Actualmente es consultor y docente en la Universidad Europea de Energía y Medio Ambiente (UEMA), España. Sus investigaciones están orientadas al Desarrollo Rural Sustentable. Entre sus publicaciones más recientes se encuentran: El espacio rural portugués en el marco de la política agrícola común europea: algunas implicaciones para la agricultura familiar. Revista Economía, Sociedad y Territorio 12, n° 39: 473-492, 2012. Correo electrónico: morin@colpos.mx

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Introducción

un objetivo común, particularmente, el acceso a nuevos esquemas de financiamiento y comercialización de los pequeños productores de hortalizas de Acatzingo.

esde el punto de vista de las ciencias sociales, la aproximación al entendimiento de un fenómeno social conlleva una combinación de teoría, objetivos e hipótesis. Invariablemente, la colección de datos, su análisis y discusión de resultados requieren como punto de partida la construcción de un modelo sintético que refleje la realidad social y que tenga su fundamentación en procesos lógicos y teóricos (Gracia y Burillo 1978).

El trabajo se divide en cinco secciones: la primera es una parte introductoria donde se examinan brevemente la importancia y el uso de los modelos matemáticos en las ciencias sociales, así como el objetivo del trabajo; la segunda sección muestra el marco analítico que sustenta el estudio; en la tercera sección se describe la metodología de la investigación; la cuarta expone los resultados y discusión; la quinta y última sección presenta las conclusiones.

En esta situación, el avance de la matemática dentro de la sociología ha sido centrado en aspectos organizativos de datos con una deficiencia basal en un marco teórico-conceptual firme. Lo anterior ha originado una desintegración del conocimiento que ha provocado que la ciencia social no tenga herramientas analíticas para afrontar los desafíos futuros. Autores como Nash (1953), Simon (1955) y Field (1985) han desarrollado modelos matemáticos para explicar los fenómenos sociales con un fuerte componente práctico pero descuidando aspectos teóricos y conceptuales. En la actualidad, Sethi y Somanathan (2006) y Medina (2007) han tratado de acortar esa brecha con modelos predictivos más cercanos a la realidad social.

Marco analítico El actor y el sistema productivo Los sistemas sociales son abiertos y están sometidos a un constante proceso recursivo con su entorno. Los procesos internos de los sistemas y la interacción con su entorno generan nuevas propiedades y se transforman dando como resultado la evolución y el desarrollo (Burns, Baumgartner y DeVille 2002; Akerlof 1997). De acuerdo con Crozier y Friedberg (1990), los actores sociales en su totalidad son, dentro de las restricciones que les impone el sistema, quienes disponen de un margen de libertad, que emplean de manera estratégica en sus interacciones con los otros. Ésta es la razón, según Estrada (2008), por la que los individuos no buscan maximizar la utilidad sino tener una utilidad razonable: en lugar de pagar un precio óptimo, hablamos de un precio justo, y en lugar de vender al mejor precio, las ventas son realizadas a un precio que termine con el stock.

Naturalmente, todo modelo puede perfeccionarse, bien en cuanto a sus propios mecanismos, bien en cuanto a las teorías en que se fundamenta. La posible perfección no debe olvidar los objetivos para los que el modelo fue concebido, y esto requiere el conocimiento de sus límites sociales y aplicabilidad (Gracia y Burillo 1978). En la realidad social hay una variedad de situaciones para el surgimiento de discontinuidades y procesos de autoorganización en el sentido de los modelos científicos. En ella encontramos procesos, con un alcance espacio-temporal naturalmente limitado, centrados en la conducta colectiva de grandes cuasi grupos, cuyos elementos —individuos, presupuestos o incluso organizaciones— pueden estar cultural o normativamente regulados respecto del aspecto de la conducta que nos interesa, y que actúan en constante interferencia mutua, pero no están organizados, es decir, su conducta no está coordinada con arreglo a un plan de acción (Mayntz 2002).

La interacción actor-sistema insiste en el reconocimiento del estado incompleto del conocimiento y de la naturaleza contradictoria de las acciones políticas y de los arreglos institucionales. En cuanto las políticas, incluso involuntariamente, exijan la aparición de las nuevas orientaciones de valor, modelos, estrategias, o la redistribución extensa, la estabilidad total del sistema puede estar amenazada (Burns, Baumgartner y DeVille 2002). Así, consideramos que el actor social es una entidad que dispone de los medios para decidir y actuar conforme a sus decisiones y capacidad de respuesta en referencia a un sistema específico. El sistema productivo puede ser visto como un mecanismo que influye en las transformaciones permanentes de las localidades y regiones, que

Ante lo señalado, el presente trabajo tiene como objetivo aproximarse a una formalización lógica de la acción colectiva rural que posibilite medir la intensidad de la dinámica de cambios de un sistema productivo como consecuencia de la sinergia de sus formas de capital social en torno a

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trata de responder a las exigencias del mercado a través de redes sociales y la identidad cultural de los actores sociales de un territorio específico. En este sentido, la dinámica relacional entre los actores sociales adquiere relevancia dentro de los sistemas productivos.

contexto donde las racionalidades toman cuerpo y lógica en la teoría de las decisiones interactivas. La teoría de las decisiones interactivas nace de los esfuerzos de John Von Neumann y Oskar Morgenstern, con el propósito de confrontar las limitaciones de la teoría económica neoclásica. Estudia el comportamiento estratégico cuando dos o más individuos interactúan y cada decisión individual resulta de lo que él (o ella) espera que los otros hagan. También, permite analizar problemas de optimización interactiva (Morgenstern 1976; Monsalve 2002; Soto y Valente 2005).

La acción colectiva Para Giraud (1993), la acción colectiva es una concepción de lo organizado con dinámicas sociales locales fundadas sobre relaciones de poder y de interés. En la misma orientación teórica, Crozier y Friedberg (1990) señalan que la acción colectiva se presenta como la traducción de relaciones de fuerza provenientes de las relaciones de poder entre actores o grupos de actores. Este modelo coloca la inteligibilidad de la acción en las lógicas de los actores y en las situaciones de interacción, lo que permite pensar las dinámicas del conjunto social más allá de las características de los intercambios; aunque Crozier y Friedberg (1990) no dan una explicación satisfactoria acerca de la movilización de los recursos de la acción ni del vínculo social que se desarrolla en el curso de una acción colectiva. Los autores concluyen que la acción colectiva es una construcción social generada por actores relativamente autónomos, para el logro de objetivos comunes con orientaciones diferentes, pero potencialmente dispuestos a cooperar.

En la teoría, los participantes pueden ser dos o más; básicamente, existen dos formas distintas de aproximarnos al análisis de una situación de interacciones entre individuos. La primera es la teoría de juegos no cooperativos, en la que, básicamente, un conjunto de individuos, cada uno con estrategias a su disposición, reciben asignaciones de pagos o recompensas por llevar a cabo tales estrategias. La característica no cooperativa consiste en la manera como eligen y en lo que saben de los otros individuos cuando eligen: en general, se supone que los individuos toman sus decisiones independientemente unos de otros, aunque conociendo a sus oponentes y las posibles estrategias que tienen a su disposición. El dilema del prisionero ilustra bien la teoría. La historia de este juego es como sigue: dos individuos son detenidos porque cometieron cierto delito. Ambos son separados en celdas diferentes e interrogados individualmente. Ambos tienen dos alternativas: cooperar uno con el otro (no confesar) o no cooperar (confesar el delito). Ellos saben que si ninguno confiesa, cada uno irá a prisión por dos años. Pero si uno de los dos confiesa y el otro no, entonces al que confiesa lo dejaran libre y al otro que no confiesa lo condenarán a diez años de prisión. Si ambos confiesan, los dos irán a prisión por seis años.

Según Ostrom y Ahn (2003), existen dos grandes corrientes teóricas en la acción colectiva: la primera se denomina de primera generación. Estas teorías señalaban que para superar la incapacidad de los individuos para resolver los problemas se requería la intervención de una autoridad externa, la provisión de incentivos selectivos o la privatización; criticaban la creencia de que los individuos con intereses comunes actuarían voluntariamente para hacer realidad dichos intereses. Concluyen que los individuos son atomizados, egoístas y racionales, que no podían lograr beneficios conjuntos cuando se los dejaba solos, así todos se fueran a beneficiar, contribuyendo o no al esfuerzo. En la segunda se reconoce la existencia de múltiples tipos de individuos. Concluyen que existe una proporción importante de individuos que, según la teoría de los juegos, tienen funciones utilitarias no egoístas: que tienen en cuenta los intereses de otras personas, así como los propios, al tomar decisiones, orientándose a nuevos tipos de asuntos, entre ellos, el capital social.

La pregunta es: ¿Qué harán los detenidos? ¿Cooperarán entre sí (no confesarán) o se traicionarán el uno al otro (confesarán)? Estudiando las cuatro posibilidades del juego, observamos que el único acuerdo creíble es la opción (-2, -2). Sin embargo, la estructura no cooperativa del juego predice que uno o ambos se traicionaran, debido a que siguen intereses individuales y egoístas. De acuerdo con Monsalve (2003), en situaciones similares a ésta es que la competencia egoísta puede conducir a estados que son inferiores (en cuanto al beneficio personal y social) a los estados cooperativos, pero que estos últimos no podrán implementarse, a menos que existan reforzamientos externos (normas formales o informales) que obliguen a las partes a cumplir con el acuerdo de cooperación.

Las posturas de Ostrom y Ahn (2003) y Crozier y Friedberg (1990) posibilitan la construcción de un marco analítico de la acción colectiva rural de los actores sociales vinculados a un determinado sistema productivo, en un

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La segunda es la teoría de juegos cooperativos. Aquí todavía tenemos los mismos agentes egoístas, pero ahora se asume que, si pueden obtener algún beneficio de la cooperación, no dudarán en formar alianzas. Por supuesto, bajo una estructura como la de juegos no cooperativos, un acuerdo de cooperación puede no ser la solución, de manera que los individuos deben tener una estructura de información diferente si queremos un comportamiento lógico. Su aplicación se puede apreciar en la imagen 1.

Una visión integradora de la cooperación y la competición puede incentivar y acrecentar el estado del conocimiento individual, lo que permite estimular la innovación, dado que genera tensión creativa dentro de las organizaciones. Además, se puede percibir cómo individuos con racionalidad paramétrica se pasan a una racionalidad estratégica en función de las redes sociales que establecen.

Imagen 1. El juego cooperativo

Las redes sociales y las relaciones entre actores de un sistema productivo

I A

II C

Las redes

Las redes sociales son el resultado de la relación de los grupos humanos que sostienen dos o más personas con la finalidad de ayudarse, realizar negocios, intercambiar información o llevar a cabo cualquier actividad articulada con sus intereses para acceder a escenarios competitivos (Podolny y Baron 1997). Los rasgos familiares, de negocios o de producción son los que más comúnmente se encuentran en las redes sociales que se efectúan entre los integrantes de la sociedad (González y Basaldúa 2007).

II D

En la imagen 1 se muestran dos individuos. El individuo I se mueve primero y puede elegir entre el movimiento A o B. El individuo II, según el movimiento del individuo I, elige el movimiento C o D. En función de las opciones elegidas por ambos individuos, se llega a los posibles resultados R1, R2, R3 o R4. En este tipo de juego está definido el conjunto de reglas que fijan las posibles jugadas en todo momento, incluidos qué individuo tiene que mover, la probabilidad de cada una de las opciones si los movimientos se hacen de forma aleatoria y el conjunto de resultados finales que relacionan una ganancia con cada una de las formas de terminar el juego.

Para Lugo-Morin et al. (2010), las redes sociales representan un espacio relacional donde los actores sociales construyen relaciones diferenciadas, en el marco de múltiples procesos (por ejemplo, de negociación, subordinación, cooperación o conflicto). El análisis de redes sociales ha experimentado un rápido crecimiento. Sin embargo, su uso en el ámbito rural no ha tenido la misma dinámica, y su utilización es vista como “novedosa y paradigmática” (Murdoch 2000, 407). El estudio de las redes sociales en el ámbito rural debe considerar los siguientes aspectos: el límite de una red, los datos, el tipo de relación, la recolección-tratamientos de datos, los elementos de la red y los subgrupos, posiciones (similitud estructural) y roles (Lugo-Morin 2011).

La convergencia entre los dos ramales que sustenta la teoría de las decisiones interactivas puede derivar en un equilibrio que alcanzan los individuos que actúan con cierta rivalidad, a la vez que presentan dependencia entre ellos. De este modo, los competidores cooperan en ciertas actividades y compiten en el mismo negocio simultáneamente. De acuerdo con Nash (1953), las teorías de los juegos cooperativos y no cooperativos son complementarias: cada una ayuda a justificar y clarificar la otra. Estos primeros postulados fueron los que llevaron a Nalebuff y Brandenburger (1997) a desarrollar el concepto de coopetición.

Con el análisis de redes sociales se puede avanzar en la comprensión de fenómenos sociales “micro” (campesinos) y “meso” (comunidades, sistemas agroproductivos locales), es decir, aquellos fenómenos que derivan de los actores sociales en los que se presentan simultáneamente interacciones individuales, instituciones y estructuras sociales observables de manera empírica. Con el análisis de redes se observarán las interacciones de instituciones formales e informales (procesos de negociación, cooperación, subordinación), y se develarán conflictos, manifestaciones culturales y estrategias de solidaridad, amistad y familiares, en el marco

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Agujeros estructurales: la idea de que existan agujeros en la estructura de interacción social en redes de individuos representa simplemente el desinterés mutuo entre los actores sobre sus actividades, y su formación es natural en toda red social. El concepto representa una especie de introspección estructural que aísla los flujos de información de los individuos ubicados en lados opuestos del agujero. De esta manera, los nodos que los aprovechen tienen la oportunidad de intermediar en el flujo de información, generando oportunidades de control sobre la información que poseen los actores anidados en cada extremo, conexión que sin su participación no existiría. Esto por definición es, para aquellos que sepan sacar ventaja, capital social (Velázquez y Rey 2007). Así, aquellos actores cuyas relaciones atraviesan los agujeros estructurales tienen ventajas competitivas, por la capacidad de acceder a más información, de ejercer algún grado de control sobre los grupos desconectados.

de estructuras sociales diferenciadas que los influyen, condicionan o permiten (Lugo-Morin 2010). O bien, desde el modelo de Axelrod (1984 y 1997), donde el concepto de vecindad es determinante. Desde la perspectiva de Barabási (2002), estos arreglos siguen una lógica preferencial, en la cual nuevos actores que se añadan a una red se conectarán con actores con mayores niveles de conectividad. Los indicadores apropiados, de acuerdo con el objetivo de la investigación y con el marco analítico, son los siguientes: densidad, equivalencia estructural, centralidad y agujeros estructurales. Densidad: uno de los principales atributos estructurales de una red social es la densidad de relaciones, que puede ser interpretada como una medida de la intensidad de los vínculos entre los actores (Porras 2001; White y Harary 2001). En el caso particular de una red perteneciente a un sistema productivo, esta medida calcula el número de vínculos. El índice de densidad es indicativo de los vínculos más importantes.

Las relaciones Entre las interacciones de los actores sociales surge un sinnúmero de relaciones, tales como negociación (Stevens 1958; Battaglia 2003), cooperación (Miller 2007), subordinación (Rubio (2004 y 2006; Falcón 2006), confianza (Herreros 2004; Luna y Velasco 2005), parentesco (Espronceda 2001) y conflicto (Laca 2006; Bernard 1950). Estas relaciones son abordadas y explicadas en detalle en el trabajo de Lugo-Morin (2013), el cual identifica y examina las formas de capital social que se establecen en los sistemas territoriales rurales.

Equivalencia estructural: esta medida indica la posición social de los actores y puede ayudar a establecer los patrones de competencia y de concentración de poder, así como identificar los espacios de cooperación (Breiger 1995). Su utilización determina el grado de similitud de la estructura de vínculos de los distintos actores (Herrero 2000; Rodríguez 2005). En el análisis de equivalencia estructural, los bloques constituyentes de la estructura social son posiciones sociales. Las posiciones son definidas a partir de regularidades en los modos de relación entre actores, no a partir de los atributos de los actores mismos. El coeficiente de correlación de Pearson es una opción para presentar el número de vínculos comunes como proporción de los vínculos totales reportados por cada actor.

Se precisa que todo individuo o grupo puede establecer conexiones; estas conexiones sustentan su permanencia en un marco institucional formal e informal. En esta lógica, Lugo-Morin (2013) señala que toda relación social es susceptible de generar capital social.

Metodología de la investigación

Centralidad: se refiere a la importancia relativa de un actor dentro de la red social. En este caso, el análisis de centralidad permite identificar actores individuales que concentran el poder relacional dentro de las redes sociales. El poseer mayor número de vínculos suele interpretarse como una fuente de capital social. Las conexiones que establece un actor son vistas como un activo valioso, permitiéndole al actor tomar posición en la estructura de intercambios entre los agentes (Burt 2004). Para el estudio se consideró la centralidad de grado de Freeman, que mide el número de relaciones que posee cada actor (Freeman 2000).

La investigación se realizó en Acatzingo, municipio del valle de Tepeaca. Este valle tiene una importancia estratégica, por ser una de las zonas productoras de hortalizas más importante de Puebla (México). Está conformado, según Rappo y Vázquez (2006), por trece municipios: San Francisco Mixtla, Santa Isabel Tlanepantla, Cuautinchán, Tzicatlacoyan, Tecali de Herrera, Acatzingo, San Salvador de Huixcolotla, Tepeaca, Cuapiaxtla de Madero, Tecamachalco, Santo Tomás Hueyotlipan, Tochtepec y Los Reyes de Juárez.

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Acatzingo se encuentra en el centro del estado de Puebla (México), a 2160 msnm, entre las coordenadas 18º 58’ Norte y 97º 46’ Oeste; el clima, según la clasificación de Holdridge (1978), es (A) C w’’) (w) b (i’)g templado subhúmedo, con lluvias en verano, temperatura media anual de 19,5 ºC y precipitación media de 788,3 mm. Tiene una extensión territorial de 12.500 hectáreas, de las cuales el 70,6% es superficie agrícola aprovechable; la población económicamente activa (PEA) del sector primario es de 4.901 (Rappo y Vázquez 2006). De las cifras reportadas, se desprende que existen unas 250 unidades de producción rural (UPR) que se dedican a la producción de hortalizas; esta cifra es consistente con los hallazgos del trabajo de campo de Lugo-Morin (2010).

utilizando la metodología cualitativa. Bajo esta metodología, se aplicaron entrevistas semiestructuradas a diversos actores del sistema hortícola local: pequeños productores, proveedores de bienes y servicios y comercializadores; así como cuestionarios sociométricos y observación participante. Las entrevistas se orientaron a identificar las relaciones en el sistema hortícola y la red social de los actores sociales participantes. Los cuestionarios midieron las relaciones identificadas, así como la frecuencia de interacción. La información fue sistematizada y analizada de acuerdo con las variables de estudio. En un primer momento se identificaron y delimitaron los actores sociales y el tipo de relaciones que establecían. Con base en las observaciones exploratorias realizadas en campo y la revisión de literatura, el límite de la red se estableció según la perspectiva nominalista. En un segundo momento se estableció la dimensionalidad de la red a través de varios niveles de análisis: 1) la densidad; 2) la equivalencia estructural; 3) la centralidad de los actores que participan en la red, y 4) los agujeros estructurales.

La comercialización de la producción hortícola se realiza principalmente en la central de abasto de Huixcolotla, la cual emplea como sistema de venta una variante de la subasta holandesa. Es decir, un sistema de venta basado en la competencia directa, donde el ofertante comienza subastando con un alto precio, que es rebajado hasta que llega al precio mínimo aceptado para esa venta. La central de abasto se ubica de manera estratégica en la región, dinamizando económicamente la región con unos 25 mil empleos directos de 36 municipios. Los pequeños productores están conformados en 136 sociedades ejidales. De acuerdo con Lugo-Morin (2010), para el año 2009, la central de abasto despachó diariamente a los mercados regionales y nacionales unas 2.000 toneladas de hortalizas, y para los mercados internacionales, unas 1.000 toneladas; con un monto mensual de 480 millones de pesos, lo que representa un valor de producción anual de 5.760 millones de pesos.

Elementos para la formalización lógica de la acción colectiva rural

La investigación empleó la técnica del estudio de caso y se centró en el análisis del sistema productivo hortícola del municipio de Acatzingo y los actores sociales vinculados. El análisis valoró los emprendimientos de acción colectiva del sistema productivo, empleando herramientas analíticas capaces de identificar y comprender la naturaleza de dichos emprendimientos, tales como las decisiones interactivas y las redes sociales.

Un modelo matemático expresa relaciones y variables, así como relaciones entre variables, para estudiar comportamientos de sistemas productivos ante situaciones difíciles de observar en la realidad. Una de las formas de representar esta sinergia es a través de un índice, que representa convencionalmente el grado o intensidad de relación de una cualidad o un fenómeno determinado. El patrón de vínculos establecidos en un determinado sistema de referencia, sobre un actor en particular, permite fijar importantes propiedades estructurales de una red. De acuerdo con Burt (1982), la existencia de las relaciones obliga a formular los intereses como relativos y sometidos a las limitaciones y oportunidades ofrecidas por la estructura en la que los individuos están inmersos. Al mismo tiempo que los actores están condicionados por la estructura social concreta en que se hallan, la (re)producen por medio de sus interacciones cotidianas. Así, pues, aparece un bucle entre la acción y las relaciones existentes, dado que la acción puede consistir en crear una relación, modificando con ello la red, que a continuación tendrá una influencia en la acción, y así sucesivamente.

Entre los meses de junio de 2008 y octubre de 2009 se realizó trabajo de campo en el municipio de Acatzingo

Lo anterior posibilita que las distintas formas de capital social (normas informales, relaciones de confianza

El sistema productivo no cuenta con financiamiento y está integrado por tres componentes: el proceso productivo agrícola, los bienes y servicios para la producción y la comercialización, que interactúan estableciendo redes sociales asimétricas y simétricas.

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y cooperación, así como el grado de organización) que emergen de un sistema productivo sean determinantes de su desempeño socioeconómico. En este sentido, se desarrolló el índice de acción colectiva rural (IACr), que mide la intensidad de la dinámica de cambios de un sistema productivo como consecuencia de la sinergia de sus formas de capital social en torno a un objetivo común, en este caso, el acceso a nuevos esquemas de financiamiento y comercialización por parte de los pequeños productores de hortalizas de Acatzingo. Su representación matemática, es la siguiente:

Ve, lo cual vendría a darle un sentido social al modelo. La expresión matemática en su conjunto es la siguiente: IACr = [(Va * Vd) / (Vb * Vc)] * Ve

donde

IACr = f (Va , Vb , Vc , Vd , Ve ) El índice de acción colectiva rural (IACr) está dado por una relación simple que se establece en dos planos: micro-meso. En el primer caso se ubican estimadores de acción individuales, y en el segundo, los estimadores de acción colectiva.

IACr

Índice de acción colectiva rural

Estimador de las relaciones que generan capital social en los actores

Estimador de la organización del sistema que puede ser dado por la centralidad de los actores

Estimador de la organización del sistema, exceptuando al actor más central de la red

Ponderador dicotómico de una o varias normas informales (norma informal)

Estimadores de acción individual IACr = Estimadores de acción colectiva

donde los estimadores de acción individual van a comprender el estimador de las relaciones que generan capital social en los actores y el estimador de la organización del sistema, exceptuando al actor más central de la red. Se expresa matemáticamente como sigue:

Si IACr es positivo o>1

Indica que la acción colectiva en el sistema productivo puede ser un elemento dinamizador, debido a un número importante de interacciones en el sistema. La sinergia de sus distintas formas de capital social posibilita acercarse a su objetivo en común.

Si IACr es negativo o<1

Indica que existen restricciones de acción colectiva en el sistema productivo que pueden obstaculizar la cohesión dentro del sistema, debido a un número poco significativo de interacciones. La poca sinergia de sus distintas formas de capital social posibilita alejarse de su objetivo en común.

Si IACr es igual a 0

Indica que existen muy pocas o nulas posibilidades de que el sistema productivo pueda ser un ente dinamizador, debido a la ausencia de normas informales. O que hay una confusión acerca de la naturaleza de las relaciones existentes y que están resultando inocuas, en el sentido de su eficiencia para potenciar resultados.

Estimadores de acción individual = Va * Vd Los estimadores de acción colectiva van a comprender el estimador de todas las relaciones que se generan en el sistema, exceptuando aquellas que generan capital social y el estimador de la organización del sistema que puede ser dado por la centralidad de los actores de la red. Se expresa matemáticamente como sigue: Estimadores de acción colectiva = Vb * Vc Para ambos casos, el efecto no es aditivo simple, sino que es un efecto potenciado, por lo que se cambia lo que podría ser resuelto con una suma por un producto de ambos factores. Dicha relación se va a mover entre valores positivos o mayores que 1 (> 1) y valores negativos o menores que 1 (< 1). Un aspecto de relevancia en los emprendimientos de acción colectiva son las medidas de control social, que están dadas en este caso por las normas informales y que requieren ser ponderadas. En ausencia de medidas de control, la acción colectiva difícilmente se activa, por lo que se debe incluir un factor de ponderación, que es

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Resultados y discusión

dominan las relaciones de negociación, cooperación, subordinación, y en menor proporción, la confianza. Los resultados son sugerentes respecto a los señalamientos de Borch y Girard (2009), al indicar que las decisiones estratégicas de los actores emergen de modelos específicos de intercambio.

