Revista de Estudios Sociales No 42 by Universidad de los Andes

Revista42 de Estudios Sociales Bogotá - Colombia

Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes / Fundación Social

abril 2012

ISSN 0123-885X

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Fundadores Francisco Leal Ph.D. Universidad de los Andes, Colombia frleal@uniandes.edu.co

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Comité Científico † Álvaro Camacho, Ph.D. Universidad de los Andes, Colombia

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Juan Gabriel Tokatlian, Ph.D. Universidad de San Andrés, Argentina Dirk Kruijt, Ph.D. Universidad de Utrecht, Holanda Gerhard Drekonja-Kornat, Ph.D. Universidad de Viena, Austria Jonathan Hartlyn, Ph.D. Universidad de North Carolina, Estados Unidos

EQUIPO INFORMÁTICO traducción al inglés Shawn Van Ausdal

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traducción al portugués Roanita Dalpiaz

Colaboradores Natalia Rubio Víctor Gómez

Dirección de Arte y Diagramación Mateo López - Juan Pablo Nieto .Puntoaparte Bookvertising

Impresión y encuadernación Panamericana Formas e Impresos S.A. www.panamericanafei.com

Corrección de estilo Guillermo Díez gudiezteacher@yahoo.com

Portada e imágenes internas: Acuarelas de Martha Herrera, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes. El material de esta revista puede ser reproducido sin autorización para su uso personal o en el aula de clase, siempre y cuando se mencione como fuente el artículo y su autor, y la Revista de Estudios Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Para reproducciones con cualquier otro fin es necesario solicitar primero autorización del Comité Editorial de la Revista. Las opiniones e ideas aquí consignadas son de responsabilidad exclusiva de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes.

ISSN0123-885X Periodicidad: Cuatrimestral (abril, agosto y diciembre) Pp: 1 - 196 Formato: 21.5 X 28 cm Tiraje: 500 ejemplares Precio: $ 20.000 (Colombia) US $ 12.00 (Exterior) No incluye gastos de envío

Revista de Estudios Sociales Decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales Universidad de los Andes

Pablo Navas Rector José Rafael Toro Vicerrector de Asuntos Académicos Carl H. Lagenbaek Vicerrector de Investigaciones y Doctorados Hugo Fazio Decano Facultad de Ciencias Sociales Martha Lux Editora Facultad de Ciencias Sociales

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Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de los Andes / Fundación Social

http://res.uniandes.edu.co

abril 2012

ISSN 0123-885X

La Revista de Estudios Sociales (RES) es una publicación cuatrimestral creada en 1998 por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y la Fundación Social. Su objetivo es contribuir a la difusión de las investigaciones, los análisis y las opiniones que sobre los problemas sociales elabore la comunidad académica nacional e internacional, además de otros sectores de la sociedad que merecen ser conocidos por la opinión pública. De esta manera, la Revista busca ampliar el campo del conocimiento en materias que contribuyen a entender mejor nuestra realidad más inmediata y a mejorar las condiciones de vida de la población. La estructura de la Revista contempla seis secciones, a saber: La Presentación contextualiza y da forma al respectivo número, además de destacar aspectos particulares que merecen la atención de los lectores. El Dossier integra un conjunto de versiones sobre un problema o tema específico en un contexto general, al presentar avances o resultados de investigaciones científicas sobre la base de una perspectiva crítica y analítica. También incluye textos que incorporan investigaciones en las que se muestran el desarrollo y las nuevas tendencias en un área específica del conocimiento. Otras Voces se diferencia del Dossier en que incluye textos que presentan investigaciones o reflexiones que tratan problemas o temas distintos. El Debate responde a escritos de las secciones anteriores mediante entrevistas de conocedores de un tema particular o documentos representativos del tema en discusión. Documentos difunde una o más reflexiones, por lo general de autoridades en la materia, sobre temas de interés social. Lecturas muestra adelantos y reseñas bibliográficas en el campo de las Ciencias Sociales. La estructura de la Revista responde a una política editorial que busca hacer énfasis en ciertos aspectos, entre los cuales cabe destacar los siguientes: proporcionar un espacio disponible para diferentes discursos sobre teoría, investigación, coyuntura e información bibliográfica; facilitar el intercambio de información sobre las Ciencias Sociales con buena parte de los países de la región latinoamericana; difundir la Revista entre diversos públicos y no sólo entre los académicos; incorporar diversos lenguajes, como el ensayo, el relato, el informe y el debate, para que el conocimiento sea de utilidad social; finalmente, mostrar una noción flexible del concepto de investigación social, con el fin de dar cabida a expresiones ajenas al campo específico de las Ciencias Sociales.

Temas Varios Presentación 8-9 10-11

Vanessa Gómez – Universidad de los Andes, Colombia.

Palabras a Álvaro Camacho

• Hugo Fazio – Universidad de los Andes, Colombia.

Dossier 13-26

Autonomía, solidaridad y reconocimiento intersubjetivo. Claves éticas para políticas sociales contemporáneas

27-39

Condición postmoderna y esbozo de una nueva pedagogía emancipatoria. Un pensamiento diferente para el siglo XXI

40-56

Aproximaciones a los conflictos sociales y propuestas sostenibles de urbanismo y ordenación del territorio en México

57-70

71-79 80-92

93-103

104-117

118-128 129-137 138-151

• Liliana Pérez – Universidad de Cartagena, Colombia.

• Antonio Bernal – Universidad de Sevilla, España.

• Diego Sánchez – Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

Acción colectiva, autogestión y economía social. El caso de las empresas recuperadas en Argentina • Alejandro Pizzi – Universidad de Buenos Aires, Argentina. • Ignasi Brunet – Universidad Rovira i Virgili, España.

La diáspora china: un acercamiento a la migración china en Colombia • Friederike Fleischer – Universidad de los Andes, Colombia.

La cooperación europea en materia de inmigración: el caso de España y la comunidad latinoamericana • Beatriz Hernández – Universidad Diego Portales, Chile. • Pierre Lebret – Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Chile.

Masculinidades en Cuba: legitimación de una dimensión de los estudios de género • Denise Quaresma da Silva – Universidade Feevale, Brasil. • Óscar Ulloa – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil.

Usos y abusos del sistema penal. Su uso como forma de emancipación femenina: un estudio de caso del delito de trata de personas en Colombia • Gloria Abadía – Universidad de los Andes, Colombia.

Discordia, reforma constitucional y Excepción de Inconstitucionalidad • María José Maya – Universidad de los Andes, Colombia.

El Behemoth colombiano: teoría del Estado, violencia y paz • Jorge Andrés Hernández – Universidad de Antioquia, Colombia.

Independencias no simultáneas, memorias coloniales encontradas: la crítica literaria “[…] de patria dudosa […]” de Rafael María Merchán (1844-1905) • Kevin Sedeño – Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia.

Documentos 153-156

Síntesis de los informes Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano y Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano

• Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Colombia.

157-159

Porque la guerra nos importa: esclarecer desde la escucha y la empatía

160-163

Informe del conflicto en el Magdalena: los subregistros y la impunidad

• María Emma Wills – Universidad de los Andes, Colombia.

• Luz Marina Cantillo – Asociación de Mujeres del Magdalena (ADEMAG), Colombia.

Lecturas 165-169

Damián Pachón. 2011. Estudios sobre el pensamiento colombiano

170-173

Flavia Fiorucci. 2011. Intelectuales y peronismo (1945-1955)

• Juan Camilo Betancur – Universidad Nacional de Colombia.

• Mariana Annechini – Universidad Nacional de la Pampa, Argentina.

Varied Topics Presentation 8-9 10-11

Vanessa Gómez – Universidad de los Andes, Colombia.

In the Memory of Álvaro Camacho

Hugo Fazio – Universidad de los Andes, Colombia.

Dossier 13-26

Autonomy, Solidarity, and Intersubjective Recognition: Ethical Guidelines for Contemporary Social Policies • Liliana Pérez – Universidad de Cartagena, Colombia.

27-39

The Postmodern Condition and an Outline for a New Emancipatory Pedagogy: A Different Way of Thinking for the 21st Century • Antonio Bernal – Universidad de Sevilla, Spain.

40-56

Approaches to Social Conflicts and Sustainable Proposals for Urban and Regional Planning in Mexico

• Diego Sánchez – Universidad Autónoma de Nuevo León, Mexico.

57-70

Collective Action, Self-management, and the Social Economy: The Recovered Companies of Argentina

71-79

The Chinese Diaspora: Exploring Chinese Migration in Colombia

80-92

93-103

104-117

• Alejandro Pizzi – Universidad de Buenos Aires, Argentina. • Ignasi Brunet – Universidad Rovira i Virgili, Spain.

• Friederike Fleischer – Universidad de los Andes, Colombia.

European Cooperation on Immigration: The Case of Spain and the Latin American Community • Beatriz Hernández – Universidad Diego Portales, Chile. • Pierre Lebret – Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Chile.

Masculinities in Cuba: Legitimizing a Dimension of Gender Studies

• Denise Quaresma da Silva – Universidade Feevale, Brazil. • Óscar Ulloa – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brazil.

Uses and Abuses of the Criminal Justice System Regarding Feminine Emancipation: A Case Study of the Crime of Trafficking in Persons in Colombia • Gloria Abadía – Universidad de los Andes, Colombia.

118-128

Discord, Constitutional Reform, and the Exception of Unconstitutionality

129-137

The Colombian Behemoth: Theories of the State, Violence, and Peace

138-151

Non-simultaneous Independences and the Meeting of Colonial Memories: the Literary Criticism “[…] de patria dudosa […]” of Rafael María Merchán (1844-1905)

• María José Maya – Universidad de los Andes, Colombia.

Jorge Andrés Hernández – Universidad de Antioquia, Colombia.

• Kevin Sedeño – Fundación Universitaria del Área Andina, Colombia.

Documents 153-156

Summary of the Reports Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano y Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano

• Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Colombia.

157-159

Because We Care about the War: Shedding Light through Listening and Empathy

160-163

Report on the Magdalena Conflict: Undercounting and Impunity

• María Emma Wills – Universidad de los Andes, Colombia.

• Luz Marina Cantillo – Asociación de Mujeres del Magdalena (ADEMAG), Colombia.

Readings 165-169

Damián Pachón. 2011. Estudios sobre el pensamiento colombiano

170-173

Flavia Fiorucci. 2011. Intelectuales y peronismo (1945-1955)

• Juan Camilo Betancur – Universidad Nacional de Colombia.

• Mariana Annechini – Universidad Nacional de la Pampa, Argentina.

Temas Vários Apresentação 8-9 10-11

Vanessa Gómez – Universidad de los Andes, Colômbia.

Palavras a Álvaro Camacho

Hugo Fazio – Universidad de los Andes, Colômbia.

Dossier 13-26

Autonomia, solidariedade e reconhecimento intersubjetivo. Chaves éticas para políticas sociais contemporâneas • Liliana Pérez – Universidad de Cartagena, Colômbia.

27-39

Condição pós-moderna e esboço de uma pedagogia emancipatória. Um pensamento diferente para o século XXI • Antonio Bernal – Universidad de Sevilla, Espanha.

40-56

Aproximações aos conflitos sociais e propostas sustentáveis de urbanismo e ordenação do território no México • Diego Sánchez – Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

57-70

Ação coletiva, autogestão e economia social. O caso das empresas recuperadas na Argentina

71-79

A diáspora chinesa: uma aproximação à migração chinesa na Colômbia

80-92

93-103

104-117

• Alejandro Pizzi – Universidad de Buenos Aires, Argentina. • Ignasi Brunet – Universidad Rovira i Virgili, Espanha.

• Friederike Fleischer – Universidad de los Andes, Colômbia.

A cooperação europeia em matéria de imigração: o caso da Espanha e da comunidade latino-americana • Beatriz Hernández – Universidad Diego Portales, Chile. • Pierre Lebret – Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Chile.

Masculinidades em Cuba: legitimação de uma dimensão dos estudos de gênero • Denise Quaresma da Silva – Universidade Feevale, Brasil. • Óscar Ulloa – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil.

Usos e abusos do sistema penal. Seu uso como forma de emancipação feminina: um estudo de caso do delito de tráfico de pessoas na Colômbia • Gloria Abadía – Universidad de los Andes, Colômbia.

118-128

Discórdia, reforma constitucional e Exceção de Inconstitucionalidade

129-137

O Behemoth colombiano: teoria do estado, violência e paz

138-151

Independências não simultâneas, memórias coloniais encontradas: a crítica literária “[…] de patria dudosa […]” de Rafael María Merchán (1844-1905)

• María José Maya – Universidad de los Andes, Colômbia.

• Jorge Andrés Hernández – Universidad de Antioquia, Colômbia.

• Kevin Sedeño – Fundación Universitaria del Área Andina, Colômbia.

Documentos 153-156

Síntese dos relatórios Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano y Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano

• Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Colômbia.

157-159

Porque a guerra nos interessa: esclarecer a partir do escutar e da empatia

160-163

Relatório do conflito Magdalena: os sub-registros e a impunidade

• María Emma Wills – Universidad de los Andes, Colômbia.

• Luz Marina Cantillo – Asociación de Mujeres del Magdalena (ADEMAG), Colômbia.

Leituras 165-169

Damián Pachón. 2011. Estudios sobre el pensamiento colombiano

170-173

Flavia Fiorucci. 2011. Intelectuales y peronismo (1945-1955)

• Juan Camilo Betancur – Universidad Nacional de Colômbia.

• Mariana Annechini – Universidad Nacional de la Pampa, Argentina.

Revista de Estudios Sociales No. 42 rev.estud.soc. • ISSN 0123-885X • Pp. 196. Bogotá, abril de 2012 • Pp. 8-9.

Presentación por Vanessa Gómez Pereira

2001. Los siguientes dos artículos plantean problemas relacionados con la migración y los interrogantes o desafíos que tales flujos culturales implican, o bien para pensar la constitución y reconfiguración histórica de las identidades, tal y como lo desarrolla Friederike Fleischer en su texto “La diáspora china: un acercamiento a la migración china en Colombia”, o bien para evaluar la orientación e impacto de las recientes políticas migratorias para las comunidades latinas que residen en países como España, según lo muestran Beatriz Hernández y Pierre Lebret en su estudio sobre “La cooperación europea en materia de inmigración: el caso de España y la comunidad latinoamericana”. Después de estos análisis de caso con un trasfondo de interrelación global-local, dos trabajos ponen de presente la perspectiva de género y algunos de los temas que, a pesar de tener cabida en este tipo de conceptualizaciones, han ocupado un lugar marginal, aunque cada vez más relevante, en las indagaciones sociales en clave de género: por un lado, el texto de Denise Quaresma da Silva y de Óscar Ulloa Guerra, “Masculinidades en Cuba: legitimación de una dimensión de los estudios de género”, que no sólo rescata la historia de surgimiento y consolidación de los estudios de género y masculinidades en Cuba, sino que también socializa las representaciones preponderantes de la masculinidad entre diversos grupos de hombres de la región oriental de la isla; y por el otro, el artículo de Gloria Abadía, “Usos y abusos del sistema penal. Su uso como forma de emancipación femenina: un estudio de caso del delito de trata de personas en Colombia”, que examina los principios jurídicos y los sesgos sociales subyacentes a los procesos legales por el delito de trata de personas, después de la reforma legislativa de 2002. Aunque con un énfasis diferente, el estudio que sigue, “Discordia, reforma constitucional y Excepción de Inconstitucionalidad”, de María José Maya, se aproxima igualmente a una faceta de la realidad legislativa y constitucional del país: la historia de las reformas, que, en esta dirección, se han caracterizado por la pugna de intereses políticos, pero que, en los constantes procesos de revisión, han dado lugar a garantías como la Excepción de Inconstitucionalidad. A continuación, el artículo de Jorge Andrés Hernández, “El Behemoth colombiano: teoría del Estado, violencia y paz”, reflexiona también sobre

n su edición 42, la Revista de Estudios Sociales reúne de nuevo contribuciones provenientes de las diferentes ramas de las ciencias sociales. Once artículos de investigación, en las áreas de historia, sociología, antropología, educación, estudios culturales y de género, conforman el Dossier del presente número y aportan múltiples miradas e iniciativas a la reflexión general de las disciplinas humanas y sociales. Pero además de los aportes investigativos, la revista también acoge, en las secciones de Documentos y Lecturas, material y textos alternativos que iluminan procesos divergentes de memoria, socialización y crítica.

El Dossier abre con dos artículos que, aunque con objetos de análisis diferentes, se preguntan por las posibilidades de construcción de nuevas realidades en el mundo contemporáneo, y, en este sentido, no sólo cuestionan las condiciones globales vigentes, sino que imaginan dinámicas orientadas por ideales de emancipación, solidaridad e inclusión: el texto de Liliana Pérez Mendoza, “Autonomía, solidaridad y reconocimiento intersubjetivo. Claves éticas para políticas sociales contemporáneas”, y el de Antonio Bernal Guerrero, “Condición postmoderna y esbozo de una nueva pedagogía emancipatoria. Un pensamiento diferente para el siglo XXI”. En seguida, Diego Sánchez González, en “Aproximaciones a los conflictos sociales y propuestas sostenibles de urbanismo y ordenación del territorio en México”, observa al tiempo los énfasis y efectos de las políticas globales de crecimiento de las ciudades, particularmente en Latinoamérica y México, para dar cuenta de la necesidad de replantear la planificación urbana en respuesta a los requerimientos locales y regionales de sostenibilidad. Por su parte, Alejandro Pizzi e Ignasi Brunet, en su artículo “Acción colectiva, autogestión y economía social. El caso de las empresas recuperadas en Argentina”, reconstruyen las tendencias organizativas de autogestión, recuperación económica y agrupación que se han dado en Argentina después de la crisis de

Vanessa Gómez Pereira

Presentación

la situación política de Colombia y sobre la incoherencia imperante que, en contravía de los principios esenciales de gobierno, ha llevado al fracaso de la consolidación del Estado moderno en el país. Por último, cierra el Dossier el trabajo de Kevin Sedeño, “Independencias no simultáneas, memorias coloniales encontradas: la crítica literaria ‘[…] de patria dudosa […]’ de Rafael María Merchán (1844-1905)”, en el cual, con el fin de contribuir a la historia de la crítica literaria en Colombia y en Cuba, se analiza parte de la obra de Merchán y se hace evidente el lugar de enunciación híbrido y transnacional que hace representativo el discurso de este autor.

resistentes en el Caribe colombiano” y “Mujeres que hacen historia. Cuerpo, tierra y política en el Caribe colombiano”, y acá se publican tanto la síntesis de los libros preparada por la CNRR para difusión como las palabras de la coordinadora de la línea de investigación Mujeres, Género y Guerra del grupo de Memoria Histórica, María Emma Wills, y las de una de las mujeres gestoras de paz, Luz Marina Cantillo, pronunciadas durante la apertura de uno de los eventos de socialización de los informes, realizado en la Universidad de los Andes el 17 de noviembre de 2011. Finalmente, en la sección de Lecturas se incluye un par de reseñas críticas sobre dos textos publicados el año pasado. La primera, de Juan Camilo Betancur, en la que se comenta el enfoque y los problemas planteados en uno de los más recientes libros sobre el pensamiento colombiano; y la segunda, de Mariana Annechini, relativa a un trabajo dedicado a examinar facetas poco contempladas en los análisis sobre el peronismo en Argentina. �

La sección Documentos agrupa tres textos producidos en el marco de la IV Semana por la Memoria que organiza el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), llevada a cabo en noviembre de 2011. En esa oportunidad se lanzaron oficialmente los informes de “Mujeres y guerra. Víctimas y

Revista de Estudios Sociales No. 42 rev.estud.soc. • ISSN 0123-885X • Pp. 196. Bogotá, abril de 2012 • Pp. 10-11.

Palabras a Álvaro Camacho por Hugo Fazio Vengoa*

Si bien debe reconocérsele el importante papel que desempeñó al frente del Ceso, institución a la que ayudó a encumbrar como uno de los principales centros de investigación del país, no lo recuerdo por su apasionamiento por las tareas administrativas o directivas. Las hacía, pero creo que no era algo que lo entusiasmara de modo particular. Lo reconozco más en la función de directoramigo, es decir, como un hombre al que le encantaba conversar, discutir las tesis, la metodología o la literatura empleada, es decir, lo recuerdo como un académico que ejercía su liderazgo a través de la incitación a perfeccionar los argumentos y a refinar las evidencias.

onocí a Álvaro Camacho en la Universidad Nacional de Colombia hace un par de décadas. Acababa yo de ingresar al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (Iepri) y él ya era parte integrante de ese cuerpo docente. Ése era, en aquel entonces, un medio académico nada fácil. En los noventa, el Iepri era la institución más prestigiosa de las ciencias sociales en el país y estaba compuesto por una pléyade de destacados intelectuales. Yo sabía que mi ingreso no sería un asunto fácil porque, si bien había ganado un concurso académico, era un extranjero, desconocido en el medio intelectual colombiano. Pero, para fortuna mía, ahí estaba Álvaro, quien, con su gran calidez humana, terciaba para que todo recién llegado se sintiera como en casa. Me introdujo en los intersticios del Instituto y me enseñó las claves para una adecuada compenetración con el resto del equipo docente. Entre cientos de tintos, miles de cigarrillos y largas conversaciones, en las cuales la buena literatura siempre ocupó un lugar destacado, se fue forjando nuestra amistad. Después, cuando Álvaro fue nombrado director del Iepri, tuve la fortuna de trabajar codo a codo con él en la creación de la Maestría en Estudios Políticos.

Huelga decir que de mí tuvo que padecer la lectura de un montón de libros. Retengo la imagen de cuando llegaba a su oficina con un nuevo manuscrito. Hacía una mueca peculiar, balbucía entre dientes alguna frase en la que me inculpaba de la feroz tala de bosques, cogía un lápiz y comenzaba la lectura para corregir mis innumerables “horrores” idiomáticos. Como bien saben quienes lo conocieron de cerca, a Álvaro le gustaba fingir una apariencia de cascarrabias, pero a todos trataba con la mayor cordialidad y calidez. Fueran estudiantes, miembros del personal administrativo, profesores o directivos, todos recibían el mismo trato. Creo no malinterpretar a Álvaro si digo que le gustaba más ser un amigo que un jefe. Su amistad no estaba focalizada; se repartía por igual en todas las direcciones. Con todo el mundo departía y siempre tenía algún tema para compartir. Dependiendo de la audiencia o del momento, le gustaba hablar de sociología, de literatura, de fútbol, o simplemente contar cuentos, sobre todo de políticos y de curas. Álvaro, empero, no sólo era un buen conversador. Otra faceta sin duda menos conocida, porque le gustaba acometerla de manera sigilosa, muestra una vez más su gran calidez humana. Lo recuerdo en más de una ocasión organizando colectas para ayudar a un mensajero o a un auxiliar de la Facultad en sus estudios universitarios. Era tal su preocupación, que siempre

Al capítulo de la Nacional le siguieron los años que pasamos juntos en la Universidad de los Andes. Álvaro fue designado director del Centro de Estudios Sociocutlurales e Internacionales (CESO) de la Facultad de Ciencias Sociales, cargo que desempeñó a lo largo de una década, y por un período similar representé al Departamento de Historia en el Comité del Ceso. En esta nueva experiencia comprendí que las instituciones y el medio académico podían cambiar, que las funciones podían ser otras, pero que Álvaro siempre era el mismo.

* Doctor en Ciencia Política de la Université Catholique de Louvain, Bélgica. Decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: hfazio@uniandes.edu.co

Hugo Fazio Vengoa

Presentación

andaba preguntándoles cómo iban en los estudios, y cuando el semestre se acercaba a su fin, siempre estaba pendiente de organizar la nueva colecta hasta que la meta se alcanzara. De Álvaro aprendí algo, que creo que siempre ha estado en mí, pero que ahora lo practico de manera consciente. En el medio académico y universitario, como seguramente en cualquier otro, un buen entorno humano es tan importante como la elaboración de directrices claras. Empero, mientras estas últimas se establecen, el entorno debe ser cultivado en el día a día. Esto requiere tiempo, esfuerzo y paciencia. La mejor manera de honrar la memoria de Álvaro es continuar cultivando esa semilla por él sembrada y mantenernos apegados a ese terco esmero por hacer de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes un bello proyecto universitario en donde amigablemente se adelanten las funciones docentes, investigativas y administrativas. Gracias Álvaro por contribuir a forjarnos como comunidad y por ayudarnos a comprender el valor que encierra la dimensión humana en todo proyecto institucional. �

Álvaro Camacho. Acuarela de Martha Herrera, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

Dossier

Acuarelas de Martha Herrera, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

Autonomía, solidaridad y reconocimiento intersubjetivo. Claves éticas para políticas sociales contemporáneas

13-26

Condición postmoderna y esbozo de una nueva pedagogía emancipatoria. Un pensamiento diferente para el siglo XXI

27-39

Aproximaciones a los conflictos sociales y propuestas sostenibles de urbanismo y ordenación del territorio en México

40-56

• Liliana Pérez – Universidad de Cartagena, Colombia.

• Antonio Bernal – Universidad de Sevilla, España.

• Diego Sánchez – Universidad Autónoma de Nuevo León, México.

57-70

La diáspora china: un acercamiento a la migración china en Colombia

71-79

• Friederike Fleischer – Universidad de los Andes, Colombia.

Usos y abusos del sistema penal. Su uso como forma de emancipación femenina: un estudio de caso del delito de trata de personas en Colombia • Gloria Abadía – Universidad de los Andes, Colombia.

80-92

93-103

104-117

Discordia, reforma constitucional y Excepción de Inconstitucionalidad

118-128

El Behemoth colombiano: teoría del Estado, violencia y paz

129-137

• María José Maya – Universidad de los Andes, Colombia.

• Jorge Andrés Hernández – Universidad de Antioquia, Colombia.

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Autonomía, solidaridad y reconocimiento intersubjetivo. Claves éticas para políticas sociales contemporáneas* por Liliana Pérez Mendoza** Fecha de recepción: 1 de junio de 2010 Fecha de aceptación: 1 de julio de 2011 Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2011

Resumen El contexto globalizado actual genera múltiples problemas en la sociedad latinoamericana, los cuales son abordados por las políticas sociales. En ese sentido, hoy se elevan propuestas para que tales políticas partan de lecturas más complejas de la realidad con los sujetos que emergen en ésta, en el marco de perspectivas teóricas, conceptuales, metodológicas y éticas que posibiliten la autonomía, la solidaridad y el reconocimiento intersubjetivo de sus participantes, hacia el logro de sociedades más cohesionadas con actores sociales validados para el diálogo y la construcción de formas de vida colectiva más equitativas e incluyentes. El artículo presenta, a partir del marco teórico de la ética discursiva de Habermas y la teoría del reconocimiento recíproco de Honneth, aportes ético-procedimentales para las políticas sociales contemporáneas.

Palabras clave Políticas sociales, ética, autonomía, solidaridad, reconocimiento intersubjetivo.

Autonomy, Solidarity, and Intersubjective Recognition: Ethical Guidelines for Contemporary Social Policies Abstract The current state of globalization generates multiple problems for Latin American societies, which are addressed by social policies. There are currently efforts to ensure that such policies are based on a more complex reading of social realty and its subjects. These proposals are framed in terms of theoretical, conceptual, methodological, and ethical perspectives that make possible the autonomy, solidarity, and intersubjective recognition of its participants. The objective of such efforts is to generate more cohesive societies with social actors empowered to dialogue and construct more equitable and inclusive forms of collective life. Based on Habermas’ theoretical framework of discursive ethics and Honneth’s theory of reciprocal recognition, this article contributes to formulation of ethical guidelines for contemporary social policies.

Key words Social Policies, Ethics, Autonomy, Solidarity, Intersubjective Recognition.

El artículo es resultado de la investigación “Cuando la autonomía está más allá del individuo mismo. A propósito de los discursos sobre autonomía en la educación en Trabajo Social”, financiada por la Vicerrectoría de Investigaciones y la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de la Universidad de Cartagena y dirigida por la autora del mismo. ** Trabajadora social. Especialista en Administración de programas de desarrollo social y en Teorías, métodos y técnicas de investigación social. Magíster en Trabajo Social. Profesora titular de la Universidad de Cartagena. Correo electrónico: lperezm2@unicartagena.edu.co

Revista de Estudios Sociales No. 42 rev.estud.soc. • ISSN 0123-885X • Pp. 196. Bogotá, abril de 2012 • Pp. 13-26.

Autonomia, solidariedade e reconhecimento intersubjetivo. Chaves éticas para políticas sociais contemporâneas Resumo O contexto globalizado atual gera múltiplos problemas na sociedade latino-americana, os quais são abordados pelas políticas sociais. Nesse sentido, hoje se elevam propostas para que tais políticas partam de leituras mais complexas da realidade com os sujeitos que emergem nesta, no referencial de perspectivas teóricas, conceptuais, metodológicas e éticas que possibilitem a autonomia, a solidariedade e o reconhecimento intersubjetivo de seus participantes, em direção à conquista de sociedades mais unidas a atores sociais validados para o diálogo e à construção de formas de vida coletiva mais equitativas e incluentes. O artigo apresenta, a partir do referencial teórico da ética discursiva de Habermas e a teoria do reconhecimento recíproco de Honneth, contribuições ético-procedimentais para as políticas sociais contemporâneas.

Palavras chave Políticas sociais, ética, autonomia, solidariedade, reconhecimento intersubjetivo.

Contexto globalizado y políticas sociales en América Latina

como lo muestra el índice de Gini, puesto que mientras “los países más desiguales están en 0.60 […] América Latina estaría […] en 0.57” (Kliksberg 1999, 9).

Esta situación ha tendido a agravarse, por cuanto las políticas públicas adoptadas por los gobiernos de la región han estado orientadas a aumentar estas desigualdades, como se desprende del análisis que hace Altamir (1994), quien compara el caso de diez países, y afirma que hay bases para suponer que la nueva modalidad de funcionamiento y las nuevas reglas de política pública de estas economías pueden implicar mayores desigualdades de ingresos.

a globalización ha producido efectos contradictorios en la sociedad, pues a pesar del crecimiento económico que ésta genera a partir del auge de la economía de mercado, las telecomunicaciones, la informática y el conocimiento racional, amplios sectores de la población quedan excluidos del mismo generándose sociedades desiguales e inequitativas condiciones de vida evidenciadas en fenómenos como el estrechamiento de los mercados internos, el desempleo, la flexibilidad laboral, la precarización del empleo, el incremento de la pobreza, la indigencia y vulnerabilidad social, la reducción de la gobernabilidad democrática, la violación de los derechos humanos, la inseguridad ciudadana, la violencia generalizada, el debilitamiento de la cohesión social, entre otros.

Al respecto, Guy Bajoit señala que dichas políticas son impulsadas por el Estado, “muy concretamente: el Estado neoliberal que no deja de repetir a los pobres que tienen el derecho de vivir con dignidad, integrados en una sociedad equitativa, donde son invitados a ser individuos y ciudadanos, y, simultáneamente este mismo Estado adopta un modelo económico que genera estructuralmente un auge de la desigualdad, de la exclusión, y por ende, de la pobreza relativa” (Bajoit 2004, 90), porque su sentido es apenas la subsistencia de los grupos excluidos por el funcionamiento del mercado (Turtos y Monier 2008).

Por ello América Latina ha sido catalogado como el lugar de “mayor disparidad de ingresos de todas las regiones en desarrollo del mundo” (Kliksberg 1999, 41); en ese sentido, presenta la mayor brecha social de todas las regiones mundiales (Instituto del Tercer Mundo 2003), por lo cual es para algunos el caso antiejemplar1 de la globalización, por cuanto las situaciones sociales derivadas de la misma muestran contradicciones y diferencias frente al crecimiento económico y social que ha pretendido impulsar,

Y es que el mercado infiltra al Estado y la sociedad civil organizada a través de las diferentes políticas sociales que agencian, determinando su sentido, por cuanto se convierte en el principal financiador de las mismas, asumiendo como su “responsabilidad internacional” el fomento de estrategias basadas en la focalización de acciones del Estado en los sectores más pobres, pero los beneficios recibidos han sido modestos (Comisión Económica para Amé-

1 En América Latina, “lo que se ha producido desde los años 80 es un incremento de las desigualdades sociales” (Kliksberg 1999, 41).

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rica Latina y el Caribe - Cepal 2002b), más aún si se tiene en cuenta que pocas veces se hacen estudios de evaluación de impacto, seguimiento y control de las mismas, a fin de redireccionarlas de cara a su cualificación.

perversas, en cuanto no abren espacios para su cuestionamiento y resignificación por parte de sus “beneficiarios”. Por lo anterior, lo que se ha fomentado son receptores sin más responsabilidad que la de recibir tales ayudas, así no se compartan ni se cuestionen el sentido de las mismas desde sus intereses ni desde los de “otros” en su misma situación. No se potencian entonces sujetos corresponsables y cogestores de las mismas, solidarios con el dolor o padecimiento que reconocen el sufrimiento de otros en su misma situación, y mucho menos dialogantes con argumentos universalistas del deber ser de las mismas ante las situaciones apremiantes, asfixiantes y desencadenantes que generan la desigualdad, la exclusión, la pobreza y la indigencia en su cotidianidad; siendo necesarias cada vez más políticas sociales robustas que contribuyan a “los principios universales recogidos en las declaraciones sobre derechos humanos y en las cumbres mundiales de las Naciones Unidas” (Cepal 2002b, 308), hacia el aumento de la calidad de vida y el bienestar social de amplios sectores de la población.

De este modo, América Latina hasta ahora no ha logrado avanzar significativamente en el ámbito social, pues no cuenta con una estrategia sólida que contribuya a reducir la pobreza, la desigualdad social, y a incrementar la inclusión de sus ciudadanos más pobres dentro del sistema político, social y económico. En ese sentido, hay poca evidencia de que las mejoras importantes en la política social hayan sido cruciales en la disminución de la pobreza y la desigualdad en las últimas dos décadas (The InterAmerican Dialogue 2009, 1-4), por lo cual su estabilidad política está en riesgo, lo que dificulta la atracción de la inversión necesaria para su crecimiento y desarrollo. Y es que la política social ha sido entendida tradicionalmente como una intervención del Estado en la sociedad civil (Ceja 2004), un instrumento del mismo que, acorde con su modelo de desarrollo en el territorio latinoamericano, se ha interesado prioritariamente por las condiciones de la clase trabajadora, de las personas en situación de pobreza y de una parte de los individuos de la sociedad, actuando mediante programas y estrategias que proveen salud, seguridad social, vivienda, educación y tiempo libre, con el objetivo de lograr bienestar social y mejoría de las condiciones materiales de vida de la población (Dell’ordine 2003). Sin embargo, hoy los mismos apuntan también hacia el impulso de un mayor desarrollo humano, equidad, justicia y cohesión social (Ceja 2004; Viteri 2007).

En razón a lo anterior, la Cepal indica que en América Latina “la política social necesita renovarse y fortalecerse de forma significativa” (Cepal 2002b, 308), particularmente en cuanto a la educación, el empleo y la protección social (Cepal 2002b, 308). Este mismo organismo señala que estas políticas deben orientarse hacia la generación de capital social mediante la reciprocidad, la confianza y la solidaridad (Cepal 2002a). Por lo tanto, se señalan propuestas orientadas hacia “la utilización creativa de las posibilidades, de los recursos propuestos por las políticas sociales en beneficio de una persona que se sitúa en marcha hacia la autonomía” (De Robertis 2003, 81). En este sentido, es importante señalar que al diseñarlas o ponerlas en marcha se piense en los efectos paradójicos que esto puede suscitar en los sujetos a quienes se dirigen, relacionados con la posibilidad de incrementar su autonomía, pero también, un mayor individualismo, que puede contribuir a debilitar la solidaridad, entendida como “auténtica empatía y preocupación por el bienestar del prójimo” (Habermas 1991, 50), y no como un mecanismo que se utiliza para acceder a beneficios individuales, lo que señala más un retroceso que un avance en la intencionalidad última de tales políticas.

Por esta razón, algunos autores señalan que son políticas en dos direcciones transitorias, pues los objetivos de las primeras son instrumentales, en cuanto apuntan a aminorar o regular los embates y fallas de las políticas económicas, con un carácter asistencial y una función residual, mientras que las últimas pretenden la reducción y eliminación de las inequidades sociales mediante la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades (Carey 2002; Repetto 2005). Colombia no ha sido ajena a la aplicación de políticas sociales orientadas en la primera dirección, lo cual ha generado sistemáticamente la ponderación del beneficio personal, aun a costa de terceros; la indiferencia hacia el sufrimiento de los demás; el temor a pronunciarse o a disentir, ante la posibilidad de ser excluidos de tales “beneficios”; el “acomodamiento” en circunstancias adversas de sus vidas para seguir recibiendo ayudas, lo que las hace

No hay que olvidar que la complejidad del contexto globalizado –caracterizado por un proceso llamado por algunos de “descalificación” (Castel 2004), de “desligadura simbólica” (Autés 2004), de “exclusión” o “marginación”,

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que hace referencia a una metáfora de “caída social” o a “lo que quedó al margen de todo”– va erigiendo un sujeto aislado, frágil, en riesgo, con lazos sociales quebrantados o utilizados como mecanismo de sobrevivencia, pues su lucha es con otros para sobrevivir, y que establece vínculos “líquidos” con los demás, produciéndose una desubjetivización y una desintersubjetivización (por llamarlo de algún modo).

Esta intencionalidad denota un carácter ético en tales políticas. En razón a éste y a marcos ético-valóricos, se señalan nuevas claves dirigidas al levantamiento de los discursos e interpelaciones de los propios sujetos a quienes están orientadas, pero también de los agentes que las implementan, porque, como afirma Cristina de Robertis, hoy las mismas están llamadas a “entrar en una dinámica de diálogo, de exploración, de incertidumbres, implica también ocupar un lugar diferente, no ya el que ofrece respuestas sino el que organiza encuentros, pone en relación, reconoce competencias, brinda oportunidades” (De Robertis 2003, 17). Ello implica que sean asumidas como espacios dialógicos y deliberativos respetuosos, serios y honestos, dirigidos a identificar las profundas contradicciones y diferenciaciones presentes en la sociedad actual y su significado en las prácticas cotidianas.

Lo anterior genera mayores retos para estas políticas, y hace necesario un accionar social más sostenible, que si bien asume la satisfacción inmediata de necesidades básicas de la población, trasciende hacia un cambio en las estructuras sociales a partir del potenciamiento de ciudadanos, sujetos de derechos y deberes, autónomos y, al mismo tiempo, solidarios, corresponsables en el mejoramiento de las condiciones de la vida colectiva, pues es claro que ante la necesidad de sobrevivencia, el individualismo en la sociedad se acrecienta, y la solidaridad, a pesar de ser reconocida como importante para la búsqueda de objetivos comunes por los grupos humanos, pasa a ser instrumentalizada como un dispositivo para lograr esencialmente objetivos personales de inclusión social.

Esto es particularmente importante en el caso colombiano frente a problemáticas sociales como la pobreza extrema, el bajo índice de desarrollo humano, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y la violencia en todos los niveles, para sólo mencionar algunas, las cuales tienden a agravarse cuando el quiebre y la descomposición de los lazos sociales no se intentan, al menos, trabajar con la ayuda de políticas sociales que abran espacios para el diálogo y el intercambio fraterno como forma de resolver los conflictos sociales.

De lo que se trata entonces con tales políticas, es de crear las condiciones para reducir la inequidad y asegurar el acceso a éstas de la población en condiciones de vulnerabilidad y riesgo social, pero también de evitar, o disminuir al menos, la recepción pasiva e incuestionable por parte de los actores “beneficiarios”, pues sin lugar a dudas, hoy el sentido de éstas debe ir variando, esgrimiéndose como un dispositivo que permita el encuentro, el diálogo, el reconocimiento recíproco e intersubjetivo y el ejercicio de derechos y deberes por parte de sus actores, incluidos los agentes profesionales que las impulsan.

El carácter ético de las políticas sociales ante las actuales “patologías” de la sociedad Resulta claro que las políticas sociales no han contribuido ampliamente a superar la pobreza sino que actúan como paliativos, que sistemáticamente van creando una especie de cultura de la dádiva y el agradecimiento, que niega la posibilidad de abrirse a la crítica desde el cuestionamiento que sus actores puedan hacer a tales ayudas o apoyos o a que incluso puedan decir no a éstas, pues cuando esto se presenta son asumidos entonces como “desagradecidos” y “exigentes”, con el riesgo de pasar incluso al grupo de los “excluidos” de las mismas.

Esto implica que la intención de las políticas sociales ya no es “crear actores vulnerables” para que accedan regularmente a unos “beneficios”, bajo etiquetas o categorizaciones de sujetos que sospechosamente denotan una “situación de diferenciados” y en todo caso de “desiguales”, lo cual en ocasiones proporciona una “marca” que dura toda la vida, como la de “desmovilizados”, “desplazados”, “adolescentes embarazadas” “madres víctimas del conflicto armado”, “mujeres cabeza de hogar”, entre otras; sino que dichas políticas deben ofrecer ahora condiciones, es decir, espacios, lugares, experiencias (Autés 2004; Castel 2004) para ciudadanos reconocidos y valorados legítimamente como sujetos de derechos y deberes y no como “excluidos”, pues también debe ser responsabilidad de las mismas el tipo de sujetos que producen.

En tal sentido, un carácter ético-dialógico en las políticas sociales le apuesta, según Habermas, a que “una persona beneficiaria tiene que tener la oportunidad de decir no […] puesto que no nos es posible un conocimiento objetivo de los valores más allá de nuestras convicciones morales, y puesto que a todo nuestro saber ético se le atribuye la perspectiva de la primera persona” (Habermas 2001, 117).

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Y es que hoy, en “una sociedad fragmentada, donde los derechos no se universalizan y las leyes y normas sociales no se aplican de la misma forma para todos” (Quiroga y Neto 1996, 30), las políticas sociales tienen como desafío dar respuestas orientadas hacia la “autonomía, la subjetividad, emancipación, libertad, equidad, fraternidad” (Salvat 2002, 174), a fin de que cada sujeto se reconozca y reconozca al “otro”, a todo “otro” distinto, como un ciudadano con derechos y deberes, como forma de invisibilizar la diferencia (Hopenhayn 2002), con el objeto de evitar el rasgo cotidiano de exclusión, invisibilización y desigualdad que ya ha sido recurrente.

Y es que el potenciamiento de la autonomía de los ahora llamados “ciudadanos sujetos de derechos y deberes” ha sido negado o postergado en tales políticas, pues no es una de sus intencionalidades la consideración de reciprocidad y simetría como interlocutores válidos que las interpelan frente a los agentes sociales que las gestionan, y por ende, tampoco lo es su reconocimiento como sujetos reflexivos, argumentativos y propositivos; lo que en la práctica se traduce en un vacío de los discursos y contenidos de tales políticas, que inhibe los procesos orientados a promover la equidad y justicia social que dicen perseguir. Para contrarrestar esta situación, en este articulo se presenta una propuesta ética y conceptual para entender la autonomía basada en un carácter solidario y comprensivo como la que propone Habermas en su ética discursiva, pero a su vez, orientada hacia el reconocimiento recíproco e intersubjetivo entre los actores participantes, como señala Honneth en su teoría del reconocimiento. En ambas, la autodeterminación del sujeto se potencia desde el diálogo respetuoso, serio y honesto con los “otros”, quienes tienen derecho a igual libertad y poseen idéntica competencia comunicativa, en cuanto son seres racionales capaces de lenguaje y acción.

Por ello, a pesar de que se ha señalado que las políticas sociales son instrumentales, en cuanto han sido utilizadas por los gobiernos para regular y complementar las instituciones del mercado y las estructuras sociales, hoy por hoy se especifica que los ciudadanos deben estar situados en el núcleo de las mismas, ya no mediante el suministro de asistencia social residual e individualizada, sino incorporando sus necesidades y voces en todos los sectores (Carey 2002). Y es que en los discursos de sus actores es posible encontrar no sólo la fuerza argumentativa de sus formas de actuar, de sus prácticas, sino además la interpretación de su propio mundo y el de los “demás”, así como su forma de ver el “mundo futuro”. Por lo cual su inclusión en el diseño y ejecución de estas políticas no sólo permite una mayor comprensión de los cambios socioculturales del contexto al que están dirigidas, sino también fundamentarlas desde la validación de los significados que las personas hacen de las estrategias sociales derivadas de las mismas, de la aplicabilidad en su mundo y de los “saldos ciudadanos” que las mismas dejan.

Se trata de una autonomía, que descansa en un principio ético de una razón descentrada del sujeto y centrada en la intersubjetividad lingüística y el reconocimiento recíproco entre sujetos, basada en principios universalistas y aplicados con responsabilidad por afectividad, sensibilidad y conciencia frente a las situaciones de “sufrimiento” humano y de injusticia compartidas con los “otros” participantes en las políticas sociales, en este caso. Y es que, de acuerdo con los desarrollos éticos actuales, la política social ya no puede seguir apostándole al fomento de un individuo autónomo, en el ostracismo que le dan su real saber y entender, su libre albedrío para actuar, sino que las instituciones y los agentes profesionales que las operan deben trabajar en el potenciamiento de personas que, a partir de un ejercicio dialógico argumentativo, deliberativo y simétrico en torno a sus condiciones de vida y las formas de mejorarlas, configuren un sistema normativo y regulativo de sus prácticas sociales, que sirva de base para impulsar conjuntamente un mayor reconocimiento y aceptación de las diferencias, donde tenga lugar un verdadero ejercicio de poder mediante la solidaridad y corresponsabilidad con los “otros” hacia la construcción de una sociedad más cohesionada, equitativa y democrática.

En ese sentido, es claro el planteamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, citado en Matus 2005) acerca de que la autonomía es el fin último del desarrollo, hacia el cual deben ir enfocados cada objetivo y estrategia específicos de cambio social, para garantizar el carácter realmente ético de las políticas, los programas y proyectos de desarrollo. Precisamente, en la actualidad uno de los parámetros de las políticas sociales tiene que ver con el grado de autonomía que otorgan a los sujetos participantes, referido a si éstos tienen o no control sobre los recursos, si logran independencia financiera y si son capaces de tomar decisiones sobre su propia vida (Turtos y Monier 2008), pero la direccionalidad de éstas va a depender de las conceptualizaciones que se asuman sobre autonomía.

Para ello, es necesario partir de comprensiones más complejas de la realidad desde el reconocimiento y

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respeto de los sujetos participantes en éstas, de su reflexividad, de sus argumentos y de su capacidad para llegar a acuerdos sobre el sentido, corresponsabilidad y cogestión de las mismas, a fin de “hacer llegar a la palabra a quienes se les ha excluido, a los ‘otros (as)’ que se les ha condenado al silencio, a quienes se les usurpa la palabra, a quienes no se les abren los espacios de la comunicación” (Valencia 2004, 63).

políticos, sociales y culturales operan en su cotidianidad: sus reflexiones; la lectura que hacen de los mismos; lo que estas políticas les “aportan” y lo que no; la forma como las insertan a su vida cotidiana; los aprendizajes que les quedan y los mecanismos que generan para revertir o disminuir sus efectos en su cotidianidad; la forma vinculante de éstas a la búsqueda de su autonomía; los mecanismos que desarrollan para la defensa de sus derechos; en fin, el sentido que tales cambios sociales y políticos tienen para ellos y el impacto en su constitución particular como ciudadanos.

Estos nuevos requerimientos para las políticas sociales demandan un respaldo de las competencias comunicativas de cada uno de los participantes, para argumentar discursivamente sus intereses y los de sus pares, incluso los que por motivos diversos no puedan estar presentes, a fin de acordar, de manera consensuada y racional, un marco normativo2 con carácter universalista que dirija y regule la actuación responsable de cada uno en el marco de las mismas.

De acuerdo con esto, es posible que algunos piensen que en el caso colombiano, con tan graves y diversos problemas sociales, la apertura al diálogo de los actores participantes en las políticas sociales puede ser contraproducente, en el sentido de que pueden presentarse mayores dificultades, en cuanto pueden surgir debates peligrosos y arriesgados para su desarrollo; ante lo cual es válido el planteamiento de Autés que señala que esto es inevitable; sin embargo:

Ahora bien: cuando se alude al diálogo como procedimiento que guíe el carácter ético en las políticas sociales hay que tener presente que el principio moral de éstas –que ha sido “instrumental” y “estratégico” por tradición– debe ser la pretensión de una mayor justicia social, el bienestar común y la equidad social. Ello indica que las personas o sujetos con quienes se interviene no sean olvidados en el discurso racional y formalizante de las mismas, pues las nuevas realidades se evidencian en el discurso desgarrador de ellos y debe volver a ellos, en forma comprensiva. Es allí donde radicaría el carácter ético del diálogo como mecanismo para el intercambio intersubjetivo de los actores participantes en las políticas sociales.

[…] al ciudadano hay que educarlo, hay que instalar

espacios públicos en los que, como dice Habermas, cada cual tenga el derecho de hacer valer sus pretensiones de

validez. Entonces, si el juego se juega correctamente, el que dice estupideces debe renunciar a ellas y adherirse a

argumentos o enunciados más verdaderos, más justos y

más auténticos. Se acusa a este esquema de ser particularmente utópico e idealista, pero es el único que corres-

ponde a lo que es el ideal de una sociedad democrática (Autés 2004, 49-50).

De eso se trata entonces, de apostarles a espacios dialógicos, interactivos y públicos en condiciones de simetría concertadas, para llegar a proponer modelos de sociedad más éticos y coherentes, en cuanto más incluyentes, participativos y equitativos.

Y es que el “silenciamiento” de los actores participantes en estas políticas por parte de los profesionales e instituciones que las agencian, al no permitirles opinar en su formulación ni en su desarrollo, indica que son doblemente “vulnerados”, esta vez con un tinte de seudoinclusión perverso que margina y excluye sus “voces” como interlocutores válidos para definir o redefinir tales políticas, deslegitimándolas y convirtiéndolas en un contrasentido, pues niegan la participación que dicen potenciar y exaltan la “recepción” de sus actores. Tal silenciamiento es equiparable a lo que Honneth llama “invisibilización”, que neutraliza y olvida el reconocimiento previo y significado de las personas “cosificándolas” (Honneth 2009, 41).

Según lo anterior, una política social que se precie de ser contemporánea ha de partir de diagnósticos comprehensivos de las pérdidas en que incurre la razón, sus riesgos conducentes hacia formas instrumentales, y, en último término, el abandono y el olvido de la subjetividad y, más aún, de la intersubjetividad, de la integración social, del reconocimiento recíproco asociado a un derecho y forma de valoración social, de la ética y del diálogo a partir de parámetros normativos de integración social (Honneth 2009, 30).

En tal sentido, es importante entonces indagar acerca de lo que sucede con ellos cuando los cambios económicos, 2

Esto debe conducir a comprender las determinantes de las condiciones de vida de sus actores y a potenciar y valorar estrategias endógenas de inclusión y reconocimiento

Honneth propone un “monismo normativo” (2009, 33).

Autonomía, solidaridad y reconocimiento intersubjetivo. Claves éticas para políticas sociales contemporáneas Liliana Pérez Mendoza

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social moralmente más dignas y efectivas, que apunten a la superación de la pobreza, a evitar la violación de derechos humanos y la resolución violenta de conflictos, y la desesperanza, así como la desintegración social y el individualismo, y a potenciar la libertad de expresión, los consensos que reconozcan y se deriven de intereses colectivos e igualdad de oportunidades para todos los sectores participantes en éstas. Para Honneth (2009), se trata de diagnósticos de las patologías de la sociedad moderna.

y carente de destino, de la desconfianza, del evitar al otro y su sufrimiento, del conflicto por el desconocimiento de las injusticias que lo afectan y que perturban la normalidad, del desprecio, de la humillación, de los maltratos y violaciones, de la exclusión social, del despojamiento de derechos, de la desintegración social; en palabras de Honneth (2009), del “sufrimiento por indeterminación”; que produce afectaciones tanto a los sujetos como al conjunto social.

En estos diagnósticos deben identificarse también aquellas subjetividades emergentes y diferentes a las categorizaciones de sujetos previamente establecidas en las políticas sociales, así como las “metáforas” que explican su mundo, que van dando cuenta de un nuevo marco referencial para acciones sociales cuya “lógica” ha sido desconocida, y por ello no aparecen en las descripciones, evaluaciones e informes de las instituciones y agentes sociales que orientan tales políticas, pues lo que se dice o interpreta de forma “diferente” acerca de la realidad en el marco de éstas, es utilizado sólo de manera accesoria a lo que se concibe como ideal de desarrollo en las mismas, invisibilizando y nuevamente vulnerando el “derecho a ser y a ser valorado socialmente” de los actores hacia quienes están orientadas.

Por ello, hoy éticamente las políticas sociales han de contribuir a la apertura de espacios que permitan a cada actor participante su libertad comunicativa, como lo señala Honneth (2009, 32). Éste es el comienzo para reconocer subjetividades e intersubjetividades emergentes en estas políticas, que permitan identificar las verdaderas cartografías sociales resultantes de las tensiones entre contextos y políticas sociales.

Autonomía, solidaridad y reconocimiento intersubjetivo en las políticas sociales contemporáneas desde la ética discursiva de Habermas y la teoría del reconocimiento recíproco de Honneth

Por ello, éticamente hablando, es necesario que todos los que participan en las políticas sociales sean asumidos y se asuman como actores que se autorreconocen y reconocen a los demás como sujetos activos, autónomos, reflexivos, argumentadores, solidarios, capaces de establecer las condiciones ideales para dialogar y corresponsables en el desarrollo de estas políticas y en el acontecer histórico de la sociedad, y, en consecuencia, actuantes según esto. Un accionar en este sentido puede contrarrestar lo que Bajoit (2004) señala como el nuevo modelo de sociedad identitario, cuyo centro está en el individuo y su libre determinación, que genera un individualismo puro, “que para nada entiende de solidaridad, salvo si con ella obtiene la satisfacción de sus intereses particulares” (Bajoit 2004, 3), donde, según Borja y Castells, “se rompen los lazos de solidaridad, deteriorando el tejido social y la convivencia social” (citado en Arteaga 2004, 144).

Si hoy se plantea que las políticas sociales deben fomentar la autonomía e inclusión social de sus participantes, así como la reconstrucción del tejido social, resulta clave entonces que se enmarquen en posturas éticas determinantes de los procedimientos para lograrlo. Al pensar entonces en el fundamento autonómico de las políticas sociales, se encuentra que la ética del discurso propuesta por Jürgen Habermas plantea que: [...] la autonomía conlleva una idea de solidaridad com-

prensiva, ya que es ella y sus movimientos de conmoción, las que informan acerca del mejor modo de comportarse

para contrarrestar mediante la consideración y el respeto

Y es que cuando la razón en una sociedad es solamente la autonomía del individuo como un rechazo al control social, surge entonces lo que se ha llamado las “patologías sociales” (Habermas 2000; Honneth 2009), “el agravio moral” (Honneth 2009) o lo que otros denominan “trastornos relacionales” (Bajoit 2003), producto del individualismo, de la negación de la libertad, del vacío interior, de la soledad, del aislamiento, del sentirse inútil

la extrema vulnerabilidad de las personas. Esta vulnera-

bilidad es aquella que está inscrita en las formas de vida socio-culturales, ya que la individuación se produce a través de la introducción en un mundo de la vida intersubjetivamente compartido (Habermas 1991, 107).

Según el mismo autor, “la autonomía es más bien una conquista precaria de las existencias finitas, existencias

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que sólo teniendo presente su fragilidad física y su dependencia social pueden obtener algo así como ‘fuerzas’” (Habermas 2001, 52).

lingüísticas) con las que sujetos capaces de habla y acción asumen relaciones con intención de entenderse acerca de algo y coordinar así sus actividades. Estas actividades coordinadas comunicativamente pueden constar por su lado de acciones comunicativas o nocomunicativas” (Habermas 1988, 541). “El concepto aquí central, es el de interpretación, que se refiere a la negociación de definiciones de la situación susceptible de consenso. En este modelo de acción como veremos, el lenguaje ocupa un puesto prominente” (Habermas 1987, 124). Aparece, entonces, una concepción de autonomía, no únicamente del tipo solidaria, comprensiva y corresponsable, como señala la ética del discurso, sino además asumida, al igual que la ciudadanía, como una competencia comunicativa en el marco de una pragmática universal.

Como complemento de esta concepción, Axel Honneth (2009), en su teoría del reconocimiento recíproco, señala que la autonomía es “descentrada” y que parte de la intersubjetividad, articulada lingüísticamente, coherente en su narrativa con la vida y “con sensibilidad moral contextual”, según lo cual los sujetos aplican responsablemente las normas de acción en las que han participado en su contexto particular y en el marco de las políticas sociales, en este caso. Por lo cual tal autonomía de los sujetos, moralmente hablando, es para este autor “la comprensión afectiva del hecho de que otros sujetos, por su parte, puedan verse confrontados con opciones imprevisibles de su sí mismo, y que por eso tengan que resolver problemas de decisión difíciles” (Honneth 2009, 290), lo que implica necesariamente que tiene como pretensión ser reconocida socialmente. Por lo que, según Honneth, una persona autónoma está en “condiciones de descubrir impulsos de acción siempre nuevos e inexplorados y de convertirlos en material de decisiones reflexionadas” (Honneth 2009, 287).

Estas competencias comunicativas implican que: […] por un lado, los participantes en la comunicación

tienen que tener la competencia necesaria para adoptar una actitud objetivadora cuando sea necesario

frente a situaciones existentes de hecho, una normativa frente a relaciones interpersonales legítimamente

reguladas y una expresiva frente a las propias viven-

De acuerdo con esto, la autonomía del sujeto –entendida como competencia comunicativa, según Habermas, y como libertad comunicativa, para Honneth– está asociada a una reflexividad personal y colectiva, a una solidaridad comprensiva, al reconocimiento intersubjetivo de la misma por todos los participantes de la sociedad, sensible al contexto cotidiano y a las situaciones de vulnerabilidad que el mismo provoca en sus actores, dirigida al establecimiento de parámetros normativos válidos universalmente y legitimados desde el consenso lingüístico, con acciones corresponsables, afectivamente derivadas y sostenidamente éticas.

cias (y, además, tienen que variar estas posiciones

ante los tres mundos). Por otro lado, a fin de ponerse mutuamente de acuerdo sobre algo en el mundo obje-

tivo, social o subjet ivo, tienen que poder adoptar las actitudes que van unidas a las funciones comunicativas de la primera, la segunda y la tercera persona (Habermas 1985, 162).

Este concepto de autonomía como competencia comunicativa3 no desconoce que en el contexto de las políticas sociales, como en otros ámbitos, existen relaciones marcadas por el asimétrico ejercicio de autoridad y poder por parte de los agentes profesionales, en este caso; sin embargo, la simetría estriba en que a ninguno de los participantes se le puede negar su legítimo derecho a expresarse, a tener “voz”, a decidir sobre las formas de vida que desea y a reconocer que los demás también tengan este derecho. Se trata de la “[…] libertad de los interlocutores, entendida como autonomía […]” (Cortina 1993, 208).

Ahora bien: según la ética discusiva, la acción comunicativa de los actores es entendida como racional, en cuanto se refiere a la interacción de al menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción, que (ya sea con la ayuda de medios verbales o de medios extraverbales) entablan una relación interpersonal dirigida hacia un entendimiento, logrado sobre un acuerdo en las pretensiones de validez que son reconocidas y aceptadas, en razón a que expresan las definiciones comunes de las situaciones y los intereses más universales para guiar sus formas de conducta; en este caso, frente a las políticas sociales.

En ese sentido, la teoría honnethiana complementa lo anterior desde lo que señala como “lucha por el reconocimiento”, 3 Habermas señala que “[…] la estructura de esas ‘competencias’ pueden leerse de dos maneras: como competencias individuales que permiten a los implicados integrarse por vía de la socialización en ese mundo, crecer en él, y como ‘infraestructura’ de los propios sistemas de acción” (Habermas 1991, 15).

Por lo cual, la acción comunicativa corresponde, para Habermas, a “aquellas expresiones (lingüísticas y no

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cuyo significado en dichas políticas, en este caso, será trabajar desde una motivación moral dada por los conflictos sociales existentes, derivados incluso de esta situación, para estimular la generación de normas aceptadas, reconocidas y practicadas por todos de manera corresponsable hacia el desarrollo social, con una clara concepción ética construida intersubjetivamente por sus actores y, por lo tanto, legitimada en este contexto, a fin de preservar su integridad personal y social.

Esto ha de suponer entonces que los llamados “beneficiarios” o “usuarios” no sean asumidos más como “un mero sujeto paciente que solo ha de limitarse a confirmar las decisiones que el profesional adopta sobre su caso, sino que es un agente con el derecho a ser informado y a que sus puntos de vista sean tenidos en cuenta a la hora de adoptar las medidas que le afectan particularmente” (Bermejo 2002, 102). Y es que, aunque en algunas políticas, como la de desplazados y la de educación, en el caso colombiano, se exprese que la forma como se entiende a los sujetos participantes de las mismas no es como un receptor de servicios sino como “ciudadano participativo e integrador de su propio proceso” (DNP 2007, 9) o “como sujetos activos y el centro de la acción educativa” (DNP 2010,79) o incluso como un sujeto con derechos especiales, en razón a su diversidad étnica y cultural (Dell’ordine 2003), es claro que no basta con señalar esto sino que en verdad se requiere desarrollar estrategias que permitan a los ciudadanos alcanzar estos logros mediante el reconocimiento de su autonomía e igualdad de oportunidades discursivas para coparticipar en análisis más complejos de la realidad, así como en la construcción de horizontes de sentido de las mismas y de normas consensuadas para actuaciones corresponsables.

Y es que la nueva estructura social demanda políticas sociales más integrales, que apunten a una mayor comprensión de las complejidades que emergen del proceso de modernidad/modernización. Por lo anterior, resulta clave la apertura hacia aquellos discursos que muestren el desencanto y el incremento de la vulnerabilidad que producen las expectativas no resueltas, en cuanto a un desarrollo social y humano, porque los sujetos a quienes se dirigen, más que excluidos, se encuentran insertos en el centro mismo de la modernización, pues son quienes reciben sus impactos más fuertemente, constituyéndose en los rostros duros de la misma, pues, aunque están excluidos de muchos beneficios, participan incluso de sus expectativas (Matus 2002a). La intencionalidad de las políticas sociales ha de orientarse entonces a escuchar e interpretar los lenguajes posibles que emergen en el diálogo entre los participantes en éstas. Lo cual indica que las políticas sociales deben volver su centro moral hacia el reconocimiento y respeto de la pluralidad de los discursos de la sociedad, y en ese sentido, hacia una revisión profunda del significado de las mismas en la reconfiguración y levantamiento de las identidades fragmentadas, resistentes o globales que produce la mundialización; dejando claridad que ello no significa un acuerdo sobre los valores culturales de estas colectividades, por cuanto se entiende que éstos no son válidos universalmente y “tampoco se los puede hacer plausibles si no es en el contexto de una forma de vida particular” (Mc Carthy 1992, 197).

De acuerdo con lo anterior, es importante trabajar en una descategorización del sujeto como víctima, en razón a su vulnerabilidad, por cuanto esto hace que no se exija a los mismos mayor responsabilidad, y mucho menos que se les permita la expresión de autonomía (Viewiorca 1997). La victimización de los sujetos actúa con efectos contradictorios, ya que, si bien no se requiere del sujeto mayor responsabilidad, tampoco se le permite expresar su autonomía (Matus 2003, 60), adoptando “las características dadas por quien lo mira y lo busca nombrar. Y si bien a un otro subordinado, jerarquizado, se le puede conceder alguna virtud estética o moral, muy difícilmente se le otorgará un estatuto de legítimo pensamiento” (Matus 2002b, 175), posibilitando que en las políticas sociales surjan prácticas como el paternalismo o, por el contrario, el despotismo, lo que sin duda alguna debe estar por fuera del alcance ético de las mismas.

En otras palabras, se trata de orientar el sentido de estas políticas hacia la formación de ciudadanos más autónomos, solidarios, comprensivos, corresponsables, reflexivos y dialogantes, capaces de llegar a consensos sobre las condiciones de vida deseables y el camino a recorrer para llegar a ellas mediante la apertura de espacios de encuentro y de deliberación que posibiliten el reconocimiento de los “otros” como legítimos “otros”, habilitados para el diálogo productivo y simétrico sobre normas consensuadas para actuar conjunta y afectivamente en el mejoramiento de de las “patologías” sociales.

De esta forma, se propone una flexibilidad y reflexividad en las políticas sociales desde una aceptación de lógicas diversas a éstas, pero igualmente válidas respecto a su efectividad, aunque sea un propósito en el mediano plazo, pues indudablemente las condiciones de vida vulnerables y de riesgo de las personas a quienes generalmente se dirigen éstas urgen soluciones inmediatas relativas a la recepción de bienes y servicios para la subsistencia, lo cual debe

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seguir siendo atendido por las mismas; sin embargo, esto no puede ser su fin, sino un medio para lograr propósitos más edificantes de la sociedad y de las personas.

Esto no implica una oposición frente al “dar un poco más a los que tienen menos”, por cuanto en ocasiones es necesario proceder de esa manera. El tema es que el tipo de “dispositivos” ofrecidos han de ser transitorios y no permanentes, dirigidos a superar tal vez el momento más difícil de estos actores, pues lo permanente debe ser el reconocimiento de su condición como “iguales” para dialogar y la apertura de espacios cada vez más amplios y creativos para expresar sus demandas sociales y levantar sus derechos, desde “pretensiones de validez en sus actos de habla, difundirlas y defenderlas discursivamente. Reconocerle tal derecho, significa reconocerle como persona, legitimada para participar activamente –o ser tenida efectivamente en cuenta– en los diálogos cuyos resultados los afecten sin que exista justificación trascendental alguna para excluirlos de ellos o limitar sus intervenciones en comparación con otras personas” (Salvat 2002, 150). Esto es lo que De Robertis (2003) llama “acceso a la ciudadanía”, que implica también pensar y resignificar las representaciones y los imaginarios de poder que permanecen implícitos en las políticas sociales.

Lo anterior exige que todos los actores participantes en las políticas sociales asuman bajo “sospecha” los discursos, prácticas y categorías de las mismas, y que, mediante la creación de condiciones y escenarios dialógicos, interactivos, significativos y horizontales, puedan ser interpeladas argumentativamente con base en los diferentes contextos, cotidianidades y representaciones sociales que conlleven su reedición desde el encuentro o desencuentro con ellas, con sus requerimientos y métodos, lo cual inicia el camino hacia una resignificación de las mismas potenciando la legitimidad de los discursos de todos los participantes, asumidos como ciudadanos con derechos y deberes, dueños de su propia historia pero también capaces de proponer y construir formas solidarias e inclusivas como dispositivos para avanzar con, hacia, por y para la cohesión, el bienestar y la justicia social. Tales sospechas, según Honneth (2009), tienen que ver también con dudar de los “objetivos” públicos de los movimientos sociales que de cierta forma los “positivizan”, al referirse a los de las mujeres, los de las minorías étnicas, sexuales, etc., para llegar a identificar y afirmar “otras” formas de sufrimiento social no tematizadas ni articuladas socialmente, pretendiendo con ello una mayor justicia a partir del reconocimiento social como un movimiento de inclusión de problemas o formas de sufrimiento social asociados a la individualidad en la sociedad actual que no se habían detectado antes (Honneth 2009).

En razón a todo lo señalado, tres conceptos clave resultan asociados tanto a la autonomía como a la solidaridad y el reconocimiento intersubjetivo; ellos son: sujeto, subjetividad e intersubjetividad. Se retoma entonces el planteamiento de Bourdieu que señala que “los sujetos son en realidad agentes actuantes y conscientes, dotados de un sentido práctico, de estructuras cognitivas duraderas (que esencialmente son fruto de la incorporación de estructuras objetivas) y de esquemas de acción que orientan la percepción de la situación y la respuesta adaptada” (citado en Cambursano et al. 2010, 4), el cual es complementario de la conceptualización de Autés (1999) referida a que el sujeto es portador de subjetividad y palabra. Más aún, según este autor, el sujeto lleva una marca de problema inacabado, con acontecimientos desatendidos que sufre, y es perturbado, tal como los actores participantes en las políticas sociales.

Cuando esto sucede, las políticas sociales caen en lo que Autés (2004) llama un “tratamiento desigualitario” o en lo que para Castel es una “atribución de un estatuto especial a ciertas categorías de población” (Castel 2004, 69) conocido como “discriminación positiva” y que implica una movilización extraordinaria de cierta cantidad de recursos sobre poblaciones específicas (Castel 2004, 73), que produce nuevas desigualdades, por cuanto la “categorización diferenciada” adquiere entonces una huella más indeleble tanto para el sujeto como para la sociedad, pues “desde el momento en que se comienza a asignar un estigma a este tipo de situaciones, cabe temer formas de exclusión a través del encierro, no en un espacio vallado, sino en una etiqueta que discrimina negativamente a las personas a las que se aplica cuando, en realidad, dicha etiqueta querría discriminarlas positivamente” (Castel 2004, 69), por lo cual los sujetos son nuevamente “vulnerados”, pues esto lo que hace es incrementar sus desigualdades y las ventajas o desventajas de unos sobre otros.

Según Honneth (2009), el sujeto se encuentra en la socialización en un conflicto intersubjetivo moral motivado por el no-reconocimiento o desprecio de sus pretensiones todavía no confirmadas de autonomía, pero además éste es capaz de reconocerse y reconocer a los otros desde el punto de vista moral universal como “sujetos de derechos” y en la búsqueda de reconocimiento como valoración social de su desempeño en la sociedad, basado en el amor, el derecho y la solidaridad. Se entiende por reconocimiento social “un comportamiento reactivo con el cual respondemos a las propiedades de valor de otras personas de forma racional” (Honneth 2009, 38).

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Sin embargo, para Habermas la categoría básica del paradigma comunicativo no es la de sujeto, sino la de ‘subjetividad/intersubjetividad’, la cual “aflora en el reconocimiento recíproco de la autonomía de hablante y oyente” (Cortina 1993, 234) y “se expresa en los procesos de entendimiento y acuerdo” (Cortina 1993, 118), en contextos institucionalizados y en toda comunidad de hablantes y oyentes. La “subjetividad”, para la ética discusiva, es “el resultado de relaciones epistémicas y prácticas con uno mismo que emergen de, o están integradas en, relaciones de uno mismo con otros” (Habermas 2004, 26). En ese sentido, se habla entonces de una autorreflexión que se nutre de la reflexión con otros miembros que se reconocen en el escenario de las políticas sociales.

racionalmente de su derecho a defender sus pretensiones racionales mediante el diálogo” (Cortina 1999, 536). Ello implicará reconocer al menos, según el autor, el derecho a igual libertad de acción, a la libre asociación, a la protección de los derechos individuales, a igual participación en los procesos de información de opiniones y voluntades, a garantizar las condiciones de vida sociales, técnicas y económicas necesarias para el ejercicio de los derechos antes enunciados. Complementando la postura habermasiana, Honneth señala que se trata de sujetos con pretensiones de autonomía y de reconocimiento social previo. Tal reconocimiento recíproco entre los sujetos es el “medio adecuado para descifrar categorialmente experiencias de injusticia social en su todo” (Honneth 2009, 35), por lo que el mismo se propone como un mecanismo para llegar a descubrir no sólo nuevas “patologías sociales” sino también nuevas categorías de sujetos emergentes de injusticias sociales que sufren, cuidando de no llegar a asumirlos con etiquetas “exclusivas”.

La categoría “subjetividad/intersubjetividad” se plantea como anterior al sujeto, porque si bien al sujeto se le reconoce capaz de lenguaje y acción, es la razón moral que lo guía al entendimiento comunicativo la que pone de presente que el sujeto incluya a los “otros” en su reflexividad y argumentación, proporcionando existencia e identidad en el mundo que se comparte intersubjetivamente.4

Se hace claridad entonces que la subjetividad no es igual a individualidad, sino que su significado se inscribe en el autorreconocimiento de la capacidad de reflexión y acción comunicativa pero en relación con el “otro”, que, según Habermas (1981), ya no viene definido como un extraño por razón de su no-pertenencia, sino que es para él “Yo” ambas cosas a la vez: absolutamente igual y absolutamente diverso. Prójimo y extraño en una misma persona.

Por lo que subjetividad e intersubjetividad, para Habermas, aunque diferentes en cuanto a la valoración que se hace del sujeto, confluyen en un elemento común: el uso del lenguaje para la acción. El fin varía, pues mientras que para este autor el mismo tiene sentido siempre y cuando se relacione con la búsqueda de un entendimiento comunicativo con el otro, para Autés (1999) estaría más asociado con la finalidad de la acción y la identidad de las personas en la sociedad.

Habermas agrega entonces el componente de la solidaridad a la autonomía del sujeto y la asume como una “actitud personal dirigida a potenciar la trama de relaciones que une a los miembros de una sociedad, pero no por afán instrumental, sino por afán de lograr con los restantes miembros de la sociedad un entendimiento” (Cortina 1993, 213), un consenso racional. La misma es entendida además como “la actitud social dirigida a potenciar a los más débiles, habida cuenta de que es preciso intentar una igualación, si queremos realmente que todos puedan ejercer su libertad” (Cortina 1993, 213). En este caso, los participantes en la política social defenderían mediante el diálogo argumentativo sus convicciones, respetando las de todos los interlocutores posibles, como una actitud básica que implica el reconocimiento solidario de su autonomía, a propósito de sus expresiones frente a las afectaciones que les producen determinadas condiciones de vida.

Se entiende el planteamiento de Habermas acerca de los sujetos, a quienes llama personas que participan en la acción comunicativa, de forma libre e igual en cuanto a las posibilidades de indicar fundamentos racionales en la comunicación intersubjetiva, de avenirse a tales razones o a la refutación de las propias, en cuanto son seres capaces de comunicación lingüística, es decir, son hablantes que interactúan con oyentes, y en todas sus acciones y expresiones son interlocutores válidos, donde la justificación ilimitada del pensamiento no da lugar a renunciar a ningún interlocutor y a ninguna de sus aportaciones virtuales a la discusión, “y a quien nadie puede privar

4 Porque en la intersubjetividad es donde “estas comunicaciones no susceptibles de ser atribuidas a ningún sujeto, realizadas en el interior o en el exterior de las asambleas programadas para la toma de resoluciones, configuran escenarios donde pueden tener lugar una formación más o menos racional de la opinión y de la voluntad común sobre temas relevantes para el conjunto de la sociedad y sobre materias que requieren una regulación” (Habermas 1999, 242-243).

Por otro lado, la solidaridad honnethiana está referida a “una comunidad de valores compartidos, que correspondea la valoración social, tiene por objeto las capacidades

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y características del individuo en tanto miembro que contribuye al todo social y lleva a la autoestima” (Honneth 2009, 25), por lo cual es “el reconocimiento recíproco de la contribución de cada uno al bienestar común, a partir del cual cada miembro de la sociedad sabe estar vinculado con los demás” (Honneth 2009, 43). De acuerdo con este planteamiento, la solidaridad se erige entonces en otro mecanismo que va a garantizar la reciprocidad, participación e integración social de los actores en el marco de las políticas sociales; por ello es importante trabajar en ésta, en su reconocimiento, potenciamiento y resignificación, sin olvidar que “la calidad de vida en común no se mide solo por el grado de solidaridad y el nivel de bienestar, sino también por el grado en que en el interés general se contemplan equilibradamente y por igual los intereses de cada individuo” (Habermas 1991, 113).

crítica, en sus acepciones éticas fundadas en el discurso y el reconocimiento recíproco intersubjetivo, que asumen como inaceptable políticas sociales acríticas y ahistóricas con la sociedad, llegando a proponer a partir de lo público una contextualización en el marco de la sociedad global y contestación a la misma –a su individualismo paralizante de acciones colectivas, afirmativas, reflexivas, dialógicas y solidarias–, y construyendo escenarios de encuentro, reconocimiento e inclusión de los distintos discursos vinculantes de visiones más “cotidianas” para políticas sociales “con el mundo sobre el mundo”, desde la promoción de ciudadanías múltiples,5 de proyectos de desarrollo humano incluyentes y más coherentes con las nuevas cartografías sociales y de redes sociales, a fin de evitar el “etiquetado”, la diferenciación y el “silenciamiento” de los sujetos, suscitados por la imposición de modelos hegemónicos de bienestar social que éstas implementan.

Consecuentes con estas concepciones, hoy éticamente en las políticas sociales ha de reconocerse y ponderarse el derecho a la autonomía, al reconocimiento recíproco, al diálogo, a la solidaridad y a la corresponsabilidad de todos los ciudadanos que hacen parte de las mismas, y, por lo tanto, trabajar de la mano con ellos en la reconstrucción de su capacidad enunciativa, normativa y regulativa, desde acciones y estrategias que transformen, entre todos los participantes, las situaciones problemáticas, y, al mismo tiempo, en el reconocimiento como interlocutores válidos para reconstruir el tejido social: “se trata de buscar una forma discursiva diferente, ahora signada por el sujeto, construida en su vinculación con los otros y no a partir de atribuciones elaboradas previamente” (Carballeda 2002, 33). Lo anterior se complementa con lo señalado por Lechner acerca del devenir constante de los sujetos, portadores de potencialidades y con capacidad de constituirse recíprocamente mediante el establecimiento conflictivo o negociado de los límites entre uno y otro (citado en Cambursano et al. 2010, 5).