En Acatzingo la producción hortícola es diversificada, con alrededor de dieciocho cultivos (Oeidrus 2009). El sistema productivo hortícola está integrado por tres componentes: el proceso productivo agrícola, los bienes y servicios para la producción y la comercialización. En el primero se identifican pequeños productores, que tienen una edad entre los 30 y 65 años, con un promedio de 3,5 hectáreas por unidad productiva. Entre los elementos que integran la unidad se encuentran: la propiedad de la tierra, el conocimiento local, la fuerza laboral y los recursos económicos, que les permiten cierta autonomía en lo que refiere a qué, cuándo, cómo y cuánto producir.

El segundo emprendimiento está referido a la conformación de pequeñas sociedades en torno al recurso hídrico que es empleado para riego, en sociedades que se rigen por normas informales donde priman los espacios cooperativos. Sin embargo, dichos espacios no son constantes fuera de la sociedad de riego. La interdependencia y las normas informales son elementos asociados al grado de autonomía que puede tener un pequeño productor. Predominan las relaciones de confianza y cooperación, que son articuladas por el grado de respeto que ha ganado la sociedad históricamente. De acuerdo con GonzálezBailón (2009), la interdependencia es el mecanismo básico por el cual las redes afectan procesos sociales: es una conexión que hace que los agentes tengan en cuenta distintas medidas e influencias. Esta interdependencia —aunque toma diversas formas y crea diversas posiciones estructurales, dependiendo de la ubicación dentro de la estructura global— lleva a que los agentes puedan activar (o no) los mecanismos que permiten que las redes satisfagan su papel dentro del sistema.

La actividad hortícola descansa en la familia y la contratación de fuerza de trabajo. En el segundo componente se identifican diversos actores sociales; casas comerciales, viveros, despachos de certificación sanitaria, organizaciones gubernamentales; la mayoría de los actores mencionados se ubican muy cerca de los centros de producción, cuentan con capital y cierto nivel de especialización, lo que les permite atender la demanda de servicios y bienes. Por último, está el componente de la comercialización, que agrupa dos tipos de capital: el comercial (permite soportar las transacciones de compra-venta de productos sin realizar inversión), con intermediarios locales, y el empresarial (no sólo soporta las operaciones de compra-venta de productos, sino que también se emplea para realizar inversiones, tales como infraestructura, tecnología y transporte), con empacadoras y exportadoras, así como tiendas de autoservicios, tales como Soriana, Wal-Mart y Chedraui.

La restricción a la acción colectiva vincula el segundo emprendimiento con el componente de comercialización, indicando cómo, en contextos distintos, cambia la estructura relacional. Las relaciones de cooperación que se establecen alrededor del recurso hídrico arrojan una densidad de 0,6667, mientras que en un contexto distinto, como lo es el proceso de comercialización, los mismos nodos en la central de abasto cambian la relación, y su densidad baja considerablemente (0,0667). Estos actores, a pesar de pertenecer a un mismo territorio, detentan una diversidad de comportamientos racionales que no coinciden entre los distintos componentes que integran al sistema hortícola de Acatzingo. De acuerdo con Crozier y Friedberg (1990), los actores en su totalidad son quienes, dentro de las restricciones que les impone el sistema, disponen de un margen de libertad que emplean de manera estratégica en sus interacciones con los otros.

Dentro de los tres componentes que articula el sistema hortícola, se identificaron dos emprendimientos de acción colectiva: el componente proceso productivo, y una restricción, el componente de comercialización. Lo anterior da cuerpo a la acción colectiva rural, que se construye en una atmósfera de procesos sociales donde predominan la negociación, cooperación y subordinación, entre otras relaciones. En el primer emprendimiento se identificaron dos grupos, que, siguiendo la lógica del dilema del prisionero, establecen que la estrategia dominante pasa por no esforzarse en cooperar. Sin embargo, dicha estrategia no lleva a una solución óptima, debido a los intereses de cada grupo, lo que conduce finalmente a cooperar. Los resultados del análisis de redes sociales en las medidas centralidad de grado y equivalencia indican que los espacios cooperativos son viables. Pre-

Del análisis de los emprendimientos y restricción de la acción colectiva, con base en la teoría de las decisiones interactivas y el enfoque de redes sociales, en el caso concreto de estudio se identificaron y cuantificaron las distintas formas de capital social, con base en el trabajo de Lugo-Morin (2013).

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Arreglos asociados a la formalización lógica de la acción colectiva rural

para el caso concreto de este estudio se ubica en encontrar nuevos esquemas de financiamiento y comercialización, en el marco de la producción hortícola de los pequeños productores del sistema. En un esquema de análisis más amplio, los procesos relacionales en el ámbito territorial pueden ser percibidos claramente, debido a que los territorios son reflejos de las configuraciones de sus respectivos sistemas, lo que posibilita, en el nivel territorial, idear soluciones estructurales a los problemas estructurales.

El índice se calculó con base en los hallazgos del trabajo de campo. Se identificaron seis tipos de relaciones: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Negociación (151) Confianza (4) Cooperación (54) Parentesco (2) Conflicto (1) Subordinación (8)

El alcance que tiene la construcción del índice nos lleva a la siguiente interrogante: ¿en qué medida deberíamos definir un sistema relacional con sus propias propiedades estructurales y sus efectos funcionales al nivel micro-meso?

De las relaciones mencionadas previamente, se considerarán dos: confianza y cooperación, así como la organización del sistema, que viene dada por la centralidad de la red (0,3472), donde el actor más central tiene un valor numérico de 46 en términos absolutos.

Apoyándonos en la teoría relacional de Donati (1993), el cambio social devela las realidades sociales, cuyo motor son los actores (individuales o colectivos) que están en relación entre sí dentro de un contexto determinado, el cual intenta captar (cambio social) el tiempo social de las relaciones. En un primer momento, el cambio social es entendido como el producto de una infinitud de microacciones individuales, que pueden comprenderse, antes que explicarse, con referencia a los sujetos individuales. En un segundo momento, tenemos que el elemento común fundamental que genera el sentido es la estructura o el sistema productivo, porque “quien” obra el cambio social es la estructura o el sistema social.

Se identificó al menos una norma informal (respeto) que se deriva de las pequeñas sociedades del agua. Para obtener el valor de Va se suman los valores de las relaciones confianza y cooperación. Con referencia a Vb, se suman los valores de las relaciones negociación, parentesco, conflicto y subordinación. El valor de Vc viene dado por la centralidad de la red. El valor de la variable Vd se extrae del actor más central de la red. Finalmente, se indica la ausencia (0) o presencia (1) de la norma informal en términos binarios, que para el presente estudio será el “respeto”. Un resumen de los datos obtenidos se puede observar en la tabla 1.

Los datos empíricos muestran que los actores establecen y mantienen redes sociales con la finalidad de construir un sistema de arreglos que les permita obtener un lugar en la estructura o sistema productivo. Estos reacomodos de los actores sugieren que los sistemas productivos poseen un mecanismo de estabilidad que los lleva a un estado de permanencia o desaparición, de acuerdo con el tiempo de la relación social. Es decir, si las relaciones son duraderas, es posible considerar la permanencia del sistema; si, por el

El índice de acción colectiva rural (IACr) obtenido para el sistema es de 47,43. Esta expresión numérica, dada en términos absolutos, indica que la acción colectiva en el sistema productivo puede ser un elemento dinamizador, debido a un número importante de interacciones en el sistema. Además, la sinergia de sus distintas formas de capital social posibilita acercarse a un objetivo común, que Tabla 1. Cálculo del índice de acción colectiva rural Valor de las relaciones que generan los actores

Valor de la organización del sistema que puede ser

Micro

58 (Va)

162 (Vb)

Meso

0,3472 (Vc)

46 (Vd)

Alcance

IACr =

sociales (Valores absolutos)

dado por la centralidad de los actores

IACr

= 47,43

[(58 * 46) / (162 * 0,3472)] *1

Nota: condición de la norma informal: presente (1). Fuente: elaboración propia con base en los datos recopilados en campo y apoyo del programa informático UCINET 6 (Borgatti, Everett y Freeman 2002).

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contrario, las relaciones son de poca duración, se puede esperar la desaparición del sistema, en términos de cambios.

de múltiples tipos de individuos como principio central del modelaje. Por lo tanto, lo que determina el nivel de éxito de una acción colectiva es una configuración total de factores, formas de capital social, en un contexto concreto.

Otro aspecto de relevancia está referido al concepto de capital social; su manejo tanto empírico como conceptual posibilita una amplia aplicabilidad de la acción colectiva en el medio rural. De acuerdo con Ostrom y Ahn (2003), el concepto de capital social pone el acento sobre varios factores que no son nuevos, pero que en general fueron pasados por alto durante el auge de la economía neoclásica y las teorías de la elección racional: confianza, cooperación, redes y formas de participación civil, que bien podrían traducirse en organización y reglas o instituciones tanto formales como informales. La contribución de la perspectiva del capital social consiste en que incorpora estos factores aparentemente diversos al marco de la acción colectiva. La evolución del concepto de capital social muestra dos tendencias relacionadas, pero relativamente distintas. La primera se denomina minimalista, y la segunda, expansionista. Estas tendencias coinciden en parte con los señalamientos de Donati (1993), quien, aunque no hace alusión de un modo directo al capital social, expone y explica los distintos niveles estructurales.

Por último, la aplicación del IACr dota al análisis de una interpretación relacional que permite avanzar en el dinamismo de un sistema productivo que emerge de una sociedad rural cada vez más asimétrica, caracterizada por la implosión/explosión de las relaciones sociales, en un diverso tiempo social de las relaciones; un tiempo que reduce o amplía las relaciones como ninguna sociedad lo ha hecho antes. Estas consideraciones muestran la importancia del índice de acción.

Conclusiones Las variadas formas de capital social encontradas en el caso concreto de estudio posibilitaron la formalización lógica a través de un índice de la acción colectiva rural. Entre las formas de capital social se identificaron: organización, instituciones informales, relaciones de cooperación y confianza, así como otros tipos de relaciones (negociación, parentesco, conflicto y subordinación) que emergen como procesos relacionales catalizadores dentro del sistema, que pueden afectar positiva o negativamente la sinergia del proceso relacional en su totalidad o al sistema en cuestión.

La primera tendencia, la utilización minimalista del capital social, se encuentra con mayor frecuencia en el análisis de redes sociales en las que el capital social se entiende como el acceso de las personas a redes personales favorables. A través de la visión minimalista, es común entender el capital social como: I) perteneciente a los individuos y II) como una conexión con las personas que quizá pueden ayudar como la forma primaria. En la segunda tendencia, el reconocimiento del papel del capital social en la resolución de problemas de acción colectiva tiene implicaciones importantes tanto para la teoría de la acción colectiva como para las políticas públicas. El modelo tradicional de la acción colectiva supone la existencia de individuos atomizados que buscan metas egoístas de corto plazo que llevan a cada individuo a no colaborar en un grado eficientemente integral con los proyectos colectivos (Ostrom y Ahn 2003). Según esta visión, los individuos no abordan de manera voluntaria una multitud de proyectos que benefician la colectividad en las esferas privada y pública, porque esperan a que los demás lleven a cabo las costosas acciones necesarias para beneficiarlos a todos.

La formalización lógica de la acción colectiva rural permitió examinar la dinámica relacional entre los actores sociales del sistema productivo hortícola, en un marco de iniciativas, restricciones y redes sociales. De lo que se trata es de avanzar en la existencia del capital social como variable potenciadora de un ambiente de aprendizaje donde las interacciones y experiencias (conocimiento tácito y codificado) de los actores sociales del medio rural pueden consolidar estructuralmente su sistema productivo. Este complejo de relaciones, redes, estructuras y reglas emerge para la consecución del objetivo común. El modelo propuesto pretende dar capacidad analítica a los incentivos y restricciones de acción colectiva de los actores sociales asociados a un sistema productivo agrícola, una vez identificados. Aunque el estudio es preliminar, los resultados constituyen un paso adelante en la medición de la acción colectiva. Esto permite articular una agenda de investigación propicia, en un marco donde el medio rural está en constante cambio, y posibilita despejar las incertidumbres en torno a los sistemas productivos rurales, situación que animaría al sector gubernamental para diseñar e instrumentar políticas agrícolas y rurales en consonancia con los desafíos que hoy enfrenta el campo.

Partiendo de la elaboración teórica de Ostrom, entre otros autores, se amplía el concepto de capital social, de tal manera que hoy en día ha llegado a resultar atractivo tanto para los teóricos como para los generadores de políticas. Primero, localizan explícitamente los conceptos de capital social en el marco de la acción colectiva. Segundo, abordan problemas importantes de políticas públicas con la perspectiva de capital social/acción colectiva. Tercero, reconocen la existencia

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El dolor crónico en la historia

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Participación política de desmovilizados: Universidad Nacional de Colombia y Naciones Unidas, 28 de abril de 2013

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• Javier Moscoso – Consejo Superior de Investigaciones Científicas, España

• Francisco Leal Buitrago – Universidad Nacional de Colombia / Universidad de los Andes, Colombia

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El dolor crónico en la historia* Javier Moscosov DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.13

Introducción

El presente artículo pretende sugerir que el surgimiento de la medicina del dolor y, de modo más general, la nueva política del dolor que aparece a mediados del siglo XX no están relacionados con la sustitución de marcos teóricos, o con la modificación y objetivación del objeto de estudio, sino con otras condiciones culturales relacionadas con la acotación de la experiencia. Al contrario de la interpretación más extendida, que hace de la aparición de la medicina del dolor la conclusión inevitable de las dificultades y obsolescencias de un modelo teórico agotado, me gustaría sugerir aquí una alternativa de mayor imbricación cultural. De manera general, quisiera plantear cómo la medicalización del dolor crónico no ha dependido tan sólo de factores internos dentro de la práctica hospitalaria y la teoría clínica, sino también, y sobre todo, de la formación y categorización de grupos humanos. Aun cuando la relación entre el dolor y la guerra no requiere ulteriores clarificaciones, la medicalización del dolor no sólo tuvo como protagonistas a los cirujanos de campaña, sino a grupos de población militar que había que reintegrar a la vida civil.

ohn J. Bonica definió el dolor crónico como una forma maléfica que impone al enfermo, a su familia y a la sociedad un grave estrés emocional, físico, económico y sociológico. El concepto implica que el dolor ya no funciona como señal y que adquiere en consecuencia la característica de una afección autónoma que debe considerarse en sí misma como una enfermedad. Al contrario de lo que ocurre con el dolor agudo, el dolor crónico no atraviesa culturas ni períodos históricos; no es un fenómeno universal ni en la historia ni en la cultura (Kleinman et al. 1992, 3).1 Por supuesto que la existencia de un sufrimiento persistente, que se manifiesta a lo largo de intervalos temporales continuos, no atañe en exclusividad a la práctica médica del siglo XX. Los dolores de cabeza o de espalda, los de los miembros amputados, las llamadas causalgias o neuralgias, han existido siempre. Pero eso no quiere decir que podamos considerar “enfermos” a quienes en el pasado hayan sufrido semejantes padecimientos. Aun cuando estuviéramos tentados a pensar que la cronicidad del dolor puede haber afectado a la humanidad en su conjunto a lo largo de la historia, no sucedería lo mismo con la idea, extraña, de que quienes sufrieron esos males fueron también enfermos de eso.

* v 1

Dolor crónico En una publicación de 1982, Patrick D. Wall y Ronald Melzack decían escribir para ilustrar un tipo de dolor

Este texto está inspirado en el capítulo VIII de mi libro Historia cultural del dolor, publicado en 2011 por la editorial Taurus, y en 2012, en su traducción al inglés, por la editorial Palgrave-Macmillan. Doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor de investigación de Historia y Filosofía de las Ciencias en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas – Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Correo electrónico: javier.moscoso@cchs.csic.es “Unlike acute pain, chronic pain (lasting for months or years) is not a ubiquitous experience. Nor has it been shown to be universal, crossing cultures and historical epochs”.

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intratable y crónico que había atormentado a miles de seres humanos a lo largo de la historia (Wall y Melzack 1996 [1982], 36 y ss.). El texto de estos dos ilustres neurofisiólogos partía de una distinción inicial entre el dolor agudo, que había sido desde antiguo uno de los signos visibles de la enfermedad, y el dolor crónico, que describían como una enfermedad en sí misma o, de manera más precisa, como un conjunto de síndromes lesivos. En la década de 1980, muchos miembros de la comunidad científica —fisiólogos, neurólogos o anestesistas— reconocían que mientras que el primero, el agudo, podía mantener un grado de utilidad —al menos en cuanto permitía anticipar la presencia de alguna condición subyacente—, el segundo (el crónico) sólo podía interpretarse como un desorden que causaba una gran cantidad de sufrimiento al paciente, a su entorno familiar y a la sociedad en su conjunto, sin que su presencia pudiera justificarse por razonamiento clínico alguno (Bonica y Albe-Fessard 1976, 17. Citado por Natas 1996, 22). A partir de la segunda mitad del siglo XX, el espacio material de esta nueva enfermedad había comenzado a poblarse con rapidez. La medicina había empezado a distinguir entre el dolor útil y el sufrimiento inútil, entre el dolor de laboratorio y el sufrimiento clínico, entre el dolor periférico y el dolor central, entre el dolor de los miembros y el dolor de las vísceras. Si bien la distinción entre dolores agudos y crónicos ya estaba presente en la fisiología romántica, hizo su aparición explícita en la segunda mitad del siglo XX. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, fundada en 1973, dependía tanto de esta distinción entre lo transitorio y lo crónico que cabe decir que cuando el dolor alcanzó plena visibilidad en el ámbito de la investigación clínica, ya no lo hizo como un único objeto, sino como varios.2

En lo que concierne a su desarrollo clínico, el sufrimiento humano se disolvió en una tipología de seres intermedios o síndromes lesivos (Wall y Melzack 1996 [1982], 284 y ss.). Algunos de entre ellos, como la causalgia, el miembro fantasma o la neuralgia del trigémino, ya eran viejos conocidos de la medicina, aunque no siempre con esos nombres. Otros muchos, sin embargo, aparecieron al socaire de las nuevas parcelaciones y condujeron, también, a la multiplicación de los marcos teóricos y las hipótesis explicativas. En 1986, la Asociación para el Estudio del Dolor propició la primera gran clasificación de los llamados “síndromes de dolor crónico”.3 La fibrositis, el síndrome de la boca ardiente o la tendinitis comenzaron a convivir con la diversificación de la migraña o del dolor de espalda persistente. El mundo se llenaba de nuevos pobladores: la alodinia, la anestesia dolorosa, la disestesia, la hiperalgesia, la hiperestesia, la parestesia, la neuritis o el dolor periférico describían realidades que hasta entonces sólo habían tenido una existencia literaria, ocultas en los relatos incompletos, a veces increíbles, de los seres humanos afectados. El interés clínico y académico por este nuevo objeto propició que en 1967 se fundara la Sociedad de Dolor Intratable. La revista Pain, dependiente de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, comenzó a publicarse en 1974 (Natas 1996). Para sus protagonistas, la aparición de esta nueva medicina parecía la culminación de un proceso, el último capítulo de una secuencia narrativa que había llevado a los seres humanos desde la lógica de la resignación a la tecnología de la resistencia. Después de la abolición del sufrimiento quirúrgico a mediados del siglo XIX, y de la introducción masiva de analgésicos en la cultura del consumo del siglo XX, razonaban estos médicos, faltaba por encontrar un tratamiento eficaz para combatir el sufrimiento asociado a la enfermedad incurable o terminal, pero también a la artritis reumatoide, a la neuralgia facial o a los síndromes postraumáticos, es decir, a las distintas variedades de la agonía física prolongada o intratable que había afligido a la humanidad entera desde los tiempos más remotos. Los cirujanos y neurólogos siempre interpretaron su historia de ese modo: como resultado de la proliferación de fenómenos anómalos que el marco teórico heredado pa-

2 La definición de dolor que proporciona la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) merece ser citada por extenso: “An unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage, or described in terms of such damage. Note: The inability to communicate verbally does not negate the possibility that an individual is experiencing pain and is in need of appropriate pain-relieving treatment. Pain is always subjective. Each individual learns the application of the word through experiences related to injury in early life. Biologists recognize that those stimuli which cause pain are liable to damage tissue. Accordingly, pain is that experience we associate with actual or potential tissue damage. It is unquestionably a sensation in a part or parts of the body, but it is also always unpleasant and therefore also an emotional experience. Experiences which resemble pain but are not unpleasant, e.g., pricking, should not be called pain. Unpleasant abnormal experiences (dysesthesias) may also be pain but are not necessarily so because, subjectively, they may not have the usual sensory qualities of pain. Many people report pain in the absence of tissue damage or any likely pathophysiological cause; usually this happens for psychological reasons. There is usually no way to distinguish their experience from that due to tissue damage if we take the subjective report. If

they regard their experience as pain and if they report it in the same ways as pain caused by tissue damage, it should be accepted as pain. This definition avoids tying pain to the stimulus. Activity induced in the nociceptor and nociceptive pathways by a noxious stimulus is not pain, which is always a psychological state, even though we may well appreciate that pain most often has a proximate physical cause”. 3 Esta primera clasificación se publicó en la revista Pain. Merskey (2002 [1986]).

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recía incapaz de explicar, pero también como la culminación necesaria de un proceso histórico más amplio que incluía la llegada de la mirada humanitaria al lecho del dolor y de la muerte.

rio y a sus procedimientos mecánicos de objetivación y manipulación experimental. Aun cuando estos dolores internos fueran mucho menos excepcionales que los externos, la fisiología prefirió concentrarse en el estudio de lo infrecuente, mientras que lo cotidiano —los dolores que se sienten en el órgano o los que resultaban de la estimulación del sistema nervioso central— adquiría tintes de excepcionalidad. En segundo lugar, los esfuerzos de objetivación de la enfermedad habían arrumbado las cualidades narrativas del paciente, junto con todos sus recursos retóricos. El testimonio del paciente, apenas verbalizado, casi siempre dramático, sólo se hacía comprensible desde la lógica de la enfermedad mental. No ocurría, como ahora, que al sufrimiento físico se le reconociera una dimensión psicológica, sino que el enfermo de dolor crónico terminaba con frecuencia sus días en el olvido o en el cuaderno de notas de un psiquiatra (Jewson 1979). En 1919, James Mackenzie distinguía dos métodos de aproximación a la enfermedad: el propio del laboratorio, que buscaba la comprensión de los signos de la enfermedad a través de su reproducción experimental, y el que dependía de la medicina hospitalaria, que entendía el síntoma en relación con la vida del paciente (Mackenzie 1919, 31-32 y 67). Para John Ryle, uno de los exponentes de la nueva medicina social, el médico no debía ver la enfermedad en el cuerpo del paciente, sino entender a cada enfermo en el contexto de su enfermedad. Su aproximación clínica no dependía de procedimientos mecánicos de objetivación, sino de la educación de los sentidos (del médico) y la acumulación de testimonios (de pacientes). Por un lado, la medicina hospitalaria debía descansar en el examen minucioso, el interrogatorio exhaustivo y la descripción detallada de los experimentos que la propia naturaleza operaba de manera espontánea en el organismo humano. Por el otro, la misma resistencia al tratamiento que el paciente vivía como un infierno debía conducir al médico a la redefinición de sus fines y propósitos (Ryle 1948 [1928], cap. 3, 438; Ryle 1935, 35-36).4

Aun cuando el valor diagnóstico del dolor agudo nunca estuvo cuestionado, el sufrimiento (crónico o terminal) se disolvía en una familia de experiencias que sobrepasaba con creces, cuando no contradecía, los elementos teóricos sobre los que se había constituido la relación entre la lesión y el daño. Ése siempre fue el primer problema: Los médicos están dispuestos a admitir muy rápidamente que el dolor es una reacción de defensa, una

advertencia afortunada que nos pone en aviso sobre los

peligros de una enfermedad. ¿Pero a qué llamamos una reacción de defensa? ¿De defensa contra quién?, ¿contra

qué? ¿Contra el cáncer que con tanta frecuencia pro-

duce síntomas cuando ya es demasiado tarde? ¿Contra las afecciones cardíacas, que se desarrollan siempre en silencio? (Leriche 1949 [1937], 30)

Así pretendía el cirujano René Leriche repudiar la falsa concepción que asociaba la presencia del dolor a un mal necesario y que, sobre todo en Francia, había sido la base de la investigación fisiológica desde comienzos del siglo XIX. La semiótica de los lamentos, la traducción de los gestos expresivos en signos clínicos, había permitido, entre otras cosas, hablar del sufrimiento animal o del dolor en la infancia, pero siempre se mostró incapaz de explicar cuál podía ser la advertencia que proporcionaba una neuralgia de trigémino, o de qué podía proteger el sufrimiento que acompañaba un carcinoma. Desde el punto de vista clínico, tanto los casos de lesiones sin síntomas como los de síntomas sin enfermedad, o al menos sin enfermedad visible, evidenciaban un triple proceso de ocultación relacionado con la perspectiva experimental y con la práctica clínica. La materialización institucional del dolor crónico, su comprensión al mismo tiempo médica, clínica y cultural, dependió de la inversión de ese triple proceso de ocultación que limitaba el testimonio del paciente, que no atendía al dolor terminal y que mostraba aun menos interés por resolver o paliar el sufrimiento de grupos marginales y clases desfavorecidas, incluida en esta categoría la clase no menor del enfermo desahuciado.