Se han presentado claves para una propuesta éticociudadana desde las políticas sociales, cuya validez estriba en un interés genuino por los efectos que la acción individual o colectiva produce sobre los legítimos “otros”, entendiéndolos como seres con los cuales coexiste, funda y comparte diferentes escenarios en el mundo social, uno de los cuales es el de las políticas sociales. Se pretende con ello establecer posibilidades de simetría y entendimiento en el diálogo, así como un reconocimiento recíproco entre sus actores, que, según Habermas, es lo que va a constituir la dignidad de la persona y permite construir, deconstruir y reconstruir proyectos de vida colectivos más incluyentes, democráticos y equitativos. Esta tarea, como es lógico, necesita del compromiso de los sectores que la promocionan, ya sean el Estado o las Organizaciones sociales no gubernamentales, por cuanto es necesario “pasar del nivel de reconocimiento intersubjetivo al nivel de reconocimiento garantizado institucionalmente” (Honneth 2009, 39), a fin de que con la ayuda de estos entes se pueda certificar estructuralmente el cumplimiento de requisitos materiales para la calidad de su evaluación y afirmación social (Honneth 2009).

Algunas reflexiones finales Con esta propuesta conceptual ética no se pretende dogmatizar mediante un “modelo” las políticas sociales, pues en la sociedad actual, aunque las raíces humanistas y comprensivas de las ciencias sociales se entiendan y compartan, la política social, tal como la realidad social, es múltiple y no unívoca, lo cual abre el abanico de opciones no sólo para seguir ampliando la interpretación de esa realidad, sino también para complejizar las acciones sociales en ella.

Por ello, en las políticas sociales se propone considerar el reconocimiento de la forma en que se reproduce simbólicamente lo social en los diferentes ámbitos culturales, 5 Habermas señala que “la ciudadanía es un estatus que se define en términos de derechos civiles. Pero también se debe considerar que los ciudadanos son personas que han desarrollado sus identidades personales en el contexto de ciertas tradiciones, en entornos culturales específicos, que necesitan tales contextos para mantener sus identidades” (Habermas 2004, 54).

De acuerdo con lo anterior, ésta es entonces una invitación a un accionar ético desde los desarrollos de la teoría

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así como el señalamiento de indicadores según marcos conceptuales comprensivos claramente definidos, a fin de trascender su activismo urgido hacia la búsqueda constante de su sentido ético que direccione prioridades por alcanzar sostenidamente entre todos los actores participantes. Así mismo, construir sistemas de registro y análisis que consideren no sólo los resultados tangibles de tales políticas sino también los significados que producen en sus actores.

los diferentes ámbitos de intervención social. Representaciones sociales de los sujetos del sector V frente a prácticas e investigaciones. Catamarca capital. Revista Margen 58: 1-8. 9. Carballeda. Alfredo. 2002. La intervención en lo social. Exclusión e integración en los nuevos escenarios sociales. Buenos Aires: Ediciones Paidós. 10. Carey, Elaine. 2002. Trabajo social y la política social hacen el enlace. Revista Electrónica de Trabajo Social (R.T.S.). 5. http://www2.udec.cl/~ssrevi/numero5/ensayo01.htm (Recuperado el 7 de septiembre de 2011).

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Condición postmoderna y esbozo de una nueva pedagogía emancipatoria. Un pensamiento diferente para el siglo XXI* por Antonio Bernal Guerrero** Fecha de recepción: 29 de junio de 2010 Fecha de aceptación: 31 de marzo de 2011 Fecha de modificación: 5 de abril de 2011

Resumen La postmodernidad representa una condición social con entidad propia y simboliza una nueva época, distinta a la conocida como modernidad. La condición postmoderna proclama el pluralismo, la diferencia, la heterogeneidad de perspectivas, la casuística y las pequeñas historias ignoradas por la modernidad. La crítica postmoderna ha puesto de manifiesto las falsas certezas modernas, haciéndonos posiblemente más sabios, aunque desprovistos de alternativas. Con los procesos de modernización y postmodernización, se ha dado la posibilidad real de volvernos sobre nosotros mismos, situándonos críticamente entre nuestras necesidades y nuestros derechos. Emerge así una nueva mirada social en torno a la radical importancia de los fenómenos de subjetivación, de construcción del sujeto. La pedagogía crítica contemporánea, particularmente preocupada por la emancipación, se ha fundado en los viejos ideales ilustrados y se ha desarrollado con categorías narrativas modernas. Después de la crítica postmoderna y del reconocimiento de que las prácticas sociales han cambiado profundamente, se propone una nueva fórmula para concebir la pedagogía emancipatoria, donde el sujeto adquiere el mayor protagonismo posible. Ello implica una transformación profunda de la educación, que no puede seguir observándose como un simple instrumento para el desarrollo económico y productivo de la sociedad.

Palabras clave Postmodernidad, emancipación, teoría crítica, teoría de la educación, reforma de la educación.

The Postmodern Condition and an Outline for a New Emancipatory Pedagogy: A Different Way of Thinking for the 21st Century Abstract Postmodernism represents a social condition in its own right and symbolizes a new era, distinct from that known as modernity. The postmodern condition proclaims pluralism, difference, heterogeneous perspectives, the specificity of individual cases, and the little stories ignored by modernity. The postmodern critique has exposed the false certainties of modernity, possibly making us wiser but lacking alternatives. The processes of modernization and post-modernization have made it possible to turn in on ourselves, critically placing us between our needs and our rights. In this context, a new social vision has emerged around the critical importance of the phenomena of subjectivity and the construction of the subject. Contemporary critical pedagogy, which is especially concerned with emancipation, was founded on the old ideals of the Enlightenment and developed with modern narrative categories. After the postmodern critique and the recognition that social practices have changed profoundly, we need to conceive of emancipatory pedagogy in new ways in order to allow the subject as much protagonism as possible. This implies a profound transformation of education, which can no longer be considered merely in terms of the economic and productive development of society.

Key words Postmodernity, Emancipation, Critical Theory, Educational Theory, Educational Reform. *

El artículo es fruto de una investigación realizada en la Universidad de Sevilla, en el seno del Grupo de Investigación Pedagógica de la Persona, que dirige el autor. Este Grupo está reconocido dentro del Plan Andaluz de Investigación con el código HUM-403. ** Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Catedrático E.U. de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Sevilla, España. Correo electrónico: abernal@us.es

Revista de Estudios Sociales No. 42 rev.estud.soc. • ISSN 0123-885X • Pp. 196. Bogotá, abril de 2012 • Pp. 27-39.

Condição pós-moderna e esboço de uma pedagogia emancipatória. Um pensamento diferente para o século XXI Resumo A pós-modernidade representa uma condição social com entidade própria e simboliza uma nova época, diferente à conhecida como modernidade. A condição pós-moderna proclama o pluralismo, a diferença, a heterogeneidade de perspectivas, a casuística e as pequenas histórias ignoradas pela modernidade. A crítica pós-moderna trouxe à tona as falsas certezas modernas, fazendo-nos possivelmente mais sábios, ainda que desprovidos de alternativas. Com os processos de modernização e pós-modernização, dá-se a possibilidade real de nos voltarmos sobre nós mesmos, situando-nos criticamente entre nossas necessidades e nossos direitos. Emerge, assim, um novo olhar social em torno da radical importância dos fenômenos de subjetivação, de construção do sujeito. A pedagogia crítica contemporânea, particularmente preocupada pela emancipação, fundou-se nos velhos ideais ilustrados e se desenvolveu com categorias narrativas modernas. Depois da crítica pós-moderna e do reconhecimento de que as práticas sociais vêm mudando profundamente, propõe-se uma nova fórmula para conceber a pedagogia emancipatória, onde o sujeito adquire o maior protagonismo possível. Isso implica uma transformação profunda da educação, que não pode continuar sendo observada como um simples instrumento para o desenvolvimento econômico e produtivo da sociedade.

Palavras chave Pós-modernidade, emancipação, teoria crítica, teoria da educação, reforma da educação.

cos acontecidos durante el siglo XX han contribuido al descrédito de las grandes narrativas de la modernidad; pero fundamentalmente se han derruido por su propia insuficiencia.1 No afirmó finalmente Lyotard (1987) que no pudieran existir relatos creíbles, o sea, miles de historias, pequeñas o menos pequeñas, que prosigan tejiendo la trama de la vida cotidiana. Lo postmoderno se le aparece a Lyotard como algo de enorme alcance moral en lo que es preciso ahondar. Es menester profundizar en la relación existente entre la condición postmoderna y la crisis de las grandes narrativas legitimadoras de la modernidad, puesto que hay que tener presente que la función de esas metanarrativas es impedir, mediante la opresión cultural y el miedo intelectual, la posibilidad de desarrollar y ejercer los individuos su capacidad

n su informe sobre el saber en las sociedades avanzadas –encargado por el Gobierno de Quebec–, que finalmente fue publicado en París dando lugar a su proverbial obra La condition post-moderne. Rapport sur le savoir, de 1979, Lyotard nos dejó dicho que el nuevo estatuto del conocimiento, alterado durante el siglo XX, era el determinante estructural del mundo postmoderno. En nuestro tiempo, nos dice Lyotard, ya no es posible legitimar el conocimiento invocando grandes narrativas al estilo de la ideada por los ilustrados del Siglo de las Luces sobre la emancipación del hombre mediante la razón. “El gran relato ha perdido su credibilidad, sea cual sea el modo de unificación que se le haya asignado: relato especulativo, relato de emancipación” (Lyotard 2008, 73). Esas metanarrativas, existentes en todas las culturas, procuran presentar una visión integrada del mundo legitimadora de formas de vida coherentes con ella. Tales narraciones son del pasado, ya no se cree en ellas. Los grandes relatos se han hecho poco creíbles, no tanto porque haya aparecido otro metarrelato sobre la crisis de los grandes relatos, sino porque éstos se han desvanecido por su propia falta de solidez, generando un abismo entre ellos y nosotros. Los grandes cambios técnicos, políticos, militares y económi-

1 Auschwitz creó un abismo que nos separa de la idea de los derechos humanos, pero también la decepción del marxismo contribuyó a generar fracturas que asimismo nos separaron de la idea de los derechos de los pueblos o del concepto especulativo de la dictadura del proletariado. Esta decepción se concreta, para Lyotard, en Budapest y en la región de Kolyma. Respecto de la primera, conviene recordar que el autor, como Jean Baudrillard, formó parte de “Socialisme ou Barbarie”, grupo político de la izquierda crítica conformado por intelectuales franceses, iniciado en 1956 durante las revueltas en Hungría en oposición al estalinismo del comunismo soviético. Y en lo referente a la región de Kolyma, situada en el lejano oriente ruso, y que debe su nombre al río que la atraviesa, no debemos olvidar que bajo el régimen de Stalin se convirtió en zona de campos de trabajo Gulag, donde murieron centenares de miles de personas y en donde fueron recluidos muchos académicos e intelectuales bajo la represión y crueldad del poder soviético, dado a conocer en Occidente sobre todo a partir de Archipiélago Gulag, de Aleksander Solzhenitsyn (1974).

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de disentir, de discrepar. De aquí el alcance moral de la condición postmoderna, más allá de la tecnología e incluso del conocimiento en sí mismo.

crítica postmoderna.2 Posiblemente, ha llegado la hora de nuevas propuestas emancipatorias para la educación, sobre las ruinas de la implacable crítica postmoderna.

Un nuevo orden emerge en nuestro mundo, sobre los cimientos del informacionalismo, una nueva estructura social constituida a partir de tecnologías electrónicas de la comunicación, redes sociales de poder. Pero la diferencia no radica, como afirma Castells (2006), exclusivamente en la tecnología, sino en la estructura social en red y en el conjunto específico de relaciones implicadas en la lógica en red. Este nuevo orden, postradicional, asume el riesgo desde el valor de la contingencia, impuesto de alguna manera por los mecanismos de desenclave institucional, a los que se ha referido Giddens (1990). Ningún aspecto de nuestras actividades se atiene a una dirección predeterminada, todos podemos vernos afectados por sucesos contingentes. Por su propio dinamismo reflejamente activado, la conducta humana en el mundo actual tiene un carácter predominantemente “contrafáctico”. En un orden social postradicional, sujetos y comunidades disponen de una serie indefinida de posibles actuaciones, con sus consecuentes riesgos. La elección de una alternativa, entre las muchas posibles, se convierte finalmente en un problema de selección entre “selves posibles”, entre “mundos posibles” (Bernal 2009). La vida en la sociedad postmoderna hay que entenderla desde la perspectiva de la apreciación cotidiana de condicionales contrafácticos. O sea, desde la contingencia y la incertidumbre que conlleva toda existencia individual, y también colectiva, en el mundo de hoy.

La crisis del proyecto emancipatorio ilustrado Hace más de cien años, Nietzsche esperaba con expectación la emergencia de un superhombre (Übermensch) que fuese capaz de parar el nihilismo que crecía imparablemente en Occidente. Sin embargo, lo que apareció fue un supermundo (Überwelt) para el que el individuo quedaba reducido a algo insignificante. Todos los regímenes totalitarios contemporáneos han reprimido con mayor reciura y dureza que nadie las resistencias parciales a la dictadura del Todo. Pero con las democracias no ha cesado la presión normalizadora. Más sutilmente, la presión hacia una narrativa uniforme y colectiva no parece encontrar obstáculos firmes. A la sociedad industrial, moderna, le ha sucedido una sociedad postindustrial, donde la amenaza de la normalización global, con la ayuda de las últimas tecnologías, parece creciente (Pinillos 1997). Precisamente, cuando las sensibilidades parecen más unificadas por el impacto del desarrollo tecnológico, es cuando las tesis del postmodernismo adquieren mayor tozudez, cifradas en el pluralismo, en la ambigüedad del ser y la experiencia, que pueden decirse de muchos modos. Lejos de cualquier tentación fundamentalista, el postmodernismo propugna el pluralismo, la diferencia, la heterogeneidad de perspectivas, la casuística, las pequeñas historias (la “microhistoria”) ignoradas por la modernidad. La condición postmoderna se compadece mal con una historia universal, originada y

Recientemente, se ha referido a estos cambios Alain Touraine (2005). Al inicio de la modernización, Occidente describió y pensó la realidad social en términos políticos (desorden, orden, rey, nación, pueblo, revolución); es lo que el filósofo francés ha caracterizado como paradigma político. Con la Revolución Industrial, el capitalismo se emancipó del poder político, y se pasó a pensar y actuar en nombre de un nuevo paradigma económico y social: clases, riquezas, desigualdades y redistribución. En nuestra época, con la globalización, cada uno de nosotros, inmerso en la producción y en la cultura de masas, se esfuerza por salir de ellas y construirse como sujeto de su propia vida; se ha producido un cambio determinante, ahora simbolizado por el paradigma cultural. “No hay sujeto si no es rebelde, dividido entre la cólera y la esperanza” (Touraine 2005, 129).

2 Ha habido marxistas que han rechazado el postmodernismo como verdadero fenómeno cultural o intelectual, por no ser sino un síntoma de la frustración política y de la movilidad social del capitalismo tardío (Callinicos 1989), o por considerarlo una etapa más de la compresión del tiempo y el espacio, debida a la acumulación de capital (Harvey 1989). Pero también se han realizado críticas severas a los supuestos básicos del marxismo, al hilo de las implicaciones culturales del postmodernismo (Laclau y Mouffe 1985, 1990). La miríada de transformaciones sobrevenidas en la historia reciente (descolonización, ecologismo, feminismo, guerras étnicas, movimientos diferenciales reivindicativos, etc.) ha cuestionado radicalmente las evidencias constitutivas del marxismo. Diferentes tesis marxistas han podido caer en obsolescencia (Smart 1993): el supuesto de que la clase social es un determinante primario de la identidad social y de las relaciones humanas; la prioridad atribuida a la economía como factor explicativo; la marginación relativa de los factores no económicos; la metáfora de la superestructura; la asignación de una misión histórica privilegiada a la clase obrera; considerar el socialismo el objetivo incuestionable de la política; y dar por supuesta la existencia de un marco de referencia que haga comprensible el desarrollo social e histórico de la humanidad.

La perspectiva postmoderna de la educación no se acomoda en los moldes de las viejas aspiraciones emancipatorias ilustradas (Kemmis 1999-2000). La pedagogía crítica, señalada defensora de los ideales emancipadores modernos, se ha visto sacudida en sus cimientos por la

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contada por Occidente. En el mundo postmoderno, la totalidad ha cedido a las partes, el mundo ya no tiene centro, la diferencia se ha situado en el núcleo mismo de la identidad. Desde la perspectiva postmoderna, se reclama la atención hacia las relaciones de poder en el nivel micropolítico. En lugar de una epistemología de la fundamentación, se reivindica un contextualismo. El confort racional trinitario (metafísico, epistémico y moral) es deconstruido, poniéndose de manifiesto las falsas certezas y pseudoseguridades modernas (Rorty 1998). La deconstrucción trata de poner en claro, mediante la interpretación y la crítica correspondientes, las estructuras privilegiadas de poder en cualquier dominio discursivo. Se trata de cuestionar las oposiciones heredadas y subvertir los tópicos reinantes, mostrando sus relaciones binarias constitutivas, poniendo de relieve lo que marginan.

cedimiento a través del cual fuese posible aliviar la psicosis de eficacia que la atravesaba. Para Habermas, la emancipación del hombre llega a través de un proceso que abarca desde el consenso transitorio hasta el consenso definitivo y último.4 Consenso, ése era el elemento clave de la praxis humana. La filosofía social de Habermas dio a la razón el giro lingüístico pertinente, a la altura del tiempo, buscando su integración en una idea actual de sociedad, o sea, democrática. Una razón, acción, comunicativa propiciaría mediante un debate, un diálogo de argumentos, el acceso a un consenso universal. Se planteaba así un acuerdo entre seres humanos definidos como racionales y libres, un consenso capaz de ordenar racionalmente el mundo en libertad. No se trataba de que el consenso fuera un complemento de la razón teórica, Habermas consideró que el consenso era necesario para la racionalidad moderna, puesto que su ausencia generaría una insatisfacción, teñida en el fondo de irracionalidad e incluso de espíritu antidemocrático. De este modo, el pensador alemán condicionó la verdad al acuerdo, y no el acuerdo a la verdad.

Consenso versus disenso. Dos modos de “emancipación”: la polémica entre Habermas y Lyotard o una encrucijada de nuestro tiempo

Por supuesto, Habermas sabía que el consenso empírico a que pueda llegar cualquier grupo de políticos no tiene garantía alguna de verdad. Tampoco ignoraba que los diálogos entre los seres humanos no se ajustan a la formulación de su situación ideal de habla. Lo que propone es que los participantes busquen un consenso racional, en una situación ideal de habla, mediante un diálogo en el que se dejen llevar sólo por la fuerza no forzada del mejor argumento. Esa situación no existe en la realidad, sólo es imaginaria, pero el filósofo alemán insiste en su valor como modelo para orientar la acción comunicativa humana hacia un consenso universal. El acierto de Habermas radicó en pensar que la razón instrumental, carente de referencia moral a la finalidad de su actuación, queda en manos de la voluntad de dominio; una racionalidad comunicativa sería una racionalidad abierta, sometida al

Grosso modo, Habermas intentó neutralizar el sesgo instrumental que había contraído la razón durante el proceso de la modernización.3 Trató de hallar un pro-

3 La Teoría Crítica, en sus inicios, al analizar las relaciones entre el capitalismo liberal y la Ilustración francesa, elaboró un discurso adverso para la civilización industrial. Adorno y Horkheimer (2003), los autores de La dialéctica de la Ilustración, trataron de convencer a Habermas de que la modernidad, con su obsesión por las técnicas de control, había transferido la voluntad de dominio de la naturaleza al dominio de la sociedad y del individuo. Sin embargo, el joven Habermas, en los primeros momentos de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, no compartía con Horkheimer y Adorno la misma idea crítica, a su juicio excesiva, sobre la Ilustración. Habermas pensó que el declive del mundo moderno no era atribuible tan nítidamente a la Ilustración, incluso creyó que el proyecto ilustrado de la modernidad estaba destinado a orientar el futuro cultural de Occidente. No es que Habermas ignorase el poder de la nueva tecnoeconomía que parecía adueñarse paulatinamente del mundo; el tejido económico y político del planeta se veía influido cada vez más claramente por las multinacionales, los mass media, las industrias de la cultura, la burocracia y las nuevas tecnologías. Jürgen Habermas detestaba vigorosamente el declive moral de la civilización industrial, pero pensaba que el porvenir de la cultura occidental pasaba imperiosamente por el proyecto ilustrado, aunque en el seno mismo de la civilización industrial existieran gérmenes de una contra-modernidad reaccionaria. El proyecto de la Ilustración era un proyecto inacabado, que quizás precisara revisión, pero nunca repulsa. Ese proyecto contenía la clave de la emancipación de la humanidad. Y esto era un tesoro irrenunciable. La Teoría Crítica originaria sintoniza con el postmodernismo en la crítica al decurso de los ideales ilustrados, pero se aleja del mismo en su recurrencia también al Todo para proponer alternativas. El marxismo ha sido seguramente la más importante contestación a la razón instrumental y sus consecuencias, pero su réplica se ha

realizado también con categorías “modernas” de pensamiento. El marxismo ha sido asimismo una metanarrativa moderna. 4 En su reconstrucción del materialismo histórico (Habermas 1981), su teoría de la evolución social trataba de eludir tanto el empirismo como el trascendentalismo. El consenso no podía ser puramente sociológico o psicológico, pero tampoco dejaba de serlo completamente, puesto que la “acción” comunicativa hace referencia a los niveles empíricos. Por lo demás, el consenso, para que fuese puro, requería un planteamiento trascendental, pero tampoco Habermas (1987) quería que lo fuese plenamente, puesto que conllevaría caer en el platonismo. Creyó encontrar en el lenguaje la solución a la búsqueda del lugar epistemológico ideal, para eludir los riesgos del empirismo y del trascendentalismo. Al final, la legitimidad de toda afirmación radica en su contribución a la emancipación de la humanidad, mediante la regularización del sistema lingüístico, de los juegos de lenguaje.

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orden democrático, donde la totalidad podría cuestionar libremente las afirmaciones y pretensiones de todos, hasta llegar a un consenso racionalmente aceptable.

sentido del término: literatura, pintura, arquitectura…– lo que todo el mundo conoce, lo que todo el mundo piensa, lo “legible”, todo aquello que puede cambiarse para transformar la opinión general. Inscribiendo la crítica textual en prácticas sociales, las formas de relaciones sociales conflictivas pueden tratarse como textos materiales listos para la deconstrucción.

Para Lyotard, la emancipación se logra perpetuando el disenso, dudando siempre de la verdad de nuestras representaciones, a través de una agonística permanente capaz de poner de manifiesto el carácter contingente y local de todas esas representaciones. Una verdad “ideal”, al modo de la propuesta por Habermas, no constituye “a priori” alguno, no es ninguna idea regulativa de la razón; según Lyotard, el consenso acordado por un sujeto colectivo, no trascendental, nunca puede alcanzar el nivel de universalidad necesario para justificar la exclusión apriorística de otros juegos lingüísticos. En el fondo, Habermas y Lyotard mantuvieron diferentes versiones sobre la posibilidad de alcanzar un consenso verdaderamente libre de toda presión, ya sea consciente o inconsciente. La razón comunicativa, para Lyotard, no es más que una nueva narrativa, una versión distinta del mito de la razón emancipatoria incubado en la Ilustración. Un mito en el que ya no es posible creer. El consenso introduce, furtivamente, restricciones del juego de las diferencias que la postmodernidad ha reclamado abiertamente. El disenso es una protección de las diferencias individuales.

El “renacimiento” del sujeto. Una nueva mirada social El pensamiento social, derivado de los procesos de modernización y postmodernización, al margen de una imagen esencialista o fragmentada del sujeto, ha terminado por configurar, en líneas generales, unas representaciones de la vida social circunscritas a la búsqueda racional del interés o del placer y al cumplimiento de las funciones necesarias para la vida social, con la finalidad de mantenerse y evolucionar. En el cumplimiento de tales propósitos, se disipa la construcción libre y responsable del individuo por sí mismo. Sin embargo, bajo la presión despersonalizadora del mundo globalizado, emergen por todas partes voces que reclaman un lugar propio, un espacio para ser, un ámbito para el retorno de palabras e ideas que acaso habíamos creído definitivamente periclitadas. El espíritu comunitario reaparece en todas su formas, con sus mejores y peores versiones; los aparatos sociales y culturales ya no pueden enmarcar todos los aspectos de la experiencia vital. Vamos reconociendo las diferencias y respetando a las minorías. La legitimidad moral, la delimitación del bien y del mal, ya no parecen proceder tanto de las instituciones como de los propios individuos y grupos humanos. Éstos se tornan portadores del derecho a ser reconocidos y respetados más allá de la ley, de toda norma elaborada por las instituciones. Esta demanda frecuentemente adopta una forma comunitarista, pero más a menudo no hace sino reivindicar el derecho del individuo a vivir conforme a su imagen de sí mismo, es decir, a su libertad y su responsabilidad. Frente a la conciencia de las reglas, de las normas y de las exigencias de los sistemas en los que se vive y se actúa, adquiere renovado empuje la reivindicación de la conciencia de sí, que invoca el “renacimiento” del sujeto, o sea, de la idea de sujeto.

Un postmodernismo “crítico” no abandona la crítica transformadora de la cultura. El último Lyotard, más allá de refugiarse en la ironía intelectual, nos advirtió de que todo el proceso de producción, difusión, distribución y consumo de los bienes culturales pudiera ir encaminado a la transformación de la cultura en una industria. Si eso sucediera, ya no quedaría nadie para poder realizar una crítica cultural con los suficientes grados de libertad y de independencia. Su empeño en la necesidad de “reescribir la modernidad”, como nos legó en su L’Inhuman: Causeries sur le temps (Lyotard 1988), es una invitación enérgica al fomento de la creación personal y a la “reescritura” de las cosas. La claridad de este propósito lo hizo finalmente preferir hablar de “reescribir la modernidad”, antes que seguir enunciando los vocablos “postmodernismo” o “postmodernidad”. A fin de cuentas, la denominada postmodernidad no es tanto una nueva edad, como la reescritura de la Edad Moderna. Contrariamente al totalitarismo estructural que Baudrillard (1996) encuentra en la potenciación de las nuevas tecnologías con la creación de una hiperrealidad, de una enorme red de simulacros, Lyotard encuentra una rendija para la resistencia: la reescritura. Reescribir significa resistir a la escritura de la supuesta postmodernidad, resistir al mundo del concepto, de la predicción y del progreso asumido por las nuevas tecnologías. Se trata de reescribir –en el amplio

No se trata de una mera ruptura de los lazos sociales, ni tampoco de rendirse a las incitaciones del mercado. La emergencia de los fenómenos de subjetivación, de construcción del sujeto, supone ante todo la firme defensa de los derechos de cada persona sobre todas las formas posibles de integración social. El derecho de cada individuo

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a ser un sujeto significa reconocerlo como un actor que pretende por encima de cualquier cosa crear una relación libre consigo mismo, más que integrarse en una colectividad. Aunque esta aspiración despierte recelos por doquier,5 porque, como escribiera George Orwell (1945) a finales de la Segunda Guerra Mundial, si la libertad significa algo, es el derecho de decirles a los demás lo que no quieren oír. En este sentido, la socialización y la conciencia colectiva inspiran desconfianza a Alain Touraine (2005), puesto que si todo individualismo deviene en comunitarismo, el peligro de la uniformidad y de la despersonalización no hace sino aumentar alarmantemente. Por eso, el eminente pensador francés ha propuesto un nuevo enfoque para la sociología, apartado de definiciones centradas en el estudio de los sistemas sociales y sus funciones: hoy, la sociología debe definirse “como el estudio de las luchas de los actores sociales para defender sus libertades y sus derechos, en la medida en que son sujetos” (Touraine 2009, 247). Lo crucial, por tanto, es que la unidad de los comportamientos humanos no sea impuesta por una particular cultura o por la especificidad de una determinada sociedad, sino por la construcción de cada persona como sujeto, siendo un ser particular al mismo tiempo que portador de derechos universales. En la dependencia de las mujeres, el rechazo de las minorías –étnicas, religiosas, culturales o sexuales– y las dificultades de los jóvenes en la escuela y en su vida personal encuentra Touraine los ámbitos de la vida social en los que la inversión del pensamiento social halla campos de aplicación, invocando ideas, sentimientos y políticas capaces de cambiar la vida personal y colectiva de todos.

entre los burócratas. De estos males nos advirtió Russell, antes del advenimiento de la sociedad postindustrial: “el primero es actualmente el mayor; pero si el primero fuera eliminado, el segundo se haría aún mucho más grave” (Russell 2004, 296). La profecía de Russell no deja de inquietarnos cuando pensamos en el turbador paisaje de nuestro mundo globalizado, después de que nos hayamos apercibido de la pérdida de sentido de las categorías “modernas” de la acción colectiva, particularmente de los partidos y de las ideologías políticas, como ya reflejó magistralmente Lyotard. Por otra parte, los análisis de Baudrillard sobre la sociedad del “simulacro”, donde los signos, sin querer “decir nada”, salvo remitirse exclusivamente a sí mismos, ejercen un atractivo en progresión creciente –la pornografía, por ejemplo, prolifera sin que suponga ni algún significado particular ni liberación alguna–, ayudan a esclarecer una situación confusa y peligrosa, puesto que está en juego nuestra inteligencia de la realidad y sobre nosotros mismos. Posiblemente, las instituciones ya no sean la arquitectura del Estado, como lo fueron en otras épocas. Tal vez las situaciones y acciones sociales ya no deban ser juzgadas por su funcionalidad social, sino por su función dentro de la libertad y creatividad del sujeto personal. Así que las instituciones han de proteger a los individuos y colectividades en cuanto sujetos, de manera que si éstos son amenazados, dichas instituciones deben ser controladas y reformadas. Las posibles amenazas que sobrevendrían a una vida social organizada alrededor de los sujetos personales (individuales o colectivos), sintetizadas en desviacionismos y trampas que beneficiarían a los más protegidos y perjudicarían a los más desfavorecidos, han sido contundentemente contestadas desde la propia sociología: “la experiencia de los sociólogos ha demostrado que a menudo quienes están dominados poseen una conciencia aguda de lo que soportan, mientras que los poderosos y los ricos se identifican en exceso con sus roles sociales, con sus intereses y sus ideologías, lo cual les impide cobrar conciencia de lo que son para los demás y para sí mismos” (Touraine 2009, 227).

Cuando Bertrand Russell se preguntó por las posibilidades de alcanzar una mayor armonía entre la individualidad y la ciudadanía en el mundo, aventuró que los efectos perjudiciales de los factores políticos sobre la educación tienen dos fuentes principales. Una, cifrada en que los intereses de un grupo determinado se pongan por encima de los intereses de todos; otra, que se dé una fuerte tendencia a la uniformidad tanto en el grupo social como 5 No hay mejor modo de avivar el espíritu fagocitario de la comunidad que la diferenciación. En su obra maestra La perla, una exquisita epopeya de humildes pescadores donde se despliega toda una filosofía de la existencia, John Ernst Steinbeck dijo: “Es maravilloso el modo con que una pequeña ciudad mantiene el dominio de sí misma y de todas sus unidades constitutivas. Si uno cualquiera de sus hombres, mujeres o niños actúa y se conduce dentro de las normas preestablecidas, sin quebrantar muros ni diferir con nadie, no hace arriesgadas experiencias en ningún sentido, no enloquece ni pone en peligro la estabilidad y la paz espiritual de la ciudad, entonces tal unidad puede desaparecer sin que vuelva a oírse nada de ella. Pero en cuanto un hombre se aparta un poco de los caminos tradicionales, los nervios de toda la comunidad se estremecen y ponen en contacto estrecho a todas las demás células” (Steinbeck 1982, 77).

Ante el desfile contemporáneo de artificios, objetos e ideologías, surgen relevantes actores que ya no pueden definirse estrictamente como “sociales” y que elaboran tenazmente su capacidad de resistencia y de libertad. Tales actores ya no quedan determinados dentro de los márgenes de las normas y de los mecanismos sociales, sino claramente con su construcción como personas. Esta acción liberadora permanece receptiva a todos los elementos naturales, culturales e históricos que puedan contribuir a la construcción personal. Como ha reflejado

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Giddens en sus diversos análisis sobre nuestra época, el factor que está generando por sí mismo una evolución es el nivel de acción de la sociedad sobre sí misma. Hemos ido apelando cada vez más a nosotros mismos como principio rector de nuestra existencia. “Junto con el reconocimiento de la pluralidad de nuestras identidades y sus diversas implicaciones, existe una necesidad críticamente importante de ver el papel de la elección al determinar la importancia de identidades particulares que son ineludiblemente diversas” (Sen 2007, 26-27). Touraine lo resume así: “la voluntad de ser uno mismo, de crearse y defenderse como individuo con todas sus raíces y todas sus ramas, pero ante todo con una conciencia de árbol, es el único principio que hoy día puede guiar nuestras conductas, y permitirnos distinguir el bien del mal” (Touraine 2009, 231). Frente a la “demonización” de lo diferente, Martha Nussbaum (2009) reclama la imaginación ética, la capacidad de ponerse en la piel del otro, la habilidad para imaginar vidas diferentes y, particularmente, para hallar que, por encima de lenguas, ropajes y rituales distintos, hay personas cuya dignidad y cuyo derecho a la igualdad deben preservarse por encima de todo. Existe un componente “individualista”, puesto que se propugna la autoafirmación, el derecho de todo ser humano a tener sus derechos, a poder expresarse como un “yo”; pero, al mismo tiempo, hay un componente “universalista”, lo que significa que los derechos del hombre deben defenderse en todos los frentes y por todo el mundo. ¿Un modo de escapar del vacío que dejó la crítica postmoderna?

emerge más vigorosamente que nunca. El sujeto sabe que depende de sí mismo, afirmándose la idea de que posee derechos que deben aplicarse a todos y que a todos delimitan los nuevos escenarios morales. La “política de la vida” que ha defendido Giddens (1997) alude a cuestiones políticas que derivan de procesos de realización del sujeto en los contextos socioculturales actuales, donde hay una interrelación estrecha y profunda entre lo universal y lo personal, entre los procesos de realización del yo y su influencia en las estrategias globales. Esta política de la vida que puede considerarse una política de opción, se encuentra vinculada íntimamente a una política emancipatoria sin la que no tendría sentido, puesto que una política unida al valor de elegir implica necesariamente la posibilidad de liberación de las trabas tradicionales y de las condiciones de dominio jerárquico. La fuerza emancipatoria no radica hoy en la capacidad para explicar hechos sociales a partir del estado de un sistema económico, tampoco en un pensamiento que recela de cualquier intervención voluntarista para dejarlo todo en manos de los mecanismos adaptativos de los mercados. Los relatos ideológicos de la modernidad se encuentran alejados de arrojar luz sobre las conductas reales de nuestro tiempo. La interpretación de nosotros mismos puede y debe realizarse como un imaginario de actores sociales que no están determinados externamente por las lógicas impersonales de los mercados, del cambio tecnológico o de los horrores que infortunadamente hemos sido capaces de crear en cualquier parte del planeta. Se trata del reconocimiento del sujeto, es decir, de la construcción de la conciencia frente a la no conciencia. Aquí nos jugamos nuestro destino.

Anhelamos ser amos de nuestras vidas, aunque ello conlleve fracasos y caídas. Porque no ser esclavos de nadie es el destino que queremos forjarnos, el último reducto que nos dignifica. Se busca sentido, entre la rebeldía y la esperanza, entre la ira y la confianza en un mañana mejor. La crónica del yo busca su hilo de Ariadna en un mundo donde el riesgo es un factor omnipresente, donde el ruido y la furia amenazan con el caos y el fin de nuestra civilización. Pero ya no nos conformamos con definiciones abstractas de nosotros mismos, ancladas en el Siglo de las Luces, sino que buscamos la afirmación de nuestros derechos políticos, pero sobre todo sociales y culturales. Seguramente, ningún cambio material, político o social ha tenido una importancia tan considerable como la posibilidad real de volvernos sobre nosotros mismos en que ha derivado este proceso de postmodernización o de modernización tardía, que nos ha situado críticamente entre nuestras necesidades y nuestros derechos. A la postre, las culturas únicamente importan si les importan a las personas (Appiah 2008). Nos encontramos así, paradójicamente, con que en la sociedad misma donde se ha proclamado hasta la saciedad la muerte del sujeto, éste

Sentido de una pedagogía emancipatoria hoy El impacto de la crítica postmoderna en el pensamiento pedagógico emancipatorio contemporáneo Con claras influencias de Foucault y de Derrida, Cleo Cherryholmes (1999) ha tratado de deconstruir las prácticas discursivas en educación. Cherryholmes deconstruye las narrativas de los libros de texto, la disyuntiva entre teoría y práctica, los discursos de la investigación y la validez y la narrativa curricular. La búsqueda de una respuesta definitiva en cualquiera de estos ámbitos consiste en una práctica social extemporánea; únicamente queda

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cierto pragmatismo “crítico” y la esperanza de cierta liberación. En fin, la “estrategia deconstructiva” puede ofrecernos la posibilidad de perturbar la estabilidad de los discursos y prácticas asentadas, revelando que no nos cuentan una sola historia ni tienen una única interpretación. No se trata de desestabilizar el discurso por el mero hecho de complacernos en la perturbación producida, sino de adquirir mayor sabiduría sobre la realidad de los fenómenos educacionales y, finalmente, alejarnos del peligro de la conformidad.

deben ser extendidas y ampliadas por el postmodernismo. Ésta es la base del “postmodernismo de resistencia” o “pedagogía de los límites” a los que se han referido McLaren (1997) y Giroux (1992). Ante la crisis de la teoría crítica, acelerada por la postmodernización y por ciertos eventos simbólicos, como la caída del poder soviético, algunos autores se han deslizado hacia las interpretaciones foucaultianas6 en el campo de la educación. Popkewitz y Brennan (2000), por ejemplo, han interpretado el currículum como una tecnología de gobierno –gobernabilidad llama Foucault al contacto entre las tecnologías de dominación de los demás y las referidas a uno mismo– de los individuos, una forma de organizar las experiencias de conocimiento con el propósito de producir determinadas figuras de subjetividad. Las ciencias sociales se han constituido como reguladoras de la vida de los individuos, puesto que en realidad son “juegos de verdad” específicos, relacionados con técnicas específicas que los hombres utilizan para entenderse a sí mismos. Estas ciencias, como la pedagogía, devienen en “tecnologías del yo”, que permiten a los individuos efectuar, por sí mismos o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su espíritu, obteniendo así una transformación de sí mismos. Estas tecnologías están asociadas “con algún tipo particular de dominación” (Foucault 1990, 48). Se trataría de desvelar cómo se han construido social e históricamente las maneras que tenemos de razonar sobre la educación, por qué consideramos los problemas educacionales del modo en que lo hacemos, por qué nos formulamos determinadas preguntas y no otras.

Algunos autores adscritos a la perspectiva crítica consideran que los nuevos análisis hay que realizarlos desde la plena asunción de nuestra condición postmoderna. Se trataría de construir una educación emancipadora capaz de legitimar la condición postmoderna de la cultura de masas, tratando de ayudar a la crítica y la trascendencia de las actuales condiciones de opresión cultural (McLaren 1997). La idea apriorística de la razón y su carácter absoluto es una de las críticas más nítidas que se han hecho al tradicional pensamiento iluminista. Frente a la universalidad, los postmodernistas arguyen los determinantes locales del pensamiento y la acción, mostrando que lo racional siempre es contingente y falible, relativo a las coordenadas de espacio y tiempo. La idea esencialista de un sujeto autónomo y racional, previa a la historia y a las condiciones y formas particulares de vida, también ha sido rechazada por el postmodernismo, que ha formulado la imagen de un yo descentrado, mediado y constituido por el discurso en una particular comunidad cultural e histórica. La fundamentación epistemológica moderna que distingue un sujeto cognoscente y un mundo objetivo “conocido” también ha caído con el pensamiento postmoderno, puesto que el sujeto siempre está situado en un marco conceptual y textual, en el seno de una tradición determinada. Se concluye así que el sujeto cognoscente moderno, aislado de condicionantes, desinteresado y objetivo, no es más que un mito de la modernidad (Carr 1996).

Opuesto a la teoría tradicional del conocimiento, el pensamiento feminista reivindica una epistemología específica y propone la defensa de una metodología distintiva, donde la narratividad y la biografía adquieren una particular relevancia. El pensamiento moderno se materializa en 6 Más próximos a la crítica genealógica nietzscheana que a la crítica social marxista, los análisis del segundo Foucault sobre el saber, el poder y la subjetividad, tratando de averiguar las trazas micropolíticas que nos constituyen como sujetos, han tenido un notable impacto en el mundo educativo. Con la intención de clarificar la trilogía antes mencionada, el filósofo francés realizó una historia genealógica de los diversos discursos constitutivos de distintas áreas del saber de los hombres acerca de sí mismos: economía, biología, psiquiatría, medicina y penología. Intentó mostrar cómo cada sociedad ha tenido una política o “régimen” de verdad. Analizando los mecanismos discursivos y las correspondientes condiciones de existencia, Foucault (1981) puso de relieve la fragilidad de lo que en cada momento se tejió y formó como “verdad”. El análisis genealógico foucaultiano no es la historia del pasado, sino más bien la escritura de la historia del presente, una determinada ontología histórica de nuestra constitución como sujetos. Los discursos, “saberes”, existentes articulan el pensamiento, el lenguaje y la acción de los sujetos.

Aunque hablemos de dos discursos ideológicamente diferentes, algunos autores como Giroux o McLaren han defendido la posibilidad de establecer una relación dialéctica entre modernidad y postmodernidad, entre el discurso ilustrado de la emancipación y el discurso postmodernista de crítica de la modernidad. Giroux aspira a que el postmodernismo contribuya valiosamente a la concepción de la educación como una forma de política cultural, combinando las proposiciones teóricas más significativas del postmodernismo con los elementos modernistas estratégicos que coadyuven a una política de democracia radical. Las reivindicaciones más democráticas del modernismo

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una “política de la igualdad”, en coherencia con los ideales emancipatorios ilustrados; el feminismo, en cambio, se vincula a los nuevos movimientos sociales e ideales postmodernos, apuntando hacia una “política de la diferencia”. El movimiento de las mujeres, especialmente en su fase más reciente, la constituida después del triunfo jurídico e ideológico de la generación anterior, se ha edificado fundamentalmente sobre el papel capital asignado a la sexualidad en su construcción como mujeres (Touraine 2005). El género se convierte, para el feminismo, en un principio organizador básico, condicionante de la vida y la educación. A través del género pueden analizarse estructuras y mecanismos de dominación, mediante la reflexión crítica oportunamente suscitada (Castellanos 2005). La reconstrucción feminista del mundo, por que abogan célebres autoras representativas de este enfoque, pasa por cuestionar radicalmente los modos heredados de hacer e investigar en educación (Gore 1996). La “ética del cuidado” (“ethics of care”), impulsada por Carol Gilligan, está fundada en la solicitud por el otro, en la alteridad como valor axial, y ha sido reclamada como propia de la sensibilidad de las mujeres –que privilegian los vínculos con los demás, las responsabilidades en el cuidado por encima del cumplimiento abstracto de deberes y del ejercicio de derechos–, frente al formalismo, más propio de los hombres (Gilligan 1985). Tal ética no se formula como un proyecto sólo para mujeres, claro está, sino como un modelo educacional alternativo de hondo calado. Más allá del imparcial principio de justicia, propio de la línea del desarrollo moral impulsada por Kohlberg, una ética del cuidado apuesta por la simpatía, el afecto y la compasión por el otro. Más allá de una educación centrada en el rigor académico, desde la corriente feminista se ha proclamado la necesidad de “cuidar” de los niños, es decir, desarrollar en ellos la capacidad de preocupación por el otro, de solicitud por el otro (Noddings 1992). La narratividad, como expresión de la relación educativa, se opone así al imperio de la racionalidad técnica, al triunfo de la performatividad en los escenarios formativos.

El retorno de la idea de sujeto, después de la crisis positivista y estructuralista, se refleja en el desarrollo que ha experimentado en los últimos años la investigación biográfico-narrativa en el campo de las ciencias sociales. Es lo que algunos autores han denominado el “síntoma biográfico”, como fenómeno que conforma una caracterización o síntoma de época. La investigación biográfico-narrativa aparece como un potente instrumento particularmente adecuado para la incursión en el mundo de la identidad, de la vida cotidiana, en los procesos de comunicación, identificación y reconstrucción personal y cultural. En este sentido, algunos autores han hablado de la investigación biográfico-narrativa como una perspectiva epistémica propia, una manera legítima de construir conocimiento en la investigación social y educativa, y no sólo como una metodología de recolección y análisis de datos (Bolívar, Domingo y Fernández 2001). La investigación biográfico-narrativa trata de otorgar toda su relevancia a la dimensión discursiva de la individualidad –en cuanto condición necesaria del conocimiento social–, a las formas en que los seres humanos experimentan y proporcionan significados al “mundo de la vida” a través del lenguaje. El actual auge de la narratividad en la configuración de la identidad, puesto de manifiesto en un buen número de investigaciones sobre el profesorado, sobre el currículum o sobre diversas dimensiones de los estudiantes, obedece al protagonismo renaciente del sujeto en medio de nuestra condición postmoderna. Un sujeto que, después de la crítica postmoderna, tal vez no sea una esencia, pero tampoco un fantasma, una pura ficción.

Después de la crítica postmoderna. Hacia la subjetivación de las prácticas educacionales Después de sus críticas, la postmodernidad nos abre las puertas hacia nuevos niveles de sabiduría, sintetizados tal vez en la reconciliación con la idea de que la complicación del predicamento humano es algo permanente. Ya no esperamos encontrar la fórmula última y universal para una vida sin ambigüedad, sin riesgo, sin peligro y sin error. Y si alguien lo promete, inmediatamente sospecharemos de esa promesa. La incertidumbre y la contingencia se han convertido en categorías antropológicas de nuestra época. Desde ellas se han de realizar las propuestas pedagógicas emancipadoras actuales.

Hay quien, como Lather (1992), no encuentra viable ni deseable la síntesis entre el discurso postmodernista y el modernista. Más bien piensa que la crítica postmoderna al discurso ilustrado de la emancipación lo desestabiliza radicalmente y provocará hondas repercusiones en la educación. La perspectiva postmoderna considera que la teoría crítica es un producto típicamente moderno, al subrayar la racionalidad de las prácticas sociales y la autonomía del sujeto. Es necesaria una profunda revisión para repensar la identidad personal, desdeñada generalizadamente en los modos de racionalidad moderna.

Como ha dicho Bruner (2000, 10), “no sólo de pan vive el hombre”, ni sólo de matemáticas, ciencias y nuevas tecnologías. Se trata, fundamentalmente, de crear un

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mundo que dé sentido a la vida, a los actos humanos, a las relaciones humanas. Se trata, en fin, de realizar una labor de ayuda a la emancipación progresiva de los educandos: “Si la educación no se piensa para conferir libertad, nuestro esfuerzo quedará reducido a un vulgar ejercicio de instrucción o replicación de técnicas esporádicas, doctrinas, mitos y creencias” (Toro 2004, 124). Se hace cada vez más preciso combatir, dentro de los propios sistemas educativos, los poderes económicos y mediáticos, que tratan de someterlo todo a su imperio, subordinándolos a las superiores metas de defender a los seres humanos de la degradación ambiental, natural y social, de las múltiples tentaciones de discordia y ruptura entre etnias, géneros, edades o nacionalidades, que terminan concibiendo las identidades en términos de violencia (Sen 2007). Si antes hablábamos de las funciones sociales del individuo, ahora es necesario hablar de las funciones de la organización social al servicio de la libertad del sujeto, o que de alguna manera son una seria amenaza para ella. No es extraño, por tanto, que Touraine no vea la escuela como una agencia de socialización, como ha sido emblemáticamente considerada, “sino como un medio de subjetivación, de construcción del sujeto” (Touraine 2009, 243).

narraciones que atribuyen a un yo agente el protagonismo de su historia en un marco cultural reconocible, la diferenciación lingüística entre formas agentes y pacientes o la atribución de responsabilidad que moralmente experimenta el sujeto desde un inicial sentido de culpa hasta modos más desarrollados de castigo administrados por los sistemas legales o jurídicos de la sociedad (Bruner 2000). Llegar a sentirse agencia significa también ciertas habilidades para poder realizar nuestros actos. Que esta realización sea exitosa o no va determinando nuestro desarrollo personal. Pero ese posible éxito, o el fracaso como contrapartida, normalmente no lo definimos nosotros, sino que depende de criterios especificados culturalmente, que se aplican desde fuera del sujeto. De ahí la urgencia de repensar el sentido de la educación como proceso de personalización significativo y el sentido de las propias instituciones educativas como precipuos espacios de subjetivación. Tal vez aquí encontremos el más profundo sentido emancipatorio de la educación en estos momentos. Por lo general, las escuelas no están cuidando en la medida necesaria esta decisiva orientación del proceso educacional (Zufiaurre 2007). Así, los sujetos quedan minimizados, cuando no marginados, por el sistema formal de educación. En no pocos de estos casos, estos individuos tratarán de encontrar sus identidades, su sentido identitario personal, en otros ámbitos, con cierta frecuencia no deseables, donde se sientan valorados y puedan experimentar el sentido de agencia propio de la condición humana. Se trata de comprender que los sistemas educativos, y por extensión el conjunto de la sociedad, no pueden limitar su tarea a una mera preparación de los individuos para integrarse “eficazmente” en la cultura, a modo de piezas que han de integrarse útilmente al engranaje social, sino que más bien han de proporcionar a cada sujeto los recursos necesarios para su incorporación como agencia personal en la cultura. Más allá de la lógica vinculación del sistema educativo al sistema productivo y económico, hemos de revisar críticamente el papel de las políticas educativas que vienen imperando en los últimos lustros de una manera casi unívoca, dejando la impresión de que la educación “vale” en cuanto es principalmente un instrumento para el desarrollo económico. La presión evaluadora de las políticas educativas hegemónicas, con inequívocas consecuencias para las instituciones y para los docentes, termina reclamando todas las energías de las prácticas educacionales, apenas dejando margen de tiempo sólo para responder a las exigencias burocráticas que atienden a solicitudes que insisten en la misma dirección. Frente a las exigencias organizativas y administrativas, que exigen que

Por encima de una agencialidad sensoriomotriz, lo que distingue a la persona es la construcción de un sistema conceptual capaz de registrar los encuentros agenciales con el mundo. La realidad que atribuimos al mundo o, todavía mejor, a los mundos que habitamos, es una realidad construida. En ese proceso de construcción, la educación adquiere una gigantesca relevancia. Las instituciones educativas presentan un enorme protagonismo en ese proceso constructivo, puesto que toda construcción de significado se produce en un contexto sociocultural determinado. Como saben los niños, posiblemente lo más universal de la experiencia humana sea el fenómeno del yo. Poder iniciar actividades y realizarlas es una dimensión de esa universal experiencia del yo, puesto que las personas nos experimentamos como agentes. Este sentido de la agencialidad es fundamental para la comprensión del yo. En nuestra interacción con el mundo de la vida, internamente, privada y emocionalmente, va construyéndose nuestro yo, y, a la vez, proyectándose hacia las situaciones con las que se produce esa construcción personal, o sea, con los espacios y actividades en los que interactúa el individuo. Evidentemente, la cultura utiliza formas de institucionalización del sentido de agencia que experimenta el sujeto, reforzando de este modo su proceso psicodinámico interno. Se trata de sencillas

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cada cual ocupe un lugar exacto en el sistema, profesores y alumnos reclaman espacios “para respirar”, espacios para aprender y crecer humanamente; son como corazones que aspiran a latir en libertad. Seguramente no sabemos aún cómo hacerlo eficientemente, pero la cuestión clave, en el orden institucional, es la reformulación de los contenidos de escolarización y, por consiguiente, del profesorado y de la propia escuela.

referido Bruner (2000). Romper los esquemas de nuestra tradición cultural, en claves inter y transdisciplinaria, no es fácil, pero se precisa con premura (Morin 2001). Pero tal reconceptualización cultural no puede realizarse haciendo abstracción de los nuevos contextos que median nuestra experiencia. Las últimas tecnologías pueden ser propicias para la desaparición del yo, para el cumplimiento de las más agoreras profecías postmodernas, invitando a una existencia más divertida y cómoda, pero lamentablemente desprovista de significado. Pero, al tiempo, podríamos llegar a sentirnos realizados como nunca lo hemos hecho como especie, gracias a esas tecnologías (Greenfield 2009). La compleja trama de sistemas sociales y técnicos actuales demanda una reconsideración del aprendizaje, donde la conectividad y el acceso a las redes son esenciales, relacionada con la participación real en procesos de interdependencia y cooperación. En una feliz combinación de tecnologías de la información y la comunicación y desarrollo de la capacidad humana para aprovechar los potenciales que dichas tecnologías encierran, fundada en las redes, quizás se encuentre, paradójicamente, la clave para conseguir aunar la productividad y la innovación, la creatividad y el reparto del poder: “Internet resulta ser una tecnología de libertad y un medio para la construcción de autonomía, pero los contenidos de esa libertad y el horizonte de esa autonomía están determinados por la estructura social, así como por las dinámicas de los actores en el proceso de autoafirmación” (Castells et al. 2006, 308).

Esta transformación requiere una reorganización estructural profunda, una reconceptualización del tiempo y del espacio educativos, así como de la propia cultura. La representación del mundo y su consolidación a través de la educación formó parte del proyecto moderno. Lo representado formaba parte de la conquista del hombre y era reivindicado para la especie. Pero el mundo actual ya no goza de estabilidad, sino que se escurre silenciosamente; como dice Virilio (1998), lo desconocido cambia de posición, ha pasado del vasto y salvaje mundo a la galaxia nebular de la imagen, al cibermundo. Actualmente, lo misterioso, lo vasto, lo salvaje, lo amenazante, se encuentra, para la inmensa mayoría de personas, en la información, en las colosales cantidades de información que nos rodean y crecen vertiginosamente; es la propia información la que ha llegado a convertirse en el principal sitio de lo “desconocido”. La ausencia de una ortodoxia ordenadora de la información (temas relevantes, asignación de importancia, necesidad de determinar la utilidad y las autoridades que determinen el valor) hace que la masa de conocimiento acumulado llegue a ser “el epítome contemporáneo del desorden y el caos” (Bauman 2007, 44). Cómo vivir en un mundo sobresaturado de información y cómo preparar a las nuevas generaciones para la vida en este mundo, se convierte en un verdadero desafío para la educación contemporánea.

Nuestra humanización, nuestra emancipación, no puede quedarse reducida al esfuerzo consciente e ilustrado de nuestro pensamiento; será necesaria la acción social. Ligados a las nuevas realidades sociales, hemos de proporcionar los elementos necesarios para el despliegue real de una política emancipatoria, junto a una política de la vida, emanadas prospectivamente de la condición humana actual. No se trata de generar un nuevo pensamiento social, puesto que tal pensamiento ya está instalado en nuestras vidas, en nuestras representaciones y comportamientos, agónicamente anunciados en el debate de la postmodernidad. Se trata más bien de prestar toda nuestra atención a lo que pensamos y a lo que hacemos, para apercibirnos de las nuevas categorías y pensamientos que ya están organizando nuestras vidas. Una pedagogía emancipatoria, a la altura de nuestro tiempo, ya recorrido un poco más de un decenio del siglo XXI, no puede fundarse en un conocimiento social más interesado en mantener a toda costa una ideología, que en iluminar las conductas reales que presenta la gente. La nueva pedagogía emancipatoria reconocerá que la última palabra ha de ser que cada persona tenga derecho a ser un sujeto que aspire a ser libre en todos los ámbitos de su vida personal y colectiva. �

Más allá de polémicas interesadas y de posibles usos terminológicos no muy condescendientes con el lenguaje académico, pero sí completamente provocadores y vigorosos, quizás no ande muy desencaminado Peter Sloterdijk (2008) cuando nos sugiere que ahora el proyecto se centra en una historia social de la tangibilidad del hombre desde la pregunta por el ser, incorporando la antropología (biología) y la técnica y tomándolas como datos para ulteriores interrogaciones y nuevas perplejidades. Mirar hacia adelante supone repensar lo humano más allá de los corsés impuestos por la cultura humanística moderna. “¿Qué amansará al ser humano, si, después de todos los experimentos que se han hecho con la educación del género humano, sigue siendo incierto a quién o a qué educa o para qué el educador?” (Sloterdijk 2008, 52). Resulta crucial saber integrar las denominadas “inteligencia paradigmática” e “inteligencia narrativa”, a las que se ha

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Aproximaciones a los conflictos sociales y propuestas sostenibles de urbanismo y ordenación del territorio en México* por Diego Sánchez González** Fecha de recepción: 1 de junio de 2010 Fecha de aceptación: 9 de mayo de 2011 Fecha de modificación: 18 de noviembre de 2011

Resumen El objetivo del estudio es describir los efectos de la falta de orden en el proceso de crecimiento urbano en México y revisar los diversos fundamentos teóricos y metodológicos de la planificación urbana y regional. La metodología se basa en una extensa revisión de la literatura, que nos ha permitido abordar el debate actual sobre las tendencias en políticas urbanas y regionales. Se constata que los problemas derivados de la falta de planificación en las ciudades y los territorios tienen implicaciones en el subdesarrollo económico y la vulnerabilidad social en México. Se proponen la revisión y la búsqueda de una planificación urbana y regional que responda a las necesidades locales de desarrollo y a las diversas comunidades que comparten el espacio.

Palabras clave Planificación urbana y regional, subdesarrollo, calidad de vida, ciudad, territorio, México.

Approaches to Social Conflicts and Sustainable Proposals for Urban and Regional Planning in Mexico Abstract The objective of the study is to describe the effects of the lack of order in the process of urban growth in Mexico, and to review the various theoretical and methodological foundations of urban and regional planning. The methodology is based on an extensive literature review, which has allowed us to address the current debate on trends in urban and regional policies. We find that the problems arising from lack of planning in cities and territories have implications for economic underdevelopment and social vulnerability in Mexico. The article also suggests the need to rethink and search for a kind of urban and regional planning that is responsive to local development needs and the various communities that share a space.

Key words Urban and Regional Planning, Underdevelopment, Quality of Life, City, Territory, Mexico.

Este artículo se deriva del proyecto de investigación “Gerontología ambiental del envejecimiento vulnerable en áreas de riesgo a inundaciones. Retos de la gestión de los riesgos y la planificación gerontológica ante el Cambio Climático” (N° 155757), del CONACYT (México). ** Doctor en Análisis Geográfico en la Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Universidad de Granada, España. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Conacyt) y Profesor-Investigador Titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monterrey, México. Correo electrónico: diego.sanchezgn@uanl.edu.mx

Aproximaciones a los conflictos sociales y propuestas sostenibles de urbanismo y ordenación del territorio en México Diego Sánchez González

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Aproximações aos conflitos sociais e propostas sustentáveis de urbanismo e ordenação do território no México Resumo O objetivo deste estudo é descrever os efeitos da falta de ordem no processo de crescimento urbano no México e revisar os diversos fundamentos teóricos e metodológicos do planejamento urbano e regional. A metodologia está baseada em uma extensa revisão da literatura, que nos permitiu abordar o debate atual sobre as tendências em políticas urbanas e regionais. Constata-se que os problemas derivados da falta de planejamento nas cidades e nos territórios têm implicações no subdesenvolvimento econômico e na vulnerabilidade social no México. Propõem-se a revisão e a busca de um planejamento urbano e regional que responda às necessidades locais de desenvolvimento e às diversas comunidades que compartilham o espaço.

Palavras chave Planejamento urbano e regional, subdesenvolvimento, qualidade de vida, cidade, território, México.

Diferentes expertos (Castells 1978; Harvey 2006) advierten sobre los graves desequilibrios generados por el crecimiento urbano en los países en vías de desarrollo, principalmente las urbes mexicanas. La falta de planificación urbana explica en gran medida la pérdida progresiva del bienestar de sus habitantes, la degradación de su habitabilidad y la depredación del suelo urbano. Pocas veces se ha hablado y escrito tanto sobre urbanismo, pero, contradictoriamente, la decadencia de la ciudad nunca ha sido tan profunda y manifiesta. Las urbes de todo el mundo, especialmente las mexicanas, presentan un modelo de urbanización en crisis, sin forma ni sentido urbano, que ha favorecido la concentración de población y capital, y aumentado los desequilibrios territoriales y las desigualdades sociales (Iracheta 1997a).

n México y, en general, en América Latina, la globalización hace estragos entre las personas que habitan sus ciudades. Al contrario de lo esperado, crecen el desempleo, la pobreza, el hambre y la inseguridad cotidiana, en un mundo urbano que se fragmenta y donde se amplían las fracturas sociales (Bosque 2000; Santos 2004). La globalización ha arrastrado a las ciudades mexicanas al supuesto desarrollo económico y tecnológico, convirtiéndolas en el escenario improvisado de modelos y de políticas urbanas estratégicas insostenibles, que no han ocultado el crecimiento de la pobreza, la discriminación social, la delincuencia organizada o no, la vulnerabilidad social y, sobre todo, la incomunicación e insolidaridad. Además, se observa una relación causal progresiva entre la organización de las unidades urbanas, que forman redes de ciudades, y la generación de economías externas, que afectan al crecimiento y desarrollo económicos (Julià 2006).

El escenario actual muestra nuestra incapacidad para entender la ciudad contemporánea (Hiernaux 2006). Es un momento crítico del urbanismo, consustancial al heterogéneo contexto global, de fugaces ciudades-modelo que no cubren las expectativas del ciudadano local. El propio capitalismo se ha encargado de difundir escenarios ideales mediante planes, programas y proyectos urbanos que conciben la ciudad como una mercancía de consumo. Se trata de vender la urbe a cualquier precio, de hacerla rentable a los ojos del consumidor y, sobre todo, del inversionista. Así, bajo la estela del discurso apócrifo de un supuesto desarrollo urbano, del nuevo marketing urbano (Precedo, Oroza y Míguez 2010), se va afianzando la agenda urbana nacional hegemónica, basada en políticas urbanas que obedecen a intereses espurios de grupos dominantes, pero que carece de toda planificación urbana del desarrollo social. Es un urbanismo donde prevalecen lo estético y lo fugaz, por encima del sentido común y el bienestar social.

Pocos temas revisten mayor actualidad en el mundo como el urbanismo, pues alude a un fenómeno central y es una realidad de países ricos y pobres. Si el fenómeno de la urbanización mundial es nuevo, la reflexión sobre la ciudad es histórica. En el año 2030 existirán en el mundo 8.500 millones de personas, de las cuales 5.500 millones vivirán en las ciudades, y está previsto que, para ese año, en México el 90% de la población será urbana (ONU 2006).

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En la última década algunas ciudades, como Curitiba (Brasil), se han convertido en modelo del discurso oficial de muchos gobiernos locales e inversionistas en México. En el contexto actual de pensamiento único, de búsqueda de patrones inequívocos de ciudad, de simplificación de lo complejo, son relativamente fáciles la creación de modelos urbanos y la sumisión a ellos, que obedecen al discurso global económico y cultural, supeditado a la participación de actores involucrados en procesos de ordenación territorial en diversas escalas, junto a la reorganización de las formas y los ámbitos de poder en las ciudades (Sánchez y Moura 2005).

progresiva pérdida de calidad de vida de los ciudadanos. A continuación, se abre un debate teórico y metodológico sobre las tendencias por seguir en materia de urbanismo y planificación urbana para alcanzar ciudades con calidad de vida. Asimismo, el estudio enfatiza sobre los desafíos a los que se enfrentan los urbanistas y planificadores en el país, reivindicando la reflexión y la búsqueda de un urbanismo mexicano, que dé respuestas a las necesidades locales y brinde desarrollo a las heterogéneas comunidades que comparten el espacio urbano.

Objetivo y metodología

En el país, la realidad actual indica que ha existido más un deseo gubernamental de replicar ciudades “exitosas”, que un programa y acciones concretas para alcanzar una gestión urbana integral y sostenible. De hecho, en la propia Curitiba, la denominada “ciudad modelo” y “ciudad ecológica”, se han mantenido los fuertes desequilibrios espaciales entre el centro –dominado por las clases privilegiadas y que concentra los mejores servicios y equipamientos urbanos– y la periferia –en la que habitan las clases menos favorecidas, expulsadas por la especulación inmobiliaria–, y que brindan menos bienestar a la comunidad (Oliveira 1995).

El objetivo general de la investigación es describir los efectos de la falta de ordenamiento en el proceso de crecimiento urbano en México y revisar las distintas propuestas teóricas y metodológicas de planificación urbana y regional en el siglo XXI. Asimismo, se presentan algunos de los retos a los que se enfrentan el planificador y la planificación en este país. La metodología parte de una amplia revisión bibliográfica y de la consulta de bases de datos públicas y privadas. Es necesario reseñar la escasez de estudios serios de planificación y ordenación del territorio, así como las dificultades de los investigadores para acceder a la información gubernamental, incluso, a trabajos financiados con fondos públicos en México. Son necesarias una mayor transparencia de las administraciones públicas y la colaboración en el acceso de los investigadores a la información (Dávila 1998; Hiernaux 2001; Ruiz 2005).

En México los estudios urbanos son promovidos y realizados, generalmente, por las mismas instituciones públicas que tienen a su cargo la atención de las necesidades de la población (Sedesol). A pesar de ello, siguen siendo escasos los procesos externos e independientes de evaluación para determinar el impacto de los proyectos gubernamentales en el bienestar social.

A pesar del enorme avance en materia de urbanismo y planificación urbana, se señala que no existe una verdadera teoría del desarrollo urbano social que permita analizar la cuestión a partir de la metodología deductiva; a lo sumo, se pueden aplicar métodos inductivos descriptivos que conducen a generalizaciones groseras de escaso valor científico (Luzón 2002). Asimismo, existe la necesidad de favorecer interpretaciones objetivas y conscientes de la pasada y presente realidad social y urbana; sin embargo, se produce cierto escepticismo sobre las previsiones asociadas al futuro de las ciudades. También, se considera que los conceptos de desarrollo urbano y calidad de vida están expuestos a cambios culturales, que interactúan forzosamente con los factores socioeconómicos, que dificultan su análisis (Sobrino 1998). Además, se concluye que las mismas metodologías y acciones económicas aplicadas en diversas ciudades mexicanas no producen necesariamente los mismos resultados deseados.

Desde hace décadas la ciudad y su planificación se han convertido en un importante motivo de debate teórico y metodológico, en una preocupación social por parte de distintos investigadores (Castells 1978; Harvey 1973) y disciplinas (arquitectura, ingeniería civil, geografía, sociología, economía, antropología, trabajo social, psicología). La forma de diseñar la ciudad del mañana parte de posturas e intereses a veces encontrados. Es urgente recuperar la reflexión y, sobre todo, el diálogo sostenido entre los distintos actores sociales sobre la esencia misma de la planificación urbana. Se trata de discutir sobre los modelos y formas de hacer ciudad, desde aquellos que desarrollan intervenciones puntuales y coyunturales hasta los que defienden la planificación integral. El presente ensayo se inicia describiendo los problemas derivados de la falta de planificación urbana y ordenación del territorio en México, y que repercuten en la

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El crecimiento urbano insostenible en México

Además, Ciudad de México, con 19 millones de habitantes, se ha convertido en la sexta urbe más poblada del planeta (ONU 2006), y presenta graves problemas de habitabilidad (contaminación, vivienda, tráfico, delincuencia, marginación, pobreza).

La aparición y el desarrollo de las ciudades mexicanas han obedecido a decisiones, previamente establecidas, que seguían unos principios teóricos de orden político, religioso, socioeconómico, demográfico, estético, territorial y ambiental (Garza 1985, 1996). Es necesario considerar que en México el urbanismo no es un hecho reciente ni aislado, sino que está vinculado a su propia historia y a las formas de gobierno político-religioso-socioeconómico que dominaron este país, donde se destacaron las civilizaciones prehispánicas (aztecas, mayas) y la época colonial española.

La ausencia de planificación ha favorecido la emigración rural de las regiones y ciudades marginales hacia las áreas urbanas desarrolladas e industrializadas nacionales y extranjeras. Precisamente, algunos estudios (Alarcón 2000; Herzog 1991; Pena 2005) indican que en las ciudades de la frontera norte de México (Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Nuevo Laredo), se está produciendo una urbanización acelerada, con consecuencias negativas para el bienestar de los residentes por la falta de servicios y equipamientos básicos y el incremento de la marginación y delincuencia. Del mismo modo, las ciudades provincianas han padecido los efectos sociodemográficos y urbanísticos de la globalización, y han sido relegadas a un lugar secundario en las políticas públicas frente a las metrópolis y regiones dinámicas (Muro 1998).

En el país la verdadera génesis del problema urbano surge y se radicaliza en el convulso siglo XX. Al final de la Segunda Guerra Mundial, México abandonó el antiguo modelo demográfico y socioeconómico rural, a cambio de un nuevo modelo de desarrollo económico basado en el crecimiento urbano e industrial desaforado (Dávila 1998), que ha provocado graves problemas de bienestar, seguridad y convivencia familiar y social (Garza y Schteingart 2010; ONU 2001).

Hoy resulta especialmente complejo estudiar el fenómeno urbano, ya que la mancha urbana ha desbordado los límites administrativos municipales, creando Áreas Metropolitanas (México, Guadalajara, Monterrey); los límites estatales, como la Zona Metropolitana de Tampico, integrada por los municipios de Tamaulipas (Tampico, Madero y Altamira) y de Veracruz (Pueblo Viejo, Pánuco); e incluso los límites nacionales, como las ciudades fronterizas de México y Estados Unidos, como Nuevo Laredo-Laredo, Reynosa-McAllen y MatamorosBrownsville. La nueva realidad urbana sobrepasa la capacidad de gestión de los municipios y estados, y obliga a redefinir el concepto de ciudad, sin pasar por alto la urgente revisión de los artículos de la Ley de Asentamientos Humanos de 1993. Nuestras previsiones defienden la necesidad de definir nuevos escenarios urbanos regionales, estatales y binacionales en el siglo XXI, que exigirán mayor colaboración y entendimiento, así como superar ampliamente las cortas miras políticas.

Durante cinco décadas, en el país la consecuencia directa del modelo político neoliberal ha sido un complejo y acelerado proceso de urbanización e industrialización insostenible, junto con una fuerte despoblación y una acusada pérdida de la actividad económica en el medio rural (Gutiérrez de MacGregor 2003). Ambos factores han acentuado los desequilibrios regionales y urbanos, acompañados de un progresivo deterioro social y medioambiental. El resultado de la ausencia reiterada de planificación en el crecimiento urbano han sido el ostracismo de ciudades provincianas y el auge de las grandes áreas urbanas (metrópolis, áreas metropolitanas, zonas conurbadas) con fuertes problemas de calidad de vida. Entre 1950 y 2010 la tasa de población urbana mexicana pasa del 42,6 al 76,9%, mientras que la tasa de población rural se reduce a menos de la mitad, del 57,4% al 23,1% (Inegi 2010). El acelerado proceso de concentración de la población en las áreas urbanas ha desbordado la capacidad de respuesta gubernamental en planificación, atención y administración de la población.

La globalización, el fenómeno urbano y la pobreza están íntimamente ligados, sobre todo, en los países en vías de desarrollo, como México. Algunos investigadores (Borja y Castells 1997; Garza 1999; Hiernaux 2001) indican que el aumento indiscriminado de la población urbana ha traído consigo la pérdida progresiva de la calidad de vida urbana y regional. Asimismo, la ciudad actual se ha convertido en el escenario crítico de una sociedad inconforme y consumista de recursos finitos (suelo, agua), donde se abandona el centro y se

El país presenta un patrón polarizado de concentración y dispersión de la población (Sánchez 2007). En la actualidad, su población total asciende a 112 millones de habitantes, de los cuales el 44,7% vive concentrado en sólo seis entidades federativas (estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato) (Inegi 2010).

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conquista la periferia, y se crean seres aislados y marginados socialmente (Gilbert y Gugler 1992; Mertins 2000; Pulido 2004). A su vez, el centro de las grandes áreas urbanas se transforma adoptando múltiples formas en espacios no continuos y plurinucleares, en un proceso incesante de expulsión y renovación demográfica, donde se pueden estudiar fenómenos complejos, como el envejecimiento de la población, la migración y la ocupación del espacio por sectores privilegiados, en una constante redefinición de su actividad económica y de valor social (Sánchez 2007).

primando, en algunos casos, los intereses del sector privado productivo sobre el interés general. Como resultado de estas políticas, se han creado profundos desequilibrios regionales y han crecido las desigualdades sociales (Boville y Sánchez 2007; Dickenson 1985; Massiris 2002, 2009). No se debe olvidar que la marginación y la pobreza, que padece buena parte de la población, son resultado de la aplicación de políticas económicas y sociales, es decir, del modelo de desarrollo urbano adoptado en la región. La ciudad actual es un crisol de culturas y de espacios heterogéneos desconectados, donde prevalecen la desigualdad social y la insostenibilidad del modelo económico vigente (Pascual 2008). Cada día las ciudades mexicanas están más lejos de alcanzar los Objetivos del Milenio y lograr una distribución equitativa de los recursos a partir del derecho universal al desarrollo social y sostenible de los ciudadanos. En los últimos años el análisis de los indicadores de progreso social no ha sido lineal, y las tendencias (en promedios nacionales) ocultan las desigualdades sociales entre regiones y grupos sociales (Alarcón et al. 2006). La enorme complejidad del desarrollo sostenible radica en superar definiciones retóricas y posicionamientos inmovilistas, implicando a los grupos vulnerables en la construcción social de sus espacios, por medio de estrategias de resiliencia basadas en el conocimiento de su contexto ambiental (Pascual 2008). Hoy se deben buscar espacios de encuentro para definir nuevos diseños urbanos que integren al ciudadano, pues en él radican tanto la esencia misma de la problemática universal como su solución.

La aparición y evolución de los asentamientos irregulares están ligadas al problema de la pobreza y la falta de vivienda (Inegi 2000). Durante décadas la ocupación de predios, propiedad comunal, por parte de población con bajos recursos económicos y la permisividad de las autoridades locales han dado como resultado espacios urbanos marginales y sin planificación (García 2001a). En muchas ciudades los asentamientos irregulares se han convertido, a través de medidas populistas, en una moneda de cambio político que sacrifica el ejercicio de la planificación y de la gestión urbana, y con ello, el bienestar del conjunto de la población. La permisividad pública ha favorecido la urbanización acelerada y la falta de control en el uso del suelo, lo que ha propiciado el aumento constante de los riesgos naturales y de la vulnerabilidad social (Jiménez y Sánchez 2007), ya sea por la ocupación y tenencia irregular de las reservas de suelo urbano (Jones y Ward 1998; Olivera 2001), o por la tenencia regular de zonas de alto riesgo a partir del incremento de actividades e infraestructura de carácter peligroso (Roy 2005).

En las últimas décadas se han comenzado a percibir cambios en la forma de entender y dirigir las políticas de planificación urbana y ordenación territorial, que se han traducido en una mejora de las condiciones de vida de la población (Dávila 1998). A pesar de ello, algunos de los grandes problemas urbanos siguen sin ser resueltos, como la migración, la inseguridad, los cambios de uso del suelo, problemas de movilidad y gestión medioambiental, desequilibrios regionales y funcionales, permisividad pública y falta de iniciativa municipal.

Muchas zonas urbanas litorales o emplazadas próximas a los cauces de los ríos son espacios expuestos a peligros naturales, como ciclones tropicales y terremotos, lo que agudiza la vulnerabilidad social de la población y frena el desarrollo (Garza, Sánchez y Treviño 2006). La falta de prevención ante riesgos naturales en las regiones en vías de desarrollo (Chiapas, Veracruz, Tamaulipas) (Jiménez y Sánchez 2007; Ritzer 2002) se asocia a la trágica pérdida de vidas humanas, la destrucción periódica de viviendas, infraestructuras y equipamientos, así como a los problemas de acceso a los servicios básicos (electricidad, agua potable, alcantarillado).

A comienzos del siglo XXI, en el país se necesita lograr el entendimiento de lo urbano y lo rural en condiciones de sustentabilidad, un desafío que enfrenta la ciudadanía y que exige un gran esfuerzo planificador del espacio urbano y regional. En este sentido, los expertos abogan por lo “local” como fundamento para el desarrollo endógeno, es decir, el crecimiento urbano local debe propiciar el desarrollo social y territorial de los países (Garofoli 1995; Ruiz 2005).

Durante décadas, en México las políticas de planificación urbana y ordenación del territorio han servido a los intereses del modelo capitalista, organizando y redistribuyendo las actividades socioeconómicas de las regiones, así como

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Propuestas de planificación para ciudades con calidad de vida

Hoy el crecimiento natural de las ciudades mexicanas desborda la limitada capacidad de respuesta de sus gestores públicos y la estrechez teórica y metodológica dominantes, supeditadas al discurso oficial y las lecturas preestablecidas. En nuestros días se vive un momento histórico, que exige nuevos planteamientos y metodologías para afrontar el reto de estudiar de manera interdisciplinaria las urbes en el siglo XXI.

Las ciudades actuales son fruto de combinaciones de fenómenos urbanos pasados y nuevos. Los grandes problemas de las ciudades mexicanas no surgen solamente de la insuficiencia de recursos ni de la tecnología, sino de los modelos de desarrollo en que se basa el funcionamiento del sistema urbano (Antón y Díaz 2002). A continuación, se describen las diferentes soluciones aportadas en materia de planificación a lo largo de las últimas décadas, tratando de buscar respuestas a los problemas urbanos y regionales del país. Además, se abre el debate sobre la esencia misma de la planificación urbana, entre aquellos que desarrollan intervenciones puntuales y coyunturales, planificadas por objetivos, hasta una planificación integral.

Lejos de alcanzar ciudades con calidad de vida, el ciudadano sobrevive y se deshumaniza en un contexto de dominio del tiempo sobre el espacio, mientras desaparecen las redes sociales y familiares, y se impone el individualismo a las tradiciones. Todos nos resignamos en este universo de asfalto. Estamos perdidos en esta compleja malla de telaraña que obedece a las necesidades e intereses creados por los gestores públicos y los sectores privilegiados. Los diseños urbanos siguen el discurso de la competitividad y la globalización, destacándose por su vistosidad estética y monto económico (grandes proyectos urbanos), y adaptados a los intereses y tiempos (períodos de tres años) que marca cada administración municipal. Éstos se justifican bajo pretextos de aparente participación ciudadana, de la supuesta sostenibilidad y del beneficio común. En nuestros días la defensa del mal entendido “desarrollo urbano” es más una utopía, una imagen estereotipada del discurso político agotado, que una realidad concreta y certera.

El crecimiento urbano de México, muchas veces incontrolado y exagerado (Moreno 1994), está motivando una seria y urgente necesidad de abordar los problemas de los espacios urbanos desde el prisma de la planificación y el desarrollo (Mohammad 1993; Saunders 1979). La ausencia de ordenamiento urbano está repercutiendo negativamente en la calidad de vida de la población, por lo que es imperioso reconducir nuestras ciudades y mejorar su imagen mediante programas de regeneración, leyes y normas. Cuando se alude a la calidad de vida urbana, los ciudadanos perciben y se refieren a una gran diversidad de ideas sobre dicho término, que dependen de aspectos socioeconómicos, políticos, religiosos y culturales. Asimismo, la percepción subjetiva de la calidad de vida urbana puede diferir entre ciudadanos, y depende de factores personales vinculados a la vida cotidiana (desempleo, soledad, enfermedad). También, la proliferación de investigaciones sobre el tema no ha estado exenta de crítica y falta de consenso en su definición y componentes principales (Chacón y Ornés 2010). Precisamente, se plantea la calidad de vida urbana como un conjunto de propiedades inherentes a una ciudad, que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes urbes, y cuya comprensión, como característica intangible, es posible a partir del análisis y evaluación de distintos indicadores cuantitativos y cualitativos, como oferta, precio y calidad de la vivienda; disponibilidad y calidad de las infraestructuras y equipamientos, nivel de contaminación medioambiental, prestaciones de los servicios públicos y preservación del patrimonio histórico, artístico, y del paisaje urbano. El presente y futuro con calidad de vida pertenecerán a aquellas ciudades capaces de vincular a sus ciudadanos con la naturaleza, que posibiliten la

Lejos van quedando ya aquellas explicaciones reduccionistas del complejo fenómeno urbano y de sus problemáticas. Hoy la diversidad de los enfoques sobre la ciudad, como realidad fragmentada e inconclusa, nos ha llevado a nuevas denominaciones, para definirla con términos como “Groszstadt” (Simmel 1986), “Megalópolis” (Gottman y Harper 1990), “Edge city” (Garreau 1991), “Metápolis” (Ascher 1995), “Ciudad difusa” (Dematteis 1998) y “Exópolis” (Soja 2000). Todas las interpretaciones aportadas son interesantes, pero a la vez incompletas cuando se trata de aplicarlas al singular espacio urbano mexicano y latinoamericano en el siglo XXI. En este aparente estado de indefinición y de cierta incapacidad intelectual, es necesario abrir un diálogo pausado y reconciliador sobre las cuestiones de fondo del urbanismo mexicano actual, aterrizadas en la planificación y gestión urbanas. Se trata de alcanzar un urbanismo sustentable que recupere la ciudad para el ciudadano. Un logro que es imposible de culminar sin la creatividad y la libertad del urbanista para aplicarlo, así como su responsabilidad y compromiso social para atender los nuevos desafíos en las próximas décadas.

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participación ciudadana y un verdadero desarrollo sostenible mediante su planificación urbana y regional. Cualquier proyecto colectivo y de futuro de una ciudad de calidad implicará la participación efectiva, tanto de ciudadanos responsables y comprometidos como de expertos en el planeamiento y gestión de la misma (Duque 2010), y la aplicación del conocimiento geográfico en la comprensión de las complejas interrelaciones hombreespacio (Sánchez, Ledezma y Rivera 2011).

individuos o grupos de poder. En este sentido, la planificación no debe lesionar los intereses de los grupos vulnerables, ni los espacios urbanos y naturales más frágiles. A pesar de ello, la sociedad de consumo está imponiendo sus reglas de juego en las decisiones políticas y en la propia construcción de las ciudades. El marco jurídico de referencia en materia de urbanismo del que partimos refleja todo un proceso motivado por la expansión urbana, la protección ambiental y, sobre todo, la participación de distintos agentes sociales en cuestiones que afectan directamente a la ciudad y a la ciudadanía. Sin embargo, este proceso de cambios en la legislación urbana se ha visto mermado por la complejidad y las limitaciones en su aplicación (Schteingart y Salazar 2003). Este hecho ha motivado una inoperancia latente de las propuestas de urbanistas y planificadores.

En el mundo, las diferentes evaluaciones sobre calidad de vida han situado a las ciudades mexicanas en posiciones desfavorables, siendo Monterrey la mejor situada, en el puesto 99, de un ranking conformado por 215 ciudades (Mercer 2008). ¿Qué factores impiden el desarrollo de ciudades con calidad de vida en México? ¿Qué modelo de planificación urbana es el adecuado para favorecer ciudades con calidad de vida en el país? ¿Cómo propiciar la participación ciudadana desde el convencimiento de un proyecto común de ciudad? Las respuestas a tan complejas preguntas requieren prescindir de reduccionismos clásicos y de ejemplos de casos de estudio típicos, difícilmente extrapolables, y favorecer la reflexión pausada sobre dichas cuestiones y posibilitar propuestas de planificación urbana para el complejo y heterogéneo universo de ciudades mexicanas.

La creciente intervención del Estado en la regulación y planificación urbana y regional se ha basado en el marco jurídico, posibilitado por las reformas de la Constitución federal y las sucesivas Leyes Generales de Asentamientos Humanos de 1976 y 1993. Después de casi cuatro décadas de la primera legislación subsisten graves problemas vinculados a las incongruencias y contradicciones de las leyes, los decretos y programas relacionados con el desarrollo urbano y la ordenación del territorio en México. Asimismo, la crisis urbana se ha agudizado por los problemas estructurales e institucionales de las distintas administraciones públicas (federal, estatal y municipal) en materia de urbanismo, la alta corrupción y los intereses económicos de agentes inmobiliarios.

La relación entre el urbanismo y el gobierno ha sido siempre estrecha y problemática en el país. Sin embargo, muchos expertos (Borja 2003; Ramírez 1995) coinciden en que el urbanismo sin el poder se convierte sólo en un hobby con repercusiones negativas para la sociedad urbana en su conjunto. El urbanismo y la planificación urbana sólo tienen pleno sentido si se dispone de la oportunidad de aplicarlos.

Algunos expertos (Jiménez 2011) denuncian ciertos retrocesos en materia urbanística desde la aprobación de la Ley General de Asentamientos Humanos de 1993, que, a diferencia de la Ley de 1976, permite el laissez faire en la formulación de los planes urbanísticos, ya que posibilita que los promotores urbanísticos realicen propuestas de planificación orientadas a constantes y lucrativos cambios de uso del suelo, amparándose en complejos procesos legales, y auspiciados por la administración. En las regiones en desarrollo la ciudad se ha convertido en un lucrativo negocio inmobiliario que favorece la corrupción, como lo atestiguan numerosos casos desvelados por la prensa, pero escasamente secundados en los tribunales de justicia. De hecho, algunos estudios (Sánchez y Batres 2007) señalan que diferentes proyectos urbanísticos auspiciados por inversores privados, bajo la denominación de turísticos, suponen continuos atentados contra el medio ambiente y suelen contar con el amparo de las administraciones locales, como el proyecto

La planificación urbana ha sido utilizada por los gobiernos como herramienta, en su intento por organizar y controlar las actividades socioeconómicas y los problemas sociales derivados del modelo de desarrollo adoptado (Iracheta 1997b). A pesar de ello, los logros de la planificación son parciales y, en algunos casos, han generado nuevos problemas, debido a la imposición que ejerce el sistema capitalista dominante sobre el desarrollo urbano y la ordenación territorial en el país. En la joven democracia mexicana las actitudes de la sociedad ante los problemas urbanos se reflejan en la planificación urbana, la cual debe favorecer la solidaridad y la cooperación. Se trata de lograr una ordenación urbana equilibrada, donde las decisiones colectivas sean públicas y debatidas, y primen sobre el interés de ciertos

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turístico de la laguna del Carpintero, en la ciudad de Tampico, y los diferentes proyectos de la zona hotelera de Cancún, que cada año provocan la degradación de mil hectáreas de manglar protegido. Para poner freno al descontrol urbanístico local, diferentes investigadores (Jiménez 2011) proponen la realización de modificaciones a la Ley de 1993 y el auspicio de una legislación estatal como instrumento de discrecionalidad urbanística y control jurisdiccional sobre los municipios.

El actual modelo económico de México desaconseja por el momento los planes a largo plazo, ya que el sistema está expuesto a cambios que no admiten riesgos desmedidos para una administración. Precisamente, sería necesario un cambio en la Constitución para ampliar la duración de los gobiernos municipales y, sobre todo, la vigencia y estricto cumplimiento de los planes de desarrollo urbano, así como aspectos relativos a la financiación pública, para minimizar el impacto negativo del endeudamiento de las corporaciones locales. Defendemos la necesidad de dignificar, profesionalizar e independizar el ejercicio de la planificación urbana mediante el establecimiento normativo de la participación directa y coordinada de especialistas en urbanismo independientes en las administraciones locales, estatales y federales.

La reiterada ausencia de planificación espacial está frenando las posibilidades reales de los territorios y minimizando la calidad de vida de los ciudadanos, reduciendo las posibilidades de expansión de las industrias locales y la implantación de otras nacionales y extranjeras; en definitiva, postergando indefinidamente el desarrollo sostenible. Mario J. Molina, premio Nobel de Química en 1995, indica que los grandes problemas medioambientales, como la contaminación del aire que padecen las metrópolis, como Ciudad de México, requieren soluciones globales e integrales y no soluciones intermedias o parciales (Molina y Molina 2002). A pesar de los compromisos contraídos por el país en las sucesivas cumbres sobre Cambio Climático, como la de Cancún, en 2010, su insostenible modelo económico y urbano lo aleja de los objetivos marcados, al incrementar sus emisiones de efecto invernadero de 329 a 438 millones de toneladas de CO2 entre 1997 y 2007 (IEA 2009). Algunos investigadores (Moya 1996) han indicado los principios básicos que deben existir en la práctica de la planificación urbana: la adaptación a las transformaciones demográficas, sociales, políticas, económicas, religiosas y culturales de cada espacio y momento histórico; el establecimiento de un modelo teórico de ordenación que determine la práctica urbana concreta y flexible; la participación de los distintos agentes sociales (gestores públicos, profesionales, empresarios y ciudadanos) en una planificación incluyente y solidaria mediante la sencillez; y el fomento de la gestión urbana por medio de actuaciones estratégicas prioritarias para lograr ciudades sostenibles.

A continuación, la planificación urbana estratégica responde a un enfoque económico neoliberal que promueve actuaciones en sectores socioeconómicos estratégicos, básicamente terciarios, para propiciar las mejores ventajas en un mundo globalizado y competitivo (Fernández 2004). El modelo está dominado por los mercados externos e intereses de grupos dominantes, y fomenta la especialización y competitividad entre las ciudades. El alto costo social que impone este modelo de eficacia inmediata implica incrementar los desequilibrios territoriales y urbanos (Coraggio 1994), y apoyar la desaparición y alejamiento de las preocupaciones ciudadanas basadas en la solidaridad y la cooperación. Además, este enfoque no aborda de manera sustancial las verdaderas relaciones y sucesiones que existen entre los diferentes sectores económicos, que se producen en un espacio urbano determinado. En este sentido, este ámbito de planificación es parcial y, en ocasiones, sólo prioriza un sector (la industria en Monterrey, el turismo en Acapulco), y no integra ni coordina las acciones con las demás estructuras socioeconómicas del espacio urbano y regional. En el país encontramos amplios testimonios que confirman el desarrollo de grandes proyectos urbanos estratégicos (Ciudad de México, Cancún, Monterrey, Guadalajara) que a la postre se han convertido en la imagen urbana que se trata de exportar al exterior.

Tradicionalmente, en la academia ha predominado, al menos en lo conceptual, la planificación urbana global, un modelo de ordenamiento jerarquizado del crecimiento urbano más ambicioso en sus metas, que reestructura todo el conjunto urbano al pensar en un nuevo concepto de ciudad a futuro y en la construcción de nuevas extensiones urbanas. Se caracteriza por fomentar políticas de desarrollo urbano ambiental integral a largo plazo (20-30 años) y exigir sistemas económicos fuertes y estables.

El modelo de planificación vigente en las ciudades mexicanas está favoreciendo los conflictos por el espacio y el orden urbano, la fragmentación socioespacial y funcional de las ciudades (Duhau y Giglia 2004); y está aumentando las desigualdades sociales e incrementando la crispación social y la resistencia civil de movimientos sociales reivindicativos. Este hecho conduce a la politización de la cuestión urbana y su planificación, dominada por los mercados externos e intereses de grupos dominantes.

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Las ciudades basadas en visiones estratégicas de planificación han terminado convirtiéndose en objeto de culto de urbanistas deseosos de pasar a la posteridad bajo la huella de edificios y grandes proyectos urbanos, así como en deseos inconfesables de funcionarios. Aún hoy bajo discursos populistas se diseñan ciudades y se confunden deseos; sin embargo, el verdadero interés común para vivir en armonía en la ciudad queda silenciado al no tener cabida la compleja realidad social de la vida urbana.

escuelas, polígonos industriales, infraestructuras, equipamientos y servicios) de cada espacio urbano. Aquí tienen cabida la rehabilitación de edificios, la adaptación de espacios a nuevos usos, muchos en el centro urbano, antes de pensar en preparar nuevas y costosas extensiones urbanas o periferias. Es necesario recuperar la ciudad, ser congruente con la realidad urbana y solidario con los habitantes de las colonias marginales, evitando los desequilibrios territoriales y disminuyendo la desigualdad social. Es de justicia devolverle a la ciudad sus distintos modos de vida, sus tradiciones, rescatar sus espacios singulares y sus valiosos puntos de encuentro y respeto. Precisamente, en estos espacios la comunidad interactúa, favoreciendo los encuentros intergeneracionales y posibilitando un desarrollo social armónico con el territorio y su medio ambiente.

El modelo de desarrollo está convirtiendo al suelo urbano en mera mercancía especulativa que busca rendimientos inmediatos, sin importar el bienestar del ciudadano; y a la planificación, en artificio de intereses privados que incrementan la desigualdad social y territorial. Los dos ámbitos de planificación anteriores están sujetos a la sociedad de consumo, un capitalismo voraz, que ha transformado la naturaleza y los recursos en mercancías que atienden a la ley del mercado y no a las necesidades de la sociedad que habita ese territorio. La reciente historia del planeta nos advierte de los graves riesgos que nos atañen, como consecuencia de la depredación de los recursos naturales y del deterioro progresivo de las condiciones ambientales de las regiones.

El cambio de mentalidad social y la presión ciudadana (asociaciones civiles, de vecinos, no gubernamentales) de las colonias obreras de las ciudades están impulsando una planificación que trata de atender las áreas consolidadas, es decir, tanto por medio de la rehabilitación de los cascos históricos degradados como mediante la atención a las extensiones periféricas realizadas en el pasado y carentes de dotaciones y servicios mínimos. Es necesario que la planificación sea menos rígida en sus formas, menos gubernamental, y se aproxime a la realidad de las colonias y a las necesidades de sus ciudadanos. En definitiva, la planificación debe servir a un fin: construir ciudades dinámicas, participativas e incluyentes, adaptadas a las cambiantes exigencias de la sociedad e integradas a su medio ambiente.

En la actualidad, muchas ciudades mexicanas padecen los efectos despiadados del individualismo, la competitividad y la improvisación de las soluciones a los problemas urbanos, lo que ha provocado que la planificación urbana sea socialmente cada vez menos justa y solidaria, al favorecer la competitividad entre las ciudades. A partir de ahora, las urbes encaminan sus esfuerzos a competir, cada una con sus medios, y posicionarse en las escalas regional, nacional y mundial. El resultado de esta competencia es el incremento de los desequilibrios territoriales y el aumento de la desigualdad social.

Generalmente, la planificación responde a una necesidad de intervenir en la ciudad de manera preventiva y directa, dando solución a los problemas existentes. El ordenamiento urbano debe obedecer a las exigencias que marca la legislación urbanística (Plan, Norma), favoreciendo la defensa y el desarrollo de la colectividad, por medio de la búsqueda del equilibrio social y territorial. Hoy, los planificadores necesitan definir un nuevo modelo de desarrollo urbano sostenible, basado en la calidad de vida, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, para determinar los efectos de planes y de proyectos sobre lugares y las formas de vida de los ciudadanos (Massam 2002).

Y por último, la planificación urbana socio-espacio-ambiental se basa en el diálogo sociedad-naturaleza como motor del proceso de desarrollo y producto de la planificación de un territorio que es esencia de las relaciones sociales, donde inciden de manera determinante los aspectos económicos. La preocupación reside en terminar la ciudad existente, solucionando los grandes problemas a partir de una mejor redistribución de la inversión pública y privada en el heterogéneo espacio urbano. Este enfoque es preventivo, en cuanto trata de lograr una planificación sustentable, integral y factible a largo plazo, ajustando las demandas razonables de suelo urbano al crecimiento demográfico y a las demandas sociales (viviendas, plazas, espacios verdes, centros de salud, bibliotecas,

Somos partidarios y defensores de la planificación basada en una política de ordenamiento territorial y medioambiental (Soms 1986). Creemos en la necesidad de que el planificador debe ser integrador, y la planificación, integradora de las acciones de los sectores económicos y del bienestar social y medioambiental de la ciudad-región

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(Knight y Gappert 1989). Por tanto, es prioritario que los agentes sociales y sus acciones de gobierno comprendan la necesidad de planificar el territorio y posibilitar el desarrollo regional de México.

como las entradas y salidas de la misma, por lo que es importante diversificar los métodos de estudio. El paradigma hermenéutico o interpretativo (Rubio y Veras 2004) aborda el problema de “intentar desentrañar el significado” de la realidad urbana como producto socialmente construido. En la actualidad, diferentes técnicas cualitativas se ubican en esta perspectiva de explicar la realidad social, como los grupos de discusión, las entrevistas en profundidad y aquellas técnicas que se sustentan en el análisis del discurso.

Es ineludible favorecer la planificación urbana y territorial con la ayuda de recursos suficientes (materiales y humanos) y una mayor presencia de expertos en los equipos multidisciplinares de dirección en materia de planificación, e incrementar la participación social de la comunidad, sobre todo, de los grupos vulnerables, como las personas adultas mayores (Sánchez 2008). Aquí son importantes las campañas de información, la celebración de talleres comunitarios y, sobre todo, la educación de la ciudadanía en la cuestión urbana. Con ello se busca la revalorización del territorio como soporte de la actividad económica y social: los objetivos de gran visión y las estrategias presentadas se dirigen a la recomposición del territorio como el recurso prioritario para instrumentar el desarrollo social, en donde es fundamental el vínculo con la conservación de los recursos naturales. Para lograr ese objetivo es imprescindible, primero, identificar los principales problemas urbanos que demandan solución; segundo, disponer de la predisposición y de los recursos humanos y materiales necesarios para poner en práctica el ordenamiento deseado, así como la programación temporal de las distintas actuaciones; y tercero, gestionar y ejecutar las distintas acciones programadas de ese planeamiento, mediante una regulación plasmada en un documento o plan municipal.

Son necesarias la implementación de un sistema integral de información y la utilización de sistemas de información geográficos (Prol-Ledesma et al. 2002), donde se conjugan información cuantitativa –procedente de las bases de datos de las fuentes oficiales y completada con un minucioso trabajo de campo– e información cualitativa –proveniente de la participación ciudadana (talleres comunitarios, entrevistas y encuestas)–. La normativa urbana debe integrar en sus decisiones y procesos de redacción no sólo a políticos y técnicos, sino, sobre todo, a la ciudadanía, si queremos construir una ciudad con calidad de vida que busca el equilibrio territorial y social. En la configuración de la misma deben participar sus protagonistas: el gobierno municipal, el planificador y el ciudadano. El gobierno municipal debe asumir la elaboración y coordinación de la planificación de su término municipal, posibilitando la participación ciudadana en materia de urbanismo y la colaboración con otras entidades públicas y privadas, así como garantizando la eficaz vigilancia y actuación de las leyes y normas de planificación vigentes. Por su parte, el planificador debe asesorar a las instituciones federales, estatales y, sobre todo, municipales, proponiendo soluciones sostenibles a los problemas clave del ordenamiento urbano y priorizando el interés de la ciudadanía. Del mismo modo, el ciudadano debe asumir su responsabilidad e integrarse en el proceso de elaboración de los planes y proyectos urbanísticos.

La planificación debe garantizar el ordenamiento sostenible del crecimiento urbano por medio de una eficaz vigilancia y actuación de las leyes y normas. En este sentido, es necesario conocer la compleja y heterogénea realidad urbana, para realizar un análisis y diagnóstico acertados de la problemática urbana concreta. Este modelo de planificación exige nuevos planteamientos teóricos y, sobre todo, nuevas metodologías, así como el trabajo interdisciplinario. Muchos investigadores centrados en el desarrollo urbano y calidad de vida emplean las encuestas entre sus herramientas metodológicas. En este sentido, algunos autores (Sánchez 2005) indican que los estudios mediante cuestionarios y entrevistas son formas sistemáticas de hacer preguntas bajo controles científicos. A pesar de ello, otros autores son más escépticos respecto a la utilización de las encuestas en estudios urbanos (Luzón 2002), y afirman que esta herramienta sólo ha permitido calcular los índices de pobreza urbana, pero no provee información para conocer fenómenos como la dinámica de la pobreza, su persistencia, así

Con este precedente podemos aventurar acertadamente propuestas de planificación urbana sostenibles para resolver los problemas claves. Aquí debemos plasmar las generalidades de la planificación urbana y definir aquellas actuaciones prioritarias en materia medioambiental, de la propia estructura urbana, así como de infraestructuras y equipamientos básicos para que la ordenación se vaya haciendo realidad. Somos conscientes de que cualquier planificación no puede convertirse en una panacea para todos los

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problemas que genera nuestra sociedad cambiante en el espacio urbano. No obstante, es importante que en la gestión predomine el interés general sobre el particular. Precisamente, la iniciativa gubernamental (federal, estatal y municipal) debe velar por los intereses de la ciudadanía, sobre todo, de los grupos vulnerables, y mediar en las cuestiones urbanas polémicas, garantizando el cumplimiento y apego a la legalidad vigente en esta materia. Para lograrlo debemos luchar contra la corrupción en todas sus formas de expresión, evitando la falta de iniciativa y la permisividad públicas en la ocupación y en la edificación de la ciudad.

c. El planificador debe ser integrador, y la planificación, integradora de las acciones de los sectores económicos y del bienestar social y medioambiental de la ciudad-región. d. Priorizar que los gobiernos y la sociedad comprendan la necesidad de planificar la ciudad y posibilitar el desarrollo regional de México (mayor educación y cultura sobre ordenación territorial y urbana). e. Fomentar la puesta en práctica de la planificación urbana y tratar de lograr una ordenación efectiva, dinámica y socialmente sostenible. f. Adecuar la planificación a los cambios sociodemográficos (envejecimiento, migración) y coordinar las políticas sociales para posibilitar la accesibilidad de los grupos vulnerables (niños, adultos mayores, mujeres) a los espacios y servicios urbanos. g. Gestionar los recursos económicos y medioambientales disponibles, atendiendo a las prioridades y buscando el beneficio del conjunto de la sociedad. h. Mejorar la coordinación, colaboración y transparencia entre los diferentes organismos públicos y privados. i. Favorecer el acceso a los planes de ordenamiento urbano y su consulta pública. j. Incrementar la duración de los gobiernos municipales y el control jurisdiccional sobre éstos, por su papel primordial en la gestión urbana. k. Crear Gerencias de Urbanismo (Estados Unidos, Unión Europea) supramunicipales con carácter normativo, para planificar y gestionar el desarrollo urbano de las áreas metropolitanas. Además, apoyar la creación de Institutos Metropolitanos de Planificación y Observatorios Urbanos de carácter consultivo y participativo en el desarrollo urbano. l. Evitar la repetición de modelos de planificación urbana “exitosos” en toda la Republica Mexicana y Latinoamérica, ya que, cada urbe y su región requieren planes y soluciones específicos, difícilmente extrapolables.

Los desafíos de la planificación urbana en México El gran desafío del urbanismo y de la planificación urbana en México es garantizar su autonomía, es decir, recuperar de nuevo el poder perdido. El ejercicio de la planificación debe ser consecuente con las necesidades de la sociedad en su conjunto, respetuosa con la legislación urbana, coherente en las técnicas y metodologías empleadas en el proceso de planificación y evaluación, y, sobre todo, independiente de los que ejecutan y desarrollan los planes (García 2001b). En este sentido, en el ejercicio de la planificación aparecen intereses en pugna, por lo que es fundamental yuxtaponer los deseos opuestos de la administración local por planear a corto plazo y los anhelos de los distintos espacios urbanos por ser diseñados a largo plazo. Los encargados de la planificación deben ser expertos capaces de promover soluciones para tratar de resolver los desequilibrios generados por el acelerado proceso de urbanización en el país, mediante la mejora de la calidad de vida, la organización de los sistemas de actividades urbanas y la conservación y gestión de los recursos naturales (Fernández 2004; Sánchez y Batres 2007). Para ello, es necesario reorientar la discusión sobre el carácter social del suelo urbano y cuestionar la efectividad de las respuestas del Estado frente a problemas como la vivienda y la regulación del espacio urbano (Abramo 2003).

Todos somos conscientes de la importancia de la planificación urbana en el eficaz funcionamiento de las ciudades, como motor del desarrollo, en sinergia con su región y, sobre todo, al enfrentar las profundas desigualdades de acceso a la vivienda, el equipamiento y los servicios urbanos (Sedesol 2001). Es necesario seguir avanzando en materia de planificación urbana y territorial para realizar una ordenación de los elementos que permita un desarrollo socialmente sostenible. Dicha planificación territorial exige una profunda revisión, no sólo de las bases teóricas y metodológicas de la planificación, sino de su ubicación dentro del campo de la política (Iracheta 1997a). Del mismo modo, es fundamental ser conscientes de la importancia de poner en práctica

A continuación, se enumeran algunas acciones por desarrollar para una futura planificación urbana en México: a. Mayor control y vigilancia de las leyes y normas de planificación vigentes (mayor control público frente a la corrupción, la permisividad y la impunidad). b. Incrementar la participación de la colectividad y la solución de los problemas de la ciudadanía.

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la planificación y tratar de lograr una ordenación urbana sostenible, susceptible de ser realizada y gestionada adecuadamente por los responsables correspondientes.

cotidiana es un factor clave para explicar la complejidad del tema de la habitabilidad en los contextos ambientales urbanos, como los nuevos enfoques cualitativos de sensibilidad para investigar las complejas relaciones socioespaciales entre las personas y sus espacios habitados (Lindón 2006). En las ciudades mexicanas la vida cotidiana nos muestra la imposibilidad de aprovechar el tiempo para las relaciones sociales y personales, atravesadas por las luchas cotidianas por la supervivencia sin negociación, el individualismo, las jornadas laborales de 66 horas a la semana, la contaminación y los atascos, y el consumo más desorbitado, frente a la pobreza extrema. Todo tiene cabida en la ciudad extensa e insostenible, donde se reproducen las percepciones fragmentadas de la realidad urbana que se pretende analizar (Santos 2004). Es necesaria una planificación urbana y regional que favorezca la vida cotidiana.

Algunos autores (Garza 2004) han denunciado la falta de evaluación y seguimiento de los Planes de Ordenamiento Urbano de muchas ciudades mexicanas (Monterrey, México). Además, se detecta un insuficiente rigor técnicoconceptual en los diagnósticos, pronósticos y estrategias de estos documentos. Asimismo, en el país existe un mal endémico caracterizado por la politización de lo “urbano” y la ausencia de expertos en urbanismo y planificación urbana en puestos de decisión y evaluación de los proyectos en los municipios. Las ciudades mexicanas no deben seguir sufragando ambiciosos planes de ordenamiento urbano costeados por el erario, que, gestados sin consenso ni aplicabilidad, quedan relegados a costosos y olvidados documentos que se apilan en las estanterías gubernamentales. La falta de coordinación, colaboración y transparencia entre los diferentes organismos públicos ha frenado y, en muchos casos, duplicado la información, al impedir el acceso de investigadores e instituciones públicas ajenos a esos documentos urbanísticos (planes, programas, proyectos). Es importante que los planes de ordenamiento sean de consulta pública, lo que facilitaría y agilizaría la fase investigadora, así como la configuración de los diagnósticos urbanos, que son previos e imprescindibles en la elaboración de cualquier propuesta de ordenación urbana-

Las ciudades son espacios complejos de interacciones sociotemporales, donde se difuminan los límites entre lo urbano y lo rural, y que algunos investigadores (Bookchin 1992) han denominado “la urbanización sin ciudad”. Lo que fueron ciudades, hoy son espacios rodeados de urbanizaciones interminables, de ciudadanos que buscan la manera de recuperar la ciudad para el peatón, de hacerla nuevamente habitable. Es necesario hacer ciudad a pequeña escala y priorizar la heterogeneidad y creatividad de los ámbitos vecinales de convivencia (colonias), subordinando las metrópolis (Herce 2009; Rodríguez-Villasante 1971). Se trata de reivindicar, de manera incesante, los itinerarios y lugares con identidad y arraigo para la población, es decir, espacios habitados que conforman los escenarios de la vida cotidiana, que son la mejor expresión de la heterogénea sociedad urbana mexicana frente al discurso nacional homogeneizador (Quiroz 2006).

Es necesario evitar los excesos en la definición de la normativa urbanística, mediante la facilitación y agilización del texto del documento de planificación, con el objeto de propiciar la ejecución y gestión del plan propuesto. Una medida adecuada es revisar periódicamente dicho plan y adaptar sus objetivos e intereses fundamentales a las nuevas exigencias de la sociedad. La reflexión basada en la generación de conocimiento constante de la dinámica urbana, tanto social como medioambiental, es el mejor vehículo para avanzar en la revisión de la planificación y propiciar soluciones idóneas a los problemas presentes y previstos en cada espacio y tiempo.

Como defienden algunos expertos (Soms 1986), es necesario hacer menos planes o programas y ejercitar más la planificación, entre otros instrumentos, para favorecer el ordenamiento urbano y combatir los desequilibrios regionales y las desigualdades sociales. Las bases para su desarrollo deben partir de políticas de ordenación del territorio y medio ambiente, respaldadas por la voluntad y el compromiso de los grupos sociales y empresariales, así como de la existencia de recursos económicos públicos y privados suficientes para desarrollar proyectos y obras de ingeniería, relativas a infraestructuras y equipamientos para cubrir las viejas y nuevas demandas de la población y de las empresas (Massiris 2002, 2009). En este sentido, son prioritarias políticas urbanas orientadas a la inversión pública, el desarrollo de la actividad empresarial, industrial y turística, y que al tiempo

Debemos apostar por las ciudades con calidad de vida como meta, tomando conciencia de los problemas derivados de la rápida expansión urbana de décadas anteriores. Para ello se debe priorizar una planificación urbana sostenible que atienda las cuestiones de interés de los ciudadanos y fomente la solidaridad, la cooperación y la participación ciudadanas. Asimismo, la vida

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permitan un entorno urbano tranquilo, creativo e interesante para el ciudadano (Olmo y Rendueles 2007).

des socioespaciales del país. Para lograr este objetivo es prioritario fomentar la participación ciudadana, así como la formación de expertos en planificación urbana y ordenación territorial.

Hoy somos conscientes del papel relevante que van a desempeñar los urbanistas en el siglo XXI, pues sus comportamientos y visiones integrales en la planificación y gestión urbana deben estar enfocados más al proceso ordenado y global (la ciudad y su región), y menos, como ocurre ahora, al proceso espontáneo y parcial de la construcción de las ciudades. Son imprescindibles una cultura de la ciudad que involucre a la sociedad en su conjunto, sobre todo a las minorías, y una madurez política y técnica sobre las cuestiones urbanas (Ramírez 1995).

La planificación debe tener en cuenta que el desarrollo constituye una aspiración legítima de todas las personas, si bien la importancia asignada a cada uno de los aspectos del bienestar puede variar por razones culturales. La tendencia natural es la búsqueda de condiciones de satisfacción de las necesidades y el mejoramiento de la calidad de vida. El desarrollo social de una comunidad urbana implica una expansión sostenible del sistema socioeconómico hacia un mayor grado de bienestar (Luzón 2002). Para lograr la calidad de vida en las ciudades, los distintos agentes sociales deben potenciar la participación activa de la ciudadanía en proyectos de mejora individual y comunitaria, la movilidad social ascendente y la sustentabilidad ambiental, mediante el desarrollo de las capacidades humanas, el ejercicio pleno de sus deberes y derechos y la mejora socioeconómica y tecnológica de la población.

Algunos autores (Paine 1995) señalan que la calidad de vida urbana depende de sistemas relativos al entorno social inmediato. Dicho de otro modo, la situación de las personas en las localidades urbanas está determinada por los procesos de entrada (inversión en infraestructuras y equipamientos, rendimiento interno, es decir, la forma en que se usan los hospitales, escuelas, viviendas) y los circuitos de retroalimentación o entorno en forma de información y energía. La planificación urbana como medio y la calidad de vida como fin último deben favorecer el desarrollo integral y homogéneo de sus habitantes y espacios habitados, así como de las actividades humanas que están enlazadas.

El modelo de desarrollo urbano y ordenación del territorio que necesita México debe configurarse a partir de un proyecto sostenible común, abierto al debate y la reflexión pausada y consensuada, sobre los dinámicos escenarios socioeconómicos y culturales en cada región, y desde las adecuaciones en la infraestructura física, las fuerza locales de trabajo, la estructura sectorial, el conocimiento y nivel organizativo local, las estructuras sociales e instituciones locales y sus recursos endógenos.

El proceso de metropolitización que experimentan las ciudades mexicanas y latinoamericanas es un efecto de la evolución histórica y de la complicada interacción de los factores socioeconómicos, políticos y demográficos (Padilla 2001). Diferentes investigadores (Iracheta 1997a) advierten de la necesidad de favorecer el conocimiento y desarrollo de la planificación para permitir un crecimiento urbano local sostenible, que corrija las desigualdades sociales existentes y apoye una mejor calidad de vida para sus ciudadanos.

Conclusiones En el último medio siglo México ha constatado un importante crecimiento urbano, siguiendo un modelo de desarrollo económico desaforado: el consumista, que ha desembocado en un aumento de los desequilibrios territoriales y un incremento de las desigualdades sociales, así como en una importante pérdida de calidad de vida en las ciudades.

En los próximos años los sectores públicos y privados del país deben impulsar proyectos socialmente sostenibles en materia de infraestructuras y servicios, para desarrollar las comunicaciones terrestres, portuarias y aéreas; aprovechamiento del agua (potabilización, saneamiento y reciclaje); y apoyo a la inversión en vivienda y el mejoramiento urbano. No cabe duda de que el presente y el futuro de México pasan por canalizar de manera ordenada y, sobre todo, planificada las distintas acciones propuestas para el desarrollo. Aquí, es necesario que los proyectos seleccionados deban estar seriamente respaldos por ejercicios consensuados de planificación, que favorezcan el desarrollo y abatan las desigualda-

El conocimiento de los cambios y transformaciones urbanos y territoriales nos permite tener un mayor conocimiento y capacidad para interpretar la realidad, y, sobre todo, para diseñar el futuro. A lo largo de las décadas se ha podido constatar cómo los actuales problemas urbanos son una combinación de los fenómenos pasados y presentes, así como el modelo de desarrollo predominante. Aquí, observamos que este modelo ha provocado un

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deterioro de la calidad de vida urbana, con repercusiones negativas en las regiones próximas: incremento de los desequilibrios territoriales, aumento de la desigualdad, marginación, pobreza, fragmentación social, delincuencia, inseguridad, incremento de las diferencias en el acceso a los servicios públicos, problemas de tráfico y transportes, ocupación irregular del suelo, problemas de habitabilidad en la vivienda y graves problemas de contaminación del aire y gestión del agua.

El gran reto de las ciudades consiste en revisar minuciosamente las políticas de planificación urbana, las cuales han sido suplantadas o renovadas de manera parcial. Es preciso atacar con soluciones factibles la grave crisis que afecta al urbanismo y a la legislación urbana en el país, ya que el proceso de planificación vive aquejado no sólo de deficiencias técnicas que afectan a toda la sociedad urbana, sino que, principalmente, está supeditado a un conjunto de intereses ocultos y minoritarios. La solución comienza con la “liberación” e independencia de la planificación urbana, una labor demasiadas veces subordinada a la decisión política. Es urgente que el urbanista recupere y democratice la ciudad perdida.

Como se ha podido comprobar, a través de los diferentes expertos, la ciudad mexicana está en crisis. Defendemos que los modelos importados de planificación urbana no resolverán la crisis de la ciudad actual sino que, más bien, retrasarán su recuperación. Mientras tanto, los gobiernos se aferran obstinadamente a defender un discurso político, cada vez más carente de argumentos, basado en la improvisación de la planificación, al seguir importando y financiando costosos y lucrativos modelos urbanos “exitosos”, y al margen del ciudadano. Deducimos que la distancia entre la teoría de los expertos y la práctica de los gobernantes puede ser el resultado de la incapacidad de la política para ir más allá de la ortodoxia urbana dominante y homogeneizadora, de lo que el dinero establece.

Hoy estamos en la antesala de una nueva revolución que debe cambiar la manera de construir nuestras ciudades mexicanas de arriba abajo, sustituyendo el paradigma del sistema económico dominante. Si reflexionamos, desde el comienzo hemos sido una comunidad urbana cuya vida cotidiana transcurría a través de complejas relaciones y ensamblajes de personas, familias y vecindarios, y, en cierto modo, estamos regresando a esa idea. Nuestra sociedad urbana se enfrenta a problemas acuciantes de sostenibilidad, lo que la obligará a ser menos dependiente energéticamente y más autónoma y participativa en las decisiones que nos implican a todos. �

Partiendo del cuestionamiento del discurso de la ciudad de calidad, basado en parámetros cuantificables y determinados por el mercado, defendemos el retorno de una política urbana conciliadora y cercana a las colonias como instrumento indispensable para democratizar los diferentes espacios urbanos y hacer partícipes a los legítimos protagonistas: los ciudadanos.

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Hoy más que nunca somos conscientes de la importancia de la planificación, gestión y evaluación como mecanismos para ordenar y diseñar las acciones que posibiliten las reformas estructurales que México necesita en materia de desarrollo urbano y ordenación territorial. En las próximas décadas el país debe priorizar estrategias de planificación y desarrollo para alcanzar el anhelado crecimiento socioeconómico y reducir los alarmantes niveles de desigualdad y pobreza. Es necesario priorizar el ámbito de la planificación socioespacio-ambiental mediante políticas integrales de planificación urbana y ordenación del territorio, donde el planificador-integrador desarrolle metodologías para abordar de manera eficiente el análisis territorial y su contribución al desarrollo regional integral. Asimismo, son fundamentales la creatividad para diseñar nuevos espacios urbanos habitables y la libertad para dialogar, consensuar y aplicar la planificación.

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Acción colectiva, autogestión y economía social. El caso de las empresas recuperadas en Argentina* por Alejandro Pizzi**

Ignasi Brunet***

Fecha de recepción: 25 de octubre de 2010 Fecha de aceptación: 1 de agosto de 2011 Fecha de modificación: 9 de noviembre de 2011

Resumen Desde la crisis socioeconómica en Argentina (2001-2002) hasta la actualidad se extiende por el país un fenómeno de recuperación, por parte de los trabajadores, de empresas en quiebra. Exponemos hallazgos relacionados con las estrategias de acción colectiva que favorecen la autogestión. Para ello desarrollamos, en primer lugar, una tipología de incentivos a la acción colectiva de recuperación de las empresas. En segundo lugar, describimos la evolución organizacional del movimiento social. En tercer lugar, exponemos las primeras estrategias de articulación económica entre estas empresas. Nuestra hipótesis es que, en la medida en que el movimiento social sea política y organizativamente débil, prevalecerán estrategias de inserción individual al mercado, mientras que un mayor grado de movilización favorece las condiciones para proyectar estrategias de integración productiva y fortalecer la economía social.

Palabras clave Empresas recuperadas, movilización social, acción colectiva, autogestión, economía social.

Collective Action, Self-management, and the Social Economy. The Recovered Companies of Argentina Abstract Since Argentina’s socio-economic crisis (2001-2002), the phenomenon of workers taking over, or recovering, bankrupt companies has spread across the country. In this article, we present findings related to strategies of collective action that favor self-management. To do so, first we develop a typology of the incentives to recover companies through collective action. Next we describe how the social movement’s organization has evolved. Third, we discuss the initial strategies of economic articulation between these companies. Our hypothesis is that, so long as the social movement is politically and socially week, the predominant strategies will be market insertion by companies on an individual basis. By contrast, a greater degree of mobilization would create more favorable conditions for strategies of productive integration and of strengthening the social economy.

Key words Recovered Companies, Social Mobilization, Collective Action, Self-management, Social Economy.

* La investigación que ha dado como resultado el presente artículo se ha llevado a cabo de forma independiente en el marco del grupo de investigación ASO (http://www.analisisocial.org) y constituye una continuación de una investigación doctoral previa: Tesis de doctorado de Alejandro Pizzi, dirigida por Ignasi Brunet. ** Doctor por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, España. Máster en Organización Industrial, Universidad Rovira i Virgili. Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Profesor de Sociología de la Facultad de Economía y Empresa, Universidad Rovira i Virgili. Correo electrónico: alejandro.pizzi@urv.cat *** Doctor en Filosofía y letras. Profesor de Sociología en la Universidad Rovira i Virgili, España. Director del Área de Sociología de dicha universidad y Director del Grupo de Investigación Análisis Social y Organizativo (www.analisisocial.org). Correo electrónico: ignasi.brunet@urv.cat

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Ação coletiva, autogestão e economia social. O caso das empresas recuperadas na Argentina Resumo Desde a crise econômica na Argentina (2001-2002) até a atualidade, estende-se pelo país um fenômeno de recuperação, por parte dos trabalhadores, de empresas falidas. Expomos achados relacionados com as estratégias de ação coletiva que favorecem a autogestão. Para isso, desenvolvemos, em primeiro lugar, uma tipologia de incentivos à ação coletiva de recuperação das empresas. Em segundo lugar, descrevemos a evolução organizacional do movimento social. Em terceiro lugar, expomos as primeiras estratégias de articulação econômica entre essas empresas. Nossa hipótese é que, na medida em que o movimento social seja política e organizativamente fraco, prevalecerão estratégias de inserção individual no mercado, enquanto um maior grau de mobilização favorece as condições para projetar estratégias de integração produtiva e fortalecer a economia social.

Palavras chave Empresas recuperadas, mobilização social, ação coletiva, autogestão, economia social.

la dinámica sociopolítica de este movimiento, sobre la base del esclarecimiento de los distintos tipos de incentivos a la participación, y el impacto que dicha dinámica puede tener sobre las estrategias organizativas y productivas de las empresas recuperadas.

a crisis socioeconómica y política argentina de 2001 y 2002 favoreció la expansión de un fenómeno de recuperación de empresas en quiebra por parte de sus trabajadores, como medio para salvar las fuentes de trabajo. Tales empresas de trabajadores conforman un movimiento social, con raíces en el movimiento obrero argentino, y se mantienen en el mercado por medio de estrategias colectivas de autogestión, mayoritariamente bajo la figura legal de cooperativas de trabajo. El artículo presenta resultados empíricos novedosos sobre este fenómeno, a partir de un acercamiento multidimensional a la acción colectiva de autogestión. Más específicamente, luego de la presentación del bagaje teórico que articulamos en la investigación, en primer lugar, elaboramos una tipología de incentivos a la acción colectiva de la recuperación de empresas, a partir de la cual analizamos la evolución organizacional del movimiento social. A continuación estudiamos las distintas dimensiones de la autogestión de empresas, tanto la organización interna como sus estrategias de inserción en el mercado, y su relación con la movilización social y los incentivos que la animan. Nos preguntamos si se van conformando nuevos espacios de economía social a partir de estas experiencias. Como hipótesis planteamos que existe una relación positiva entre el nivel de movilización, por un lado, y las posibilidades de articulación de un espacio económico entre empresas recuperadas, por el otro. En este sentido, el principal aporte del artículo consiste en presentar un análisis actualizado de

La investigación que llevamos a cabo fue de naturaleza cualitativa. La información la obtuvimos mediante 23 entrevistas en profundidad (realizadas entre octubre de 2008 y enero de 2009) a trabajadores de 20 empresas recuperadas, junto con técnicas de observación, mediante visitas a empresas y a diversas reuniones de los movimientos sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Las entrevistas las efectuamos sobre la base de una muestra estructural (Ibáñez 1998). En ésta no aspiramos a obtener una representatividad extensiva, sino la búsqueda de sujetos que reproduzcan, en una escala experimental, relaciones estructurales, junto con los discursos que se adscriben a esas posiciones sociales, y, de esta manera, proyectar información a un conjunto mayor, sobre el supuesto de homogeneidad interna de una “posición estructural”. La muestra incluyó casos ubicados en la mayoría de los sectores económicos que cubren las empresas recuperadas.1 También se respetó el criterio del tamaño de la empresa al incluir organizaciones con menos de diez socios; pymes de hasta 50 trabajadores; empresas medianas de entre 51 y 150 trabajadores, y empresas grandes de más de 150 trabajadores. Además, incluimos, de forma pareja, empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la

1 Abordamos diferentes realidades de mercado: metalúrgicas, gráficas, editoriales, hotelería, industrias plásticas, textiles, calzados, transporte, cristalerías y frigoríficos.

Acción colectiva, autogestión y economía social. El caso de las empresas recuperadas en Argentina Alejandro Pizzi, Ignasi Brunet

Dossier

Provincia de Buenos Aires. Asimismo, se incluyeron experiencias surgidas en las primeras etapas del movimiento, como otras que ocurrieron posteriormente, incorporando también casos recientes. De igual forma, se tuvo en cuenta el criterio de entrevistar a trabajadores que responden a distintos espacios políticos del movimiento general, y dentro de estos conjuntos, a conducciones más y menos comprometidas políticamente con la organización del movimiento social. Hemos entrevistado a cuatro trabajadores de base, doce trabajadores que, además, forman parte de la estructura de la conducción interna de las empresas y siete trabajadores que participan también en las organizaciones políticas del movimiento.2 Con relación a la técnica de análisis de la información obtenida, nos basamos en el análisis de discurso.3

viduos se suman a los movimientos sociales como respuesta a las oportunidades políticas (Tarrow 1997 y 1999; Traugott 2002), y en su dinámica posterior crean nuevas oportunidades.5 Este carácter social permite articular los repertorios de acción colectiva (Tilly 1978 y 2002), el ciclo de protestas (Tarrow 1997 y 2002) y la dimensión cultural y aprendida de las formas de movilización, en cuanto rupturas culturales que hacen aflorar a la superficie contradicciones latentes (Gamson y Meyer 1999; Snow y Benford 1992; Zald 1999). Consideramos que el enfoque de la movilización enriquece el análisis multidimensional de la Economía Social y la autogestión. La Economía Social está integrada por organizaciones privadas que comparten entre sí cuatro características: a) finalidad de servicio a sus miembros o a la colectividad, antes que finalidad de lucro; b) autonomía de gestión; c) procesos democráticos de toma de decisiones; d) primacía de las personas y del trabajo sobre el capital en el reparto de las rentas (Morales et al. 2004; Monzón 1989).6 Pero la consideración individual de las organizaciones resulta insuficiente para caracterizar la Economía Social, ya que este concepto hace referencia a la interrelación productiva entre empresas sociales (Abramovich et al. 2003; Coraggio 2007; Vuotto 2003),7 y ello implica una voluntad de articulación entre estas organizaciones. En este sentido, la Economía Social constituye un ámbito sujeto a la configuración que le impriman los actores que intervienen en la misma (Trinchero 2008), y, por tanto, la movilización de sus agentes cobra una relevancia particular.

Aproximaciones teóricas Para abordar nuestro objeto según la orientación dada por nuestra hipótesis de trabajo, triangulamos enfoques teóricos que nos permiten analizar las diferentes dimensiones del fenómeno estudiado. Articulamos críticamente la teoría de la acción colectiva con enfoques provenientes del ámbito de la economía y la sociología que estudian la autogestión de empresas y la economía social. Dentro del marco de la Teoría de la Movilización de Recursos (Jenkins 1994; Klandermans 1991; McAdam et al. 1999; Oberschall 1973), la movilización se define como el proceso por el cual un grupo adquiere el control colectivo sobre los diferentes tipos de recursos que necesita para su acción, más que el simple aumento de los mismos (Tilly 1978), y las estructuras de movilización constituyen aquellos canales colectivos, tanto formales como informales, a través de los cuales los individuos pueden movilizarse e implicarse en la acción colectiva.4 Dentro de este paradigma, la Teoría de las Oportunidades Políticas constituye la perspectiva que apela en forma sistemática a la naturaleza social de los incentivos para actuar colectivamente. Así, los indi2

Y con relación a los agentes, ¿cuál es la lógica de funcionamiento de las organizaciones autogestionadas? La vinculación del surgimiento de las cooperativas de trabajadores con las crisis o los períodos recesivos del ciclo económico, en cuanto alternativa al desempleo,

5 Oportunidades facilitadas por las redes de asociaciones ya construidas, que confieren a los individuos cierta disponibilidad estructural para la protesta y la acción colectiva (McAdam 1994).

Asimismo, están incluidos casos que debieron atravesar por un duro conflicto, que implicó la ocupación de la planta, la negativa de los dueños a perder la empresa, intentos de desalojo, etc., hasta casos en los que desde el inicio se desarrolló una salida consensuada entre las partes. También quedaron contemplados casos ubicados en puntos intermedios, que incluyeron algunas medidas de fuerza y soluciones negociadas.

6 A su vez, la Economía Social está marcada por una triple determinación: 1) un conjunto de iniciativas de distintos actores sociales que tratan de elaborar alternativas económicas que garanticen la reproducción ampliada de su vida (Coraggio 2007; Geiger 2004); 2) un proyecto de transformación social que procura construir una economía alternativa a la dominante (Geiger 2004; Razeto 2007); 3) una disciplina teórica que considera la solidaridad y la cooperación como fuerzas económicas relevantes (Razeto 2007).

3 Consideramos las estructuras discursivas como mediadoras de la acción social, lo que permite comprender la evolución, los conflictos y diversos escenarios del objeto de estudio.

7 “La esencialidad social de una empresa aisladamente considerada no depende, en última instancia, de que en ella se recreen de forma microscópica relaciones de poder no capitalistas. La firmeza de los principios a nivel celular carece de sentido si no se toma en cuenta al mismo tiempo el marco institucional, las relaciones clave entre los grandes agregados” (Monzón y Defourny 2000, 2).

4 El interés se centra en el análisis comparado de las infraestructuras organizativas de los actores, con el objetivo de comprender mejor los patrones históricos de movilización y predecir cuáles facilitan la emergencia, eficacia y consolidación de los movimientos (Kriesi 1999; McCarthy 1999).

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fue observada por la literatura económica (Ben-Ner 2004; Bonin et al. 2004; Drèze 1976; Meade 2004).8 La función-objetivo de la empresa neoclásica es maximizar la rentabilidad global a corto plazo, mientras que la función-objetivo de una empresa autogestionada tiene por finalidad maximizar el valor añadido de la producción per cápita (Ben-Ner 2004; Ward 1958).9 Otra perspectiva plantea que la lógica económica de la empresa autogestionada es maximizar la utilidad individual de los trabajadores, compuesta por diferentes factores (no sólo el monetario) (Vanek 1970). La diversidad de objetivos que pueden tener los socios de una cooperativa plantea el problema de su articulación. Al respecto, se ha analizado la doble dimensión de la estrategia cooperativa (Desforges y Vienney 1980). Por un lado, la determinación que ejerce la dimensión asociativa sobre la dimensión empresaria se califica como “genética”, y constituye la legitimación de la organización cooperativa como asociación con valores diferentes de los capitalistas. Por otro lado, la determinación inversa, la ejercida desde la empresa hacia la organización, se califica como “funcional”, porque la organización, para reproducirse, debe ser eficiente en el mercado. Un intento de integrar las dos lógicas en un modelo sociológico ha sido el propuesto por Stryjan (1999), que da cuenta de cómo una organización provee respuestas a interrogantes sobre afiliación,10 estabilidad11 y conducción.12 Este enfoque sociológico supone que la sola utilización de categorías económicas resulta insuficiente para elaborar un modelo de comportamiento de la organización cooperativa y/o autogestionada (Michelsen 1997; Monzón 1989). Sin embargo, estas aproximaciones sociológicas analizan la autogestión considerando sólo la dimensión interna de la organización, sin estudiar los efectos que sobre la misma tiene la movilización social, y que resulta relevante en los casos en que dichas organizaciones se articulan en movimientos, si razonamos que los incentivos sociales (Tarrow 1997 y 1999) influyen

sobre sus criterios organizativos y sus lógicas de acción. En este sentido, el enfoque teórico de la acción colectiva puede ofrecer soluciones al análisis de la dinámica de la autogestión y las características de la Economía Social. Por último, señalamos sintéticamente las principales dimensiones que la literatura específica sobre empresas recuperadas analiza con relación a la práctica de la autogestión: 1) la distribución del poder y la participación dentro de la organización; 2) la lógica económica de distribución de los ingresos; 3) la organización del trabajo. Respecto a la distribución del poder, la autogestión de los trabajadores se caracteriza por las nuevas modalidades de control de la producción, un nuevo uso del espacio y una nueva distribución del saber (Briner y Cusmano 2003; Fajn 2003; Ghibaudi 2003; Ranis 2009 y 2010; Rebón 2005). En cuanto a la participación dentro de la organización, se destaca el papel protagónico que tienen quienes fueron delegados sindicales de base (Arias 2008; Dávolos y Perelman 2003; Fajn 2003; Fernández 2006; Rebón 2004; Ruggeri 2005).13 Las condiciones que favorecen las prácticas asamblearias, según Fajn y Rebón (2005), son: a) el tamaño relativamente pequeño de las empresas recuperadas, que estimula las interacciones directas entre los miembros de la empresa; b) bajos niveles de estratificación interna, que favorece relaciones más horizontales; c) experiencias de elevada conflictividad para las empresas recuperadas, al promover nuevas relaciones de cooperación entre los trabajadores en los momentos de lucha. En cuanto a la distribución interna de los ingresos, se destaca que los casos que atravesaron una mayor conflictividad vieron fortalecidos sus niveles iniciales de solidaridad, y esto se tradujo en una mayor igualdad en el reparto de los ingresos que genera la cooperativa (Gracia y Cavaliere 2007; Fajn 2003; Hille 2010; Ranis 2010; Rebón 2005; Ruggeri 2005; Villani 2010). Con relación a la organización del trabajo, se produjeron ciertas innovaciones de procesos productivos (Rebón y Salgado 2009; Wyczykier 2009): cambios en el uso de los espacios de la planta, mayor polivalencia de tareas, procesos de recualificación de la fuerza de trabajo, flexibilización de las normas y horarios, y atenuación de los regímenes disciplinarios (Fajn y Rebón 2005; Fernández 2006; Fernández 2007; Ranis 2009). Además, se observan experiencias de “innovaciones sociales”, que refieren a cambios en los patrones típicos de gestión de la empresa (Ruggeri 2007; Trinchero 2008).

8 Específicamente, para que la cooperativa sea un objeto de análisis diferenciado de la empresa capitalista, la condición necesaria es que exista participación de los trabajadores en la toma de decisiones de gestión (Bonin et al. 2004), lo que se traduce en la sustitución del objetivo de maximización del beneficio de la empresa neoclásica por otros criterios de maximización que reflejen la participación de los trabajadores en el proceso de toma de decisiones y el reparto colectivo de los beneficios. 9 Si se mantiene estable el empleo, el beneficio del trabajo debe ser más flexible y reflejar las condiciones de mercado, comparado con el salario estable que pagan las empresas capitalistas (Bonin et al. 2004). 10 Formas de incorporar los aportes de los individuos a la organización. 11 La existencia de una estructura basada en rutinas que generan mecanismos de compromiso hacia la organización.

13 En muchas situaciones existe un grupo de trabajadores que reproduce un tipo similar de estratificación interna y relaciones sociales que tenían como asalariados.

12 Modos de decidir que tienen los miembros, quienes simultáneamente están siendo resocializados por la estructura que ellos continuamente rediseñan.

Acción colectiva, autogestión y economía social. El caso de las empresas recuperadas en Argentina Alejandro Pizzi, Ignasi Brunet

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Incentivos sociales y evolución organizacional del movimiento

las distintas formas de actuar dentro del movimiento social. En primer lugar, encontramos un grupo de trabajadores que conducen políticamente a sus empresas, y participan con eficacia en el movimiento, con la expectativa de acumular poder social y político.15 Los denominamos incentivos “politizados”, e implican la idea de que es necesario fortalecer las empresas recuperadas como condición de existencia de un espacio sociopolítico nuevo, autónomo, y con capacidad de dar respuestas positivas a las luchas sociales y laborales que no encuentran canalización en los ámbitos tradicionales. Tomamos como ilustración el relato de un trabajador gráfico, que refleja esa dinámica de movilización politizada:

Las empresas recuperadas constituyen un producto de la crisis socioeconómica y política que estalló en Argentina a fines de 2001.14 Dicha crisis fomentó los incentivos sociales en una franja de los trabajadores para que recuperaran sus empresas cerradas/quebradas y las autogestionasen, como estrategia para enfrentar la amenaza de la desafiliación social (Castel 2000). La recuperación de empresas comenzó a expandirse, debido a la vinculación entre la crisis socioeconómica objetiva, por un lado, y la capacidad de transmisión de esta experiencia entre trabajadores, gracias a la coordinación de la acción colectiva por medio de movimientos sociales, por otro lado. Por ello, los incentivos a la acción colectiva (en este caso, a la recuperación de empresas) no son individuales, esto es, no surgen de la maximización de las funciones de utilidad individuales de los trabajadores, sino de sus relaciones sociales en un contexto de crisis.

La formación del movimiento fue una cosa bastante a pulmón, pura militancia, viste. No se... hay tal ocupación en tal taller, y se salía, se hacía un piquete. Después había que irse a una reunión del movimiento… Era todo

a pulmón, pero había energía. Los referentes de base, vamos a decir, creían en esto, ¿entendés? Entonces se movían, estaban acá, allá, iban a los sindicatos, iban a

En el momento de nuestro trabajo de campo, el número de empresas recuperadas había ascendido a cerca de 200, con implicación de 10.000 trabajadores aproximadamente (Hille 2010; Ruggeri 2010). Quienes protagonizan estos casos son trabajadores formales que provienen de pymes, y constituyeron luchas claramente defensivas, en las cuales se trataba de salvar la continuidad laboral. El impulso inicial a la acción colectiva fue de supervivencia frente a tal cuadro social. (“Nosotros no empezamos esto porque quisimos hacer la revolución, fue la necesidad lo que nos llevó a tener esta lucha”, afirmó un socio de la cooperativa ‘Unidos por el Calzado’ e integrante de la conducción de la cooperativa). Esto es, no estuvo cargado de un ideario emancipador de clase, sino incentivado por la necesidad de la preservación de los vínculos y modos de trabajo conocidos para los trabajadores. De esta forma, a partir de nuestro trabajo de campo constatamos unos incentivos colectivos de los trabajadores por mantenerse ligados a la experiencia asalariada anterior, a un espacio y unos medios de trabajo familiares, si bien bajo una reorganización autogestiva de los vínculos sociales internos en la organización.

la Legislatura, iban a una biblioteca, iban a una universidad, todo era movimiento, se llamaba a concentracio-

nes, charlas, o sea, en ese momento había mucha energía porque la propuesta de cambio era diferente (socio de la Cooperativa Patricios, integrante de la conducción de la cooperativa y de la organización del movimiento social).

Un segundo tipo de orientación consiste en participar en el movimiento con criterios “pragmáticos”, buscando ventajas corporativas, sin interés político o ideológico definido. En esta orientación no prevalecen la voluntad de poder, ni las orientaciones y/o tradiciones políticas, porque la relación con la política es puramente instrumental. Lo importante es fortalecer económicamente la cooperativa y garantizar la seguridad laboral. El siguiente fragmento ilustra esta variante: Nosotros participamos del movimiento para afianzar nuestro laburo, no nos interesa si los demás son radicales o peronistas, esas cosas tienen que quedar al margen […] Pero esto de participar en espacios políticos no

es pérdida de tiempo. No hay que alejarse de la gente

Construimos una tipología de incentivos a la acción colectiva según el vínculo que los protagonistas experimentan con la participación política, y que ayuda a interpretar

del municipio, ni de los políticos, ni de las reuniones. Porque es bueno que te vean. Vos no sabes cuándo te van a precisar ni cuándo vos los vas a precisar (socio

de la Cooperativa San Justo, integrante de la conducción de la cooperativa).

14 Entre 1998 y 2002 se produjo una caída del 19% del PIB y del 60% en la inversión. El cuadro social en 2001 y 2002 alcanzaba una tasa de desempleo del 17% en 2001 y del 22% en 2002, mientras que 32,7% de la población estaba bajo la línea de pobreza en 2001 y el 54,3% en 2002. Al mismo tiempo, el 10% de la población se encontraba bajo la línea de indigencia en 2001 y el 24% en 2002 (Rapoport 2005).

15 Incluye distintas posiciones ideológicas de izquierda, socialcristianas y peronistas, y la creencia en la militancia y el cambio social que puede conllevar la extensión de estas experiencias.

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La tercera orientación la encarnan trabajadores que basan los motivos de su participación en las organizaciones del movimiento social según criterios de “lealtad” hacia algunos dirigentes y espacios políticos, debido a la ayuda recibida de parte de los mismos, tal como se ejemplifica en el siguiente relato: “Nosotras participábamos porque de ellos [de una organización política del movimiento] recibimos ayuda en momentos difíciles, y veíamos que era importante que este espacio creciera” (socia de la Cooperativa Cefomar, integrante de su conducción).

estas primeras organizaciones del movimiento social se mantiene hasta la actualidad el MNFRT. Hacia fines de 2005 el MNER17 experimentó una crisis interna entre sus sectores politizados, debido a disputas en torno a estilos de liderazgos, por la cual su capacidad de conducción y representación del conjunto de empresas recuperadas que lo integraban se debilitaba crecientemente hasta agotarse en términos prácticos en 2006. Unos años antes se había desarticulado el Fencooter, así como el espacio conducido por organizaciones de izquierda a favor de la estatización de las empresas con control obrero de la producción.18 Sin embargo, el movimiento social se está reconfigurando política y organizativamente en los últimos años, luego de estas crisis internas. Las nuevas organizaciones que se fueron constituyendo desde mediados de la década estuvieron impulsadas por liderazgos “politizados”, y en la mayoría prevalece el criterio de asumir formatos provenientes del movimiento cooperativo. Concretamente, varios agrupamientos (no todos) adoptan la figura de federaciones o cooperativas de segundo grado, integrando también otros tipos de cooperativas, y ello debido a que se adapta mejor a la articulación institucional entre empresas recuperadas que tienen la forma de cooperativas de trabajo. En esta línea se inscribe la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta).19 También se encuentra la Federación de Empresas Recuperadas y Cooperativas de Trabajo (Ferycootra).20 Otro espacio que se ha conformado es la Federación de Cooperativas de Trabajo Red Gráfica Cooperativa Limitada.21 Sin embargo, otros espacios políticos no asumen explícitamente la forma de federación de cooperativas, pero también tienen el objetivo de organizar el sector productivo autogestionado. Así, la Unión Productiva de Empresas Autogestionadas (Upea) constituye un consorcio de empresas recuperadas

La orientación politizada está presente en las conducciones de las empresas que tienen trayectoria de militancia social o sindical, a la vez que la orientación pragmática y la basada en la lealtad son más afines con las conducciones sin aquel bagaje; aunque entre los históricos trabajadores de base observamos que un sector de los mismos atravesó el proceso de movilización asumiendo una politización y concientización política creciente (“La lucha me fue llevando a la política, que era impensado antes para mí”, afirmó una socia de la Cooperativa 19 de Diciembre, trabajadora actual de base y ex integrante de la conducción). A la vez, otro sector de los trabajadores de base parece mantenerse en la voluntad de continuar trabajando dignamente, con débiles incentivos al involucramiento en la militancia social y política (“No me ocupo mucho de la política. Estoy en las asambleas cuando se hacen, me informo más o menos, estoy al tanto, eso sí… pero lo mío es trabajar y trabajar”, afirmó un socio de la Cooperativa Felipe Vallese, trabajador de base). Inicialmente, la acción colectiva y la movilización estuvieron conducidas y dinamizadas por los sectores “politizados”.16 Desde el propio nacimiento de este movimiento existieron diferentes criterios organizativos y alternativas políticas en juego, que estuvieron condicionados, a su vez, por las propias propuestas estatales de encauzamiento del conflicto: 1) federación de cooperativas (Federación de Cooperativas de Trabajo de Empresas Recuperadas –Fencooter–); 2) estatización de las empresas, junto con el control obrero de la producción, conducida por fuerzas políticas y sindicales de izquierda; 3) conformación de movimientos sociales propios de empresas recuperadas (Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas –MNER–, Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas por sus Trabajadores –MNFRT–). De

17 La organización que nucleaba a la mayoría de empresas recuperadas en ese momento. 18 Los motivos de los desmoronamientos organizativos remiten a una incapacidad política general de conformar un espacio unificado, que asuma y procese internamente las diferencias y heterogeneidades de un movimiento complejo, pero con intereses objetivos comunes. 19 Integrada por un amplio conglomerado de empresas recuperadas y cooperativas de trabajo tradicionales. 20 Dicha federación se conformó bajo la impronta política de un sindicato metalúrgico, la Unión Obrera Metalúrgica de Quilmes, que conduce a un grupo importante de empresas recuperadas. 21 Constituida por empresas recuperadas del sector gráfico, y políticamente integrada con la Federación de Cooperativas de Trabajo (Fecootra) y con el sindicato gráfico Federación Gráfica Bonaerense (FGB). Un sector del sindicato metalúrgico y el sindicato gráfico son los dos que, orgánicamente, tienen una política de apoyo a los trabajadores de las empresas recuperadas. La relación de este movimiento con el sindicalismo es compleja y el acercamiento específico a dicha relación excede los límites de este artículo.

16 Bajo sus impulsos se conformaron distintas organizaciones con posturas políticas, tradiciones ideológicas y organizativas diferentes, que trataron de coordinar y conducir la recuperación de empresas, asesorando en las tácticas y estrategias por seguir en cada caso, negociando con funcionarios de organismos estatales y/o de juzgados, con legisladores, y demás organizaciones sociales.

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y otras cooperativas de trabajo de diferentes sectores económicos. De igual modo, se conformó la Asociación Nacional de Trabajadores Autogestionados (ANTACTA).22 Hasta el momento del trabajo de campo, estas corrientes no han logrado una síntesis política nueva de carácter sustantivo. La posibilidad de un acuerdo político requiere de un trabajo de construcción de confianza entre las partes (Tilly 2010), con base en necesidades comunes objetivas, que por el momento ha cristalizado débilmente en la Unión de Federaciones de Cooperativas de Trabajo, que agrupa a las federaciones mencionadas, junto a otras tradicionales y aquellas cooperativas nacidas de los planes estatales de construcción de viviendas populares (Acosta y Raspall 2008), que constituye un avance institucional, aunque de baja sustancialidad política.

comportamientos de trabajador asalariado. Un informante ilustra y resume esta perspectiva: Con respecto al paso que dimos para manejar la empresa, hay gente que es chata y hay gente que es pico.

Entonces, ¿quién sufre más? La gente que es pico: la

gente que se pone todo en la espalda, la gente que salió a buscar opciones, que fue a los ministerios, que da la cara. Está bien: la gente que es valle se dedica a la producción. O sea, en el fondo, son complementarios los

unos de los otros (socio de la Cooperativa Artes Gráficas el Sol, integrante de su conducción).

En otros casos, la continuidad de las mismas personas en la conducción se justifica en función de su trayectoria política, de la defensa coherente de un proyecto colectivo que redunda en mejoras económicas y organizativas: “Resulta fundamental la conducción que tiene cada empresa… además ayuda a evitar desbandes y manejos económicos y políticos raros. Mirá, también está vinculado a la trayectoria política de los dirigentes. Es así”, afirmó un socio de la Cooperativa Viniplast, integrante de la conducción de la cooperativa y dirigente del movimiento social. De esta manera, se configura un tipo de representación sobre la organización interna que separa un sector activo y otro pasivo, complementarios y funcionales a la organización económica, sobre el que se asienta la justificación de las relaciones jerárquicas, aunque sujetas a su legitimación periódica en la Asamblea de trabajadores-socios.

La autogestión en las empresas recuperadas La nueva organización interna del proceso productivo implicó la reactualización creativa de rutinas y pautas de trabajo previamente experimentadas bajo la gestión empresarial anterior. Aquí analizamos cómo impacta la movilización de los trabajadores sobre la dimensión interna y externa de la autogestión de sus empresas, tal y como lo señalamos en la revisión teórica de la literatura. Un primer factor que abordamos respecto de la organización interna es el grado de consolidación de los liderazgos dentro de las empresas. La mayor parte de las empresas recuperadas detentan altos grados de estabilidad interna y mantienen una línea de acción consensuada por la mayoría de los trabajadores. Sin embargo, existen algunas empresas con conflictos de coordinación interna.23 Entre las empresas internamente “estables”, en cuyas conducciones permanecen los mismos trabajadores a lo largo del tiempo, observamos que circula un discurso social que justifica dicha situación de estabilidad sobre la base de criterios de eficiencia en los resultados (económicos, organizativos y/o políticos).24 A su vez, el mismo discurso resalta complementariamente la pasividad de otro sector de trabajadores que reproduce

El otro tipo de empresas internamente estables tiene conducciones que van siendo integradas por diferentes trabajadores en distintos períodos, y es una consecuencia de decisiones explícitas de los socios de mantener el espíritu de horizontalidad e igualdad forjado en los momentos más álgidos del conflicto: “Yo antes estaba en la planta y ahora soy el presidente. Entonces estoy acá y estoy allá, no hay puestos fijos […] yo no hago lo que quiero, hago lo que quieren mis compañeros”, afirmó un socio de la Cooperativa Felipe Vallese, miembro de su conducción. En este sentido, el procesamiento interno por parte de cada colectivo laboral de la forma en que experimentan la conflictividad social y su propia movilización moldea las disposiciones de su acción colectiva en esta dimensión de la autogestión. Para avanzar en este análisis, estudiamos los modos típicos de ejercicio del poder dentro de las empresas. Formalmente, el órgano soberano de una cooperativa de trabajo es la Asamblea de socios, cuya voluntad ejecuta el Consejo de Administración. Sin embargo, dicha voluntad se expresa anualmente, cuando se realizan las asambleas ordinarias. Allí, los

22 Integrada por cerca de ochenta organizaciones autogestionarias, entre ellas varias empresas recuperadas, aunque no la mayoría. Esta organización intenta constituirse en un sindicato de trabajadores autogestionados, promovido por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). 23 Que se potencian en empresas recuperadas descapitalizadas, con dificultades de inserción económica, por lo que las conducciones se enfrentan a serios problemas de legitimación interna. 24 Eficiencia que se fundamenta, a su vez, por la demostración de mayores o mejores competencias directivas de este grupo, o por la mayor responsabilidad o compromiso con la cooperativa, que se traduce en más oportunidades de crecimiento para la organización.

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socios tienen la posibilidad, mediante su voto, de aprobar o no lo actuado por el Consejo de Administración, y fijar los objetivos para el ejercicio siguiente, que deberán ser llevados adelante por los consejeros elegidos para el próximo mandato.25 No obstante, en los casos estudiados aquí, estos principios organizativos cooperativos se fusionan con la tradición y cultura de los colectivos obreros, y generan modalidades organizativas con rasgos propios. Una de las variantes típicas que observamos, con diferencias de grado en los casos particulares, se aproxima a este modelo cooperativo clásico, en correspondencia con la existencia de conducciones arraigadas y encarnadas por las mismas personas a lo largo de los años, que va consolidando y afianzando con el tiempo las diferenciaciones iniciales en cuanto a saberes, capital simbólico y relaciones de liderazgo y poder:

el resultado de la estrategia de los delegados de fábricas, que tienen incorporado en su cultura que la asamblea de trabajadores es la instancia que legitima los contenidos de las decisiones que se toman. En otros casos, en los que los trabajadores poseen menos experiencia gremial, constituye un know-how aprendido gracias a la vinculación con organizaciones del movimiento de empresas recuperadas.27 Un informante ilustra la percepción dominante de la relación entre el Consejo de Administración y la Asamblea, dentro de esta variante “asamblearia”: “Siempre resolvemos por asamblea, pero las cosas importantes. No hacemos una asamblea por una boludez. Si no, estaríamos en asamblea permanente. Para eso hay un Consejo de Administración. El Consejo elabora ideas, las propone, y después en asamblea se ve, y si se aprueba si se hace, y si no, no. Así funcionamos. Y así fuimos creciendo”, afirmó un socio de la Cooperativa San Justo, integrante de su conducción. Las cuestiones consideradas “técnicas” u “operativas” son asumidas, entonces, por el Consejo de Administración, y los asuntos concebidos como “estratégicos” o “políticos” pasan por el tamiz de la asamblea de trabajadores, que legitima las decisiones que se adoptan. En líneas generales, cuanto más movilizados se encuentran los trabajadores de base, más peso tiende a tener la práctica asamblearia continua sobre temas estratégicos, y viceversa. Ello determina, en parte, el carácter estable o rotatorio de las conducciones.

Nosotros nos organizamos como cooperativa, y nos

basamos en la pirámide de la cooperativa. Primero

tenemos reuniones entre los gerentes y los responsables de ventas. O sea, la gente de producción, de ventas, el

administrador y el Consejo, para la toma de decisiones. Yo tengo que informar el estado de las máquinas, la

gente de producción tiene que informar cómo llega esa producción, la gente de venta tiene que informar sobre

los nuevos contactos, y el Consejo decidir y emitir órdenes para implementar eso y transmitirlo a los socios

(socio de la Cooperativa Artes Gráficas el Sol, integrante

A continuación, sintetizamos los fundamentos discursivos que legitiman los distintos modos de asignación de la riqueza producida. Encontramos una modalidad de distribución equitativa de los ingresos, en la que la solidaridad e igualdad entre los trabajadores constituyen componentes centrales de su legitimación.28 Otra modalidad implica la diferenciación de los ingresos entre los trabajadores. Sus criterios legitimadores resaltan el estímulo a la responsabilidad y a la eficiencia que promueve la desigualdad en los retiros. En muchos casos, las diferencias salariales no son muy significativas, pero tienen el valor simbólico de expresar la diferenciación social interna en la organización.29 Del análisis del discurso observamos que los criterios igualitarios prevalecen entre los colectivos laborales

de la conducción de la cooperativa).

Otra variante combina el funcionamiento típico de las cooperativas de trabajo con prácticas de democracia obrera de base, de coordinación de la acción colectiva por medio de asambleas en las propias plantas, y que provienen del acervo cultural de los trabajadores. Dicha coordinación democrática, de raíz básicamente obrera, adquiere continuidad práctica amalgamándose con los principios cooperativos, generando una organización con trazos sui géneris. El rasgo fundamental consiste en que el Consejo de Administración no acapara para sí las decisiones estratégicas de la empresa recuperada, sino que esta función la procesa colectivamente la asamblea de trabajadores.26 En muchas ocasiones, esta práctica es

27 En esta variante, el Consejo de Administración, que en el modelo cooperativista clásico es el eje articulador de la organización, es el órgano ejecutor de lo que se decide y legitima en la práctica asamblearia regular de los trabajadores.

25 Por tanto, el funcionamiento se encuentra regulado y limita la participación de los socios a un mecanismo representativo que se pone en juego una vez al año, cuando los socios deben aprobar o desaprobar las decisiones del Consejo, y que muchas veces resultan irreversibles.

28 Estos componentes explican el éxito de la movilización que condujo a la recuperación de empresas, y que deben defenderse y mantenerse, y que, además, no perjudican la eficiencia organizativa y la viabilidad económica.

26 De esta manera, lo que en el cooperativismo tradicional está contemplado como una medida excepcional (la asamblea extraordinaria), en esta variante organizativa constituye una práctica relativamente habitual, que remite a la forma propia de coordinar decisiones y acciones de los trabajadores en momentos de lucha o reivindicaciones durante su pasado asalariado.

29 Ambas modalidades están presentes en empresas que forman parte de distintos espacios organizativos dentro del movimiento, tanto con conducciones internas politizadas como pragmáticas.

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que atravesaron experiencias de mayor conflictividad, mientras que los criterios diferenciadores son acordes con experiencias de menor conflictividad y mayor continuidad con la situación previa a la recuperación.