Por último, pero no menos importante, la desigual distribución del daño entre sectores diferentes de la población también condujo a la invisibilidad social y al olvido clínico de grandes grupos humanos. Esa última forma de ocultación no sólo afecta a la historia de la medicina, sino que constituye un fenómeno de mucho mayor alcance relacionado con la elaboración cultural del dolor crónico, que tuvo una incidencia especial en los cuerpos

Por una parte, los manuales de fisiología publicados en la segunda mitad del siglo XIX apenas se referían a los dolores viscerales, es decir, a todos aquellos que no se acomodaban fácilmente a las prácticas de laborato-

4 Sobre Ryle (Porter 1993). Véase también Garro (1992).

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y en los modos de existencia de los sectores de población más desprotegidos.5 El aspecto de los hijos de las clases trabajadoras de Londres, por ejemplo, era “pálido, delicado, enfermo […], muchos padecían enfermedades de los órganos nutritivos relacionados con la nutrición, curvatura y distorsión de la columna y deformidad en las extremidades” (Picard 2006, 232). También el cuerpo del trabajador se avejentaba y encorvaba de manera prematura. Al menos desde la segunda mitad del siglo XIX, cada vez aparecen más testimonios relativos a la forma en la que cada profesión parecía otorgar los signos de la reiteración mecánica y monótona de las acciones de la vida laboral. No sólo que cada oficio tuviera una “fisiología” —según habían escrito algunos viejos tratadistas románticos, y que parecían dispuestos a confirmar algunos cronistas modernos—, sino que los movimientos reiterados de la actividad profesional, unidos al uso de sustancias químicas, deformaban el cuerpo del trabajador hasta el extremo de producir lesiones morfológicas.

hace de sus síntomas no es la adecuación a un marco teórico que siempre se muestra insuficiente, mucho menos aún la correspondencia siempre cuestionada entre lesión y dolor, sino la semejanza con otras narraciones de lo mismo (Kleinman et al. 1992, 9).

La militarización Tiempo antes de que Wall y Melzack desarrollaran su nueva teoría del dolor, el neurólogo y escritor norteamericano S. Weir Mitchell (1829-1914) había encontrado material de estudio en la experiencia vivida durante la Guerra Civil. En parte como respuesta emocional a un conflicto en el que murieron más de seiscientos mil soldados, y en parte también por la introducción de las balas cónicas giratorias. Mitchell se enfrentó a las consecuencias materiales de un episodio nacional en el que medio millón de hombres regresaron a casa mutilados. Para cuando comenzó a escribir su tratado sobre el miembro fantasma, sobre la causalgia y la neuritis ascendente, unos quinientos mil hombres habían resultado heridos, y de los sobrevivientes, muchos regresaron desahuciados.7 Como a otros muchos médicos y cirujanos, la excepcionalidad del conflicto le brindó la posibilidad de convivir con una enorme variedad de lesiones en nervios periféricos. Sus dificultades provenían de tres lugares distintos. En primer lugar, Mitchell debía buscar antecedentes clínicos para determinar si el fenómeno había sido descrito con anterioridad. En segundo lugar, el cirujano consideraba imprescindible buscar un remedio paliativo, un tratamiento que pudiera producir una mejora significativa en la condición de los heridos. Por último, pero no menos importante, debía valorar la naturaleza de los casos observados, ya fuera para considerarlos como ejemplos de trastornos psicogénicos, de lesiones orgánicas o, lo que sería aún peor, del deseo soterrado por parte del soldado de exagerar sus síntomas. Este último problema tenía una especial relevancia, puesto que la ausencia de elementos diagnósticos que pudieran considerarse objetivos facilitaba que los síntomas fueran encuadrados con frecuencia en el contexto de la enfermedad mental. Incluso, Mitchell describe en ocasiones a los heridos de este modo: “el soldado se convierte en un cobarde y el hombre más fuerte apenas está algo menos nervioso que la niña más histérica” (Mitchell, Morehouse y Keen 1864, citado por Meldrum

Aun cuando de todas las enfermedades se pueda decir, de manera casi tautológica, que han sido “construidas”, lo que la enfermedad crónica debe a su contexto social es todavía más determinante. El dolor crónico ocupa un espacio, y no menor, en muchas condiciones intratables o incurables. Al mismo tiempo, aparece de manera recurrente en enfermedades nerviosas de larga duración, tanto si a esas enfermedades se les atribuye un origen orgánico como psicológico. Estas evidencias históricas sugieren que la ausencia o presencia de la expresión “dolor crónico” no permite por sí sola esclarecer la naturaleza de la enfermedad. El problema no depende de la existencia de un nombre —que, por otra parte, no pasó a tener un uso extendido hasta la década de 1970—, sino de la forma en la que el paciente interpreta sus síntomas y de la manera en la que pudieron encuadrarse en un contexto médico y cultural que los hiciera significativos (Baszenger 1998, 63 y ss.). La distinción entre el dolor agudo y el dolor crónico, sobre la que Wall y Melzack intentaban explicar que el surgimiento de la medicina del dolor no es una prerrogativa del siglo XX, y que tampoco permite explicar por sí sola el desarrollo de la medicina paliativa (Morris 1998, cap. 4). La medicalización social del dolor crónico no depende tan sólo de la presencia de un nombre, sino del modo en el que el ser humano dialoga, de manera reiterativa, con su dolor físico.6 Lo que confiere credibilidad y valor emocional a la narración que el paciente

5 Sobre las polineuritis, sobre todo las ligadas al alcoholismo, véase Sournia (1986); véase también Moriceau (2002). 6 Sobre la experiencia y la voz del enfermo, véase Rieder (2003, 215-230), y sobre la anorexia, Albano (2003, 51-67) y Shuttleton (2003, 68-91).

7 Sobre el caso de George Dedlow, véase el magnífico artículo de Goler (2004). En relación con el contexto histórico, véase Faust (2009).

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2003, 2471).8 Tiempo atrás, el doctor Joinville hubiera dicho que los soldados “gritaban como parturientas” (Dauzat 2007, 73). El paciente se vuelve histérico, “si podemos usar el único término capaz de ilustrar los hechos” (Mitchell, Morehouse y Keen 1864, 103, citado por Cervetti 2003).9 En el caso de la causalgia, Mitchell sabe bien que el temperamento del paciente se tornaba progresivamente irritable. El sonido de un periódico, un pequeño soplo de aire, las vibraciones producidas por una banda de música o el golpeteo de los pies al caminar incrementaban el dolor y disparaban la angustia (Mitchell, Morehouse y Keen 1864, 102-103).

veridad del dolor era mucho más significativa que las opiniones expertas sobre lo que el paciente debería sentir o sobre la forma en la que los impulsos ascendían por sus nervios. Consciente de las dificultades, Livingston defendió que el dolor no se entendiera como una entidad científicamente establecida, sino como un concepto flexible y dinámico que debía incluir tanto elementos psicológicos como sensoriales (Livingston 1943, 62). Tanto para Mitchell como para Livingston, el argumento más convincente a favor de la realidad del síndrome doloroso del miembro fantasma no dependía de una nueva definición del dolor, y ni siquiera de una reestructuración de la práctica médica (Bailey y Moersch 1943). Lo que permitía mantener los relatos de los soldados en el esquema propio de la racionalidad clínica, incluso en aquellos casos más extraordinarios, era la notable semejanza de los casos Livingston (1943, 9).11 La condición inicial para que el malestar subjetivo adquiriera relevancia clínica dependía de la capacidad de acotar la experiencia dilatada del paciente, de modo que las vivencias individuales pudieran compararse. Para que el malestar se estableciera no sólo como enfermedad, sino también como una condición aceptada socialmente, la cronicidad debía abandonar el ámbito de la experiencia privada y encuadrarse en una experiencia colectiva susceptible de adecuarse a la misma estructura narrativa de otro conjunto de males. Por sí sola, la mera incurabilidad no determinaba nada, pues siempre hubo enfermedades crónicas que, o bien no fueron medicalizadas, o bien no afectaban a la consideración social del paciente.12 Por el mismo motivo, no a todo malestar ha correspondido históricamente un contexto clínico significativo (Szabo 2009).13

A comienzos del siglo XX, otro cirujano militar, William Livingston, también defendió que los estudios sobre producción, transmisión y recepción de señales nerviosas habían escamoteado la razón al paciente hasta el punto de que sus gestos y palabras sólo podían comprenderse desde la lógica de la enfermedad mental. La ausencia de correlación entre el estímulo y la respuesta ponía la carga de la prueba en el enfermo, cuyas quejas parecían falsas o excesivas en relación con cualquier estímulo que pudiera desencadenarlas: “Yo sabía que algunos exageraban sus quejas y asumí que, una vez hubiera identificado la causa de su dolor, sería capaz de determinar, a partir de la naturaleza de sus lesiones orgánicas, si sus lamentos eran reales o debidos a algún factor psicológico”, escribió Livingston (1998 [1957], 87 y 4).10 El interés de este profesor de la Universidad de Oregón en el dolor provenía de sus experimentos con modelos animales, y sobre todo, de su experiencia como médico militar durante la Segunda Guerra Mundial. Allí, como jefe de la División de lesiones nerviosas periféricas del Hospital Naval de Oakland, aprendió que para el paciente, la se-

Lo que no fue nunca aplicable a los segmentos de población proletaria de la Europa industrial sí encontró acomodo en una población itinerante que ya vivía de acuerdo con parámetros excepcionales. Me refiero, por supuesto, a la población militar. Desde los tiempos del emperador romano Marco Aurelio —que escribió sus Meditaciones con los cadáveres aún calientes de los legionarios romanos— hasta los cirujanos militares de la Segunda Guerra Mundial, la historia del dolor ha estado siempre ligada al enfrentamiento sangriento y al hospital militar. Mitchell sabe bien que el final de la Guerra Civil no supone

8 “The soldier becomes a coward, and the strongest man is scarcely less nervous than the most hysterical girl”. 9 (Mitchell, Morehouse y Keen 1864, 103), citado por Nancy Cervetti (2003): “As the pain increases, the general sympathy becomes more marked. The temper changes and grows irritable, the face becomes anxious, and has a look or weariness and suffering. The sleep is restless, and the constitutional condition, reacting on the wounded limb, exasperates the hypersthetic state, so that the rattling of a newspaper, a breath of air, another’s step across the ward, the vibrations caused by a military band, or the shock of the feet in walking, give rise to increase pain. At last the patient grows hysterical, if we may use the only term which covers the facts”. 10 “The complaints of these patients seemed to be excessive in relation to any cause I could identify. Their symptoms did not remain confined to the distribution of any single somatic nerve or spinal segment, and in some cases they spread beyond the injured limb to other extremities or distant internal organs […] I knew that patients sometimes exaggerated their complaints of pain but I assumed that when I had identified the cause of their pain I could tell from the nature of the organic lesion whether their pain complaints were real or due to psychological factors”.

11 Más adelante, Wall y Melzack (1996 [1982], 62) consideraron un error la división del dolor propio del miembro fantasma en orgánico o psíquico. 12 Véase Rousseau et al. (2003). Véase también el clásico de Rosenberg y Golden (1997); y Cassell (2004 [1991], 47). Los diabéticos o los hipertensos no están permanentemente enfermos. 13 Véase también Lewis (2007).

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tan sólo la reconciliación de los contendientes, sino la formación de una memoria colectiva a partir de los trozos de los heridos y mutilados de guerra.

ría entonces la conclusión, o al menos una de ellas: antes de que el dolor crónico pasara a ser una enfermedad, el enfermo de dolor crónico intratable debía convertirse en enfermo. Su drama, el drama de estos pacientes, debía resolverse no desde la lógica del olvido o del abandono, sino la de la resistencia y la reconciliación.

Al contrario que otros enfermos de dolor crónico e intratable, como los enfermos de cáncer —una enfermedad que durante el mundo moderno afecta especialmente a las mujeres—, los soldados heridos en el frente constituyen un grupo social que debe ser restituido, y su dolor no puede ser eludido. Aun cuando los grandes nombres relacionados con el surgimiento de la medicina del dolor eran cirujanos o anestesistas militares —incluidos, por supuesto, Mitchell y Livingston, pero también el propio John Bonica—, la relación entre la formación de un nuevo tipo de dolor, el intratable, y un nuevo grupo humano, el enfermo de dolor crónico incurable —representado por la población militar, por los cientos de soldados heridos en los campos de batalla—, sigue siendo terreno inexplorado. Sin embargo, es preciso reconocer que la agrupación de síntomas relacionados con el dolor fue también ligada al proceso, igualmente esencial, de creación de un grupo, de una clase de los que hasta entonces no pertenecían a ninguna. El dolor crónico intratable y el enfermo de ese dolor se relacionan en el espacio público del hospital militar. Allí, bajo la experiencia dramática de la guerra, los heridos no construyen su enfermedad, pero sí permitieron que la reiteración sistemática de sus síntomas los convirtiera, por primera vez en la historia, en genuinos enfermos de dolor crónico.

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Conclusiones He intentado sugerir cómo la medicina del dolor y, de modo más específico, la aparición de unidades y especialidades relacionadas con el dolor crónico intratable no dependían de cuestiones nominales ni de revoluciones teóricas. No es ni la distinción entre el dolor agudo y el dolor crónico, ni la aparición de la Gate Control Theory o de la noción pragmática del Pain Clinic, la que puede considerarse responsable de este desarrollo clínico. Por el contrario, he intentado proponer cómo la nueva conceptualización del dolor dependió, en buena medida, de la puesta en valor de un grupo humano, los heridos en la Guerra Civil americana, o en las dos guerras mundiales del siglo XX, cuyos síntomas no podían quedar ni culturalmente olvidados ni socialmente relegados. Sólo esa puesta en valor, que no tuvieron por ejemplo los enfermos de cáncer, permitió que sus “anomalías” pasaran a ser significativas, sin caer tampoco en la esfera de la enfermedad mental. Lo que los protagonistas vieron en los años sesenta del pasado siglo como el inicio de su cambio de modelo, más bien parece-

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l proceso que se adelanta entre delegados del Gobierno y de las Farc en busca de una paz se convirtió en el caballito de batalla de la política nacional al inicio de la coyuntura electoral. Este hecho se debe al escenario de polarización política alimentado desde el Gobierno anterior, que se manifiesta ahora en el veto que figuras públicas plantean a la participación política de guerrilleros que se desmovilicen. Este problema y los factores que lo rodean requieren una explicación para su comprensión, en una sociedad anestesiada frente a la violencia y radicalizada en medio de odios, privilegios e insensibilidad ante los problemas sociales en el país.

gradación, y la necesidad de poner fin a esta situación mediante una búsqueda de paz que incluya formas de participación política para quienes se desmovilicen. Luego de esa explicación, abordaré el tema de la participación política. El objetivo de la participación es abrir nuevos espacios que permitan controlar los factores de inseguridad que subsistan en el país. Esta meta responde a la necesidad de fortalecer el Estado, para que adquiera la capacidad de institucionalizar los conflictos y negociar los intereses, en lugar de ser un factor más de conflicto. En Colombia la política ha generado numerosos conflictos, que con frecuencia sobrepasan la capacidad de la sociedad para controlarlos. Esta tendencia se agravó, por cuanto su recurrencia facilitó el surgimiento de grupos de delincuencia organizada, como las guerrillas, los narcotraficantes y los paramilitares, que se

Sobre esta base, y apoyado en investigaciones académicas, planteo inicialmente razones históricas que explican por qué, a lo largo de la historia del país, la política ha estado mediada por la violencia, con el propósito de entender el surgimiento de guerrillas, su vigencia y de-

* v

El texto fue presentado en el segundo foro sobre las negociaciones entre el Gobierno Nacional y las Farc en La Habana, organizado por la Universidad Nacional de Colombia y Naciones Unidas, Bogotá, 28 de abril de 2013. Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de los Andes, Colombia. Correo electrónico: frleal@uniandes.edu.co

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mantienen y reproducen por la facilidad con que delinquen frente a los pocos riesgos que corren.

los terratenientes, cumplieron el papel de válvula de seguridad para los conflictos sociales hasta hace pocas décadas. Esa clase campesina facilitó, al menos entre 1965 y 1985, la existencia de guerrillas. 6. Incapacidad de formular políticas sociales integrales —pero también de implementar las aprobadas— para incorporar a sectores excluidos y romper la tendencia de concentración de la riqueza y el ingreso. Esto ha facilitado la continuidad de acumulación de capital sin regulaciones y la permanencia de privilegios, entre los que sobresalen los de los terratenientes. Su representación política sobredimensionada, frente la población diversificada, ha contribuido a esta incapacidad de integración.

En el país persisten factores sociales que generaron condiciones favorables para que los procesos históricos desembocaran en la situación mencionada. La permanencia de esos factores fue facilitada por la forma como evolucionó la sociedad, en especial por el papel que desempeñaron los grupos dirigentes en la modernización capitalista, ocurrida desde mediados de los años cuarenta del siglo pasado. Al respecto, señalaré seis factores que son sobresalientes. 1. Regionalización acentuada, dispersa y con tendencia endógena, que ha dificultado una integración política para la formación de una nación claramente definida. En este ambiente, no se han creado referentes nacionales fuertes y estables. Esta debilidad política de la nación ha impedido el fortalecimiento de estructuras nacionales, como el Estado, los partidos políticos y la sociedad civil.

En un ambiente que incluía los seis factores mencionados, a mediados del siglo pasado comenzó un tardío y caótico proceso de modernización capitalista en la sociedad. Sus dos décadas iniciales exhibieron el sectarismo bipartidista, en el período conocido como “La Violencia”, que provocó masacres e inesperados cambios sociales, además de alimentar la debilidad del Estado. Comenzó entonces una dispersa, rápida y desorganizada urbanización, y una inestable diversificación de la sociedad.

2. Debilidad política del Estado, que se expresa en la poca capacidad para generar credibilidad en sus instituciones, es decir, legitimidad. Esta situación se concreta en la limitada posibilidad de administrar los conflictos sociales para que no desemboquen en violencias. La debilidad estatal se ocultó durante más de un siglo en un bipartidismo premoderno, absorbente y sectario. La Iglesia católica, también absorbente y premoderna, sirvió de complemento a la sustitución distorsionada de funciones estatales. 3. Fragilidad de la sociedad civil, con pocas organizaciones hasta hace unas seis décadas, casi todas en representación de intereses de las élites. La proliferación posterior de esas organizaciones ha sido dispersa, y además tienen escasa capacidad de expresarse para crear efectos destacados. Las dificultades para ejercer liderazgos, debido a amenazas derivadas de la delincuencia organizada, han limitado también el fortalecimiento de la sociedad civil. 4. Concentración extrema de la riqueza y el ingreso, y consecuente polarización entre pobreza y riqueza sin cambios significativos. Esta situación fue amortiguada por el crecimiento de clases medias producto de la tardía modernización capitalista y la urbanización acelerada. Pero esta amortiguación tendió a estancarse desde los años noventa. La exclusión social de gran parte de la población es el corolario de este factor. 5. Reproducción permanente del campesinado pobre y excluido, debido a la existencia de amplias fronteras agrarias, aisladas y dispersas, que mediante colonizaciones espontáneas, consecuencia de la presión de

En medio de la violencia, y con el fin de acabar con ese caos, sectores liberales de las clases dirigentes forzaron un proyecto de modernización del Estado a través del régimen del Frente Nacional, entre 1958 y 1974. Esta modernización política se apoyó en un bipartidismo excluyente, que careció de proyecto de nación al reflejar los intereses de unas élites cobijadas aún por el exclusivo modelo oligárquico latinoamericano ahora agotado. El proceso de modernización social y política integró y transformó antiguos problemas no resueltos en la sociedad —en particular el de tierras—, a los que se les agregaron los producidos por los nuevos cambios, sin que se plantearan soluciones efectivas. En búsqueda de soluciones, los grupos dirigentes trataron de incorporar sin éxito los conflictos sociales al nuevo régimen, para articular los intereses dispersos en la sociedad. Mediante este régimen, la burocratización y el clientelismo sustituyeron al sectarismo como motor de reproducción del bipartidismo, al expandir el aparato del Estado como medio de integración frente a la diversificación de intereses y el aumento de conflictos. Este modelo de integración social supuso, además, que al suprimir la oposición democrática se limaban las asperezas políticas del bipartidismo y se disminuían los conflictos. Pero la diversificación social creció por

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fuera de un establecimiento limitado en su influencia a partir de la pérdida de las ideologías de pertenencia al bipartidismo, creando sus propios medios de protesta y oposición. La inestabilidad social desbordó así el control de las normas legales, a medida que su aplicación equiparó las protestas sociales con la subversión nacida de los rezagos de “La Violencia”, los estímulos de la Guerra Fría y la ausencia de una oposición regulada. La estabilidad formal de las instituciones sirvió de amortiguador, e hizo pensar que los problemas sociales eran controlables con la continuidad de facto del Frente Nacional y la improvisada pero persistente represión oficial.

fin de la Guerra Fría y su concepción prohibicionista y represiva contra las drogas. Así, este problema se volvió prioritario para la seguridad hemisférica. La debilidad del Estado se expresó entonces en confusas alianzas para doblegar al grupo más desafiante de narcotraficantes, el cartel de Medellín, incluso con el apoyo de sus competidores, el cartel de Cali, lo cual confluyó en una confrontación indiscriminada del Gobierno con narcos y guerrillas. Ese enfrentamiento trajo consigo la dispersión del narcotráfico, a medida que el establecimiento disimulaba sus vínculos con los narcotraficantes y éstos buscaban la protección de guerrillas y paramilitares, sus nuevos socios antagónicos. Estos últimos grupos se expandieron a la sombra de la incapacidad estatal para confrontar a una subversión ya degradada.

El contexto social y político en el que confluyó el país en los años ochenta estimuló el crecimiento del narcotráfico, mediante las necesidades campesinas en las zonas de colonización, su protección interesada por parte de la subversión y la penetración mafiosa en la economía nacional. El narcotráfico se convirtió en potenciador de problemas existentes, como la debilidad del Estado y la consecuente impunidad, la corrupción estimulada por el clientelismo y el aumento del gasto público, la acumulación capitalista desregulada y la diversificación de la violencia.

La fragilidad política del gobierno de Samper, entre 1994 y 1998, derivada del descubrimiento de vínculos del establecimiento con los narcotraficantes, inhibió la posibilidad de retomar los intermitentes procesos de paz iniciados en 1982 y de buscar el control civil sobre la política militar de orden público intentado en el Gobierno anterior. Esta situación fortaleció las guerrillas, al amparo de los réditos brindados por el narcotráfico, el secuestro y la extorsión, y además, los partidos de izquierda mostraron incapacidad para definir una oposición democrática. Por su parte, los paramilitares también se fortalecieron, secundados por sectores empresariales y la permisividad de la Fuerza Pública. El Ejército sufrió entonces sus mayores derrotas frente a la subversión. Se impulsó así el sometimiento del control territorial y de las autoridades locales a la competencia entre guerrillas y paramilitares. La disyunción política entre el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales adquirió mayor visibilidad.

La ineficacia militar frente a la subversión indujo a los terratenientes a organizar grupos de paramilitares, con la anuencia del Ejército. Surgieron alianzas según regiones e intereses de grupos y sectores sociales, legales e ilegales, y aumentaron la delincuencia y las acciones terroristas, entre las que sobresale el exterminio de la Unión Patriótica. Las confrontaciones resultantes desembocaron en la ambivalente coyuntura de 1989 a 1991, que culminó con una nueva Constitución que reconoció una sociedad emergente, afirmó la descentralización y permitió la apertura del modelo de desarrollo. El día de la elección de la Asamblea Constituyente se produjo el fiasco de la toma militar de “Casa Verde”, centro de operaciones del Secretariado de las Farc. El fin de la Guerra Fría y la aceptación estatal de su debilidad mediante negociaciones con los narcotraficantes rubricaron la nueva situación.

El final de la larga estabilidad macroeconómica y la expansión del conflicto armado interno reforzado por el desastre del Caguán mostraron que la violencia había dejado de ser funcional para muchos intereses dominantes. En el proceso del Caguán entre Gobierno y guerrilla, la arrogancia de las Farc les hizo creer que eran invencibles frente a la escasa capacidad política oficial, arruinando la mejor oportunidad de su larga historia para alcanzar una paz. Pero en ello influyó también la desconfianza estimulada por el exterminio de la Unión Patriótica. Con ello, la sociedad asumió enormes costos en vidas y recursos, y aumento de la delincuencia y el narcotráfico, además de frustrarse la posibilidad de fortalecimiento de la democracia.