Además de la organización interna, la dimensión externa de la autogestión (su desenvolvimiento en el mercado)30 también está condicionada por el nivel y alcance de la movilización. Al respecto, aportamos evidencia empírica que indica que la autogestión de las empresas recuperadas en el mercado está sujeta a la evolución organizacional del movimiento social.31 Observamos que en las primeras etapas de cada recuperación han prevalecido exclusivamente estrategias individuales y adaptativas de inserción económica. En términos productivos, inicialmente la gran mayoría de estas empresas adoptaron estrategias precarias, como el trabajo por encargo complementado con la liquidación de stocks para formar un mínimo capital de trabajo, ante la ausencia de capital de giro y de acceso al crédito bancario. A partir de este impulso inicial, un sector de las mismas ha logrado recuperar viejos clientes y proveedores, conquistar otros del rubro y mejorar su posición relativa en el mercado. Otro grupo ha encontrado mayores dificultades para consolidarse y ha debido, forzosamente, reconvertirse a otras actividades. Este carácter individual de las estrategias económicas en parte se explica por la ausencia de proyectos de integración productiva entre las recuperadas que hayan sido planeados e impulsados por los sectores dirigentes y más dinámicos del movimiento social. Dentro del marco interpretativo que orientó las acciones colectivas de los cuadros dirigentes desde los inicios de este movimiento, las prioridades estuvieron asignadas al reconocimiento jurídico de las recuperadas y la construcción y afianzamiento político-organizativo del movimiento. Las conducciones politizadas estuvieron incentivadas inicialmente a consolidar estas dimensiones, visualizadas como la base estructural para un fortalecimiento económico posterior (“Nosotros teníamos el lema de ‘ocupar, resistir, producir’, y la verdad es que nos concentramos en las dos primeras… no veíamos tan claramente lo de ‘producir’ como algo colectivo, creo que lo veíamos como algo de cada empresa”, afirmó un socio de la cooperativa Bauen, dirigente de la misma y del movimiento social).32

En cuanto a los conocimientos puestos en práctica para sostener la autogestión, en el discurso de los trabajadores encontramos, en primer lugar, un saber y una información “operativa”, que remiten al conocimiento técnico del proceso productivo. Hay dos modalidades básicas en que éste se distribuye. Una primera forma refiere a una distribución intraempresa, dada fundamentalmente por las necesidades de polivalencia funcional, y que se lleva a cabo internamente a partir de los saberes ya incorporados en los trabajadores en su etapa previa como asalariados. La segunda forma implica la transferencia de conocimientos mediante agentes externos, como las universidades, el movimiento cooperativo, movimiento de empresas recuperadas, distintos programas de intervención estatal, etc. Observamos que la movilización estimula la solidaridad interna y externa, facilitando la transmisión de conocimientos operativos. Además, existe un saber e información “estratégicos”, vinculados a decisiones de política comercial, productiva, y de relaciones políticas con movimientos sociales, partidos políticos, áreas del Estado, etc. La modalidad de circulación de dicho saber depende del tipo de funcionamiento de la empresa recuperada, según predominen criterios jerárquicos u horizontales. En los casos de empresas recuperadas cuyos trabajadores sustentan sus acciones colectivas en la cultura de la democracia obrera de base y horizontal, las informaciones estratégicas circulan en asambleas, y luego el Consejo de Administración implementa las decisiones tomadas. Por el contrario, en las conducciones más verticalizadas la información estratégica ciñe su tránsito dentro del círculo del Consejo de Administración. De esta manera, visualizamos criterios relevantes que otorgan estabilidad y conducción interna (Stryjan 1999) a estas organizaciones, pero los analizamos a la luz de la movilización social. En este sentido, las formas de conducción y de ejercicio del poder interno, del reparto de ingresos y saberes, no responden a incentivos individuales de los trabajadores de cada empresa analizada por separado, sino que, por el contrario, están moldeadas por los modos en que cada colectivo obrero se moviliza en el proceso de recuperación de su empresa. Y ello, debido a que la movilización, la conflictividad y las conexiones que los trabajadores establecen dentro del movimiento social facilitan la transmisión y recepción de marcos y esquemas de conducción y (auto)gestión que son puestos en práctica en cada experiencia concreta.

En nuestro trabajo de campo observamos un cambio relevante producido en los últimos años, dado que la articulación económica/productiva entre empresas recuperadas comienza a constituirse en un punto central de 30 La dimensión genética y funcional, en términos de Stryjan (1999). 31 Se ha registrado que con el paso del tiempo las empresas recuperadas mejoran, relativamente, su posición económica con relación al inicio de la recuperación, pero no obstante persisten las dificultades para consolidarse en el mercado (Ruggeri 2010). 32 Este carácter inicial “individualizado” de la producción, además, estuvo condicionado por la ausencia de una política integral de apoyo estatal hacia el sector (Rebón y Salgado 2009; Ruggeri 2010).

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los discursos y las prácticas dentro del movimiento social. Ello se asentó en la reconfiguración de las organizaciones políticas del movimiento, como se analizó en otro apartado. Tanto el pasaje hacia la forma predominante de federaciones de cooperativas u otras variantes similares como el peso creciente33 asignado a las posibilidades de cooperación/complementariedad productiva constituyen las condiciones que favorecen los intentos de articulación económica entre empresas recuperadas. Todo ello se inscribe en el marco de los intentos de mejorar la calidad de la conducción y cobertura política de este movimiento para otorgarle mayor sustentabilidad. Así, durante el último año de nuestro trabajo de campo han comenzado a implementarse experiencias (todavía embrionarias) de integración económica entre las empresas recuperadas, y que consisten en la conformación de redes entre grupos de ellas, con el objetivo de compartir recursos, mercados, condiciones de negociación con proveedores, financiamiento, formación, etc., que complementen las opciones individuales originales de cada unidad productiva. En este contexto comienza a circular un discurso social, impulsado por los cuadros dirigentes del movimiento, que resalta la relevancia de la articulación económica entre empresas recuperadas: “Antes, como movimiento, creo que fuimos eficaces en ayudar a los compañeros a recuperar sus empresas, a resistir las presiones legales que tuvimos, o sea, en los temas urgentes, pero nos faltó un proyecto productivo. Hacíamos lo que podíamos por nuestra cuenta. Ahora estamos en otra etapa, donde tenemos que avanzar también en un proyecto económico común”, afirmó un socio de la cooperativa Bauen, integrante de su conducción y dirigente del movimiento social. De esta forma, el desafío actual del movimiento es constituirse en un agente económico con mayores niveles de articulación interna de sus recursos y capacidades para garantizar la reproducción de las condiciones de vida de los trabajadores (“Nuestro principal problema es cómo resolvemos el trabajo mediante esquemas de producción y cooperación con otras empresas. Tenemos que salir del esquema de buscar siempre subsidios”, afirmó un socio de la cooperativa Viniplast, dirigente del movimiento social).

mediante intentos de reforzar la sostenibilidad económica del movimiento en su conjunto, buscando para ello afianzar las bases de la articulación política y económica de sus miembros. Concretamente, los cuadros dirigentes de las empresas gráficas, con el apoyo de los trabajadores de base, así como del sindicato gráfico, fueron forjando consensos sobre la conformación de una red de complementación productiva entre empresas gráficas (la Red Gráfica), que asume la acción colectiva de articular una política común de compras, almacenamiento, producción, gestión de calidad, recursos humanos, capacitación y formación, financiamiento, comercialización y difusión. Estos proyectos empalman con los incentivos pragmáticos de los trabajadores, que aspiran a garantizar su posición económica (“La idea de la Red es que solos somos más débiles. Por eso nos juntamos para ver qué negocios podemos hacer en común […] nuestro proyecto es comercial”, afirmó un socio de la cooperativa El Sol, integrante de su conducción). Hasta el momento de nuestro trabajo de campo, la Red Gráfica contaba con quince cooperativas, que abarcan las distintas etapas de la producción gráfica. Ello permite hacer efectiva una estrategia de movilización de recursos conjuntos para sostenerse en el mercado: Nosotros tenemos máquinas que otros compañeros no tienen, y al revés. Entonces nos complementamos. O

hay otras que tienen las mismas máquinas. Por ejemplo, si se me rompe una máquina, sé que otros compa-

ñeros también la tienen y me pueden sacar de un apuro

de entrega. Muchas veces ha pasado. Así podemos competir mejor con empresas que están más instaladas, que tienen máquinas de última generación. Si no nos jun-

tamos, no vamos a poder entrar al mercado (socio de la Cooperativa Chilavert, y parte de su conducción).34

Además, desde esta red, y de forma articulada con otras organizaciones del movimiento social, se elaboran propuestas políticas para el crecimiento del sector, promoviendo una modificación legal para contemplar a las empresas recuperadas como proveedoras del Estado para su demanda gráfica en este caso (“Nosotros estamos presionando para que se legisle la producción gráfica y que el Estado nos tenga en cuenta en sus licitaciones. El Estado hace mucha gráfica y nosotros podemos entrar ahí.

Estos discursos y prácticas son impulsados y conducidos por dirigentes del movimiento social, especialmente por aquellos que participan con incentivos “politizados” en las diferentes organizaciones, y que dinamizan, mediante pruebas de ensayo y error, opciones organizativas que fortalezcan política y económicamente al movimiento. Los cuadros dirigentes “politizados” tienen el propósito de fortalecer la conducción de sus organizaciones

34 Dicha movilización colectiva también permite expandir los recursos intelectuales y técnicos de los trabajadores. La conformación de la Red les permitió obtener subsidios del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para financiar cursos de capacitación en temas productivos, comerciales, contables, etc., con lo cual la movilización conjunta refuerza las opciones de transferencia social de conocimientos y formación.

33 Dentro de los marcos interpretativos de los cuadros dirigentes.

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Ésta es nuestra pelea más grande ahora: que el Estado nos contemple como proveedores”, afirmó un socio de la cooperativa Chilavert, dirigente del movimiento social). Por tanto, estamos frente a una red de recuperadas, políticamente articuladas, actuando integradamente en su dimensión económico-política.

damente: “Ahora tenemos un proyecto de hacer construcciones de casas entre las empresas recuperadas. Algunos van a hacer las puertas y las ventanas, otros los techos, otros los materiales, y así. Este proceso también tiene el objetivo de comprar una máquina para que esté disponible para todas las recuperadas. En el proyecto de construcción participan las recuperadas y otras cooperativas de vivienda”, afirmó un socio de la cooperativa Felipe Vallese, integrante de su conducción.

Otro caso de articulación productiva lo constituye la red de empresas metalúrgicas (aunque también participan empresas químicas, plásticas) de la zona de Quilmes, Varela y Berazategui, en la Provincia de Buenos Aires. En este consorcio productivo también ha resultado decisiva la articulación política previa entre las empresas recuperadas (impulsada por conducciones politizadas, y seguida de las pragmáticas), la seccional de Quilmes del sindicato metalúrgico35 y sectores universitarios, que aportaron una serie de vínculos internacionales estratégicos que facilitaron financiamiento y asesoramiento productivo. Específicamente, la red ha tejido vínculos con una ONG italiana (Cospe), que supone un asesoramiento internacional basado en el análisis y radiografía de doce empresas recuperadas (llamado “Redes de Empresas, Redes de Personas”), y que les ha aportado capacitación laboral, técnica y tecnológica, y una estructura logística que permite una vinculación online entre los computadores de las doce empresas recuperadas. Dicha interconexión facilita el conocimiento sobre la capacidad productiva de cada una de las empresas en cada momento, y constituye un avance para la coordinación de la actividad productiva de manera colectiva. También han elaborado un Centro de Diseño, que posibilita nuevos procesos de fabricación, capacitación y asesoramiento externo.36 La articulación productiva resulta positiva para otorgarles mayor peso propio a las empresas recuperadas, para negociar condiciones financieras, comerciales, etc., frente a la ausencia de un movimiento social fuerte que las respalde: “Ante no haber una cosa demasiado consistente, ni muy articulada… si voy yo como Viniplast, no me van a dar un mango, pero si vamos como una entidad, como una federación, con personería jurídica, con gente que tiene una trayectoria transparente, o coincidente, entonces se puede hacer. Ésa es la idea”, afirmó una socia de la cooperativa Viniplast, integrante de su conducción. La posibilidad de articular recursos sociales, productivos, políticos, técnicos, favorece la elaboración de nuevos proyectos, nuevas perspectivas económicas, que estarían fuera del alcance de empresas que actúan aisla-

Los ejemplos señalados inspiran estrategias similares en empresas recuperadas que están en una etapa menos avanzada de articulación económica, y favorecen la circulación de propuestas de elaboración de proyectos similares. Un dirigente de un hotel recuperado nos ilustra: El cooperativismo aporta un proyecto de producción.

Éste es un desafío fundamental. Como no hay un camino marcado, las soluciones las vamos tanteando. Nos parece muy bueno lo que hace la Red Gráfica. Acá

existen hoteles, que son empresas recuperadas, en

Mar del Plata, Mendoza, Buenos Aires, etc., y se podría hacer un plan de complementación entre nosotros. O

sea, además de comprar insumos comunes, como sába-

nas, utensilios, material de limpieza, etc., se pueden armar paquetes turísticos ofreciendo estadías en diferentes zonas turísticas del país, porque hay hoteles ubicados en ciudades que ofrecen muchas alternativas

turísticas (socio de la cooperativa Bauen, miembro de su conducción y de la del movimiento social).

Además, bajo el paraguas político de la Upea, se está implementando un proyecto de articulación productiva entre empresas textiles37 y del sector plástico, para producir y vender impermeables. Así, por lo analizado, parece ir complejizándose el repertorio económico de la recuperación de empresas, debido a la transferibilidad de estas formas de acción colectiva, favorecido por la movilización. La misma constituye el fundamento social sobre el que se erigen esbozos de articulación económica, conformando incipientes ámbitos de economía social autogestionada.

Conclusiones

35 Unión Obrera Metalúrgica, seccional Quilmes.

Hemos fundamentado la hipótesis según la cual la profundización de la movilización social favorece la articulación productiva entre empresas recuperadas y constituye la base de conformación de espacios de economía social.

36 Sin embargo, como en el caso de la Red Gráfica, son experiencias que están en sus primeras etapas, llevadas a cabo por empresas con las dificultades estructurales que hemos mencionado durante el desarrollo de este análisis.

37 Que incluye empresas recuperadas y otras cooperativas de trabajo de origen distinto.

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Para ello triangulamos enfoques teóricos, con el fin de captar la conexión entre las dimensiones del fenómeno empíricamente analizado. La teoría de la movilización nos permitió visualizar un proceso central: la dinámica social que facilita la expansión de la recuperación de empresas. El punto fuerte del movimiento social es que fue decisivo en la construcción y socialización de un knowhow y de redes sociopolíticas para difundir la opción por la recuperación de las empresas entre trabajadores. Las oportunidades políticas extienden los incentivos sociales de la acción colectiva y facilitan la transmisión de esta experiencia entre trabajadores. Desgranamos las características típicas de los incentivos puestos en juego y observamos que cobran relevancia especialmente aquellos “politizados” y “pragmáticos”.

de conducción y (auto)gestión que son puestos en práctica en cada experiencia concreta. Así, las conducciones internas de las empresas recuperadas recorren el continuum entre modos verticalizados y asamblearios de liderazgo interno. Estos criterios se consolidan en función de la experiencia de movilización de cada colectivo, y los tipos de incentivos predominantes que la misma implica. En nuestro análisis de campo observamos que cuanto más movilizados se encuentran los trabajadores de base, más peso tiende a tener la práctica asamblearia continua, y viceversa. Ello determina, en parte, el carácter estable o rotatorio de las conducciones. A su vez, la legitimación de dichas conducciones se basa en criterios comerciales y/o políticos, en cierta correspondencia con disposiciones pragmáticas o politizadas de la movilización. �

Con relación a los primeros, están en la base de las disposiciones de los trabajadores a la construcción de organizaciones y a la acumulación de poder para fortalecer al movimiento. Los segundos animan a otro grupo de trabajadores (algunos dirigentes y trabajadores de base) a participar en dichos ámbitos con intenciones de consolidar su situación económica. La movilización y sus incentivos sociales, por tanto, resultan relevantes para entender la conformación de espacios organizativos que favorecen la constitución de ámbitos de interrelación productiva y economía social, que implican mayores niveles (relativos) de autonomía económica. Los dirigentes con incentivos “políticos” impulsan la movilización porque son quienes llevan adelante la articulación de acuerdos estratégicos y de construcción de confianza entre organizaciones, y que constituyen la condición previa para la elaboración de acuerdos económicos entre recuperadas. Las actuales organizaciones del movimiento asumen como parte central de sus marcos interpretativos la apuesta por la producción cooperativa y el fortalecimiento político y económico del sector de la economía social. Y ello en el contexto de una estrategia que, a la vez que favorece la inserción en el mercado, refuerza el peso político del movimiento y sus posiciones en la conducción.

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A su vez, la movilización social también ejerce influencia en la dimensión interna de la autogestión, lo que nos permite comprender mejor los alcances de ésta. Las formas de conducción y de ejercicio del poder interno, del reparto de ingresos y saberes, están moldeadas por los modos en que cada colectivo obrero se moviliza en el proceso de recuperación de su empresa. Y ello, debido a que la movilización, la conflictividad y las conexiones que los trabajadores establecen dentro del movimiento social facilitan la transmisión y recepción de marcos y esquemas

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La diáspora china: un acercamiento a la migración china en Colombia* por Friederike Fleischer** Fecha de recepción: 11 de enero de 2011 Fecha de aceptación: 8 de marzo de 2011 Fecha de modificación: 26 de agosto de 2011

Resumen La diáspora china es la más numerosa y la más extendida entre todas las poblaciones migrantes del mundo. Hoy se estima que el número de emigrantes ha llegado a los 40 millones. Lejos de ser un grupo homogéneo, los miembros de la diáspora china tienen distintos antecedentes económicos, culturales, sociales, educativos y personales, así como historias de vida y emigración muy diferentes. A pesar del creciente interés académico en la cuenca del Pacífico y en la constante inmigración china hacia América en el siglo XX, casi no existe información sobre los chinos en Colombia. El presente artículo ofrece un acercamiento al tema desde el punto de vista histórico, con el fin de llenar el vacío existente, poniendo lo poco que se sabe del tema en el contexto de la discusión sobre la diáspora, para enfatizar la transnacionalidad y la multiplicidad de identidades de este grupo de migrantes. Por otra parte, el artículo analiza las diferencias y similitudes entre la inmigración china en Colombia y la de otros países de América Latina y de otros continentes, relacionando esas particularidades con el contexto local.

Palabras clave Diáspora china, migración, identidad.

The Chinese Diaspora: Exploring Chinese Migration in Colombia Abstract The Chinese diaspora is the largest and most extensive among the world’s migrant populations. Recent estimates put the number of Chinese emigrants at 40 million people. Far from being a homogenous group, members of the Chinese diaspora have diverse economic, cultural, social, educational, and personal backgrounds as well as very different life stories and emigration experiences. Despite the growing interest in the Pacific Rim and the constant immigration of Chinese to the Americas through the 20th century, there is very little information about their migration to Colombia. This article explores the topic from a historical point of view in order to fill this void. The little that is known about Chinese migrants to Colombia is presented in the context of a discussion on the diaspora in order to highlight the transnationality and multiplicity of identities among this migrant group. The article also examines the similarities and differences between Chinese migration to Colombia and other countries in Latin America and on other continents, relating these particularities to local contexts.

Key words Chinese Diaspora, Migration, Identity.

El artículo es parte de la investigación “La Diáspora China en Colombia” financiada por el Fondo para la promoción de la investigación de profesores asistentes y asociados con doctorado de la Universidad de los Andes. ** Ph.D. en Antropología Cultural del Graduate Center, City University of New York, Estados Unidos. Profesora Asistente del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, Colombia. Correo electrónico: f.fleischer406@uniandes.edu.co

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A diáspora chinesa: uma aproximação à migração chinesa na Colômbia Resumo A diáspora chinesa é a mais numerosa e a mais extensa entre todas as populações migrantes do mundo. Hoje se estima que o número de emigrantes já tenha chegado aos 40 milhões. Longe de ser um grupo homogêneo, os membros da diáspora chinesa têm diferentes antecedentes econômicos, culturais, sociais, educativos e pessoais, assim como histórias de vida e emigração muito diferentes. Apesar do crescente interesse acadêmico na bacia do Pacífico e na constante imigração chinesa à América no século XX, quase não existe informação sobre os chineses na Colômbia. O presente artigo oferece uma aproximação ao tema do ponto de vista histórico, com o objetivo de preencher o vazio existente, pondo o pouco que se sabe do tema no contexto da discussão sobre a diáspora, para enfatizar a transnacionalidade e a multiplicidade de identidades desse grupo de migrantes. Por outro lado, o artigo analisa as diferenças e similitudes entre a imigração chinesa na Colômbia e a de outros países da América Latina e de outros continentes, relacionando essas particularidades com o contexto local.

Palavras chave Diáspora chinesa, migração, identidade.

trechos límites teóricos del modelo de Talcott Parsons. Aunque contiene algo de información, la investigación tiene el defecto de estar basada en una muestra de apenas 28 dueños de restaurantes pertenecientes a la más reciente generación de inmigrantes en Colombia.

a diáspora china es la más numerosa y extendida entre todas las poblaciones migrantes del mundo. Incluidas todas las personas de ascendencia china, a comienzos de la década de 1980 la diáspora ascendía a una cifra entre 26,8 y 27,5 millones de personas en más de 130 países alrededor del mundo (Segal 1993). Hoy se estima que el número de emigrantes ha llegado a los 40 millones. Lejos de ser un grupo homogéneo, los miembros de la diáspora china tienen distintos antecedentes económicos, culturales, sociales, educativos y personales, así como historias de vida y emigración muy diferentes. Hoy en día se encuentran chinos en los cinco continentes, y continúan emigrando hacia y entre todos los rincones del globo (New World Encyclopedia 2008).

El presente artículo ofrece un acercamiento al tema desde el punto de vista histórico, con el fin de ayudar a llenar el vacío existente. Abordo la migración de chinos a Colombia mediante una revisión de la literatura, poniendo lo poco que se sabe del tema en el contexto de la discusión sobre la diáspora, para enfatizar la transnacionalidad y multiplicidad de identidades de este grupo de migrantes. Por otra parte, el artículo analiza las diferencias y similitudes entre la inmigración china en Colombia y la de otros países de América Latina y de otros continentes, relacionando esas particularidades con el contexto local. De esta manera, se podrá apreciar no sólo el poder formativo de los lugares específicos, sino también la influencia más amplia de factores como la economía global y las circunstancias espaciotemporales específicas.

A pesar del creciente interés académico en la cuenca del Pacífico y en la constante inmigración china hacia América en el siglo XX, existen solamente dos cortas investigaciones sobre los chinos en Colombia, o más precisamente, sobre los chinos en Bogotá. Restrepo (2001) intentó llevar a cabo un análisis de las razones por las que no existe un Barrio Chino o Chinatown en la ciudad, pero aparte de un enorme esfuerzo por ubicar todos los restaurantes chinos de Bogotá, no logró encontrar información de peso. Por su parte, la corta investigación de Zhang (1991) sobre la comunidad china en Bogotá trata de explicar la “asimilación” china dentro de los es-

La importancia de este trabajo yace, por lo tanto, en su contribución al estudio de la inmigración china en diferentes lugares del mundo, por una parte, y en el impulso a la investigación de esta parte ignorada de la historia de Colombia. En esta época en la que existe un creciente interés en las relaciones entre China y Colombia, este estudio también puede ayudar a contrarrestar la impresión errónea que generalmente se tiene, según la cual estas relaciones son recientes y puramente comerciales.

La diáspora china: un acercamiento a la migración china en Colombia Friederike Fleischer

Dossier

Marco teórico

Los movimientos de independencia, los refugiados y los exiliados son fenómenos globales que desafían la idea tradicional de identidades culturales enmarcadas o definidas geopolíticamente. La filiación de una nación con una cultura o una identidad es cuestionable. Como resultado, durante los últimos años se ha despertado un interés dentro de la sociología y la antropología sociocultural en estudiar la producción y reproducción de culturas definidas en términos distintos a su mera localización. Términos tales como transnacionalismo y globalización, así como el concepto de diáspora, han tomado un papel central como paradigmas para analizar temas de migración, así como aquellas organizaciones e identidades sociales que traspasan las fronteras nacionales y culturales. Estas aproximaciones se enfocan en la movilidad y la dispersión como base para el análisis, y no en el simple flujo de personas de una historia nacional a otra o como un fenómeno marginal de las identidades nacionales (Glick-Schiller et al. 1992; Ong 1999).

La perspectiva diaspórica La idea de migración está fuertemente ligada a las perspectivas basadas en la nacionalidad. Esto puede verse en el vocabulario utilizado en este contexto: dicotomías como inmigración y emigración, atracción y repulsión (push and pull), metáforas como arrancado y trasplantado, y procesos como asentamiento, asimilación y aculturación. Estos conceptos se combinan para concebir la migración como un proceso de reubicación monodireccional, caracterizado por un rompimiento con lo viejo y una acomodación en lo nuevo. El interés en la migración se justifica generalmente por la preocupación más amplia por la integración de los inmigrantes a la nación, o por saber hasta qué punto son el producto de los lugares que abandonaron y cómo contribuyen a esos lugares. La migración en dirección opuesta y las asociaciones que facilitan la circulación de bienes, dinero y personas son reconocidas e incluso investigadas por los historiadores de las migraciones, pero rara vez son incorporadas a la historia de una forma significativa. Los emigrantes que regresan a sus países son personas que desaparecen de una historia y reaparecen en la historia de la tierra que habían abandonado, y las redes de circulación son de interés sólo en la medida en que son las causas que empujaron a la gente a emigrar a su nueva nación.

La palabra griega “diáspora”1 ha sido aplicada siempre a grupos de personas que han experimentado un trauma colectivo y una expulsión, que viven en el exilio y que aspiran a regresar a un hogar. Los ejemplos típicos son los judíos y los armenios. Recientemente, dentro de la literatura en las ciencias sociales, el término ha sido empleado de manera más amplia para describir comunidades de migrantes disímiles, incluidos expatriados, expulsados, refugiados políticos, extranjeros y minorías étnicas (Safran 1991). Aunque todavía existe un debate considerable en las ciencias sociales acerca de la utilidad del concepto y de su aplicabilidad a grupos altamente disímiles de emigrantes (Ang 2003; Chan 1999; Li 2004; Mackie 2003), la ventaja de la perspectiva diaspórica es que complementa y expande la perspectiva basada en nacionalidades al dirigir nuestra mirada hacia las conexiones, redes, actividades y conciencias globales que crean puentes entre puntos de referencia más locales (McKeown 1999).

En una manera similar, Wang Gungwu (1991) ha utilizado las siguientes patrones para categorizar la migración china: comerciante, culi, trabajador temporal (sojourners) y descendiente (huashang, huagong, huaqiao y huayi). Estos patrones citados frecuentemente se complementan con su formulación de las categorías de identidad histórica: nacionalista china, comunal, local, cultural, étnica y de clase. Ambos conjuntos de patrones están basados, sin embargo, en la noción de identidad nacional. McKeown (1999) señala que Wang no le presta suficiente atención a la forma en que estas categorías de patrones de identidad y migración están inmersas en eventos históricos y políticos. Yo añadiría que la concepción de Wang también descuida el hecho de que los migrantes (pero no sólo ellos) desarrollan múltiples identidades a lo largo del tiempo, algunas en paralelo, y que adoptan alguna de ellas dependiendo de la situación. Estas identidades también se sobreponen y se mezclan. Del mismo modo, los patrones de migración pueden cambiar a lo largo del tiempo en una misma persona. Un trabajador temporal (sojourner) se puede convertir en comerciante y colono, por ejemplo.

En lugar de analizar y entender la migración china en términos, por ejemplo, de asimilación –un paradigma basado en una concepción estática de cultura–, la perspectiva diaspórica hace énfasis en la conexión entre diferentes lugares, y el flujo, las interacciones y las transformaciones que ocurren a través de estas conexiones. De este modo, la perspectiva diaspórica evita algunas de las dicotomías que a menudo afectan negativamente las discusiones de la

1 La palabra fue usada para describir la aspersión de semillas, y posteriormente fue aplicada a la colonización griega del Mediterráneo (Cohen 1997).

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identidad de los emigrantes y hace visibles los supuestos y problemas subyacentes, en vez de darlos por sentados. Por lo tanto, en el contexto de este artículo, uso el concepto de diáspora para describir el grupo disperso de chinos que viven fuera de la China y que mantienen conexiones, relaciones y redes con su país de origen, su país de adopción y otras comunidades en diversos lugares del mundo.

sociedad de Lima– como resultado de estos factores, y de la reacción frente a ellos a través del tiempo. Como puede verse, la vida de los chinos en la diáspora sufre la influencia de las relaciones entre sus países de residencia y China, así como de las cambiantes políticas e ideologías globales y locales. Los factores económicos, políticos e ideológicos globales no pueden ser ignorados en un análisis de las vidas de los inmigrantes chinos.

La importancia de factores histórico-locales

Historia de la migración hasta el siglo XX

En otro lugar (Fleischer 1997) estudié la diáspora china en Estados Unidos, mostrando cómo la identidad del inmigrante chino y su vida cotidiana han sido influidas por la situación socioeconómica, ideológica y política en ese país y en el mundo, pero también por las conexiones globales y los flujos internacionales de personas, bienes, ideologías, etc. En Estados Unidos, así como en muchos otros países, los chinos fueron bienvenidos como mano de obra barata, pero posteriormente fueron discriminados y excluidos legalmente. Durante la Segunda Guerra Mundial, los chinos fueron aclamados como aliados, pero después de la Revolución China, en 1949, se convirtieron en sospechosos de ser conspiradores comunistas. En años recientes, los chinos han sido elogiados como una “minoría modelo” por su relativo éxito económico, y son buscados como agentes que facilitan el establecimiento de nuevas relaciones entre sus países de residencia y la poderosa economía de China. Es dentro de estas coordinadas socioeconómicas, ideológicas y políticas a través del tiempo que los chinos en la diáspora construyen sus identidades culturales específicas, diseñan sus vidas e interactúan con otros (Fleischer 1997).

La abolición de la esclavitud en el siglo XIX y la resultante demanda de mano de obra barata en los países latinoamericanos coincidieron con varios levantamientos políticos y sociales en China que facilitaron la migración de chinos a diferentes partes del mundo. Las guerras del opio (1839-1842, 1856-1864), luchas sangrientas por la tierra entre migrantes internos, así como la Rebelión Taiping (1851-1864), que tuvieron un costo de 20 millones de muertos, dejaron devastado al país y empobrecida a la población. Las demandas de reparación por parte de las potencias coloniales europeas ocasionaron un alza de impuestos que, a su vez, llevó a muchos campesinos a la pérdida de sus tierras. Las industrias nativas (por ejemplo, la producción textil) fueron debilitadas por la competencia internacional impuesta, y el comercio prácticamente se paralizó. El desempleo se convirtió en un problema generalizado. El fuerte crecimiento poblacional de las décadas anteriores fue seguido de sequías e inundaciones, lo que agravó la escasez y contribuyó a las hambrunas. Todos estos factores afectaron en particular a las provincias surorientales de China, debido a su mayor densidad poblacional. Como resultado, en busca de mejor vida, miles de refugiados, especialmente de las provincias de Guangdong y Fujian, se convirtieron en inmigrantes a ciudades, áreas fronterizas y otras localidades chinas, así como a lugares por fuera del país (Lyman 1986; Takaki 1989).

De manera similar, los estudios sobre los chinos en Latinoamérica han mostrado la importancia de factores históricos y locales (Hui 1992), tales como la situación socioeconómica (Mackie 2003), que influencia y, de hecho, determina las vidas de los inmigrantes chinos. Wong (1982) sugiere un análisis enmarcado por variables macroambientales de la sociedad a lo largo del tiempo. Su estudio comparativo de los chinos en Nueva York y Lima se enfoca en los factores estructurales que definen la naturaleza del contacto interétnico, determinan el modo de las respuestas adaptativas e influencian el uso o no uso de identidad étnica. Wong identifica específicamente a los factores político-legales, sociales y económicos como lo que determinó la diferencia en la situación de los chinos en las dos ciudades. Luego muestra que los chinos en Nueva York y Lima desarrollaron sus diferentes estilos de vida –uno en un vecindario marcado étnicamente, Chinatown, en Nueva York, y el otro altamente integrado, asimilado y mezclado con la

En ese momento, los europeos y los chinos habían establecido agencias en puertos controlados por europeos como Hong Kong y Macao, por ejemplo, que manejaban la contratación y el transporte de trabajadores chinos alrededor del mundo. Las agencias empleaban reclutadores chinos, a quienes se les pagaba por cada trabajador que reclutaran para el mercado culi2 de trabajadores por contrato, y que usaban una variedad de medios para tentar a emigrantes potenciales, incluidos redes de parentesco,

Culi, o coolie, proveniente del hindú, originalmente era solamente una palabra neutral para trabajadores o sirvientes indígenas en Asia, pero se convirtió en un insulto racial para personas de ascendencia asiática.

La diáspora china: un acercamiento a la migración china en Colombia Friederike Fleischer

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avances materiales, promesas de fortuna, pago de deudas por apuestas, engaño, compra de prisioneros tomados en luchas y secuestro. Muchos chinos no veían otra opción diferente a emigrar para escapar del hambre y mantener a sus familias, a quienes dejaban atrás. Frecuentemente, grandes familias, o incluso clanes y pueblos enteros, decidían de manera colectiva mandar a sus hijos afuera, convirtiéndose en dependientes de las remesas que les enviaban para sobrevivir. La mayoría de estos emigrantes se iban con la intención de regresar a China después de un período de trabajo por fuera (Takaki 1989; Tsai 1983). Usualmente firmaban contratos de ocho años, que los forzaban a trabajar para el tenedor del contrato en cualquier trabajo que se les asignara. El contrato también estipulaba su salario, los beneficios que el patrón ofrecería (por ejemplo, servicios médicos, ropa, acomodación, etc.), y obligaba al culi a abstenerse de hacer reclamos laborales (Hui 1992).

manera en que trataban a los esclavos: la norma eran los látigos, grilletes, largas horas de trabajo e insuficientes provisiones. Los chinos eran bienvenidos sólo para suministrar trabajo manual. Sus contratos estipulaban que no podían cambiarse a otras profesiones y que al final de su período de trabajo, a menos que fueran contratados bajo condiciones similares, debían regresar a China por sus propios medios. Para asegurar el retorno de los inmigrantes chinos a su casa, en muchos países no les era permitido traer a sus esposas e hijos (Chilean Library of Congress 2008; Hui 1992). A pesar de las restricciones impuestas a los inmigrantes chinos para que no cambiaran de profesión, los trabajadores chinos buscaban y lograban moverse a otros negocios, tales como lavanderías, cultivos de vegetales, mercados de comida, comercio, etc. Este cambio de profesión no siempre estaba basado en decisiones libres. Durante la recesión económica de Estados Unidos, por ejemplo, la legislación mantenía a los chinos por fuera de más y más profesiones. Los negocios de lavandería, hoy en día vistos como los típicos “negocios étnicos”, eran considerados trabajo de mujeres, y, por lo tanto, no eran lo suficientemente importantes como para restringir el ingreso de los chinos. De forma similar, los restaurantes y tiendas de provisión de manera inicial servían a inmigrantes chinos, supliendo sus necesidades y gustos. Los restaurantes también daban oportunidades de trabajo que no requerían un manejo muy avanzado del idioma (Wong 1982; Zhou 1992).

No se ha escrito nada acerca del arribo inicial de los chinos a Colombia, aunque sabemos que la inmigración inicial china a Colombia ocurrió durante un tiempo en el que el país intentaba abrir o adaptar su economía local a los mercados mundiales. Estos esfuerzos generaron el boom del tabaco, en la década de 1840, y en la década de 1850, con un alza en las exportaciones de quina. Además, a comienzos de la década de 1860, pero especialmente en la de 1870, fueron construidas vías férreas, como la que se creó entre Bogotá y el río Magdalena. Todos estos esfuerzos económicos incrementaron la demanda de mano de obra barata, que puede haber sido un factor para la contratación inicial de trabajadores chinos, como sucedió en otros países latinoamericanos (Chilean Library of Congress 2008; Hui 1992).

Donde los chinos comenzaban negocios, frecuentemente quebraban los negocios locales rivales, y muchos académicos siguen atribuyendo el éxito de los chinos en los negocios a características “culturales” o étnicas, tales como las relaciones fraternales que suministraban capital y trabajo, así como las redes de distribución y oferta (Butterfield 1986). Lo que este análisis ignora, sin embargo, es que éstas eran y siguen siendo estrategias necesarias para la supervivencia de una minoría inmigrante, usualmente con pocas habilidades de lenguaje, y de personas que, desde el principio, fueron consideradas extranjeros raros que no eran bienvenidos como colonos permanentes (New World Encyclopedia 2008). Además, la razón por la que los chinos podían reinvertir una mayor parte de sus ganancias en su negocio se fundamentaba en que no les era permitido traer a sus familias (Management Today 2007; Zhou 1992).

De acuerdo con Hui (1992) y con la corta historia publicada por la embajada de la República Popular China en Bogotá (1999), hubo alrededor de 800 chinos en Colombia entre 1848 y 1875. Lo poco que se sabe de ellos es que la mayoría provenía de las provincias de Guangdong y Fujian, en el sur de China, y que en Colombia trabajaban principalmente en agricultura, en especial en el cultivo de caña de azúcar, así como en pequeñas industrias de alimentos y textiles. Lo que en general se omite, sin embargo, es el número considerable de trabajadores chinos en Panamá, que en la época era parte de Colombia. Entre 1852 y 1890, alrededor de 25.000 trabajadores chinos (culis que trabajaban por contrato) fueron traídos al país para la construcción del ferrocarril y, posteriormente, del canal de Panamá.

Es significativo dentro del contexto de las vidas de los chinos en Colombia que este país nunca estableció legislación antichina que los mantuviera fuera de

De otros países latinoamericanos sabemos que los terratenientes trataban a los trabajadores chinos de la misma

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profesiones específicas o que eventualmente prohibiera su inmigración, como sí lo hicieron Estados Unidos (en 1882), Jamaica (en 1905) y México (en 1922). En México, por ejemplo, durante la segunda mitad del siglo XIX, la inmigración europea era particularmente promocionada no sólo para estimular el desarrollo económico sino también para homogeneizar la nación en cuanto a una identidad europea “civilizada” (Craib 1996). La exclusión de los inmigrantes chinos de la sociedad creó desde sus comienzos un clima social muy hostil (New World Encyclopedia 2008).

Por otra parte, sabemos que en 1970 había más de 6.000 chinos que vivían en Colombia, lo que significa que continuaron llegando a este país. Podemos asumir que la atmosfera antiinmigración en muchos países (ver arriba) era la mayor causa de la inmigración continuada de chinos a Colombia. La migración no provenía de China, porque durante los primeras tres décadas de la República Popular de China, la emigración estuvo severamente restringida. De hecho, sabemos que a comienzos del siglo XX, debido a la xenofobia en Estados Unidos, un gran número de chinos emigró a Colombia. Restrepo (2001) afirma que en esta época varios grupos de emigrantes se establecieron en Barranquilla.

Sin embargo, a pesar de que no hubo leyes de exclusión en Colombia, es cuestionable que los chinos estuvieran integrados socialmente en este país. A fines del siglo XIX, aquí también existían ciertos estereotipos raciales, tales como la raza antioqueña, que excluía tanto a negros como a mulatos. Las identificaciones personales propias en los censos de 1851 y 1912 también muestran una cierta ansiedad de la sociedad por “blanquearse”: en los sesenta años transcurridos entre los dos censos, el porcentaje de “blancos” en la población se duplicó de un 17 a un 34,4 %. En contraste, el porcentaje de “indios” en la población se redujo a la mitad y la proporción de mestizos disminuyó en una cuarta parte (Safford y Palacios 2002). Sin duda, estos prejuicios raciales (o étnicos) influyeron en una manera significativa (negativa) la vida diaria de los chinos trabajadores en Colombia.

Un ejemplo específico del desplazamiento de migrantes chinos a Colombia por razones xenofóbicas, pero también económicas, es Panamá. Los chinos que llegaron a este país para trabajar en la construcción del ferrocarril, y después en la del canal de Panamá, al comienzo del siglo XX mantuvieron un rol importante en otros sectores económicos; eran dueños de 600 almacenes, y se dice que el país dependía de las provisiones de estas tiendas. Sin embargo, la diáspora china experimentó varios desafíos en Panamá. En 1901, por ejemplo, chinos que trabajaban en la construcción del ferrocarril en el istmo de Panamá fueron sometidos a actos de agresión, lo que llevó al cónsul general de Estados Unidos a notificar públicamente a los chinos que tenían el derecho de protección del consulado de Estados Unidos (New York Times 1901).3 Además, se introdujeron varias leyes que dificultaron la vida de los chinos en Panamá. En 1903 los declararon “ciudadanos no deseables”; en 1913 se introdujeron impuestos por cabeza;4 en 1928 la ciudadanía para chinos requirió peticiones especiales; y finalmente, en 1941 el Gobierno revocó completamente la ciudadanía de los chinos (Jackson 2004; New York Times 1913). Si bien su ciudadanía fue restituida en 1946, la apertura de más y más grandes almacenes en los años 1950 y 1960 presentó un nuevo desafío para los chinos en Panamá. La competencia económica para los almacenes chinos era tan seria que la mayoría tuvo que cerrar. Unos pocos de los dueños se quedaron en el país, pero muchos chinos luego emigraron a Colombia y/o Estados Unidos, también para escapar del gobierno dictatorial (Jackson 2004; New York Times 1913; Vega 2003). De la misma manera, se puede

Migración y cambios en la diáspora china en el siglo XX Existe un gran vacío en nuestro conocimiento sobre la diáspora china en Colombia en el período que va desde el comienzo del siglo XX hasta los años 1970/80. El siglo empezó con los levantamientos políticos en China, que llevaron a la creación de dos facciones políticas entre los chinos dentro y fuera de China, y que finalmente causaron la revolución comunista y la fundación de los dos Estados chinos separados, uno en el continente y el otro en Taiwán. El efecto para la diáspora china no sólo fue la creación de conflictos políticos sino también más diferenciación entre los emigrantes ya distinguidos por localidades de origen, lenguaje e historia de migración. Así, hasta el día de hoy, en cuanto a organización, se encuentran, por un lado, la “Overseas Chinese Association”, fundada por chinos que migraron a Colombia en la década de 1980, y por el otro, el Centro Cultural Chino de Bogotá, fundado en 1988 por una institución del Gobierno taiwanés (Zhang 1991).

En este período, China y la República de Colombia no habían establecido relaciones oficiales, y el cónsul general de EE. UU. actuaba como representante consular del Imperio chino en este país.

4 Este tipo de impuestos existió en varios países, y fueron introducidos con el fin de no restringir la inmigración de trabajadores, pero evitar que llevaran sus esposas e hijos (que también debían pagar el impuesto), y así garantizar que los migrantes no se quedaran en el país.

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te un Barrio Chino o Chinatown como en otras ciudades latinoamericanas o en ciudades de Estados Unidos. Así como Wong (1982) muestra que los factores externos, sociales, económicos y legales influenciaron la emergencia de estos enclaves en Estados Unidos, es interesante anotar que en Barranquilla, donde se reporta que vive el segundo mayor número de inmigrantes chinos en Colombia, se desarrolló algo así como un vecindario étnico chino, el cual, debido al limitado número de negocios chinos, consta sólo de una calle.

especular que vinieron más migrantes a Colombia que salieron de otros países latinoamericanos durante estos años de la atmosfera antiinmigrante, contribuyendo así al número creciente de chinos en este país. Pero en la década de 1980, con el levantamiento de las leyes antiinmigración china en Estados Unidos y el comienzo del período de reformas en la China continental, la situación política, económica y social de los chinos cambio radicalmente. Desde entonces, algunos países buscan que los chinos se establezcan y se hagan ciudadanos, y han instituido criterios educacionales, ocupacionales y lingüísticos que lleven a una mejora para el inmigrante. La emigración desde el continente, que había cesado prácticamente durante los treinta años de maoísmo, ha crecido de nuevo. Hoy en día, sin embargo, más emigrantes chinos vienen de grandes ciudades como Beijing y Shanghái, por ejemplo, son mejor educados, vienen con sus familias nucleares y son guiados cada vez menos por redes extendidas de parentesco u otras relaciones. La mayoría de ellos trabaja en negocios de restaurantes, empresas, y aun en el sector agrícola (Restrepo 2001; Hui 1992). La entrega en 1997 de la colonia británica de Hong Kong a la China continental produjo “hogares de astronauta”, en los que muchos adinerados hombres de negocios tenían a sus esposas e hijos por fuera (Vancouver, Canadá, era un destino preferido), mientras que ellos se quedaron en Hong Kong para hacerse cargo de sus negocios, estableciendo de hecho hogares globales (Waters 2002).

Más recientemente, se reporta un aumento anual de la población china de 10%. Esto tal vez tiene que ver con el crecimiento de las conexiones económicas entre China y Colombia. Sin embargo, desde el período de las reformas también hubo un aumento significativo en el tráfico de personas: campesinos pobres de las provincias más remotas y olvidadas son llevados de contrabando, a través de extensas redes de profesionales, a destinos donde los emigrantes esperan encontrar una vida mejor, tales como Europa y Estados Unidos. Aparentemente, América Latina se ha convertido en un puerto de entrada en el continente americano para estos inmigrantes ilegales, los cuales son enviados a Estados Unidos a lo largo de diversas rutas que pasan por México. De hecho, Colombia ahora es considerada como país trampolín que canaliza inmigrantes ilegales a Estados Unidos. Ha habido varios reportes (Kraul 2007; Qiang 2007) sobre este problema. Por un lado, hay los casos de viajeros que entran al país de manera legal (con visa de turista) y se pierden después; no existe ningún registro de su salida de Colombia por canales oficiales cuando se venció su visa. Por otro lado, están los casos en que se descubrieron chinos que vivían embutidos en cuartos de hoteles en las afueras de Bogotá, aparentemente preparándose para ser sacados del país de manera clandestina. Presuntamente, algunos de estos “turistas” pagaron US$60.000 para ser traídos a Colombia, con la promesa de que era la entrada a Estados Unidos. Qiang (2007), por ejemplo, reporta sobre el caso de 101 chinos detenidos que la Policía encontró encerrados en unos cuartos atestados, unos con visas de turismo vencidas, pero la mayoría sin documentos legales.

El levantamiento de las leyes antiinmigración china en Estados Unidos permitió que durante la década de 1980 muchos chinos emigraran de Colombia a Estados Unidos. Como resultado, de las 5.600 personas de origen chino reportadas en 1982 (Poston y Yu 1990), en la década de 1990 quedaron sólo 3.400, la mayoría de las cuales vive en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena, Medellín, Santa Marta, Manizales, Cúcuta y Pereira. Todos estos movimientos migratorios –flujos de personas alrededor del mundo– apoyan la noción de que la “diáspora china” está lejos de quedarse en un país, adoptar una identidad, y/o “asimilarse”. Factores políticos, económicos, sociales y personales contribuyeron a la circulación, al movimiento de los chinos entre varios lugares. Estos factores también influyen de manera importante en las formas de residencia y, más recientemente, en el tráfico de personas.

Aparte de las historias y suertes individuales de estos migrantes ilegales que involucran esperanzas destruidas y muchas veces inversiones económicas ruinosas, la publicidad de estos casos descubiertos afecta de una u otra manera a los chinos legales en este país. Así, este aspecto del tráfico de personas adquiere un rol importante para la diáspora china en Colombia.

El establecimiento de los patrones de residencia en el área urbana nos dará un esquema de la influencia de la planeación y el crecimiento urbano, así como del lugar de los inmigrantes en estos procesos. En Bogotá no exis-

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Conclusión

4. Cohen, Robin. 1997. Diasporas, the Nation-State and Globalisation. En Global History and Migrations, ed. Wang Gungwu, 117-120. Boulder: Westview.

La información establecida sobre la diáspora china en Colombia es realmente muy poca. El tema merece más investigación y mayor atención, debido a las circunstancias específicas y “atípicas” que se desarrollaron en este país: la no existencia de leyes antiinmigratorias en el pasado y el hecho de que hoy el país funcione como “trampolín” para la migración ilegal a EE. UU. Este recorrido histórico es sólo un primer acercamiento a este fenómeno.

5. Craib, Raymond. 1996. Chinese Immigrants in Porfirian Mexico: A Preliminary Study of Settlement, Economic Activity and AntiChinese Sentiment. Albuquerque: Latin American and Iberian Institute. 6. Embajada de la República Popular China. 1999. Colonia china en Colombia. Cincuentenario de la Fundación de la República Popular de China, 1949-1999. Bogotá: Embajada de la República Popular China.

En este contexto de los chinos como puente hacia el poder económico chino, como minorías ejemplares y como sujetos de contrabando, se muestra especialmente la validez del concepto del transnacionalismo y de la diáspora. Lo que la perspectiva diaspórica ofrece en especial es que complementa y expande la perspectiva basada en nacionalidades al dirigir nuestra mirada hacia las conexiones, redes, actividades y conciencias globales que crean puentes entre puntos de referencia más locales. La perspectiva diaspórica hace énfasis en la conexión entre diferentes lugares, y el flujo, las interacciones y las transformaciones que ocurren a través de estas conexiones. De este modo, la perspectiva diaspórica evita algunas de las dicotomías que a menudo afectan negativamente las discusiones de la identidad de los emigrantes y hace visibles los supuestos y problemas subyacentes, en vez de darlos por sentados.

7. Fleischer, Friederike. 1997. Die Chinese Diaspora in den USA. Disertación de Maestría, Universität Hamburg, Alemania. 8. Glick-Schiller, Nina, Linda Basch y Christina BlancSzanton (Eds.). 1992. Towards a Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. Nueva York: New York Academy of Sciences. 9. Hui, Juan Hung. 1992. Chinos en América. Madrid: Editorial Mapfre. 10. Li, Minghuan. 2004. Myths of Creation and the Creation of Myths. Interrogating Chinese Diaspora. Chinese America: History and Perspectives 1-7.

Así, este artículo muestra cómo la vida de los chinos en la diáspora sufre la influencia de las relaciones entre sus países de residencia y China, así como de las cambiantes políticas e ideologías globales y locales. Los factores socioeconómicos, políticos e ideológicos a través del tiempo y el espacio no pueden ser ignorados en un análisis de las vidas de los inmigrantes chinos a Colombia o a otros países del mundo. �

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La cooperación europea en materia de inmigración: el caso de España y la comunidad latinoamericana* por Beatriz Hernández**

Pierre Lebret***

Fecha de recepción: 29 de septiembre de 2010 Fecha de aceptación: 10 de octubre de 2011 Fecha de modificación: 8 de diciembre de 2011

Resumen Este estudio se centra en el análisis de la cooperación europea en materia de inmigración y los efectos que la crisis económica actual pueda tener en la población inmigrante de procedencia latinoamericana. Desde los años noventa, los flujos migratorios hacia la Unión Europea se acrecentaron de tal forma que se produjo una respuesta comunitaria hacia la regulación de este fenómeno. El promedio de inmigrantes en Europa representa un 8,7% de la población total, lo que ha tenido impactos sociales, económicos y políticos diferenciados en cada uno de los países miembros. Los inmigrantes de América Latina se han visto afectados por las respuestas nacionales y comunitarias, sobre todo en aquellos países donde son más numerosos, como es el caso de España, país que se ha tomado como estudio de caso. Con la crisis económica actual, los inmigrantes legales se han convertido en un sector de la población más vulnerable a sus efectos económicos, como el desempleo. En este contexto, es de esperar que la cooperación pase a una nueva etapa, más centrada en políticas de inclusión que de cierre de fronteras.

Palabras clave Inmigración, Unión Europea, crisis económica, América Latina.

European Cooperation on Immigration: The Case of Spain and the Latin American Community Abstract This study analyzes European cooperation on immigration and the effects that the current economic crisis might have on immigrants of Latin American origin. Since the nineties, the migratory flow towards the European Union (EU) grew to such a point that there was a community-wide response to regulate the phenomenon. On average, immigrants make up 8.7% of the total population in Europe, with varying social, economic, and political impacts among the different member countries. Latin American immigrants have been affected by national and community-wide responses, especially in countries where they are more numerous, such as Spain, the case study for this investigation. In the current economic crisis, legal immigrants have become the most vulnerable group to the economic effects, such as unemployment. In this context, we expect cooperation to enter a new stage, centered more on policies of inclusion rather than border control.

Key words Immigration, European Union, Economic Crisis, Latin America.

* Este artículo es resultado de una investigación independiente. ** Cientista política de la Universidad Complutense de Madrid, España. Magíster en Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Estudiante del Doctorado en Estudios Europeos, Instituto Ortega y Gasset, España. Coordinadora Académica de la Universidad Diego Portales, Chile. Correo electrónico: beatriz.hernandez@udp.cl *** Cientista político y Magíster en Cooperación Internacional de la Universidad de la Sorbonne Nouvelle Paris III, Francia. Consultor en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Correo electrónico: pierre.lebret21@gmail.com

La cooperación europea en materia de inmigración: el caso de España y la comunidad latinoamericana Beatriz Hernández, Pierre Lebret

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A cooperação europeia em matéria de imigração: o caso da Espanha e da comunidade latino-americana Resumo Este estudo se centra na análise da cooperação europeia em matéria de imigração e dos efeitos que a crise econômica atual possa ter na população imigrante de procedência latino-americana. Desde os anos noventa, os fluxos migratórios à União Europeia aumentaram de tal forma que se produziu uma resposta comunitária no sentido de regularizar esse fenômeno. A média de imigrantes na Europa representa 8,7% da população total, o que vem gerando impactos sociais, econômicos e políticos diferenciados em cada um dos países-membros. Os imigrantes da América Latina se veem afetados pelas respostas nacionais e comunitárias, sobretudo naqueles países onde são mais numerosos, como é o caso da Espanha, país que se tomou como estudo de caso. Com a crise econômica atual, os imigrantes legais se converteram em um setor da população mais vulnerável a seus efeitos econômicos, como o desemprego. Nesse contexto, é de esperar que a cooperação passe a uma nova etapa, mais centrada em políticas de inclusão que de fechamento de fronteiras.

Palavras chave Imigração, União Europeia, crise econômica, América Latina.

del Muro de Berlín–, y desde el norte de África y América Latina (Lacomba 2008). España pasó entonces a ser un país receptor de inmigrantes dentro de la UE. La inmigración se convirtió en un tema europeo desde que desaparecieron las fronteras internas, que permitió la libre circulación de personas (artículo 18 del Tratado de la Unión Europea de 1992). Sin embargo, para garantizar este derecho interno se levantaron restricciones a la entrada de movimientos migratorios que pudieran beneficiarse de esta nueva libertad, pues pondría en riesgo los objetivos del Mercado Común (localización de la mano de obra de acuerdo con la oferta laboral). Los resultados han sido muy distintos y los criterios para frenar la inmigración ya no son económicos sino que también se fundamentan en motivos de seguridad pública.

a migración es un fenómeno mundial que se ha extendido en los dos últimos siglos, pero que se agudizó y aumentó en todo el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que representa en nuestros días en torno a un 3% de la población mundial (OIM 2009), y se entiende como “toda persona que establece su residencia habitual en un nuevo país” (Thierry 2008, 1). Los flujos migratorios han variado en su composición humana y destino geográfico según las necesidades y circunstancias históricas. Hasta hace unas décadas, estos movimientos se consideraban no sólo propios de una creciente imposición de las leyes del mercado, en concreto por la falta de empleo en los países de origen, sino también por una necesidad para algunos países de destino que requerían una mayor mano de obra para realizar su sueño de desarrollo económico, es decir, los países que más se industrializaron, como Estados Unidos, Alemania, Francia y Reino Unido.

Ciertamente, una vez que las necesidades de mano de obra fueron cubiertas, la entrada de inmigrantes sufrió una serie de regulaciones legales que no llegaron a tener un impacto efectivo en el control de los flujos externos. En las dos últimas décadas, las políticas restrictivas sobre inmigración laboral impuestas por la UE y sus países miembros no han logrado detener las entradas, sino que han contribuido a convertir muchas de ellas en clandestinas y, en cierta medida, desviarlas hacia peticiones de refugio o asilo (Panadero 1997). En 1995 sólo un 3% de la población en la UE era nacional de países no europeos (Panadero 1997) pero la oleada migratoria ya estaba cambiado el panorama europeo. En la actualidad, de los 200 millones de inmigrantes que existen en el mundo, dos tercios se encuentran en Estados Unidos y la UE (Banco Mundial 2009). En Europa, el número de inmigrantes

Para muchos países europeos, la reconstrucción económica tras la crisis de posguerra se debió en gran parte a la entrada masiva de inmigrantes que procedían de otros países europeos, en concreto los menos desarrollados del sur (España, Italia y Portugal), y de países con los que se había mantenido alguna relación histórica como las excolonias en África y Asia. Con la profundización de la integración económica de la Unión Europea (UE), se producen nuevos flujos migratorios, especialmente a partir de la década de los años noventa desde Europa del Este –a raíz de la caída

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llega hoy a un estimado de casi 70 millones de personas, un 8,7% de la población total.1 Aunque la mayoría de los inmigrantes latinoamericanos y caribeños eligen como primer destino Estados Unidos, los países de la UE –y en especial España– son el primer destino para los nacionales de países andinos y del Cono Sur (Cepal 2006).

En la actualidad, además de los criterios de seguridad pública aplicados hacia la inmigración ilegal, se suman criterios económicos para limitar con más firmeza la inmigración legal. Se puede apreciar que los objetivos centrales de las políticas europeas siguen por tanto enfocándose en frenar la inmigración ilegal con mayores controles fronterizos y reducir la inmigración legal3 en una coyuntura económica adversa en la que se ofrecen pocos permisos de trabajo. Estas medidas pueden ser cuestionadas en el ámbito internacional, pues apuntan a la construcción de una fortaleza europea que no está teniendo en cuenta el impacto de dichas medidas sobre la población inmigrante y también sobre sus familiares que quedaron en los países de origen y que dependen en alto grado de las remesas que reciben. Este trabajo apunta a clarificar la dualidad existente entre las políticas europeas y las políticas nacionales que todavía mantienen ciertas competencias sobre la inmigración. En definitiva, se intenta justificar por qué los gobiernos nacionales, en este caso el de España, deben implementar políticas complementarias a las europeas para atenuar los efectos de la crisis económica sobre la inmigración legal, esto es, teniendo en cuenta tanto las necesidades del mercado como la protección social de los inmigrantes.

Si sumamos la inmigración ilegal, la cual se calcula que sería de unos ocho millones de personas, encontramos que en los últimos años la UE enfrenta un problema creciente de control de sus fronteras. Los primeros intentos de cooperación europea son el resultado de las presiones de los países más afectados por la inmigración, sobre todo la inmigración ilegal, pues con ella se fomenta el tráfico de personas y el empleo ilegal. Esta inmigración, como cualquier otra actividad ilícita, es percibida como una amenaza a la soberanía, la gobernabilidad y la seguridad ciudadana, y por tanto está entre las prioridades de la agenda gubernamental de muchos países (Sandell, Olivié y Sorroza 2007; Triandafyllidou 2005). En este sentido, podemos observar cómo las políticas nacionales convergen hoy en día hacia un paraguas normativo común que armoniza y unifica los criterios de gestión de los flujos migratorios, por ser éste un fenómeno transnacional.

Evolución de los flujos de inmigración en la Unión Europea

Hemos escogido el caso de España por ser el país de la Unión Europea que mejor refleja la situación de los inmigrantes latinoamericanos, tanto por el número que representan como por ser una generación de jóvenes2 inmigrantes que llegaron de forma regular (inmigración en su mayoría legal). Mientras España luchaba contra una inmigración ilegal de origen principalmente norteafricano, también extendía permisos de trabajo a inmigrantes latinos en un contexto en el que había una demanda de mano de obra creciente. Sin embargo, el panorama ha cambiado sustancialmente, ya que con la reciente crisis económica se han perdido numerosos puestos de trabajo, y con ellos, los permisos de residencia legal. La comunidad latina se enfrenta por primera vez a leyes comunitarias y españolas cada vez más duras, y también a posibles reacciones sociales contra un sector de la población que entra en competencia “desleal” en el mercado laboral.

La UE es en la actualidad un único espacio común multinacional, libre de fronteras, lo que da un carácter transnacional a la inmigración. La inmigración no es un fenómeno nuevo para los Estados europeos, pues han recibido flujos migratorios constantes a lo largo de su historia. Con el proceso de industrialización, en los años sesenta surgen nuevos mercados laborales atractivos, y sin restricciones (Lattuca 2006). Si bien la inmigración tradicionalmente venía de los países menos desarrollados de Europa (España, Portugal, países del Este), en la actualidad incluye terceros Estados de otros continentes por cercanía geográfica o relaciones culturales e históricas. A partir de los años noventa, España pasó a ser un país receptor, más concretamente a partir del año 2000, pues recibe grandes flujos de inmigración proveniente de África y de América Latina. En el caso de Alemania, después de la caída del Muro de Berlín en 1989 y el conflicto yugoslavo (1991-1995), resultaría ser el país con mayor

1 Organización Internacional para las Migraciones (OIM). http:// www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp. La inmigración ha crecido por tres razones: 1) Los flujos de inmigración; 2) El reagrupamiento familiar; y 3) La tasa de natalidad entre los inmigrantes, que puede ser superior a la de los nacionales.

3 Hay una clara distinción normativa sobre la inmigración legal e ilegal. Hasta la crisis económica, la inmigración legal no tenía restricciones. Para efectos de este artículo, las políticas de la UE y sus Estados miembros deben proteger al inmigrante legal que ya reside en la UE.

2 La edad media, de 31,7 años, es cinco años inferior a la de los extranjeros de origen europeo. Ministerio de Trabajo e Inmigración. Ver en http://www.tt.mtin.es/periodico/inmigracion.htm

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número de inmigrantes dentro de la UE, por la avalancha de peticiones de asilo y refugio y por la inmigración ilegal, pero también acoge inmigrantes de países no miembros de la UE como Turquía. Para países como Francia, Bélgica o Reino Unido, que tienen en común un pasado colonialista, no resulta extraño encontrar que su inmigración sea principalmente africana y asiática.

A partir de los gráficos 1 y 2 podemos deducir que los flujos de inmigración en España han sido comparativamente mucho más dinámicos que en el promedio de la Unión Europea. En España residen casi 1.400.000 latinoamericanos, que constituyen el segundo grupo después de los inmigrantes de origen europeo, es decir, la comunidad latina más grande en todo el territorio de la UE. Al respecto, se trata de un flujo constante desde mediados de la década de los noventa, de acuerdo con la demanda de mano de obra. Sólo en 2007 llegaron unos 8.000 latinoamericanos de forma legal.

Número de inmigrantes

Gráfico 1. Evolución del número de inmigrantes censados en España, 1981-2010 Población extranjera en España

6.000.000

Gráfico 3. Inmigración latinoamericana registrada en España, año 2007

5.000.000 4.000.000

Brasil 6%

3.000.000 Perú 8%

2.000.000 1.000.000

Ecuador 39%

Bolivia 12%

0 1981 1986 1981 1991 1981 1996 1998 1981 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Argentina 13% Colombia 22%

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística, España.

Fuente: elaboración propia. Datos del Instituto Nacional de Estadísticas, España.

Para países como España, la cercanía lingüística y cultural y el hecho de que no se requirieran visados de turismo hizo que los latinoamericanos llegaran masivamente a ese país. A inicios del siglo XXI, España ya puede hablar en esta materia de la era latinoamericana, por ser éste el primer grupo de inmigrantes interesados en mejorar sus condiciones de vida y dejar atrás la inestabilidad económica y social existente en algunos países latinoamericanos y caribeños (Wihtol de Wenden 2008).

La población migratoria latinoamericana es diversa en cuanto a su formación y países de origen. Los inmigrantes andinos, y en particular los ecuatorianos y colombianos –que representan la mayor cantidad de inmigrantes en España–, son por lo general poco cualificados, jóvenes, en comparación con otros latinoamericanos como los chilenos o brasileños, que cuentan con mayores niveles de educación y trabajan en sectores cualificados (Recher y Requena 2009).

Gráfico 2. Porcentaje y origen de los inmigrantes llegados a España en 2006

La evolución de la cooperación entre los países europeos

África Subsahariana 4%

África del Norte 16%

Iberoamérica 39%

La Unión Europea nace como un proceso de integración económica y cooperación política, que fue extendiendo sus competencias en diversas materias relacionadas con la creación del Mercado Único, en 1957. Hasta tiempos más recientes, la inmigración era vista como la oportunidad de conseguir mano de obra regulada por las leyes europeas de protección de los trabajadores, sin discriminación respecto a los nacionales de los países

Europa del Este 19% Europa Occidental 22%

Fuente: elaboración propia con base en los datos del Instituto Nacional de Estadística, España.

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europeos. Sin embargo, con el constante flujo de inmigración legal y sobre todo ilegal, el conjunto de países de la UE ha estado trabajando para formalizar la institucionalización de la cooperación en materia policial y judicial, dentro de un marco legal común europeo, para enfrentar conjuntamente el problema.

El establecimiento del Tercer Pilar dentro del Tratado de Maastricht dio inicio a la cooperación intergubernamental en asuntos de Justicia e Interior, es decir, una cooperación policial y judicial en diversos asuntos relacionados principalmente con la seguridad pública y la libre circulación de las personas. Si bien la inclusión de este pilar no fue un proceso fácil, se hizo necesaria ante dos razones fundamentales. La primera ha sido el nuevo escenario internacional definido con la globalización, y junto con la caída del Muro de Berlín aumentaron los flujos migratorios y las presiones fronterizas; y la segunda es la entrada en vigor del Mercado Común Europeo en 1992, que implicaba una progresiva liberalización de la circulación de las personas de acuerdo con las demandas laborales. Para dar respuesta a estos nuevos desafíos algunos países de la UE formalizaron además un Acuerdo propio para crear el Espacio Schengen, en 1995, un espacio para garantizar que la libre circulación de personas, y en este caso, de inmigrantes, se realizara bajo una verdadera cooperación policial y judicial.

En primer lugar, es importante recordar las fechas clave que permiten observar y analizar la evolución de cómo los Estados de la UE han formalizado la cooperación en torno a la inmigración. A mediados de los años ochenta algunos países firmaron un acuerdo de cooperación fronteriza conocido como Acuerdo Schengen; sin embargo, no se formaliza la inmigración como parte de la agenda de cooperación política hasta 1992, con el tratado de Maastricht (TUE).4 Cuadro 1. Resumen de los Acuerdos más importantes en materia de inmigración

Tratado de Maastricht

Tratado de Ámsterdam

Consejo Tampere

1992

Creación del Tercer Pilar – Asuntos de interior y justicia (JAI)

1997

Traspaso de políticas de inmigración y asilo en el Primer Pilar – Traspaso de competencias a la Comisión

1999

Creación del espacio UE de “Libertad, Seguridad y Justicia”

Consejo Laeken

2001

Ciudadanos solicitan seguridad

Consejo de Sevilla

2002

Condiciones para la Ayuda Oficial del Desarrollo y Comercio con terceros países

Tratado de Lisboa

2010

Art. 80 Solidaridad y Responsabilidad Voto Mayoría Cualificada/Colegisla con el PE

La segunda etapa o fecha clave se inicia con la firma del Tratado de Ámsterdam (TA) en 1997 –en vigor a partir del 1 de mayo de 1999–, el cual modificó el TUE de 1992, en materia de inmigración. Se percibe un avance importante, en cuanto los Estados optan por una relativa comunitarización, es decir que los Estados no pierden competencias en materia de inmigración y asilo, pero pasan a compartirlas con la UE para resolver de forma conjunta los problemas de circulación de personas. A modo de ejemplo, la comunidad adquiere una atribución para concluir individual o colectivamente acuerdos de readmisión5 con terceros Estados, una competencia reservada hasta entonces a los Estados. Como podemos ver en el cuadro 1, la década de los noventa fue un período clave para resolver el vacío legal e institucional al que se enfrentaba una comunidad que hasta la fecha sólo se había preocupado de regular el mercado común en la circulación de bienes y servicios pero no de personas. En definitiva, estos compromisos apuntaban a un doble propósito: controlar y prevenir flujos migratorios. Es decir, buscan una mayor cooperación a la hora de aceptar peticiones de asilo y refugio, y establecen un férreo control de las fronteras, tanto en vigilancia como en emisión de visas, y se refuerza la repatriación de inmigrantes a través de acuerdos de cooperación con los países de origen.

Fuente: elaboración propia. 4 La Unión Europea representa el conjunto de los tres pilares del Tratado de Maastricht. El primer pilar representa a la Comunidad Europea como un Mercado Común. El segundo pilar representa la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) y el tercer pilar representa los asuntos de Justicia e Interior (JAI).

Es un acuerdo, generalmente de naturaleza bilateral, que establece procedimientos mediante los cuales un Estado puede retornar inmigrantes irregulares a su Estado de origen o a un Estado de tránsito (OIM).

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Los temas que marcan las prioridades europeas en su agenda exterior ya no son sólo económicas y comerciales, sino que se ha incorporado el tema de la seguridad en todas sus vertientes. Sin duda, la cooperación en materia de Justicia e Interior tiene una dimensión externa necesaria para tratar en la arena internacional el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción y tráfico de drogas, y el manejo de la inmigración (Keukeleire y MacNaughtan 2008). Es decir que por primera vez se ve la necesidad de incorporar el tercer pilar (JAI) a la política exterior de la UE, que se refleja en la cooperación e intercambio de información policial y judicial con terceros países y con organismos internacionales, para garantizar así la libertad, seguridad y justicia dentro del territorio de la UE (Comunicación COM 2005). Esta tendencia marca la creciente convicción de que las soluciones a las presiones migratorias serán más fáciles de remediar en el marco de la cooperación europea (Lattuca 2006).

un fondo europeo común para el control de las fronteras exteriores, y en países como España, la inmigración ilegal seguía aumentando. Tras la ayuda de emergencia a España, el Parlamento Europeo (2005) emitió la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece el Fondo para las fronteras exteriores para el período 20072013, como parte del Programa general de solidaridad y gestión de los flujos migratorios. Este nuevo fondo comprende una ayuda financiera para los Estados miembros de la UE, a su vez miembros del espacio Schengen, en el que cada país hace sus aportes, que se suman al presupuesto comunitario.6

La Directiva Sanción: desincentivo para la mano de obra “barata” De manera complementaria, bajo la presidencia francesa de la Unión Europea, en 2008 el presidente Nicolas Sarkozy puso en la mesa de negociaciones –y con base en las proposiciones de la Comisión Europea– el establecimiento de incentivos negativos, para lograr una disminución significativa de la contratación de inmigrantes ilegales. Los jefes de Estado acordaron una disposición legal europea, llamada la Directiva Sanción, la cual permite sancionar a las personas que emplean inmigrantes ilegales. Estos empleadores, en su interés de contratar mano de obra no cualificada y sin permiso de trabajo, no sólo inciden en la reducción de los salarios de los inmigrantes ilegales (brecha salarial entre los inmigrantes ilegales y el resto de la mano de obra) sino que además fomentan la llegada de más inmigrantes ilegales y sus familias (efecto llamada).

Las políticas europeas para regularizar la inmigración Además de la definición de una política unificada en materia de visados y peticiones de asilo y refugio, se han tomado otras medidas normativas centradas en la inmigración ilegal. En los últimos años la cooperación europea se ha reforzado a petición de los países más afectados por la inmigración ilegal como Francia, España, Italia y Malta. Los países miembros han alcanzado acuerdos importantes en forma de Directivas y fondos de cooperación europeos para frenar esta inmigración. Entre estas disposiciones, explicamos a continuación las más importantes.

Esta Directiva se suma a los esfuerzos realizados por la UE para elaborar una política global respecto de la inmigración ilegal (Unión Europea 2002). Por lo tanto, este acuerdo político obtenido en 2008 propone la interdicción general del empleo de los inmigrantes ilegales de terceros países, y una base común de sanciones (administrativas, financieras y penales) efectivas a los empleadores que se aprovechan de la condición particularmente vulnerable de los inmigrantes en situación de irregularidad.7

FRONTEX: reforzar el control en las fronteras exteriores Otra de las medidas tomadas por la UE es el establecimiento de una mejor coordinación en las fronteras exteriores para exigir un control más eficaz de los flujos de inmigrantes ilegales que llegan todos los días a las costas de países como España, Francia o Italia, y por tierra, a países como Alemania, Polonia y Austria. Para eso, la Unión Europea creó la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros (FRONTEX), que entró en vigor a fines de 2004 (Agencia Frontex 2004). Sin embargo, en ese año no era posible cumplir todos los objetivos, por falta de aporte técnico y financiero de parte de los Estados miembros. En efecto, hasta 2007 no existía

6 Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Fondo europeo del Programa general de solidaridad y gestión de los flujos migratorios (2006). En línea http://eur-lex.europa.eu/Notice.do?val=424982:cs&lang=es&pos=1&phwords=&checktexte=checkbox. 7 En el caso de las víctimas del tráfico de personas, tendrán derecho a una reinserción y rehabilitación, principalmente mujeres y niños

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La Directiva de Retorno y los acuerdos de readmisión

divisoria entra la legalidad y la ilegalidad del inmigrante se hace más vulnerable a raíz de la crisis económica que se vive en Europa, y en especial en países como España.

A pesar de que desde 1999 con el TA se transfirieron competencias al primer pilar de la UE en materia de retorno y admisión de inmigrantes en sus países de origen, no se habían tomado acciones concretas. En 2008, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo concluyeron una Directiva que establece las normas respecto del retorno o readmisión de los inmigrantes ilegales en sus países de origen. Para enfrentar los flujos migratorios, primero se prohibieron las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales, cuando no hubiese un acuerdo previo con los otros Estados miembros. Con esta prohibición se reconoce que ese tipo de políticas nacionales afectaba al resto de los países miembros del espacio Schengen, sobre todo teniendo en cuenta que, desde mediados de los años ochenta, ese tipo de medidas fueron aplicadas por ocho Estados miembros para legalizar a más de tres millones de inmigrantes (Lattuca 2006).8

Cambios en la legislación española para adecuarse a la normativa europea La primera Ley de Extranjería española se aprobó en 1985 (Ley Orgánica 7/1985 del 1 de julio), un año antes del ingreso a la UE. De acuerdo con Villena, España no quería ser una puerta de entrada para la inmigración ilegal hacia Europa, por lo que “esta Ley estableció unos criterios prácticamente imposibles de alcanzar, los permisos de trabajo y residencia eran de corta duración y casi inexistentes, no se preveía la reagrupación familiar, y se recortaban algunos derechos fundamentales” (Villena 2004, 50). En 1999 se aprobó la nueva Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (BOE 2000). Con esta nueva ley se garantizaban derechos de los inmigrantes legales, siendo el más importante la equiparación de derechos entre los españoles y extranjeros. Bajo los objetivos de integración laboral y social,10 se reconocía por primera vez el derecho de reagrupación familiar después de un año de residencia en el país, y se otorgaba la residencia permanente después de cinco años de residencia; aunque lo más novedoso de la ley era el reconocimiento de una amplia gama de derechos laborales y sociales a los inmigrantes ilegales, tales como acceso gratuito a la salud, educación y justicia. Además, podrían regularizar su situación si demostraban llevar trabajando en el país dos años y estar empadronados en un municipio.

En segundo lugar, los países miembros de la UE pueden aplicar la medida de retorno a los inmigrantes que se encuentran en situación irregular. Cuando se habla de retorno, se refiere al proceso de vuelta a su país de origen, tránsito, o a otro tercer país, ya sea voluntario o forzoso (Comisión Europea 2008).9 Algunos inmigrantes en situación irregular tendrán derecho a apelar para que su situación sea revisada y tenga derecho a una readmisión prolongada, o por ejemplo, como lo señala el artículo sexto de dicha Directiva, si el inmigrante se encuentra en situación irregular pero está en proceso de renovar su estancia legal en un país miembro, el Estado aplazará su decisión hasta la finalización del trámite. Existe una unificación de criterios en cuanto a las medidas de control y prevención de la inmigración ilegal en los países miembros de la UE. Sin embargo, hasta la fecha, los países de la UE no tienen una definición uniforme de la inmigración legal ni mucho menos una política de residencia o permisos de trabajo europeos (Smith 2008). Es decir, no se han preocupado de los inmigrantes legales de la misma manera que sí lo han hecho con la inmigración ilegal, lo que puede cambiar en un contexto en el que la línea

Sin embargo, esta nueva ley, que fue aprobada en el Congreso sin el apoyo del Partido Popular (PP) –en ese momento en el gobierno–, dio un giro completo cuando éste ganó la mayoría absoluta un año después. Alegando que esta ley había tenido un “efecto llamada”, el PP hizo tres grandes cambios, siendo el primero la distinción entre los derechos del inmigrante regular e irregular (Quílez 2005). Para Villena, la Ley 8/2000 (primera reforma de la Ley 4/2000), que entró en vigor en 2001, “es una Ley que únicamente se centra en el control de los flujos de inmigrantes, y en el establecimiento de vías de expulsión

que han sufrido algún tipo de delito, para llegar a la UE o para mantenerse en un Estado miembro (Unión Europea 2002). 8 España, en 2005, aplicó la política de regularizar a los inmigrantes ilegales, bajo ciertas condiciones, por lo que logró legalizar sólo a 700.000 de ellos.

10 De acuerdo con el Consejo de Tampere de 1999, se reconoce que la integración de los inmigrantes debe incluir el derecho a la reagrupación familiar, el estatuto de residente de larga duración, la concesión de la misma protección que a los nacionales, la lucha contra la discriminación, etcétera.http://europa.eu/legislation_summaries/ other/c10611_es.htm (Recuperado el 12 de noviembre de 2011).

9 Según el artículo sexto de la Directiva de Retorno, los Estados miembros expedirán una decisión de retorno a cualquier nacional de un tercer país que se encuentre ilegalmente en su territorio.