El temor por parte de quienes detentan privilegios, a que el nuevo régimen de la Carta del 91 se tradujera en un sistema político más democrático, indujo el inicio de cambios constitucionales e hizo resurgir los conflictos políticos en el establecimiento, el cual se reacomodó de acuerdo con las condiciones creadas por la apertura económica y el narcotráfico en expansión. La injerencia de Estados Unidos se hizo más ostensible, motivada por el

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En estas circunstancias, la dirigencia del país, inmersa en una sociedad atomizada y con organizaciones políticas con poca legitimidad, amedrentada por el terrorismo y con escaso liderazgo, claudicó ante el modelo de intervención del Plan Colombia liderado por la política hemisférica de Estados Unidos. La presión oficial de este país obligó a la Fuerza Pública a reorganizarse y adquirir mayor capacidad operativa, aunque con distorsiones derivadas de la política punitiva contra las drogas.

Gobierno con las Farc se mantuvieron en secreto en sus comienzos. Pero una vez se conocieron, el expresidente Uribe hizo más visible su frustración al no haber podido introducir el caudillismo en un país con una larga historia de formalidad democrática. Sus obsesivas críticas al gobierno de Santos y su coalición se enfocaron entonces en el proceso que se adelanta en La Habana. El recuento anterior, de un país que ha llevado su historia en medio de violencias, sirve de apoyo para tratar el punto dos de la agenda entre el Gobierno y las Farc. Se trata de la participación política por parte de eventuales desmovilizados de la guerrilla.

El desprestigio del proceso del Caguán influyó en el contundente triunfo del candidato presidencial que ofrecía mano firme contra la subversión. El prolongado gobierno de Uribe, inaugurado en 2002, se enfrentó con decisión pero con poca claridad a los problemas políticos, económicos y de seguridad del país. En el campo político, el Presidente subordinó al Congreso a sus requerimientos. Sus propuestas no buscaron eliminar las distorsiones institucionales sino acentuarlas, como ocurrió con la reelección presidencial. En ella, su contrincante, el Polo Democrático Alternativo, dilapidó luego el mayor capital político obtenido por la izquierda en el país. Y, a su vez, la necesidad del Presidente de mantener su capital político ayudó a que lo esencial se tornara secundario; además, el realce gubernamental de la autoridad sobre la libertad hizo aún más vulnerable a la democracia.

El actual panorama internacional es diferente al de hace poco más de dos décadas, cuando Colombia apareció ante el mundo por causa del narcotráfico y la violencia. En ese tiempo, las élites continuaban con indultos y amnistías cada vez que se agotaba uno de los tantos conflictos armados. Pero los efectos de la finalización de la Guerra Fría, como el realce de organismos multilaterales y los traumas causados por las guerras, situaron en el primer plano de las relaciones internacionales los DDHH y el DIH, además de normas y mecanismos para buscar y mantener la paz. Se quebró así el desgastado dogma formulado por Von Clausewitz (1992), cuando afirmó que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”.

En el campo de la seguridad, pese a la falta de precisión en la publicitada “Política de seguridad democrática”, el Presidente supo aprovechar los cambios operativos anteriores para arreciar la ofensiva militar en contra de las Farc y confrontar sus medios terroristas, bandoleriles y de sabotaje. La obsesiva presión presidencial por resultados medidos en muertes enemigas indujo a actos delictivos por parte de la Fuerza Pública. Por su parte, los paramilitares recibieron trato preferencial frente a las guerrillas, amparados por sus alianzas con dirigentes políticos regionales. La improvisación oficial en el largo y publicitado proceso de su desmovilización hizo más visibles sus alianzas políticas y provocó la fragmentación y posterior reproducción de antiguos grupos, aumentando la inseguridad en comarcas y ciudades.

De lo que se trata ahora es de entender que la guerra es el fracaso de la política en su búsqueda de paz, pues hoy su objetivo central es evitar la guerra institucionalizando los conflictos y negociando los intereses presentes en la sociedad. Esta premisa debería ser el eje de las conversaciones en La Habana, ya que éstas no son un sometimiento por parte de las Farc. De ahí la necesidad de buscar la participación política de quienes se desmovilicen, pero no mediante amnistías o indultos, sino a través de recursos internacionales y nacionales expresados en modelos de justicia transicional. El acto legislativo, Marco Legal para la Paz, ha sido avalado por varios organismos nacionales consultados. Aunque es un marco normativo que ha recibido críticas, parece apropiado como mecanismo para lograr un equilibrio entre la búsqueda de una paz negociada y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Hoy no se trata solamente de dictar sentencias condenatorias y privativas de la libertad, sino de buscar mecanismos alternativos que faciliten poner fin a conflictos armados, sin llegar a la impunidad. Los derechos de las víctimas, olvidados en indultos y amnistías pasados, y en las desmovilizaciones de paramilitares, son ahora la prioridad.

En el actual Gobierno, cuyo presidente supo sacar ventaja política de su corto y eficiente paso por el Ministerio de Defensa, se abrieron espacios hacia el exterior. Pero hubo continuidad en el uso de medios militares frente al déficit de recursos políticos para hallar una esquiva paz. Ese énfasis militar contrastó con algunas reformas sociales que, aunque limitadas, son valiosas, dados los fracasos anteriores. Por otro lado, las conversaciones del

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Reconocerlos, mediante la divulgación de la verdad y la búsqueda de reparación por parte de los victimarios, hace parte de los medios transitorios de justicia. También debe haber garantía de no repetición, incluida una rendición de cuentas por parte de las Farc. Así mismo, entre la multitud de casos que hacen imposible su investigación, seleccionar algunos destacados es imprescindible para llegar a una justicia razonable, en aras de una paz. Esto hace parte de una labor pedagógica de humanización del conflicto, no sólo para las víctimas sino para una sociedad anestesiada ante las tragedias, en la que priman ideologías radicales y vendettas.

Un ejemplo al respecto es el del Ministro de Defensa, que ha oficiado de facto como portavoz del Gobierno, en lugar de un vocero adecuado, como sería el Ministro del Interior. Pero lo peor es que lo ha hecho a rajatabla contra la guerrilla, sin tomar una posición política apropiada que subordine su ideología y sus conveniencias personales frente a las fuerzas bajo su mando. Por eso no es de extrañar el tono de las declaraciones públicas de sus subordinados, que en cada frase incluyen adjetivos ya saturados, como terroristas, narcotraficantes, bandidos, y otros tantos del mismo calibre. ¿Cómo puede pues ambientarse en la sociedad una eventual paz con las Farc —como cuota inicial para proseguir con otras manifestaciones de inseguridad pública— si las autoridades fomentan la esquizofrenia que existe en este país fragmentado?

Esta concepción no inválida las investigaciones de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra —es decir, ataques planeados o generalizados contra la población civil—, que tienen mayor trascendencia y requieren una definición. Además, le daría validez a principios de investigación y justicia que no caerían en jurisdicción de la Corte Penal Internacional al no llegar a la impunidad. Este organismo tiene jurisdicción en el país a partir de noviembre de 2002 para delitos de lesa humanidad, y desde noviembre de 2009 para crímenes de guerra.

Las formas de una posible participación política son muy diversas y podrían caber en los recursos que brinda la justicia transicional. Unos pocos ejemplos sobre la materia: nuevos movimientos y partidos; cupos transitorios en órganos de representación popular; conmutación de penas por beneficios a las víctimas o a la sociedad; penas cortas con posibilidades posteriores de participación; e indultos a penas por delitos menores. Así, pues, no hay que olvidar que, por definición, la imaginación política es de hecho fértil, sin necesidad de que se desquicie, como ha ocurrido en el país.

Pero el problema más grave no es jurídico, sino político e ideológico. Si bien las Farc se han ganado un repudio generalizado por sus desmanes y crímenes, y por su descaro al negar hechos repudiables en contra de las leyes, éste se ha acrecentado por conveniencia política del Gobierno anterior y por la del ahora expresidente y sus huestes. Quienes repudian esta guerrilla sin que medien intereses políticos, y comprendan la trágica situación de la sociedad colombiana, su reacción frente a un eventual éxito en las negociaciones sería de tranquilidad y de aceptación a la participación política de desmovilizados.

Además de formas de participación política y otras medidas que serían refrendadas por la voluntad popular mediante mecanismos adecuados previstos en la Constitución, sería conveniente una reforma de fondo para inducir un sistema de partidos efectivo y democrático, que es inexistente. Habría que incluir allí un nuevo sistema electoral, así como reformas al régimen político para hacer más funcional la democracia. Sin esos cambios no tendría presentación abrir las puertas a una participación de guerrilleros desmovilizados en un campo minado por el clientelismo, la corrupción, las alianzas con criminales, y, lo peor, por ciertos delincuentes que ejercen la política. En ese caso, sería ofrecerles en bandeja de plata a los exguerrilleros la tentación de continuar delinquiendo.

Pero no ocurre lo mismo con quienes han incorporado en sus opiniones y actuaciones públicas posiciones radicales y sentimientos de odio y venganza que contribuyen a alimentar la polarización de la opinión pública. Infortunadamente, el gobierno del presidente Santos no ha tenido la capacidad política suficiente para definir una posición de gobierno que busque al menos frenar el efecto de esos intereses desbocados. Algunas declaraciones de sus funcionarios sobre el proceso de paz no han sido afortunadas para ese objetivo fundamental. Aunque un poco tarde, esta ambivalencia ha comenzado a corregirse, pero no lo suficiente.

Referencia 1. Von Clausewitz, Carl. 1992. De la guerra. Bogotá: Editorial Labor.

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Debate

La comprensión del fenómeno religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales • Ángela Iranzo Dosdad – Universidad de los Andes, Colombia

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La comprensión del fenómeno religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales* Por Ángela Iranzo Dosdadv

DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.15

os científicos sociales han reconocido con cierta reserva la presencia pública y la revitalización de las religiones y espiritualidades en el mundo desde los años setenta; y a modo de progresión ascendente, durante los ochenta, noventa, y tras los atentados del 11-S, hasta la actualidad. Como dijese Casanova (1999), hoy somos testigos y parte de un mundo de “religiones desprivatizadas”. Las identidades, creencias y prácticas religiosas no sólo se manifiestan como experiencias íntimas, subjetivas y simbólicas de la vida privada de las personas, como sugería el paradigma moderno de la secularización; lo religioso y espiritual habita la esfera de lo público, presentando un ser (forma de pensar y de actuar) que en su complejidad participa en las controversias y los desafíos de nuestro tiempo.

La era moderna se inauguró con el descubrimiento de la “ausencia de Dios”, ofreciendo la idea de un mundo descentrado, compuesto por una pluralidad de esferas autónomas de la vida, en el que Dios podía seguir existiendo pero se abstenía de participar activamente. Eran los hombres quienes, desplegando su fuerza hercúlea, resolvían sus propios asuntos. Sin embargo, procesos diversos impulsados por la propia modernidad (racionalización instrumental, individualización, burocratización, tecnificación, entre otros) han contribuido a la erosión de valores como la solidaridad, la fraternidad, la justicia o un cierto sentido de trascendencia, que, paradójicamente, parecen encontrar una oportunidad de recuperación en las religiones y espiritualidades del siglo XXI.

Este documento presenta los principales temas de debate y las conclusiones del encuentro “Lo religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales”, llevado a cabo el 16 de mayo de 2013 en la Universidad de los Andes. El evento fue moderado por Carlos Andrés Manrique y participaron como ponentes Margarita Cepeda, Fabián Salazar y Ángela Iranzo. Doctora en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid (España). Profesora asistente del Departamento Ciencia Política y directora del Centro de Estudios Internacionales (CEI) de la Universidad de los Andes (Colombia). Participó en el Encuentro con la ponencia “Desafíos de las lecturas postseculares de la secularización en el siglo XXI”. Correo electrónico: a.iranzo26@uniandes.edu.co

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Zygmunt Bauman, en conversaciones con la socióloga Citlali Rovirosa-Madrazo, arrojaba valiosas luces para iluminar posibles causas por las que lo religioso cobra fuerza y sentido en las complejas interacciones sociales de nuestro tiempo: “El Estado social ha sido la última encarnación de la idea moderna de comunidad, es decir, la materialización institucional de esa idea en su forma moderna de ‘totalidad imaginada’, forjada a partir de la conciencia y la aceptación de la dependencia recíproca, el compromiso, la lealtad, la solidaridad y la confianza” (Bauman 2010, 85). Siguiendo a Bauman, el adelgazamiento social del Estado o el hoy mal llamado “Estado de bienestar” no es más que un dispositivo de control y vigilancia de los desposeídos, ya no de protección, una versión del panóptico de Bentham; pues los derechos sociales se han convertido en servicios externalizados, y la responsabilidad de cohesión social y justicia ha sido trasladada del Estado a los propios individuos, en una carrera de competencias con base en sus capacidades y recursos. Por lo tanto, la crisis del Estado social, así como la posible crisis de la democracia representativa liberal, la muerte de las ideologías, la ansiedad de vivir en un mundo “sin sentido”,1 la “sociedad del riesgo” fruto de las dinámicas globalizadoras (Beck 2002), los flujos migratorios y la inevitable convivencia con “el otro” —y también las formas de vida social desterritorializadas que la misma globalización ofrece (Beck 2009)— podrían ser algunas de las causas explicativas de la revitalización de las religiones y espiritualidades desde finales del pasado siglo.

polifonía de voces, desde académicos de Filosofía y Ciencia Política de la Universidad hasta teólogos, estudiantes y representantes de comunidades religiosas y espiritualidades tan diversas como anglicanos, católicos, evangélicos, krishnas, budistas, musulmanes, cristianos ortodoxos, fe baharí (bahaísmo), espiritualidad yoruba y espiritualidad nueva era, entre otros. Una de las principales conclusiones que surgió de las reflexiones propuestas por los conferencistas y del debate, se manifestó en la propia naturaleza del encuentro. Dicho en otras palabras, la necesidad de recrear de forma continuada espacios de producción de conocimiento donde miradas diversas, creyentes y no creyentes —sean laicos, ateos o agnósticos—, interactúen, compartan y comprendan, en un esfuerzo hermenéutico a través de la palabra. Un espacio que para Hannah Arendt (2001) constituiría una manifestación en sí de la política, al entenderla como un ejercicio de libertad desplegada en la esfera pública mediante la acción entre los otros, mediante el uso de la palabra en un locus de pluralidad que nos diferencia como humanos. Sin embargo, esta conclusión fue el resultado de tres reflexiones diversas que, motivadas por inquietudes de naturaleza diferente, navegaron finalmente hacia un mismo puerto.

La verdad de la ciencia y la verdad de la creencia: caminos de búsqueda a través de la palabra

Esta revitalización de lo religioso y espiritual atraviesa, por tanto, muchas de las problemáticas a las que se enfrentan hoy las disciplinas de Ciencias Sociales. Por ello, la necesidad de comprenderlas en su complejidad les exige no sólo incorporar lo religioso como un factor con potencialidad explicativa, sacando a la religión del exilio académico al que ha estado sometida (Petito y Haztopoulos 2003), sino realizar un ejercicio reflexivo de mayor hondura que fondee hasta los fundamentos epistemológicos de las Ciencias Sociales mismas.

Poner en relación ciencia y religión significa para la mayoría de académicos, intelectuales y educated people ejemplificar una relación que se caracteriza por ser derivativa, sustitutiva y, en última instancia, disyuntiva. Toda posible convivencia en un mismo cuerpomente de ciencia y creencia religiosa o espiritualidad queda rechazada a priori o sometida al sufrimiento de la incoherencia. Pese al surgimiento y ya larga andadura de las posturas postmodernas y críticas hacia los postulados del racionalismo cartesiano, éstas son todavía secuelas de un paradigma cognitivo que, siguiendo a Weber, interpreta el conocimiento racional moderno como el estadio final de un proceso evolutivo que ha transitado previamente por el mito, las grandes religiones monoteístas universalistas y la metafísica.

Se presenta así un doble desafío que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes quiso empezar a explorar mediante la organización de uno de los Encuentros de la Facultad, celebrado el pasado 16 de mayo, sobre el tema “Lo religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales”. En este espacio se encontraron una

Por lo tanto, el propio desplazamiento de la fe por la razón, del conocimiento revelado por el conocimiento científico, reside en los fundamentos de las Ciencias

Véanse, por ejemplo, Laïdi (1997) y Berger y Luckmann (1997).

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La comprensión del fenómeno religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales Ángela Iranzo Dosdad

Debate

Sociales modernas. Los científicos sociales podían lanzarse a la búsqueda de la verdadera Verdad, aquella científicamente probada, sin incertidumbre, abdicando a los designios de las explicaciones ultramundanas y providencialistas. Comprender y explicar el mundo social se convertía en una tarea exclusiva del hombre, por y para el hombre, a través de su capacidad racional, despojada de todo halo de religiosidad. Sin embargo, este firme postulado, por muchos naturalizado —aun sin conocer los puntos de sutura donde racionalidad religiosa y racionalidad secular se encuentran—, se quiebra cuando la filósofa Margarita Cepeda2 cita al físico alemán Albert Einstein, el científico por antonomasia del siglo XX, para responder a una pregunta: ¿Cuál es la verdad del creyente y cuál la del científico agnóstico?

la revelación (a través del logos) de las religiones del Libro (judaísmo, cristianismo e islam), al defender la naturaleza postmetafísica del mundo que creyentes y no creyentes habitamos. Estos pensadores, mediante su crítica postmoderna a la crítica moderno-ilustrada a la religión, no sólo la deslegitiman sino que reivindican la potencialidad del ejercicio hermenéutico como única forma posible de componer verdades (Rorty y Vattimo 2005); un ejercicio ya presente en los textos sagrados, donde el misterio divino es revelado a los profetas, quienes asumen el compromiso de difundirlo a la humanidad a través de la palabra. De este modo, el creyente, no es presentado como conocedor de “la Verdad”; por el contrario, ser un ser creyente implica el reconocimiento de una naturaleza humana quebrada, fragmentada, dotada de racionalidad y libre albedrío pero privada de capacidad para alcanzar el logos último, escondido para la inteligibilidad humana. De ahí que teólogos como Reinhold Niebuhr, a través del llamado realismo cristiano o esperanzado, respondiesen al optimismo de las desmedidas pretensiones del racionalismo liberal en el período de entreguerras del siglo XX, reclamando el sentido de finitud del ser humano, la relatividad de sus verdades, el reconocimiento de su humildad, y el esfuerzo constante de mantener una relación de fraternidad con otras naciones y culturas mediante el cumplimiento del mensaje de amor divino (Niebuhr 1941 y 1943).

La ciencia sólo pueden crearla los que están profunda-

mente imbuidos de un deseo profundo de alcanzar la

verdad y de comprender las cosas. Y este sentimiento brota, precisamente, de la esfera de la religión. (Einstein 2000, 40)

La experiencia más hermosa que tenemos a nuestro alcance es el misterio. Es la emoción fundamental que

está en la cuna del verdadero arte y de la verdadera ciencia. (Einstein 2000, 10)

La verdad vislumbrada por Einstein diluye, por tanto, el conflicto entre ciencia y religión, al apuntar a un espíritu de búsqueda, de apertura; a un compromiso activo por perseguir el misterio, abrazarlo e intentar comprenderlo desde la humildad de un ser habitante de un inmenso universo. El sentido de curiosidad por el mundo es la semilla del conocimiento científico; un conocimiento al que exhortan textos sagrados como la Tora, la Biblia o el Corán, entre otras enseñanzas, para entender el funcionamiento del entorno natural y social, en huida de actitudes ociosas, de ignorancia y meramente materialistas.

Por lo tanto, el rechazo desde la ciencia y la creencia religiosa a la existencia de verdades absolutas —o, por lo menos, admitir la incapacidad humana de conocerlas— sitúa a creyentes y no creyentes como agentes racionales que renuncian a la posesión exclusiva del conocimiento. Ambos engendran racionalidades compatibles y, en su afán de búsqueda, susceptibles de hallar soluciones compartidas a los problemas de nuestro tiempo mediante el uso de la palabra. Como lo expresase Cepeda: “La necesidad urgente de darle la palabra al que piensa de otro modo […] Esa palabra que se dirige a otro y con la que otro nos interpela, un otro quizá radicalmente otro y a un mismo tiempo otro de nosotros mismos, otro del otro que somos para él” (Cepeda 2013, s. p.).3 Desde esta perspectiva, lo más humano —y lo más divino— es la palabra, y la única verdad susceptible de ser creada —siempre bajo

La verdad no puede ser sino una actitud de búsqueda, compartida por creyentes y no creyentes, a través de la palabra, pese a las particularidades de ambos procesos. Curiosamente, aquí pensadores de la Teoría Crítica —desde Adorno hasta Habermas— y del pensamiento postmoderno —como Rorty y Vattimo— se encuentran y reconcilian con el sentido religioso de

Margarita Cepeda es Doctora en Filosofía por la Universidad Nacional de Colombia y profesora asistente del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes (Colombia). Participó en el Encuentro con la ponencia “El Dios de la Palabra”.

3 Margarita Cepeda. Cita textual de la ponencia presentada en los Encuentros de la Facultad de Ciencias Sociales, “Lo religioso y su desafío a las Ciencias Sociales”, 16 de mayo de 2013, Universidad de los Andes, Bogotá (Colombia).

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la fragilidad de su naturaleza incompleta y fragmentada— es aquella que emerge del diálogo, de los cruces, choques y encuentros entre palabras.

No obstante, la propia evidencia empírica histórica, en especial desde los años setenta, ha desvelado las fisuras e inconsistencias de la tradicional interpretación moderna de la secularización, abocándola a un necesario ejercicio de revisión crítica. Lo religioso y espiritual no han desaparecido, sino que siguen muy presentes, bajo nuevas formas y funciones, en sociedades con indudables notas de modernidad. De este modo, el reconocimiento de la convivencia entre religiosidades y modernidades, y el interés de explicarla, ha llevado a un giro interpretativo de la secularización a través de tesis como “el excepcionalismo europeo” (Davie 2007, 86), “las modernidades múltiples” (Eisenstadt 2000), “la desecularización del mundo” (Berger 1999) o “las religiones públicas” (Casanova 1999), que adquirieron un notable eco durante los años noventa del pasado siglo.

La secularización: inconsistencias de una de las categorías maestras de las Ciencias Sociales Poner en relación ciencia y religión invita asimismo a prestar atención a la “secularización” como una de las categorías maestras de las Ciencias Sociales. Esta noción ha ejercido como causa legitimadora del nacimiento moderno de las propias Ciencias Sociales, además de convertirse — prácticamente hasta nuestros días— en vértice epistemológico de los científicos sociales en su labor explicativa. En su dimensión conceptual, y como categoría de análisis, la “secularización” ha sido objeto de controversias desde su naturalización paradigmática en las Ciencias Sociales en los años cincuenta.4 Sin embargo, pese a los permanentes ejercicios de revisión,5 el paradigma moderno de la secularización ha mantenido un fuerte anclaje en las Ciencias Sociales, en general.6 Éste se presenta como un patrón explicativo con capacidad de predecir las relaciones causa-efecto entre los procesos de modernización en el mundo y el lugar de lo religioso/espiritual en las vidas de las personas y colectividades sociales. Los principales presupuestos contenidos en esta fórmula se refieren a: 1) la erosión de las creencias, los símbolos y prácticas religiosos, hasta su posible desaparición; 2) la progresiva privatización de las religiones, anulando su función en la esfera pública; y, 3) la diferenciación en las complejas sociedades modernas, que, una vez perdido el monopolio cosmovisional religioso, se rigen por un orden de esferas diferenciadas autónomas (derecho, economía, ciencia, política, moralidad), de acceso horizontal y autogobernadas por sus propias leyes.

Sin embargo, no por ello ha dejado de ser objeto de debate en estos primeros años del siglo XXI. Antropólogos, sociólogos, filósofos, politólogos e internacionalistas, junto a teólogos, han empezado a especular sobre la potencialidad explicativa de una nueva categoría, lo postsecular, para aproximarse de forma más acertada a la comprensión de lo religioso y espiritual en un mundo tardo-moderno, para unos, y postmoderno, para otros. Entre los diversos intentos de repensar la secularización desde lo postsecular, la propuesta habermasiana ha sido tomada como referente primero y eje de la discusión. Habermas presentar una propuesta de lo postsecular como una nueva ética política o un nuevo proyecto normativo para afrontar desafíos actuales como la convivencia política bajo el pluralismo cultural y religioso en las sociedades contemporáneas, y la repolitización de la política tras la crisis de deshumanización y barbarie resultante del triunfo moderno de la razón instrumental. Para ello, el filósofo alemán llama a un reconocimiento e inclusión de los valores religiosos en la esfera pública, pero bajo la condición de que los creyentes traduzcan sus valores y experiencias religiosas a un lenguaje secular que se presupone accesible a todos (Habermas 2008 y 2011). En definitiva, el potencial semántico de la religión, en otro tiempo vértice de la cohesión social y las normas socialmente vinculantes, queda subsumido por la ética discursiva habermasiana, que reconoce la palabra del creyente en el acto deliberativo pero anula su particularidad semántica y simbólico-expresiva.

4 Si bien irrumpe en la esfera científica europea del siglo XIX bajo las formulaciones de pensadores como A. Comte, K. Marx, M. Weber y É. Durkheim. 5 Véase, por ejemplo, Shiner (1967), donde el autor explica hasta seis formas de entender la secularización. 6 Cabe señalar que si bien disciplinas como la Sociología han realizado ejercicios de revisión crítica sobre su validez explicativa desde los años setenta del siglo XX, en otras áreas de conocimiento como la Ciencia Política y las Relaciones Internacionales, se ha mantenido una asunción acrítica del paradigma moderno de la secularización hasta comienzos del siglo XXI.

Algunas voces críticas han calificado esta lectura postsecular como “una narrativa de la restauración” al

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presentar una fórmula de acomodación entre lo religioso y lo no religioso sin cuestionar muchos de los presupuestos epistemológicos de la modernidad, ni tampoco el marco político del liberalismo (Shakman 2012). Con la exigencia de “traducción” a los creyentes, Habermas sigue presuponiendo la existencia de dos paradigmas cognitivos que acogen la dicotomía razón/fe, inmanente/trascendente, conocimiento racional/conocimiento revelado. Fred Dallmayr, por el contrario, cuestiona esta ruptura epistémica señalada por Habermas advirtiendo que cuando uno va a los textos sagrados de las diferentes religiones observa que dios o los dioses no revelaron un paradigma cognitivo sino un mensaje de amor; “es un llamamiento al corazón, más que al intelecto, al ser humano en su conjunto, más que al sujeto conocedor/cognitivo” (Dallmayr 2012, 969). Además, este lenguaje religioso es perfectamente comprensible por todos y no tiene por qué necesitar traducción. A su vez, el filósofo alemán parece presuponer la existencia real de un lenguaje racional secular, neutro, accesible a todos, creyentes y no creyentes (“la lingua franca del proceso legislativo”). ¿Realmente existe este lenguaje? ¿No exige de traducción e interpretación para su comprensión, al igual que el religioso? ¿No excluye cosmovisiones y formas vivenciales de lo religioso y espiritual este lenguaje?

Asad (2003), la relectura postsecular debe advertir —y no ocultar— que la secularización es una categoría lingüística que, como todo lenguaje, encierra un poder de definir qué es religión, un poder de decidir qué formas de religiosidad participan legítimamente en el espacio público, y un poder de trazar los horizontes normativos de lo posible e imposible, deseable e indeseable en la vida colectiva. Además, es un concepto y una categoría que se construyen en la experiencia histórica de la formación de los Estados modernos y la dominación colonial. Por ello, en conclusión, una lectura postsecular de la secularización requiere una mirada postcolonial y una interpretación intercultural que la despoje de la experiencia de violencia y dominación contenida en su propia genealogía histórica y política. No ha de basarse en la mera tolerancia, sino en la verdadera búsqueda del pluralismo intersubjetivo.

Los hacedores de Ciencias Sociales: la apertura del diálogo académico a lo religioso y espiritual Los dos postulados derivados de las reflexiones previas — hallar el fundamento de la verdad en el lenguaje y basar la convivencia pública entre creyentes y no creyentes en una interacción postsecular intercultural e interreligiosa— ponen a prueba su capacidad de ser traducidos a la práctica en esta tercera reflexión.

En definitiva, la relación de intersubjetividad entre creyente y no creyente se asienta sobre un paradigma cognitivo en el que el otro desaparece tragado por el sujeto cognoscente. “La alteridad del otro, al final, no es respetada porque queda apresada o subsumida en mi apreciación cognitiva”; en otras palabras, “el otro no es tomado plenamente como sujeto sino que queda a merced de mi conocimiento y asunciones” (Mardones 1998, 84). Se hace así necesario profundizar en el sentido de la intersubjetividad en las relaciones con los otros. Siguiendo a Emmanuel Lévinas, la relación con el otro no se puede plantear como un sistema de correspondencia; es una relación asimétrica donde hay que respetar la alteridad y diferencia. “Sólo tras el respeto a la alteridad y diferencia del otro, se puede establecer una relación de correspondencia; es el esquema asimétrico del amor que justifica al otro” (Lévinas 1987, 37).

De acuerdo con la naturalización de los postulados del paradigma moderno de la secularización, todavía hoy algunos actores sociales y políticos consideran conveniente que las religiones, iglesias y espiritualidades limiten su esfera de acción a la “paz espiritual” o al ámbito de lo personal. Sin embargo, “la religión no puede ser un asunto privado porque el hombre no es un mero individuo y la religión afecta a la totalidad del hombre”.7 La propia etimología latina del término religión presenta dos acepciones, relegere y religare, advirtiendo esta última sobre la naturaleza inherentemente social de lo religioso como vehículo de cohesión intersubjetiva y normativa de las colectividades. El fenómeno religioso, si bien contiene una dimen-

La crítica a la propuesta de Habermas se ha completado como miradas más rupturistas desde una lectura postmoderna de lo postsecular. Éstas no formulan propuesta normativa alguna pero instan a una urgente relectura intercultural e interreligiosa de la secularización, si se quiere mantenerla hoy como una categoría de análisis válida de las Ciencias Sociales. Para Talal

7 Panikkar (2001), citado por Salazar (2011). Fabián Salazar es Teólogo por la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y Magíster en Teología por la Universidad Pontificia Bolivariana (Colombia). Participó en el Encuentro con la ponencia “Caracterización de los estudios de las religiones en Colombia y sus retos a las Ciencias Sociales”.

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sión vinculada a la intimidad particular de cada ser humano (relegere), es esencialmente comunitario; el propósito de las religiones es ofrecer un código de vida personal para orientar la vida en sociedad, en todas sus esferas, de acuerdo con los preceptos dictados por su/s dios/es o fuerzas sobrenaturales.

conceptos resultantes de paradigmas cognitivos que se presuponen ontológicamente excluyentes. El verdadero reto consiste, entonces, en reconocer las diferencias entre creyentes y no creyentes, para ponerlas al servicio de un objetivo de mayor altura: la corresponsabilidad ante el desafío de responder de forma crítica a los problemas que subyugan a millones de personas en el mundo.

De ahí que las religiones y espiritualidades difícilmente puedan quedar al margen de la comprensión y explicación de problemáticas y desafíos actuales en el mundo, tan diversos como los conflictos armados y la construcción de paz; la pobreza y las desigualdades; la cultura de participación ciudadana, los procesos electorales, el reconocimiento de derechos en sociedades multiculturales; la legislación de asuntos como el aborto, la eutanasia o el matrimonio de personas del mismo sexo; los derechos de las mujeres y las niñas; las reivindicaciones de los movimientos sociales transnacionales; la gobernanza global; los retos de seguridad global; las propuestas de justicia cosmopolita, y los desafíos medioambientales, entre otros. Los actores religiosos, en su compleja diversidad, son parte constitutiva de estos procesos, así como posibles fuentes de comprensión, respuestas y soluciones. Sin embargo, reconocerlo implica para los científicos sociales un acercamiento a los actores religiosos —y no sólo a sus líderes, sino también a las comunidades de base—, no como meros objetos de estudio ajenos a su entorno, sino a través de un encuentro dialógico, guiado por el interés real de comprender su cosmovisión y comportamiento, donde son esenciales el respeto a su particularidad religioso/espiritual y su correspondiente agencialidad.

Las diferentes áreas de conocimiento que componen las Ciencias Sociales, la Teología y los actores religiosos y espirituales deben aprender a dialogar, sin refugiarse en sus respectivas torres de poder. Es posible intentar la búsqueda del consenso sin imposiciones dogmáticas —sean éstas religiosas o seculares—, de manera que cada posición ofrezca lo mejor que tiene para responder a los desafíos contemporáneos, al mismo tiempo que se enriquecen mutuamente a través de un enfrentamiento intelectual sincero. Durante siglos, las relaciones entre las comunidades religiosas han estado marcadas, muchas veces, por la celosa defensa de su doctrina ante la percepción de sentir amenazada su identidad, por el hecho de reconocer al “otro” religioso. El mismo celo y la misma desconfianza caracterizaron las relaciones entre los científicos sociales y los actores religiosos a lo largo del siglo XX. Sin embargo, la propia historia de las religiones ha sido una historia de encuentros, influencias y préstamos, como lo muestran los vínculos entre judaísmo, cristianismo e islam —a pesar de las malentendidas “esencias”, que, en opinión de algunos, las convierten en objetos de permanente choque, incomprensión y enfrentamiento violento—. En definitiva, un encuentro intelectual sincero podría contribuir a esclarecer qué une a las religiones y qué las separa; del mismo modo que, en la actualidad, un ejercicio de diálogo intelectual reflexivo podría evidenciar los puntos reales de sutura y ruptura entre ciencia y creencia.

El sociólogo francés Pierre Bourdieu decía que la ciencia es “un inmenso aparato de construcción colectiva colectivamente utilizado” (2003). Si somos parte de un mundo postmetafísico donde ni ciencia ni creencia poseen el monopolio exclusivo del conocimiento, las Ciencias Sociales han de reconocer la participación de los actores religiosos y espirituales, entre otros, en los procesos de construcción del conocimiento. Un conocimiento que, en última instancia, busca comprender las problemáticas actuales y proponer nuevos enfoques y respuestas que puedan contribuir a solucionarlas.

Los llamamientos a la participación democrática, los enfoques interculturales, la comprensión del “otro” desde su propia voz, son principios que colman los escritos académicos en la actualidad. Sin embargo, en numerosas ocasiones, lo hacen sin predicar con el ejemplo y abrir la labor académica a la participación de actores externos a la universidad. Es posible que la reivindicación de diálogos inter- e intra- esté en boga como resultado de la crítica postmoderna; no obstante, la exigencia de diálogo se presenta hoy como una novedad y un desafío académico para las Ciencias

Volviendo a la concepción de la política como diálogo entre diferentes que defendiese Hannah Arendt, este diálogo entre Ciencias Sociales y religiones ha de ser entendido como un encuentro entre personas reales, con sus cursos de experiencias racionales y emocionales particulares, y no sólo como un encuentro entre

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Sociales en su pretensión de contribuir a la comprensión del mundo social como una realidad vivencial compuesta de racionalidades múltiples.

4. Beck, Ulrich. 2002. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI. 5. Beck, Ulrich. 2009. El dios personal. La individualización de la religión y el “espíritu” del cosmopolitismo. Barcelona: Paidós.

A modo de conclusión

6. Berger, Peter (ed.). 1999. The Desecularization of the World. Resurgent Religion and World Politics. Washington: Ethics and Public Policy Center.

Las tres reflexiones expuestas parecen indicar que ha cobrado auge en los últimos años el debate sobre la autoridad y legitimidad de los márgenes del conocimiento proporcionados hasta ahora por las Ciencias Sociales. Sus fundamentos epistemológicos modernos quedan cuestionados cuando los actores religiosos y espirituales irrumpen en la esfera pública como un otro, una alteridad, que reclama públicamente su potencial explicativo, así como su participación activa en los procesos democráticos de toma de decisiones. Las religiosidades y espiritualidades son parte de la polifonía de voces que componen la esfera pública de las sociedades contemporáneas desde sus particulares visiones de mundo, sensibilidades y comportamientos, diferenciados de la racionalidad totalizadora característica de la modernidad.

7. Berger, Peter L. y Thomas Luckmann. 1997. Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. Barcelona: Paidós. 8. Bourdieu, Pierre. 2003. El oficio del científico. Ciencia de la ciencia y reflexividad. Barcelona: Anagrama. 9. Casanova, José. 1999. Religiones públicas en el mundo moderno. Madrid: PPC. 10. Cepeda, Margarita. 2013. El Dios de la Palabra. Ponencia presentada en el Encuentro Lo religioso y sus desafíos a las Ciencias Sociales. Universidad de los Andes, Colombia. 11. Dallmayr, Fred. 2012. Post-secularity and (Global) Politics: A Need for Radical Redefinition. Review of International Studies 38, n° 5: 963-973.

Por lo tanto, promover espacios inclusivos de encuentro es un reto para académicos y políticos en relación con la cuestión religiosa en este nuevo milenio. Escuchar la palabra del “otro” constituye en sí una ética y una epistemología orientadas a la apertura de procesos de diálogo como único camino posible para la construcción de verdades humanas. Todo parece indicar que comprender al y junto al otro religioso o espiritual, en su dimensión social, se presenta como uno de los desafíos actuales de las Ciencias Sociales. Confiemos en que este primer Encuentro, celebrado en la Universidad de los Andes, halle continuidad en otros proyectos académicos como evidencia de la necesidad e importancia de acercar las Ciencias Sociales a la comprensión del fenómeno religioso y espiritual tanto en el tiempo presente como en perspectiva histórica.

12. Davie, Grace. 2007. Sociología de la religión. Madrid: Akal. 13. Einstein, Albert. 2000. Mis ideas y opiniones. Barcelona: Bon Ton. 14. Eisenstadt, Shmuel. 2000. Multiple Modernities. Daedalus 129, nº 1: 1-29. 15. Habermas, Jürgen. 2011. An Awareness of what Is Missing: Faith and Reason in a Post-Secular Age. Cambridge: Polity Press. 16. Habermas, Jürgen y Joseph Ratzinger. 2008. Entre razón y religión. Dialéctica de la secularización. México: Fondo de Cultura Económica.

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18. Laïdi, Zaki. 1997. Un mundo sin sentido. México: Fondo de Cultura Económica.

3. Bauman, Zygmunt. 2010. El tiempo apremia. Barcelona: Arcadia.

19. Lévinas, Emmanuel. 1987. Totalidad e Infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Salamanca: Sígueme.

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21. Niebuhr, Reinhold. 1941. The Nature and Destiny of Man. Human Nature. Londres: Nisbet & Co. LTD.

27. Salazar, Fabián. 2011. Retos de la cooperación interreligiosa en Colombia a favor de la paz. En El diálogo interreligioso. Iniciativas para la gestión de la diversidad religiosa, coord. Carmen Castilla Vázquez. Granada: Comares, 111-130.

22. Niebuhr, Reinhold. 1943. The Nature and Destiny of Man. Human Destiny. Londres: Nisbet & Co. LTD. 23. Panikkar, Raimon. 2001. El diálogo indispensable: paz entre las religiones. Barcelona: Península.

28. Shakman, Elizabeth. 2012. International Politics after Secularism. Review of International Studies 38, n° 5: 943-961.

24. Petito, Fabio y Pavlos Haztopoulos (eds.). 2003. Religion in International Relations. The Return from Exile. Nueva York: Palgrave Macmillan.

29. Shiner, Larry. 1967. The Concept of Secularization in Empirical Research. Journal of the Scientific Study of Religion 6, nº 2: 207-220.

25. Rorty, Richard y Giani Vattimo. 2005. El futuro de la religión. Barcelona: Paidós.

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Lecturas

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Rosenberg, Emily (ed.). 2012. A World Connecting: 1870-1945

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• Renán Silva – Universidad de los Andes, Colombia

• Hugo Fazio Vengoa – Universidad de los Andes, Colombia

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Discurso sobre la teología natural de los chinos –Carta del Sr. Leibniz sobre la filosofía china al Sr. N. De Rémond, Consejero del Duque Regente e introductor de embajadores [1716] De Leibniz, Gottfried Wilhelm. 2007 [1734]. Discurso sobre la teología natural de los chinos –Carta del Sr. Leibniz sobre la filosofía china al Sr. N. De Rémond, Consejero del Duque Regente e introductor de embajadores [1716]. Buenos Aires: Prometeo Libros – Biblioteca Internacional Martin Heidegger [263 pp.].

Renán Silvav DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.16

a globalización —y sobre todo la conciencia que de ella se tiene hoy—, y el propio ascenso del capitalismo chino como una de las mayores fuerzas históricas de un mundo que ya no es bipolar, han obligado a los historiadores a volver los ojos hacia otros momentos de las relaciones que Occidente ha tenido con el gran imperio oriental, tierra del “cielo celeste”. Varios libros así lo comprueban. Señalemos por ejemplo el gran libro sobre el siglo XVII visto a escala (casi) global de Timothy Brook, titulado Vermeer’s hat: The seventeenth century and the dawn of the global world, aparecido en 2008, que, como sus obras

anteriores, nos muestra no sólo el carácter conectado de gran parte de la historia mundial, sino el papel de China como “centro del mundo” y como lugar de consumos y refinamientos que hacían de esa sociedad un lugar de exquisiteces y altas elaboraciones intelectuales, expulsadas tal vez de la imaginación histórica reciente por el predominio de la representación que sobre esa sociedad ha dejado la idea de “despotismo oriental”, una idea reforzada para nosotros por la “Revolución Cultural” comunista de finales de los años cincuenta y años sesenta, con sus condenas de todo lo que escapara a la regla y medida del comunismo maoísta.

Doctor en Historia por la Universitè de Paris I, Panthéon-Sorbonne, Francia. Profesor asociado del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, Colombia. Correo electrónico: rj.silva33@uniandes.edu.co

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Discurso sobre la teología natural de los chinos Renán Silva

Lecturas

Se trata de una reacción normal, aunque tardía, pero cada vez más profunda, contra la estrechez de miras en que por mucho tiempo —por más de dos siglos— nos ha mantenido a los historiadores el “Estado/nación” como marco limitado en el que se han planteando los problemas de la sociedad, la política y la cultura, no sólo para los siglos XIX y XX, lo que de hecho no parece una elección afortunada, sino para los siglos anteriores, pues los “países”, una unidad política formada en época reciente —en un lapso que no va más allá de los finales del siglo XVIII y muy pronto en crisis—, terminaron convertidos en el marco social, cultural y espacial en el que debía plantearse de “manera obvia” casi cualquier problema de los que analizan los historiadores, lo que llevó a verdaderas paradojas, como las de separar la historia de España de la de Portugal, o las de estudiar como realidades separadas las historias de los pueblos indígenas del sur y norte de América, o analizar dejando por fuera sus relaciones, las colonizaciones ibéricas, de tal forma que los problemas estudiados de Brasil y del resto de Suramérica terminaron planteándose por fuera de toda conexión.1

cosas parecidas; sino que también lo era por razones de tipo intelectual, por reconocimiento de los altos valores de su sistema de escritura, y en buena medida por admiración de muchas gentes de letras y gobernantes hacia emperadores del período Ming a quienes se consideró, al parecer con buenas razones, como príncipes tolerantes. China era en aquel entonces objeto de la mirada de los más importantes pensadores europeos de esas épocas: Malebranche y Spinoza también se interesaron por ese universo cultural “extra/ europeo”, aunque hacían una valoración diferente de la de Leibniz respecto de una cultura y sociedad como la china.2 Cualquiera sea el caso, la importancia del texto que comentamos es mayúscula, para comprender de qué manera la filosofía y la reflexión occidentales —europeas en este caso— no son simplemente un episodio de etnocentrismo, sino que se encuentran también hechas de una sabia meditación sobre la cultura y la tolerancia, incluido, claro, el reconocimiento de la tradición y grandeza de lejanas culturas que en épocas pasadas y presentes han sido capaces de aportar en igualdad de condiciones a la ciencia y a la cultura como patrimonio universal de la humanidad.

El gran cosmopolitismo y la preocupación por los seres humanos de toda la Tierra, que fueron características de la Ilustración del siglo XVIII, parecen tener grandes antecedentes en los propios siglos XVI y XVII, por lo menos al tenor de este texto de Gottfried Leibniz (1646-1716), publicado en una edición cuidadosa y trabajada, y precedido de una amplísima introducción de los editores, tan amplia que por momentos desborda los términos mismos del análisis propuesto por Leibniz y pone el texto del gran filósofo en el marco de una problemática que puede no ser exactamente la suya, o por lo menos estar presentada en un lenguaje que no le corresponde.

Leibniz empieza por reconocer los altos valores de la sociedad china y su tradición de tolerancia —valores que el recuerdo de la época comunista ha oscurecido por completo—, así como su permanente miedo ante los extranjeros y su tendencia al encierro. Sólo que esa tendencia no es la única característica de esa sociedad, y de hecho, se ve ella misma contrarrestada por otros tipos de energías culturales que hicieron posible intercambios muy tempranos con Europa y con sociedades vecinas como la india, con la que por largas épocas intercambió mercancías, ciencia, filosofía y matemáticas.

Lo que ponen de presente este texto de Leibniz y la informada presentación que lo acompaña —que incluye a su vez una amplia bibliografía actualizada—, es que la China era desde el siglo XV materia de alto interés cultural para los pensadores europeos, y no simplemente por razones de intercambio comercial, de proyectos de dominación o

Reconocer la entidad y la importancia de la cultura china lleva a Leibniz, sin ninguna actitud etnocéntrica, a hablar de “teología natural” —desde luego haciendo uso de una etiqueta occidental y escolástica—, una designación a la que acude para mostrar el alto significado racional de los problemas que los discípulos de Confucio y de otras doctrinas religiosas chinas se han planteado y en torno a los cuales han desarrollado agudos pensamientos que cubren todos los ángulos de la reflexión que Occidente ha designado como filosofía, en sus más distintas variedades.

La reacción contra esas tendencias del análisis histórico ha empezado desde finales del siglo XX y fue notoria, al decir de los comentaristas, en el Congreso Internacional de Historia de Oslo en 1999, en donde el punto de la “global history” fue central en la agenda. En relación con lo que hoy designamos como América Latina, la reacción ha sido ejemplar. Véase, por ejemplo, la obra fundamental en este campo de Serge Gruzinski (2004) —hay traducción en castellano—, escrita bajo el enfoque de las “historias conectadas”. Gruzinski multiplica en sus análisis las relaciones, los puntos de encuentro, las interferencias, los préstamos culturales, las apropiaciones mestizas y todo lo que permite entender de qué manera los mundos de la Monarquía católica (c. 1580-1640) eran mundos mezclados, interdependientes, que conectaban Europa, las Américas lusa y castellana, las Filipinas, partes de la India y de la China y el África.

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Las informaciones y los textos en los que se apoya Leibniz para hacer su comentario provienen de los medios misioneros católicos jesuitas, pero no son su única vía de información. Su correspondencia de largos años con misioneros católicos que se encontraban en China y el acceso a los textos chinos de los que se podía echar mano en ese momento parecen ser un expediente amplio de información, a pesar del desconocimiento existente sobre la China en la Europa de ese momento.

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Posiblemente por razones estratégicas, pero no sólo por ellas, Leibniz no discute el problema de las ceremonias ni de los ritos religiosos en China —lo que por motivos de dogma y política podía resultar problemático en ese momento—, sino que se centra en sus doctrinas y principios —de manera particular, el gran pensador alemán se ocupará de las doctrinas de origen confuciano—, dejando de lado el núcleo que el catolicismo y Roma encontraban mucho más problemático en la cultura religiosa de esa sociedad, y a partir del cual observaba la cultura intelectual china como “exótica” y alejada de lo que sería un marco civilizado y racional.

desde su raíz el defecto de haber sido construidos al margen de la gran civilización occidental. Hace algo más de medio siglo, luego de iniciado el proceso de descolonización de lo que restaba de las viejas posesiones coloniales de los imperios de ayer, se impuso la reflexión sobre la significación de esas culturas que parecían inspirarse en otros principios de racionalidad y de valoración, en lógicas que dejaban de lado lo que se consideraba como distintivo de esa “Grecia prolongada” hasta el presente, que se valoraba no como la civilización occidental, sino como la civilización misma, la civilización por antonomasia. Se impuso entonces a la consideración de los analistas el reconocimiento de la grandeza de civilizaciones y pueblos —en Asia, en África, en América precolombina— que por años habían sido poco o nada apreciados o lo habían sido solamente como exotismo que debería protegerse de su cercana destrucción.

A pesar de que para pensar ese núcleo de reflexión que designa como “teología natural” y sobre el que centra su atención Leibniz debe en gran medida interpretar las formulaciones chinas sobre la base de sus propias categorías —lo que se explica en parte, dice Leibniz, por lo poco que se sabe de esa sociedad—, con el peligro que ello entraña, no se trata de ninguna asimilación que arrase con el núcleo de creencias en torno a las cuales discute, reduciéndolas a un error o prejuicio, y Leibniz señala en su comentario que “todas estas expresiones de los chinos admiten un buen sentido”, refiriéndose a materias tan comprometedoras para un creyente, como él lo era, como las que tienen que ver con Dios, la materia primera del universo, el cielo, etcétera.