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de los que se encuentran residiendo ilegalmente en España, cerrando así las posibilidades que la anterior Ley les concedía para regularizar su situación” (Villena 2004, 51). Para el PP era necesario cumplir con la normativa europea, por lo que las Leyes Orgánicas 11/2003 de 29 de septiembre y 14/2003 de 20 de noviembre se centraron igualmente en el control de los flujos irregulares y en el endurecimiento de las sanciones, bajo el supuesto de garantizar una mayor seguridad ciudadana en España y en Europa.

“arraigo social”, que ya favorecía a aquellos inmigrantes legales que residían con su familia. Además de las redes familiares establecidas, se requiere por primera vez de forma oficial el llamado “Informe de Esfuerzo de Integración”12 que emite la Comunidad Autónoma donde residen para demostrar que tienen una buena convivencia en la sociedad. Como novedad, también se reconocen los derechos de las parejas de hecho (previamente registradas), por lo que los inmigrantes que queden desempleados después de haber estado en situación activa no tendrán que abandonar el país si su pareja está en situación regular (Pérez de Pablos 2010).

En tan sólo cuatro años la Ley de Extranjería sufrió cuatro reformas, lo que indicaba la importancia del tema migratorio en la política española y también las diferencias en el enfoque de los partidos políticos. Las organizaciones sociales e incluso sindicatos criticaron el endurecimiento de las leyes tanto para los inmigrantes legales como ilegales en un momento de bonanza económica (Quílez 2005). Sin embargo, con la llegada del Partido Socialista (PSOE) al gobierno en 2004 la primera política que se adoptó fue la de regularizar la situación de más de 600.000 inmigrantes ilegales en el país. El endurecimiento de la ley no había tenido ningún efecto en los flujos migratorios y había aumentado el empleo en la economía informal. Si bien se mejoró el estatus de estos inmigrantes, la medida fue criticada en Europa porque contradecía la idea europea de frenar los flujos migratorios ilegales.

A pesar de las medidas del Gobierno para mejorar la situación de los inmigrantes legales, los impactos de la crisis son ya visibles para muchos latinoamericanos que han perdido sus empleos y, en muchos casos, se han visto forzados a retornar a sus países de origen de manera voluntaria.

Impactos de la crisis económica en la inmigración La crisis económica ha tenido un impacto directo en la pérdida de empleos, y con ello, un impacto directo en el estatus legal de muchos inmigrantes con permisos de trabajo, que pasaron a tener condición de irregulares, en el caso de que se queden en el país. El panorama es menos alentador con una Directiva de Retorno que, si se aplica al pie de la letra, podría desencadenar la expulsión de miles de inmigrantes ilegales en la Unión Europea. Las medidas restrictivas no sólo se están aplicando ya en la entrada legal con un descenso abrupto de permisos de trabajo, sino también en la deportación inmediata de residentes ilegales, con el previo paso por centros de confinamiento. La prioridad desde finales de 2008 ha sido controlar la crisis, y ahora en esta segunda etapa las medidas se están centrando en controlar las fronteras y regular la situación de los miles de inmigrantes desempleados, sobre todo teniendo en cuenta que la crisis está afectando más a las clases bajas y, sobre todo, a los inmigrantes que trabajaban en los sectores más perjudicados por la recesión económica, como la construcción. Sin trabajo, se termina el permiso de residencia y, por tanto, se convierten en inmigrantes ilegales sujetos a la expulsión de manera inmediata.

La última gran reforma a la Ley de Extranjería se debatió en plena crisis económica, siendo aprobada en diciembre de 2009. Si bien se mantiene un claro enfoque en el control de los flujos migratorios ilegales porque se endurecen las sanciones, también se intenta resolver el problema de los inmigrantes que han mantenido un estatus de legal pero que, debido a la crisis y al desempleo, están ahora en una situación entendida como de “irregularidad sobrevenida”. La aplicación de la ley se aprobó finalmente mediante un Reglamento en abril 2011, y, como novedad en la protección hacia los inmigrantes, contempla garantizar la residencia temporal para los inmigrantes ilegales que han tenido hijos en España y se han registrado como ciudadanos españoles porque no se les reconoce otra nacionalidad.11 Es decir, se considera el “arraigo familiar” como un nuevo criterio para obtener la residencia, además del 11 De hecho, en la actualidad, si los padres no inscriben expresamente a sus hijos como ciudadanos de sus países de origen (de los padres), los niños pueden optar por la nacionalidad española. Es lo que hacen, por ejemplo, peruanos, colombianos o argentinos, tras recabar en sus correspondientes consulados el “Certificado de no inscripción”. También se incluye a los niños ecuatorianos nacidos hasta 2009, cuando el Gobierno de Ecuador cambió la Constitución. http://www.ociolatino.com/2011/02/reglamento-de-la-ley-de-extranjeria-principalesnovedades.html (Recuperado el 28 de noviembre de 2011).

12 Informe de Esfuerzo de Integración obligatorio para obtener la residencia. Ministerio de Trabajo e Inmigración.http://extranjeros.mtin.es/es/InformacionInteres/Informes_CCAA_Entidades_locales/Informe_esfuerzo_integracion/

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rar la importancia de la inmigración como mano de obra necesaria en las economías europeas, a pesar de la actual coyuntura económica.

25 20

Además, de acuerdo con estudios del Banco Mundial, los impactos de las remesas no han sido estudiados apropiadamente hasta años más recientes. Las remesas suponen alrededor de un 10% de las ganancias de un inmigrante, por lo que el resto se destina a consumo en el país donde reside el inmigrante. “Las remesas son un indicador de los compromisos de los migrantes internacionales con sus familias y redes locales, que se materializan a través de los flujos de dinero” (Cortés 2010, 177). Las remesas benefician a los países en desarrollo pero es sólo una ínfima parte del beneficio total que se genera en los países de acogida. Para que las remesas adquieran relevancia, son indispensables una mejor orientación de las políticas migratorias y la inserción adecuada en el mercado laboral, la vigencia de protección laboral con estándares similares a los de los nativos y el acceso equitativo a los bienes públicos sociales (Cortés 2010). España es el quinto país en el mundo en el envío de remesas, especialmente por Colombia, Bolivia y Ecuador, sus tres principales destinos, que están por encima de Marruecos y Rumanía.13

España

15 10

UE (27 países)

5 0

2008 M06 2008 M08 2008 M10 2008 M12 2009 M02 2009 M04 2009 M07 2009 M09 2009 M11 2010 M01 2010 M03 2010 M05

Tasa de cesantía en %

Gráfico 4. Evolución del desempleo en España y la Unión Europea (junio de 2008-mayo de 2010)

Fuente: elaboración propia basada en datos de Eurostat (2008).

La crisis económica pone fin a décadas de atracción de empleo en la zona europea, aunque se perciben ciertas recuperaciones en algunos países. Los niveles de desempleo se han disparado en los últimos meses, siendo España uno de los países más afectados por la caída del PIB y el empleo.

Los gobiernos europeos han intentado sortear la crisis ajustando las políticas de inmigración, pero hasta ahora se han preocupado más de contener los flujos migratorios y adoptar políticas de retorno voluntario a casa que de incentivar o estimular el pleno empleo. En Reino Unido e Irlanda, en 2009 sólo se aprobó la mitad de demandas de permisos de trabajo, en comparación con el año pasado. En España e Italia, las cifras son más drásticas: de 15.000 visados de empleo en 2008, sólo se han otorgado 900 en el primer caso y en Italia se han reducido a cero (OCDE 2009a).14

Gráfico 5. Evolución del crecimiento del PIB real (1999-2010) y estimaciones para 2012-2013

6 4

2012

2013

2011

2010

2009

2007

2008

2005

2006

2004

2002

-2

2003

Francia

2001

1999

UE 27 países 2000

De acuerdo con los datos del Ministerio de Trabajo de España, los visados de residencia (reagrupación familiar, estudios y trabajo) crecieron de manera constante desde 2001 hasta 2008, cuando empezaron a bajar (Pajares 2009). Además, se han endurecido las políticas de renovación de permisos de trabajo o cambio de estatus (por ejemplo, de trabajador temporal a residente o de estudiante a

España

-4 -6

Fuente: elaboración propia con datos de Eurostat.

13 Según los datos del Banco Mundial, se encuentra en el quinto lugar con el 4,32% de todas las remesas mundiales, después de Estados Unidos, Arabia Saudí, Suiza y Alemania, y por delante de Luxemburgo e Italia. (Infolatam, 7 de agosto de 2007).

Según la OCDE, las recomendaciones son mantener una política orientada a las necesidades a largo plazo, esto teniendo en cuenta la demografía europea y la necesidad de mantener una fuerza laboral adecuada para las demandas del Mercado (OCDE 2009a). Es decir, conside-

14 Esta medida se explicaría porque la situación económica italiana es crítica, teniendo en cuenta su gran déficit fiscal de 2008 (106% del PIB), la debilidad de su sistema bancario y el escaso crecimiento en los últimos años (OCDE 2009b).

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trabajador). En el caso de España, el Gobierno lanzó un programa de Retorno Voluntario de los inmigrantes a finales de 2008, que proponía el pago acumulado y anticipado de las prestaciones contributivas por desempleo a las que tengan derecho,15 con el compromiso de retornar a sus países de origen y no volver a España en tres años.16 La medida no ha tenido mucho efecto, pues en marzo de 2009 se habían acogido 4.000, y un año después sólo se llegó a 10.000, de los 80.000 elegibles, lo que demuestra que los incentivos económicos no son suficientes para un retorno masivo de inmigrantes (OCDE 2009a), porque no se tienen en cuenta los fuertes lazos familiares y las redes de los inmigrantes en los países de acogida y su inserción social.17 La Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007 del Instituto Nacional de Estadísticas español indicaba que el 84% de los colombianos entrevistados –unas 1.031 personas– pensaba quedarse en España (Actis 2009), lo que reflejaba que la inmigración es de larga proyección y podría sortear los problemas de la crisis económica.

El problema que deben afrontar los inmigrantes es el de su perfil profesional en un mercado laboral con una oferta muy restringida y limitada a categorías de empleo distintas a las que suelen ocupar los inmigrantes. Al respecto, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) elabora una lista trimestral con las ofertas de empleo que pueden ocupar los extranjeros, ya que no han sido ocupadas por los españoles. Desde finales de 2008, en estas listas ya no se ofrecen empleos en la construcción, agricultura y asistencia doméstica, que son los sectores que tradicionalmente cubrían los extranjeros (Linde 2009). En definitiva, son los inmigrantes con bajo nivel de cualificación quienes se ven más afectados por la crisis desde mediados de 2008; en este caso, son especialmente ecuatorianos y peruanos (Pajares 2010). La tasa de desempleo de los inmigrantes ya venía siendo en España casi un 50% superior a la de los nacionales, siendo que el 34% de ellos tienen trabajos no cualificados, frente al 11,5% de los nacionales (Durán 2008). La destrucción de empleo en España ha sido mayor que en el resto de Europa, porque el crecimiento económico de los últimos años se ha basado en el ladrillo o la “burbuja de la construcción”, y en el sector servicios, en especial el turismo. Ahora se está haciendo un llamamiento para mejorar un sector productivo que hasta la fecha no incorporaba innovación empresarial suficiente.

Perfil del trabajador inmigrante en España Los extranjeros siguen ocupando puestos de trabajo poco o nada cualificados, mientras que los españoles han ascendido a trabajos con un perfil más cualificado. De hecho, el mercado laboral para los extranjeros no ha variado de 2001 a 2008 (Pajares 2009). Cuadro 2. Ocupación de los trabajadores inmigrantes (seleccionados) Tipo de ocupación

Lo importante es que los inmigrantes cualificados puedan beneficiarse en el mediano plazo de los mismos salarios que los nacionales: en efecto, si bien la brecha salarial entre los españoles y los inmigrantes jóvenes con el mismo perfil de educación y experiencia profesional es en torno al 35% para aquellos que acaban de incorporarse al mercado laboral, esta brecha disminuye al cabo de los 10 años en un 15%, a una velocidad anual muy parecida a los otros países europeos, y es más rápida con los inmigrantes latinoamericanos, en teoría, por la ventaja del idioma (Banco de España 2009). Esta diferencia se debe a que la ocupación de los inmigrantes se mantiene en el mismo segmento laboral, mientras que los españoles tienen una movilidad mayor. No obstante, esta brecha sigue siendo importante porque la diferencia de salario también puede crear la percepción de que influye en la contratación de un extranjero porque es más barato.

2008

No cualificado

993.100

Industria, construcción y minería. Artesanos

665.200

Servicios de restauración, personales, comercio

553.300

Operadores de instalaciones y maquinaria

208.000

Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), en Miguel Pajares (2009).

15 Esta medida sólo aplica para diecinueve países que tienen convenio con España en materia de Seguridad Social, entre ellos: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Instituto Nacional de Empleo (Inem).

Pero, pese a valorar la gran contribución de los inmigrantes en el mercado laboral y el desarrollo económico del país, no se está protegiendo a los inmigrantes y sus familias mediante una política de integración adecuada. En cuanto a la integración de los inmigrantes, el Ministerio de Trabajo e Inmigración español recortó este año en casi

16 Transcurrido ese plazo, pueden volver y recuperar la residencia permanente, si es que la tenían (Gobierno de España 2008a, 2008b). 17 Las redes sociales y comerciales facilitaron las migraciones en cadena de familias y casi pueblos enteros, dejando despobladas algunas áreas de origen de los inmigrantes (Cortés 2011).

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un 30% el presupuesto en proyectos de integración para inmigrantes (Bárbulo 2009). La segmentación étnica de la mano de obra o polarización de los salarios es un fenómeno que se ha denunciado porque los inmigrantes tienen empleos precarios, en cuanto a su flexibilidad y menor cobertura sindical (Actis 2009). Esto implica que los europeos ocupen los cargos más importantes en el mercado laboral y los inmigrantes los más bajos, lo que a la larga produce resentimiento y exclusión social, como quedó reflejado en los actos de violencia perpetrados en Francia en los últimos años, en especial en los suburbios donde se concentran la población inmigrante o descendientes de inmigrantes. En este sentido, cabe preguntarse si los gobiernos europeos deben preocuparse más de la integración de los inmigrantes legales, evitando la segmentación salarial, y con ello, la exclusión social y marginación en barrios pobres.

tona para cubrir los puestos de trabajo, lo que generaría un colapso en muchos sectores (Pajares 2009). Una de las políticas contracíclicas aconsejada por los analistas en Europa ha sido la reducción de las visas de trabajo para aquellos perfiles que en estos momentos no tienen demanda laboral en el mercado de trabajo, esto en favor de los que sí son requeridos (Papademetriou, Sumption y Somerville 2009). Como hemos visto, esta política selectiva de la inmigración afecta a la mayoría de los inmigrantes que no son cualificados, entre ellos muchos inmigrantes latinos de países andinos. En este tiempo hemos visto cómo los países de la UE han estrechado y profundizado la cooperación para equilibrar el número de inmigrantes con las necesidades del mercado europeo. Si bien las políticas van a seguir concentrándose en el flujo de la inmigración a través de la reducción de permisos de trabajo y del control de las fronteras, lo más importante es asegurar la calidad de vida de los que forman parte de su sociedad, ya sea con una residencia permanente o temporal. Para ello, los esfuerzos de los gobiernos europeos, y entre ellos el español, deben orientarse hacia la integración laboral y social de los inmigrantes y la sensibilización de la opinión pública, esto con el fin de evitar posibles malestares y resentimientos que se puedan traducir en racismo y xenofobia. Como declaró la secretaria de Estado para el Trabajo y la Inmigración de España, Consuelo Rumí: “Promover la integración no es una responsabilidad de los poderes públicos tan solo en periodos de crisis, aunque sea más imprescindible en momentos que puede favorecerse la extensión de actitudes racistas y xenófobas que erróneamente perciban al inmigrante como un competidor desleal” (Rumí 2009, 2).

Conclusiones: en busca del equilibro entre las necesidades del mercado y la protección de los inmigrantes La inmigración ha aportado mano de obra necesaria y barata durante la época de crecimiento. Ante la reciente crisis económica, los inmigrantes se han convertido en parte fundamental del problema de desempleo, no sólo por los que quedan cesantes, sino también por aquellos que consiguen empleo frente a los autóctonos por un sueldo inferior al del mercado, aumentando así la brecha salarial. En respuesta a este fenómeno, en los últimos años, la discusión en los países receptores de inmigrantes se ha centrado en un nuevo término, la inmigración sostenible, entendida como “aquella que los Estados pueden garantizar sin alterar equilibrios sociales, económicos y culturales” (Lacomba 2008, 71). Las principales medidas al respecto han sido frenar la inmigración ilegal y todos los problemas que conlleva el tráfico de personas. Hoy en día las sanciones son más duras y los inmigrantes ilegales tienen menos posibilidades de regularizar su situación.

La conformación de un nuevo gobierno en España con mayoría absoluta del PP y la gravedad de la crisis económica podría hacer más difícil mantener este compromiso para garantizar políticas de integración hacia los inmigrantes legales. Como sugiere Gascón en referencia al Reglamento que aplica la nueva Ley de Extranjería, “en los próximos meses podríamos ver un nuevo giro en la política de inmigración ya que un reglamento es una norma jurídica dictada por y para la Administración Pública, por lo que un cambio de Gobierno podría modificarlo o anularlo sin necesidad de consulta o acuerdo parlamentario” (Gascón 2011, s. p.).

Es un hecho que ante una situación demográfica desfavorable para los países europeos –y en concreto para España–, los inmigrantes son necesarios para mantener una fuerza laboral equilibrada. Así lo demuestra el hecho de que entre 2002 y 2006, más del 50% de los nuevos empleos, medio millón en total, fueron ocupados por trabajadores extranjeros, a falta de candidatos españoles (Rumí 2009). En este sentido, a pesar del índice de desempleo actual, se estima que un retorno masivo no sería la solución a un problema coyuntural, pues no habría mano de obra autóc-

Más allá de la crisis actual, el Gobierno español y el resto de sus homólogos europeos deben pensar a largo plazo con base en las necesidades e importancia de los inmigrantes, aunque no estén cualificados, ya que, una vez

La cooperación europea en materia de inmigración: el caso de España y la comunidad latinoamericana Beatriz Hernández, Pierre Lebret

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superada la recesión, habrá una demanda tanto de trabajadores cualificados como no cualificados, por lo que la inmigración seguiría siendo fundamental para la economía de estos países. Para ello, deben mejorar las políticas de integración de los inmigrantes, de dos formas: 1) con la capacitación laboral de los trabajadores inmigrantes no cualificados, con el objetivo de conseguir una recolocación en el mercado de trabajo, y 2) con la protección laboral, es decir, con un mayor control sobre los salarios y la posible explotación laboral de estos trabajadores.

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La política migratoria de la UE ha sido ampliamente criticada por su endurecimiento y falta de claridad respecto a la protección de los trabajadores inmigrantes legales, por lo que es importante que en momentos de crisis no se pierda el espíritu europeo de bienestar para sus ciudadanos y lo haga extensivo a todos los que residen y trabajan en el mercado único europeo. En definitiva, se trata de lograr una inmigración sostenible que también contemple la integración y la cohesión social de los inmigrantes y sus familias. �

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Masculinidades en Cuba: legitimación de una dimensión de los estudios de género* por Denise Quaresma da Silva**

Oscar Ulloa Guerra***

Fecha de recepción: 15 de octubre de 2010 Fecha de aceptación: 12 de abril de 2011 Fecha de modificación: 25 de octubre de 2011

Resumen En este artículo abordamos algunas significaciones imaginarias de masculinidades en grupos de hombres de la región oriental de Cuba. En primer lugar, presentamos una breve panorámica sobre el tratamiento del tema en el contexto cubano y rescatamos contribuciones teóricas que consideramos relevantes para comprender nuestro objeto de estudio. Los resultados que mostramos emergieron del análisis de grupos de discusión con hombres declarados heterosexuales y se refieren a significaciones imaginarias en torno a los cuerpos masculinos, al ser hombres-esposos y a la paternidad. Se concluye que existen creencias y supuestos sobre el ser hombres que circulan en la cultura y que producen clasificaciones, ordenamientos, y, en consecuencia, articulan, fundamentan y autorizan situaciones de discriminación, subordinación, marginación o exclusión entre los hombres y en los sistemas de relaciones sociales.

Palabras clave Imaginario, masculinidades, género, estudios de género.

Masculinities in Cuba: Legitimizing a Dimension of Gender Studies Abstract In this article we examine some imagined meanings of masculinity among groups of men in Eastern Cuba. We first present a brief overview of how this subject has been addressed in the Cuban context, highlighting the relevant theoretical contributions to understand our case study. Our findings, which come from an analysis of discussion groups with self-identified heterosexual men, address the imagined meanings around masculine bodies, being a man and husband, and fatherhood. We suggest that, circulating in this culture, there are beliefs and assumptions about being a man that produce categories and rankings, and, as a result, articulate, stabilize, and authorize situations of discrimination, subordination, marginalization, or exclusion among men and in systems of social relations.

Key words Imaginary, Masculinities, Gender, Gender Studies.

* Este artículo se basa en la investigación doctoral en proceso. ** Postdoctora en Estudios de Género de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, Argentina, y doctora en Educación de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Profesora titular de la Universidade Feevale y de la maestría en Educación del Centro Universitario Unilasalle Canoas, Brasil. Correo electrónico: denisequaresma@feevale.br *** Máster en Desarrollo Comunitario de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas, Cuba. Estudiante del doctorado en Educación de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil (bolsista del Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, Brasil). Correo electrónico: oulloa_stgo@yahoo.es

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Masculinidades em Cuba: legitimação de uma dimensão dos estudos de gênero Resumo Neste artigo, abordamos algumas significações imaginárias de masculinidades em grupos de homens da região oriental de Cuba. Primeiramente apresentamos um breve panorama sobre o tratamento do tema no contexto cubano e resgatamos contribuições teóricas que consideramos relevantes para compreender nosso objeto de estudo. Os resultados que mostramos emergiram da análise de grupos de discussão com homens declarados heterossexuais e se referem a significações imaginárias a respeito dos corpos masculinos, do ser homens–esposos e da paternidade. Conclui-se que existem crenças e supostos sobre o ser homens que circulam na cultura e que produzem classificações, ordenamentos e, em consequência, articulam, fundamentam e autorizam situações de discriminação, subordinação, marginação ou exclusão entre os homens e nos sistemas de relações sociais.

Palavras chave Imaginário, masculinidades, gênero, estudos de gênero.

Las políticas impulsadas por el Estado cubano en beneficio de las mujeres han sido fundamentadas en estudios realizados por investigadoras e investigadores cubanos que destacan los costos e implicaciones que algunos modos actuales de ser mujer tienen para su pleno desarrollo: limitaciones en la participación política, dificultades para acceder a puestos decisorios, afectaciones de su salud sexual y reproductiva, sobrecargas, autonomía coartada, angustias (Fernández 2003; Reyes 2008; Vasallo 1998).

os estudios de género han permitido denunciar las variadas formas de discriminación que históricamente han puesto a las mujeres en posiciones desventajosas. Si analizamos expectativas, comportamientos, símbolos, mitos y asignaciones que hoy distinguen a cada género encontraremos suficientes evidencias para aceptar que las mujeres han sido las menos “privilegiadas”, en cuanto las construcciones de género han determinado un conjunto de expropiaciones sociales, políticas, culturales, familiares y psicológicas que se han traducido en discriminación, abuso, marginación y (o) exclusión (Beauvoir 1990; Fernández 1993; Lagarde 1997). O sea, las mujeres han sido nombradas y legitimadas como un grupo social en desventaja, y en casi todas las sociedades hay muestras de su discriminación, aunque ésta tenga matices diferentes de una cultura a otra.

Algo bien distinto ha ocurrido con los hombres; en su caso, no se han sistematizado o consolidado las aproximaciones teóricas y (o) metodológicas que lo validen como objeto de estudio y de políticas estatales, aun cuando está en el centro de diversas problemáticas sociales y de salud, y aunque es compartida la idea de una propuesta de cambio que involucre a los hombres. Consideramos que estamos ante la institucionalización de que “a los hombres no les pasa nada”. La superación de esta contradicción, difundida y legitimada desde el marco que considera al hombre superior a la mujer y espejo de las características del ser humano (Valcárcel 1997), se ha ido convirtiendo gradualmente en un reto compartido. Muchas feministas se han percatado de que el hombre no puede seguir siendo la meta o el ideal de cambio. El tránsito hacia la equidad nos tiene que convocar a pensar lo masculino de forma diferente, y lo femenino nos tiene que conducir a construir alternativas inclusivas que provoquen menos desencuentros y que dignifiquen las diferencias que en no pocas ocasiones fundamentan las exclusiones entre mujeres, entre hombres y mujeres, y entre hombres.

En Cuba, la discriminación hacia las mujeres ha sido una problemática de interés para el Gobierno, en cuanto su perpetuación contradice los principios de equidad, justicia e inclusión que defiende el sistema socialista. El Gobierno cubano refrendó la Declaración de Beijing de 1995 y estableció por decreto ley el Plan de Acción Nacional de Seguimiento a los acuerdos de esta Conferencia (Consejo de Estado de la República de Cuba 1999). También, en la Cumbre del Milenio, año 2000, expresó su adhesión a las metas y compromisos para el año 2015 con relación a la disminución de formas de discriminación por razones de género.

Masculinidades en Cuba: legitimación de una dimensión de los estudios de género Denise Quaresma da Silva, Óscar Ulloa Guerra

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Con estas inquietudes de por medio, los estudios de masculinidades han ido ganando reconocimiento como objeto pertinente y legítimo, así como la puesta en práctica de metodologías de intervención profesional que tienen como premisas el examen de la vida cotidiana y el cambio hacia relaciones de equidad. Este artículo se ubica precisamente en la dirección de exponer algunos hitos que consideramos clave para comprender la extensión y relevancia que el tema ha ido alcanzando, así como resultados de estudios que han explorado significaciones imaginarias sobre las masculinidades en Cuba.

con sus objetivos. Podemos ejemplificar con los estudios que han explorado la construcción sociocultural de las masculinidades en Cuba (Álvarez 2002), con los talleres de reflexión grupal con hombres (Rodríguez 2006) y con el apoyo a la publicación de libros sobre el tema (González 2010).

Plan de Acción Nacional de Seguimiento a la Conferencia de Beijing Este Plan, devenido en acuerdo del Consejo de Estado de la República de Cuba en abril de 1997, establece las pautas necesarias para hacer realidad los compromisos contraídos en la IV Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Mujer y puntualiza los organismos e instancias responsables de su consecución. Los contenidos del Plan reflejan las múltiples mediaciones que participan en la producción de las masculinidades y feminidades y las estrategias que se consideran necesarias en el país para el examen, crítica y resignificación de creencias y significaciones en torno a las diferencias sexuales y de género. Anualmente los resultados y avances del Plan son evaluados por los gobiernos municipales, provinciales, y por la Asamblea Nacional.

Tratamiento del tema en Cuba Las primeras incursiones en Cuba sobre la condición masculina comenzaron a ser divulgadas en la última década del siglo XX. Posteriormente, y hasta la actualidad, podemos ubicar algunos hitos que han ido marcando, por su trascendencia, el nivel de desarrollo del tema en la Isla, tanto por sus aportes teóricos-metodológicos como por la incorporación de estas discusiones en ámbitos científicos y políticos. A nuestro entender, estos hitos podrían ser:

El movimiento de Cátedras de Estudios de la Mujer en las universidades del país

La realización de talleres sobre masculinidades organizados por instituciones académicas y organizaciones no gubernamentales

En 1990, el Ministerio de Educación Superior, en coordinación con la Federación de Mujeres Cubanas (en adelante, FMC), incentivó la constitución de Cátedras de Estudios de la Mujer en todos los centros de educación superior. Las Cátedras surgieron con un propósito medular: facilitar la transversalización de la perspectiva de género en la formación profesional tanto en el nivel de graduación como en el de posgraduación. En su accionar, muchas Cátedras han ido incorporando gradualmente el estudio de las masculinidades como línea de investigación y han sido capaces de desarrollar diversas acciones para incluir a los hombres en los debates sobre género.

Consideramos un hecho importante la realización de talleres de reflexión con hombres coordinados por la FMC, el Centro Nacional de Educación Sexual (en adelante, Cenesex), el Movimiento Cubano por la Paz, el Grupo de Reflexión y Solidaridad Oscar Arnulfo Romero y el Grupo de Estudios de Género Equidad. Los talleres han abarcado diferentes temas como violencia, paternidad, homofobia, diversidad, la construcción de las masculinidades, sexualidad, las relaciones de amistad y salud. Sin ser aún una práctica metodológica extendida, consideramos que los talleres con hombres han sido un referente importante para el desarrollo de diferentes proyectos de investigación.

La labor del Centro de Estudios de la Mujer En 1997 se fundó en la capital del país el Centro de Estudios de la Mujer (en adelante, CEM), fruto de los esfuerzos conjuntos de la FMC y el Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente. Desde sus primeros años el CEM definió la consecución de la equidad de género en Cuba como un problema de hombres y mujeres; por tanto, la incorporación del tema de las masculinidades entre sus líneas de investigación constituyó una política de trabajo coherente

La inserción de los estudios de masculinidades en cursos de posgraduación Rescatamos en este tópico dos figuras relevantes, el diplomado Género y Comunicación, del Instituto

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Internacional de Periodismo José Martí, en la capital del país, y la maestría en Estudios de Género, de la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana. En ambos programas se declara el carácter relacional de la categoría de género como uno de los ejes transversales, y además se incluye una disciplina que integra las contribuciones de los estudios de masculinidades. Tanto en estos diplomados como en las maestrías se promueve la realización de investigaciones que integren las reflexiones teóricas sobre las masculinidades. A estos programas han tenido acceso profesionales de todo el país, lo que ha contribuido a multiplicar estos saberes.

o demandas: el predominio de una paternidad distanciada y periférica (Rivero 1998), la violencia masculina hacia otras identidades desvalorizadas o estigmatizadas, como mujeres y homosexuales (Ferrer 2008), la demanda de hombres –y mujeres– que solicitan cirugías de cambio de sexo y las modificaciones propuestas por el Cenesex (Kindelán 2004), los cuestionamientos del carácter patriarcal y heteronormativo del Código de Familia y la inexistencia de protección legal para la libre orientación sexual (Más 2011; Pereira 2008). Como resultado de estos debates, por ejemplo, fue aprobada la Ley de Paternidad en 2003, que posibilita que se valore, al concluir la licencia posnatal, si la madre o el padre cuidará a su descendencia el resto del tiempo, hasta el primer año de vida. Se acepta incluso que puedan dividir el período entre los dos, siempre y cuando no sea coincidente. Madres y padres también tienen ahora el derecho de un día de licencia retribuida, cada mes, para acudir a centros pediátricos y verificar la salud del bebé.

Labor científica, política y social del Cenesex y de la Sociedad Cubana Multidisciplinaria para el Estudio de la Sexualidad (en adelante, Socumes) Al hablar de algunos hitos que han contribuido a la problematización de las masculinidades en Cuba, no podemos ignorar la abnegada labor de estas dos instituciones, ambas dirigidas por Mariela Castro Espín. A través de las investigaciones científicas, los servicios de orientación, la revista Sexología y Sociedad, la docencia y las actividades culturales, ambas instituciones han contribuido al cuestionamiento de los valores de la cultura patriarcal mediante el análisis de las relaciones de género y de las disímiles situaciones de discriminación, opresión, marginación y exclusión que se establecen en ellas.

La organización de conferencias y seminarios temáticos sobre masculinidades en eventos científicos Resaltamos la inclusión de la temática en eventos de gran reconocimiento en Cuba como el Taller Científico Internacional Mujeres en el Siglo XXI, organizado por la Cátedra de la Mujer de la Universidad de La Habana, y el Coloquio Internacional Identidades de Género: Teorías y Prácticas, del Grupo de Estudios de Género Equidad, de la Universidad de Oriente, en Santiago de Cuba. Éstos constituyen los eventos en el área de género de mayor trascendencia y convocatoria en nuestro país.

Destacamos dentro de Socumes la Sección Científica Masculinidades, constituida en 2009 con los objetivos de desarrollar proyectos de investigación relacionados con las masculinidades y sus implicaciones en la realidad cubana y contribuir a la formación de recursos humanos en el tema de masculinidades.

La inclusión del tema en algunos análisis y discusiones del Parlamento cubano

También se han organizado eventos propiamente sobre los estudios de masculinidades. En orden cronológico, encontramos el Primer Taller Masculinidades en Cuba, realizado en la Universidad Central de Las Villas en abril de 2006; y el Primer Encuentro Regional de Investigadores de Masculinidades, realizado en mayo de 2006 en la Universidad de Oriente. Ambos constituyeron un preámbulo de la Primera Jornada Cubana de Estudios de Masculinidades, realizada en junio de 2006 en la ciudad de La Habana, por el Cenesex. La Jornada constituyó un espacio de intercambio científico y de formación de redes y estrategias colectivas para extender los estudios y debates sobre las masculinidades.

El tema de las masculinidades ha llegado al Parlamento cubano, principalmente a través de tres problemáticas

Podemos afirmar que los estudios de masculinidad en Cuba se encuentran transitando por un momento muy

Ante las limitaciones para la existencia en Cuba de organizaciones civiles de defensa de los derechos de masculinidades marginadas, como las homosexuales, el Cenesex y Socumes han constituido fecundos espacios de discusión y promoción de acciones políticas, jurídicas y educativas por la diversidad sexual y de género. El grupo Hombres por la Diversidad, del Cenesex, y la Sección Científica Diversidad Sexual, de Socumes, constituyen dos ejemplos ilustrativos.

Masculinidades en Cuba: legitimación de una dimensión de los estudios de género Denise Quaresma da Silva, Óscar Ulloa Guerra

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favorable, en cuanto los pasos que se han dado han abierto el camino para ampliar y profundizar las investigaciones en este campo.

ficados, actitudes y prácticas atravesados por otras marcas de identidad (raza, clase, creencia religiosa, edad, sexualidad, estado civil, nacionalidad). Desde ahí, podemos explicar que un mismo sujeto pueda vivenciar, en diferentes momentos y contextos, situaciones de identidad desvalorizada o aceptada. Como resultado de estos entrecruzamientos, es común encontrarnos frente a una continua variación de fronteras y posibilidades cargadas de contradicciones, ambigüedades e incoherencias (Bessa 1998). O sea, las múltiples identidades sociales se definen con un “carácter fragmentado, inestable, histórico e plural” (Louro 2010, 12).

La producción de las masculinidades ¿Niña o niño? Ésa es una de las preguntas más comunes que acompañan un embarazo. Más que una pregunta, ella encierra una preocupación por definir la activación de un sinnúmero de estrategias y procedimientos para constituir un sujeto masculino o femenino. Con las tecnologías que permiten despejar esta incógnita antes del nacimiento, se adelanta el punto inicial para activar tales prácticas en las diversas instancias sociales que participan activamente en la constitución de cuerpos y subjetividades acordes a los patrones de género y sexualidad dominantes en nuestra cultura. Así, niñas y niños se van apropiando de un conjunto de mandamientos sobre cómo deben ser hombres y mujeres, para ser aceptados, respetados y valorizados.

Cuando hablamos de formas de ser hombres que son enseñadas, tanto las estimuladas como las marginadas, resulta preciso destacar que las luchas por la legitimación de las identidades se establecen en un campo de relaciones de poder desiguales. La producción de las identidades masculinas y femeninas no sólo envuelve jerarquías entre hombres y mujeres. Connell (2003), por ejemplo, señala que existe una masculinidad que pudiéramos considerar hegemónica, y que se encuentra definida por un conjunto de atributos y actitudes en oposición a otras masculinidades subalternas “no adecuadas o no ajustadas” que definen los límites entre atributos masculinos aceptados o desacreditados (Kimmel 1998).

Por medio del discurso se aprenden los comportamientos, actitudes, gestos y prácticas sexuales adecuados para cada uno de los géneros. Louro (2008) describe estos procedimientos como pedagogías de género y sexualidad altamente efectivas que se traducen en un proceso ininterrumpido, reiterado e ilimitado, y que se desarrolla para inscribir en los cuerpos los atributos que se consideran legítimos.

Lo que se nombra como masculinidad hegemónica es una representación de masculinidad donde se destacan mandatos irrevocables para el varón como el no doblegarse ante el dolor, el no pedir ayuda bajo ninguna circunstancia, el no abstenerse de consumir alcohol, el no temerle a nada, el no llorar, ser violento y agresivo. Esto indica que lo masculino se asocia en muchas ocasiones a la expropiación de la posibilidad de expresar libremente sentimientos y emociones, a la privación de disfrutar plenamente del cariño de sus hijos, lo que trae como consecuencia el distanciamiento de espacios vitales como el de la familia (Costa 2002; Jiménez 2006; Rivero 2005).

Desde esta visión interpretativa, podemos afirmar que las masculinidades –y las feminidades– son construidas, producidas, enseñadas, aprendidas, vigiladas, clasificadas y ordenadas en las relaciones de poder de una sociedad y están marcadas por las particularidades del contexto histórico y cultural donde emergen. Por tanto, constituyen una invención, una construcción sociocultural significada históricamente a partir de múltiples discursos que regulan, producen jerarquías, normalizan, transgreden y legitiman saberes (Beauvoir 1990; Bourdieu 1995; Butler 2010; Scott 1995).

Ser hombre en esta cultura patriarcal es poder, tener, saber, ser importante y confiado de sí mismo. Debe

sobresalir en las conquistas exitosas pero muy especial-

Dentro de esta corriente, Lozoya considera también que “El proceso de construcción de la subjetividad masculina se prolonga a lo largo de toda la vida e intenta reducir las diferencias potenciales entre los hombres para ajustarlos a un modelo preexistente, que trata de aumentar las diferencias que podrían tener con las mujeres” (Lozoya 1999, 11). Por tanto, las masculinidades y las feminidades no existen como una esencia constante y universal. Más bien, constituyen un conjunto de signi-

mente en el campo de la sexualidad, allí es donde más

debe poner el acento, para mostrar al otro, y mostrarse a sí mismo como masculino […] Siempre preparado sin

mengua para las hazañas sexuales más arduas y trabajosas, porque el despliegue muscular es la herramienta

más idónea para la conquista sexual. Mostrar el privilegiado cuerpo que la naturaleza le dotó, preferentemente

en un escenario mediático, cuantos más lo vean, más macho será (Bonino 2004, 2).

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Considerando que éstos son valores que se fomentan y refuerzan en los hombres, Kaufman plantea:

extender el examen a otras masculinidades no dominantes o marginadas. Dentro de este línea podemos ubicar investigaciones sobre producción de la masculinidad homosexual en las revistas (Kronka 2000), representaciones de la masculinidad bisexual (Seffner 2003), espacios físicos y virtuales de sociabilidad de masculinidades homosexuales y bisexuales (Oliveira 2009; Pocahy 2011; Sívori 2005), representaciones de masculinidades en la prostitución y la pornografía (Perlongher 1987), y significaciones que resultan del entrecruzamiento entre masculinidades, vejez y sexualidad (Mestre 2004; Paiva 2009; Simôes 2004).

Las formas en que los hombres hemos construido nues-

tro poder social e individual son, paradójicamente, fuente de un enorme temor, aislamiento y dolor para

nosotros mismos. Si el poder se construye como la

capacidad para dominar y controlar, si la capacidad de actuar de maneras “poderosas” requiere de la construcción de una armadura personal y de una distan-

cia temerosa de los otros, si el propio mundo del poder

y el privilegio nos aparta del mundo de la crianza de los hijos y la educación infantil, estamos creando hom-

Al referirnos brevemente a estas aproximaciones pretendemos destacar que defendemos la extensión de estudios que no solamente posibiliten comprender cómo son enseñadas y aprendidas las masculinidades sino también cómo en ese proceso unas representaciones de masculinidades son valoradas y otras despreciadas, lo que nos ubica en una perspectiva de análisis teóricopolítica que fundamenta nuestro interés por los efectos de inclusión-exclusión, aceptación-discriminación, legitimación-desaprobación y normalidad-aberración que ellas producen en nuestros sistemas de relaciones.

bres cuya experiencia de poder está plagada de problemas paralizantes (Kaufman 1989, 45).

Los costos que se asocian a estos atributos instituidos en torno al ser hombres fundamentan el desarrollo de una perspectiva de análisis bastante extendida en los estudios de masculinidades: el interés por el tema de la salud masculina. Partiendo del supuesto de que una parte significativa de los hombres comparten y asumen expectativas y exigencias que se derivan de la masculinidad hegemónica, autores y autoras diversos han llamado la atención sobre la posibilidad de relacionar algunas enfermedades y problemáticas sociales con los contenidos de las representaciones dominantes de masculinidades perpetuadas en nuestras sociedades.

Particularidades metodológicas de los estudios que serán comentados Los estudios sobre masculinidades que estaremos comentando y que fueron realizados a partir de nuestra coordinación o colaboración asumieron como objetivo principal explorar significaciones imaginarias de masculinidades en grupos de hombres de la región oriental de Cuba.

Podemos ubicar dentro de esta línea diferentes estudios que han contribuido a desmitificar las supuestas invulnerabilidad y supremacía masculinas, a partir de la visibilización de problemáticas sociales –y de salud– que involucran mayoritariamente a los hombres. Podemos mencionar, por ejemplo, que los hombres fallecen, como promedio, siete años antes que las mujeres; las muertes y secuelas por accidentes (incluso, en la población infantil) que son causados por actitudes arriesgadas y desafiantes que se instituyen como rituales de reafirmación masculina; el aprendizaje de la violencia como “estrategia de resolución” de conflictos; los estados de angustia que muchos hombres expresan matizados por la desorientación, la impotencia y la imposibilidad de expresar quejas, conflictos y malestares; las conductas adictivas; los suicidios, las dificultades para elaborar duelos; el silenciamiento de síntomas; el incumplimiento de tratamientos médicos y la postergación de exámenes diagnósticos, y el impacto subjetivo del desempleo (Bonino 2000; Campos y Salas 2002; Montesinos 1999; Prior 1999; Silva 2008; Vilaseca 2007).

La categoría “imaginario social” resultó nuclear para la comprensión de nuestro objeto de estudio al posibilitar la revelación tanto de lo instituido como de lo instituyente. O sea, fue posible un acercamiento a significaciones que señalan nuevos modos de ser hombres que se oponen a otras representaciones y que evidencian la dinámica de conflictos y luchas que se establecen entre las identidades en busca de su legitimación. La categoría imaginario ha sido tratada por la Psicología Social y permeada por los aportes del estructuralismo, entre los que resaltan los realizados por el francés Cornelius Castoriadis. Imaginario social se refiere al conjunto de significaciones que instituyen una sociedad y otorgan sentido y orden a los individuos, grupos e instituciones que la componen, transmitiéndose de generación en generación, y normalizando cánones, valores y modelos de conducta (Castoriadis 1983).

Sin negar la relevancia de estas aproximaciones, es oportuno apuntar que también nos parece pertinente

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participantes se declararon heterosexuales; por tanto, esta distinción condicionó que otras identidades masculinas quedaran invisibilizadas.

En el imaginario coexisten en conflicto significacio-

nes instituidas/efectivas e instituyentes/radicales. Lo imaginario efectivo o instituido constituye lo típico o

identitario de una sociedad, son significaciones pro-

Los grupos tuvieron dos o tres sesiones de trabajo y fueron realizados en el período 2007-2009. Transitaron por tres momentos fundamentales, uno de aproximación, otro de desarrollo, y el tercero de cierre. Aunque predominó la entrevista grupal como técnica fundamental, en algunos momentos nos apoyamos en otras herramientas metodológicas como el juego dramático (Reyes 2008). Las preguntas y situaciones giraron en torno a tres temas fundamentales: cuerpos masculinos, relaciones de pareja y paternidad. Fueron definidas categorías para el análisis temático y dinámico, pasando inicialmente por una descripción de los temas abordados por el grupo y posteriormente realizando la interpretación de los mismos, decodificando la información que proporcionó el grupo, con el apoyo de nuestras observaciones y registros.

ducidas por el consenso social desde diferentes narrativas particulares, pero en especial desde los mitos, que como cristalizaciones de sentido son una pieza

clave en el sostenimiento de lo instituido. Estas signi-

ficaciones configuran los sistemas de prioridades para las personas, determinan lo valorado y lo devaluado,

lo permitido y lo prohibido […] operan como regímenes

de verdad en las tradiciones y costumbres de cualquier sociedad (Reyes 2008, 62).

Lo instituido socialmente genera anclajes económicos, sociales, políticos, simbólicos, pero también eróticos y subjetivos, haciendo posible el disciplinamiento y el policiamiento de la sociedad. Las significaciones instituyentes o radicales son nuevos organizadores de sentido (de lo femenino y lo masculino, por ejemplo) que tienden a la transformación de la sociedad a partir de la creación de nuevos significados que se expresan en prácticas innovadoras y dan cuenta de la producción de utopías y deseos que no se corresponden con el orden de relaciones establecido o instituido socialmente.

El trabajo en grupo propició, en cierta medida, momentos de reflexión crítica sobre los costos, efectos e implicaciones de algunas representaciones de masculinidades, aunque debemos destacar que la posibilidad del cambio reiteradamente fue interpretada como dislocación genérica.

Metodológicamente, se asumió el trabajo grupal como vía de acceso al imaginario. De manera específica, fueron realizados grupos de discusión, considerando su potencialidad para acceder a significaciones, asignaciones, expropiaciones, contradicciones y malestares asociados a las representaciones de masculinidades grupales. En los grupos de discusión los participantes ocupan una posición activa, donde la flexibilidad es característica fundamental, y se pretende crear una situación comunicativa en la que cada frase adquiere un sentido y significado propios y surge en el seno de un ambiente no cuestionador. Pueden definirse como un espacio de libre intercambio alrededor de un conjunto de temas planteados anticipadamente, sin desechar otros que pueden ir surgiendo en el espacio grupal (Rodríguez, Gil y García 2004).

Con la presentación de las significaciones reveladas no pretendemos hacer generalizaciones; apenas nos parecen importantes las significaciones reveladas, en el sentido de posibilitar una aproximación a las representaciones de masculinidades que emergieron en grupos de discusión con hombres.

Develación de imaginarios… Para la presentación de las significaciones imaginarias en torno a las masculinidades agrupamos las mismas a partir de tres aspectos o ejes integradores. En el primero intentamos describir algunas significaciones sobre el ser hombres, y en los dos ejes restantes exploramos el entrecruzamiento entre masculinidades, paternidades y relaciones de pareja.

Fueron organizados seis grupos de discusión: uno con trabajadores de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba, uno con hombres de Las Tunas que han asumido la paternidad en condiciones de monoparentalidad, otros dos grupos en los que participaron estudiantes universitarios de diferentes provincias matriculados en los cursos de Psicología, Podología y Fisioterapia, otro con hombres de Santiago de Cuba, esposos de mujeres académicas o directivas, y un grupo con miembros de una unidad militar de Holguín. En todos los grupos los

Cuerpos masculinos En el imaginario social del ser hombres predominan asignaciones tradicionales instituidas que se articulan en forma de mitos que aluden al protagonismo erótico, donde la heterosexualidad es altamente valorada y se

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autoriza la infidelidad en las relaciones de pareja. Los cuerpos masculinos más valorados son fuertes y musculosos, signos que transmiten fortaleza y potencia.

aquellas decisiones que poseen una connotación económica o de gestión en el espacio público (con énfasis en parejas que conviven).

Fue posible percibir algunos niveles de clasificaciones de cuerpos masculinos que variaron según el criterio organizativo. Los cuerpos masculinos negros y mulatos eran más jerarquizados cuando se hacía referencia a fortaleza y a potencia sexual; sin embargo, los cuerpos masculinos blancos son más valorados si se busca una relación de pareja estable; incluso, pueden ser interpretados como “trofeos”, cuando la pareja es una mujer negra o mulata.

Las situaciones de cuestionamiento o críticas en las cuales sus parejas señalaban su insatisfacción con algún comportamiento eran interpretadas como pérdida de poder y condicionantes de reacciones violentas y agresivas. Los hombres no sólo se adjudican el poder en las relaciones vinculares: lo defienden al costo que sea necesario, y la mujer que demanda independencia pone en entredicho la hombría de su pareja.

Las actitudes homofóbicas fueron manifestadas con persistencia ante la posible generación de alguna duda de la virilidad que se exhibe con orgullo; tuvieron lugar expresiones despectivas que intentaron ridiculizar a los hombres homosexuales, lo que también está asociado al dominio de una representación caricaturesca de la masculinidad homosexual. En los más jóvenes se presentaron indicadores de cambio ante frases que indicaron aceptación hacia los homosexuales, aunque lo instituido les impide establecer con ellos relaciones desprejuiciadas.

Contradictoriamente, y matizado por la compleja situación económica de nuestro país, los hombres demandan a su lado una mujer “luchadora”, o sea, capaz también de aportar a la economía familiar y que no demande sólo la participación masculina en el proceso de satisfacción de las principales necesidades del hogar. Sin embargo, aparecieron reiteradas resistencias y dificultades para lidiar con la autonomía psicológica de sus parejas. Mención aparte merecen las significaciones en torno a la fidelidad. Para muchos hombres participantes en las experiencias grupales desarrolladas, la infidelidad es una característica inherente a su condición de género. Se nos presenta como un impulso fuera del control de la voluntad masculina, víctima siempre de circunstancias que él no decidió, provocó ni previó, y de las cuales no puede escapar, a riesgo de quedar en duda su hombría. No obstante, en algunos momentos emergieron criterios polarizados en dos tendencias desiguales, una tradicional, ligada a lo instituido y en defensa de la infidelidad masculina-fidelidad femenina, y otra de cambio, ligada a lo instituyente, en defensa de la fidelidad como un valor primordial para las relaciones humanas. Lo que apuntó la existencia de un proceso valorativo incipiente que cuestiona lo instituido y, por lo tanto, es un potencial para el desarrollo de la capacidad reflexiva que conduzca a la elaboración activa de nuevas significaciones.

El conformismo con las asignaciones y expropiaciones que supone la asunción acrítica del rol masculino tuvo lugar a partir del no cuestionamiento de las exigencias que como varón deben ser cumplidas: ser fuertes, estar dispuestos permanentemente ante la demanda sexual de las mujeres, ser valientes, arriesgados y temerarios. Atributos que se complementan con una limitación reforzada de la capacidad de verbalizar sentimientos y emociones. En este sentido, destacamos que en el grupo de linieros eléctricos emergieron situaciones laborales que ponían en riesgo su vida y que han sido instituidas como rituales de reafirmación masculina, tales como aproximarse a las zonas de alta tensión sin todos los medios de protección, tocar cables sin los guantes, entre otros. Fue posible constatar que el no cuestionamiento de las asignaciones que acompañan estas representaciones dominantes con relación al ser hombres dificultó la identificación y el reconocimiento de los costos que éstas suponen, y las consecuencias para su bienestar físico y mental.

En el caso de las relaciones formalizadas y que implican la convivencia de la pareja, el sentimiento de pertenencia de los hombres hacia lo privado es escaso; la idea de coparticipación aún no supera a la de ayuda, por ser un espacio que no les pertenece ni corresponde, lo que hace inconstante la participación de los hombres en lo privado. Aunque el imaginario instituyente en este sentido marca pautas, en muchos actualmente prevalece la idea de la incapacidad natural masculina para lo doméstico.

Hombres-esposos El imaginario de los hombres estudiados se caracterizó por la coexistencia de significados instituidos sobre la pareja como un vínculo fusional-dependiente, donde el hombre se erige en principal decisor, sobre todo en

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Dossier Ser hombres-padres

lo que abre las posibilidades para la rematerialización de las interpretaciones culturales que circulan en torno a las diferencias entre los hombres, entre hombres y mujeres y entre mujeres.

Asignaciones como ser fuerte, mantener distancia de las expresiones afectivas y autoadjudicarse el control de las situaciones y la toma de decisiones contradicen los atributos que ellos asocian a un “buen padre”. El ideal de padre que circula en las significaciones sociales supone un hombre participativo en la educación de los hijos, comunicativo y capaz de propiciar un ambiente armonioso. Sin embargo, cuando se hizo alusión al “padre preocupado” se refirieron al que está pendiente de todo lo que necesitan los hijos y es capaz de gestionarlo. El rol tradicional de proveedor se reafirmó en la asunción de la paternidad, legitimándose la división padre-proveedor y madre-afectiva.

Esas creencias y supuestos que circulan en la cultura en forma de significaciones imaginarias producen clasificaciones, ordenamientos, y, en consecuencia, articulan, fundamentan y autorizan situaciones de discriminación, subordinación, marginación o exclusión de sujetos que asumen atributos de representaciones de masculinidades no autorizadas. Los análisis de los grupos realizados con hombres de la región oriental de Cuba revelan las desiguales relaciones de poder que se configuran en torno a la legitimación y desaprobación de cuerpos y prácticas, que dan como resultado un predominio de significaciones imaginarias de masculinidades que asocian lo masculino a la fortaleza física, la potencia sexual, el control, los comportamientos arriesgados, la resistencias y el silenciamiento de las quejas. �

Los hogares que temporalmente –ante la muerte de la madre o por su salida del país para cumplir misiones de trabajo– asumen una estructura funcional monoparental aparecieron como espacios de crecimiento para los padres y de configuración de modelos instituyentes de la paternidad, aunque no pocas veces se presentó una mujer-madre-sustituta sin siquiera ser solicitada por el padre. Socialmente está instituida y naturalizada la incapacidad de los hombres para cuidar de los hijos.

Referencias

Las contradicciones entre los contenidos de las asignaciones masculinas predominantes y las expectativas con relación al ser padres generan malestares a no pocos hombres que son interpelados desde juicios valorativos contradictorios y ambiguos. Se asume el modelo autoritario como el adecuado para los padres y el permisivo para las madres, propiciando la inconsistencia en las normas y reafirmando el poder de los hombres sobre la esposa y los hijos, expresión fidedigna del patriarcado cultural instituido.

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Revista de Estudios Sociales No. 42 rev.estud.soc. • ISSN 0123-885X • Pp. 196. Bogotá, abril de 2012 • Pp. 104-117.

Usos y abusos del sistema penal.

Su uso como forma de emancipación femenina: un estudio de caso del delito de trata de personas en Colombia* por Gloria Abadía** Fecha de recepción: 9 de junio de 2010 Fecha de aceptación: 20 de diciembre de 2010 Fecha de modificación: 4 de junio de 2011

Resumen Esta investigación pretende evidenciar lo que en la práctica judicial significó la modificación legislativa del delito de trata de personas, que con anterioridad a la reforma del año 2002 se encontraba descrito simplemente como una especie de proxenetismo, para luego ser modificada su ubicación sistemática en el Código Penal dentro de los delitos que pretenden proteger la autonomía personal y la libertad individual. Esta modificación consistió, en términos generales, en considerar que el bien jurídico vulnerado ya no sería la libertad sexual sino principalmente la autonomía y la libertad individual, ampliándose la conducta criminal no sólo para casos de prostitución forzada sino, al darse un énfasis legal a la autonomía personal y a la libertad individual, a todos los casos de explotación sexual, incluso consentida. A partir de un estudio de caso, el propósito del estudio fue descubrir ese funcionamiento en la práctica judicial y evidenciar cuáles son los efectos latentes y cómo predominan sobre los manifiestos o puramente simbólicos. Los resultados indicaron que existe una tendencia en el sistema penal a operar en la práctica bajo la misma lógica de la permisión de la explotación de la prostituta en el comercio sexual, presumiendo, en consecuencia, la existencia de su consentimiento y, con ello, haciendo insustancial el esfuerzo legal por criminalizar todo acto, consentido o no, de explotación.

Palabras clave Tráfico de personas, derecho penal, prostitución, explotación sexual, proxenetismo.

Uses and Abuses of the Criminal Justice System Regarding Feminine Emancipation: A Case Study of the Crime of Trafficking in Persons in Colombia Abstract This article examines what changes to the law regarding the crime of Trafficking in Persons has meant for judicial practice. Before the 2002 reform, this criminal offence was described simply as a sort of procuring. The reform moved the crime to a different chapter of the Penal Code: from the chapter on crimes against sexual freedom to the chapter on crimes against personal autonomy and individual freedom. This legislative change means that the crime is not only limited to cases of forced prostitution but also applies to cases of consensual sexual exploitation. Based on a case study, the aim of this article is to analyze how the legislative change has altered judicial practice. The findings presented here indicate that there is a tendency in the criminal justice system to continue operating under the previous logic of permitting the exploitation of sex workers during acts of prostitution, thus undermining the legal effort to criminalize all acts of sexual exploitation, whether consensual or not.

Key words Immigration, European Union, Economic Crisis, Latin America.

* El artículo está basado en el trabajo de investigación doctoral, centrado en las relaciones entre feminismo, derecho penal y criminología feminista. ** Abogada y especialista en derecho penal y criminología de la Universidad Externado de Colombia. Máster en Teoría del Derecho y estudiante del doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Investigadora del Centro de Investigaciones Sociojurídicas (Cijus) y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Correo electrónico: gm.abadia126@uniandes.edu.co

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Usos e abusos do sistema penal. Seu uso como forma de emancipação feminina: um estudo de caso do delito de tráfico de pessoas na Colômbia Resumo Esta pesquisa pretende evidenciar o que na prática judicial significou a modificação legislativa do delito de tráfico de pessoas, que, com anterioridade à reforma do ano 2002, encontrava-se descrito simplesmente como uma espécie de proxenetismo, para logo ser modificada sua localização sistemática no Código Penal dentro dos delitos que pretendem proteger a autonomia pessoal e a liberdade individual. Essa modificação consistiu, em termos gerais, em considerar que o bem jurídico vulnerável já não seria a liberdade sexual mas sim, e principalmente, a autonomia e a liberdade individual, ampliando-se a conduta criminal não só para casos de prostituição forçada mas também, ao se dar uma ênfase legal à autonomia pessoal e à liberdade individual, a todos os casos de exploração sexual, inclusive consentida. A partir de um estudo de caso, o propósito do estudo foi descobrir esse funcionamento na prática judicial e evidenciar quais são os efeitos latentes e como predominam sobre os manifestos ou puramente simbólicos. Os resultados indicaram que existe uma tendência no sistema penal a operar na prática sob a mesma lógica da permissão da exploração da prostituta no comércio sexual, presumindo, em consequência, a existência de seu consentimento e, com isso, fazendo insubstancial o esforço legal por criminalizar todo ato, consentido ou não, de exploração.

Palavras chave Tráfico de pessoas, direito penal, prostituição, exploração sexual, proxenetismo.

donde se enmarcaba esa conducta como una especie de proxenetismo. Bajo tal normatividad, se debía establecer como límite a la criminalización el que la víctima hubiese sido forzada o constreñida de alguna manera al comercio sexual, pues la prostitución consentida no es un delito en nuestra legislación.

nte la creciente ola de tráfico de seres humanos con propósitos ilícitos adicionales a los considerados puramente sexuales, la comunidad internacional, mediante la suscripción de la Convención Internacional contra el Crimen Transnacional Organizado (2000), amplió el ámbito de aplicación del delito de trata de personas e incluyó también al tráfico con fines de explotación laboral, servidumbre, esclavitud o extracción de órganos.

Posteriormente, en 2005, operó en el país una nueva reforma legal (la Ley 985 de 2005), por medio de la cual se adoptaron medidas adicionales contra la trata de personas, así como para atender y proteger a las víctimas de la misma. En lo que corresponde al ámbito criminal, se modificó nuevamente el tipo penal de trata de personas, ampliándose otra vez la descripción que había presentado la Ley 747 de 2002. En esta nueva modificación legislativa se mencionó expresamente que el consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación no constituiría causal de exoneración de la responsabilidad penal.2

Bajo tal visión, en Colombia aparece criminalizada la trata de personas como una protección al bien jurídico de la libertad individual, y no ya exclusivamente para proteger la libertad, integridad y formación sexuales, como estaba establecido con anterioridad a la reforma al Código Penal efectuada por la Ley 747 de 2002,1 en

2 La nueva modificación hecha al artículo (efectuada por el artículo 33 de la Ley 985 de 2005) quedó así: “El que capte, traslade, acoja o reciba a una persona, dentro del territorio nacional o hacia el exterior, con fines de explotación, incurrirá en prisión de trece (13) a veintitrés (23) años y una multa de ochocientos (800) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para efectos de este artículo se entenderá por explotación el obtener provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona, mediante la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre, la explotación de la mendicidad ajena, el matrimonio servil, la extracción de órganos, el turismo sexual u otras formas de explotación. El consentimiento dado por la víctima a cualquier forma de explotación definida en este artículo no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal” (resaltado fuera de texto).

1 La Ley 747 de 2002, por medio de la cual se hicieron algunas modificaciones al Código Penal (Ley 599 de 2000), realizó la mencionada modificación al tipo penal de trata de personas, así: “Artículo 188-A. Trata de personas. El que promueva, induzca, constriña, facilite, financie, colabore o participe en el traslado de una persona dentro del territorio nacional o al exterior recurriendo a cualquier forma de violencia, amenaza, o engaño, con fines de explotación, para que ejerza prostitución, pornografía, servidumbre por deudas, mendicidad, trabajo forzado. Matrimonio servil, esclavitud con el propósito de obtener provecho económico o cualquier otro beneficio, para sí o para otra persona incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y una multa de seiscientos (600) a mil (1.000) salarios mínimos legales vigentes mensuales al momento de la sentencia condenatoria”.

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En el impulso modificador de estos tipos penales tuvieron también especial importancia las redes globales y regionales, así como organizaciones feministas que, alarmadas por la degradación de mujeres traficadas, han venido aunando esfuerzos por proteger a las víctimas, y para lo cual la herramienta punitiva sigue siendo una salida plausible para controlar el fenómeno delincuencial.

normas, sino por sus funciones latentes y por cómo operan en la práctica una vez han sido promulgadas.5 Y ello es significativo de cuestionar, pues el sistema penal, una vez puesto en funcionamiento, genera prácticas, resultados y desenlaces en muchas ocasiones diferentes a los asumidos por el legislador y grupos de presión, cuando se intenta, mediante un tipo penal, solucionar problemas sociales relevantes. El sistema penal, que en términos de Foucault es “un fenómeno social complejo”, no puede explicarse sólo por el derecho o la ética sino por la lógica de la política penal, “que más que castigar a los que delinquen tiende a preservar el orden social, con sus desigualdades, sus injusticias e inequidades” (Pegogaro 2004, 11). La ley penal despliega resultados que se alejan impensadamente de los ideales pretendidos, pues el sistema punitivo –la herramienta de control formal más drástica que tiene un Estado para reprimir las conductas que considera desviadas– no sólo no permite una solución del conflicto social sino que supone prácticas volubles y crea culpables diversos a los pretendidos para castigar en el momento de tipificar conductas (Baratta 1986; Hulsman, Bernat de Celis y Politoff 1984; Larrauri 1998; Zaffaroni 1991).

Por otro lado, el descontrol de los grandes flujos de capital provenientes del tráfico ilícito de personas también fue otro factor que incidió en la ampliación de las conductas que ahora se consideran como trata de personas, así como en el incremento de las penas para este delito. Según el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas, esta conducta es la tercera, luego del narcotráfico y del tráfico de armas, que genera más ganancias económicas, y, en consecuencia, se convierte en un mecanismo poderoso para el lavado de activos.3 De allí que Colombia, mediante la Ley 747 de 2002, haya incorporado al delito de lavado de activos las operaciones económicas asociadas a la trata de personas y al tráfico de inmigrantes. La cooperación en materia de lavado de activos fue vinculante para el país, y también lo fue el asignar especial atención a las denuncias por estos delitos, pues Estados Unidos, a partir de 2001, ha venido publicando un informe anual sobre los esfuerzos desplegados por los gobiernos extranjeros para eliminar estas formas delictuales. A partir de esos informes, el Gobierno de Estados Unidos podrá tomar medidas sancionatorias consistentes en eventuales retenciones de ayuda no humanitaria ni relacionada con el comercio contra los países que no tomen “medidas eficaces para contrarrestar estas conductas”.4

De allí que los efectos simbólicos del derecho penal,6 que le son consustanciales y siempre se ha servido de ellos para la obtención de sus fines, deben ser puestos en cuestionamiento cuando su intención preventiva 5 Debe aclararse que no toda la literatura plantea como absolutamente negativa la función simbólica del derecho penal. Hassemer, por ejemplo, explica que el derecho penal simbólico se puede dar bajo formas muy diversas, y que, en el caso del derecho penal orientado a la protección de bienes jurídicos, el fin preventivo de la pena (resocialización del delincuente; intimidación de la capacidad delictiva; reafirmación de las normas fundamentales) legitima la intervención punitiva: “cuanto más extensos sean los fines de la pena, más claramente aparece su contenido simbólico: persiguen, con la ayuda de una intervención instrumental del Derecho penal (en cierto modo acorde con esta práctica) transmitir (cognitiva y emotivamente) el mensaje de una vida de fidelidad al Derecho”. (Hassemer 1995, 23). Señala Hassemer (1995) que el lado crítico del derecho penal simbólico acaecería cuando el derecho penal está menos orientado a la protección de bienes jurídicos y más a efectos políticos más amplios como la satisfacción de necesidades de acción derivadas de la sociedad del riesgo (derecho penal simbólico como engaño).

El interrogante que surge es acerca de lo que está sucediendo en la cotidianidad de la justicia penal, cuando todo ese ensamblaje persuasivo de lucha contra el crimen ya se ha asentado en leyes y corresponde a nuestros jueces y fiscales decidir los casos que ingresan al sistema penal. La idea es preguntarse no por los fines manifiestos de las

3 Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas. Informe. 2006. Eje de persecución penal. Lineamientos generales sobre la trata de personas y tipologías de lavado de activos. http://www.tratadepersonas. gov.co (última visita realizada el 2 de mayo de 2010).

6 El derecho penal moderno se cuestiona sobre cuándo resulta ilegítimo a sus fines y funciones el que una norma sobrepase los fines manifiestos, es decir, las puras condiciones objetivas de realización de la norma (función preventiva), frente a los latentes o falsamente aparentes (derecho penal simbólico, en sentido crítico o negativo), que son todas aquellas circunstancias que escapan en la práctica a esas condiciones objetivas generales de aplicación y se desvían de la pura protección de los bienes jurídicos de los coasociados. La literatura ejemplifica casos como la expedición de normas puramente declarativas de valores (como el aborto), o las leyes de crisis (como las antiterroristas, que buscan aplacar el miedo y la protesta pública), o aquellas con carácter de apelación moral (como las leyes criminales que buscan proteger el medio ambiente). Hassemer Winfried (1995) y Melossi (1996).

4 Según el Informe sobre la Trata de Personas del Gobierno de los Estados Unidos, los países castigados tampoco podrán recibir financiamiento para la participación de empleados públicos en programas de intercambio educativo y cultural, e igualmente tendrán la oposición de Estados Unidos en casos de solicitud de ayuda de instituciones financieras internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Departamento de Estado de los Estados Unidos. 2009. Introducción del Informe sobre la Trata de Personas. http://www.america.gov/st/hr-spanish/2009/ (Recuperado el 1 de marzo de 2010).

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presente un choque evidente con los efectos materiales o instrumentales que puede conllevar la patentización de las mismas inequidades que las normas pretenden proteger por medio de la figura denominada en la dogmática penal continental como “bienes jurídicos”. Recuérdese cómo ya desde los años sesenta las investigaciones producidas por la criminología crítica revelaron el alto grado de selectividad del sistema penal en su modo de funcionar: sólo atiende a una mínima parte de los eventos que debería administrar y lo hace en función de la condición social del infractor y de la víctima: la criminalización y la victimización son mayores en las clases más bajas, a pesar de que las normas están formalmente establecidas para todas las capas sociales (Baratta 1986).

Esos resultados tangibles y poco manifiestos resultan mayormente desconocidos por quienes se esfuerzan por insistir en el uso de lo punitivo como estrategia política de lucha. El fenómeno de la criminalidad que se hace visible en las sociedades contemporáneas, fácilmente esparcido por los medios masivos de comunicación como una amenaza potencial para todos, no da cuenta de los resultados que en concreto arroja el sistema punitivo una vez es puesto en funcionamiento, y ello es un asunto que ha de trascender en el momento de pensar cuándo y cómo debiera entrar en escena la herramienta punitiva. El desplazamiento de la reflexión es, por lo tanto, hacia la realidad judicial punitiva y cómo se interrelaciona con los casos que llegan a su conocimiento, protagonizados por seres humanos reales, que, ya sea en su condición de víctimas o procesados, son los que terminan siendo objeto de observancia y corrección en el entretejido del sistema judicial y de las prácticas de control social penal. Un trabajo empírico que dé cuenta de esas prácticas es una manera plausible de hacer evidentes esas asimetrías entre la búsqueda emancipatoria mediante las normas penales y las pérdidas o ganancias que con tal búsqueda se pueden generar en el campo del sistema punitivo en países como el nuestro. En las líneas que siguen se presenta una lectura de lo observado. La segunda parte del escrito está dedicada a presentar las conclusiones de la investigación.

Además, la selectividad del sistema penal implica que la ley penal funciona “mediada” por personas o instituciones, que son quienes ejercen la política penal y cuya lógica de acción tiene más que ver con las relaciones de fuerza existentes en la propia sociedad que con el enunciado del tipo penal (Pegogaro 2004). En este sentido, la selectividad no sólo indica que exclusivamente se criminaliza a sujetos débiles sino además que no se criminaliza a “sujetos poderosos” (Melossi 1996). Esta investigación pretende sumarse a esos esfuerzos que nos imponen analizar cómo funciona nuestro sistema penal y encontrar en casos concretos las desarmonías de los efectos latentes frente a los fines declarados o simbólicos que evidencian las normas penales.7 Así, mediante un acercamiento a lo que ocurre en una dependencia de la Fiscalía General de la Nación que maneja asuntos relacionados con el tráfico de personas, se realiza un intento por desentrañar las dinámicas locales que surgen desde la ritualidad generada por la existencia de ese delito, y la forma en que ha operado en la práctica la modificación legal arriba señalada. A partir de un estudio cualitativo y empírico focalizado, el objetivo fue intentar descubrir algún significado preciso que se contraponga a la incuestionable finalidad preventiva de este tipo de conductas.

La práctica judicial del delito de trata de personas Fundamento metodológico Los datos que sustentan la investigación se basan en un examen detallado de una Fiscalía Especializada de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario8 y sus actuaciones desplegadas durante el período 2008-2010.9 Este despacho, conformado por la fiscal titular y su auxiliar judicial, tiene a su cargo el manejo y conocimiento de procesos relacionados con los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. Cuatro fiscalías adicionales a este despacho también conocen de delitos de trata de personas. Sin embargo, para efectos representativos, los procesos correspondientes a la fiscalía

La hipótesis planteada es que existe discontinuidad entre el discurso global, el discurso de los movimientos de mujeres y feministas –que confluirían en la pretensión simbólica y preventiva de erradicar mediante la ley penal este tipo de conductas– y la práctica local en la aplicación del delito de trata de personas, cuyos efectos materiales distan de la pretensión legal de protección del bien jurídico “libertad y autonomía”, para casos de comercio sexual consentido. 7

8 La Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos fue creada por el Fiscal General de la Nación mediante la Resolución número 0-2725 del 9 de diciembre de 1994 y tiene como función adelantar las investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos. 9 Escogí este período, dadas las limitaciones temporales, puesto que su ampliación hubiera supuesto un espacio de tiempo mucho mayor del que disponía para la elaboración de la presente investigación.

En este mismo sentido, puede consultarse Almeda (2008).

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observada reproducen adecuadamente las imágenes que pretendo evidenciar, ya que la asignación de los casos es aleatoria y corresponde al mismo número y periodicidad.

delitos no relacionados con la trata de personas. Respecto del delito de trata de personas, los siguientes fueron los datos relevantes: 100 casos totales por trata de personas, 14 en etapa de juicio y 86 en indagación preliminar.11 Esta tendencia a que el ingreso de delitos por trata de personas al sistema punitivo lo sea mayoritariamente por explotación sexual aparece también reflejada en la información presentada por la Organización Internacional para las Migraciones OIM, período 2008-2009, para el caso de Colombia (ver el cuadro 1).

El enfoque metodológico se centró en entrevistas a profundidad a la Fiscal y a su asistente judicial. De manera paralela, se revisaron los casos (audio-videos) que cursan en la actualidad en la etapa de juicio y se realizaron entrevistas a jueces y litigantes. También se efectuó un rastreo de estadísticas y cifras que se manejan en relación con este delito. Por otro lado, se realizaron entrevistas a miembros de ONG interesados en el tema de tráfico de personas (Fundación Esperanza, Codhes, Mujeres Colombianas por la Paz, Sisma Mujer).

Cuadro 1. Información estadística del Centro Operativo Anti Trata (COAT) Modalidad

2008

2009

Total

1. Trata externa (desde Colombia hacia el exterior)

Descripción y análisis de lo observado La primera vez que entrevisté a la Fiscal, me explicó de manera muy entusiasta que lo primero que debía comprender era que, por el cambio legislativo, la tipificación del delito de la trata de personas no hacía referencia únicamente a la pretensión de proteger a las mujeres víctimas de tráfico sexual, sino que se aspiraba proteger por igual a hombres y mujeres y niños por conductas como la explotación laboral o servil, dentro o fuera del territorio nacional. Me explicó también que no era un delito “muy conocido”10 y que en su práctica profesional debía “lidiar” con los jueces, quienes siempre relacionaban la conducta con la inducción a la prostitución, y que por ello le correspondía actuar, en ocasiones, más que como fiscal, como “formadora” de los mismos profesionales del derecho. Pese a su insistencia en que el delito no sólo comprendía asuntos de tráfico sexual, lo que mostraron las estadísticas de su despacho fue que, de los 14 juicios que se llevaban, tan sólo uno correspondía a explotación laboral. Al parecer, existe una constante en cuanto a que en la práctica la mayoría de procesos terminen siendo por comercio y tráfico sexual. Me explicó que los otros fiscales también mostraban la misma tendencia, no sólo respecto al escaso número de casos en juicio, sino también en la propensión a que la absoluta mayoría lo fuera por comercio sexual.

Explotación sexual

Servidumbre

Explotación laboral

Matrimonio servil

En consulta

No aplica / NS

Total

116

2. Trata interna (dentro del país) Explotación sexual

Explotación laboral

Explotación sexual comercial

Explotación sexual, laboral y unión servil

Explotación sexual y mendicidad

Mendicidad

Servidumbre

Extracción de órganos

Sin identificar

Servidumbre, abuso sexual y adopción ilegal

Total

De acuerdo con el informe estadístico, para el período comprendido entre 2008 y 2010, esa Fiscalía tenía a su cargo un total de 105 actuaciones asignadas. De ese número, tan sólo cinco procesos correspondían a otros

3 19

11 La indagación preliminar corresponde, en el proceso oral acusatorio, a aquella etapa en la cual la Fiscalía General de la Nación (FGN), ante el conocimiento de un delito, dedica su atención al recaudo de evidencia física. Durante esta etapa, que no tiene un término definido por la ley, el fiscal desarrolla un programa metodológico que asigna a los investigadores de la Policía Judicial para que recauden evidencias que sustenten o rebatan de manera contundente su hipótesis inicial del caso. Estas diligencias son reservadas y no se conocen para el eventual procesado hasta que se eleva una solicitud ante el juez de garantías formulando la imputación. Puede pasar un término indefinido durante el cual “la carpeta” quede a disposición de la Policía Judicial y la FGN, sin que el posible acusado tenga mayores posibilidades de conocer lo que se investiga en su contra.

10 Este desconocimiento del tipo penal resulta coincidente con los hallazgos de una investigación recientemente publicada por la Universidad del Rosario con relación al delito de trata de personas, según los cuales, de acuerdo con 38 entrevistas realizadas en el país, existían funcionarios judiciales que desconocían en gran medida la estructura del tipo (Londoño et al. 2009).

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Por su parte, el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodec) para el período 2006-2009, encontró que la explotación sexual es la forma de trata de personas detectada con más frecuencia (79%), seguida del trabajo forzado (18%). Ese organismo internacional llamó a ello un sesgo en las estadísticas y lo atribuyó al hecho de que, a diferencia de otras formas de explotación, la de la mujer suele ser visible, y por ello ha pasado a ser el tipo de trata más documentado en las estadísticas globales.

a primera vista, tan obvia requiere, sin embargo, escrutinios más particulares en torno a las prácticas judiciales, para comprender de qué manera ese giro que parece tan elemental se vuelve factible dentro del campo jurídico local, caracterizado por un fuerte conceptualismo dogmático que impone a sus operadores judiciales enmarcarse en los parámetros legales, y que en este caso le están imponiendo entender el tema, no ya como un ataque contra la libertad e integridad sexual, o de explotación sexual, sino, más que todo, como la protección al bien jurídico de libertad individual y autonomía personal. Y ello es un límite hermenéutico que cada operador jurídico, por lo general, pretende cumplir muy de cerca, atendiendo tendencias fundamentales del derecho penal moderno que le imponen legal y jurisprudencialmente vincular estrechamente la protección del bien jurídico que la norma penal pretende proteger (en este caso, la libertad individual y la autonomía personal) con el tipo penal en concreto (lo que se conoce como el requisito de la antijuridicidad material), y cuya omisión genera la ausencia del injusto penal, es decir, una absolución penal.