En ese momento se impuso también, a veces como culpa insuperable, la denuncia del viejo etnocentrismo, rápidamente transformado en denuncia del “eurocentrismo”, lo que arrastró a muchos académicos occidentales que se dedicaban al análisis cultural a vivir sus propios valores culturales como una tradición que merecía, sin matices de ninguna clase, el rechazo y la condena. Se formó entonces una actitud populista de alabanza de toda forma cultural “no occidental”, formas a las que se consideró sin matices como alternativas y portadoras per se de una riqueza y humanidad, que no siempre los analistas nos revelaban, al mismo tiempo que se procedía a la crítica o al repudio de toda forma cultural occidental (con independencia de que se tratara del humanismo, de la lógica, de la teoría de los derechos humanos o de las ciencias), cultura de la que se sospechaba su complacencia con los valores de la dominación y del racismo.

No podemos saber cuán históricamente fundado era el conocimiento que Leibniz tenía de la sociedad china —de su religión, de su Estado y en general de su cultura—. Parece que muchas de sus apreciaciones sobre la relación entre idea y representación a partir de la escritura ideográfica china, lo mismo que sus ideas sobre las correspondencias existentes entre sus descubrimientos matemáticos y el I Ching, no tienen a la luz del conocimiento presente mayor validez. Pero la importancia del texto puede estar en otra parte: en el gesto de apertura, en el cosmopolitismo, en la apertura al diálogo, en el esfuerzo de comprensión, sin ningún tipo de consideración falsamente amistosa o “populista”, un esfuerzo realizado por fuera de toda actitud de condescendencia, planteado en el terreno en que deben plantearse las relaciones entre iguales.

Lo que resulta ser una profunda lección en las observaciones de Leibniz sobre la China y lo que les otorga tanta actualidad, no es su contenido, que en gran medida debe encontrarse ya superado, sino esa actitud visible que induce a que el reconocimiento de la grandeza de otras formas de pensamiento ajenas a las de su tradición, se pueda acompañar de elementos críticos, y, sobre todo, no exija una actitud injusta de desprecio respecto de la cultura propia, como ha sido tan frecuente en el último medio siglo de análisis cultural.

Durante un larguísimo tiempo, toda consideración “occidental” sobre las culturas que no pertenecían a su propia área cultural se hizo sobre la base del rasero cultural propio, usando como marco de análisis verdades consideradas como eternas y ajenas a la historia, inscritas en la propia naturaleza humana civilizada, que siempre había distinguido a Occidente, al tiempo que se consideraba a las demás formaciones culturales no occidentales como el producto de evoluciones problemáticas, productos exóticos que padecían

Referencia 1. Gruzinski, Serge. 2004. Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation. París: Editions de La Martinière.

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A World Connecting: 1870-1945 De Rosenberg, Emily (ed.). 2012. A World Connecting: 1870-1945. Londres: The Belknap Press of Harvard University Press [1168 pp.].

Hugo Fazio Vengoav DOI: http://dx.doi.org/10.7440/res47.2013.17

n los ochenta y noventa, no fueron pocos los académicos que se enfrascaron en prolongadas discusiones sobre la supuesta “crisis” de la historia. En los inicios del nuevo siglo, la situación parece ser bien distinta. Una mirada somera al estado actual de la disciplina muestra numerosos visos de renovación y confirma que es fuerte el interés por ensanchar el campo temático e interpretativo. En efecto, en un puñado de años, la historiografía ha registrado el nacimiento y la consolidación de un conjunto de nuevas perspectivas históricas.

ciones historiográficas nacionales, razón por la cual persiguen la interacción con profesionales provenientes de distintas partes del mundo. A la luz de estos intereses compartidos se han ido consolidando enfoques históricos e historiográficos, que hoy se reconocen bajo los rótulos de historia transnacional, historia conectada, historia cruzada, historia global, historia compartida (shared), etcétera. Como ocurre habitualmente en la historiografía, en un primer momento, los historiadores intentaron poner los cimientos de sus enfoques mediante la publicación de ensayos teóricos y metodológicos, los cuales, además de servir para estampar sus diferencias con los procedimientos habituales en la disciplina, ofrecían justificaciones sobre la necesidad social e intelectual de los nuevos enfoques, exponían sus antecedentes y filiaciones intelectuales y sugerían ciertas indicaciones sobre cómo debía ser abordado el trabajo histórico a partir de estos lineamientos. Las reacciones en contra no tardaron en llegar. Rápidamente se alzaron voces que ponían en duda estas propuestas, con el argumento de

Muy llamativo es el hecho que varios de estos enfoques confluyen en torno a preocupaciones similares: constituyen esfuerzos por incorporar ciertas reflexiones y ciertos presupuestos suscitados por los acalorados debates académicos que se han librado en torno a la globalización; se caracterizan por el desarrollo de perspectivas que buscan trascender el marco nacional como lugar privilegiado tradicional del análisis histórico; se preocupan por elevar el nivel de la reflexión sobre algunos tópicos frecuentes de la disciplina y se piensan como perspectivas que se ubican por fuera de las tradi-

Doctor en Ciencia Política por la Université Catholique de Louvain, Bélgica. Profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes, Colombia. Correo electrónico: hfazio@uniandes.edu.co

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que representaban interesantes disquisiciones teóricas y metodológicas, pero que escasa era su utilidad o pertinencia en el trabajo histórico.

del tiempo y del espacio como resultado de las grandes innovaciones en las comunicaciones y en los transportes. Ello lleva a concluir que si con anterioridad los procesos históricos podían desarrollarse independientes los unos de los otros, las transformaciones de tiempo y espacio minaron los anteriores aislamientos y pusieron en una estrecha interdependencia a todos los colectivos humanos. Segundo, la acelerada movilidad de personas, bienes e ideas actuó como un sincronizador de experiencias, reduciendo aún más las brechas que antes separaban a unas comunidades de otras. Tercero, el poder hegemónico que detentó Occidente favoreció la irrupción de sistemas modernos de estatalidad. Sobre este punto cabe destacar que el libro recusa la identificación de la historia mundial con Occidente. El énfasis se desplaza más bien en la dirección de comprender la naturaleza de aquellos procesos que afectaban al mundo en su totalidad, varios de los cuales terminaron explicando la ascendencia de Occidente durante buena parte de este período. Cuarto, los autores destacan las interacciones y las variadas intersecciones entre lo global y lo local, tema que alcanza su máxima figuración y notoriedad por el énfasis que los autores ponen en la movilidad y en la conformación de complejas redes de alcance global, que se intercalan en razón de las condiciones de tiempo, lugar y circunstancia.

Por fortuna, a diferencia de lo que ha ocurrido con otros momentos en la disciplina, cuando la discusión nunca trascendió el plano de la abstracción, en esta ocasión numerosos han sido los historiadores que asumieron el desafío y se lanzaron a historiar con base en estos nuevos presupuestos y perspectivas. Como ilustración se pueden citar los recientes trabajos de Gruzinski (2012), que han demostrado la vitalidad de la historia conectada; de Werner y Zimmermann (2004), quienes han demostrado la pertinencia del enfoque cruzado cuando se analizan temas de naturaleza binacional; Osterhammel y Petersson (2005) e Iriye (2013) le han dado nuevos asideros a la historia transnacional, y Bayly (2004) construyó una gigantesca historia global para explicar el nacimiento del mundo moderno. Como ilustración de la plena factibilidad de este tipo de operaciones históricas, un grupo de historiadores publicó recientemente el libro A World Connecting: 18701945. Desde un comienzo el editor se preocupa por dejar en claro que el libro no representa ninguna metateoría de la historia. El propósito es mucho más simple: la construcción de una historia del mundo marcada por una interconexión global constante. De más está decir que, no obstante las mil y tantas páginas que comprenden la monumental obra, no se pretende cubrir la totalidad de temas, regiones y pueblos del mundo, sino exponer aquellos grandes procesos históricos mundiales cuya comprensión se alcanza mejor a partir de un esquema global.

Sólo cuando se acomete un ejercicio tal se entiende la historicidad de la modernidad como productora de homogeneidad y de diferencia. Quinto, la prominencia que comenzaron a adquirir las ciudades globales, fuerzas centrípetas de la globalización y de estímulo de políticas generalizadas de urbanización. Sexto, la proliferación de tecnologías de producción y consumo que favorecieron la movilidad de factores, además de desempeñar un importante papel en el desencadenamiento de distintas formas de violencia. Séptimo, el poder del nacionalismo y de las ideologías raciales, formas de esencialismos y particularismos que se forjaron de manera transnacional. Por último, la violencia sin igual de las nuevas formas de autoritarismo que golpeó por igual a todos los continentes y que fue uno de los procedimientos más usuales para la construcción de un centro vital en los Estados y que sirvió igualmente para acentuar la emergencia de los movimientos anticoloniales.

No puedo dejar de recalcar la importancia de la periodización propuesta. Se ha convertido en un lugar común entre los especialistas considerar el período que se extiende entre 1870 y 1914 como una fase de extendida globalización que habría contribuido enormemente a la compactación del mundo. En contraste, los años que separan las dos guerras mundiales han sido analizados como una etapa de desglobalización, es decir, de fraccionamiento de la sistematicidad antes alcanzada. Es muy interesante que si bien estos autores reconocen las particularidades que tuvo el período de entreguerras, muestran que las conexiones siguieron siendo persistentes.

Sobre estos fundamentos analíticos y conceptuales se desarrollan los cinco capítulos que comprende la obra. Se inicia con un escrito de Charles S. Maier sobre la invención y el desarrollo del Estado moderno. En esta oportunidad, el célebre historiador norteamericano vuelve sobre una tesis que en trabajos anteriores

Los autores se valieron de un conjunto de elementos para imaginar la unidad temporal y espacial de esta mundialidad: primero, aquellas décadas fueron un período en el que se asistió a una fuerte compresión

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A World Connecting: 1870-1945 Hugo Fazio Vengoa

Lecturas

había esbozado y que en esta oportunidad desarrolla in extenso. Su tema es el asunto de la territorialidad. En su argumentación, Maier sostiene que los finales de los sesenta del siglo XX marcaron la finalización de un inmenso período, porque fue en el fragor de esos años cuando se puso término a una tendencia que había predominado en el mundo durante los últimos cien años, la cual se caracterizaba por un fuerte énfasis en delimitar la territorialidad de los Estados, con lo cual se activaba el espacio nacional dentro de unos confines determinados, a lo que se sumaba una obsesiva propensión en la dirección de demarcar fronteras de todo tipo, fueran nacionales, de clase, privadas, públicas, etcétera. De tal suerte que el período que cubre el libro comprende los momentos axiales en la configuración estatal: el nacimiento, con las “guerras de construcción nacional”, fenómeno que se extendió a escala global; en los finales del siglo XIX e inicios del XX el centro de la atención giró en torno a los asuntos de gubernamentalidad; las últimas décadas del período se caracterizaron por la proliferación de ciertas formas autoritarias de estatalidad territorial. En síntesis, todo éste fue un extenso período en que los Estados se recrearon de diversas maneras pero siempre encontraron su fundamento en la compactación de un dominio territorial, proceso que continuaría hasta finales de la década de los sesenta.

no sólo el muy trillado caso de los desplazamientos de los europeos allende sus fronteras. Para el autor, los ferrocarriles, las ciudades portuarias y los barcos a vapor desempeñaron un importante papel para que las migraciones pudieran alcanzar el carácter masivo que se le reconoce. Destaca que también intervinieron en ello las prácticas coloniales, la interconexión económica, las crisis, los proyectos de vida y el mejor conocimiento que se tenía de lugares lejanos. El trabajo de Hoerder remata con una serie de ejemplos y consideraciones que ilustran la complejidad de los fenómenos de aculturación, cuestionan la concepción del Estado como un “contenedor” e ilustran la interacción entre lo global y lo local que provoca la migración. El capítulo cuarto, escrito por Steven C. Topik y Allen Wells, se centra en el tema de las cadenas mercantiles que se forjaron en estas décadas, sobre todo gracias a la revolución agrícola que aportaba el grueso del comercio mundial (cereales, café, azúcar, té), y que produjo profundas transformaciones sociales en todo el mundo. El incremento de la producción de alimentos y los modernos sistemas de transporte facilitaron el crecimiento de las ciudades y de las clases trabajadoras, las cuales a su vez implicaron una demanda en constante aumento de productos agrícolas e industriales. Éste, empero, no es el único aspecto que interesa a los autores. También fueron éstas las décadas en las que se masificaron nuevas producciones: hierro y acero, ferrocarriles, automóviles, aviones, barcos, submarinos, radios, cables, caucho. En este sentido, a los autores les preocupa analizar cómo estimularon estas nuevas ramas industriales la producción de recursos energéticos y minerales, nada de lo cual hubiera sido posible sin una correspondiente movilidad de capitales por los distintos confines del planeta. Los circuitos económicos, de tal suerte, alcanzaron niveles de sistematicidad nunca antes vistos.

El capítulo segundo, escrito por Tony Ballantyne y Antoinette Burton, constituye otra importante faceta de la mundialidad, representada por la conformación de grandes imperios y por las resistencias que produjeron dichas formas de dominio. El capítulo constituye un excelente ejemplo de aquello que se reconoce en la historiografía como la “nueva historia imperial”, que recusa la idea de que el imperio es una construcción europea implantada “afuera”, pues es analizado como un “sistema imperial” y como una globalidad imperial, que deben ser abordados desde distintos ángulos. Especial interés ponen los autores en la reorganización territorial del espacio geográfico de los imperios británico, japonés y otomano, para lo cual las metrópolis se valieron de instituciones imperiales, como las misiones religiosas y los ejércitos, pero también de los modernos medios de comunicación y transporte y de las configuraciones que suponían los nuevos modelos económicos. Todo ello dio lugar a fuertes y desiguales interrelaciones dentro de los imperios y entre ellos, lo que hizo posible la emergencia de redes transnacionales anticoloniales.

El último capítulo, de Emily Rosenberg, se interesa por ilustrar la variedad de corrientes sociales y culturales transnacionales que sirvieron para afirmar y también para trascender los estados estados y los imperios. Esta historia transnacional se detiene en el examen de cinco grandes áreas: las instituciones multilaterales internacionales, las redes sociales transnacionales (el anticolonialismo, las religiones), los centros de exhibición (como las ferias mundiales, las competiciones deportivas, los zoológicos y los museos), la afiliación epistémica basada en la experiencia, y los medios y el consumo masivos (los espectáculos, el cine, el turismo y el consumo de masas). Con esta información y este análisis detallados, la autora

El tercer capítulo, escrito por Dirk Hoerder, analiza el tema de las migraciones de masas en el mundo, y

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Referencias

concluye que la homogenización y la diferenciación, lo global y lo local, el trans o el internacionalismo y el nacionalismo, la razón y el espectáculo, no constituyen opuestos sino complementos que operan en una tensión creativa entre sí en esta era de redes transnacionales.

1. Bayly, Christopher. A. 2004. El nacimiento del mundo moderno. Madrid: Siglo XXI. 2. Gruzinski, Serge. 2012. Las cuatro partes del mundo: historia de una mundialización. México: Fondo de Cultura Económica.

En síntesis, éste es un excelente libro que muestra la manera como se ha ido conformando el mundo en su significación histórica, la forma como se ha vuelto una “unidad operativa”; en este sentido, constituye un importante referente para la comprensión de momentos cruciales de los siglos XIX y XX. No queda más que esperar con sumo interés la publicación de una nueva historia del mundo que se prolonga hasta nuestro presente, la cual está prevista para diciembre de 2013.

3. Iriye, Akira. 2013. Global and Transnational History: The Past, Present and Future. Hampshire: Palgrave MacMillan. 4. Osterhammel, Jürgen y Niels Petersson. 2005. Storia della globalizzazione: dimensioni, processi, epoche. Bolonia: Il Mulino. 5. Werner, Michael y Bénédicte Zimmermann. 2004. De la comparaison à l’histoire croisée. París: Seuil.

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La Revista de Estudios Sociales agradece la colaboración especial de las siguientes personas como árbitros de este número: Oscar Almario García – Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín Luz Stella Álvarez – Universidad de Antioquia, Colombia Juan Andrade Blanco – Universidad de Extremadura, España Jorge Luis Arellanez Hernández – Universidad Nacional Autónoma de México Magdalena Barros Nock – CIESAS, México Yann Basset – Universidad del Rosario, Colombia Luis Alberto Beccaria – CEPAL Alice Beuf – Instituto Francés de Estudios Andinos, Colombia Jorge Blanco – Universidad de Buenos Aires, Argentina Antonio Bolívar – Universidad de Granada, España Felipe Botero – Universidad de los Andes, Colombia Inmaculada Buendía Martínez – Universidad de Castilla, España José Joaquín Brunner – Universidad Diego Portales, Chile Leonardo Cavalcanti – Universidad de Barcelona, España Dolors Cendra Comas d’Argemir – Universidad Rovira i Virgili, España Juliana Cristina Cubides – Universidad Nacional de Colombia Luis Dallanegra – Conicet, Argentina Ricardo Azael Escobar– Pontificia Universidad Javeriana, Colombia Ariadna Estévez – Universidad Nacional Autónoma de México Fernando Estrada – Universidad Externado de Colombia Francisco Erice Sebares – Universidad de Oviedo, España Joaquín Fortanet – Universidad Autónoma de Barcelona, España Sonia Frías – Universidad Nacional Autónoma de México María Verónica Gago – Universidad de Buenos Aires / Conicet, Argentina Sonia Cristina Gamboa – Universidad Industrial de Santander, Colombia Juan Gabriel Gómez Albarello – Universidad Nacional de Colombia Alberto Harambour – Universidad Diego Portales, Chile Daniel Hermelin – Universidad EAFIT, Colombia Marta Ibañez Pascual – Universidad de Oviedo, España Rafael Ibáñez Rojo – Universidad Autónoma de Madrid, España María Eugenia Ibarra Melo – Universidad del Valle, Colombia Daniel Loewe – Universidad Adolfo Ibáñez, Chile Daniel Fernando López – Universidad de los Hemisferios, Ecuador Luz María López Montaño – Universidad de Caldas, Colombia Felipe Martínez-Pinzón – College of State Island, Islandia Luis Bernardo Mejía Guinand – Universidad de los Andes, Colombia Leonardo Montenegro Martínez – Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, Colombia Diego Fernando Montoya – Universidad EAFIT, Colombia Ilana Mountian – Universidade federal de Minas Gerais, Brasil Gonzalo Muñoz – Universidad Diego Portales, Chile Rafael Palacios Bustamante – Fundación Instituto de Estudios Avanzados, Venezuela Mariano Daniel Perelman – Universidad de Buenos Aires / Conicet, Argentina Alejandro Pizzi – Universidad de Valencia, España Marco Aurelio Prado – Universidade federal de Minas Gerais, Brasil Alicia Puleo – Universidad de Valladolid, España María Fernanda Ramírez Brouchoud – Universidad EAFIT, Colombia David J. Robinson – Syracuse University, Estados Unidos José Manuel Robles – Universidad Complutense de Madrid, España Rosa Isabel Roig Vila – Universidad de Alicante, España Rocío Rueda Ortiz – Universidad Pedagógica Nacional, Colombia Enrique Santamaría – Universidad de Barcelona, España Cristina Santamarina Vaccari – Centro de Estudios Sociales y de Opinión, España Francisco Sierra Caballero – Universidad de Sevilla, España Ninna Nyberg Sørensen – Dansih Institute of International Studies, Copenhague Catalina Tabares Ochoa – Universidad de Antioquia, Colombia Anna Tous Rovirosa – Universidad Autónoma de Barcelona, España Carlos Eduardo Valderrama – Universidad Central, Colombia Carolina Vanegas – Universidad de Buenos Aires, Argentina

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Índice cronológico No. 45: enero- abril de 2013

Botero, Mary Luz. Prácticas descriptivas de los enviados especiales de la prensa francesa a Colombia. Narrativa de una experiencia sensible en un marco intercultural, 170-184.

Dossier: Servicio doméstico y desigualdad social Poblete, Lorena y Ania Tizziani. Presentación, 9-14. Solano, Sergio Paolo y Roicer Flórez Bolívar. Política y trabajo. Debates sobre las normas jurídicas y las relaciones laborales de servidumbre en el Bolívar Grande (Colombia) en el siglo XIX, 16-28. Plata Quezada, William Elvis. El sindicato del servicio doméstico y la obra de Nazareth: entre asistencialismo, paternalismo y conflictos de interés, Bogotá, 1938-1960, 29-41. Pérez, Inés. De “sirvientas” y eléctricos servidores. Imágenes del servicio doméstico en las estrategias de promoción del consumo de artículos para el hogar (Argentina, 1940-1960), 42-53. Pereyra, Francisca. El acceso desigual a los derechos laborales en el servicio doméstico argentino: una aproximación desde la óptica de las empleadoras, 54-66. Gorbán, Débora. El trabajo doméstico se sienta a la mesa: la comida en la configuración de las relaciones entre empleadores y empleadas en la ciudad de Buenos Aires, 67-79. Devetter, François-Xavier. ¿Por qué externalizar las tareas domésticas? Análisis de las lógicas desigualitarias que estructuran la demanda en Francia, 80-95. Carpenedo, Manoela y Henrique Caetano Nardi. Mulheres Brasileiras na divisão internacional do trabalho reprodutivo: construindo subjetividade(s), 96-109. Abrantes, Manuel. A Matter of Decency? Persistent Tensions in the Regulation of Domestic Service, 110-122. Gutiérrez-Rodríguez, Encarnación. Trabajo domésticotrabajo afectivo: sobre heteronormatividad y la colonialidad del trabajo en el contexto de las políticas migratorias de la UE, 123-134.

No. 46: mayo-agosto de 2013 Dossier: Solidaridad en perspectiva filosófica Arango, Rodolfo. Presentación, 9-12. Domènech, Antoni. La metáfora de la fraternidad republicano-democrática revolucionaria y su legado al socialismo contemporáneo, 14-23. Hoyos, Luis Eduardo. Cooperación, solidaridad y egoísmo racional. Acerca de la relación entre moralidad y racionalidad, 24-30. De Zubiría, Santiago. Hacia una visión no fundacionalista del concepto de solidaridad: liberalismo y solidaridad en Richard Rorty, 31-42. Arango, Rodolfo. Solidaridad, democracia y derechos, 43-53. Niederberger, Andreas. Democratic Solidarity: Why Do Democracies Owe Support to Democracy Movements? 54-62. Herrera, Carlos Miguel. El concepto de solidaridad y sus problemas político-constitucionales. Una perspectiva iusfilosófica, 63-73. Carvajalino Guerrero, Jinú. Solidaridad de intereses: la transformación del derecho social como dominación en Lorenz von Stein, 74-85. Pisarello, Gerardo. Solidaridad e insolidaridad en el constitucionalismo contemporáneo: elementos para una aproximación, 86-97. Sierra, Rosa. Solidaridad e integración regional. La forma ciudadana de la solidaridad en la comunidad política supranacional, 98-108. Cortés Rodas, Francisco. La posibilidad de la justicia global. Sobre los límites de la concepción estadocéntrica y las probabilidades de un cosmopolitismo débil, 109-118.

Otras Voces Hurtado, Daniel. El concepto de lo político: la necesidad de un criterio (inevitablemente transitorio), 136-143. Saus, María Alejandra. Infraestructura ferroviaria y ciudad: su cambiante correspondencia espacial desde los paradigmas de la ciencia, la historiografía urbana y el urbanismo, 144-157. Martín, Juan Guillermo y Julieta de Arango. Panamá Viejo: una experiencia exitosa de gestión patrimonial, 158-169.

Otras Voces Campos Cabral, Valentina y Patricia Ávila-García. Entre ciudades y presas. Oposición campesina al trasvase de agua y la defensa del río Temascaltepec, México, 120-133. Buchely, Lina Fernanda. La melancolía y el estado. Reflexiones desde el psicoanálisis aplicado, 134-144.

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Índice cronológico, de autores, temático

Índice de autores

Vela, Jordi de San Eugenio. Del Estado-nación al Estadomarca. El rol de la diplomacia pública y la marca de país en el nuevo escenario de las relaciones internacionales, 145-157. De Luca Romina, Tamara Seiffer y Juan Kornblihtt. Gasto social y consolidación de la sobrepoblación relativa en Venezuela durante el chavismo (1998-2010), 158-176.