El predominio de los casos conocidos por el sistema judicial en torno al comercio sexual12 contrasta con las elevadas cifras que muestra la comunidad internacional respecto al tráfico y explotación laboral de seres humanos. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), cada año 1,2 millones de niños son víctimas de trata, cifra que aumenta a los 2 millones cuando se contabilizan las mujeres migrantes.13 Por otro lado, de acuerdo con lo expuesto en la Séptima Conferencia Sudamericana sobre Migraciones (OIM), pese a señalarse que en Colombia continúa siendo difícil cuantificar la dimensión del fenómeno y el número de víctimas afectadas, el Estado colombiano se perfila como un país de origen en que el delito ocurre con diversas finalidades diferentes a la de la explotación sexual de adultos, en especial el trabajo infantil forzado y el reclutamiento forzado de menores para los grupos armados ilegales.

A continuación se describe la manera en que la Fiscal maneja el concepto de la explotación y su relación con el delito de trata de personas, a fin de entender cómo esos escasos procesos que llegan a judicializarse formalmente limitan o amplían la aplicación del tipo penal bajo la nueva legislación.

La criminalidad que ingresa al sistema parecería entonces oscurecer esa realidad descrita por los organismos internacionales. Además de lo dicho por la Oficina de las Naciones Unidas, otra explicación plausible de ello es que Colombia es básicamente un país “exportador” de mujeres destinadas a ejercer la prostitución,14 y, en esa medida, resultaría lógico intuir que el delito siga operando como un tema de proxenetismo.15 Una aproximación,

La explotación exigida por la ley penal La Fiscal me habló del contenido con el cual, a su juicio, se debe colmar el requisito de la explotación de las mujeres como elemento necesario para que se pueda imputar el delito de trata de personas.16 En primer lugar, me señaló, y ello también fue reiterativamente expuesto por su asistente judicial, que los jueces, con la sola evidencia de que el caso tenía que ver con comercio sexual, consentido o no por la mujer, tendían a insistir en la continuación de los juicios por la adecuación típica del delito de trata de personas. Y ello es, en su criterio, un “mal

12 La investigación realizada por la Universidad del Rosario sobre el delito de trata de personas igualmente encontró que, entre todos los casos que tuvo a su disposición, tan sólo uno estuvo referido a una modalidad distinta a la explotación sexual. 13 Para mayor información al respecto, consultar: www.boletinunicef.org.

en varias ocasiones, cuando acude ante los jueces, muchos de ellos “no conocen del tema”. “Bueno, al fin y al cabo son prostitutas” es una respuesta frecuente de los jueces, y con la que tiene que enfrentarse usualmente esta fiscal.

14 Colombia es considerado como un país de origen y de tránsito de la trata de personas. En el ámbito transnacional, los principales países de destino de las víctimas colombianas son Japón, España, Panamá. Ecuador, República Dominicana, Estados Unidos, China, Venezuela, Costa Rica, Filipinas y México. Ministerio del Interior y de Justicia. www.tratadepersonas.gov.co.

16 Debe tenerse presente que el delito de trata de personas exige (como elemento subjetivo del tipo penal) probar en el victimario un propósito de explotación, entendido éste legalmente como la obtención de cualquier provecho económico o cualquier otro beneficio para sí o para otra persona causado por cualquier forma de explotación sexual o laboral, sea ésta consentida o no. Si no se comprueban fines de explotación, la conducta se convierte en atípica, es decir, no reprochable penalmente.

15 El delito de inducción a la prostitución fue incluso relacionado por la Corte Constitucional, en sentencia C-636 de 2009, como un dispositivo jurídico creado por el legislador para combatir la prostitución y la trata de personas. Esta imagen de la trata de personas como un asunto predominantemente de connotación sexual fue referida por la fiscal entrevistada, quien evidenció su preocupación al señalar que

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entendimiento” de la norma penal. Su lectura es que los bienes jurídicos de la libertad y autonomía personal no resultan vulnerados si la mujer que ejerce la prostitución obtiene una ganancia “adecuada” y razonablemente proporcionada. El provecho económico o cualquier otro beneficio para el “intermediario” desdibujaría la antijuridicidad de la conducta si la autonomía o la libertad individual no se vieron vulneradas.17 La explotación sexual (inducción a la prostitución) sin ese ánimo ni finalidad de explotación en aquel otro sentido está prevista, en todo caso, en el Código Penal, en el título correspondiente a los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales (explotación sexual), como constreñimiento o inducción a la prostitución, y con una penalidad inferior a la de trata de personas.

la Fiscal logró que el juez absolviera a las dos mujeres imputadas por este caso. El juez encontró que, al no existir la explotación, bajo ese entendimiento, no existió delito. Bajo otra mirada, otros jueces entienden que la finalidad de explotación es consustancial a todo caso de tráfico y se ve materializada con cualquier conducta que suponga tráfico de personas dentro o fuera del país. A lo largo de la cadena de la “industria del sexo”,18 esta mirada supone una ampliación del control punitivo al incluir como eventuales sujetos de control a todos quienes se vean involucrados en el traslado de mujeres prostitutas. La prostitución, por su propia naturaleza violenta, es algo que, bajo esta perspectiva, siempre merece ser observado y controlado por el sistema punitivo.

Debe resaltarse que el consentimiento dado por la víctima ya no es una causal para exonerar al acusado de responsabilidad penal por el delito de trata de personas. Cuando la trata de personas era una modalidad de proxenetismo (antes de 2002), el consentimiento de una mujer mayor de edad no suponía la comisión de un delito para el “intermediario” entre el cliente y la mujer, pues se entendía que era el ejercicio propio de su autodeterminación. Sin embargo, ante la constatación de reclusiones de mujeres que aceptan condicionadas por penosos escenarios económicos, este elemento dejó de ser un obstáculo para castigar a los grupos delincuenciales que recluyen mujeres que aparentemente aceptan de manera voluntaria ejercer la prostitución fuera de su país de origen o trasladarse de ciudad en ciudad.

El contenido de lo que significa la explotación, o incluso la prostitución, puede ser llenado con variedad de suposiciones, no todas aún muy afines en torno a lo que por ese término entienden quienes están involucrados en el sistema penal. La misma dinámica que termina por adquirir en la práctica local la idea de este delito, su íntima vinculación con el comercio sexual y, por consiguiente, el control disciplinar hacia toda la actividad que rodea a la prostitución (Foucault 1993) pueden acabar colmando el requisito de la explotación con factores incluso ni siquiera imaginados como abuso por las propias mujeres prostitutas. El término explotación, como requisito necesario para considerar delito una conducta de tráfico de personas, se torna indeterminado en la práctica judicial.

Uno de los casos narrados por la Fiscal, y que le servía para explicar el contenido que daba a la explotación, consistió en el traslado de una prostituta de Colombia hacia Perú. Esta mujer, en circunstancias aún poco claras para la investigación, resultó asesinada luego de mantener por un período más o menos prolongado una relación casi amorosa con su “cliente”, al parecer un narcotraficante residente en ese país. Las acusadas del delito de trata de personas eran dos mujeres que sirvieron como intermediarias para concretar la “cita” entre la mujer y el “cliente”. Para la Fiscal, en este caso no hubo explotación, sino un típico caso de prostitución, en el que el derecho penal no debía intervenir. Para el fiscal que llevaba este caso antes de que a ella se lo asignaran, sí se presentaba un caso de explotación sexual propio del delito de trata de personas. Cuando terminé la investigación pude constatar que

Sin embargo, creo que esta indeterminación no sólo puede traducirse en un puro problema interpretativo de la norma o de debate dogmático penal. Considero que el análisis que llevo a cabo puede dar cuenta de cómo los efectos latentes del derecho penal (o simbólicos, en un sentido crítico) se patentizan cuando cierto tipo de conductas criminalizadas, como la trata de personas, terminan manteniendo la presunción –si se quiere, desde una visión liberal– de la lógica de la prostitución consentida (las mujeres prostitutas que salen del país o viajan en su interior para atender clientes, lo hacen autónomamente, y no son ellas las víctimas) y, bajo ese entendido, dejando por fuera del sistema, selectivamente, a aquellas mujeres explotadas. 18 La expresión industria del sexo comenzó a utilizarse en los años ochenta. La OIT la incluyó como categoría de análisis para un mercado de oficios que comprende la industria matrimonial, la prostitución femenina, masculina, homosexual e infantil, y la pornografía. Cada una de esas conductas puede estar o no asociada con la forma de explotación de la trata.

17 A manera de aclaración, debe señalarse que en la dogmática penal la demostración de que la conducta no vulnera ningún bien jurídico, en este caso la autonomía personal, hace que la conducta también escape del ámbito penal.

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Lo que evidencian los casos que observé en etapa de juicio por este delito,19 y que tenían connotación sexual, es que no existe una coherencia razonable en términos argumentativos que permita desligar la criminalización contra los traficantes de personas y el control disciplinario estatal, a través de la victimización, de quienes ejercen la prostitución. El enfoque y centro de atención de los casos aparecen continuamente dados por esa relación entre mujer víctima y su ejercicio de la prostitución.

de conseguir pruebas en el exterior,20 tenía muchas veces que confiar en la “buena fe de lo que le contaban las mujeres” y, a partir de cómo sucedían los hechos, intuir, según “su criterio y experiencia”, si realmente fueron objeto de una explotación o si su situación pudo ser la de mujeres indocumentadas que, sin ver limitadas su autonomía o su libertad de locomoción, resultaban deportadas como inmigrantes ilegales. La “sagacidad” de la mujer para escapar de sus sitios de trabajo o para negociar el dinero que iban a percibir permitía a la Fiscal deducir si era una “prostituta no explotada” o una víctima del delito de tráfico de personas.

Además, otro factor propio de la dinámica de juzgamiento del delito de trata de personas supone que la mujer que ejerce la prostitución no sólo esté presente en el juicio en su condición de víctima, sino también durante todo el recorrido punitivo, que comienza desde que los organismos policiales conocen el caso. Desde ese primer contacto con el sistema punitivo, la mujer es objeto de control, en cuanto es estigmatizada como prostituta. Esta situación hace que mujeres que deben ganarse la vida de algún modo pero que igualmente han sido explotadas se alejen del sistema punitivo. De hecho, de acuerdo con la investigación empírica, en casi el 60% de los casos las mujeres que ejercían la prostitución no estaban interesadas en acudir al juicio.

Según la Organización de las Naciones Unidas –Oficina contra la Droga y el Delito– los indicadores de explotación sexual pueden ir desde aspectos tales como el traslado constante de un burdel a otro, el trabajar muchas horas por día, hasta el de tener muy pocas prendas de vestir. El contenido de la explotación sexual, que pareciera ser un aspecto muy evidente y de sentido común, no lo es tanto cuando el sistema punitivo entra en acción. La dialéctica judicial juega con los contenidos que tiene a su alcance, con las limitaciones impuestas por las normas legales y procesales y con los imaginarios que cada una de las personas adopta cuando asume su posición de juez, fiscal o abogado defensor. La voz de la mujer objeto de control penal, aunque legalmente no se le llame procesada o acusada, no es tan clara en ese juego. La forma jurídica adoptada por el derecho penal no da chances de escuchar lenguajes diferentes.21

Si bien una amplia mayoría de los casos que ingresan al sistema judicial se deben a la misma denuncia que presenta la mujer desde el exterior, estas denuncias, sin embargo, obedecen muchas veces a facilidades que los consulados, en virtud de convenios de cooperación, otorgan a las mujeres para los tiquetes de regreso, en su calidad de víctimas. Una vez las mujeres regresan, no parecen interesadas en hacer valer esa condición. Lo que ellas entienden por autonomía, capacidad de decidir y libertad se desdibuja y diluye en la práctica judicial, que es quien se apropia de su contenido y lo dirige, y con fundamento en ello decide qué o quiénes deben o no entrar formalmente a un juicio criminal.

El contenido de la explotación varía de circunstancia en circunstancia. El significado no podrá ser el mismo para una mujer explotada sexualmente que el que el aparato judicial le da, por ejemplo, a una mujer explotadora de menores. En este caso, el giro argumentativo para reprimir y castigar la conducta de la mujer cambia según

La percepción también se tornaba en un elemento importante para la Fiscal al intentar distinguir cuándo se trataba de una explotación con connotación suficiente para ser considerada como trata de personas o cuándo de un caso de explotación sexual o inducción a la prostitución (proxenetismo). La Fiscal señalaba que, por la dificultad

20 La dinámica del sistema acusatorio no ha logrado aplicar con éxito los mecanismos de intercambio probatorio y cooperación judicial con los países receptores del comercio sexual. Ello, no sólo por la inexistencia en algunos casos de acuerdos de cooperación suscritos entre países, sino también por la dificultad presupuestaria de traer testigos del exterior a rendir testimonio en el juicio oral. Si el testigo no está presente en el juicio oral, la perspicacia de los fiscales en demostrar sus hipótesis debe aumentar para dar por probable un caso de explotación. Las percepciones terminan por cumplir un papel fundamental en el momento de decidir una acusación criminal.

19 Por cuestión de espacio, me resulta imposible narrar y describir todos y cada uno de los casos observados. Sin embargo, para efectos del presente escrito, baste anotar que en aquellos casos que tenían involucradas prostitutas, la tendencia era fijar la atención en escudriñar a estas mujeres y dejar por fuera de la “protección penal” a aquellas que se habían trasladado y obtenido cualquier tipo de ganancia económica. “Ellas saben a lo que van; que ahora no vengan a presentarse como unas puras víctimas”, me dijo un operador judicial con quien conversaba sobre el tema.

21 Según Larrauri, investigaciones empíricas han demostrado que la demanda de pena más severa se produce generalmente por parte de gente que no ha sido directamente victimizada. “La propia víctima, como han mostrado estas mismas investigaciones, en ocasiones quiere renunciar a la pena a cambio de una reparación, pero es precisamente el Estado y la concepción de la pena pública la que fuerza su imposición. En estos casos parece difícil sostener la afirmación que el derecho penal representa una disminución de la violencia respecto de la respuesta privada” (Larrauri 1998, 41).

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la percepción que construya la fiscalía o la defensa de la mujer acusada criminalmente. Éste es un caso que se llevaba en la fiscalía observada, en el que se acusaba a una mujer ecuatoriana perteneciente a una tribu indígena de su país pero residente en Colombia. La mujer fue detenida y enfrentó cargos por traficar con una menor de edad también perteneciente a esa tribu indígena, a quien contrató y trajo de Ecuador para que cuidara de su hijo de un año. En su lengua nativa intentó explicar a la defensora pública que ella había hecho un arreglo monetario con la mamá de la menor indígena, y que ello hacía parte de las costumbres propias de su comunidad; por ello, además de no entender el español, le costó no sólo comprender la acusación que le hacía el juez sino también por qué fue llevada a la cárcel del Buen Pastor y por qué su hijo menor fue trasladado al Instituto de Bienestar Familiar.

En el siguiente aparte describo la percepción que por su lado tienen algunos movimientos de mujeres que trabajan en el país con el tema del tráfico de personas, y en especial su posición sobre la apuesta legislativa consistente en haber modificado y ampliado el tipo penal, cuya ubicación sistemática está dada por el bien jurídico de la autonomía personal, y en donde, de acuerdo con lo visto, la práctica judicial pareciera centrarse en la balanza exclusión-inclusión del control punitivo de mujeres involucradas en la cadena de la industria sexual.

La explotación percibida por los movimientos de mujeres En el grupo focal, en el que participaron varios miembros de organizaciones no gubernamentales dedicadas al tema migratorio, se puso sobre la mesa la relación entre el uso del derecho penal y la lucha política como estrategia para evitar la violencia contra seres humanos sujetos al tráfico de personas. Ninguna de estas organizaciones descartó la herramienta penal como estrategia de movilización política, pese a reconocer su uso meramente simbólico.22 Un miembro de estas organizaciones reconoció “que existen varios efectos nocivos en la penalización del fenómeno”. Pese a ello, mencionó la importancia simbólica de la utilización de los mecanismos punitivos dentro del ámbito de lo político. Señaló que con la penalización, “el Estado demuestra que se está haciendo algo”. Esta visión del crimen abordada por este miembro de una ONG es muy propia de las sociedades contemporáneas que asumen posiciones muy pragmáticas de criminalización de conductas y aumento de penas privativas de la libertad, tanto desde la izquierda como desde la derecha, para generar sensaciones de tranquilidad en la función de control social que se le atribuye al Estado (Garland 2001).23

Por su parte, la estrategia de la defensora pública no apuntaba a que se reconociera la inimputabilidad de la mujer (la diversidad sociocultural es causal de inimputabilidad y, por tanto, de ausencia de responsabilidad penal) ni la jurisdicción indígena a esta mujer, lo que supondría la terminación inmediata del juicio y la recuperación de la libertad por parte de la procesada. El propósito de la abogada era más bien “ganar” el proceso en la justicia ordinaria al intentar demostrar una causal de inculpabilidad penal por ignorancia de la ley. Esta “jugada” del lenguaje dogmático penal significaba, en términos prácticos, que se alargase el juicio en el tiempo (y, por lo tanto, la privación efectiva de la libertad de la mujer) hasta que se lograra argumentar y probar esta teoría del caso. La abogada me explicó que no había perdido ningún caso, y por supuesto luchaba incansablemente para “ganar” éste en la justicia ordinaria, pues optar por la estrategia de solicitar ausencia de jurisdicción le implicaría que ya no fuera ella la defensora pública y que le fuera quitado de sus manos un caso “interesante”. La Fiscal, por su parte, no creía en la inocencia de la acusada y percibía que “eso de que no entienda español” era una simple estrategia para evitar el rigor penal y la primacía que el ordenamiento jurídico da a los niños. La doble victimización de la mujer acusada no es algo, por supuesto, sobre lo que se permita legítimamente debatir dentro del proceso penal.

En todo caso, este entrevistado dejó en claro que no son unos “fetichistas legales” ni, sobre todo, “fetichistas penales”.24 Subrayó que el objetivo de la incidencia política es desarrollar una burocracia de atención migratoria

22 Por ejemplo, la organización Humanas Colombia evidencia la necesidad de la herramienta penal para la defensa de los derechos de las mujeres víctimas de violencia. www.humanas.org.co

Cada integrante del juego procesal defenderá así la posición que deba asumir en esos roles asignados por el aparato judicial. La retórica empleada para convencer al juez está llena de contenidos incontrolables, dispares, pero siempre tan acordes con esa imagen compartida de la mujer pobre prostituta, por un lado, y la de mujer criminal explotadora, por el otro. El contenido del sujeto mujer, en todo caso, nunca deja de causar escozor dentro del sistema criminal.

23 Garland explica que durante la mayor parte del siglo XX era virtualmente tabú la expresión abiertamente asumida de sentimientos vengativos en el uso del derecho penal, pero que, “en los últimos años los intentos explícitos de expresar la ira y el resentimiento públicos se han convertido en un tema recurrente de la retórica que acompaña la legislación y la toma de decisiones en materia penal. Actualmente, se invocan frecuentemente los sentimientos de la víctima o de la familia de la víctima o de un público temeroso e indignado para apoyar nuevas leyes o políticas penales” (Garland 2001, 43). 24 Sobre el fetichismo legal, puede consultarse a Lemaitre (2009).

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más relacionada con el desarrollo de procesos administrativos y trámites gubernamentales para el manejo del fenómeno, antes que con la coacción. Para ellos, importa poco lo penal. No tienen ninguna relación con la fiscalía en estos temas, y su conexión con las víctimas se da de manera exclusiva por las redes informales de prevención o por los programas de apoyo, pero nunca por medio de comunicaciones formales penales.

penal, desde el punto de vista formal, es muy impreciso, por lo que, en términos prácticos, se acaba confundiendo con la esclavitud sexual. La vinculación del concepto esclavitud pareciera vincular de nuevo la idea de la explotación. Sin embargo, ello también fue algo que quedó flotando en la conversación. Estos entendimientos sobre lo que contiene el tipo penal de trata de personas contrastan con la posición de Carmen Millán de Benavides (2006), para quien la trata no es un asunto de prostitución ni tampoco de tráfico internacional de personas. Para esta autora, es “una forma de delito altamente organizada, rentable y en crecimiento, que puede tener o no entre sus fines la explotación de personas en el mercado sexual, y que puede o no, involucrar traslado de personas entre países” (Millán de Benavides 2006, 18). Parece acá confluir una lectura latente del tipo penal que, siguiendo la clasificación de las diversas formas simbólicas del uso del derecho penal que describe Hassemer (1995) –en este caso, el uso de la herramienta penal–, podría corresponderse con aquella que denomina leyes de compromiso y que corresponde a tipificaciones suscritas por el país ante la indudable presión de la comunidad internacional para luchar contra los grandes flujos de capitales incontrolados que subyacen a la industria del sexo.

La percepción respecto a lo criminal resulta, en todo caso, ambivalente. Reconocen que existen riesgos de que el sistema penal termine culpabilizando a la víctima pero siempre, en lo que tiene que ver con el uso en general del derecho penal, se cree que “mientras se resuelven los problemas estructurales hay que hacer tareas coyunturales”.25 Por otro lado, piensan que el sistema judicial colombiano es ineficiente,26 y alguno de los participantes, que se declaró promotor de la reforma del delito de 2002, se mostraba incómodo, pues decía no conocer la primera sentencia por tráfico de personas. La desconexión con la práctica criminal parece ser lo imperante. En relación con la explotación como requisito legal para que se configure la trata de personas, ésta fue una discusión casi ajena al grupo focal, pues el cuestionamiento sobre su contenido en la práctica judicial penal parecía no tener manera de vincularse con el profundo conocimiento que tenían sobre el problema migratorio en términos generales. Uno de los miembros comentaba que las únicas que se podían emancipar eran “las prostitutas del Primer Mundo”, y que, en lo que se refería al delito de trata de personas, debía entenderse como un tema de “prostitución forzada, incluso con consentimiento”. ¿Esta perspectiva de imaginar el tratamiento que debe darse al delito pudiera entenderse como la intención de cerrar la puerta a cualquier mecanismo que de una u otra forma reconociera que la prostitución es un trabajo o una elección laboral, o por lo menos algo en donde el derecho penal no debiera intervenir? ¿Qué significaba para el entrevistado la prostitución forzada? Eso fue algo sobre lo que no dio respuesta. Para otra participante, el tipo

En una abierta divergencia con los diferentes imaginarios sobre lo que se supone el uso del derecho penal, una investigación de la Universidad del Rosario (Londoño et al. 2009) señaló que una dificultad que unánimemente identificaron las ONG hacía referencia a la orientación que se le ha dado en Colombia al delito de trata de personas, consistente en dar mayor peso a lo criminal, “dejando de lado el enfoque integral de derecho humanos”, que de existir permitiría darles primacía a los derechos de las víctimas. No se presenta, sin embargo, ninguna evidencia en las conclusiones de esa investigación acerca de cómo podría desligarse el concepto de mujer víctima del ámbito de lo punitivo. Es más, dicho estudio defiende más bien “más derecho penal”, pues no sólo presenta recomendaciones sobre cómo interpretar el tipo penal y mejorar la eficiencia del sistema punitivo, sino que también recomienda modificar la legislación penal, con el fin de tipificar, como una conducta constitutiva de trata, la demanda o solicitud de actos que incentiven o promuevan la explotación de las personas explotadas, así como adoptar una legislación nacional en la cual se considere como sujetos plausibles del delito a las personas jurídicas. En suma, para esa investigación, la ampliación de la intervención punitiva, mediante su uso “adecuado”, es una perspectiva recomendable para controlar el tráfico de personas y lograr la consecución “de la tan anhelada paz social”.

25 Una de las participantes relataba su apoyo al referendo por la cadena perpetua para violadores de menores “porque esa gente no tiene capacidad de recuperación. Ahí toca criminalizar […] porque hay temas tan complejos, porque si vamos a resolver lo estructural, mientras tanto hay que hacer tareas coyunturales”. El Director de Fundación Esperanza señaló que “[…] la criminalización es fundamental; yo tampoco estaba de acuerdo con la cadena perpetua, pero cuando la escuché me convenció; es un uso para abrir un debate y generar conciencia […]”. 26 Una de las participantes en el grupo focal, abogada litigante en temas de violencia contra la mujer, explicaba que, desde su experiencia en Colombia, la investigación de los delitos sexuales era un tema de casi total impunidad.

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Por otro lado, el estudio de la Universidad del Rosario coincidió con la verificación empírica en torno al escaso número de sentencias que por este delito se profieren en el país. Sobre este último punto me concentraré en el apartado siguiente.

Esta tendencia a encontrar un mínimo de sentencias condenatorias por el delito de trata de personas, también se refleja en una estadística de enero de 2005 a agosto de 2006 del Consejo Superior de la Judicatura, en la que incluso el delito de trata de personas está incluido en la categoría “otros” (ver el cuadro 3).

La escasez de los casos que por el delito de trata de personas ingresan al sistema penal

Cuadro 3. Estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura

Otro aspecto relevante fue el escaso número de sentencias por el delito de trata de personas en Colombia.27 De acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General de la Nación (2008), el número de personas condenadas en 2008 por ese delito en el sistema penal acusatorio28 es mínimo, e incluso aparece por debajo de delitos como el aborto y el incesto (ver el cuadro 2). Cuadro 2. Estadísticas de la Fiscalía General de la Nación Delito

Condenas

Tráfico de estupefacientes

5.227

Hurto calificado

2.812

Tráfico, porte de armas de fuego

1.433

Homicidio

425

Acto sexual violento con menor de 14 años

136

Violencia intrafamiliar

104

Acceso carnal violento

Aborto

Incesto

Trata de personas

Delito

Casos

Hurto

36,90

23.017

Lesiones personales

12,10

7.548

Fabricación, importación y tráfico de armas 11,80

7.361

Tráfico y consumo de estupefacientes

6,00

3.743

Homicidio

4,60

2.869

Falsedad

4,30

2.682

Receptación

3,40

2.121

Sexuales

2,60

1.622

Defraudación derechos de autor

1,80

1.123

Estafa

1,39

867

1,32

823

Daño bien ajeno

1,23

767

Inasistencia alimentaria

1,10

686

Extorsión

0,80

499

Violencia intrafamiliar

0,75

468

Secuestro

0,70

437

Concierto para delinquir

0,69

430

Violencia contra servidor público

0,54

337

Otros

7,98

4.978

Total

100

62.378

Fabricación, tráfico, porte de prendas uso FF. MM.

27 Entre 2000 y 2004, los casos del régimen inquisitivo (Ley 600 de 2000) reportados por la Fiscalía General de la Nación fueron 278. De ellos, se dictaron, 10 sentencias condenatorias, 15 sentencias anticipadas y 76 sentencias absolutorias. Del sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004), entre marzo de 2005 y febrero del 2006, la Fiscalía General de la Nación reportó 80 casos, de los cuales se dictó una sentencia condenatoria por aceptación total de los cargos, una solicitud de orden de captura del juez, dos archivadas por inexistencia del hecho, veinte se encuentran en programa metodológico, una en apertura de la etapa de indagación y una archivada por conducta atípica. De los 278 casos del sistema penal inquisitivo, reportados por la Fiscalía General de la Nación, 164 de las víctimas eran mujeres, 14 eran hombres, y en 96 de los casos no se identificaba el sexo. Consultar datos en la página de equidad presidencial http://equidad.presidencia.gov.co/

Para el período 2010, el número de sentencias condenatorias relacionadas por la fiscalía observada en la presente investigación fue de siete. Varias de las razones expuestas por la ya mencionada investigación promovida por la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el

28 Consultar la página de la Dirección Nacional de Fiscalías. www.fiscalia.gov.co

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Delito (UNODC), la Universidad del Rosario y el Ministerio del Interior y de Justicia 200929 se referían a: i) falta de una adecuación típica correcta de la conducta que tiende a confundirse con otros delitos, ii) ausencia de representación adecuada de las víctimas en las distintas fases del proceso penal, iii) debilidad en las actuaciones de algunos sujetos procesales y iv) existencia de prejuicios y estereotipos que denotan discriminación y revictimización, además de la ausencia de medidas efectivas de protección a las víctimas y sus familias.

de utilizar el sistema punitivo para aliviar el temor por ese otro nuevo poblador. La criminalidad transnacional, concretada en casos como el narcotráfico, el lavado de activos, el tráfico de armas, es una seria amenaza para aquellos países receptores del fenómeno migratorio. Las ganancias derivadas del tráfico de personas, y el consiguiente discurso de las víctimas, se convierten en un tema atractivo para poner en la agenda internacional la necesidad de desplegar esfuerzos legislativos dirigidos a que el sistema punitivo entre en acción, seleccionando de antemano quiénes serán sujetos de control y quiénes invariablemente quedarán por fuera de él.

El cuestionamiento por la ausencia y añoranza de mayores sentencias condenatorias se deduce de la problemática encontrada dentro del mismo sistema. Se propone, por parte de esos investigadores, una solución desde adentro: el mejoramiento del sistema. A partir de tal premisa, esto es, la del progreso del sistema penal, se infiere no sólo que aumentarán las sentencias sino que también las víctimas dejarán de ser discriminadas y obtendrán la justa reparación por los daños. Se olvida, sin embargo, que el sistema penal, en cualquier caso, y tenga la forma que tenga, construye relaciones de subordinación, construye género, ya sea discriminando o igualando (Bodelón 2008), y ello con independencia de que el contacto con el sistema sea como criminal o como víctima.30 El problema surge al presumir que una mejor redacción de la norma limitará las capacidades discursivas dentro del sistema penal y lo despojará de su propia aleatoriedad.

Otro aspecto interesante de resaltar es la prácticamente inexistente derivación de procesos por lavado de activos que resultan de la trata de personas. Ninguno de los procesos penales que terminaron en condena en la fiscalía observada, esto es, ocho, derivó en una investigación por lavado de activos. Ello podría dar nuevas pistas acerca de la insistencia del derecho penal centrado no más que en mantener a la mujer que ejerce la prostitución como continuo objeto de control punitivo, y de la exigüidad del simbolismo de amenazar con cárcel y pérdida de bienes a quienes participen en la intermediación del tráfico de mujeres.

Conclusiones La nueva regulación del delito de trata de personas conlleva dos lecturas latentes y muy relacionadas con el efecto simbólico que estos dispositivos penales pretendieron comportar en el momento de su expedición. Ninguna de estas dos lecturas se compagina con la otra, y considero que más bien son excluyentes y responden a lógicas de actuación claramente diferentes. La primera lectura es que la mayor punición y la ampliación del tipo penal a casos relacionados con el trabajo forzado, la esclavitud o el matrimonio servil, fueron el reflejo del clamor de los movimientos sociales preocupados por los temas de explotación sexual y laboral de los inmigrantes en países industrializados. La segunda lectura es que en su implementación tuvo un peso significativo y trascendental la presión de la comunidad internacional por frenar el lavado de activos y los flujos de dinero que se derivan de la comisión de estas conductas. En cuanto al primer aspecto, y siguiendo la clasificación de las diversas formas simbólicas del uso del derecho penal que describe Hassemer (1995), en este caso el uso de la herramienta penal podría corresponder a un tipo de declaración de valores. Su legitimidad pretende ser derivada de la exigencia moral proclamada

El reducido número de casos que ingresan al sistema judicial invita a reflexionar por la tensión que evidencia la importancia que la agenda internacional y los movimientos de mujeres otorgan a la apuesta por la criminalización, y la minúscula intervención que en la práctica los jueces tienen sobre este delito, más allá de la sabida ineficiencia del aparato punitivo estatal. El fenómeno migratorio y la contención de los países industrializados por frenar este fenómeno pueden estar generando discursos globales en torno a la necesidad

29 La publicación se basó en 38 entrevistas hechas en varias regiones del país, que documentaron la experiencia de funcionarios con competencias en el tema de trata de personas y formularon recomendaciones “para lograr el incremento de las sentencias” (Londoño et al. 2009, 145). 30 “La figura de la mujer prostituida se ha vinculado tradicionalmente con la de la mujer ‘capaz de cometer los peores delitos’. Esta percepción en el imaginario social aumenta el riesgo de criminalización de las mujeres inmigrantes trabajadoras del sexo, que además resultan muy visibles (fundamentalmente las de fenotipo no europeo) para los dispositivos de control policial por lo que su detención y enjuiciamiento puede producirse con frecuencia”. http://site.ebrary.com/ lib/bibliotecauniandes (Consultado el 1 de junio de 2009).

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activamente por organizaciones no gubernamentales para que no se esclavice ni laboral ni sexualmente a las mujeres. La segunda lectura latente podría ser aquella que se denomina leyes de compromiso, suscritas por un país ante la presión de la comunidad internacional.

del engranaje punitivo una vez puesto en acción, podrían dar por supuestos triunfos parciales pero derrotas inadvertidas para mujeres que no quieren, por la razón que fuere, que el aparato punitivo se inmiscuya en su contexto personal, o que a otras mujeres se rechace la protección por ser consideradas las “otras”, las prostitutas. �

En segundo término, esta conjunción de lecturas muestra una relación de discontinuidad entre ellas mismas, y de ellas frente a la práctica evidenciada en el ámbito local, cuyo eje central de persecución penal y control disciplinario continúan siendo las mujeres que ejercen la prostitución, y ello con la ambigüedad en torno a lo que contiene el término explotación en el campo penal. El mantenimiento de esta lógica comporta la tensión entre la lucha por la descriminalización y la criminalización de la prostitución. No existe claridad sobre cuándo una mujer que ejerce la prostitución va a resultar victimizada en el ámbito del discurso de la trata de personas o cuándo va a ser tomada como “una simple prostituta” víctima de un proxeneta.

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La brecha entre funciones simbólicas y la práctica judicial concreta resulta un terreno fértil para evidenciar la aleatoriedad del sistema punitivo “en acción”. El traslado, acogida o captación de personas dentro del país o hacia el exterior es una conducta primordialmente relacionada en el campo penal con la prostitución. No niego que no exista explotación laboral. Mi punto fue más bien simplemente describir, a partir de un estudio de caso, cómo la práctica cotidiana punitiva termina alejándose de esos imaginarios colectivos y sigue trayectorias distantes de aquellas percibidas por quienes conciben al derecho penal como herramienta de lucha política, aun limitándola a sus efectos puramente simbólicos.

4. Foucault, Michel. 1993. Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI Editores. 5. Garland, David. 2001. La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea. Barcelona: Gedisa. 6. Halley, Janet. 2008. Rape in Berlin: Reconsidering the Criminalization of Rape in the International Law of Armed Conflict. Melbourne Journal of International Law 9: 78-124. 7. Hassemer, Winfried. 1995. Derecho penal simbólico y protección de bienes jurídicos. En Pena y Estado, ed. Juan Bustos Ramírez, 23-36. Santiago: Jurídica Conosur.

La tercera conclusión tiene que ver con la ausencia de diálogo entre algunos movimientos de mujeres y grupos feministas que luchan por la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer, y, por otro lado, con aquella perspectiva crítica que cree que el derecho penal es tan violento como la misma violencia que se pretende erradicar. Janet Halley (2008) se pregunta si esos esfuerzos de lucha política mediante el uso de lo criminal no se estarán convirtiendo en un nuevo “feminismo carcelario”. La conciencia del uso simbólico del derecho penal, pero la inconsciencia de las prácticas que se tejen dentro

8. Hulsman, Louk, Jacqueline Bernat de Celis y Sergio Politoff. 1984. Sistema penal y seguridad ciudadana: hacia una alternativa. Barcelona: Ariel. 9. Larrauri, Elena. 1998. Criminología crítica: abolicionismo y garantismo. Talca: Red Ius et Praxis. 10. Lemaitre, Julieta. 2009. El derecho como conjuro. Fetichismo legal, violencia y movimientos sociales. Bogotá: Siglo del Hombre Editores – Universidad de los Andes.

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Discordia, reforma constitucional y Excepción de Inconstitucionalidad* por María José Maya Chaves** Fecha de recepción: 2 de julio de 2010 Fecha de aceptación: 20 de diciembre de 2010 Fecha de modificación: 5 de agosto de 2011

Resumen La historia constitucional de Colombia se caracterizó por las constituciones de partido, en las cuales el vencedor imponía su propia ley al vencido. La Constitución de 1886 no fue la excepción a esta regla; el Partido Nacionalista, fundado por Núñez, discutió y aprobó una Constitución que dio las condiciones necesarias para la opresión y exclusión de la minoría política, conformada por los conservadores históricos y los liberales. Esto produjo dos cosas, la discordia con dos guerras, el cierre de medios de comunicación y el destierro de líderes políticos, y la unión de los liberales y conservadores históricos en un solo partido, la Unión Republicana, que tuvo como objetivo combatir la discordia producida por la Constitución de 1886 y por gobiernos como el de Miguel Antonio Caro y Rafael Reyes; para ello promovieron la reforma constitucional de 1910 y la consagración de la Excepción de Inconstitucionalidad.

Palabras clave: Constitución de 1886, Unión Republicana, reforma constitucional de 1910, Excepción de Inconstitucionalidad, presidencialismo, división de poderes.

Discord, Constitutional Reform, and the Exception of Unconstitutionality Abstract Colombian constitutional history has been characterized by constitutions formulated by a victorious party and imposed on the defeated. The Constitution of 1886 was no exception. The Nationalist Party, founded by Núñez, debated and approved a constitution that created the necessary conditions for the oppression and exclusion of the political minority, composed of the Historic Conservative and Liberal parties. This had two important consequences. First, it led to discord and two wars, the closure of the media, and the exile of political leaders. Second, it encouraged the union of the Liberals and Historic Conservatives into a single party, the Republican Union, whose goal was to struggle against the discord created by the 1886 Constitution and the presidencies of people like Miguel Antonio Caro and Rafael Reyes. To do so, it promoted the constitutional reforms of 1910 and the consecration of the Exception of Unconstitutionality.

Key words Constitution of 1886, Republican Union, Constitutional Reform of 1910, Presidential System, Balance of Powers, Exception of Unconstitutionality.

* El desarrollo de este artículo tiene como fundamento la investigación adelantada para el trabajo de grado de la Maestría en Derecho. ** Abogada de la Universidad de los Andes, Colombia. Estudiante de Ciencia Política y de la Maestría en Derecho de la misma Universidad. Correo electrónico: ma-maya@uniandes.edu.co

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Discórdia, reforma constitucional e Exceção de Inconstitucionalidade Resumo A história constitucional da Colômbia se caracterizou pelas constituições de partido, nas quais o vencedor impunha sua própria lei ao vencido. A Constituição de 1886 não foi a exceção a essa regra; o Partido Nacionalista, fundado por Núñez, discutiu e aprovou uma Constituição que deu as condições necessárias para a opressão e exclusão da minoria política, conformada pelos conservadores históricos e os liberais. Isso produziu duas coisas: a discórdia com duas guerras, o fechamento de meios de comunicação e o desterro de líderes políticos, e a união dos liberais e conservadores históricos em um só partido, a União Republicana, que teve como objetivo combater a discórdia produzida pela Constituição 1886 e por governos como o de Miguel Antonio Caro e Rafael Reyes; para isso, promoveram a reforma constitucional de 1910 e a consagração da Exceção de Inconstitucionalidade.

Palavras chave Constituição de 1886, União Republicana, reforma constitucional de 1910, Exceção de Inconstitucionalidade, presidencialismo, divisão de poderes.

parte del Gobierno contra la minoría política; el gobierno sectario de Miguel Antonio Caro y el quinquenio de Reyes (1904-1909).

La Asamblea representará ‘de hecho’ a todos los parti-

dos; de ‘derecho’, a toda la nación.

Si la Asamblea es lo que puede y debe ser, tendremos por primera vez, una CONSTITUCIÓN NACIONAL.

No fue sino hasta 1910 que la historia de Colombia dio un vuelco hacia la concordia. Como se demostrará, fue en ese año que la Constitución dejó de ser el arma empuñada por el partido que la diseñó, para ser una Constitución nacional. Fue en esta época cuando se gestó una conciencia en torno a la necesidad de reformar el régimen constitucional de 1886 como un requisito para mantener la República. De hecho, la reforma constitucional, y más exactamente el reconocimiento de la supremacía constitucional, fue la herencia que nos legó la Unión Republicana. Para que esto ocurriera tuvieron que confluir dos situaciones en la historia de Colombia. La primera, que debido a los gobiernos opresivos de Miguel Antonio Caro y Rafael Reyes, los liberales y conservadores históricos tomaron la determinación de unirse como una sola fuerza política. Y, la segunda, que los liberales y los conservadores, reunidos en la Unión Republicana, coincidieran en la necesidad de reformar la Constitución de 1886.

Es el ápice, la culminación de la República.

(Restrepo 1972b, 19)

a Constitución de 1886, que rigió en el Estado colombiano hasta 1991, tuvo su origen en el Consejo Nacional de Delegatarios convocado mediante el Decreto 594 del 10 de septiembre de 1885, por Rafael Núñez, quien, el 9 de septiembre de 1885, afirmó: “La Constitución de 1863 ha dejado de existir” (Vázquez 1979, 186). En el discurso de instalación de dicho Consejo, Núñez expresó que el régimen constitucional de 1863 debía reformarse para terminar con la discordia que éste había producido (Núñez 1986, 74). Sin embargo, la historia hizo evidente que el régimen de discordia entre los partidos políticos no terminó con la Constitución de 1886; por el contrario, durante el período de 1886 a 1909 la discordia entre el partido político mayoritario y la minoría política –representada por los liberales y los conservadores históricos– fue el pan de cada día. Lo anterior es evidente si consideramos los siguientes sucesos: dos guerras civiles, iniciadas por el Partido Liberal en contra del Gobierno, la primera en 1895 y la segunda en 1899, esta última conocida como la guerra de los Mil Días (Correa 1996, 7); el constante hostigamiento y discriminación por

En este escenario toma relevancia el estudio de la Excepción de Inconstitucionalidad1 (en adelante, EI). Esta institución jurídica inició su evolución en 1811 (Restrepo 1978) y fue consagrada en el Acto Legislativo 03 de 1910 con las características que la conocemos actualmente. Ésta aún se encuentra vigente en el artículo 4 de la Constitución

1 En lo relacionado con la consagración de la Acción Pública de Inconstitucionalidad en el Acto Legislativo 03 de 1910, se recomienda consultar el artículo “Concepciones sobre el juez constitucional en la reforma de 1910: una cuestión de confianza” (Chinchilla 2010).

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de 1991, en los siguientes términos: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales […]”.

la libertad de prensa, la presidencia dictatorial de Rafael Reyes, el papel activo de líderes políticos que solicitaban la derogatoria del Art. 6 de la Ley 153 de 1887, entre otros (Pérez 1962; Restrepo 1978; Tascón 1951).

La EI es un mecanismo de control constitucional que implica el reconocimiento de un sistema de normas jerárquico, en otras palabras, la supremacía de la Constitución sobre la ley. Por lo anterior, supremacía constitucional y EI se usan en este artículo como conceptos intercambiables. El impacto de la EI en el sistema jurídico de Colombia se refleja en los siguientes aspectos: i) la Constitución en el sistema de fuentes se constituye como la norma fundamental que fija el parámetro que deben cumplir las otras normas del sistema jurídico para formar parte de él; ii) la Constitución es un límite al poder de las ramas ejecutiva y legislativa, es decir, hay un impacto en el principio de división de poderes y el sistema de pesos y contrapesos, debido a que las acciones de estos poderes deben cumplir y respetar el contenido material de la Constitución, so pena de no ser aplicadas por parte de los funcionarios de la rama judicial; y iii) es un mecanismo de garantía de los derechos constitucionales reconocidos a los ciudadanos, lo cual, en pocas palabras, implica para todos los ciudadanos la protección de sus derechos constitucionales independientemente de la existencia de una ley que reconozca una garantía a éstos.

Las tendencias mencionadas evidencian que estos autores, a la hora de presentar el tema, no consideran el contexto histórico en el cual surgió esta institución jurídica; ello no significa que los autores que conforman la última tendencia no hayan hecho referencia en abstracto a éste, pero no relacionan directamente la incidencia de tales acontecimientos históricos en la consagración de la Excepción de Inconstitucionalidad. Por lo tanto, la relevancia del enfoque adoptado en este artículo radica en que se estudia la relación entre los acontecimientos históricos y políticos del período 1886-1910 y la aceptación de la supremacía constitucional. Desde el enfoque adoptado en este artículo, la consagración de la EI en 1910 no puede entenderse como producto del azar, sino como el resultado de una obra solidaria llevada a cabo por la Unión Republicana. Este partido político, fundado el 13 de marzo de 1909 (Restrepo 1972b), surgió gracias a la decisión de liberales y conservadores históricos, quienes se reunieron en un único movimiento para dejar de ser minoría política. Lo anterior les abrió la posibilidad de promover la consagración de las reformas necesarias para terminar con un régimen constitucional y legal que había dado las condiciones a los gobiernos de Miguel Antonio Caro y Rafael Reyes, especialmente, de anular la participación política de la oposición. El cierre de los medios de comunicación, el destierro de líderes políticos, la escasa participación en los cuerpos colegiados de representación y la Ley de los Caballos ejemplifican la exclusión y discriminación que tuvieron que afrontar los integrantes de la minoría.

En la historia constitucional, podría afirmarse que existen tres tendencias en la interpretación de la EI. La primera, sin hacer referencia al contexto histórico, considera la EI una reacción aislada que se consagró para derogar el Art. 6 de la Ley 153 de 1887 (Piñeres 1927; Tascón 1939). Dicho artículo estableció una amplia presunción de constitucionalidad de las leyes en los siguientes términos: “Una disposición expresa de ley posterior a la Constitución se reputa constitucional, y se aplicará aun cuando parezca contraria a la Constitución […]”. La segunda propone que la EI es una inferencia lógica del principio de supremacía constitucional, y se refiere al Art. 6 de la Ley 153/1887 y al Acto Legislativo 03 de 1910 únicamente para resaltar la importancia de la supremacía de la Constitución. En estos textos prima el objetivo de dejar en claro que las normas de un sistema jurídico están organizadas jerárquicamente, con la Constitución a la cabeza, y que la EI es una institución jurídica que garantiza dicha organización del sistema de fuentes (Araújo 1996; Charry 1994; Copete 1960; Pérez 2004; Sáchica 1977; Velásquez 2004; Vidal 1985; Vidal 2005; Younes 2006). Finalmente, la tercera presenta la EI en relación con los acontecimientos de la historia constitucional del período 1886-1910, tales como la limitación a

El objetivo de este artículo es argumentar que la reforma de 1910 y, en particular, la consagración de la Excepción de Inconstitucionalidad fueron promovidas e impulsadas por la Unión Republicana como una forma de terminar con la discordia producida por el régimen presidencialista instituido con la Constitución de 1886. Para cumplir con dicho propósito, en la primera parte de este artículo sostengo que el presidencialismo exacerbado que caracterizó el período de 1886-1909 produjo un régimen de discordia entre el gobierno de turno y la oposición: esto llevó a que los dos partidos minoritarios, conservadores históricos y liberales, coincidieran en la necesidad de impulsar tanto la reforma constitucional como el reconocimiento de la supremacía constitucional; de esta manera, dejaron de lado sus colores políticos característicos para, años más tarde,

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formar la Unión Republicana y luchar por la conquista de estos ideales. En la segunda parte, sostengo que la Unión Republicana convirtió la reforma de la Constitución de 1886 en el mecanismo idóneo para promover la concordia entre los partidos. Finalmente, en la tercera parte propongo dos explicaciones a la consagración de la EI. Antes de iniciar debo advertir al lector que no en todos los casos los hechos que sustentan mis argumentos son relatados de manera cronológica, debido a que la intención de este artículo no es una narración lineal de cómo ocurrió la reforma de 1910, sino proponer que en los sucesos históricos se configura una explicación de ésta.

de la Corte Suprema de Justicia, iii) competencia para reglamentar las leyes, presentar el presupuesto e iniciativas legislativas al Congreso, iv) promulgar leyes y v) conmutar la pena de muerte. En cuanto al principio de división de poderes, la Constitución de 1886 consagró una división tripartita, según la cual el Legislador expide las leyes (Constitución 1886, Art. 58), la rama judicial administra la justicia (Constitución 1886, Art. 60) y el Ejecutivo ejerce la función administrativa (Constitución 1886, Art. 59). Este régimen constitucional estatuyó efectivamente el principio de división de poderes pero no un sistema de pesos y contrapesos efectivo, ya que el poder ejecutivo prevaleció sobre el Legislativo y el Judicial. Lo anterior se evidencia principalmente en que el presidente de la República, como mandatario, tenía la facultad de asumir funciones legislativas (Arts. 76 y 121), no era sujeto de responsabilidad por sus actos (Art. 122) y tenía la competencia de elegir los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Esto último, claramente, ponía en tela de juicio la independencia de la rama judicial. Con este diseño institucional del sistema de pesos y contrapesos, presidentes como Miguel Antonio Caro y Rafael Reyes tuvieron a su disposición el poder de gobernar sin límites la República.

El presidencialismo exacerbado de la Constitución de 1886 Tal y como lo señala Carlos E. Restrepo (1972a), las razones fundamentales que llevaron a los liberales y conservadores históricos a coincidir en la necesidad de consagrar la supremacía constitucional y a formar un nuevo partido para lograrlo fueron, en primer lugar, el presidencialismo exacerbado que fue posible por el diseño constitucional del régimen de 1886; en segundo lugar, la idea imperante de un legislador virtuoso y depositario de la máxima autoridad que favoreció el posicionamiento del poder legislativo como un aliado del poder ejecutivo frente al poder judicial. Además, los diseños constitucional de 1886 y legal de 1887 permitieron que algunos gobiernos, como el de Miguel Antonio Caro, implantaran políticas sectarias y excluyentes de la minoría; en consecuencia, la discordia entre el Gobierno y la oposición se hizo evidente. Esto generó que los liberales y conservadores históricos sentaran una base de lucha común contra este tipo de presidencialismo.

La Constitución de 1886 también favoreció el presidencialismo exacerbado, por medio del control constitucional consagrado. Este tipo de control tuvo las siguientes características: abstracto, restringido a los proyectos de ley, sólo podía ser activado por el presidente de la República, y la competencia para decidir si correspondía a la Corte Suprema de Justicia (Arts. 86, 87, 90). Dicho mecanismo fortaleció el presidencialismo de la Constitución de 1886, por dos razones. Por un lado, como el Ejecutivo era el único órgano competente para activar el control, se corría el riego de que no se hiciera, tal y como sucedió. Desde 1886 hasta 1909, el Ejecutivo contó con la mayoría en el Congreso, y, de acuerdo con las ediciones de Gaceta Judicial de estos años, no hubo un solo caso en el cual el Presidente objetara un proyecto de ley por inconstitucionalidad. Por otro lado, la función del juez se convertía en subsidiaria de la voluntad del Ejecutivo, lo cual implicaba que, aun cuando un juez reconociera la inconstitucionalidad de una ley, debía aplicarla. La Corte Suprema de Justicia expresó:

Rafael Núñez, luego de vencer a los liberales radicales rebelados contra su mandato, declaró la necesidad de reformar la Constitución de 1863 por ser causa de anarquía y convocó mediante el Decreto 594 del 10 de septiembre de 1885 (La Nación 1885) un Consejo Nacional de Delegatarios. Éste debatió y aprobó la Constitución de 1886,2 caracterizada, entre otras cosas, por adoptar el centralismo, la restricción a la libertad de prensa (Constitución 1886, Art. K) y el reconocimiento de amplios poderes al presidente: i) un período de seis años, ii) facultades de nombrar y remover a los ministros, a los gobernadores y alcaldes, a los funcionarios del Ministerio Público y a los magistrados

[…] al poder judicial no le esta atribuida la interpreta-

ción general auténtica de la Constitución o de las leyes

sustantivas, ni les es permitido dejar de observar éstas

José María Samper, delegatario del Consejo de 1885, presenta la interpretación de cada uno de los artículos aprobados por el Consejo Nacional de Delegatarios en su obra Derecho Público Interno (Samper 1982).

porque las juzgue contrarias a la Constitución […] No

está establecido en la República ningún tribunal o

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“Cuando haya incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, preferirá aquélla”.3 Esto implicaba, al menos formalmente, reconocer la aplicación preferente de la Constitución frente a las demás normas del sistema jurídico, es decir, aceptar la indeseada intromisión del Judicial en el Ejecutivo y el Legislativo –modificando el principio de división de poderes consagrado en la Constitución de 1886– y reconocer la aplicación directa de los derechos constitucionales. En otras palabras, esto representaba para la oposición la posibilidad de imponer un límite normativo al Legislador y al Ejecutivo.

autoridad que tenga la facultad de declarar que una ley

deja de ser obligatoria por ser contraria a un precepto constitucional (Corte Suprema de Justicia 1889, 403).

Vale la pena anotar que esto es algo que favorecía tanto al Legislador como al Ejecutivo, debido a que el juez tenía que aplicar en todos los casos los preceptos expedidos por dichos poderes públicos, aun cuando éstos fueran violatorios de la Constitución. En cuanto a las disposiciones legales que favorecieron el presidencialismo exacerbado, encontramos el Decreto 151 del 17 de febrero de 1888 (Diario Oficial 1888, 143), que limitó la libertad de expresión clasificando en subversivos y ofensivos los delitos que se cometían por medio de la prensa, y la Ley 61 del 25 de mayo de 1888, denominada por Fidel Cano como Ley de los Caballos (El Espectador 1888). Mediante esta ley se reconoció al Presidente facultades extraordinarias para regular lo relativo a la libertad de prensa; se puede afirmar, por tanto, que mediante esta normatividad se apuntaba a criminalizar y acallar cualquier intento de oposición al Gobierno. Al respecto, Vázquez afirma que esta ley “vino a darle un carácter permanente a las facultades absolutas del gobierno para reprimir la oposición y castigar sus voceros. Fue algo así, como el arma de combate de la Regeneración contra una oposición” (Vázquez 1979, 207).

La vigencia de este artículo fue efímera: en el momento en que Núñez asumió la Presidencia, como respuesta al Art. 5 de la Ley 57 sancionada por Eliseo Payán, se expidió la Ley 153 de 1887, que en su artículo 6 establece: Una disposición expresa de ley posterior á la Constitu-

ción se reputa constitucional, y se aplicará aun cuando parezca contraria á la Constitución. Pero si no fuere

disposición terminante, sino oscura ó deficiente, se aplicará en el sentido más conforme con lo que la Constitución preceptúe.

burlas […] La Constitución de 1886 nunca ha regido en

Esta última disposición, al consagrar la amplia presunción de constitucionalidad de las leyes, otorgó al Legislativo un poder que no podía ser limitado por los jueces, en cuanto las leyes debían cumplirse por los ciudadanos y aplicarse por los jueces sin importar que fueran contrarias a la Constitución. Por la vigencia de esta norma se afirma que el período 1887-1910 (Regeneración) fue “el único durante el cual el principio de supremacía de la Constitución no tuvo vigencia” (Restrepo 1978, 43-44). Los constitucionalistas de la época calificaron el impacto de este artículo en los siguientes términos:

facultades ejecutivas, pero quitándoles los contrapesos

[Esta disposición normativa] se tuvo por mucho tiempo

Debido a ello, José Vicente Concha, conservador histórico y Representante a la Cámara, sostuvo el 21 de julio de 1898: La Constitución colombiana que tenéis en vuestras manos, y que en estos momentos consultáis a cada una de mis palabras, ha sido un ídolo de irrisión, un rey de su plenitud: de ella se han tomado apenas todas las que ella misma establece (citado por Pérez 1962, 115).

como arma política, hasta el punto que su abrogación

vino a ser una de las materias capitales de las platafor-

Hasta esta parte del artículo mi propósito ha sido argumentar que la Constitución de 1886 instauró un presidencialismo exacerbado. A continuación explico que el poder legislativo, en el principio de división de poderes, se posicionó como un aliado del Ejecutivo y por encima del poder judicial. Para lograrlo, me remito a dos disposiciones legales que hacen evidente el conflicto que surgió en torno a la relación Constitución-Ley.

mas de los partidos políticos, los cuales consideraban inconstitucionales muchas leyes vigentes […] La pre-

sencia del artículo 6 de la Ley 153 de 1887 y las frecuentes violaciones del Estatuto, despertaron el movimiento de la opinión pública […]. Esta regla de interpretación

señalada a los Jueces es perfectamente injurídica, y aun nos atrevemos a decir, absurda, puesto que coloca

La historia fue la siguiente: el 15 de abril de 1887, durante el gobierno de Eliseo Payán, el Consejo Nacional Legislativo expidió la Ley 57, que, en el artículo 5, consagró la supremacía de la Constitución en los siguientes términos:

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En los documentos que se encuentran en el Archivo General de la Nación bajo la denominación “Fondo Legislativo del Congreso” y en las ediciones del Diario Oficial de 1887 no hay información relacionada con el debate sobre esta norma; por lo tanto, no es posible determinar las discusiones relacionadas con el tema ni las razones que llevaron al Consejo a aprobar este artículo.

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a durar escasos dos meses porque el ejército del Gobierno estaba mejor organizado (Correa 1996, 25). Por ello, Tulio Enrique Tascón consideró que “en Colombia las guerras civiles no han sido hechas por los pueblos sino por los gobiernos, con su sectarismo, sus persecuciones, sus culpas y errores” (Tascón 1951, 181).

al legislador en oposición con su mandato y eleva a categoría de precepto lo que puede ser la violación de un deber (Piñeres 1927, 351-354).

Esta presunción hacía inútil la Constitución, –que dejó

de ser la superley, y así se vio que el legislador, princi-

palmente el de 1888, expidió varias leyes que hicieron

Terminada la guerra, Caro acusó a los conservadores históricos de haber participado en ella; esta aseveración los indignó tanto que los congresistas antioqueños (Guillermo Restrepo, Jaime Córdoba, Pedro Nel Ospina, Ramón Arango, Luis María Mejía Álvarez y Bernardo Escobar) respondieron en una carta a la acusación y reclamaron la libertad de prensa y la suspensión inmediata de la Ley de los Caballos (Correa 1996, 26). A raíz de esta situación se produjo el rompimiento definitivo de los conservadores denominados históricos con los conservadores nacionalistas –militantes del mayoritario Partido Nacionalista–. Como fruto de esta ruptura, en enero de 1896, los históricos produjeron dos documentos en los que sentaron su ideología: Motivos de disidencia, conocido como el Manifiesto de los 21, y A mis amigos políticos. Una vez más reclamaban libertad de prensa, equilibrio de poderes y “supremacía absoluta y efectiva de la Constitución” (Correa 1996, 27). En estas peticiones se refleja que el desacuerdo con el régimen constitucional vigente tenía como fundamento la falta de un sistema de pesos y contrapesos y de un mecanismo de control constitucional eficiente.

nugatorias las garantías constitucionales: basta a nuestro propósito citar la Ley 61 de ese año (Tascón 1939, 265).

De esta manera, el régimen constitucional y legal instituyó al Presidente y al Legislador en poderes que no tenían contraposición en la rama judicial. Esta Constitución no consagró un mecanismo para que las minorías políticas pudieran ejercer su derecho democrático de oposición. Si le sumamos a esto la expedición del Art. 6 de la Ley 153 de 1887, la restricción a la libertad de expresión, el fortalecimiento del Presidente con la Ley 61 de 1888 y la inexistencia de un mecanismo de protección de derechos, tales minorías quedaron sin garantías. Este escenario equivalía a excluirlas del juego democrático y a dejarlas inermes frente a las actuaciones del Gobierno. Una evidencia clara de ello fue el gobierno de Miguel Antonio Caro, durante el cual se dieron las condiciones necesarias para que los rojos y los azules encontraran una plataforma común y defendieran la supremacía constitucional como un mecanismo para garantizar sus derechos. Para el período presidencial que inició el 7 de agosto de 1892 fueron electos Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. Ante la ausencia de Núñez, presidente titular, Caro asumió el cargo. Durante su gobierno aprovechó para calificar a los liberales y a los conservadores históricos de “antisociales y anárquicos” (Tascón 1951, 181). En uno de sus discursos ante el Congreso de la República se refirió a los liberales en los siguientes términos: “Verdad es que ese embrión no ha sido viable, ni lo será bajo las mismas condiciones que hoy reprimen el desorden; pero sería error muy grave, sería demencia suponer absoluta aquella impotencia y mandar a abrir la jaula de las fieras sólo por la razón de que las fieras aherrojadas son inofensivas” (citado por Ocampo 2008, 148).

Como respuesta a estos documentos, que despertaron el entusiasmo de la oposición, Rafael Reyes –entonces ministro de Gobierno– envió a los gobernadores un comunicado donde ordenaba la aplicación de la Ley de los Caballos para prevenir posibles disturbios. Para silenciar la oposición, el Gobierno una vez más suspendió la circulación de los periódicos El Esfuerzo y El Heraldo y encarceló al director de este último, José Joaquín Pérez (Correa 1996, 27). El 11 de septiembre de 1897 los liberales se reunieron –por única vez durante la Regeneración– en una Convención Liberal. En ésta solicitaron que los poderes extraordinarios reconocidos al Presidente terminaran; que el mandatario fuese responsable por sus actos; la garantía de la libertad de prensa, y la supremacía de la Constitución sobre la ley (Rivadeneira 2001).

Como respuesta, la oposición adoptó actitudes violentas contra su gobierno, lo que llevó a Caro a responder con el destierro del director único del Partido Liberal, Santiago Pérez, y del tesorero, Modesto Garcés, y a clausurar el periódico El Relator (Correa 1996, 24). Ante dichos acontecimientos, el ala belicista del Partido Liberal, liderada por Rafael Uribe Uribe, Nemesio Camacho, Siervo Sarmiento, José María Ruiz, Rafael Camacho y Pedro María Pinzón, inició la guerra el 23 de enero de 1895, la cual alcanzó

Fue así como durante el gobierno de Miguel Antonio Caro, caracterizado por el sectarismo, se dieron las condiciones para que los dos partidos minoritarios, conservadores históricos y liberales, acogieran una plataforma política común: la necesidad de reformar la Constitución de 1886 y consagrar la supremacía de la Constitución como un mecanismo de

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garantía de derechos. La plataforma ideológica coincidía y la gestación del nuevo partido no daba espera. En este sentido, es impreciso afirmar que la Excepción de Inconstitucionalidad surgió como una reacción aislada a la amplia presunción de constitucionalidad contenida en el Art. 6 de la Ley 153 de 1887, o que es una inferencia lógica de la supremacía constitucional. He demostrado en esta primera parte que el control por vía de excepción fue la respuesta de los liberales y de los conservadores históricos, que se unieron como partido republicano, al presidencialismo exacerbado de la Constitución de 1886, al veto permanente del ejercicio de la libertad de prensa, a la exclusión de la minoría y a la discordia entre los partidos mayoritario y minoritario.

mente el número de representantes de la antigua filia-

ción conservadora y de antigua filiación independiente […] De ese modo, no hay exactitud al afirmar que en el Cuerpo Constituyente estuvieran representados dos

partidos, el independiente y el conservador; lo estaba uno solo, el nuevo, el nacional, y de este solo partido es obra

la Constitución de 1886 (Restrepo 1972a, 108).

En el mismo sentido, Pedro Pablo Camargo afirmó que “[e]ran nueve delegatarios conservadores y nueve liberales, que de hecho conformaban el ‘partido nacional de Núñez’” (Camargo 1987, 50). Esto quiere decir que, aunque en 1886 existían tres partidos políticos –Liberal, Conservador y Nacionalista–, la Constitución de 1886 fue producto de la deliberación de un Consejo Nacional de Delegatarios conformado únicamente por miembros del Partido Nacionalista. Por ello, los conservadores y liberales no pertenecientes a este partido no se sintieron representados por esta Constitución y, años más tarde, luego de percibirse a sí mismos como “víctimas” de este régimen constitucional y de los gobiernos de Caro y Reyes, solicitaron que sus peticiones fueran incluidas en ésta para que por fin la Constitución fuera nacional.

Unión Republicana: la Asamblea Nacional Constituyente de 1910 El propósito de esta parte del artículo es argumentar que los conservadores históricos y los liberales, reunidos en la Unión Republicana, promovieron el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente como un mecanismo para terminar con la discordia creada por la Constitución de 1886. Para cumplirlo, voy a seguir la siguiente ruta: primero, me refiero, brevemente, a la razón por la cual los liberales y conservadores históricos pensaban que la Constitución de 1886 fue construcción del Partido Nacionalista y que, por lo tanto, debía reformarse para ser una Constitución nacional. Segundo, planteo que la reforma de la Constitución fue el mecanismo defendido por los republicanos para suprimir las condiciones institucionales y jurídicas que hicieron posible la exclusión y discriminación de la oposición durante el período 1886-1909.

Para lograr una Constitución verdaderamente nacional, la minoría política debía dejar de lado sus respectivos colores, para unirse y luchar por el llamado a una Asamblea Nacional: éste fue el camino viable que tuvo la Unión Republicana para terminar con la discordia vivida desde 1886 hasta 1909. Ello fue así por dos razones. La primera, porque de esa manera la Unión Republicana tendría la posibilidad de tener representación en el cuerpo que debía modificar la Constitución, reivindicando su derecho de tener voz y voto en la determinación de las reglas del juego de la República. La segunda, porque de mantenerse el diseño constitucional y legal vigente hasta entonces, sus miembros seguirían siendo víctimas de la opresión propugnada por gobernantes sin límites constitucionales ni legales. Además, la coincidencia de sus peticiones –en documentos como el Manifiesto de los 21, A mis amigos políticos y el acta de la Convención Liberal llevada a cabo en 1897– a los gobiernos de la época evidencia la existencia de elementos de lucha comunes.

Una de las principales razones que los liberales y conservadores históricos, que poco a poco se unieron en la Unión Republicana, tuvieron para apelar a la reforma de la Constitución de 1886 fue la conciencia de estar excluidos de ésta. El régimen constitucional de 1886 no tuvo un origen diferente a su antecesor de 1863: la Constitución de 1886 fue producto de la deliberación del partido vencedor, el Nacionalista, que “impuso su ley” (Correa 1996; Valencia 1987). Fue bajo la ley de los nacionalistas que los conservados históricos y los liberales tuvieron que vivir. Carlos E. Restrepo, líder activo de la Unión Republicana y presidente de la República 1910-1914, sostuvo que la Constitución de 1886 fue debatida y aprobada por miembros del partido, en ese momento mayoritario, fundado por Rafael Núñez: el Nacionalista.

Al respecto, el 23 de noviembre de 1903, Carlos E. Restrepo –luego de la guerra de los Mil Días y la separación de Panamá– se refirió a la necesidad de convocar “una convención verdaderamente nacional, en que estén representados todos los partidos y sus diferentes matices, para ver de formar una Constitución que contenga los puntos de doctrina republicana en que todos convenimos en Colombia, para que ella nos sirva de bandera común a

En el nombramiento –no en la elección– del personal

del Consejo, se tuvo el cuidado de balancear mecánica-

124

Discordia, reforma constitucional y Excepción de Inconstitucionalidad María josé Maya Chaves

Dossier

la que todos amemos y defendamos […]” (sic) (Restrepo 1972a, 259).4 El acercamiento entre liberales y conservadores históricos en Antioquia fue cada vez más contundente: las reuniones entre miembros de los dos partidos se llevaban a cabo cada vez de manera más frecuente. El 30 de noviembre de 1903 se reunieron en la denominada Junta Patriótica de Antioquia, y luego en la Junta de Conciliación, los días 8 y 15 de marzo, y el 5 de abril de 1904. En estas reuniones se reiteró la necesidad de unirse en un esfuerzo solidario para evitar la disolución del Estado (Restrepo 1972a, 281).

yente que trabajara por la consagración de las Bases, éstas no se instituyeron sino hasta 1910, pues el 22 de marzo de 1904 el vicepresidente Marroquín respondió negativamente a la propuesta de convocar una Convención Nacional (Restrepo 1972a, 304). Las cosas tampoco mejoraron con el gobierno presidencial de Rafael Reyes (1904-1909), que “suscitó el temor de la dictadura incontrolada” (Vázquez 1979, 264), debido a que contaba con poderes extraordinarios, su gobierno fue ampliado por cuatro años más y no había contrapesos efectivos frente a la Asamblea que había instituido para legislar. Todo esto implicó que los liberales y los conservadores vieran frustrada la posibilidad de reformar la Constitución durante este período, que terminó cuando Reyes empezó a sentirse abandonado y expidió el Decreto 579 del 7 de junio de 1909. Con este decreto encargó del Ejecutivo al ministro de Guerra, Jorge Holguín.

En la Junta de Conciliación de Antioquia, el 12 de marzo de 1904, se establecieron las “Bases”, que fueron los puntos del programa común de los partidos políticos, en las cuales se solicitaba formalmente la creación de un Cuerpo Constituyente. En este momento surgió en Colombia, como una reacción al período de la Regeneración, un movimiento incluyente que buscó la construcción de un República entendida como “una obra solidaria, de mutua colaboración, no sólo entre el pueblo y el Gobierno sino entre los diversos poderes que son depositarios y copartícipes de la soberanía” (Restrepo 1914, 56).

Fue entonces cuando nació la Unión Republicana; los miembros de este partido se presentaron a las elecciones del Congreso de 1909 y obtuvieron una mayoría abrumadora (Tascón 1951, 211). Este Congreso, compuesto por quienes durante tanto tiempo fueron víctimas del atropello de sus derechos civiles y políticos, inició su labor ocupándose “principalmente en garantizar las libertades públicas, que acababan de sufrir tan grande detrimento, y comenzó a restablecerse la vigencia de la Ley 51 de 1898 sobre libertad de prensa” (Tascón 1951, 212). Lo mismo ocurriría en la Asamblea Nacional Constituyente de 1910; estos constituyentes llevarían a cabo las discusiones sobre instituciones jurídicas que les garantizaran a los ciudadanos el respeto de los derechos constitucionales (Correa 1996, 162).

Desde las reuniones de la Junta Patriótica de Antioquia hasta la conformación de la Unión Republicana se defendió la idea de que la Constitución debía reformarse para que se convirtiera en la norma que exprese el clamor del pueblo colombiano en su totalidad y no del partido político de turno, como venía ocurriendo en la historia constitucional de Colombia: las constituciones eran las cartas de batalla de los partidos (Valencia 1987). En palabras de Carlos E. Restrepo:

nuestra vida y que han sido para nosotros error científico

La Asamblea Nacional Constituyente fue convocada mediante el Decreto 126 del 25 de febrero de 1910, expedido durante la presidencia de Ramón González Valencia. Al igual que en el Congreso de la República, la composición de este órgano fue mayoritariamente republicana (Tascón 1951, 213). De acuerdo con Carlos E. Restrepo:

Constitución nacional lo fuera verdaderamente […] a que

La Asamblea representará “de hecho” a todos los parti-

tados por la mayoría de nuestros partidos, y a que dejara

Si la Asamblea es lo que puede y debe ser, tendremos por

En aquel tiempo una gran mayoría del pueblo colombiano

[…] comprendió la necesidad de que nos rigiera un estatuto constitucional, común a todos los colombianos, que

se apartase de aquellos de secta o de partido que rigieron y un adefesio histórico. Aspirábamos muchos a que la no contuviese sino aquellos principios republicanos acep-

dos; de “derecho”, a toda la nación.

las diferencias de escuela a la decisión de los Congresos

primera vez, una CONSTITUCIÓN NACIONAL.

ordinarios. Así se conseguiría que nuestras querellas se

Es el ápice, la culminación de la República (Restrepo

librasen civilizadamente bajo el amparo de una Consti-

1972b, 19).

tución amada y defendida por todos (Restrepo 1914, 4-5).

Los liberales y conservadores históricos lograron su objetivo: la Constitución de 1886 se reformó y la EI se consagró en el artículo 40 del Acto Legislativo 03 de 1910, en los siguientes términos: “[e]n todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales”. Con la inclusión de

A pesar del entusiasmo y organización de la Junta de Conciliación para promover la formación de un cuerpo constitu-

Cursivas fuera de texto.

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este artículo en la Constitución terminó la amplia presunción de constitucionalidad consagrada en el artículo 6 de la Ley 153 de 1887.

ma de Justicia, que conocería de las objeciones que por razón de inconstitucionalidad presentará el Ejecutivo a los proyectos de ley. Esta última propuesta fue la que se instituyó en la Constitución de 1886. En ese momento, Miguel Antonio Caro manifestó que si el Presidente objetaba y la Corte se pronunciaba sobre lo que apenas era un proyecto de ley, el control por vía de excepción era innecesario, porque:

La Excepción de Inconstitucionalidad y los derechos de las minorías En este punto vale la pena preguntarse por qué consagrar la supremacía constitucional: ¿acaso no era suficiente reformar la Constitución sin introducir esta institución jurídica? Propongo dos razones para explicar la consagración de la supremacía constitucional en el Acto Legislativo 03 de 1910. La primera razón se enmarca dentro de la discusión relativa a la relación Ley-Constitución y al posicionamiento de los poderes en el principio de división de poderes. Para ilustrar este debate retomo la posición de Miguel Antonio Caro y Carlos E. Restrepo respecto de la concepción del Legislador.

[n]o habrá posibilidad moral de que se expidan leyes

inconstitucionales; y sí puede ofrecer inconvenientes dejar a los jueces la facultad de aplicar, aunque en casos particulares siempre, la constitución contra

las leyes, sobre todo tratándose de aquellas que lleven el pase de la Corte Suprema. Un tribunal inferior no puede revisar lo que aprobó el tribunal supremo (citado por Sanín 1971, 88).

Lo que hay detrás del razonamiento de Caro es que el control por vía de excepción implicaba desorden e inseguridad jurídica, pues los jueces tendrían la posibilidad de no aplicar leyes aprobadas por el Legislador y sancionadas por el Presidente. Lo anterior, en otras palabras, tendría como consecuencia la desconfiguración del principio de división de poderes y del posicionamiento del poder legislativo en éste (Sanín 1971, 104). Sin embargo, como quedó demostrado, la imposibilidad moral de expedir leyes inconstitucionales durante la Regeneración duró tan sólo un año: son ejemplo de ello la Ley 153 de 1887, la Ley 61 de 1888, el Decreto 151 del 17 de febrero de 1888.

Miguel Antonio Caro propuso en el Consejo Nacional de Delegatarios de 1885 la EI, en los siguientes términos: Art. 21.- La potestad reglamentaria no constituye dere-

cho contra las leyes ni las leyes contra la constitución. En consecuencia, los tribunales que hayan de actuar en

asuntos

contencioso-administrativos

prestarán

defensa a los particulares agraviados por providencias de la administración; y la autoridad judicial protegerá a

las personas contra los abusos de cualquiera de los poderes públicos (Caro 1932, 87).

En la medida que la EI pone en juego el posicionamiento de cada uno de los poderes en el principio de división de poderes, su consagración representó un contrapeso al presidencialismo exacerbado de la Constitución de 1886 y el abandono de la confianza en el Legislador ordinario o extraordinario como máxima autoridad. Por ello, desde el Manifiesto de los 21, A mis amigos políticos y la Convención Liberal de 1897, rojos y azules solicitaron la consagración de la supremacía de la Constitución. En este mismo sentido, Carlos E. Restrepo presentó una concepción del legislador y del juez diametralmente opuesta a la de Miguel Antonio Caro.

Si bien es cierto que esta propuesta pretendía privilegiar el posicionamiento de la Constitución sobre la Ley, la exposición de motivos nos lleva a otra conclusión: Caro continuaba privilegiando la confianza en el Legislador. En la exposición de motivos, Caro expresó que las leyes, aunque fueran inconstitucionales, debían cumplirse por los ciudadanos mientras no existiera un poder superior al Legislativo que pueda anularlas. Según él, no “puede dejarse al ciudadano la facultad de desobedecer una ley por cuanto la juzga contraria a la constitución. Tal principio sería anárquico” (Caro 1932, 87). La consecuencia del argumento de Caro en el principio de división de poderes es que el Legislador se posiciona por encima del poder judicial; en otras palabras, para Caro este artículo representaba un equilibrio entre el principio de autoridad y los derechos de los ciudadanos, pues no se anulaba la Ley sino que dejaba de aplicarse para el caso concreto en el que se lesionaran los derechos de un ciudadano. Sin embargo, Caro propuso al mismo tiempo un control previo y abstracto en cabeza de la Corte Supre-

Restrepo defendió la función del juez como un poder que impone límites al Legislativo y al Ejecutivo; así lo expuso, cuando fue presidente de la República, luego de la reforma de 1910: Al establecerse entre nosotros la llamada jurisdicción política del Poder Judicial,5 se ha dado, en mi concepto, un 5

126

Cursivas fuera de texto original.

Discordia, reforma constitucional y Excepción de Inconstitucionalidad María josé Maya Chaves

Dossier

desde ese momento hasta la actualidad los jueces deben proteger las garantías constitucionales y no aplicar leyes inconstitucionales.

gran paso de avance hacia la paz y la legalidad, cons-

tituyendo [la Corte Suprema de Justicia en] un árbitro supremo de querellas que hemos acostumbrado a dirimir en los campos de batalla.6

Por lo tanto, es impreciso afirmar que la Excepción de Inconstitucionalidad surgió como una reacción aislada a la amplia presunción de constitucionalidad contenida en el Art. 6 de la Ley 153 de 1887, o como una inferencia lógica de la supremacía constitucional. Para controvertir la primera postura mostré a lo largo de este escrito que el control por vía de excepción fue la respuesta de los liberales y de los conservadores históricos, que se unieron como partido republicano para combatir el presidencialismo exacerbado de la Constitución de 1886, el veto permanente del ejercicio de la libertad de prensa, la exclusión de la minoría y la discordia entre los partidos mayoritario y minoritario. Para rebatir la segunda posición demostré que durante el período 1885-1910 imperó el principio de supremacía de la Ley y no el de supremacía de la Constitución. En esta medida, introducir en el sistema jurídico colombiano la Excepción de Inconstitucionalidad significó romper –al menos formalmente– la concepción francesa del Legislador como fuente última de autoridad. En adelante, los jueces tendrían un papel importante en la defensa de los derechos constitucionales y los ciudadanos contarían con un mecanismo para exigirla.

La segunda razón tiene que ver con la pérdida de confianza en el Legislador como un poder virtuoso y máximo intérprete de la voluntad popular. La desconfianza hacia el Legislador provenía de dos fuentes principales: i) la amplia presunción de constitucionalidad de la que gozaron las leyes, tema al que ya me referí, y ii) el rango legal de los derechos constitucionales. Los constituyentes de 1886 habían rebajado los derechos constitucionales al rango de ley: para garantizar los derechos del Título III de la Constitución, el artículo 52 de la misma ordenó incorporarlos al Código Civil como título preliminar, bajo el entendido de que este estatuto tenía aplicación preferencial (Código Civil de la Unión 1873, Art. 10). A pesar de que el Código Civil gozará de una mayor jerarquía con respecto a otras leyes, el efecto sigue siendo el mismo: esta forma de protección reducía la garantía de los derechos constitucionales al nivel de la ley. Sanín ofrece una explicación histórica: […] obviamente esto no añadía nada a su fuerza, pues

en virtud de esta disposición no se elevaba el título III a una categoría superior, sino que, por el contrario, se le

colocaba en una norma de rango inferior […] en teoría la Constitución era ley suprema, pero los jueces podían aplicar

Breve reflexión

solamente la ley, no la Constitución; así, entonces para

dar efectividad práctica a los derechos civiles y garan-

La Constitución de 1886, con la reforma constitucional de 1910 y la consagración de la supremacía constitucional, materializó la promesa de Núñez: habían terminado el régimen de discordia, las guerras libradas en los campos de batalla entre el partido vencedor y vencido, el gobierno de turno y la oposición. Con esto no quiero decir que nunca más en la historia de Colombia se presenciaran enfrentamientos entre los ideales de los rojos y los azules. A lo que me refiero es que la Constitución dejó de ser un arma de dominación y opresión, y pasó a ser una Constitución de la República.

tías sociales consagrados en la Constitución, era el caso

incorporar tales disposiciones a la legislación ordinaria con base en las cuales debían producirse los pronunciamientos judiciales. (Sanín 1971, 105).7

Con la consagración de la supremacía constitucional, los derechos dejaron de tener nivel legal, garantizando así la protección de éstos sin necesidad de que el Legislativo o el Ejecutivo expidieran normas con tal fin. Al reconocer la libertad de prensa como un derecho con rango superior a la ley, los presidentes y legisladores tenían un límite constitucional que les impediría, al menos jurídicamente, la promulgación de leyes encaminadas a la restricción de este derecho. Este cambio en la percepción del Legislador y del Juez representó una ruptura: al menos formalmente el Legislador dejó de ser concebido como un poder virtuoso y el Juez empezó a ser posicionado como un poder con la facultad de ejercer control constitucional, mediante la EI, sobre las leyes. Esto quiere decir que 6

Discurso presidencial de 1991, 20 de julio. DO14351.

Cursiva fuera del texto.

La Constitución de 1886, norma de normas del sistema jurídico colombiano, estuvo vigente hasta 1991. Desde la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, la Ley suprema de la República es la Constitución de 1991; ésta es actualmente nuestra norma de normas. El legado de la Unión Republicana aún está presente. He demostrado que la EI pone en juego el posicionamiento de las ramas del poder público en el principio de división de poderes; esta tensión no es ajena a nuestra época, cuando presenciamos los llamados choques de trenes entre el Ejecutivo y el Judicial. Las preguntas que dejo al lector son:

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15. Piñeres, Eduardo. 1927. Por el reinado del derecho. Bogotá: Imprenta La Luz.

¿A quién le vamos a confiar la protección de nuestros derechos? ¿Qué podemos aprender de la breve historia relatada en este artículo acerca de los peligros que representa el presidencialismo sin límites en las otras ramas del poder público? La Constitución es “el orden jurídico fundamental de la comunidad, al que se atribuye un rango especial, frente a las leyes y al resto de las fuentes del derecho, y un efecto de irradiación sobre todas las ramas del ordenamiento jurídico” (Böckenförde 2000, 177), y, por lo tanto, nos pertenece a los ciudadanos, al pueblo. Por ello, no debe convertirse en la carta de combate de ninguna de las ramas del poder público, ni tampoco de un partido político específico. �

16. Restrepo, Calor E. 1914. Mensaje del Presidente de Colombia al Congreso de 1914. Bogotá: Imprenta Nacional. 17. Restrepo, Carlos E. 1972a. Orientación republicana: Tomo I. Bogotá: Banco Popular. 18. Restrepo, Carlos E. 1972b. Orientación republicana: Tomo II. Bogotá: Banco Popular. 19. Restrepo, Carlos. 1978. Tres ideas constitucionales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 20. Rivadeneira, José. 2001. Aquileo Parra y la ideología radical. Bogotá: Editorial Planeta. 21. Sáchica, Luis. 1977. El constitucionalismo colombiano. Bogotá: Temis.

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6. Chinchilla, Tulio. 2010. Concepciones sobre el juez constitucional en la reforma de 1910: una cuestión de confianza. Diálogos de Derecho y Política 3: 1-16

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35. Diario Oficial 1888.

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El Behemoth colombiano: teoría del Estado, violencia y paz* por Jorge Andrés Hernández** Fecha de recepción: 21 de octubre de 2010 Fecha de aceptación: 12 de abril de 2011 Fecha de modificación: 25 de octubre de 2011

Resumen La creación del Estado moderno en Europa hace parte de un proceso histórico que responde a la barbarie y la violencia de las guerras civiles religiosas (siglos XVI y XVII) y construye las condiciones de posibilidad de la paz, el orden y la seguridad de la vida moderna occidental. En este ensayo se repasan las bases teóricas de la teoría del Estado alrededor del dualismo hobbesiano simbolizado por las figuras del Leviatán y el Behemoth, con el propósito de examinar la fallida experiencia histórica colombiana para construir un Estado moderno. En efecto, Colombia ha sido incapaz de construir un ente impersonal que doblegue a sus múltiples competidores armados y construya las condiciones de la paz y el orden social.

Palabras clave Teoría del Estado, Estado colombiano, violencia, paz.

The Colombian Behemoth: Theories of the State, Violence, and Peace Abstract The building of the modern state in Europe was part of an historic process that reacted to the violence of the Wars of Religion (16th to 17th centuries) and established the bases of peace and order for modern life in the West. This article reviews the theoretical bases of the theory of the state in terms of a Hobbesian dualism, symbolized by the figures of Leviathan (peace, order) and Behemoth (violence, anomie), in order to examine the historic failure in Colombia to construct a modern state. In effect, Colombia has been unable to construct an impersonal entity capable of subduing its multiple armed competitors and creating the conditions for peace and order.

Key words Theory of the State, Colombian State, Violence, Peace.

O Behemoth colombiano: teoria do estado, violência e paz A criação do Estado moderno na Europa faz parte de um processo histórico que responde à barbárie e à violência das guerras civis religiosas (séculos XVI e XVII) e constrói as condições de possibilidade da paz, da ordem e da segurança da vida moderna ocidental. Neste ensaio, revisam-se as bases teóricas da teoria do Estado em torno do dualismo hobbesiano simbolizado pelas figuras do Leviatã e do Behemoth, com o propósito de examinar a falida experiência histórica colombiana para construir um Estado moderno. Em efeito, a Colômbia tem sido incapaz de construir um ente impessoal que submeta a seus múltiplos competidores armados e construa as condições da paz e da ordem social.

Palavras chave Teoria do Estado, Estado colombiano, violência, paz.

* El artículo se basa en la investigación doctoral “Estado de Derecho y Democracia. La paradoja colombiana”. ** Abogado y Licenciado en Filosofía y Letras. Doctor en Ciencias Políticas, Universidad Johannes Gutenberg de Maguncia, Alemania. Profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Colombia. Correo electrónico: andriushernandez@hotmail.com

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Guerra y autodestrucción

unen para establecer un poder central, que tiene la última palabra en todos los conflictos de intereses, pues un alto número de seres humanos sólo sigue las prohibiciones culturales bajo presión de una coerción externa donde ésta puede hacerse valer y donde se le tema, mientras que donde existe impunidad, muchos seres humanos no se autolimitan para satisfacer sus deseos y pulsiones agresivas (Freud 2000).

“¿Existe algún camino para liberar al hombre de la fatalidad de la guerra?”, le pregunta Albert Einstein a Sigmund Freud en la célebre misiva que le dirigió el 30 de julio de 1932, a instancias del Comité Permanente de las Letras y de las Artes de la Sociedad de las Naciones (Freud 2000). El genio científico alemán le plantea así al padre del psicoanálisis uno de los grandes interrogantes inherentes a la civilización, tras advertir con realismo que “existe en el hombre una necesidad de odiar y de destruir” (Freud 2000, 275). Freud reconoce en su respuesta a la comunicación de Einstein que no es posible eliminar esta tendencia humana, este placer que muchos hallan en la agresión y en la destrucción de sus congéneres, y considera ilusos a quienes creen, como los teóricos comunistas de la revolución bolchevique, que una transformación radical de las relaciones económicas implicaría el fin de los antagonismos y de los conflictos humanos fundamentales o, dicho sucintamente, el fin de la violencia. El ser humano, desde la perspectiva freudiana, responde a dos tipos de pulsiones internas fundamentales: la pulsión erótica,1 que preserva y une, y la pulsión de muerte o tanática, que destruye y agrede.2 El hombre es así el artífice de las acciones más sublimes y de las más infames. ¿Se deduce de lo anterior que somos impotentes ante las tendencias belicistas del ser humano? Para Freud, la cuestión decisiva es que la pulsión tanática no encuentre su expresión en la guerra. Las tendencias destructivas, que Freud también denomina “antisociales” y “anticulturales”, están presentes en todos los seres humanos (Freud 2000, 280). Toda cultura está constantemente amenazada, corre el peligro de autodestruirse. Homo homini lupus: “el hombre es un lobo para el hombre”, recuerda Freud con Plauto. La religión, constata Freud, ha fracasado en su intento por domesticar tales pulsiones con mandamientos que suscitan el amor al prójimo o que sentencian castigos mayúsculos en la otra vida si se da rienda suelta a la pulsión tanática. De ahí que Freud le responda sintéticamente a Einstein que la protección frente a la guerra y la autodestrucción humanas es sólo posible cuando los seres humanos se 1

La anterior constatación del fundador del psicoanálisis había sido ya conceptualizada por la filosofía política, y fundó la teoría del Estado moderno, tres siglos atrás. Thomas Hobbes, marcado profundamente por la experiencia del horror y de la barbarie en la guerra civil inglesa (164060), desarrolló una teoría política que responde a tal situación histórica. Hegel escribió en el Prólogo a sus Líneas fundamentales de la Filosofía del Derecho que “la filosofía es su tiempo histórico captado en conceptos” (Hegel 1998a, 22). Hobbes, en efecto, traduce en conceptos filosóficos las terribles experiencias que vivieron muchos europeos de los siglos XVI y XVII por efecto de las guerras civiles religiosas. Su punto de partida es el status naturalis, el estado de naturaleza, marcado por la ausencia de un poder coercitivo y por la irrefrenada expresión de las pulsiones destructivas (Hobbes 1999, 86ss). El distintivo de este estado de naturaleza es para Hobbes el bellium omnium contra omnes, esto es, la guerra de todos contra todos, la anarquía, que simboliza con la figura bíblica monstruosa del Behemoth (Hobbes 1990). A este Behemoth o estado de naturaleza Hobbes contrapone el Estado, simbolizado por el ícono también bíblico del Leviatán, un poder coercitivo central y soberano que encarna la superación de la guerra civil. El Estado, en la teoría política de Hobbes, nace de la necesidad de frenar las tendencias autodestructivas humanas y de asegurar la paz. Como ha explicado el politólogo alemán Hans Buchheim: “No se trata de que el Estado exista primero y entonces asume la tarea de establecer la paz, sino que él existe porque es la consecuencia de la solución de esta tarea” (Buchheim 1988, 2). La fundación y mantenimiento de la paz social son, así, la función histórica del Estado moderno en la teoría política legada por Hobbes, que encontraría su cabal desarrollo conceptual en la teoría del Estado (Staatslehre) alemana de las primeras décadas del siglo XX.3

Freud, amante de la cultura y de la mitología griegas, retoma la figura central del dios Eros, quien –como recuerda Robert Graves– “fue el primero de los dioses, pues sin él ninguno de los demás habría podido nacer”. Sin embargo, “[a] Eros nunca se le consideró un dios lo suficientemente responsable como para figurar entre la familia gobernante de los doce olímpicos” (Graves 1993, 68-69).

En una de las obras capitales de la sociología contemporánea, Sobre el proceso de la civilización, Norbert Elias (1997) 3

2 Freud escribe sobre la pulsión de muerte (Todestrieb), pero no explícitamente de Tánatos, concepto introducido por el psicoanalista vienés Ernst Federn. Un análisis clásico sobre la dialéctica psicoanalítica de Eros y Tánatos puede encontrarse en la obra de Herbert Marcuse (1985), Eros y civilización, publicada por primera vez en 1953.

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El jurista y politólogo italiano Norberto Bobbio denomina esta postura pacifismo jurídico, esto es, que “la solución pacífica de los conflictos depende de la presencia de un Tercero por encima de las partes, capaz no sólo de juzgar quién tiene razón y quién no, sino también de imponer en última instancia su decisión” (Bobbio 1997, 201).

El Behemoth colombiano: teoría del Estado, violencia y paz Jorge Andrés Hernández

Dossier

XX, el concepto de Estado supera este carácter vago y ahistórico, para restringir el concepto al tipo de organización política que surge de la modernidad europea occidental, con unas características muy precisas.6

documentó históricamente lo que Freud y Hobbes conceptualizaron y fundamentaron teóricamente. Elias detalla la transformación radical que sufre la cultura europea en la transición del Medioevo a la modernidad, respecto al papel de la violencia en la vida de los individuos. En la Edad Media, el comportamiento agresivo y violento estaba socialmente tolerado, hasta el punto de que existía cierto placer social en la eliminación física de otros seres humanos. La autodefensa y la violencia vengativa estaban permitidas y el poder estaba completamente diseminado en muchas instancias locales y territoriales, fenómeno que Hegel (1998b, 706) denominó poliarquía.4 La modernidad, por el contrario, tiene como rasgo distintivo la concentración del poder en unidades políticas diferenciadas que adquieren el nombre de Estados, caracterizados por la monopolización de la violencia y de los asuntos fiscales, que se ven acompañados por un progresivo control de la agresividad de los individuos. El individuo se ve ahora obligado a reprimir el deseo de hacer justicia por propia mano, tarea encomendada de manera exclusiva al Estado. Para Elias, el proceso de civilización reduce las coacciones que son producto de la fuerza y la violencia. En adelante, las pulsiones individuales se habrían regulado cada vez más mediante la autoeducación, el autocontrol y la autocoacción (Elias 1997).

Georg Jellinek (1966), un jurista con gran agudeza sociológica, cercano al círculo de Max Weber en Heidelberg, reformula los grandes debates decimonónicos sobre la naturaleza del Estado, planteando que la teoría general del Estado puede estudiarlo desde dos diferentes perspectivas: una teoría social del Estado (soziale Staatslehre) que se ocupa del Estado en cuanto construcción histórica o, en otras palabras, tal como es en la realidad social, fenómeno del que se ocupan la ciencia política y la sociología, y, de otro lado, una teoría jurídica del Estado (Staatsrechtslehre), que se ocupa de su perspectiva jurídica y normativa, tarea reservada al jurista (Jellinek 1966). Jellinek formula en su teoría jurídica del Estado los tres elementos constitutivos del Estado en cuanto entidad jurídica del derecho internacional, que sigue siendo una definición estándar en las ciencias jurídicas. De acuerdo con la denominada “teoría de los tres elementos”, Georg Jellinek (1966) describe los elementos necesarios y suficientes para hablar de la existencia de un Estado: territorio, población y poder. El territorio (Staatsgebiet) es el espacio físico en el que el Estado ejerce su tarea específica, la dominación. La población (Staatsvolk) está constituida por el conjunto de personas que habitan el territorio del Estado. El poder (Staatsgewalt) está ligado a la soberanía, que tiene dos dimensiones (las soberanías interna y externa). El pensador Jürgen Habermas describe así al Estado soberano: “Soberano es sólo el Estado que puede mantener en su interior la paz y el orden y proteger de facto sus fronteras externas. Tiene que poder imponerse sobre otros poderes internos y erigirse en un actor en pie de igualdad en el ámbito internacional” (Habermas 1999, 131). El Estado moderno es, como plantea Carl Schmitt (1996), una “unidad política” (politische Einheit) y una “unidad pacífica” (Friedenseinheit), esto es, una entidad en la cual ningún grupo social tiene ni el derecho ni el poder para declarar y emprender una guerra civil. El fundamento de esta unidad pacífica y política reside en lo que Max Weber denominó el “monopolio de la violencia legítima” (Monopol legitimer Gewaltsamkeit) (Weber 1980, 821). Puede contraargumentarse que ningún Estado ha controlado completamente los medios de violencia. Es cierto. Pero la cuestión decisiva aquí es que el Estado logra controlar hasta tal punto los medios coercitivos que la guerra civil o la rebelión armada exitosa no

Teoría del Estado En las reflexiones de Freud, Hobbes y Elias se encuentra una preocupación común, a saber, la necesidad de controlar la violencia mediante la construcción de una entidad central que monopolice la violencia y pacifique la sociedad, esto es, el Estado. Sin embargo, Estado sigue siendo entendido en el lenguaje común como el cuerpo político de una nación5 o de una cultura específica, y por eso se habla del Estado de los Incas, de la ciudad-Estado helénica o del Estado en la Edad Media. En un sentido antropológico-cultural, el concepto de Estado se ha utilizado para comprender la forma de organización política que tiene cada cultura, nación o país, pues no existe prácticamente comunidad humana sin un cierto orden coercitivo que la proteja (Conze 1990, 5). Pero en la Teoría General del Estado (Allgemeine Staatslehre) que se fundamenta en la tradición de las ciencias jurídicas alemanas de comienzos del siglo 4 En la teoría democrática contemporánea, Robert Dahl (1971) reintrodujo el concepto de poliarquía, esto es, una democracia realmente existente que se distingue de una democracia ideal, y que se caracteriza porque el poder político se encuentra diseminado en la sociedad. No es éste el lugar para ahondar en esta cuestión. 5 El Diccionario de la lengua española define Estado como “[c]onjunto de los órganos de gobierno de un país soberano” (RAE 2001, 669).

6 “El Estado es una invención europea”, ha recordado Wolfgang Reinhard (1999, 1) en su monumental historia constitucional europea.

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son posibles. Para lograr estos fines, el Estado requiere finanzas públicas adecuadas y una burocracia independiente. Se trata de factores que aseguran el poder y la majestad del Estado y garantizan la separación entre la sociedad (civil) y el Estado (Weber 1980). Sólo así es posible que el Estado sea más fuerte que las fuerzas sociales, y no sea instrumentalizado por intereses particulares de la sociedad (civil).

derivó en una burocracia descentralizada o inexistente. Y las patrias chicas (vastos territorios dominados

por una familia local) se fortalecieron, así como los

grandes poseedores de tierras. En muchas ocasiones,

un gran número de terratenientes ejerció poder dentro de sus territorios, formando así gobiernos privados (Kline 1999, 11).

La fragmentación política, social y económica tiene diversas causas. Algunos plantean que era inevitable, en vista de la gran fragmentación geográfica del país. “Ningún país de la América hispánica tenía tantos obstáculos naturales para la unidad”, escribió David Bushnell (1993, 36). Tras la Independencia y la posterior disolución de la Gran Colombia, sectores de las élites políticas se plantearon la cuestión fundamental de la construcción de la unidad política, esto es, del Estado. ¿Cómo era posible construir un Estado nacional con la enorme fragmentación regional existente?, se preguntaban algunos políticos de la época posindependentista (Palacios 1981). El poder real de los caciques locales y regionales era mayor que el del Gobierno nacional y siguió imponiéndose por décadas. La tarea de construcción de un Estado nacional se aplazó indefinidamente, como lo demuestran dos fenómenos centrales. Por un lado, los poderes locales y regionales se opusieron decididamente a la creación de una Policía nacional que estuviese subordinada al Gobierno, no a los caciques y terratenientes locales (Kline 1999), un requisito fundamental para garantizar el cumplimiento de las normas proferidas por autoridades nacionales y un distintivo de la soberanía y del poder de un Estado moderno (Tilly 1985). Sin un Estado con monopolio de la violencia legítima, los conflictos eran resueltos por las élites regionales y sus ejércitos privados (Lópes-Alves 2000). Por otro lado, el Gobierno nacional carecía de medios financieros para crear un Estado nacional. Las élites locales, especialmente los grandes terratenientes, lucharon contra el pago de impuestos, como explica Harvey Kline:

La distinción entre una teoría jurídica y social del Estado es fundamental para entender el problema de la estatalidad por fuera del ámbito europeo. Desde un punto de vista jurídico, existen hoy más de 192 Estados con representación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que gozan de reconocimiento dentro de la comunidad de naciones. Pero la cuestión es más problemática desde el punto de vista de la realidad social. En efecto, muchos “Estados” de América Latina, Asia y África no son soberanos en los territorios que jurídicamente se encuentran dentro de sus fronteras, porque están ausentes físicamente o porque grupos privados y/o paraestatales controlan de facto amplias zonas de dichos territorios. El Estado como realidad social, en el sentido de Jellinek, parece ser exclusivo de la modernidad europea, y a lo sumo extensivo a muchas de las antiguas colonias británicas, pero no ha logrado concretarse efectivamente en otras latitudes extraeuropeas.7 En la ciencia política contemporánea, Robert H. Jackson (1990) acuñó el concepto de “cuasi-Estado” (quasi-state) para denominar a este tipo de entidades políticas que siguen siendo reconocidas jurídicamente como Estados, pero que carecen de soberanía interna, una característica empírica fundamental, de acuerdo con la teoría social del Estado.

Orígenes de la estatalidad en Colombia El historiador alemán Hans Joachim König (1997, 111) sostiene que en la Nueva Granada “surgió un Estado soberano” con la independencia. König se basa aquí en el elemento de la soberanía exterior, esto es, la independencia de un poder externo (España), pero deja de lado la soberanía interna, esto es, el control del propio territorio como elemento fundamental de la soberanía. En efecto, la ausencia de soberanía interna inherente al período colonial no parece sino haberse agudizado con el proceso de independencia, como afirma Harvey Kline:

[…] los líderes colombianos, fundamentalmente de los

grupos económicos privilegiados, no querían recaudar los impuestos que se requerían para crear un Ejército

y una Policía nacional fuertes; tales impuestos ten-

drían que provenir de sus propios sectores económicos. Era mejor permitir que quienes necesitasen una fuerza policial (los grandes terratenientes) la crearan por sí

[…] así como la caída de la Corona española condujo a

mismos, pagando una especie de “cuotas de usuario”

la ausencia de un régimen político legítimo, también

(Kline 1999, 11).

Malcolm Deas plantea que Colombia “era una de las economías con menos impuestos de América Latina”

7 Sobre el fracaso del Estado como realidad social en grandes zonas de América Latina, cfr. Van Creveld (2000) y Reinhard (1999).

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(citado en Lópes-Alves 2000, 102), y Marco Palacios (1981) constata que la centralización de impuestos fracasó en el siglo XIX. En suma, no había condiciones materiales para la construcción de un Estado moderno. Los sucesivos gobiernos nacionales no podían hacer cumplir sus normas en grandes zonas del territorio nacional, sometidas cotidianamente a diversos poderes privados y paraestatales, por lo que las respectivas constituciones políticas bien pueden haber sido obras de ficción8 o, en el lenguaje de la ontología constitucional de Karl Löwenstein (2000), constituciones nominales.9 Las consecuencias de la incapacidad para construir un Estado como unidad política y pacífica (Carl Schmitt) saltan a la vista: ocho guerras civiles nacionales, catorce guerras civiles regionales y más de cincuenta rebeliones (Lópes-Alves 2000; Martz 1996).10 Pero no era un problema exclusivamente nacional, sino continental. Como plantea Martin Van Creveld, “al entrar en el último cuarto del siglo XIX, muchos de los Estados latinoamericanos eran Estados básicamente de nombre” (Van Creveld 2000, 308). El siglo XX colombiano heredó las patologías decimonónicas: predominio de la justicia privada y de la autodefensa, ausencia de soberanía estatal en grandes zonas del territorio, fragmentación regional del poder, inconclusa integración nacional, guerra civil.

primeras décadas del siglo XX deja entrever que, como en el pasado, el Gobierno nacional apenas tenía presencia en las zonas rurales, donde vivía la inmensa mayoría de la población. En vista de la inexistencia de facto del Estado en grandes zonas del territorio, seguían imponiéndose los poderes privados y paraestatales, quienes instrumentalizaron las débiles instituciones locales para sus propios intereses particulares, como señala Frank Safford: Hasta los años veinte, el Estado nacional en Colombia

era demasiado débil para tener un impacto significativo en cuestiones relacionadas con los grandes terrate-

nientes y el trabajo rural. La mayoría de los asuntos, ya fueran disputas sobre la tierra entre grandes especuladores de la tierra y campesinos ocupantes, o cuestiones

de disciplina laboral en grandes estados, fueron manejados de forma privada (algunas veces con el uso de la

violencia) por los mismos terratenientes. Si era necesario pedir apoyo al Gobierno, los alcaldes y jueces loca-

les eran generalmente quienes se encargaban de tales asuntos, decidiéndolos normalmente, si no siempre, en

consonancia con los deseos de los terratenientes dominantes en la región (Safford 1995, 133).

Las primeras décadas del siglo XX transcurren sin guerras civiles. “La guerra civil fue deslegitimada por las élites como una forma de competencia política”, afirman Safford y Palacios (2002, 266) respecto a este período histórico. Sin embargo, pese a los avances hacia una integración geográfica nacional mediante incipientes redes de transporte y comunicación, en gran parte posibilitadas por la economía cafetera, la burocracia estatal seguía siendo muy pequeña, y era, en la praxis, un apéndice de los intereses más poderosos de la sociedad civil local (Safford y Palacios 2002). En grandes zonas del territorio nacional seguían teniendo vigencia las observaciones de José María Samper (1973) sobre el triunvirato parroquial en el siglo XIX, cuando señalaba que en muchas localidades existía de facto una peculiar división de poderes: el párroco era el Legislativo, el gamonal era el Ejecutivo y el tinterillo era el Judicial.

El cambio de siglo trajo una nueva guerra civil, la denominada guerra de los Mil Días (1899-1902), y la separación de Panamá, alentada por Estados Unidos, que pondrían en evidencia una vez más la fragilidad y la falta de soberanía interna y externa del “Estado” colombiano (Safford y Palacios 2002).11 La escasa literatura existente sobre las 8 La prevalencia de los análisis jurídicos en la historia constitucional colombiana, que se restringen al estudio exegético de los textos normativos constitucionales, ha tenido como consecuencia la inexistencia de investigaciones sobre una historia constitucional y estatal como realidades sociales y empíricas, en la perspectiva de Otto Hintze, Charles Tilly y Wolfgang Reinhard. 9 De acuerdo con Löwenstein, “una constitución puede ser jurídicamente válida, pero si en la dinámica de los procesos políticos no se procede de acuerdo con ella, a la constitución le falta la realidad existencial” (Löwenstein 2000, 152). 10 La coexistencia paralela de un legalismo y un civilismo constitucional, por un lado, con una praxis ilegal y violenta, por otro, es un asunto que permanece prácticamente inexplorado en la historia colombiana, que ha esbozado muy lúcidamente Gutiérrez Girardot (2000). Gutiérrez cita una reflexión del historiador José Luis Romero, sobre el liberalismo argentino, que bien puede extenderse a Colombia y merecería una investigación profunda, a saber, que en el “sistema político elemental apuntaban las viejas tendencias del autoritarismo autóctono, pero que, contenido por el vigoroso freno del formalismo constitucional, conducía al mismo tiempo a una solemne afirmación del orden jurídico y a una constante y sistemática violación de sus principios por el fraude y la violencia” (Romero, citado en Gutiérrez 2000, 188).

El desenlace hobbesiano A mediados del siglo XX, un Estado moderno con un monopolio de la violencia legítima seguía siendo un mero proyecto, o mejor, una quimera. En palabras de Steffen

un “cuasi-Estado”, pero no esgrimen argumentos para explicar las diferencias teóricas y empíricas entre Estado y cuasi-Estado (Jackson 1990).

11 Científicos sociales como Francisco Leal (1996) y Hans Joachim König (1997) señalan que a comienzos del siglo XX existía en Colombia

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W. Schmidt, “estructuralmente, el Gobierno central en 1950 carecía de control y autoridad sobre la mayor parte del país” (Schmidt 1974, 102). Entre 1946 y 1966 Colombia padeció una nueva guerra civil, que se ha denominado La Violencia, con más de 200.000 muertos. Paul Oquist constata que se trata de uno de los conflictos más intensos y prolongados del siglo XX en el ámbito mundial (Oquist 1980, xi). Oquist plantea que una causa central del conflicto es el colapso parcial del Estado, caracterizado por el quiebre de las instituciones políticas de la nación, la pérdida de legitimidad del Estado para sectores significativos de la población, contradicciones dentro de los aparatos armados del Estado y ausencia física del Estado en amplias zonas del territorio nacional. De acuerdo con Oquist (1980), a fines de la década del cuarenta se habría presentado un nuevo colapso parcial del Estado, que tenía ya muchos precedentes durante las guerras civiles del siglo XIX. La gran diferencia estribaría en que la fuerte estructura de dominación social en el siglo XIX se mantuvo intacta y las contiendas se redujeron a pugnas dentro de las clases dominantes, pese a que “el Estado colapsó parcialmente, o casi totalmente, varias veces” (Oquist 1980, 150). En cambio, el nuevo colapso parcial del Estado a mediados del siglo XX puso en cuestión –de acuerdo con Oquist– el control político y social de las clases dominantes y derivó en un conflicto social entre clases. Las tesis de Oquist, citadas con frecuencia en la literatura de las ciencias sociales e históricas que se ocupan de Colombia, suscitan múltiples interrogantes. En primer lugar, Oquist señala que a fines de los cuarenta “el Estado había perdido su eficacia” (Oquist 1980, 11), con lo que se quiere decir implícitamente que hasta ese momento el Estado había gozado de cierta eficacia y fortaleza, pero habría colapsado poco después.12 Oquist no aporta argumentos para defender esta tesis. En espera de más investigaciones históricas al respecto, todo lleva a pensar que en grandes zonas del territorio nacional, los grandes terratenientes, gamonales y caciques locales regían la vida cotidiana de los habitantes en alianza con autoridades locales débiles. En segundo lugar, no parece de gran utilidad analítica ni tampoco sustentable empíricamente la tesis del colapso parcial del Estado, lo que se deduce de la misma obra de Oquist. Si ha habido constantes y recurrentes colapsos parciales del Estado, como argumenta Oquist, la pregunta que surge es: ¿no es esto, más bien, una constatación de la debilidad histórica de un Estado que jamás logró su consolidación? El concepto de colapso supone que, de repente, se derrumba algo que estaba relativamente consolidado. Pero si algo colapsa

de modo permanente, habría que preguntarse si la institución ha sido adecuadamente fundada. De otro modo, el concepto pierde todo sentido descriptivo y analítico. En último lugar, el propio texto de Oquist plantea que en el siglo XIX “la represión no fue en general utilizada para mantener la estructura social existente; cuando era necesaria, la violencia local directamente aplicada era más común que el recurso al control estatal” (Oquist 1980, 157), con lo que apoya la tesis aquí propuesta: en lugar de un Leviatán, que agencia como árbitro y tercero, los grupos locales de particulares más poderosos hacían las veces de “Estado”. Pero esto no es un Estado moderno en el sentido que hemos clarificado arriba, y lo que no es, no puede colapsar. Empero, el trabajo de Oquist tiene el gran mérito de plantear en la literatura histórica colombianista la relación entre la debilidad del Estado y la violencia, superando las tradicionales lecturas economicistas, políticas y sociales sobre el origen de la violencia. Si el siglo XIX y las primeras décadas del XX se caracterizaron por la existencia de múltiples y diversos ejércitos privados y de autodefensa al servicio de caciques y terratenientes locales y regionales, en ausencia de una autoridad pública nacional, La Violencia engendró un fenómeno nuevo y singular, a saber, la creación de grupos de autodefensa campesina, algunos de los cuales participarán en la fundación de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1964, pero que se remontan a movimientos campesinos de colonización liderados por el Partido Comunista (Safford y Palacios 2002). En una fase siguiente, los ataques militares transformaron esta organización en una guerrilla revolucionaria, que pasaba así a ser un grupo ofensivo, que estableció con el tiempo sus bases en zonas de colonización campesina, áreas de frontera, zonas con rápida expansión económica o zonas rurales antes prósperas pero luego venidas a menos (González 2002). El denominador común en estas zonas ha sido la escasa presencia de un ente impersonal que regule los conflictos de acuerdo con las leyes establecidas por el legislador nacional, esto es, un Estado moderno. El concepto de colapso parcial del Estado, acuñado por Oquist para caracterizar La Violencia, reaparece cíclicamente para intentar describir períodos de extrema violencia que caracterizan las últimas décadas del siglo XX en Colombia. Intelectuales como Ana María Bejarano y Eduardo Pizarro (2001 y 2002), así como John Dugas (1997) y Mauricio García Villegas (2009), entre otros, acuden al mismo concepto para describir los efectos de la violencia proveniente de diversos actores armados (en especial, de los carteles de la droga) a fines de los años ochenta y del conflicto armado que se agudiza en los años noventa

12 Cfr. Hartlyn (1988), quien cuestiona a Oquist por sobrestimar la extensión y coherencia del Estado colombiano hacia 1940.

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entre militares, paramilitares y grupos guerrilleros. Bejarano y Pizarro (2002) defienden la tesis de una “erosión reciente” del Estado colombiano, frente a quienes argumentan una constante precariedad o debilidad histórica del Estado. El resultado de tal proceso de erosión sería un nuevo “colapso parcial del Estado”, que fechan en 19891990, coincidente con la violencia desatada especialmente por los carteles de la droga y por grupos paramilitares, que asesinan a cuatro candidatos presidenciales.

“el negocio de la protección privada”14 o, en otras palabras, la ausencia de un Estado como unidad pacífica. El proyecto político de la Seguridad Democrática (20022010) pretendió la recuperación, o bien, el fortalecimiento de la soberanía estatal (de acuerdo con la perspectiva), pero múltiples fenómenos parecen confirmar, por un lado, el éxito contra el desafío de las guerrillas de las FARC, y por otro, la consolidación de múltiples grupos armados en diversas localidades de la nación, que gobiernan de facto la vida cotidiana de los habitantes y controlaron en buena parte del país la movilización electoral en las diversas competencias electorales del período. El fenómeno de la parapolítica puso en evidencia que buena parte de la clase política, nacional y regionalmente, colabora de manera estrecha con grupos armados ilegales.

El planteamiento de que la erosión reciente del Estado colombiano es fundamentalmente una consecuencia de la acción de poderosos grupos criminales carece de dimensiones sociológicas e históricas. Como hemos visto, salvo breves interregnos, Colombia concentra en los siglos XIX y XX fenómenos que delatan la precariedad histórica del Estado como Leviatán o, en otras palabras, un Estado que no es soberano en su territorio porque no logra doblegar a los múltiples competidores armados. En las últimas décadas, Colombia se ha convertido en un lugar donde convergen carteles de la droga, mafias, grupos paramilitares, movimientos guerrilleros, milicias populares, poderosas organizaciones criminales y diversos grupos de autodefensa y justicia privada. La aparición conjunta y simultánea de diversos factores de violencia parece sólo un síntoma, mas no la causa, de la debilidad del “Estado colombiano”. Los diversos fenómenos de violencia encuentran un terreno abonado para su emergencia y consolidación ante la ausencia de un Estado moderno y soberano que monopolice la violencia legítima. Existe una larga tradición de autodefensa en Colombia que se remonta a la Independencia, pero que hunde sus raíces en el pasado colonial. La ausencia de un poder estatal en localidades y regiones permitió la emergencia de grupos de justicia privada al servicio de los terratenientes, caciques y hombres fuertes locales. Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los grupos paramilitares que las suceden son herederos de esta tradición, que se justifica en sus discursos por el abandono del Estado, pero que reconoce su defensa de lo que ellos llaman “Estado”.13 Los grupos guerrilleros, a su vez, surgen también explícitamente como grupos de autodefensa, en zonas periféricas o de colonización campesina marginal, de donde se expanden a zonas donde existe poca o nula presencia estatal, lo que incluye tanto zonas urbanas como rurales. Las mafias, los carteles del narcotráfico y las milicias populares urbanas se encuentran también en el ámbito de lo que Gambetta (1993) denomina

Puede argumentarse que el aumento de la burocracia o de los programas sociales en las últimas décadas ha significado una expansión de la estatalidad, pero esta perspectiva pierde de vista que la paz y la seguridad configuran las tareas esenciales de la estatalidad. Y pocos colombianos parecen disfrutar de ellas. Los colombianos que hoy disfrutan de tales bienes, los deben (a menudo) a la seguridad privada, esto es, a la autodefensa, no a la seguridad estatal. En suma, Colombia parece ser un ejemplo empírico que certifica la validez de las tesis hobbesianas acerca de los efectos sociales nefastos que trae la ausencia de un poder coercitivo soberano, un Leviatán, que deriva en una situación dominada por el caos, la anomia y la guerra de todos contra todos: el Behemoth. En uno de sus escritos de juventud, publicado en 1802, Hegel (1985) escribió que tras la pérdida de la guerra contra Francia y la consecuente pérdida de territorios, Alemania dejó de ser un Estado. El mismo Hegel aprobó enfáticamente la designación que Voltaire hacía de la constitución real alemana como Anarquía, ya que no encuadraba más en las formas estatales clásicas y había perdido su integridad. En una remota nación sudamericana, dos siglos después, su territorio se encuentra despedazado por múltiples y difusas organizaciones armadas, y los ciudadanos de muchas zonas campesinas y urbanas viven bajo múltiples tiranías locales (paramilitares, guerrillas, autodefensas, mafias, milicias, bandas armadas, grupos de justicia privada), esto es, bajo un estado de hecho, no de derecho. Si esto aún merece llamarse un Estado, y no la Anarquía ni el Behemoth hobbesianos o la Anomia, ¿qué es entonces el Estado? � 14 Para el caso colombiano, ver la tesis doctoral de Ciro Krauthausen (1998) en la Universidad Libre de Berlín. Krauthausen realiza un análisis comparativo de las mafias criminales en el sur de Italia y en Colombia, que se explica, en ambos casos, por la ausencia histórica de un Estado con monopolio de la violencia legítima.

13 En una entrevista concedida al diario madrileño El Mundo (2002), el comandante de las AUC, Carlos Castaño, afirmó que “las AUC tenemos una unidad ideológica en la defensa del Estado”.

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Independencias no simultáneas, memorias coloniales encontradas: la crítica literaria “[…] de patria dudosa […]” de Rafael María Merchán (1844-1905)* por Kevin Sedeño Guillén** Fecha de recepción: 9 de marzo de 2011 Fecha de aceptación: 26 de agosto de 2011 Fecha de modificación: 23 de octubre de 2011

Resumen El artículo se inscribe en un intento por contribuir al desarrollo de la historia de la crítica literaria en Colombia y Cuba durante el fin del siglo XIX. Se analiza el libro Estudios críticos (1886) del cubano Rafael María Merchán (1844-1905), escrito y publicado durante su exilio en Colombia, proponiendo que el corpus transnacional cubano-colombiano-hispanoamericano que allí se analiza, se encuentra posicionado en medio y como resultado de las negociaciones coloniales y poscoloniales de finales del siglo XIX. Se concluye que el valioso legado crítico de Merchán –atrapado en las redes de la situación colonial cubana, a la vez que en la condición poscolonial y posindependiente colombiana– parece constituir aún una herencia no reclamada por la historia de la literatura hispanoamericana, especialmente por las tradiciones letradas cubana y colombiana.

Palabras clave Independencias hispanoamericanas continentales, crítica literaria, Cuba, Colombia, siglo XIX.

Non-simultaneous Independences and the Meeting of Colonial Memories: The Literary Criticism “[…] de patria dudosa […]” of Rafael María Merchán (1844-1905) Abstract This article contributes to the history of Cuban and Colombian literary criticism at the end of the 19th century. It analyzes Rafael María Merchán’s Estudios críticos (1886), written and published during the author’s exile in Colombia, and suggests that this kind of transnational Cuban-Colombian-Spanish American corpus is positioned within, and is the result of, the negotiations between coloniality and post-coloniality in the late 19th century. Its findings show that the important critical legacy of Merchan – trapped between the tangles of Cuba’s colonial situation and a post-colonial, post-independent Colombia – constitutes an unclaimed inheritance in the history of Spanish American (and especially Cuban and Colombian) literature.

Key words Continental Spanish American Independence Movements, Literary criticism, Cuba, Colombia, Nineteenth Century.

Una versión en formato de ponencia de este texto se presentó en II Conferencia Internacional en Estudios Caribeños. Cartagena de Indias: Fundación Universitaria del Área Andina, Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Cartagena, University of Texas Pan American, 15-19 de marzo de 2010. El artículo es resultado de un proyecto de investigación independiente. ** Profesional en Estudios Literarios de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinador de Publicaciones de la Fundación Universitaria del Área Andina. Correo electrónico: krsedenog@unal.edu.co

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Independencias no simultáneas, memorias coloniales encontradas: la crítica literaria “[…] de patria dudosa […]” de Rafael María Merchán (1844-1905) Kevin Sedeño Guillén

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Independências não simultâneas, memórias coloniais encontradas: a crítica literária “[…] de patria dudosa […]” de Rafael María Merchán (1844-1905) Resumo O artigo se inscreve em uma tentativa de contribuição para o desenvolvimento da história da crítica literária na Colômbia e em Cuba durante o final do século XIX. Analisa-se o livro Estudos Críticos (1886) do cubano Rafael María Merchán (1844-1905), escrito e publicado durante seu exílio na Colômbia, propondo que o corpus transnacional cubano–colombiano–hispanoamericano que ali se analisa, encontra-se posicionado em meio e como resultado das negociações coloniais e pós-coloniais dos finais do século XIX. Conclui-se que o valioso legado crítico de Merchán – preso nas redes da situação colonial cubana, ao mesmo tempo em que a condição pós-colonial e pós-independente colombiana – parece constituir ainda uma herança não reivindicada pela história da literatura hispano-americana, especialmente pelas tradições letradas cubana e colombiana.

Palavras chave Independências hispano-americanas continentais, crítica literária, Cuba, Colômbia, século XIX.

que vive Colombia a la llegada de Merchán, en 1874, pronto convulsionada por las guerras civiles de 18761878, y por la de 1885.

[…] Nada hemos hecho

tras tantos años de lucha!

¡No hay libertad en América

mientras llore esclava Cuba.

El entrecruzamiento de los referidos contextos políticos nacionales y transnacionales en la Hispanoamérica de la segunda mitad del siglo XIX debió condicionar la actividad crítica del lenguaje, la literatura, la cultura y la sociedad en general, que realizó desde Colombia el exiliado Merchán, marcando ideológicamente sus relaciones con la literatura de su país de origen, el país de llegada, la metrópoli en conflicto y las nuevas metrópolis culturales (Francia, Inglaterra y Estados Unidos).

(Rafael María Merchán, citado en Dihigo 1915, 31)

Después de todo, migrar es algo así como nostal-

giar desde un presente que es o debería ser pleno las muchas instancias y estancias que se dejaron allá y

entonces, un allá y un entonces que de pronto se des-

cubre que son el acá de la memoria insomne pero fragmentada y el ahora que tanto corre como se ahonda,

verticalmente, en un tiempo espeso que acumula sin

sintetizar las experiencias del ayer y de los espacios

Intentaré comprender por qué la crítica y la historia literarias, responsables de elaborar el discurso sobre la literatura, quedan excluidas en la definición de los géneros “fundacionales” de la literatura colombiana del siglo XIX, que se formulan desde la crítica colombiana contemporánea (Camacho 1984).1 Desde un espacio marcado por la duda, pretenderé entonces realizar un estudio de algunas zonas de la crítica literaria de fines del siglo XIX en Colombia, privilegiando los espacios transfronterizos en que se produce la emergencia de las naciones independientes latinoamericanas y caribeñas, desde distintas experiencias no simultáneas de crisis del orden colonial español, en ese ámbito emergente de autonomización que José Martí llamó “Nuestra América” (Sedeño 2009b, s. p.).

que se dejaron atrás, y que siguen perturbando con

rabia o con ternura. (Cornejo 1995b, 103)

a actividad crítica de Rafael M. Merchán (1844-1905) se produce en contextos de dramática complejidad motivados por su exilio en Colombia, como resultado de sus actividades independentistas contra la administración colonial española en Cuba, que le impedirían continuar residiendo en la Isla; por el desfase de casi un siglo entre el proceso separatista cubano y las independencias de las naciones continentales, que triangulaba las relaciones entre esos países, la Cuba colonial y su metrópoli (España); por las propias renegociaciones que se producen en Colombia entre independencia política y reafiliación cultural hispánica, y, de igual modo, por las complejas relaciones políticas interpartidistas

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Beatriz González señala cómo “[…] el interés de los estudios literarios latinoamericanos –por lo menos hasta hace poco–, no se ha centrado en rescatar y elaborar la historia de la crítica; como tampoco una historia de la escritura de la literatura” (González 2002, 32).

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El objetivo de este artículo se constituye en un intento por contribuir al desarrollo de la historia de la crítica literaria en Colombia y Cuba durante el fin del siglo XIX, mediante la identificación de las relaciones entre la crítica y los procesos políticos, sociales y culturales, intentando destacar la participación de los exiliados cubanos en el desarrollo de la crítica literaria en Colombia, y visualizando así la incidencia en las memorias coloniales de ambos países de la no simultaneidad de las independencias entre los territorios continentales de América Latina y el Caribe hispano.

proyecto crítico y superador del occidentalismo, que fue el proyecto pragmático de las empresas colonizadoras en las Américas […]” (Mignolo 1998, s. p.).2 Dentro de esta perspectiva, mi propia condición de crítico cubano emigrado en Colombia respondería a “[…] la condición de experiencia surgida, para cada uno de nosotros, del acto de pensar la teoría insertos en una determinada localidad geocultural a través de la relación –construida– entre emplazamiento de sujeto y mediación de códigos, entre ubicación de contexto y posición de discurso” (Richard 1998, 246-247).3 Exiliado Merchán, emigrado yo mismo, no sería descabellado emplear aquí la categoría de “sujeto migrante” elaborada por Antonio Cornejo Polar para repensar de manera especial los desplazamientos de los sujetos indígenas en las culturas andinas: “[…] el discurso migrante es radicalmente descentrado, en cuanto se construye alrededor de ejes varios y asimétricos, de alguna manera incompatibles y contradictorios de un modo no dialéctico. Acoge no menos de dos experiencias de vida que la migración […] no intenta sintetizar en un espacio de resolución armónica” (Cornejo 1996, 841). El ámbito “abrumadoramente ambiguo” de la literatura latinoamericana –en palabras de Cornejo Polar– enmarca la complejidad de la “[…] construcción del tantas veces mencionado ‘objeto’ (nuestra literatura) [que] no depende solamente de una opción propia de la teoría literaria sino también, y tal vez sobre todo, de una opción inocultablemente política acerca de quiénes (y quiénes no) formamos parte de ‘nuestra América’” (Cornejo 1999, 11).

Epistemologías posoccidentales y transculturación transfronteriza en la Hispanoamérica de fines del siglo XIX La escritura de una historia crítica de la crítica literaria en Colombia e Hispanoamérica debiera partir de redefinir sus presupuestos teórico-metodológicos en relación con las propuestas de los estudios literarios y culturales en los siglos XX y XXI en América Latina. Mucho más en un momento en que desde un “giro neoconservador” se estaría enfatizando en: […] hacer de la literatura y las reflexiones sobre el valor

estético y literario un orden crucial del pensamiento, no algo que es simplemente suplementario o secunda-

rio. Su objetivo es vigilar las fronteras de lo que es y no es permisible dentro del ámbito de la crítica literaria y cultural latinoamericana, en un momento en el que

La no simultaneidad de Nuestra América: 1810 vs. 1898

muchos de sus supuestos fundamentales han sido puestos en duda interna y externamente, incluyendo la idea

La celebración del bicentenario de las “independencias americanas”, que soslaya el hecho de que las independencias del Caribe Hispano se dieron un siglo más tarde que las de los territorios continentales, es una de las agendas que creo necesario problematizar y que me permite desplazarme dentro del campo colonial a la hora de considerar la transculturación transfronteriza en el siglo XIX latinoamericano y caribeño, especialmente en el caso cubano.4 El Caribe hispano emerge a la independencia

de Latinoamérica como tal (Beverley 2007, 164).

González Stephan establece que, ya sea “Por las vías del hispanismo o por el apego a modelos no hispánicos, la historiografía hispanoamericana (literaria, política, y social) tuvo a Europa como paradigma. Los historiadores concebían la historia como un movimiento teleológico orientado hacia la realización de sus propios objetivos, es decir, los de su clase” (González 2002, 115). La perspectiva posoccidental constituirá la principal premisa teórica que animará esta lectura. El posoccidentalismo constituye para Walter Mignolo un proyecto de superación desde América Latina de la crisis de la modernidad, erigiéndose en “la palabra clave para articular el discurso de descolonización intelectual desde los legados del pensamiento en Latinoamérica […] Posoccidentalismo, repitamos, concebido como

2 Para una discusión sobre la necesidad de una estrategia posoccidental en las epistemologías caribeñas, véase Sedeño y Bolaños (2005). 3

Los resaltados son míos, siempre que no señale otra cosa.

4 Partiendo de un modelo que divide la historia y la literatura continental en tres épocas: colonial, siglo XIX (nacional) y siglo XX (moderno), se entiende que la época colonial en América Latina es el período que abarca los siglos XVI al XVIII (Simson 1989). Sin embargo, se han señalado deficiencias de este modelo general, especialmente

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hacia 1898, lo que implica observar la no simultaneidad que se produce entre el desarrollo de los procesos sociales y culturales, particularmente de la crítica literaria, en la Cuba colonial entre 1874 y 1895, en relación con igual período en Colombia, nación que consolida por entonces su perfil nacional, al haber arribado casi un siglo atrás a su independencia.5 José Martí (1984), en su archiconocido ensayo “Nuestra América”, haría un balance de la situación poscolonial en las repúblicas americanas para, alertando sobre los peligros del “desdén del vecino formidable que no la conoce” (Martí 1984, 16-17), concluir su ardiente alegato abogando por la unión de éstas con las naciones que deben emerger del Caribe insular hispánico: “La colonia continuó viviendo en la república; y nuestra América se está salvando de sus grandes yerros […] por la virtud superior, abonada con sangre necesaria, de la república que lucha contra la colonia” (Martí 1984, 14).6

conciencia de estar practicando el género crítico, sino en la invocación a sus “compatriotas”, ante cualquier reparo pasado o futuro sobre “nuestro derecho” a la crítica: “usted no debe criticar á tales ó cuales autores, porque no nació donde nacieron ellos”. Merchán tiene claridad de que un libro como el suyo, sobre todo por la heterogeneidad del corpus al que se enfrenta, va dirigido a un público disperso por la geografía de Cuba, por la del exilio cubano, así como por el territorio de la nación colombiana y el de Iberoamérica, un público “transnacional”, como se diría hoy.8 La no simultaneidad de la crítica de Merchán se evidencia en un tema central como el de la relación con los “clásicos españoles”, que coloca en distintas posiciones a los críticos cubanos y colombianos (Merchán 1886, iv). Con esta afirmación de distancia no sólo establece unos criterios estéticos, sino que se remite a una “jurisdicción” política, ayer arrebatada a España en Colombia, y en ese momento disputada en la Cuba insurrecta.9 También polemiza con varios de los autores de mayor centralidad en el campo literario colombiano –de marcada vocación hispanista– y establece su posición, más cercana al “genio moderno” que al “buen gusto” de los clásicos. Su elección se inclinará a “[…] las quejas del alma de Francia, que ha sido siempre, y lo será por mucho tiempo todavía,

Resulta poco menos que curioso que Rafael María Merchán inicie su libro Estudios críticos (1886) –escrito y publicado en Bogotá, Colombia– dando cuenta de los comentarios que ha recibido de parte de “algunos compatriotas desde La Habana y New York” (Merchán 1886, ii) –es decir, algunos exiliados como él y residentes en la Isla– sobre que “[…] la crítica […] presenta mayores desventajas y peligros para un extranjero en la sociedad donde la ejercita”.7 Lo curioso estriba no tanto en la

Alas (“Clarín”), entre otros (Figarola-Caneda 1905, 12-13, 16). Respeto la ortografía original de todas las citas de Merchán y otros autores del siglo XIX y principios del XX.

en el estudio de la literatura colonial, ya que: “[…] estructuras similares, como las que signan la época colonial de los siglos XVI al XVIII, dominan en algunos países hasta el siglo XX” (Simson 1989, 195).

8 González Stephan plantea que “Tomamos con frecuencia como entidades de carácter cerrado las diferentes literaturas nacionales, estableciendo una correspondencia –aunque involuntaria– entre las fronteras políticas, el Estado nacional y los límites del corpus de esa literatura, sin advertir que la identidad de un sistema literario rebasa en muchas oportunidades las fronteras que imponen la geografía y las demarcaciones políticas” (González 2002, 119). Véanse también Betancourt (2002), D’Allemand (2003) y Rodríguez-Arenas (2003). El carácter transnacional y latinoamericano era aplaudido agudamente, en otros términos, por Gómez Restrepo al destacar, refiriéndose a “La Habana intelectual vista desde los Andes” –artículo que analizo más adelante–, que: “Ojalá tuviéramos una revista semejante de cada una de las Repúblicas Hispano-Americanas, que así conoceríamos, de nombre á lo menos, á los hombres de letras que en ellas sobresalen, yá que sus obras son de casi imposible consecución. ¡Quién sabe cuándo acabará el secuestro en que vivimos respecto de nuestros hermanos! Mientras estamos al corriente de las publicaciones que se hacen en Francia, Inglaterra y aun Alemania, ignoramos lo que se escribe en nuestro continente” (Gómez 1886, 10-11).

5 Este fenómeno de desfase histórico, al que he llamado la “no simultaneidad”, ha sido denominado por los historiadores como la “peculiaridad cubana” (Piqueras 2003, 186). Piqueras Arenas destaca que “La ausencia de insurrecciones y el limitado movimiento conspirador existente en los años en que se produjo la emancipación del continente y de Santo Domingo supuso una anomalía que no pasaría desapercibida a los contemporáneos ni a los historiadores […]” (Piqueras 2003, 183). 6 No es el momento de detenerme en la claridad martiana sobre esa condición que a finales del siglo XX vendría a definirse como “lo poscolonial”; sólo quiero resaltar que su consciencia de la no simultaneidad resalta como conclusión programática de “Nuestra América”: “¡Porque ya suena el himno unánime; la generación actual lleva a cuestas; por el camino abonado por los padres sublimes, la América trabajadora; del Bravo a Magallanes, sentado en el lomo del cóndor, regó el Gran Semí, por las naciones románticas del continente y por las islas dolorosas del mar, la semilla de la América nueva!” (17-18). “Nuestra América” apareció publicado en El Partido Liberal, de México, el 30 de enero de 1891.

9 El debate sobre las relaciones con lo español en las nuevas naciones hispanoamericanas se hace más álgido si se considera que: “If, at the end of the wars of Independence the new states of Spanish America may be considered nations in the sense of sovereign collectivities, they were very far from possessing other essential imaginative attributes of a modern nation: a history and ancestral territory, common heroes and ancestors, and a national character and destiny. Spanish American elites dedicated themselves to creating that discursive infrastructure of nationhood only after independence was won” (Guerra 2003, 32).

7 Ayudará a aquilatar la recepción tenida por la obra de Merchán el saber que recibió la atención, entre otros, algunos ya citados aquí, de Baldomero Sanín Cano (1905, 97-109), en Colombia; Enrique José Varona (1887, 469), Manuel de la Cruz (1892, 56) y Félix Lizaso (1948, 373-401), en Cuba; y G. A. Cesareo (1888), en Europa. También se puede mencionar la publicación del extenso Opiniones sobre los “Estudios críticos” y otros trabajos de Rafael María Merchán (1890), que incluía criterios de Manuel Sanguily, Menéndez y Pelayo, Cuervo, Bancroft, Leopoldo

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para ventura de nuestra raza, el alma de toda la sociedad moderna” (Merchán 1886, 155). Estos desplazamientos autorizan la lectura transnacional que me he propuesto realizar, concibiendo los procesos nacionales, y latinoamericanos y caribeños, como “procesos abiertos, no excluyentes, que pueden articularse entre sí de muchas maneras distintas” (Cornejo 1987, 129).10

–donde era considerado como un compatriota (Gómez 1886, 1917; París 1915)– como en Cuba, comienza a languidecer en el país andino antes de los años veinte del siglo XX. La publicación de Estudios críticos es considerada en Bogotá, en el mismo año de su aparición, como “[…] una de las más notables de su género que han visto la luz en la América Española” (Gómez 1886, 9). La inestabilidad identitaria de la crítica de Merchán – resultado de su necesidad de vivir entre dos mundos– se expresa en su imperativo de dar cuenta de lo que sucede en Cuba, de la que estaba ausente hacía casi 20 años, a la vez que participar en el debate crítico que tiene lugar en Bogotá.13 Fruto de esa tenacidad serán los dos textos que analizaré en este apartado: “Poesías de Juan Clemente Zenea”, de 1881,14 y “La Habana intelectual: vista desde los Andes”, de 1886, ambos recopilados por su autor en Estudios críticos.

Literatura cubana de fines del siglo XIX: “Musas cubanas” e “independencia patria”11 Cornejo Polar dio cuenta del “[…] espesor y la densidad de los procesos histórico-literarios del siglo XIX [dentro del cual] caben contiendas que invalidan toda imagen unilateral y cohesiva y ponen énfasis en la conflictividad de sociedades y culturas que se desencuentran una y otra vez en un espacio que dispersa los ejercicios semióticos de sujetos a la vez entreverados y distantes” (Cornejo 1995a, 23). El fin de siglo cubano –que se ubicaría en el período que va desde 1878, fecha en que termina la primera guerra de independencia, hasta 1895, en que comienza la tercera (Fornet 2000, 56)– no escaparía al “espesor y densidad” atribuidos al siglo XIX hispanoamericano. El período de entreguerras sería “la etapa de mayor esplendor de la crítica cubana”, representada por Enrique José Varona, Enrique Piñeyro (radicado en París), Manuel Sanguily, Rafael María Merchán (en Bogotá), Emilio Bobadilla (“Fray Candil”) (en Madrid) y Manuel de la Cruz (Vitier 1968-1974, 43).12

La poesía de Zenea: “[…] el aire de la emigración, del ostracismo y de los campamentos”15 La crítica de Merchán que analizaré en este apartado tiene por objeto el libro Poesías completas de Juan Clemente Zenea… (1872).16 En el momento en que Merchán escribe su crítica se están cumpliendo diez años del fusilamiento de Zenea; de allí que el inicio del análisis esté referido a la supuesta ausencia de una literatura patriótica en el ámbito de la “Revolución de Cuba” (Merchán 1886, 151): “De dos grandes poetas de una misma época y de un

Aunque la obra crítica de Merchán más conocida fue recopilada por él en dos volúmenes publicados en Bogotá, Estudios críticos (1886) y Variedades (1894), su recepción, aunque tuvo momentos de plenitud tanto en Colombia

13 Según Ette: “Era demasiado fuerte la presencia y la creatividad de aquel campo literario ubicado fuera de la isla de Cuba. Incluso en los tiempos de mayor territorialización de la literatura cubana, como consecuencia de una política cultural integrada, bajo auspicio de numerosas instituciones, las áreas ‘extraterritoriales’ de la literatura cubana lograron desarrollarse según otras lógicas” (Ette 2005, 735).

10 Para el caso particular de Cuba estas circunstancias provocarían que “Las relaciones con México, los Estados Unidos y España, ampliadas en el siglo XX con las relaciones con Francia e Inglaterra, así como también con otras regiones del hemisferio americano –como ejes en un sistema de coordenadas biográfico y cultural dentro del que se constituyó la literatura nacional cubana décadas antes de la independencia política de Cuba–, van formando la matriz dinámica que caracteriza la literatura cubana desde sus principios. El spiritus rector de esta literatura es desde el principio un spiritus vector: una literatura que es en grado sumo una literatura del movimiento y en movimiento” (Ette 2005, 734-735).

14 Fue publicado originalmente con el título “Juan Clemente Zenea: poeta cubano” en Repertorio Colombiano, de Bogotá (7 [37], jul.-dic., 1881), reproducido luego en forma de folleto con igual título (Bogotá: Imp. De Echeverría Hermanos, 1881), antes de ser incluido en los Estudios críticos (Figarola-Caneda 1905, 6). 15 Merchán (1886, 152). 16 Juan Clemente Zenea (1832-1871) nació en Bayamo, por lo que era compatriota de Merchán. Habían estado cerca en Nueva York, donde Zenea colaboraba con el periódico La Revolución –órgano semioficial de la Junta Central Republicana de Cuba y Puerto Rico–, dirigido por Enrique Piñeyro. Pero las divisiones del movimiento independentista condujeron a la renuncia de Piñeyro y al retiro de Zenea, a la vez que a la designación de Merchán al frente de dicho órgano. En 1870 Zenea acepta trasladarse a la zona insurrecta de Cuba, como portador de una propuesta de arreglo de las autoridades españolas dirigida a los líderes de la Revolución, y es apresado en confusas circunstancias y posteriormente fusilado (Henríquez 1967).

11 Merchán (1886, 156). 12 Para un estudio de Merchán desde la historia de la crítica literaria cubana, véanse Henríquez (1967), Lesmes (2005) y Vitier (1968-1974). Agradezco la posibilidad de haber consultado la monumental obra de Vitier, que se encontraba extraviada, a la señora Flor María Velandia Téllez, de la Biblioteca Central, Universidad Nacional de ColombiaSede Bogotá.

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mismo país, el que levante su tienda en medio de la sociedad de que le ha tocado formar parte, y marque en su laúd el compás de los dolores que en su torno resuenan, parecerá más grande que el que se retire á las grutas á cantar alegrías cuando sus hermanos quizás gimen, ó á llorar elegías inmortales cuando los pueblos bendicen á la Providencia por algún gran favor” (Merchán 1886, 154). Luego de semejante exhaustividad, se esperaría que presentara a Zenea como excepción de esta ausencia de poesía patriótica, pero lejos de eso insiste en que “Nuestros poetas han padecido y muerto por la patria, pero no han sabido cantarla” (Merchán 1886, 156), en referencia directa al malogrado autor de Fidelia, poema antológico interpretado por algunos como una “alegoría política” (Merchán 1886, 157), criterio al que se opone Merchán, que da paso a ofrecernos su propia interpretación del conjunto poético de Zenea. Merchán busca en Fidelia la representación de la Cuba de la que se encuentra él largamente ausente.

de corte afrancesado. “Miembro de una comunidad en duelo, lo que le tocó fue llorar, y hasta tuvo que dar otro nombre a su dolor y a sus lágrimas” (Merchán 1886, 192), es una de las últimas expresiones de Merchán sobre la relación entre poesía y contexto político en la Cuba colonial de la segunda mitad del siglo XIX; con ella absuelve a Zenea de no haber enriquecido la poesía patriótica, en razón de la propia situación en que le correspondería crear, que era la misma que aún sufría él: “[…] el aire de la emigración, del ostracismo y de los campamentos” (Merchán 1886, 152).18

La Habana intelectual de fin de siglo mostrada a los Andes: “[…] entre la lejana Antilla y nuestra elevada cumbre […]” En su artículo “La Habana intelectual: vista desde los Andes”, Merchán se propone realizar un panorama del desarrollo de la cultura y la ciencia en Cuba para el consumo de lectores no cubanos, principalmente. La periodización que establece se basa en las tensas relaciones entre literatura y política que se dan en la isla colonial; de ese modo, comienza trazando un período de esplendor que se habría extendido a lo largo de las tres primeras décadas del siglo, caracterizadas por “[…] el ciclo científico y literario de José Antonio Saco, el Padre Varela, José de la Luz y Caballero, Nicolás M. Escovedo, José Agustín Govantes, Francisco de Armas, José Agustín Caballero, Blas Oses y Domingo del Monte” (Merchán 1886, 643), y que el represivo gobierno de Miguel Tacón habría terminado. Vendría luego una nueva etapa de renacimiento en la que a algunos de los nombres anteriores sumaría los de Zenea, Piñeyro, Luaces, Fornaris, Mendive, entre otros; ésta habría venido a cerrarse violentamente con el inicio de la guerra de independencia de 1868. La dispersa continuidad que tuvo ese movimiento se convierte en el objeto de “La Habana intelectual”. En las geografías que se demarcan en el propio título del artículo, se establecen las dicotomías que definirán la escisión de su pensamiento crítico, entre la Cuba ausente que se representa y la distancia de su exilio andino-colombiano:

Uno de los rasgos más sobresalientes de su actividad crítica consiste en la indefinición de los corpus nacionales. Cuando habla de autores cubanos los relaciona con autores colombianos, y viceversa; a la vez que hace crítica de un autor cubano, adelanta la historia de la literatura colombiana: “En Colombia, donde ya no se conservan rencores contra España, la literatura tiene dos corrientes: la una, la de más caudal de erudición, enteramente española, más española que en España quizás, pues hay aquí quien escriba el castellano con más pureza que la mayor parte de los autores de la Península; la otra corriente, la más atrevida, es francesa por sus ideas, por su espíritu, por su lenguaje. En Cuba toda la literatura es francesa” (Merchán 1886, 191).17 La crítica de Merchán resulta consciente de su función política, que se manifiesta en su lucidez al identificar el hispanismo de la literatura colombiana como una consecuencia del restablecimiento de los lazos culturales entre España y sus ex colonias de América, luego de que sanaran las heridas de la separación política. A Cuba, por su parte, entre dos guerras por la obtención de la independencia política, una pasada y otra por venir, frustrada en lo político, le quedaba sólo la posibilidad de realizar su imposibilitada independencia en un simulacro de libertad estética

Sin duda, no estamos bien situados para la observación, y es seguro que, por más que sacudamos el polvo

del catalejo y agucemos la vista, perderemos muchos 17 Vitier considera exagerada esa afirmación para 1881, pero pronto realizada (Vitier 1967-1974, 20). Analiza también Fornet cómo “Lo curioso es que la ideología política acabó determinando hasta las preferencias estéticas y metodológicas de los críticos independentistas. Estos […] mostraron su partidismo mediante el sencillo expediente de negarse a pensar en español. En efecto, eligieron como mentores intelectuales a los teóricos franceses –Taine, Guyau, Bouget, Lemaitre […] (Fornet 2000, 60).

18 Para Lezama Lima: “Cuando Merchán hace crítica de poesía, en mi opinión fracasa […] Tiene algunos aciertos, pero en la visión general del enfoque, del conjunto, no me parece que acierta. Porque mi opinión definitiva es que Merchán no comprendió a Zenea ni a Bécquer. Ya como polemista es otra cosa, sobre todo cuando polemiza con españoles como don Juan Valera o Francisco Barrantes” (Lezama 1994, 212).

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El artículo de Merchán se desplazará de su objeto explícito para dar cuenta de la recepción de los autores colombianos en la Isla. A partir de este desplazamiento podemos leer en el título de “La Habana intelectual”, algo más que la simple ubicación espacial del que escribe, para localizar un punto de vista analítico que ha asumido conscientemente sus nuevas coordenadas culturales y hecho operativa su posición inestable entre dos culturas: la cubano-caribeña y la colombiano-andina. El posicionamiento de Merchán no puede ser ya el de un “adentro” insular porque –a pesar de su pasión por la cultura cubana– el territorio de la patria es un sitio enemigo y distante, y su ubicación actual, que le permite mirar desde lejos y desde arriba, está en los Andes, lo que hace de su artículo más una visión, nublada por el humo y catalejo esforzado, que intenta presentar a los andinos lo que sucede en la cultura de Cuba, que verdadero inventario cultural del fin de siglo cubano.23

pormenores importantes, desconoceremos muchas

figuras, ó por nuevas, ó por envejecidas, ó por haber crecido mucho intelectualmente; otras veces el humo de las guerras civiles colombianas se interpondrá

repentinamente entre la lejana Antilla y nuestra elevada cumbre, y cortará durante años enteros toda comunicación (Merchán 1886, 645).19

Luego de un “bosquejo” sobre las revistas, tertulias y la “instrucción pública”, emprenderá un catálogo de los avances de la ciencia,20 la literatura y las bellas letras en la Isla. Su concepto de “Literatura” comprende historia, novela, poesía, literatura dramática, conferencias y discursos, y crítica literaria.21 Si hasta aquí el artículo no supera en mucho lo escueto de un catálogo, que da cuenta de una producción escrita a la que no ha podido tener acceso en la mayoría de los casos, la presentación de la crítica literaria compensará las ausencias valorativas anteriores: “En ninguna época se ha cultivado tánto como ahora: veinte años atrás no se oía más voz autorizada que la de Piñeyro, pero valía por las de una legión […]” (Merchán 1886, 678) y añade que “[…] este escritor es uno de los más notables que ha producido Cuba desde que en Cuba se escribe […]” (Merchán 1886, 680). Al evaluar las regularidades de la crítica cubana correspondiente al período de entreguerras, refiere que “El estudio de los clásicos españoles no tiene secuaces en Cuba: ahora, como hace veinte años, son las literaturas extranjeras las que llevan allí filosofía, estética, ideas y sentimientos; todo eso está en francés, inglés ó alemán, y no queda tiempo ni gusto para volver la vista al siglo XVI” (Merchán 1886, 682). Ya en el “Prólogo” había dejado sentada su posición de distancia con respecto a la literatura española, pero en su bosquejo de la crítica en la Isla esta distancia se hace más punzante; a lo que añade ahora que para encontrar un clásico español es necesario remontarse tres siglos, haciendo evidente la percepción de decadencia de la literatura peninsular.22

No sorprende tras este desplazamiento que la última sección del artículo se dedique a “Los cubanos fuera de Cuba”, lo que, como el propio Merchán expresa, se sale de su objeto, por lo que pide “[…] patrióticamente perdón […] sin arrepentimiento” (Merchán 1886, 705), por “[…] dirigir una ojeada á los trabajos que nuestros compatriotas ejecutan fuera del suelo natal”. Vuelve a aparecer entonces Piñeyro, en París; en Nueva York, Néstor Ponce de León, con su Diccionario tecnológico bilingüe, que da cuenta contemporáneos –como tendré la oportunidad de mostrar–, se comprenderá el profundo sentido polémico que tienen los cuestionamientos de Merchán. Sin embargo, da cuenta de que “las no interrumpidas relaciones con España” han contribuido a la conservación de un español bastante castizo en Cuba, lo que después de una breve disquisición sobre barbarismos y neologismos lo llevará a afirmar que “Los Cuervos y los Caros no abundan en el mundo; pero en ese estadio se pueden medir diversas estaturas, y lo que en La Habana vemos es indiferencia ó indisciplina; allá no hay filólogos, ni afición a la filología” (Merchán 1886, 684). Esta afirmación, que podría leerse en clave elogiosa, contrasta por su ambigüedad con la exaltación de las influencias extranjeras en la literatura cubana contemporánea, propia de los “gustos modernos” (Merchán 1886, 685). 23 Confiesa Figarola-Caneda: “No sé de otro emigrado cubano, incluso Saco, que tan al corriente estuvo de los asuntos políticos y económicos de la Isla durante su largo destierro, que haya vivido como aquél, en país extranjero, en una ciudad interior, de relativas y tardías comunicaciones, y que se haya mantenido enterado como él, con más constancia ni con mayor riqueza de noticias, de todos, absolutamente todos los asuntos generales de Cuba” (Figarola-Caneda 1905, xxvi). Similar criterio sostiene Vitier; según él, “Para los diez años que incluye, del 76 al 86, no hay mejor resumen de las actividades y orientaciones culturales de la isla” (Vitier 1967-1974, 23). Sobre lo que aclaro que me refiero no a la validez del “bosquejo”, sino al lector implícito en el texto. Sin embargo, comete Vitier un error histórico al referirse a la “[…] paz de su mirador bogotano”, pues, como lo señala el propio Merchán, una guerra sucede a la otra. Para la fecha en que se publica el estudio, acaba de terminar la guerra de 1885 y el presidente Rafael Núñez –de quien Merchán era secretario privado– ha proclamado una nueva Constitución, que refleja la derrota liberal.

19 Las cursivas son mías, siempre que no se indique lo contrario. 20 Resulta muy particular, tal como lo presenta Merchán, observar la consolidación en el país de una ciencia pensada para la construcción de una nación que aún no existía en lo político: Flora cubana, de 1873, de Sauvalle; Ornitología cubana, de 1876, y Mamalogía cubana, de 1877, ambas de Gundlach; Ictiología, de 1883, del sabio Poey... La ciencia es ya cubana, pero Cuba continúa aún siendo española. 21 Historia y literatura no se habían diferenciado completamente a mediados del siglo XIX: “Es decir, el arte de escribir la historia no estaba separado de las bellas letras, o lo que es lo mismo, de un concepto amplio de la noción de la literatura capaz de abarcar géneros como la filosofía, la crónica, el ensayo biográfico, el discurso político, los sermones religiosos, el género epistolar, y, desde luego, la historia y las bellas letras propiamente dichas” (González 2002, 148). 22 Si se contrastan estas opiniones radicales con el hispanismo militante que profesan algunos de los autores colombianos que le son

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de los modernos intereses de Merchán; Cirilo Villaverde, y su fundacional Cecilia Valdés, y “José Martí [que] dirige solicitadas correspondencias á varios periódicos sudamericanos, y ha publicado un tomo de poesías titulado Ismaelillo” (Merchán 1886, 708). A pesar del prolijo bosquejo, la conclusión de Merchán termina siendo pesimista:

(Deas 2006, 30); pero no fueron ellos los únicos autores colombianos revisados por Merchán en sus Estudios críticos.

Antihispanismo y americanismo en la crítica del lenguaje: guerra a los españoles pero no al español

Muchos años han de pasar antes de que la literatura de la

En su condición de exiliado llegado a Colombia en 1874, que lleva viviendo en el país doce años, Merchán sigue experimentado un sentido de transitoriedad de su estancia: “[…] mientras estamos aquí. No queremos que se nos pregunte más tarde, como a otros: ‘¿por qué no se expresó usted así cuando vivió en Colombia?’” (Merchán 1886, s. p.). Amparado en esta justificación es que emprende la crítica de las Apuntaciones críticas… de Rufino José Cuervo, en su artículo titulado “Estalagmitas del lenguaje”:25

América hispana sea otra cosa que una serie de retoños de la española; porque para poseer una propia se necesita caudal copioso de obras maestras, y tal producción

no es labor de reducido tiempo. Si esto sucede tratándose de naciones, mayores son los obstáculos en un país que,

como Cuba, sigue siendo provincia. Allí no hay literatura original ni puede haberla; falta, pues, la primera

condición, lo que pudiéramos llamar la idiosincrasia literaria de los pueblos […] (Merchán 1886, 710-711).

La anterior opinión, que sirve de colofón al estudio de Merchán sobre el estado intelectual de Cuba durante el fin del siglo XIX, arroja conclusiones que él hace extensibles a toda América Latina. Sus posiciones resultarán coincidentes con buena parte de las de los críticos que le son contemporáneos; sin embargo, creo que Merchán se deja atrapar por la extensa longitud de los ciclos culturales europeos y por el artificio de la letra, llegando a conclusiones erradas sobre la posibilidad de existencia de una literatura auténticamente americana; no obstante, estas mismas problemáticas continuarán asediando a la crítica latinoamericana aún en las décadas del sesenta y el setenta del siglo XX.

Confesamos que el título de la obra del señor D. Rufino

J. Cuervo nos había retraído de leerla. Apuntaciones críticas sobre el lenguaje Bogotano: ¿Qué interés puede eso despertar

fuera de la localidad á que parece limitarse? Y cuando uno no conoce á Bogotá sino de oídas, cuando sabe

que, capital y todo, como es, de la República, no pasa de ser una de las agrupaciones, la principal, es cierto, pero

una sola, al fin, de las varias en que está repartida la

población colombiana, ¿cómo interesarse por un libro indudablemente provincial, á no ser por la curiosidad propia de filólogos de profesión o de gente desocupada? (Merchán 1886, 119-120).

Tras lo que semeja ser una crítica al espíritu lugareño bogotano, Merchán enmascara una estrategia retórica para dotar a su texto de una entrada atractiva –por lo polémica– y a vez de la admiración que le provoca la labor filológica de Cuervo.26 El giro se hace notable cuando afirma que el título se deba quizás a la modestia del autor, pues:

“[…] [M]ientras estamos aquí”:24 crítica literaria y sujeto migrante en la consolidación del centralismo de la nación colombiana

No sólo en Bogotá, sino fuera de ella y fuera de Colombia,

Uso el término “crítica literaria” en relación con la definición corriente sobre el campo de los estudios literarios en América Latina a finales del siglo XIX, que incluye –además del estudio de la literatura– el análisis del lenguaje, la historia y otras disciplinas. Abarco entonces tanto la recensión realizada por Merchán de los estudios del lenguaje adelantados por Rufino J. Cuervo como su valoración de la actividad crítica de Miguel Antonio Caro. La producción escrita de ambos se enmarca en el período de Hegemonía Conservadora (1885-1930), en que el dominio de la lengua haría parte de las artes del buen gobierno

puede ser leído con mucho provecho: más de sus dos terceras partes tienen aplicación en Cuba, donde maltratamos

bastante el español. El señor D. Esteban Pichardo publicó en la Habana hace veinte años un Diccionario provincial de

voces cubanas [1836] […], que sería curioso comparar con las

25 Publicado originalmente en Repertorio Colombiano, de Bogotá (2 [4], abril de 1879). 26 La circunscripción del título de Cuervo al territorio de la capital tendría que ver quizás con la ausencia en la nueva república de un proyecto integralmente nacional y con el enfrentamiento por el control lingüístico como forma de poder político. Para las relaciones entre gramática y política en Colombia en el siglo XIX, véanse Deas (2006) y Sedeño (2009a).