Abrantes, Manuel (No. 45) Arango, Rodolfo (No. 46) Ávila-García, Patricia (No. 46) Botero, Mary Luz (No. 45) Buchely, Lina Fernanda (No. 46)

No. 47: septiembre-diciembre de 2013

Caetano Nardi, Henrique (No. 45) Campos Cabral, Valentina (No. 46) Carpenedo, Manoela (No. 45) Carrillo, Alejandro Monsiváis (No. 47) Carvajalino Guerrero, Jinú (No. 46) Checa, Juan Carlos (No. 47) Cortés Rodas, Francisco (No. 46)

Temas Varios Lux, Martha y Ana Pérez. Presentación, 9-10. Dossier Rueda Laffond, José Carlos. ¿Un pasado que no cesa? Discurso patrimonial y memoria pública comunista en el franquismo y la transición española, 12-24. Monsiváis Carrillo, Alejandro. La democracia como política pública: oportunidades para el fortalecimiento democrático, 25-38. Sánchez Calderón, Fabio Vladimir. Hacia la multiplicidad del espacio en la historia. Relaciones entre el cambio social y los cambios en la disciplina en las últimas cuatro décadas, 39-50. Solé, Carlota, Olga Serradell y Teresa Sordé. Ciudadanía en femenino. Aportaciones de las mujeres inmigrantes marroquíes, ecuatorianas y rumanas en España, 51-66. Eizagirre, Andoni. Las percepciones sociales en Europa sobre el rol de la ciencia y la tecnología, 67-78. Formichella, María Marta y Silvia London. Empleabilidad, educación y equidad social, 79-91. Groisman, Fernando y María Eugenia Sconfienza. Indigentes urbanos: entre la estigmatización y la exclusión social en la ciudad de Buenos Aires, 92-106. Velasco, Juan Carlos. Justicia global y el gobierno de las migraciones internacionales, 107-117. Checa Olmos, Juan Carlos y Ángeles Arjona Garrido. Los inmigrantes vistos por los españoles. Entre la amenaza y la competencia (1997-2007), 118-132. González Zabala, Mayda Patricia y Jenny Marcela Sánchez Torres. Análisis de las estrategias del Gobierno colombiano para la inclusión de los ciudadanos en la Sociedad de la Información propuestas desde 2000 hasta 2011, 133-146. Leyton, Tomás. Continuidades y rupturas en los discursos de la guerra de Afganistán: intelectuales, políticos y soldados, 147-156. Lugo-Morin, Diosey Ramón. La acción colectiva rural en los sistemas productivos dinámicos, 157-168.

De Arango, Julieta (No. 45) De Luca, Romina (No. 46) De Zubiría, Santiago (No. 46) Devetter, François-Xavier (No. 45) Domènech, Antoni (No. 46) Eizagirre, Andoni (No. 47) Flórez Bolívar, Roicer (No. 45) Formichella, María Marta (No. 47) Garrido, Ángeles Arjona (No. 47) González, Mayda Patricia (No. 47) Gorbán, Débora (No. 45) Groisman, Fernando (No. 47) Gutiérrez-Rodríguez, Encarnación (No. 45) Herrera, Carlos Miguel (No. 46) Hoyos, Luis Eduardo (No. 46) Hurtado, Daniel (No. 45) Kornblihtt, Juan (No. 46) Leyton, Tomás (No. 47) London, Silvia (No. 47) Lugo-Morin, Diosey Ramón (No. 47) Martín, Juan Guillermo (No. 45) Niederberger, Andreas (No. 46) Pereyra, Francisca (No.45) Pérez, Inés (No. 45) Pisarello, Gerardo (No. 46)

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Plata Quezada, William Elvis (No. 45) Poblete, Lorena (No. 45)

Carl Schmitt (Hurtado, No. 45) Ciencia (Eizagirre, No. 47) Ciudad (Saus, No. 45) Ciudad de México (Campos Cabral y Campos Cabral, No. 46) Ciudadanía (Solé, Serradell y Sordé, No. 47) Código de Policía (Solano D. y Flórez Bolívar, No. 45) Colombia (González Zabala y Sánchez Torres, No. 47) Colonialidad (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45) Comida (Gorbán, No. 45) Competencia (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47) Comunidad política (Sierra, No. 46) Concertaje forzoso (Solano D. y Flórez Bolívar, No. 45) Condiciones laborales (Pereyra, No. 45) Confianza (Eizagirre, No. 47) Conflicto social (Campos Cabral y Campos Cabral, No. 46) Constitucionalismo (Pisarello, No. 46) Consumo (Pérez, No. 45) Cooperación (Hoyos, No. 46)

Rueda Laffond, José Carlos (No. 47) Sánchez, Fabio Vladimir (No. 47) Sánchez, Jenny Marcela (No. 47) Saus, María Alejandra (No.45) Sconfienza, María Eugenia (No. 47) Seiffer, Tamara (No. 46) Serradell, Olga (No. 47) Sierra, Rosa (No. 46) Solano, Sergio Paolo (No. 45) Solé, Carlota (No. 47) Sordé, Teresa (No. 47) Tizziani, Ania (No. 45) Vela, Jordi de San Eugenio (No. 46) Velasco, Juan Carlos (No. 47)

Democracia (Arango, No. 46; Cortés Rodas, No. 46; Niederberger, No. 46; Pisarello, No. 46; Monsiváis Carrillo, No. 47) Democracia fraterna (Domènech, No. 46) Derecho (Abrantes, No. 45) Derecho público (Herrera, No. 46) Derecho social (Carvajalino Guerrero, No. 46) Derechos humanos (Arango, No. 46; Cortés Rodas, No. 46; Niederberger, No. 46) Derechos laborales (Pereyra, No. 45) Derechos sociales (Arango, No. 46; Pisarello, No. 46) Desigualdad social (Devetter, No. 45) Diplomacia pública (Vela, No. 46) Diseño institucional (Monsiváis Carrillo, No. 47) Disposiciones civiles (Solano D. y Flórez Bolívar, No. 45)

Índice temático Acción católica (Plata Quezada, No. 45) Acción colectiva (Campos Cabral y Campos Cabral, No. 46; Lugo-Morin, No. 47) Actores no estatales (Cortés Rodas, No. 46) Acumulación de capital (De Luca, Seiffer y Kornblihtt, No. 46) Afecto (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45) Agricultura (Lugo-Morin, No. 47) Ambivalencia social (Eizagirre, No. 47) Amenaza (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47) América Latina (Sierra, No. 46) Amigo-enemigo (Hurtado, No. 45) Análisis del discurso (Leyton, No. 47) Análisis narrativo (Botero, No. 45) Artefactos domésticos (Pérez, No. 45) Asociacionismo (Solé, Serradell y Sordé, No. 47) Ausencia del estado (Buchely Ibarra, No. 46)

Educación (Formichella y London, No. 47) Egoísmo (Hoyos, No. 46) E-inclusión (González Zabala y Sánchez Torres, No. 47) Empleabilidad (Formichella y London, No. 47) Empleadores (Gorbán, No. 45) Empleo doméstico (Pereyra, No. 45) Enviados especiales (Botero, No. 45) Epistemología (Saus, No. 45) Equidad social (Formichella y London, No. 47) Escala (Sánchez Calderón, No. 47) Espacio (Sánchez Calderón, No. 47) España (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47; Rueda Laffond, No. 47) Estado social (Carvajalino Guerrero, No. 46; Herrera, No. 46)

Branding (Vela, No. 46) Brecha digital (González Zabala y Sánchez Torres, No. 47) Brunkhorst (Sierra, No. 46) Cadena global de los cuidados (Carpenedo y Caetano Nardi, No. 45) Cambio de régimen (Niederberger, No. 46) Capital social (Lugo-Morin, No. 47)

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Índice cronológico, de autores, temático

Estado-nación (Vela, No. 46) Etnicidad (Abrantes, No. 45) Exclusión social (Groisman y Sconfienza, No. 47)

Mujeres (Gorbán, No. 45) Mujeres inmigrantes (Carpenedo y Caetano Nardi, No. 45)

Ferrocarril (Saus, No. 45) Filosofía de los asuntos internacionales (Niederberger, No. 46) Filosofía política (Herrera, No. 46) Francia (Devetter, No. 45) Fraternidad (Domènech, No. 46; Pisarello, No. 46) Fundacionalismo (De Zubiría, No. 46)

Nacionalismo metodológico (Velasco, No. 47) Obra de Nazareth (Plata Quezada, No. 45) Organización internacional del Trabajo (Abrantes, No. 45) Panamá Viejo (Martín y De Arango, No. 45) Participación (Monsiváis Carrillo, No. 47) Partido comunista (Rueda Laffond, No. 47) Patrimonio cultural (Martín y De Arango, No. 45) Periodismo intercultural (Botero, No. 45) Pluralismo (Eizagirre, No. 47) Política pública (Monsiváis Carrillo, No. 47) Políticas públicas (González Zabala y Sánchez Torres, No. 47) Político (Hurtado, No. 45) Posible (Hurtado, No. 45) Precariedad del estado (Buchely Ibarra, No. 46) Presente (Sánchez Calderón, No. 47) Procesos de subjetivación (Carpenedo y Caetano Nardi, No. 45) Profesional (Hurtado, No. 45) Psicoanálisis (Buchely Ibarra, No. 46) Publicidad (Pérez, No. 45)

Gasto social (De Luca, Seiffer y Kornblihtt, No. 46) Género (Abrantes, No. 45; Solé, Serradell y Sordé, No. 47) Gestión cultural (Martín y De Arango, No. 45) Gobernanza global (Velasco, No. 47) Habermas (Sierra, No. 46) Heteronormatividad (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45) Historia (Plata Quezada, No. 45; Sánchez Calderón, No. 47) Historia social (Rueda Laffond, No. 47) Historiografía (Saus, No. 45; Sánchez Calderón, No. 47) Indigentes urbanos (Groisman y Sconfienza, No. 47) Informalidad (Groisman y Sconfienza, No. 47) Injusticia estructural (Arango, No. 46) Inmigración (Solé, Serradell y Sordé, No. 47) Inmigrantes (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47) Inseguridad (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47) Insurgencia (Leyton, No. 47) Integración (Sierra, No. 46)

Racionalidad (Hoyos, No. 46) Rebeldía (Hurtado, No. 45) Redescripción (De Zubiría, No. 46) Reforma social (Carvajalino Guerrero, No. 46) Relación campo-ciudad (Campos Cabral y Campos Cabral, No. 46) Representación (Monsiváis Carrillo, No. 47) Representaciones (Pérez, No. 45) Resistencia (Carpenedo y Caetano Nardi, No. 45) Responsabilidad (Arango, No. 46) Riesgo (Eizagirre, No. 47) Rorty (De Zubiría, No. 46)

Jerarquías (Gorbán, No. 45) Justicia global (Cortés Rodas, No. 46; Velasco, No. 47) Liberalismo (De Zubiría, No. 46) Literatura (De Zubiría, No. 46) Lógicas de demanda (Devetter, No. 45) Lorenz von Stein (Carvajalino Guerrero, No. 46) Marca de país (Vela, No. 46) Mediación (Botero, No. 45) Medios de comunicación (Botero, No. 45) Melancolía (Buchely Ibarra, No. 46) Memoria (Rueda Laffond, No. 47) Metáfora cognitiva (Domènech, No. 46) Migración (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45) Migraciones internacionales (Velasco, No. 47) Modelo matemático (Lugo-Morin, No. 47) Moralidad (Hoyos, No. 46) Movimientos sociales (Carvajalino Guerrero, No. 46)

Servicio doméstico (Abrantes, No. 45; Devetter, No. 45; Gorbán, No. 45; Pérez, No. 45; Plata Quezada, No. 45) Servidumbre (Solano D. y Flórez Bolívar, No. 45) Siglo XX (Sánchez Calderón, No. 47) Sindicalismo católico (Plata Quezada, No. 45) Sistema Cutzamala (Campos Cabral y Campos Cabral, No. 46) Soberanía estatal (Cortés Rodas, No. 46) Sobrepoblación relativa (De Luca, Seiffer y Kornblihtt, No. 46)

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Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224. ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 200-204.

Socialismo republicano (Domènech, No. 46) Socialización (Solé, Serradell y Sordé, No. 47) Sociedad de la Información (González Zabala y Sánchez Torres, No. 47) Solidaridad (Arango, No. 46; De Zubiría, No. 46; Herrera, No. 46; Hoyos, No. 46; Pisarello, No. 46; Sierra, No. 46) Solidaridad de intereses (Carvajalino Guerrero, No. 46)

Trabajo doméstico (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45)

Trabajo reproductivo (Carpenedo y Caetano Nardi, No. 45)

Trasvase de agua (Campos Cabral y Campos Cabral, No. 46) Unidad doméstica (Solano D. y Flórez Bolívar, No. 45) Unión Europea (Gutiérrez-Rodríguez, No. 45) Urbanismo (Saus, No. 45)

Utilitarismo (Hoyos, No. 46)

Talibán (Leyton, No. 47) Teoría normativa (Monsiváis Carrillo, No. 47) Terrorismo (Leyton, No. 47) Trabajadoras (Gorbán, No. 45)

Venezuela (De Luca, Seiffer y Kornblihtt, No. 46) Xenofobia (Checa Olmo y Arjona Garrido, No. 47)

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Políticas éticas Publicación y autoría La Revista de Estudios Sociales hace parte de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, encargada del soporte financiero de la publicación. Se encuentra ubicada en el Edificio Franco, Of. GB-615. La dirección electrónica de la revista es http://res.uniandes.edu.co/ y su correo res@ uniandes.edu.co El teléfono de contacto es el 3394999, extensiones 4819. Cuenta con la siguiente estructura: un director, un editor, un asistente editorial, un comité editorial y un comité científico que garantizan la calidad y pertinencia de los contenidos de la revista. Los miembros son evaluados anualmente en función de su reconocimiento en el área y de su producción académica, visible en otras revistas nacionales e internacionales. Los artículos presentados a la revista deben ser originales e inéditos y estos no deben estar simultáneamente en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. Si el manuscrito es aceptado, los editores esperan que su aparición anteceda a cualquier otra publicación total o parcial del artículo. Si el autor de un artículo quisiera incluirlo posteriormente en otra publicación, la revista donde se publique deberá señalar claramente los datos de la publicación original, previa autorización solicitada al editor de la revista. Así mismo, cuando la revista tiene interés de publicar un artículo que ya ha sido previamente publicado se compromete a pedir la autorización correspondiente a la editorial que realizó la primera publicación.

Responsabilidades del autor Los autores deben remitir sus artículos a través del siguiente enlace y enviarlo al siguiente correo electrónico: res@uniandes.edu.co en las fechas establecidas por la revista para la recepción de los artículos. La revista tiene normas para los autores de acceso público, que contienen las pautas para la presentación de los artículos y reseñas, así como las reglas de edición. Se puede consultar en: http://res.uniandes.edu.co/page.php?c=Normas+para+los+autores y en la versión impresa de la revista. Si bien los equipos editoriales aprueban los artículos con base en criterios de calidad, rigurosidad investigativa y teniendo en cuenta la evaluación realizada por pares, los autores son los responsables de las ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo. Los autores tienen que hacer explícito que el texto es de su autoría y que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros. Si se utiliza material que no sea de propiedad de los autores, es responsabilidad de los mismos asegurarse de tener las autorizaciones para el uso, reproducción y publicación de cuadros, gráficas, mapas, diagramas, fotografías, etc. También aceptan someter sus textos a las evaluaciones de pares externos y se comprometen a tener en cuenta las observaciones de los evaluadores, así como las del Comité Editorial, para la realización de los ajustes solicitados. Estas modificaciones y correcciones al manuscrito deberán ser realizadas por el autor en el plazo que le sea indicado por el editor de la revista. Luego que la revista reciba el artículo modificado, se le informará al autor acerca de su completa aprobación.

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Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224. ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 205-207.

Cuando los textos sometidos a consideración de la revista no sean aceptados para publicación, el editor enviará una notificación escrita al autor explicándole los motivos por los cuales su texto no será publicado en la revista. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores. El Comité editorial se reserva la última palabra sobre la publicación de los artículos y el número en el cual se publicarán. Esa fecha se cumplirá siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación que le es solicitada en el plazo indicado. La revista se reserva el derecho de hacer correcciones menores de estilo. Los autores de los textos aceptados autorizan, mediante la firma del “Documento de autorización de uso de derechos de propiedad intelectual”, la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes, para incluir el texto en la revista (versión impresa y versión electrónica). En este mismo documento los autores confirman que el texto es de su autoría y se respetan los derechos de propiedad intelectual de terceros.

Revisión por pares/responsabilidad de los evaluadores A la recepción de un artículo, el equipo editorial evalúa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la revista. El equipo editorial establece el primer filtro, teniendo en cuenta formato, calidad y pertinencia, y después de esta primera revisión, se definen los artículos que iniciarán el proceso de arbitraje. Los textos son, en esta instancia, sometidos a la evaluación de pares académicos anónimos y al concepto del equipo editorial. El resultado será comunicado al autor en un período de hasta seis meses a partir de la recepción del artículo. Cuando el proceso de evaluación exceda este plazo, el editor deberá informar al autor dicha situación. Todos los artículos que pasen el primer filtro de revisión serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de evaluadores pares, quienes podrán formular sugerencias al autor, señalando referencias significativas que no hayan sido incluidas en el trabajo. Estos lectores son, en su mayoría, externos a la institución y en su elección se busca que no tengan conflictos de interés con las temáticas sobre las que deben conceptuar. Ante cualquier duda se procederá a un remplazo del evaluador. La revista cuenta con un formato que contiene preguntas con criterios cuidadosamente definidos, que el evaluador debe responder sobre el artículo objeto de evaluación. A su vez, tiene la responsabilidad de aceptar, rechazar o aprobar con modificaciones el artículo arbitrado. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como de los evaluadores serán mantenidos en completo anonimato.

Responsabilidades editoriales El equipo editorial de la revista, con la participación de los Comités Editorial y Científico, es responsable de definir las políticas editoriales para que la revista cumpla con los estándares que permiten su posicionamiento como una reconocida publicación académica. La revisión continua de estos parámetros asegura que la revista mejore y llene las expectativas de la comunidad académica.

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Políticas éticas

Así como se publican Normas editoriales, que la revista espera sean cumplidas en su totalidad, también deberá publicar correcciones, aclaraciones, rectificaciones y dar justificaciones cuando la situación lo amerite. El equipo es responsable, previa evaluación, de la escogencia de los mejores artículos para ser publicados. Esta selección estará siempre basada en la calidad y relevancia del artículo, en su originalidad y contribuciones al conocimiento social. En este mismo sentido, cuando un artículo es rechazado la justificación que se le da al autor deberá orientarse hacia estos aspectos. El editor es responsable del proceso de todos los artículos que se postulan a la revista, y debe desarrollar mecanismos de confidencialidad mientras dura el proceso de evaluación por pares hasta su publicación o rechazo. Cuando la revista recibe quejas de cualquier tipo, el equipo debe responder prontamente de acuerdo a las Normas establecidas por la publicación, y en caso de que el reclamo lo amerite, debe asegurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación tendiente a la resolución del problema. Cuando se reconozca falta de exactitud en un contenido publicado, se consultará al Comité Editorial, y se harán las correcciones y/o aclaraciones en la página Web de la revista. Tan pronto un número de la revista salga publicado el editor tiene la responsabilidad de su difusión y distribución a los colaboradores, evaluadores y a las entidades con las que se hayan establecido acuerdos de intercambio, así como a los repositorios y sistemas de indexación nacionales e internacionales. Igualmente, el editor se ocupará del envío de la revista a los suscriptores activos.

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Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224. ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 208-209

Parámetros para la presentación de artículos Tipo de artículos, fechas y modalidades de recepción La Revista de Estudios Sociales (RES) publica artículos inéditos en español, inglés o portugués que presenten resultados de investigación en ciencias sociales y reflexiones o revisiones teóricas que aporten a debates relevantes en este campo. La revista publica también reseñas y ensayos bibliográficos con orientación crítica sobre temas propios de disciplinas como antropología, historia, sociología, ciencia política, filosofía, psicología, estudios culturales. En casos excepcionales se incluyen artículos que ya han sido publicados, siempre y cuando se reconozca su pertinencia dentro de las discusiones y problemáticas abordadas en la revista, y su contribución a la consolidación del diálogo y el intercambio de ideas en los debates vigentes de la academia. Las fechas de recepción de artículos de tema abierto y para dossier se informarán en las respectivas convocatorias. Los artículos deben ser remitidos a través del formulario que se encuentra en la página web http://res.uniandes.edu.co o enviados al correo electrónico res@uniandes.edu.co. Los artículos presentados no deben estar en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. La recepción de un texto se acusará de inmediato y los resultados de la evaluación se informarán en un plazo máximo de seis meses. Evaluación de artículos y proceso editorial Al recibir un artículo el Comité Editorial revisa si cumple con los requisitos básicos exigidos por la revista. Posteriormente los artículos son sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de evaluadores pares, quienes pueden formular sugerencias al autor. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores se mantienen en el anonimato. La decisión final de publicar o rechazar los artículos es tomada por el Comité Editorial, con base en los informes presentados por los evaluadores; esta decisión es comunicada al autor por medio de un concepto escrito emitido por el Editor de la Revista. Las observaciones de los evaluadores, así como las del Comité Editorial, deberán ser tenidas en cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados en el plazo estipulado por la revista. La fecha de publicación informada por los editores se cumplirá, siempre y cuando el autor haga llegar toda la documentación solicitada en el plazo indicado. Durante el proceso de edición, los autores podrán ser consultados por los editores para resolver las inquietudes existentes. No obstante, la revista se reserva el derecho de hacer correcciones de estilo menores. Tanto en el proceso de evaluación como en el proceso de edición, el correo electrónico constituye el medio de comunicación privilegiado con los autores.

- Tener resumen del artículo en español, no superior a 120 palabras, y su respectiva traducción al inglés. El título del texto debe ser presentado igualmente en ambos idiomas. - Tener entre tres y seis palabras clave que identifiquen el artículo, tanto en inglés como en español. Las palabras clave deben reflejar el contenido del documento, y por ello es necesario que señalen las temáticas precisas del artículo, rescatando las áreas de conocimiento en las que se inscribe y los principales conceptos. Se recomienda revisar los términos y jerarquías establecidos en los listados bibliográficos (THESAURUS), y buscar correspondencia entre títulos, resúmenes y palabras clave. - Estar escritos en un lenguaje académico accesible a públicos de diferentes disciplinas. - En un archivo aparte incluir los datos de los autores: títulos académicos, lugar de trabajo o estudio actual, grupo de investigación al que pertenecen, últimas dos publicaciones y correo electrónico. - En ese mismo archivo incluir la información de procedencia del artículo. En caso de que éste sea resultado de una investigación, la información del proyecto del que hace parte y el nombre de la institución financiadora. Reglas de edición - La primera vez que se use una sigla o abreviatura, ésta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará únicamente la sigla o abreviatura. - Las citas textuales que sobrepasen cuatro renglones deben colocarse en formato de cita larga, a espacio sencillo, tamaño de letra 11 y márgenes reducidos. - La Revista de Estudios Sociales utiliza una adaptación del formato autor-date style del Chicago Manual of Style para presentar las citas y referencias incluidas en el artículo. Deben tenerse en cuenta los detalles de puntuación exigidos (coma, punto, dos puntos, paréntesis, etc.) y la información requerida. El listado bibliográfico debe incluir las referencias que han sido citadas dentro del texto (en una relación 1 a 1), enumeradas y en orden alfabético. Es indispensable incluir los nombres completos de los autores y/o editores en cada una de las referencias. A continuación se presentan los ejemplos que muestran las diferencias entre la forma de citar dentro del texto (T) y la forma de citar en la lista bibliográfica (B).

Parámetros para la presentación de artículos Es requisito indispensable que en el momento de la remisión los artículos cumplan con los parámetros establecidos por la Revista de Estudios Sociales: - Estar escritos en formato Word, en letra Times New Roman tamaño 12, con interlineado 1 ½ , paginado, en papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm. Las notas a pie de página deben estar en Times New Roman 10 y a espacio sencillo. - Tener una extensión entre 7.000 y 10.000 palabras en total, incluidos los resúmenes y las palabras clave, la bibliografía y las notas a píe de página, entre otros.

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Libro de un solo autor: T: (Abello 2003) B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los Andes – Alfaomega Colombiana. Libro de dos o tres autores: T: (Drennan, Herrera y Uribe 1989, 27) B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera y Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana. Tomo 1. Bogotá: Universidad de Pittsburgh – Universidad de los Andes.

Parámetros para la presentación de artículos

Cuatro o más autores: T: (Laumann et al. 1994) B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael y Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press. Capítulo de libro: T: (Saldarriaga 2004, 32-33) B: Saldarriaga, Lina María. 2004. Aprendizaje cooperativo. En Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas académicas, eds. Enrique Chaux, Juanita Lleras y Ana María Velásquez, 102-135. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional – Universidad de los Andes. Artículo de revista: T: (Aguilar 2008) B: Aguilar, Sandra. 2008. Alimentado a la nación: género y nutrición en México (1940-1960). Revista de Estudios Sociales 12: 101-108. En caso de que la revista tenga volumen y número, se citará de la siguiente manera: Apellido, Nombre. Año. Título. Nombre de la revista volumen, no. #: Páginas. Ejemplo: Guttman, Allen. 2003. Sport, Politics and the Engaged Historian. Journal of Contemporary History 38, n°. 3: 363-375. Documentos recuperados de internet: T: (Sabo 2000) B: Sabo, Don. 2000. Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional y sensible al género. Organización Panamericana de La Salud, <www.bvs-psi.org.br> (Recuperado el 2 abril de 2008).

- Los artículos que incluyan fuentes de archivo deben presentar las referencias en notas a pie de página numeradas, de manera que faciliten al lector la identificación y el acceso a los documentos en el archivo correspondiente. Es necesario indicar: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, fecha, y otros datos pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo del archivo con la abreviatura entre paréntesis, y después, sólo la abreviatura. Al final del texto, deben recogerse todas las referencias primarias en un listado separado del bibliográfico. - Presentar los cuadros, tablas, imágenes y gráficas numerados al final del documento, y para el caso de imágenes o gráficas muy pesadas, en archivo aparte (jpg o tiff 300 dpi y 240 pixeles). Es responsabilidad del autor gestionar y entregar a la revista el permiso para la publicación de las imágenes que lo requieran. - Es necesario que dentro del texto se indique el lugar donde se ubica cada cuadro/tabla/imagen/gráfico. Esta instrucción se presenta entre paréntesis, de la siguiente manera: [Insertar Cuadro 1 aquí] - Estos recursos deben incluirse en número moderado y buscando siempre que sean claros, legibles y pertinentes para la argumentación del artículo. Parámetros para la presentación de reseñas - Estar escritas en formato Word, en letra Times New Roman tamaño 12, paginado, en papel tamaño carta y con márgenes de 2,5 cm. - Tener una extensión de entre 4 y 12 páginas (espacio doble).

Artículo de prensa: T: (Martin 2002) B: Martin, Steve. 2002. Sports-interview Shocker. New Yorker, 6 de mayo. T: (Arango 2008) B: Arango, Rodolfo. 2008. Oposición inmadura. El Espectador, 6 de agosto.

- Incluir datos completos del texto reseñado (autor, título, fecha, ciudad, editorial y páginas totales).

Reseña de libro: T: (Duque 2008) B: Duque, Juliana. 2008. Reseña del libro Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Tesis o disertación: T: (Amundin 1991, 22-29) B: Amundin, Mats. 1991. Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena. Disertación doctoral, Universidad de Estocolmo. Ponencias: T: (Doyle 2002) B: Doyle, Brian. 2002. Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59. Ponencia presentada en el Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, junio 19-22, en Berlín, Alemania. Nota: en ningún caso se utiliza op. cit., ibid. o ibidem.

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- Incluir los datos del autor: títulos académicos, lugar de trabajo o estudio actual, grupo de investigación al que pertenece y correo electrónico. - Se espera que las reseñas no solamente den cuenta del contenido del libro, sino que incorporen una perspectiva crítica y analítica. Indicaciones para los autores - Cada autor recibirá dos ejemplares de cortesía de la Revista de Estudios Sociales. - Los autores y/ o titulares de los artículos aceptados autorizan la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes/ Facultad de Ciencias Sociales, para incluir su escrito o artículo en la Revista de Estudios Sociales (versión impresa y versión electrónica). - En caso de que un artículo quiera incluirse posteriormente en otra publicación, deben señalarse claramente los datos de la publicación original en la Revista de Estudios sociales, previa autorización del Comité Editorial de la Revista.

Revista de Estudios Sociales No. 47 • rev.estud.soc. • Pp. 224. ISSN 0123-885X • Bogotá, septiembre - diciembre de 2013 • Pp. 210-211.

Parameters for the Submission of Articles Type of articles, submission dates and guidelines The Revista de Estudios Sociales (RES) publishes unpublished articles in Spanish, English and Portuguese which present research results in the social sciences and theoretical reflections and reviews which contribute to relevant debates in this field. The journal also publishes critically oriented bibliographic reviews and essays on themes appropriate to disciplines such as anthropology, history, sociology, political science, philosophy, psychology and cultural studies. In exceptional cases articles are included which have already been published, always and when their relevance is demonstrated within the discussions and questions addressed in the journal and they contribute to the consolidation of the dialogue and the exchange of ideas in the current debates of the academy. Submission deadlines for open topic articles and issue-specific topics will be provided in the corresponding calls for papers. In order to submit an article to the RES, it should be sent directly by way of the form for sending articles which is found at the web page http://res.uniandes.edu.co or by e-mail to: res@uniandes.edu.co. The articles submitted should not be in the process of being evaluated nor have publishing commitments with any other publication. Receipt of a text will be acknowledged immediately, and the results of the evaluation will be made known in a period of a maximum of six months. Editorial Policy When we receive an article, the Editorial Committee assesses if it meets the basic characteristics required by the journal. Afterwards, all the articles will be submitted to a process of arbitration with peer evaluators being in charge who can make suggestions to the author. During the evaluation, the names of the authors as well as those of the evaluators will be anonymous. The final decision of publishing or rejecting the articles is made by the Editorial Committee, based on the reports presented by the evaluators. This decision is communicated to the author by way of a written account sent by the Editor of the RES. The observations of the evaluators, as well as those of the Editorial Committee, must be taken into account by the author, who will make the requested adjustments within the time set by the editor of the Journal. The Editorial Committee reserves the final word on the publication of articles and the issue in which said articles will be published. This decision will be informed to the author as soon as it is known, provided that the author has submitted all requested documentation within the set times. During the editing process, authors may be consulted by the editors to resolve certain questions. However the Journal reserves the right copy edit the text for minor errors. Both during the evaluation and editing processes, e-mail will be the most used means of communication with the author. Parameters for the Submission of Articles It is required that the articles sent comply with the established parameters for the magazine for their submission: - Be written in Word format, in Times New Roman font Size 12, Line spacing 1 ½, paginated, in letter-size paper and with margins of 2.5 cm. The footnotes should be in Times New Roman 10 and single-spaced. - Have a length of between 7.000 and 10.000 words, including summaries, key words and footnotes.

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- Have a summary of the article in Spanish, of no more than 120 words, and itscorresponding translation into English. The title of the text should be similarly presented in both languages. - Have between 3 and 6 key words which identify the article, in English as well as in Spanish. It is necessary that both groups be included in the form for sending articles. The key words should reflect the contents of the document and it is therefore necessary thatthey point out the precise themes of the article, covering the areas of knowledge in which they fall and the principle concepts. It is recommended that the terms and hierarchies in the bibliographical lists (THESAURUS) be reviewed and correspondence between titles, summaries and key words be sought. - Be written in language accessible to audiences from different disciplines. - Author information must be included in an additional document and must include name, address, phone number, e-mail, academic titles, institutional affiliation, current position, current studies, and publications in books and journals. - Said page must also indicate what investigation the article is a result of and how it was funded. Editing Rules - The first time an acronym or abbreviation is used it should go between parentheses after the complete expression. Subsequent times only the acronym or abbreviation will be used. - Quotations over four lines long must be placed in long form, single-spaced, in 11 point font and with reduced margins. - The “Revista de Estudios Sociales” uses and adaptation of the Chicago Manual of Style author-date style for presenting citations and references included in the article. The required punctuation details (comma, period, colon, parentheses, etc.) and the required information should be observed. The bibliographical list should include the references which have been cited in the text (in a 1 to 1 relationship), enumerated and in alphabetical order. It is essential that the complete names of the authors and/ or editors be included in each one of the references. Examples are presented below which show the differences between the form of citation within the text (T) and the form of citation in the bibliographical list (B).

Book by a single author: T: (Abello 2003) B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los Andes – Alfaomega Colombiana. Book by two or three authors: T: (Drennan, Herrera and Uribe 1989, 27) B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera and Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana. Tomo 1. Bogotá: Pittsburg University -Universidad de los Andes.

Parameters for the Submission of Articles

Four or more authors: T: (Laumann et al. 1994) B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael and Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press.

Presentations: T: (Doyle 2002) B: Doyle, Brian. 2002. Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59. Paper presented at the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Junio19-22, in Berlin, Germany.

Book chapter: T: (Saldarriaga 2004, 32-33) B: Saldarriaga, Lina Maria. 2004. Aprendizaje cooperativo. En Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas académicas, eds. Enrique Chaux, Juanita Lleras and Ana María Velásquez. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional-Universidad de los Andes, 102-135. Magazine article: T: (Aguilar 2008) B: Aguilar, Sandra. 2008. Alimentado a la nación: género y nutrición en México (19401960). Revista de Estudios Sociales 12: 101-108. In the event that the journal has a volume and number, it will be cited in the following manner: Last Name, First Name, Title. Name of the journal volume, no. #: Pages. For example: Guttman, Allen. 2003. Sport, Politics and the Engaged Historian. Journal of Contemporary History 38, no. 3: 363-375.

Note: In no case should Ibid, ibidem or op. cit. be used. - Articles which include source files should present the references in numbered footnotes, in such a way that will facilitate the reader’s identification and access to the documents in the corresponding file. It is necessary to indicate: Abbreviation of the file, Section, Source, vol./leg.’t., f. off. (place, date and other relevant information). The first time the complete name of the file is cited with abbreviation between parentheses and subsequently just the abbreviation. At the end of the text, all the primary references should be gathered in a list separate from the bibliography. - Tables, graphics and illustrations, should be presented on a separate page at the end of the text. Images must be submitted in high quality digital format. Obtaining the publication authorization of figures which require it is responsibility of the author. - It is necessary to indicate within the text the place where each table/graphic/illustration is located. This instruction is placed between parentheses, in the following manner: [Insert Table 1here] -A moderate use of tables, graphics and illustrations is recommended.

Documents downloaded from the internet: T: (Londoño 2005, 70) B: Londoño, Luz María. 2005. La corporalidad de las guerreras: una mirada sobre las mujeres combatientes desde el cuerpo y el lenguaje. Revista de Estudios Sociales 21: 67-74,< http://res.uniandes.edu.co> (Downloaded August 31, 2005).

Parameters for the Submission of Reviews - Be written in Word format, in Times New Roman 12, paginated and in letter-size paper. margins of 2.5 cm. - Have a length of between 2 and 6 pages (single-spaced).

Press article: T: (Martin 2008) B: Martin, Steve. 2002. Sports-interview Shocker. New Yorker, May 6. T: (Arango 2008) B: Arango, Rodolfo. 2008. Oposición inmadura. El Espectador, August 6.

- Include complete information about the reviewed text (author, title, date, city, publisher and total pages). - Author information must be included in the same document: name, academic titles, institutional affiliation, current position, current studies, and e-mail.

Book review: T: (Duque 2008) B: Duque, Juliana. 2008. Review of the book Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, by Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Thesis or dissertation: T: (Amundin 1991, 22-29) B: Amundin, Mats. 1991. Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena. Doctoral dissertation, University of Stockholm.

Directions for authors - Each author will receive 2 courtesy copies of the Revista de Estudios Sociales. - The authors and/or holders of the accepted articles authorize the use of author’srights (reproduction, public communication, transformation and distribution) to the Universidad de los Andes/Social Sciences faculty, for the inclusion of their writing or article in the Revista de Estudios Sociales (print version and electronic version). - If the article is to be used afterwards in another publication, the original publication in Revista de Estudios Sociales must be clearly stated, and authorization must have been previously requested to the RES.

211

16 R E V I S TA D E A N T R O P O L O G I A Y A R Q U E O L O G I A

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Claudia Steiner ..................................................................... 11

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Pablo Jaramillo ..................................................................... 13

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Liu Xin .................................................................................... 27

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George E. Marcus ................................................................. 59

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Lieselotte Viaene .................................................................. 85

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André Cicalo ........................................................................ 113

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Sebastián Gómez Ruíz ...................................................... 135

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Wilhelm Londoño .............................................................. 181

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Ismael Apud ........................................................................ 213

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Jairo Tocancipá-Falla ......................................................... 239

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ANTÍPODA

REVISTA DE ANTROPOLOGIA Y ARQUEOLOGÍA N° 16 ENERO - JUNIO 2013 ISSN 1900 – 5407 http://antipoda.uniandes.edu.co ISSN (versión electrónica) 2011-4273

REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE ANTROPOLOGÍA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD DE LOS ANDES PUBLICACIÓN SEMESTRAL

Dirección postal: Carrera 1 este No. 18ª – 12 Edificio Franco, bloque Gb Piso 6, oficinas 601 y 603 Bogotá D.C., Colombia Teléfono: 57.1.339.4949 Exts. 3483 o 4808 Telefax: 57.1.3324056

Departamento de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales Universidad de los Andes http://colombiainternacional.uniandes.edu.co

mayo a agosto de 2013

ISSN 0121-5612

Tema abierto EDITORIAL

Laura Wills-Otero

ANÁLISIS De la Guerra de los Treinta Años a la yihad en el siglo XXI: el conflicto religioso, ¿preludio de la secularización? Khatchik DerGhougassian Doble ronda electoral y apoyo al presidente. El caso de Perú Rodrigo Salazar-Elena Hacia un marco constructivista realista para el análisis de las relaciones internacionales desde las periferias Lucas Becerra Mercosur: The Role of Ideas and a More Comprehensive Regionalism Sergio Caballero Santos Democracia y liberalismo político. La perspectiva de Martha Nussbaum Gabriel Enrique Arjona Pachón A abertura do conceito de sociedade civil: desencaixes, diálogos e contribuições teóricas a partir do Sul Global Luciana Ballestrin y Cristiana Losekann

DOCUMENTOS Discurso del presidente federal Joachim Gauck sobre “Reconciliación y cultura de la memoria en Alemania” Joachim Gauck

Revista del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes

Carta a los lectores Artículos Tema abierto Rafael Gaune, Universidad Andrés Bello, Chile El jesuita como traductor. Organización, circulación y dinámicas de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile, 1593-1598 Felipe Arias Escobar, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Colombia “Con total desprecio de todo lo terreno”. El contexto de producción de la Novena para el Aguinaldo (1784) Alexander O’Byrne H., Universidad Nacional Autónoma de México, México El desabastecimiento de géneros agrícolas en la Provincia de Cartagena de Indias a fines del período colonial Elisa Sevilla, FLACSO, Ecuador, y Ana Sevilla, FLACSO, Ecuador Inserción y participación en las redes globales de producción de conocimiento: el caso del Ecuador del siglo XIX Salvador Gómez García, Universidad Complutense de Madrid, España, y José Cabeza, Universidad Rey Juan Carlos, España Oír la radio en España. Aproximación a las audiencias radiofónicas durante el primer franquismo (1939-1959) José Carlos Rueda Laffond, Universidad Complutense de Madrid, España Escritura de la historia en televisión: la representación del Partido Comunista de España (1975-2011) Gabriela Scodeller, Universidad de Buenos Aires, Argentina (Des)encuentros en las experiencias de formación político-sindical en los años sesenta en Argentina Martha Cecilia Herrera, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia, y José Gabriel Cristancho Altuzarra, Universidad Pedagógica Nacional, Colombia En las canteras de Clío y Mnemosine: apuntes historiográficos sobre el Grupo Memoria Histórica Espacio estudiantil María Fernanda Lanfranco González, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile La teoría sobre la naturaleza del hombre y la sociedad en el pensamiento de Robert Owen como base del socialismo británico (1813-1816)

Informes Conmutador: 339 4949 ext. 2525 – 3716 Teléfono directo y fax: 332 4506 Cra 1a # 18A-10 Bogotá, Colombia hcritica@uniandes.edu.co Tarifas en Colombia Ejemplar $30.000 Librería Uniandes y librerías nacionales Para suscripción nacional e internacional ver: http://www.libreria.uniandes.edu.co

Reseñas Renán Silva, Universidad de los Andes, Colombia Gruzinski, Serge. L’Aigle et le Dragon. Démesure européenne et mondialisation au XVIe siècle. París: Fayard, 2012. Julian Andrei Velasco Pedraza, Universidad Nacional Autónoma de México, México Fradkin, Raúl O., compilador. La ley es tela de araña. Ley, justicia y sociedad rural en Buenos Aires, 1780-1830. Buenos Aires: Prometeo Libros, 2009. Hugo Fazio Vengoa, Universidad de los Andes, Colombia Purcell, Fernando. ¡De película! Hollywood y su impacto en Chile 1910-1950. Santiago: Taurus, 2012. Notilibros Acerca de la revista Normas para los autores

Co-herencia Revista de Humanidades Universidad EAFIT - Departamento de Humanidades ISSN 1794-5887 - Vol. 10, No. 18 (enero - junio) 2013 Medellín, Colombia

Contenido En diálogo con Weber. Sobre La tiranía de los valores de Carl Schmitt

José Luis Villacañas Berlanga

El laboratorio de periodismo. La práctica universitaria de la idea fundacional de Pulitzer

Carlos Mario Correa Soto

A la zaga de lo político. La agenda mediática de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras

Ana Cristina Vélez López

45-77 79-103

Ciudadanía y tecnopolítica electoral. Ideales y límites burocráticos a la participación digital Víctor F. Sampedro Blanco José Manuel Sánchez Duarte Monica Poletti

105-136

Sistemas intertextuales transmedia: exploraciones conceptuales y aproximaciones investigativas Diego Fernando Montoya Mauricio Vásquez Arias Harold Salinas Arboleda

137-159

La investigación en comunicación. Los límites y limitantes del conocimiento Sergio Roncallo-Dow Enrique Uribe-Jongbloed Isabel Calderón-Reyes

13-40

Entre el afuera y el adentro. La configuración del campo académico y sus fronteras desde las prácticas comunicativas de científicas negras en Colombia Tania Pérez Bustos Daniela Botero Marulanda

161-187

189-220 7

Revista Colombiana de Antropología Volumen 48 (2), julio-diciembre 2012  issn 0486-6525 Religión 



y MoviMienTos religiosos



Teoría social y eTnografías

aPrendizaJe y subJeTividades en conTexTos religiosos

Ejercitar el kamish. Etnografías acústicas del islam y desafíos de lo sonoro en la construcción de subjetividades Juan carlos casTrillón valleJo New Age en Colombia y la búsqueda de la espiritualidad indígena Jean-Paul sarrazin Aportes para un análisis multidimensional de la eficacia performativa ritual. Imprevistos en una ceremonia umbanda argentina Manuela rodríguez La fe es por el oído: oralidad, memorismo y catecismo en Colombia a comienzos del siglo xx césar david salazar JiMénez

cuesTiones 

La metamorfosis ritual: la identidad religiosa en la Amazonia Jean-Pierre goulard Cuando Cristo “se metió” a El Islote: culto evangélico, atmósfera ritual e interacciones sociales en un territorio insular del Caribe colombiano andrea leiva esPiTia Tejiendo vínculos: tres mecanismos socioadaptativos desplegados por el movimiento Sai Baba en Argentina rodolfo Puglisi En el evangelio y en el partido: trayectorias políticas de pastores en el Gran Buenos Aires Marcos andrés carbonelli

riTual, 

y sociedad

Introducción: Religión y sociedad María Teresa salcedo

PrácTicas 

Bogotá-Colombia

de MéTodo

exceso

La fuerza de la debilidad dionisíaca Michel Maffesoli De lo religioso a lo virtual. Explosiones del imaginario y recomposiciones del creer hoy fabián sanabria

reseñas 



Sueños, kharisiris y curanderos. Dinámicas sociales de las creencias en los Andes contemporáneos, de Alison Spedding gonzalo zavala córdova Ayahuasca Weaving Destinies, de Jimmy Weiskopf Juan álvaro echeverri Religión catódica. Catálogo, por María Belén Sáez de Ibarra y José Alejandro Restrepo (editores) bruno Mazzoldi

Precio de venta al público: $20.000.oo 

Calle 12 nº 2-41, Bogotá-Colombia  Teléfono: 4440544 Línea gratuita en Bogotá: 0180003426042; fuera de Bogotá: 018000119811 Correo electrónico: rca.icanh@gmail.com

75 Revista de Antropología y Sociología, publicada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana. No.75 enero-junio de 2013, ISSN 0120-4807. http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica

Presentación

otras voces

Jefferson Jaramillo Marín y Juan Pablo Vera Lugo

Rachel Sieder

Pontificia Universidad Javeriana

Etnografías desde y sobre el Sur global. Reflexiones introductorias

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México

controversia Mauricio Caviedes

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Metodologías que nos avergüenzan: La propuesta de una investigación en doble-vía y su efímera influencia en la antropología

María Macarena Ossola

Universidad Nacional de Salta, Salta, Argentina

Guilherme Lavinas Jardim Falleiros Universidade de São Paulo

investigación joven Juan Roberto Rengifo Gutiérrez 61

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, xix Argentina

espacio abierto espacio abierto Javier L. Cristiano

Jérémie Voirol

Laboratorio de Antropología Cultural y Social (LACS), Université de Lausanne

¿Cómo practicar la etnografía? Hacia una Juan Pedro Alonso Universidad Nacional de Córdoba, teoría pragmática y política de la descripción Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina Córdoba, Argentina

DiegoLa Fernández construcciónVaras del morir como un proceso: la gestión del personal de salud en eldesde final de la vida Los escritos de Alfred Schütz Posicionarse y relacionarse la práctica Mary Luz Sandoval en Robayo la perspectiva de una teoría de de la etnografía (¿del sur?). Manizales, Liminalidad Universidad de Caldas, Colombia la creatividad de la acción del trabajo de campo con la comunidad Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina Ana María Henao Albarracín Mhuysqa de Cota, Cundinamarca Habitus productivo y minería: el caso de Marmato, Caldas Universidad Paris Ouest Nanterre La Défense,

Pablo Sandra F. Gómez Montañez Patricia Arenas Grisales

Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia

131

Paris, Francia

Usos y significados sociales de la EsbozoUniversidade de una Antropología de lo Muisca Federal do Estado do Rio deDesde Janeiro, Brasilfotografía post-mortem en Colombia Una Perspectiva Paralelos Tránsitos MemoriasDel queSur: perviven en el Ysilencio

horizontes

Universidad del Magdalena, Santa Marta, Colombia

Universidad del Valle, Cali, Colombia

de la información desde el enfoque de la fenomenología social 187

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

303

327

entrevista

155 Ethnography and social theory. Interview Sara Victoria Alvarado Salgado Hacia una etnografía deldeEstado: reflexiones Cinde, Universidad Manizales, Manizales,aColombia to the sociologist Javier Auyero partir del proceso de titulación colectiva a las Investigación análisis temático para el tratamiento comunidades negrascualitativa: del Pacíficoelcolombiano

Gabriel Rueda-Delgado Universidad Veracruzana, Veracruz, México

275

Jefferson Jaramillo y Carlos Del Cairo

Graciela Tonon Sandra Patricia Martínez Basallo Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina

Jesús Moreno Arriba

249

Para llegar a ser y no ser humano a través de la participación etnográfica en el centro de Brasil

Luis Fernando Gómez R. La autoridad etnográfica interpelada. Experiencia, etnicidad y conocimiento Universidad Pedagógica sobre Nacional, Bogotá, Colombia Tensiones contemporáneas en etnografías argentinas recientes Cleófilas yde LalaLlorona: de la marginalización la(s) escritura(s) otredadheroínas latinas en contradel Gran Chaco (2000-2011) patriarcal en el cuento de Sandra Cisneros “El arroyo de La Llorona”

María Dilia Mieles Barrera

219

Legalidades Subalternas cosmopolitas y los retos de Etnografía Comprometida

Dany Mahecha Rubio

357

reseña

Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonia 379 La gestión comunitaria de recursos Los aportes de la teoría de la acción comunicativa y sus conceptos a Perspectivas antropológicas sobre la naturales, agrosilvopastoriles y pesqueros una contabilidad para el entendimiento y la integración de la sociedad en la Sierra de Santa Marta, Veracruz, Amazonia contemporánea. México: ¿una alternativa posible al discurso Por Margarita Chaves y Carlos del Cairo desarrollista y a la globalización capitalista?

(compiladores)

Revista Latinoamericana de Educación

http://vys.uniandes.edu.co

Voces y Silencios: Revista Latinoamericana de Educación es una publicación académica, arbitrada, electrónica, de frecuencia semestral, de acceso gratuito, que se dedica al estudio y al diálogo sobre preguntas y problemas en la pedagogía, en la gestión y en las políticas educativas, con énfasis en los temas que son de interés particular para la educación en Latinoamérica.

VOL 4, NO 1 (2013) EDITORIAL Anne Marie Truscott de Mejía ARTÍCULOS La reforma curricular de la enseñanza media en Córdoba (Argentina): análisis crítico de su “discurso pedagógico” desde la perspectiva de B. Bernstein Ana Maria Brigido, Claudia Daniela Giacobbe Taller Los jóvenes y el bicentenario (Museo Colonial, 2010). Una experiencia alternativa de enseñanza/aprendizaje de la historia Sebastián Vargas Álvarez El profesorado como proyecto profesional. Prácticas y perspectivas de los actores en el inicio Roxana Mercado, Paola Saporiti, Andrea Coronda La motivación y el concepto de autorregulación: Teoría e implicaciones para la enseñanza y el aprendizaje de inglés en Colombia Beatriz Peña Dix OTROS ARTÍCULOS ¿Qué supone la evaluación de la innovación docente en el contexto de un curso integrador? Una experiencia en la construcción de un sistema de evaluación en la Universidad de los Andes Gary Alberto Cifuentes, Daniel Francisco Santamaría Rodríguez, Jaime Andrés Gutiérrez Herrera, Eric Fernando Rodríguez López, José Darío Díaz Velasco, Luz Ángela Gómez

RESEÑAS Reseña de S. Ball, M. Maguire y A. Braun, "How schools do policy: Policy enactments in secondary schools María Cecilia Bocchio