24 Merchán (1886, s. p.).

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las diferencias eran en ventaja ó detrimento propio, nos hemos negado á borrarlas por no cambiar la fisonomía que queremos tener” (Merchán 1886, 136). Por fuera de su militancia independentista, encuentra razones para delimitar la lucha contra el dominio español en Cuba, como antes en el resto de América, de la necesidad de continuar compartiendo la misma lengua: “Confundimos dos ideas, á saber: que hemos hecho la guerra á los españoles porque han sido tiranos, y no porque hablan español” (Merchán 1886, 137).

Apuntaciones. Hay muchas voces consideradas por el uno como nacidas en la Isla, y en Colombia por el otro, y que

por el hecho de haber obtenido, ó mejor dicho, robado,

acá y allá, carta de ciudadanía en el lenguaje corriente, son de patria dudosa; y seguidas por la pista, es probable

que nos convencerían de su ubicuidad en toda la América Latina. Valdría la pena escribir un Diccionario de

americanismos, fijando, hasta donde fuese posible, la etimología de ciertas voces que todos, desde Rio-Grande

hasta Patagonia, entendemos yá, y darlo á España […] (Merchán 1886, 122) .

A pesar de sus diferencias con muchas de las posturas de Cuervo, Merchán hace una muy justa evaluación de los logros de su obra, que resume en la siguiente frase: “Una obra de esta naturaleza no se acaba de estudiar nunca: los periódicos deberían publicar un párrafo de ella todos los días” (Merchán 1886, 149). El análisis de un libro sobre el lenguaje en una de las regiones de América, se convierte para la mentalidad política de Merchán en una posibilidad de analizar tanto las relaciones de las naciones americanas entre sí como con su antigua/actual metrópoli. Sus síntomas de inestabilidad geográfica están motivados por la redefinición de las fronteras latinoamericanas y caribeñas que conoció: conflictos anticolonialistas en el Caribe, expansión comercial y geopolítica estadounidense, renegociación de vínculos políticos y culturales con España y las nuevas metrópolis europeas. Su concepción del lenguaje se aleja de las posturas defendidas por Caro y Cuervo, que ven en la preservación de la pureza del español la renovación del pacto cultural con España. La suya es una actitud beligerante, que diferencia el enfrentamiento político-militar de la comunión idiomática, aunque entiende el lenguaje como un campo activo de confrontación ideológica y cultural.

Llama la atención que en un texto sobre un autor colombiano, publicado en una revista de ese país, lo primero que haga el crítico sea buscar los puntos de contacto con su propia patria ausente; pero sorprende menos ese comportamiento si observamos que el mismo fue publicado a sólo cinco años de haber fijado su residencia en Colombia, con menos vínculos con el país como los que le hemos visto desarrollar. Resulta también particular que el título del connotado diccionario de Pichardo al que hace alusión Merchán se refiera a las “voces cubanas” como un habla “provincial”, condición relacionada con la dependencia colonial a la que se referiría también Merchán, como ya hemos apuntado. Su particular ubicación cultural le permite superar las visiones localistas del lenguaje que llevan a que varias patrias se disputen como propios determinados términos, y proponer una perspectiva desde un espacio transnacional, delimitado en función de fronteras lingüísticas, que llama ya con propiedad “América Latina”, desde una conciencia continental precursora de la conformación de un pensamiento latinoamericano.27 El proyecto de un diccionario de americanismos resulta en igual sentido, en la propuesta de un frente común para combatir el poder que siguen ejerciendo las autoridades lingüísticas de Madrid, en circunstancias en que su antiguo poder político sobre América está a punto de desaparecer totalmente.

Caro y la “Didáctica de las Musas”: autores muertos vs. contemporáneos americanos

Las coincidencias le sirven de algún modo para introducir otro tema lingüístico, relacionado con el establecimiento de políticas del lenguaje por fuera de los conflictos políticos, con el propósito de recuperar la corrección en el uso del español: “Entre nosotros, los descendientes de españoles, hay todavía otra causa poderosa para la conservación de esas excrecencias del idioma: hemos hecho hasta befa del castellano bien hablado, y sin averiguar si

El enjuiciamiento que emprende Merchán de la producción crítica de Miguel Antonio Caro (1843-1909) parte de constatar la necesidad de que éste recopile en libro los que considera sus valiosos trabajos de crítica.28 “Miguel Antonio Caro, crítico”, titula Merchán (1886) su artículo, en el que se propone aislar la amplia zona de la escritura de Caro dedicada a la crítica: “La crítica que por antonomasia se nombra literaria, abarca en los

27 “The term ‘Latin America’ only emerges in the mid-nineteenth century in the aftermath of the wars for independence. Apparently first used by the Colombian, José María Caicedo in 1856, it was quickly adopted by the French under Napoleon III to provide ideological cover for his imperial and colonial ambitions in the Americas” (Eakin 2004, 32).

28 Téngase en cuenta, tal como lo considera Jaramillo Uribe (2001), que Caro constituye quizás el pensador por antonomasia del siglo XIX colombiano, lo mismo que Cuervo y Rafael Núñez se constituyen, respectivamente, en el lingüista y el pensador más destacados de este período.

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escritos del señor Caro crecido número de autores y de obras. Sus apreciaciones estéticas emanan de un gusto acendrado y de un vastísimo dominio sobre las literaturas, principalmente la latina y la española” (Merchán 1886, 587). Esta afirmación insinúa la principal crítica que le hará: el interés de Caro en las literaturas latina y española que lo llevaría a privilegiar el examen de los autores muertos en desmedro de los contemporáneos.29 En este primer momento de su artículo, llamémosle de coincidencias, Merchán no juzga a Caro por la crítica que ha realizado sino por la que ha dejado de hacer, recordándole su deber para con la literatura americana.30 Este imperativo viene de la mano de la claridad con que Merchán comprende las tareas de la crítica literaria latinoamericana naciente, abocada a realizar el análisis de sus propios “ingenios”, como manifestación de independencia cultural, no dejándole esta tarea evaluativa a la crítica europea, que ha demostrado estar “desprovista de criterios” para el análisis de la producción literaria de Nuestra América.31

estética, sobre su filosofía, hasta sobre su religión, diríamos, si no temiésemos lastimarlo con la hipérbole, y si católico y español32 no hubiesen sido sinónimos en pasada época, y si no lo fuesen todavía en el sentido en que es español el señor Caro. No hay en la Península quien ame á España como la ama él” (Merchán 1886, 635). Pero a pesar de todas las divergencias que los separan en lo estético, lo filosófico, lo histórico y lo poético, exclama finalmente Merchán: “¡lástima que no sea de los nuestros!” (Merchán 1886, 640), lo que podríamos intrepretar como un lamento de que no sea cubano, perdonándole quizás, por su mérito, el resto de las diferencias.

Vindicación de Merchán: crítico y político o Diatriba en “la casa de la patria”33 En 1898 –año de la intervención de Estados Unidos en la guerra de Cuba por su independencia–, se produce en Colombia un álgido debate por la acusación que lanza el Partido Revolucionario Cubano, en la voz de Rafael M. Merchán, su delegado en ese país, contra el colombiano Gustavo Ortega Herrán, por presunta malversación de las donaciones recibidas por este último con destino al pueblo cubano en guerra. Este debate hoy olvidado quedó ampliamente documentado, al menos, en un artículo periodístico de Merchán titulado “Un punto de disciplina” y en el folleto Fusilamiento de tres héroes de Cuba en Colombia (1898), alegato de autodefensa del inculpado. A pesar de su carácter polémico, su lenguaje descalificador y el desconocimiento personal de pruebas que me permitan formarme una opinión “histórica” de este enfrentamiento, he decido manipular literariamente dicho documento para resumir el análisis emprendido aquí sobre la complejidad de la ubicación geopolítica de Merchán, a medio camino entre Cuba, en guerra por su independencia, y Colombia, conmovida por conflictos internos propios del reacomodo posindependiente. La diatriba comienza por intentar desvirtuar a su adversario, justo por la labor por la que hemos intentado vindicarlo aquí:

Luego de esta objeción, que podemos denominar política, se concentra Merchán en exponer sus “disidencias” sobre los criterios “teóricos” y estéticos que sustentan la crítica literaria de Caro. La crítica a su “españolismo” es la más remarcada divergencia de Merchán con la obra de Caro: “Pero si americano por los asuntos, es ibero por el espíritu. El españolismo es lo que domina en él, sobre su

29 “Comprenderíamos, á pesar de todo, que el señor Caro guardase silencio sobre muchas de las obras que se publican en Bogotá; pero desde Méjico hasta la Argentina hay una literatura naciente, exuberante, obras muy notables que no han sido bien juzgadas todavía y que deben serlo por plumas como la del señor Caro, cuya autoridad es reconocida en toda la América. Revistas extranjeras, como la de Deux Mondes, suelen dedicar estudios extensos á algunos de nuestros poetas y escritores. ¿Hemos de esperar que plumas europeas midan nuestras glorias, teniendo aquí quien pueda anticiparse á hacerlo, con mejor conocimiento de los antecedentes literarios de nuestros ingenios, porque sabemos mejor su historia y la del elemento en que se han formado, y hemos de dejar que circulen sin correctivo obras desprovistas de criterio, que desde Europa vienen á inundar nuestros mercados, como algunas que todo el mundo conoce y que no queremos nombrar?” (Merchán 1886, 590). 30 Los intereses críticos de Caro responden a su ideología, que resume Jaramillo Uribe: “Para América, por lo tanto, ser fiel a su propia esencia, ser auténtica, ser independiente espiritualmente, era ser fiel a la tradición española de vida, fidelidad que en ningún caso consideró incompatible con la independencia política. Porque para Caro no existe el antagonismo que se planteaban casi todos sus contemporáneos entre el estilo español de vida y la independencia política con respecto a la metrópoli” (Jaramillo 2001, 66).

Vamos á cuentas, don Merchán, que yo no soy don Juan Valera ni se trata de criticar la “Pepita Jiménez”.

Este Merchán es un talento crítico, este Merchán es un talento esdrújulo, este Merchán es un genio águila, este Merchán es un hombre globo que se remonta en el

31 Puedo inferir de este planteamiento una cuestión epistemológica de fondo, pues el llamado que realiza Merchán para que los críticos americanos reemplacen a los europeos en el estudio de la literatura latinoamericana, no se debe a una repartición geográfica del espacio, sino a lo que intuyo como una conciencia temprana de la inoperancia de las “teorías” europeas para dar cuenta efectiva de la literatura de acá.

espacio cálido de lo in-válido (Ortega 1898, 29). 32 Cursivas del original. 33 Ortega (1898, 37).

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Esta cita, tomada de una sección de su alegato subtitulada expresivamente “Contra Merchán, por su hoja”, no carece de cierto talento “literario”, a pesar del tono descalificador que la recorre, y se vale de una astuta estrategia retórica que consiste en llevar la discusión al tema de lo literario, de lo ficticio, para equiparar y confundir la actividad crítica del cubano con su denuncia política, y de ese modo restar la acusación que se ha lanzado contra él. Con su característica habilidad retórica, Ortega Herrán se propone descalificar a Merchán por el hecho de no encontrarse en los campos de batalla de Cuba: “Yo he vivido hasta ayer en la casa de los cubanos, sin tener deber ni necesidad de vivir allí, donde Merchán sí tiene obligación de estar y donde ha brillado por su ausencia. Es verdad que el Delegado de Cuba me dijo alto,34 pero no me lo dijo porque quisiera fundar casa aparte, sino porque ese hombre tiene la mollera tal, que es capaz de concebir la insensatez de creer que conviene despedirme, por patriota, de ‘la casa de la patria,’ que me ofreció gustosamente, antes que nadie, mi grande y buen amigo don Pepe Martí” (Ortega 1898, 37).

reescribir la historia de la literatura en los países de América Latina y el Caribe por fuera del ámbito de la construcción de mitos fundacionales adscriptos a los procesos nacionales, para dirigirnos desde una perspectiva por fuera de los límites disciplinares a una “descripción de ‘configuraciones discursivas’ a partir de las cuales sea posible establecer sistemas y subsistemas literarios que efectivamente componen el sistema literario colombiano en el contexto del sistema literario continental” (Laverde 2009, 48-49). El análisis realizado sobre la inestabilidad identitaria de la crítica literaria de Rafael María Merchán debe ubicarse dentro de la trayectoria de diversos autores cubanos que participan desde el siglo XVIII, y con mayor fuerza en el XIX, en la construcción de una cultura nacional en Colombia. Me refiero, por supuesto, a la labor fundacional de Manuel del Socorro Rodríguez (1758-1819) y a la actividad de críticos como Emilio Bobadilla (“Fray Candil”) (1862-1921). Una labor similar debería emprenderse sobre la participación de colombianos como José Fernández de Madrid (1789-1830) y Félix Tanco y Bosmeniel (1797-1871) en la cultura cubana del siglo XIX.

Al no poder dedicar más espacio a este interesante debate, quisiera cerrarlo con una última y breve cita del propio Ortega Herrán que me permitirá concluir el porqué he traído su texto a colación: “¿se imagina Merchán que yo en Colombia soy tan extranjero como lo es él en los campamentos de Cuba?” (Ortega 1898, 38-39). Ortega Herrán no se conforma con descalificar la actitud de Merchán hacia la guerra que libran sus compatriotas, sino que convoca para ello a Martí, muerto ha pocos años en combate en esos mismos campos de los que Merchán se ausenta; no sólo le recuerda implícitamente su condición de extranjero en Colombia, sino lo que es peor, lo acusa de extranjero en su propia tierra, en otra palabras, de traidor de su patria. El debate Ortega Herrán vs. Merchán da cuenta de la inestabilidad identitaria padecida por Merchán, consecuencia de su exilio y de la no simultaneidad de los procesos independentistas entre las naciones continentales de Hispanoamérica y el Caribe hispano –que por otros caminos he tratado de explicar aquí–, y que dan cuenta de unas memorias poscoloniales en conflicto.

En un sentido político, la crítica de Merchán supera por momentos la crítica estética y encarna una notable zona de la modernidad, más aún por el carácter metacrítico que adquiere buena parte de su actividad: crítica de la crítica. En este texto he intentado aproximarme a la cuestión de cómo participa la critica literaria y cultural de fines del siglo XIX –“no simultáneamente”– en el proceso de “leer y escribir” la nación en Colombia y Cuba. Creo haber evidenciado el papel central desempeñado por Merchán en Colombia como crítico durante el período analizado y su papel central en el campo literario en esa nación. Contradictoriamente, la misma crítica que habría trabajado por el bien público de las repúblicas americanas, permitiendo la visualización de las obras literarias nacionales y la conformación de un canon propio, quedaría sistemáticamente excluida de las historias de la literatura colombiana. Mi hipótesis al respecto estaría relacionada con las consecuencias derivadas de la “división geopolítica del trabajo intelectual” (Pletsch, citado en Castro-Gómez 1998, s. p.) dentro del orden epistemológico mundial impuesto por la Modernidad, en el que a América Latina y demás regiones consideradas periféricas les correspondería la obligación de producir materias primas (carbón, petróleo, alimentos no elaborados, novelas, poemas, etc.), y a Europa y los Estados Unidos, reelaborar esos productos brutos, y devolverlos al resto del mundo con altos precios y en forma de artículos de lujo, maquinarias, teoremas, modelos,

Hacia una historia continental de la crítica literaria hispanoamericana Como ha propuesto Laverde Ospina (2009) para el caso colombiano, nos enfrentamos al imperativo de 34 Cursivas del original.

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leyes y teorías.35 De ese modo, la crítica merchaniana, decisiva en su tiempo para la conformación del canon colombiano e hispanoamericano, va desapareciendo paulatinamente de la historia de la crítica, con más marcado énfasis en Colombia.

4. Camacho, Eduardo. 1984. La literatura colombiana entre 1820 y 1900. En Manual de historia de Colombia. Vol. 2, dir. Jaime Jaramillo, 618-684, Bogotá: Procultura. 5. Castro-Gómez, Santiago. 1998. Latinoamericanismo, modernidad, globalización: prolegómenos a una crítica poscolonial de la razón. En Teorías sin disciplina (latinoamericanismo, poscolonialidad y globalización en debate), eds. Santiago Castro-Gómez y Eduardo Mendieta. México: Miguel Ángel Porrúa.

Los problemas a los que se enfrenta Merchán en sus Estudios críticos –al abordar corpus literarios constituidos transnacionalmente y al intentar encontrar lugar en el cuerpo de la nación cubana para la producción cultural realizada en condiciones de exilio– han continuado siendo una contradicción constante en el desarrollo actual de la cultura cubana, y un desafío a las posturas teóricas, los instrumentos metodológicos y las políticas culturales contemporáneos. El propuesto por Merchán es un corpus transnacional cubano–colombiano– hispanoamericano que se emplaza en medio y como resultado de las negociaciones coloniales y poscoloniales de finales del siglo XIX, causa quizás de que su obra se haya percibido como “fragmentaria” (Henríquez 1967, t. 2, 89). La crítica cubana no ha dejado de notar el “[…] espíritu zumbón que latía en este manzanillero academizado por la filología bogotana” (Vitier 1969-1974, 20), criterio en el que insiste Bueno (1979), atribuyendo el formalismo y la retórica de Merchán al contacto prolongado con filólogos de la talla de Caro y Cuervo. El valioso legado crítico de Rafael María Merchán –atrapado en las redes de la situación colonial cubana, a la vez que en la condición poscolonial y posindependiente colombiana– parece constituir aún una herencia no reclamada por la historia de la literatura hispanoamericana. �

6. Cesareo, Giovanni Alfredo. 1888. Nuova Antología. Roma: L. Roux Editori. 7. Cornejo, Antonio. 1987. La literatura latinoamericana y sus literaturas regionales y nacionales como totalidades contradictorias. En Hacia una historia de la literatura latinoamericana, coord. Ana Pizarro, 123-136. México: El Colegio de México. 8. Cornejo, Antonio. 1995a. La literatura hispanoamericana del siglo XIX: continuidad y ruptura (hipótesis a partir del caso andino). En Esplendores y miserias del siglo XIX: cultura y sociedad en América Latina, comps. Beatriz González, Javier Lasarte, Graciela Montaldo y María Julia Daroqui, 11-23. Caracas: Monte Ávila – Equinoccio – Ediciones de la Universidad. 9. Cornejo, Antonio. 1995b. Condición migrante e intertextualidad multicultural: el caso de Arguedas. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 21, no. 42: 101-109. 10. Cornejo, Antonio. 1996. Una heterogeneidad no dialéctica: sujeto y discurso migrantes en el Perú moderno. Revista Iberoamericana 62, no. 176-177: 837-844.

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35 Cornejo Polar había alertado ya “[…] contra el excesivo desnivel de la producción crítica en inglés que parece –bajo viejos modelos industriales– tomar como materia prima la literatura hispanoamericana y devolverla en artefactos críticos sofisticados” (Cornejo 1998, 9).

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Acuarelas de Martha Herrera, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

Síntesis de los informes Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano y Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano

• Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Colombia.

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Porque la guerra nos importa: esclarecer desde la escucha y la empatía

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Informe del conflicto en el Magdalena: los subregistros y la impunidad

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• María Emma Wills – Universidad de los Andes, Colombia.

• Luz Marina Cantillo – Asociación de Mujeres del Magdalena (ADEMAG), Colombia.

Acuarela de Martha Herrera, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

Síntesis de los informes Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano y Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano*

Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), línea de Mujeres, Género y Guerra, dirigida por María Emma Wills y conformada por María Luisa Moreno, Camila Medina y Viviana Quintero.

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cumplieron un papel central. Por medio de una forma concreta de intervención sobre el cuerpo, las prácticas sociales, el lenguaje y el espacio, los paramilitares del Bloque Héroes de Montes de María de las AUC lograron consolidarse y establecer un dominio en la zona. Transformaron el significado de lugares; usaron un lenguaje sexista y racista para construir jerarquías sociales; reorientaron o desmontaron prácticas del día a día, conmemoraciones y rituales; e impusieron una serie de castigos físicos diferenciados por sexo que incluían desde ejercicios de estigmatización pública, esclavitud laboral, trabajos forzados domésticos, hasta violencia sexual. En ese contexto de dominación de la vida cotidiana fueron emergiendo unas particulares formas de resistencia impulsadas de manera individual y privada, que se sostuvieron en creencias religiosas y en un acervo cultural afrodescendiente y que, en el caso de los pobladores de Libertad, confluyeron en una expresión pública y armada de resistencia.

ntre 1997 y 2005, en el contexto de una estrategia de conquista y gobierno de las AUC en el Caribe colombiano, los paramilitares establecieron un dominio despótico a través de distintas formas de violencia sustentadas en representaciones profundamente degradantes y autoritarias de lo femenino y lo masculino. Estas representaciones cumplieron un papel constitutivo en sus estrategias de conquista y en las prácticas que ellos usaron para moldear un orden social. Este papel constitutivo se revela en las formas de regulación de la vida cotidiana que las AUC usaron en el golfo de Morrosquillo y en la violación sexual perpetrada por actores armados, sobre todo paramilitares, contra mujeres en el departamento de Magdalena. Además de la reconstrucción de estos ejercicios violentos y despóticos, el informe también muestra cómo, en circunstancias tan adversas, las mujeres resistieron, algunas desde sus vidas cotidianas, y otras participando y construyendo iniciativas colectivas. Las primeras formas de resistencia sirven para comprender cómo, ante hechos traumáticos, las personas, usando distintos recursos, sostuvieron la vida, la propia y la de sus familias; y la segunda permite evidenciar cómo, aun antes de la guerra, las mujeres participaban en actividades colectivas. Cuando el conflicto toca a sus puertas, algunas se integran a procesos organizativos a través de los cuales se divulga un discurso de derechos de las mujeres que las fortalece, aun en medio de la guerra.

La violación sexual infligida sobre las mujeres en el contexto armado A partir de la creación de una base de datos que contiene 63 registros de violación sexual cometidos en Magdalena en el marco del conflicto armado, MH plantea que no todos los hombres en armas están idénticamente inclinados a violar, y que aquellos que lo hacen, más que responder a instintos irrefrenables, están reaccionando a condiciones construidas por los comandantes de sus organizaciones armadas, que desencadenan, permiten o/y alientan su ocurrencia. Esto se infiere porque entre las guerrillas (en particular, las FARC y, en un caso, el ELN), las organizaciones paramilitares y el Ejército se presentan enormes variaciones en cuanto a:

Finalmente, en el relato, Memoria Histórica (MH) reconoce que las mujeres no solamente fueron víctimas y resistentes sino que también participaron en las redes armadas, incluso algunas desde posiciones de comandancia.

La victimización y resistencia de las mujeres en la construcción de órdenes sociales

Número: en 40 de los 63 registros los paramilitares son imputados como presuntos responsables; son, de lejos, los mayores infractores, seguidos de 4 casos imputados a presuntos miembros del Ejército y 1 a una alianza paramilitares-Ejército; 3 a presuntos integrantes de las FARC, 1 a integrantes del ELN. En 14 casos la información resultó insuficiente para señalar un presunto responsable.

En el caso de Rincón del Mar y Libertad (Montes de María), los paramilitares no sólo transformaron la existencia colectiva de las comunidades perpetrando eventos “límite” como masacres sino que también fueron construyendo un orden social específico a través de una constante injerencia en la vida cotidiana en la que sus representaciones sobre la feminidad y la masculinidad

Contexto: los hombres en armas cometen estos crímenes, ya sea en contextos de tipo estratégico (donde están en juego intereses de la organización) o en contextos oportunistas (donde los hombres en armas aprovechan su innegable superioridad y violan a una mujer exclusivamente para su satisfacción sexual personal). De los 63 registros, la mayoría, 34, corresponden a violaciones

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Síntesis de los informes Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano y Mujeres que hacen historia. Tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), Colombia.

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cometidas en contextos estratégicos, y de esas violaciones, 21 fueron imputadas a paramilitares; 18 a violaciones de tipo oportunista, de las cuales 13 fueron imputadas a presuntos integrantes de organizaciones paramilitares; y 11 a registros donde la información es insuficiente.

la convicción de que tienen que sacar adelante a sus hijos. Otras se asocian con otras mujeres y constituyen redes de apoyo y organización de las que extraen fuerza. A través de estas redes y otros mecanismos de comunicación se divulga un lenguaje de derechos de las mujeres que ellas hacen propio. Aunque las mujeres no pueden con sus iniciativas detener la guerra, valoran su participación en estas instancias porque es allí donde, a partir del encuentro con otras víctimas, rompen la soledad y superan los sentimientos de desamparo y parálisis que los hechos traumáticos dejan tras de sí. En esos espacios, cultivan su autoestima y se capacitan para asumir roles que son cada vez más reconocidos en el ámbito público.

Modalidad: de los 40 registros de violación imputados a presuntos paramilitares, 19 fueron cometidas por 3 o más hombres y muchas de ellas fueron ejecutadas de manera pública; en unos casos fueron violaciones anales y vaginales, que se combinaron con otras formas de tortura y vejación. En cuanto a modalidad, resalta el hecho de que la ferocidad con la que se cometen estas violaciones no sólo se desencadena en situaciones de odios entre actores enemigos (violaciones en contextos estratégicos) sino también en circunstancias oportunistas.

Además de presentar sucintamente la trayectoria de distintas iniciativas colectivas, MH también reconstruyó la vida de cuatro mujeres que “hacen historia” en la Costa Caribe desde distintas orillas.

Perfil de las víctimas: las violaciones cometidas en contextos estratégicos se ejercen contra mujeres de todas las edades, en contraste con la edad de las víctimas de violaciones oportunistas, en su mayoría menores de edad, algunas tan jóvenes que no se habían desarrollado cuando fueron abusadas. En 20 de los 21 registros de violación sexual cometidas en contextos estratégicos imputadas a miembros de organizaciones paramilitares, las mujeres respondían a algún criterio de selección y fueron victimizadas porque eran parientes de hombres perseguidos por la organización, transgredían sus códigos de conducta, eran acusadas de pertenecer a redes armadas enemigas, o porque ejercían un papel de representación/aglutinamiento de las comunidades que estaban en la mira.

María Zabala es una mujer involucrada en actividades comunitarias en su vereda que se convierte en víctima de los paramilitares cuando ellos asesinan a su marido frente a ella y sus hijos. A raíz de los hechos se ve forzada a abandonar su tierra y a desplazarse hacia Montería. A través de una lucha persistente y de su alianza con la Corporación María Cano en Montería, logró unirse con otras mujeres para negociar un predio con la intermediación del Incora. Sin embargo, como en tantos otros casos, el precio del predio estuvo mal negociado, y luego, por falta de vías, electricidad y condiciones de comercialización de la producción, las mujeres no pudieron pagar la deuda, que creció y se volvió para ellas impagable. Hoy, las mujeres de Valle Encantado, además de ser amenazadas por las bandas criminales que se disputan la zona, están de nuevo a punto de ser despojadas, pero esta vez por los bancos.

Por último, la reconstrucción de las prácticas ejercidas por Hernán Giraldo, el “Señor de la Sierra”, devela que, en ciertas regiones del país, comandantes que concentran poder y autoridad “intercambian” la virginidad de jóvenes, en contrapartida por la oferta de prebendas o protección para ellas y sus familias, en un ambiente donde estas prácticas se revisten de un ropaje de naturalidad.

Magola Gómez, desde su adolescencia, es una apasionada de la política, en particular, de los principios e ideales liberales. Muy joven, se casó con German Gómez Peláez, uno de los liberales que abanderaba un movimiento popular masivo –La Piragua– que alcanzó amplios respaldos electorales en una región –Córdoba– dominada por las grandes casas políticas tradicionales. Desafortunadamente, fue secuestrado por el EPL, abstencionista en ese momento (1973-74). En un combate con el Ejército cayó asesinado, y en su entierro Magola decidió insubordinarse contra las fuerzas que pretendían detener el movimiento y enarboló las banderas de su marido. Logró ser electa a la Cámara de Representantes y ascender en las estructuras partidistas liberales hasta ser integrante del Directorio Nacional Liberal en años en los que la presencia de las mujeres en cargos de dirección era excepcional.

Las mujeres gestoras de iniciativas de paz y resistencias Las mujeres, antes de que la guerra tocara a sus puertas, ya participaban activa y persistentemente en procesos sociales, comunales y políticos. Cuando el terror se desencadena en el Caribe, ellas, no obstante estas condiciones de adversidad, continúan luchando por una vida mejor para ellas, sus familias y sus comunidades. Algunas lo hacen solas, con gestos de coraje poco reconocidos en la historia sobre el conflicto armado, sin ningún respaldo, impulsadas por

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Yolanda Izquierdo es una mujer que se abrió paso navegando en las distintas redes políticas de Córdoba y que fue asesinada al reclamar por el precio irrisorio ofrecido por la Fundación Funpazcor, auspiciada por los Castaño y manejada por Sor Teresa Gómez, su media hermana. Yolanda, desde niña, se inclinó por el trabajo que ayudara a la comunidad y aprendió hábilmente a navegar en la política del departamento para lograr recursos para su familia y su barrio. Inteligente, se abrió paso en esas redes políticas. Cuando reclamaba públicamente, recurría a las instituciones para que la protegieran. Fue amenazada y así lo denunció. Como ninguna institución se pronunció ni se movió para protegerla, fue asesinada en la puerta de su casa.

apenas una adolescente por celadores de las bananeras–; y luego sufre y sobrevive a otros episodios de violación. Cuando los actores armados se disputan el Magdalena, es violada por un guerrillero comandante de las FARC y luego violada grupalmente en un ritual de profunda vejación por parte de paramilitares.

Daños y recomendaciones MH descubrió en el trabajo de campo que la vida de muchas mujeres víctimas de la guerra se encontraba sumida en una violencia cotidiana oculta. A esto se le suman, con la llegada de los actores armados, en particular de los paramilitares, otras prácticas que en conjunto producen más daños sobre sus proyectos de vida y sobre sus cuerpos, y sobre su sentido de dignidad y su psique. MH también escuchó cómo, cuando el proceso de Justicia y Paz se desencadena, las mujeres no dejaron de ser amenazadas y cómo, en algunos casos, ellas han sido revictimizadas por funcionarios encargados de su reparación. Varias de las mujeres que sufrieron violaciones además quedaron embarazadas, y ni sus hijos ni ellas han recibido ningún tipo de atención psicológica.

Margarita es el seudónimo de la hija de una de las pioneras que, en los años setenta del siglo pasado, reclaman tierras en Magdalena y logran titulación. Son las Mujeres del Perrenque que, cuando sus hombres se cansan de luchar por la tierra, insisten e insisten, amparadas en la ANUC, hasta que logran la titulación. Sin embargo, dado el contexto de discriminación de género en el que sus vidas transcurren, la titulación no se hace a nombre de ellas, o de ellas y sus compañeros, sino exclusivamente a nombre de ellos. Margarita, que retoma una década después la misma lucha, logra titulación a nombre propio gracias a las luchas emprendidas por las feministas y por las funcionarias que desde el poder impulsan políticas de tierras para ellas. Sin embargo, la guerra anula esos avances y en el año 2000, cuando el departamento del Magdalena es objeto de codicia por parte del Bloque Norte, Margarita se ve obligada a abandonar el predio por el que había luchado y que ella había civilizado durante esos años. En esta reconstrucción de vida se ve claramente cómo la violencia sexual se ejerce entre vecinos –es violada cuando era

Cualquier esfuerzo de reparación debe entonces resarcir a las víctimas en estos campos y a su vez abogar para que las mujeres no retornen a las condiciones de violencia en las que sus vidas transcurrían sino que avancen hacia la conquista de su ciudadanía plena. En especial, MH hace énfasis en que, para que alcancen su reparación integral, las mujeres requieren que su voz sea validada tanto en los estrados judiciales y en los procesos de esclarecimiento de la verdad como en la toma de decisiones sobre iniciativas y políticas de reparación. �

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Detalle de Acuarela de Martha Herrera, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

Porque la guerra nos importa: esclarecer desde la escucha y la empatía*

María Emma Wills O.**

* Palabras pronunciadas durante el lanzamiento de los informes Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano y Mujeres que hacen historia: tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 17 de noviembre de 2011, en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Los informes pueden ser consultados en http://www.semanaporlamemoria.com/index.php/informes/mujeresguerra ** Ph.D. en Estudios Latinoamericanos de Texas University (Austin), Estados Unidos. Profesora Asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y coordinadora de la línea de investigación Mujeres, Género y Guerra del grupo de Memoria Histórica de la CNRR. Correo electrónico: mwills@uniandes.edu.co

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¿Cómo reconstruir esos contextos que dieron origen al horror y al terror? Si somos académicos, lo podemos seguir haciendo sólo desde la recopilación de las cifras y aferrarnos a la idea de que, por ejemplo, la disminución en la tasa de homicidios es indicativa de que vamos por el buen camino. Si somos periodistas, podemos seguir recurriendo, sin imaginación, a las mismas fuentes. Pero estas rutas están plagadas de trampas.

uiero dedicar estas palabras a todas las gestoras de memoria que participaron en este proyecto; a ellas, por vencer el miedo y el silencio, y por construir con su testimonio y su sabiduría estas memorias de horror y despotismo; a ellas también porque con su ejemplo mantienen viva la esperanza de un país mejor.

Por eso, desde las universidades, desde las instituciones y desde los medios de comunicación tenemos que aprender a escuchar las otras voces de este país, esas que son muchas veces discriminadas por no pertenecer a un género, a una raza, a una opción sexual, a unas élites intelectuales, políticas o económicas, pero que resguardan en su memoria una historia distinta. Tenemos que salir de la comodidad de nuestro mundo familiar y asumir el trabajo de campo regional con la convicción de que para captar esta Colombia turbulenta es imprescindible saber escuchar a conciudadanos y conciudadanas que viven en circunstancias muy distintas a las nuestras.

A Malu, Vivi, Camila, Chucho, Pilar y Martha Nubia, integrantes del equipo de Mujeres, Género y Guerra de Memoria Histórica, gracias por hilar con inteligencia y sensibilidad estos relatos del horror. A colegas, estudiantes, instituciones, academia, periodistas, gracias por todos los respaldos brindados para que este trabajo salga a la luz pública.

Primero: esclarecer desde la escucha Hoy, el país confronta una encrucijada. Como en el pasado, puede dejar de nombrar lo que acontece en las regiones para convencerse de que Colombia ya se encamina hacia la paz. Mientras unas voces anuncian, optimistas, que la concordia ya empieza a reinar, en las sociedades locales las amenazas, la persecución y las armas siguen prosperando. Cierto es que la guerra no se libra en los mismos términos que antaño, pero cierto también que el proyecto democrático-liberal agenciado desde la Presidencia no ha logrado desbancar redes armadas afincadas aún en turbias alianzas entre mafias, agentes del Estado, funcionarios públicos y políticos y empresarios inescrupulosos.

Segundo: impugnar Pero a veces no son las cifras las que nos llevan a visiones tramposas de la realidad. Hay, quien lo puede negar, voces incapaces de reconocer, o peor aún, dedicadas a desinformar sobre lo acontecido. Entre los grupos armados, claro, se llevan a cabo batallas por la memoria y por la historia. Por ejemplo, hombres paramilitares han proclamado en sus versiones ante justicia y paz que ellos nunca ordenaron a sus reclutas vejar mujeres y que si ellos o sus comandantes sostuvieron relaciones con jóvenes de las regiones bajo su dominio, lo hicieron con su consentimiento. Ellos afirman que “ellas, las muchachas, los buscaban”. Ésa es la versión oficial de estos grupos.

Tenemos que aceptar que las mujeres reclamantes de restitución de tierras y denunciantes de violencia sexual son aún objeto de persecución, o peor aún: en este mismo año han visto caer asesinados a algunos de sus familiares. La paz añorada y tantas veces mencionada, está lejos de ser una realidad.

Que ellos lo digan para mantener su buena conciencia como hombres que se pretenden irresistiblemente conquistadores, vaya y venga. Pero que esta versión se repita en boca de fiscales, periodistas o investigadores académicos, sin acotación alguna, lo confieso, me indigna. ¿Qué tipo de libertad pueden tener chicas que crecen en pueblos y veredas donde ellos fueron y siguen siendo la autoridad? ¿O es que acaso imaginamos posible que Hernán Giraldo iba, en su dominio, a aceptar la negativa de una joven virgen al que él ya había escogido como su próxima “compañera”? Sí, cierto: los padres llevaban a sus hijas; y sí, seguramente algunas jóvenes lo buscaban.

Como le ocurrió a mi generación, podemos hoy ser incrédulos ante estas historias que nos confrontan con el hecho de que el desafío de esas redes armadas sigue vivo. O podemos, como bien lo señaló Pastora, líder de la comunidad de San Carlos, recorrer, con cuidado y esmero, los pasos de nuestra historia reciente para aprender de ella y reconocer las condiciones que propiciaron y siguen propiciando que muchos ciudadanos y ciudadanas de este país vivan aún en medio del miedo, la desolación, el desamparo, el desplazamiento y la amenaza.

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Porque la guerra nos importa: esclarecer desde la escucha y la empatía María Emma Wills

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Pero contentarse con esta versión es ocultar ese déficit democrático que prima en esas sociedades locales donde las niñas no son percibidas como sujetos de derechos y pueden, sin remordimiento alguno, convertirse en la mercancía que se intercambia en una relación clientelista armada con “El Patrón” a cambio de seguridad y otro tipo de prebendas.

los académicos para impedirlo? ¿Dónde estábamos nosotros para denunciarlo? ¿Por qué parecen ellos haber ganado la batalla? Nuestra indolencia, nuestra indiferencia, nuestros miedos, nuestra parálisis, nuestra pereza, sin lugar a dudas, coadyuvaron, con otros factores, a que estos grupos prosperaran y se convirtieran en el monstruo de mil cabezas que aún sigue desafiando el proyecto de una Colombia democrática y en paz.

La mayoría de comandantes dice no haber ordenado el ejercicio de la violencia sexual ejecutada sobre habitantes bajo sus dominios. Y sin embargo, esos mismos hombres que niegan haber fomentado esa violencia fueron los encargados de actualizar visiones enormemente despectivas y patriarcales de la feminidad. Las mujeres señaladas por “chismosas”, “infieles”, “transgresoras”, “desobedientes”, sabían que serían castigadas y que probablemente el castigo tendría que ver con el ejercicio de una violencia sexual acompañada de apelativos humillantes que las despojaban, en últimas, de su humanidad.

Tercero: proponer Detrás de este esfuerzo por reconstruir lo peor de la guerra está un sueño. Quisiéramos que el conocimiento del horror, que tiene, al decir de una amiga, una dimensión tóxica porque invade nuestros sueños y deja huellas indelebles en nuestra piel, nos lleve a cada uno y cada una de nosotros a la convicción de que nuestro concurso es necesario para que estos eventos no se sigan repitiendo. Quisiéramos que reconocer el horror de lo acontecido a otros congéneres en nuestro país nos lleve a la indignación, y que esa indignación sea la inspiración para motivarnos a algún tipo de acción. Ésa es la apuesta que inspira el trabajo de reconstrucción de memoria histórica del grupo de MH.

Hoy se ha instalado en la conciencia nacional que en esta guerra está en juego la codicia, expresada en ese afán de hacerse a tierras, recursos naturales, presupuestos públicos, territorios. Estamos menos preparados a aceptar que en este conflicto también estuvo y aún está en disputa cierto tipo de masculinidad. Luego de la socialización por largos años de muchachos en estas estructuradas armadas, estos jóvenes han incorporado una forma de actuar como hombres que no suele ser vista como un desafío para las políticas públicas que pretenden afianzar la democracia en el país y desbancar la guerra.

Creo que la ciudadanía, además de ser un principio ético político fundado en garantías individuales, es también un sueño de vinculación con los otros. Ese lazo, más que ser una proclama abstracta bien intencionada, se expresa ante todo en un actuar con y por otros. La ciudadanía se asemeja en ese sentido más a un vínculo de amistad porque supone que las experiencias por las que atraviesan otros, distintos a mí y que en principio no conozco, me conciernen también a mí.

Quizás lo que a los colombianos y colombianas nos cuesta aún reconocer es que la perfidia de la que fueron capaces los paramilitares contó con la legitimación de muchos sectores de la sociedad. Esos hombres, capaces de las peores crueldades, no nacieron en la guerra sino que se hicieron en ella y en estructuras organizativas que planificaron el horror y que lamentablemente prosperaron en ciertas regiones del país a ojos vistas. ¿Dónde estaban entonces la Fuerza Pública, los jueces, las autoridades electas, los políticos, los periodistas o

Todo el esfuerzo de memoria histórica está animado por la esperanza de que, al salir a la luz pública, estas historias de sufrimiento humano y de vejación fomenten, no la empatía pasiva sino el surgimiento de una ciudadanía actuante que expresa su condición política en la acción persistente por la no repetición. �

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Detalle de Acuarela de Martha Herrera, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

Informe del conflicto en el Magdalena: los subregistros y la impunidad*

Luz Marina Cantillo**

* Palabras pronunciadas durante el lanzamiento de los informes Mujeres y guerra. Víctimas y resistentes en el Caribe colombiano y Mujeres que hacen historia: tierra, cuerpo y política en el Caribe colombiano del Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, 17 de noviembre de 2011, en la Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. Los informes pueden ser consultados en http://www.semanaporlamemoria.com/index.php/informes/mujeresguerra ** Licenciada en Ciencias Sociales y estudiante de la maestría de la Universidad Sue Caribe en convenio con la Universidad del Magdalena, Colombia. Representante de la Asociación de Mujeres del Magdalena (ADEMAG), www.ademag.org. Gestora de Memoria Histórica. Correo electrónico: lucerito0166@hotmail.com

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Informe del conflicto en el Magdalena: los subregistros y la impunidad Luz Marina Cantillo

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de Estado también aparecen como cómplices de los paramilitares en muchas de sus incursiones. La pregunta que surge es entonces la siguiente: ¿quiénes manejaban los hilos del poder que tejieron estas historias de guerra? La respuesta la podemos tejer a partir de la verdad de los que salieron favorecidos y fortalecidos de este negocio de la guerra. Según las estadísticas, durante los últimos seis años 51 mil combatientes se han desmovilizado, 20.000 hombres de las FARC trabajan en el negocio de las drogas, y los que ahora son más ricos y aparecen como dueños de las tierras de los desplazados son los mismos apellidos del Magdalena que salieron favorecidos con fuertes sumas de dinero del proyecto Agro Ingreso Seguro. Son también los mismos apellidos importantes del Magdalena que terminaron condenados en la cárcel por parapolíticos, y hoy sus hijos y familiares siguen gobernando y hasta ganaron las elecciones.

il agradecimientos al equipo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación por hacer posible que la magia de la memoria recuerde que existimos las víctimas y que pueblos perdidos en el mapa del Magdalena como Salaminita, Zona Bananera, Orihueca, no queden en el olvido ni los crímenes allí cometidos en la impunidad. Gracias por hacer posible, a través de la reconstrucción de las memorias, que en otros lugares de Colombia se sepa la verdad de lo que pasó en el Magdalena, en sus playas hermosas, en el sector del turismo, el sector cafetero en la Sierra Nevada que controlaban “Los Rojas” y el grupo “Resistencia Tayrona” en los territorios ancestrales de los indígenas; y en el sector de la ganadería extensiva que controlaban “Los Cheperos” y el grupo “William Rivas”, como también en la zona palmera y la Zona Bananera que fueron escenario de guerra.

Las 823 víctimas de la Zona Bananera reconocidas por el bloque “William Rivas”, asesinadas, torturadas, desaparecidas forzadamente y masacradas, no parecían ser guerrilleros ni colaboradores, ni tampoco delincuentes.

El contexto de la guerra

Yo escuché los testimonios en Río Frío como gestora de memoria. Documenté 120 casos, lloré con las víctimas escuchando sus historias, las acompañé a las audiencias. Según los diferentes testimonios de las víctimas sobrevivientes o de sus familiares, los asesinados, torturados, masacrados, resultaron ser obreros dedicados a la producción y transporte del banano. No eran delincuentes ni guerrilleros ni colaboradores. En Orihueca, por ejemplo, los 153 campesinos desplazados de 1.200 hectáreas en la Zona Bananera –donde asesinaron a más de once campesinos, entre los cuales figuraba una mujer cuyo cuerpo fue hallado con signos claros de tortura y la piel arrancada a pedazos con pinzas– no parecían ser guerrilleros ni delincuentes. Eran campesinos que cultivaban maíz amarillo. Hoy estas tierras –¡qué casualidad!– están en poder de los apellidos importantes del Magdalena y están cultivadas en palma. ¡Qué casualidad también que sean los mismos apellidos importantes del Magdalena que el proyecto Agro Ingreso Seguro favoreció con una millonada!

Precisamente por las riquezas que encierran estas tierras se despertaron codicias e intereses económicos que hoy sospechamos auspiciaron a los distintos grupos paramilitares. Si bien el plan paramilitar se inició como una supuesta lucha contrainsurgente, la dinámica del conflicto deja ver claramente que a esos propósitos se fueron agregando otros y que en su plan, elaborado con diferentes estrategias de guerra, éstas fueron utilizadas para sembrar el terror, lograr el control del territorio, despojar de las tierras a los campesinos, controlar las rutas del narcotráfico, empoderar a los parapolíticos, volver más ricos a los terratenientes y privatizar hasta los parques naturales. Sin duda, en el Magdalena el proyecto paramilitar fue muy exitoso: financiado por ganaderos, comerciantes, multinacionales, y hasta por la ¡Universidad del Magdalena! Nodier Giraldo, financiero del grupo “Resistencia Tayrona”, confesó en versión libre que la Unimag fue una de las empresas financiadoras del paramilitarismo en el Magdalena. Los más grandes financiadores fueron los narcotraficantes: por un lado, financiaban a la guerrilla para que cuidara los cultivos en la Sierra, y por otro lado, también financiaban a los paramilitares en el Parque Tayrona para que cuidara los embarques de submarinos cargados de toneladas de coca. Hasta las fuerzas

Si seguimos hilando esta historia, el contexto histórico de estos hechos de dolor fue el mismo que rodeó la masacre en las bananeras en 1928. Si recordamos, fue el mismo Ejército Nacional que disparó contra cientos de obreros de las bananeras para defender los intereses de la multinacional United Fruit Company. Estos hechos dan pistas muy claras de las verdaderas razones de esta guerra. El

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asesinato del presidente del sindicato Sintrainagro, los 17 millones de dólares y un container con armas que las multinacionales Chiquita y Drummond les entregaron a los paramilitares son las pistas más seguras de las verdaderas razones de estas muertes. Lo que dicen las multinacionales es que este dinero fue entregado para que los paramilitares les garantizaran la seguridad pero, ¿de qué seguridad se trataba? ¿Sería de la Seguridad Democrática?

Magdalena, para que no queden estos delitos en la impunidad y para que nos ayuden a gestionar ante el Gobierno nacional unas políticas públicas urgentes dirigidas a romper con estos esquemas de violencia de género que siguen en el territorio. ¿Cómo es posible que “El Patrón de la Sierra” comprara la virginidad de niñas menores de 14 años y los mismos padres las vendieran en cinco millones de pesos? No quiero olvidar y no borraré de mi memoria esa niña de 12 años que fue llevada a empujones, llorando por todo el camino a pie, que subió la Sierra hasta la finca donde su padre negociaba su virginidad con “El Patrón”, su victimario, por cinco millones. Cuando llegó, la encerraron durante quince días, rodeada de armados. Fue una cruel tortura. Daba gritos y alaridos de dolor cuando él se le acercaba a besarla, cuando tocaba su cuerpo con sus manos asesinas. Ella narraba con horror que era un viejo de 60 años asqueroso. Hoy esta mujer cuenta que a pesar del tiempo sigue sintiendo asco de su cuerpo y no ha podido olvidar estas huellas que le ha dejado la guerra.

El plan elaborado por los paramilitares fue muy exitoso. Hoy los obreros no reclaman sus derechos laborales. No se atreven a sindicalizarse; se conforman con un sueldo de 15 mil pesos por tres días de corte de banano a la semana; trabajan desde las 5 am; salen a pie o en bicicleta; no reclaman el derecho al trasporte, y regresan a las 7 pm sin comida porque no les garantizan la alimentación ni las prestaciones sociales ni la seguridad social. ¡Qué paradoja! Una tierra tan rica en producción bananera, palmera, en ganadería extensiva, en turismo, y la gran mayoría de sus habitantes están sumidos en la extrema pobreza y votan en las elecciones por sus victimarios. El índice de analfabetismo es muy alto, las escuelas se caen a pedazos, no hay cobertura en educación superior, el gobernador está preso por corrupción, no hay alcantarillado en muchos municipios, no hay hospitales ni hay programas de vivienda. Por todo este contexto deplorable del Magdalena es que le pedimos al nuevo gobierno que garantice las condiciones para que los recursos de la nueva Ley de Víctimas no se conviertan en un nuevo escándalo de corrupción.

Hoy las mujeres reclamamos dignidad y respeto a nuestro cuerpo. No queremos más violaciones sexuales a menores de edad. No queremos más violencia feudal. No queremos más patrones ni caciques que prostituyan nuestras niñas y negocien con su virginidad y su inocencia. Queremos, sí, que les permitan a nuestras adolescentes sentirse bellas y respetadas; sentirse dignas y mujeres capaces de emprender un proyecto de vida sin maltrato. Queremos que les permitan a las adolescentes inventar, conocer y soñar con el amor.

Las mujeres como víctimas El desplazamiento, las viudas, los huérfanos y los despojados no fueron el único resultado de esta guerra. En el Magdalena las mujeres víctimas de diferentes formas de violencia en el marco del conflicto han sufrido distintas maneras de infracción a sus derechos humanos que les han dejado huellas y daños morales sin precedentes. Es innegable que su silencio, por el miedo, el dolor y la vergüenza en una cultura machista, no ha permitido tener un universo de víctimas cierto. Los subregistros son muy altos porque se necesita mucha valentía y coraje para que una mujer pueda vencer el dolor y la vergüenza para contar historias tan íntimas. Pero hoy felicito a esas mujeres que se atrevieron a romper el silencio, que con sus voces reclaman que estos hechos sean juzgados como Delitos de Lesa Humanidad.

También quiero que sepan que otras formas de violencia y tortura se dieron en el marco del conflicto. A las madres las obligaban a buscar los cuerpos de sus hijos por días, porque los mataban y los botaban lejos. A otras las obligaban a dejar que se pudrieran los cuerpos de sus hijos sin poder darles sepultura. A las mujeres celosas las obligaban a barrer las calles a pleno sol; a las que eran habladoras las amarraban a un palo todo el día; a las que usaban faldas cortas o descaderados, les rapaban el pelo, o les marcaban la piel; a las que acusaban de infidelidad las mataban o les daban latigazos en público, con un letrero de INFIEL; a las que acusaban de colaboradoras de la guerrilla las torturaban y las violaban. En Orihueca, por ejemplo, a las mujeres de los obreros y campesinos las secuestraban todas las noches y las obligaban a pernoctar con los paramilitares, las montaban en las camionetas y luego se las repartían como quien reparte vacas: “Ésta no me la toquen que es la mía”, decía el jefe, y se repartían las demás. Y cuando

Les solicito a las instituciones internacionales que nos ayuden a hacer un estudio que nos permita tener un verdadero universo de víctimas de violencia de género en el

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no se movían ni se dejaban acariciar por el asco, las torturaban con puñales y les marcaban el cuerpo. Jóvenes, adultas, niñas, solteras casadas, todas se convertían en víctimas de sus abusos. Era una forma de sembrar el terror y controlar el territorio usando el cuerpo de la mujer. Las violaban en público y en plena calle delante de todo el pueblo. Los hombres confiesan que se orinaban de pie de la impotencia y el dolor.

ser mujer de varios paramilitares, y no se le permitía a ningún chico acercarse o enamorarse porque firmaba su sentencia de muerte. A las mujeres campesinas las obligaban a lavar montones de botas y ropa ensangrentadas de las torturas con motosierras. Las obligaban a cocinarles. ¿Quién les decía que no? Me llega también a la memoria el caso de una madre de Aracataca: llegaron los paramilitares en camionetas y le ordenaron comprar sal y salar la carne que le entregaron en un saco amarrado con alambre de púas. Cuando se fueron, las vecinas solidarias llegaron y le dijeron: “¿Qué pasó, comadre?”. Y ella les contaba mientras abría el saco para salar la carne. De pronto se dio cuenta de que era su hijo descuartizado. Cayó muerta de inmediato.

El caso de la mujer de Piñuela es de una atrocidad ilimitada. Después de asesinarle el esposo, que era un profesor, el victimario la obligó a convivir con él en su propia casa, la obligó a cobrar la pensión de su esposo asesinado y a gastarse el dinero en parranda, la obligó a parirle un hijo y la obligaba a acompañarlo a la base paramilitar a acometer los crímenes. Al fin, un día pudo más el dolor que el miedo, y ella escapó, lo denunció y se las ingenió para ayudar a su captura en un operativo.

No ha sido fácil. Las mujeres valientes que se atrevieron a contar estas historias muy seguramente son las sobrevivientes que han resistido y que siguen resistiendo, porque en el Magdalena muchos actores siguen actuando con impunidad en el territorio. Estas mujeres sueñan que estas voces sean las que alumbren el camino de la verdad y de la paz, una paz que garantice que estos hechos no se vuelvan a repetir nunca jamás. �

Acosaban sexualmente a todas las niñas menores de los pueblos. En las escuelas los chicos no se atrevían a enamorar a las chicas porque ellas ya tenían dueño. Los paramilitares asesinaban a los enamorados. El caso de Silvia es ilustrativo. Apenas con 13 años, era obligada a

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Lecturas

Acuarela de Martha Herrera, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

Damián Pachón. 2011. Estudios sobre el pensamiento colombiano

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Flavia Fiorucci. 2011. Intelectuales y peronismo (1945-1955)

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• Juan Camilo Betancur – Universidad Nacional de Colombia.

• Mariana Annechini – Universidad Nacional de la Pampa, Argentina.

Detalle de acuarela de Martha Herrera, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

Estudios sobre el pensamiento colombiano.

Pachón, Damián. 2011. Estudios sobre el pensamiento colombiano. Bogotá: Desde Abajo [351 pp.]

Juan Camilo Betancur*

Filósofo de la Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Estudiante de la Maestría en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Profesor del Colegio Campoalegre, Sopó. Correo electrónico: juancamilo_betancur@yahoo.com

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de una tradición de pensamiento que todavía está por consolidarse. Ya Cayetano Betancur hacía ver que sólo a partir del reconocimiento de los temas y problemas recurrentes en la historia de nuestras ideas podremos alcanzar un pensamiento más situado y auténtico (Betancur 1945). En esto radica el aporte de los Estudios sobre el pensamiento colombiano.

l título del libro se explica desde la primera página. Al ocuparse del pensamiento colombiano se está ensayando una historia de las ideas en su conexión con las circunstancias sociales en que ellas tuvieron lugar. De ahí que el autor comience por una explicitación del sentido amplio en que entiende las “ideas” por estudiar: no sólo como elaboración rigurosa y metódica (así entiende el pensamiento filosófico), sino también como intuiciones valiosas que terminaron dejando un aporte a la sociedad y, “en últimas, a nuestra autocomprensión”. Con este modo de entender las ideas se introduce un criterio valorativo con el que el autor quiere ir más allá de la “simple historia de las ideas” y alcanzar un estudio crítico que toma partido, dilucida o esclarece, fundando sus afirmaciones. En esto cifra el autor el aporte de sus Estudios y su diferencia fundamental respecto de otros textos ya clásicos sobre la filosofía en Colombia.

Acerca del proceso de la filosofía en Colombia, la primera parte del estudio hace un repaso de distintas etapas (Colonia, “Ilustración”, siglo XIX, hegemonía conservadora, normalización filosófica), para extraer de allí un balance de los límites y obstáculos que ésta ha tenido y proyectar perspectivas de futuro. Las ideas del “ingreso de la filosofía moderna” y de la “normalización filosófica” están presentes a todo lo largo de su exposición y se ponen en juego incluso en los juicios críticos del autor. Por eso parece pertinente hacer algunas anotaciones sobre cómo se entienden tales conceptos en estos Estudios. La revisión de la filosofía en la Colonia se resuelve en un juicio negativo. No sólo porque en esta época se ve el comienzo de varias limitaciones del pensamiento (anacronismo cultural venido de España, acceso restringido a la educación, rechazo del propio pasado, etc.), sino porque en el contexto mismo de la discusión escolar colonial, el autor sólo ve un “malabarismo verbal” (Pachón 2011, 20). Reconoce que se dieron casos como el de Juan Martínez de Ripalda o Denis Meslan, pero en lugar de preguntarse por las condiciones sociales que hicieron posible el surgimiento de esos casos excepcionales (cosa que dijo proponerse en su prólogo), su balance general es negativo: “no se puede deducir que la Colonia fue un período productivo, crítico, progresista e innovador en filosofía”. Y si bien esta filosofía no se redujo a la escolástica medieval, sino que se enriqueció con las cuestiones suaristas, “era una filosofía en contravía de la modernidad y sería la causante de desarrollos muy diferentes a los europeos” (Pachón 2011, 27). A juicio del autor, el estudio de la filosofía en la Colonia no se dio en el contexto de una educación libre dedicada a la investigación, sino encaminada a sustentar la fe, y, en consecuencia, “la universidad en la época no contribuyó al desarrollo de la sociedad” (Pachón 2011, 20).

El esfuerzo por hacer una historia que no prescinda de la valoración, pero que a la vez justifique y haga explícitas sus posiciones de valor, se mantiene firme a lo largo del trabajo. Se evidencia en el autor un interés constante por dejar hablar a los filósofos de nuestro pasado, sin tergiversarlos con sesgos tendenciosos o silenciarlos con el ruido de juicios externos a ellos. Muy en la línea del estilo ensayístico de Danilo Cruz Vélez, en el libro de Pachón tanto el conjunto como las partes están dispuestos de tal manera que, antes de emitir el juicio crítico (o valorativo), viene un momento expositivo, ya para mostrar los hechos sociales involucrados con las ideas en cierto momento del proceso de la filosofía en Colombia, ya para esbozar una aproximación a los pensadores en cuestión. Esto se puede ver en los ensayos críticos de la segunda parte, que rescatan cuestiones abiertas por pensadores colombianos. Por nombrar sólo algunas de ellas: los aportes de Luis Eduardo Nieto Arteta y las críticas de Estanislao Zuleta a la historiografía colombiana; la esencia del derecho y su finalidad en Rafael Carrillo; la posibilidad de una filosofía latinoamericana, la propuesta de una ética de la técnica y la cuestión del paso de Husserl a Heidegger, en Danilo Cruz Vélez; los problemas de la educación y la burocratización de la enseñanza filosófica en autores como Estanislao Zuleta, Danilo Cruz Vélez y Cayetano Betancur.

Ahora bien: el anterior juicio parece apoyarse en un criterio relativo y, en consecuencia, puede ser ambivalente. Se exige de la filosofía y la universidad coloniales que hayan contribuido al “desarrollo de la sociedad”, pero se niega que lo hayan hecho. La ambivalencia de este juicio se debe a que no queda claro de cuál sociedad se está hablando: según se trate de la sociedad colonial,

Cabe destacar que al reabrir la discusión sobre tales cuestiones, el autor está re-anudando los hilos dispersos

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Damián Pachón. 2011. Estudios sobre el pensamiento colombiano Juan Camilo Betancur

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o de la sociedad colombiana actual, el criterio de desarrollo y de contribución social será muy distinto. Si se trata de aquella sociedad que el mismo autor ya ha descrito como fundamentalmente religiosa, ¿por qué decir que la universidad no aportó a su desarrollo? Más aún, el rol social de la filosofía estaba muy definido: la sustentación racional de la fe. El sesgo que impide ver esto se debe a que el autor da una carga moderna a la exigencia de contribuir al “desarrollo de la sociedad”. Pero le hace falta precisar y distinguir qué sería el “desarrollo social” para la sociedad colonial. Hoy la fe cristiana no tiene ya un papel tan importante en la sociedad como lo tenía entonces. Pero si queremos valorar el aporte de la universidad y de la filosofía a la sociedad colonial, habría que decir tal vez que éste sí se adecuaba a ella. El juicio crítico del autor se revela entonces como externo. Lo criticable sería que en épocas o contextos sociales posteriores la filosofía pretendiera mantener las mismas funciones que le asignó la sociedad colonial: por ejemplo, cuando los filósofos dieron la espalda a la Expedición Botánica y los aires científicos del siglo XVIII, y se quedaron encerrados en las disputas escolares. Esto, sin embargo, no puede reprocharse de toda la tradición española, pues, como se recuerda más adelante, el pensamiento político ilustrado y las ideas gestantes de la Independencia se plantearon principalmente sobre bases hispano-escolásticas.

sólo en función de que la filosofía ganara su autonomía como disciplina. Apunta con ello a mostrar el siguiente paso en el proceso de la filosofía en Colombia: la normalización. A continuación, se someterán a revisión dos aspectos que Pachón comprende de este momento: el primero será el problema de la equivalencia entre normalización y modernidad; el segundo, la reducción institucional de la normalización filosófica. En cuanto al primer aspecto, así como la anormalidad había llegado a Latinoamérica como eco de la anormalidad peninsular, de la misma manera la normalización filosófica española de comienzos del siglo XX repercutió en Hispanoamérica. Visto en clave del atraso español, y también remitiendo a tesis de Weber y de Gutiérrez Girardot sobre la relación entre capitalismo, racionalización y secularización, Pachón ve la normalización filosófica como consecuencia de estos procesos modernos y termina identificándola con el ingreso de la filosofía moderna. Con lo anterior, no obstante, y afirmando que España y por ende sus colonias vivieron cuatro siglos al margen de la modernidad europea, “en una posición de atraso respecto de Europa” (Pachón 2011, 84), o en lo que Cruz Vélez calificó de “anormalidad” cultural (1991), Pachón se acerca mucho al “paradigma eurocéntrico” que él mismo critica más adelante: al hablar de recepción o ingreso de la filosofía moderna, toma la modernidad como proyección europea y llega a insinuarla como única alternativa o inevitable paso posterior a la tradición colonial. Así como Gutiérrez Girardot termina sobrevalorando la literatura comprometida con la modernidad (Pachón 2011, 249), Pachón también da mayor valor a la producción filosófica que considera como más moderna y desde allí subestima, como vimos, la filosofía colonial. El mismo paradigma se evidencia también en la tesis de Pachón según la cual los problemas de “atraso” y “recepción acrítica” de la filosofía en Colombia se han debido a una “falta de tradición” en la asimilación de filosofías como la alemana (Pachón 2011, 86, 131 y 284-285).

Lo anterior se relaciona con otro reparo constante del autor a las filosofías pasadas: su falta de sentido crítico sobre la sociedad y sobre las modas intelectuales recibidas. La filosofía no sólo debería estar a la altura de su época y cumplir un papel adecuado a la sociedad, sino que ese papel tiene que ser eminentemente crítico, público y libre. Y esto, según el autor, faltó en la filosofía, ya por su uso religioso en la Colonia, ya por los usos ideológicos que recibió en el siglo XIX. También cabe aquí recordar su rechazo al marxismo parroquial (dogmático, reverencial) introducido en la década de 1930. Leonardo Tovar (2009), al hablar de las “Fundaciones de la filosofía latinoamericana”, también propone la criticidad como una de las notas para un concepto analógico de “filosofía latinoamericana”; pero aclara que el uso de dichas notas conceptuales no debe ser deductivo, sino abductivo, en función de los usos efectivos que corregirán el alcance semántico del concepto. En cambio, el parámetro de criticidad en que se apoya Pachón para juzgar el pensamiento colombiano es tomado de la filosofía moderna, en un sentido unívoco que no permite dar cuenta de otros modos de pensamiento crítico. En otras palabras, la valoración de los usos religiosos e ideológicos de la filosofía como acríticos y serviles está

La segunda parte del libro insiste en resaltar el aporte del Grupo Modernidad/Colonialidad como una nueva perspectiva filosófica desde América Latina, pero llama la atención que falte allí el apartado crítico posterior al momento de exposición del giro decolonial y su proyecto emancipatorio. Si la Transmodernidad propuesta por Dussel exige una reescritura no colonial de la historia, queda faltando una relación clara de estas teorías con la primera parte del libro, que señale en cuáles puntos la revisión histórica de Pachón deja de ser deudora del paradigma eurocéntrico y de los problemas que

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el propio autor les atribuye a lecturas como la de Rafael Gutiérrez Girardot o Rubén Jaramillo Vélez. Por ejemplo, quedó pendiente, o tímidamente implícita, la exhibición de los aportes hechos en la línea de un “pensamiento decolonial crítico” desde tiempos de la Colonia en los pensadores colombianos (Pachón 2011, 327). Ciertamente, Pachón no acude a la tesis de la falta de reforma protestante como explicación del atraso latinoamericano; y en coherencia con ello, el autor llegará a decir que frente a la crisis actual de los presupuestos modernos, “América no tiene por qué repetir un proyecto que fracasó en Europa y Estados Unidos” (Pachón 2011, 292-293). Con todo, la primera parte de su libro parece impregnada del mito civilizatorio de la modernidad, al darle tanto peso a la oposición entre “secularización” y “catolicismo” para sopesar el progreso de la filosofía y, más aún, al reducir este “avance” al ingreso de la filosofía moderna (con excepción del caso de Gómez Dávila, pierde de vista los aportes del pensamiento católico a los problemas de la modernidad en el siglo XX).

la normalización en un sentido institucional, puede resultar plausible. Sin embargo, hace falta preguntar también si lo que se entendió y se pretendió como normalidad filosófica en los años cuarenta permaneció inalterado en el transcurso de las tres décadas en que pareció estancarse, y si es identificable con los resultados institucionales mencionados. Para dar una respuesta hace falta precisar qué se esperaba de la filosofía en los años cuarenta y qué lugar se le daba a su profesionalización. Es claro, por lo menos, que para la “generación normalizadora” de los años cuarenta (al menos para Rafael Carrillo, Danilo Cruz Vélez, Cayetano Betancur), la institucionalización de la filosofía tenía también unos riesgos: la remuneración como finalidad, según Rafael Carrillo; la burocratización y pérdida de libertad, para Danilo Cruz Vélez; el reemplazo del filosofar mismo por una filosofía meramente profesoral, según Betancur. De hecho, ellos no le apostaron sólo a la profesionalización de la filosofía. Carrillo llegó a decir del Instituto de Filosofía que su misión no era graduar profesionales, sino completar esa tarea propia de la universidad mediante la formación de una cultura general e investigadora; Cruz Vélez, a pesar de sus años de dedicación a la enseñanza de la filosofía, criticó la figura del filósofo burócrata y decidió abandonar las facultades para dedicarse a la escritura; Betancur, por su parte, mantuvo una pretensión divulgativa, pues no sólo publicaba en revistas académicas de su especialidad (derecho), sino también en revistas de filosofía y columnas de opinión en varios diarios colombianos. Se trata de tres caminos complementarios a los de la mera profesionalización profesoral, que reclaman una revisión de lo que hemos entendido por “normalización” y “normalidad” filosóficas.

La identificación normalidad-modernidad en lo filosófico desconoce, además, que el concepto de “normalidad filosófica” es sólo relativo a ciertas condiciones culturales de producción de la filosofía. A partir de esa equivalencia, nos vemos en la extraña situación de concluir, por ejemplo, que la filosofía propiamente dicha sólo alcanzó su “normalidad” cultural con el pensamiento moderno, y no con los griegos. Tendríamos, asimismo, que negar la posibilidad de una filosofía en otras culturas distintas de la cultura moderna europea. En el caso de la filosofía en Colombia, se introduce un sesgo que impide explicar mejor la producción escrita desde la interesante encrucijada entre “tradición católica” y “modernidad secular” en los escritores criollos, y se pierde también la oportunidad de preguntar por las condiciones que hicieron posible dicha producción.

Este concepto y esta aspiración planteaban pues, desde sus inicios, una relación entre la filosofía y la cultura. Y no sólo como una relación referida al “clima apto” para el ejercicio filosófico, sino que además suponían que la filosofía tenía que cumplir una función cultural para el mundo hispánico. Pero además es notable que sigan circulando entre nosotros después de setenta años. Así, en el balance final de las limitaciones pasadas y presentes de la filosofía en Colombia, Damián Pachón introduce un criterio valorativo que parece mantener este sentido cultural de la normalización, cuando pide que las modas europeas sean recibidas desde una tradición crítica que permita discutir si aportan algo a la cultura (Pachón 2011, 130), o cuando denuncia la marginalidad del filósofo en la sociedad. De hecho, al final de su balance concluye que “podemos esperar […] un futuro por donde la normalización filosófica no se entienda

En el segundo aspecto: la normalización, como proceso institucional de profesionalización de la filosofía, tuvo su inicio en los años cuarenta, si bien la tesis principal de Pachón es que este proceso se vio truncado por la Violencia de mediados del siglo XX, de manera que su completa realización se dilataría hasta los años setenta, cuando se verían los frutos de los filósofos colombianos formados en Alemania que volvieron al país en la década del sesenta. Según esta tesis, todo lo que se fundó entre los años cuarenta y setenta, como el Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional (1946), o revistas como Ideas y Valores (1951), Mito (1955), Eco (1960), etc., fue sólo una semilla de lo que florecería en las últimas tres décadas del siglo XX. La tesis, referida a los resultados de

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Damián Pachón. 2011. Estudios sobre el pensamiento colombiano Juan Camilo Betancur

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Referencias

únicamente la existencia de un clima filosófico apto, de discusión, expresión, sino de creación o de filosofía primaria […], una filosofía que piense nuestro mundo y nuestros problemas de forma rigurosa y universal” (Pachón 2011, 140). Se ve pues cómo el intento por ir más allá del sentido institucional y profesoral de la normalización, hacia una relación más estrecha de la filosofía con la cultura local, aun cuando no hubiera sido conseguida del todo por la generación de los años cuarenta, sigue transmitiéndose subterráneamente por la historia de las ideas en Colombia, en espera de su realización. �

1. Betancur, Cayetano. 1945. La filosofía en América. Revista de las Indias 84: 229-246. 2. Cruz Vélez, Danilo. 1991. Tabula rasa. Bogotá: Planeta. 3. Tovar, Leonardo. 2009. Las fundaciones de la filosofía latinoamericana. En Sobre la filosofía y filosofía latinoamericana, eds. Daniel Herrera y Leonardo Tovar, 25-46. Bogotá: USTA.

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Detalle de acuarela de Martha Herrera, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.

Intelectuales y peronismo (1945-1955)

Fiorucci, Flavia. 2011. Intelectuales y peronismo (1945-1955). Buenos Aires: Biblos [226 pp.]

Mariana Annechini*

* Licenciada en Historia. Profesora en Historia e Investigadora del Instituto de Estudios Socio-Históricos de la Universidad Nacional de La Pampa. Estudiante del doctorado en Historia del Instituto de Estudios HistóricoSociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: mariannecchi@hotmail.com

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Flavia Fiorucci. 2011. Intelectuales y peronismo (1945-1955) Mariana Annechini

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el avance del Estado en el área cultural venía dándose progresivamente desde los años treinta. Aspecto que se observó, por ejemplo, en la creación de diversas instituciones culturales. Por último, destaca cómo ese avance se profundizó con el advenimiento del gobierno peronista. De esta manera, Fiorucci intenta moderar la impronta de novedad del régimen.

l retorno a la democracia despertó el interés de la historiografía argentina por el estudio sistemático de los primeros gobiernos de Juan Domingo Perón. De esta manera, el peronismo fue cobrando entidad como objeto de debate y análisis historiográfico específico. Esta nueva aproximación, que tomó fuerza en los inicios del siglo XXI, indaga sobre aspectos poco estudiados hasta el momento y se lleva a cabo desde diferentes campos historiográficos: la historia política, la historia cultural, la historia del arte, los estudios migratorios, la historia de las ideas, entre otros. Como ha señalado Palacio (2010), se trata de una historiografía fuertemente revisionista cuyo propósito es desarmar el sentido común vigente sobre los primeros gobiernos de Perón, así como reinterpretar las supuestas novedades que el peronismo trajo consigo, para subrayar las profundas continuidades con el pasado. La obra de Flavia Fiorucci Intelectuales y peronismo (1945-1955) se enmarca dentro de esta perspectiva académica. No sólo porque la autora valora sus aportes historiográficos, sino también porque a lo largo de la obra retoma las hipótesis y los argumentos de esas nuevas miradas sobre el peronismo.

Posteriormente, se adentra en el análisis de los cinco capítulos que componen la publicación. Los mismos recorren diversos ejes temáticos, que van desde el estudio de la política cultural del peronismo, las prácticas de los intelectuales peronistas y antiperonistas, las representaciones contemporáneas del peronismo en la prensa cultural, hasta la ruptura del consenso antiperonista luego de 1955. El primer capítulo presenta el accionar cultural del Estado, las políticas oficiales con respecto a los intelectuales, así como la respuesta de éstos a tales políticas. El capítulo pretende desarmar imágenes afianzadas sobre la relación que el Gobierno entabló con la “alta cultura”. Trata de demostrar cómo la contradicción fue el rasgo distintivo de la gestión cultural y cómo esto fomentó los resquemores entre los intelectuales y el Estado. Según la autora, la relación entre ambos actores fue compleja y estuvo marcada desde el principio por la discordia. Una vez abordada la relación entre el peronismo y los productores de cultura, Fiorucci vira su mirada hacia los consumidores de cultura, donde, según ella, los esfuerzos estatales tuvieron mejor acogida.

En la introducción del libro la investigadora plantea claramente sus objetivos y expone algunos de los supuestos metodológicos y conceptos que guían la investigación, como el de intelectual y campo intelectual, concepto elaborado por Pierre Bourdieu. El objetivo de la autora es, por un lado, abordar las relaciones que se dieron entre los intelectuales y el peronismo desde el ascenso de Perón en 1946 hasta los doce primeros meses que siguieron a la Revolución Libertadora, teniendo en cuenta tanto la perspectiva estatal como la de los intelectuales. Por otro, reconstruir los principales debates y las prácticas más recurrentes que caracterizaron el mundo de los escritores en el período. Si bien la atención está puesta en los intelectuales antiperonistas, el libro dedica un capítulo a aquellos que expresaron su adhesión al peronismo, a fin de poder evaluar el vínculo que el régimen entabló con sus propios cuadros intelectuales. Para desarrollar los objetivos propuestos, Fiorucci trabajó fundamentalmente con fuentes cualitativas: cartas, actas, periódicos, revistas culturales. Estas últimas constituyen un valioso acervo, ya que fueron un medio de expresión para distintos grupos de intelectuales.

Las prácticas de los intelectuales y su intervención en la esfera pública son el tema del siguiente capítulo. Para su estudio la autora focaliza en las relaciones entre el Estado y la Sociedad Argentina de Escritores (Sade), principal agrupación de escritores de la época que reunía fundamentalmente a los intelectuales antiperonistas. A través de una concisa lectura de dicho ámbito, Fiorucci discute la forma en que el peronismo modificó el rol, el espacio y las conductas del intelectual. Desde su perspectiva, la Sade constituyó un ámbito donde los intelectuales pensaron, se organizaron y discutieron cómo relacionarse con el Gobierno y con la intelectualidad peronista. Sin embargo, no fue el único espacio que congregó a los escritores. El rechazo que suscitó en esa institución la simpatía de algunos intelectuales por el peronismo derivó en la creación de una sociedad de escritores peronistas, la Asociación de Escritores Argentinos (Adea).

En sintonía con la nueva literatura sobre peronismo, la autora nos advierte en sus primeras páginas que

En esta sección se enfatiza en la idea de que los intelectuales antiperonistas evitaron la confrontación directa

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Revista de Estudios Sociales No. 42 rev.estud.soc. • ISSN 0123-885X • Pp. 196. Bogotá, abril de 2012 • Pp. 170-173.

con el régimen. El objetivo de dicha estrategia no sólo fue preservar la autonomía del campo intelectual, sino también la supervivencia de la vida cultural e institucional. Esto se vincula con otro rasgo del período: la despolitización de los intelectuales. Con el advenimiento del peronismo la política se convirtió en un tema marginal en el discurso público de la intelectualidad. En este sentido, el capítulo es interesante para observar el lugar que la cuestión política ocupaba en el campo intelectual.

En el cuarto capítulo la autora pone el foco en las revistas culturales. Mediante un riguroso análisis del contenido de las mismas, se propone observar las lecturas que los intelectuales antiperonistas hicieron del Gobierno en el mismo momento en que Perón se desempeñaba como presidente. Entre ese grupo de publicaciones se encuentran: Expresión, Realidad, Liberalis, Imago Mundi y Contorno. La selección realizada permite tener un panorama exhaustivo sobre el debate intelectual antiperonista que se articuló en torno a dichas publicaciones. En las revistas también se observa la falta de un discurso abiertamente opositor, con el objetivo de garantizar la supervivencia de la vida cultural.

A lo largo de la sección se va desplegando la imagen de un Estado que se manejó por medio del desconocimiento de las clases cultas, acompañado del autoritarismo, la confrontación, la censura y la torpeza, mientras que las clases cultas, lejos de asumir una posición de militancia opositora, optaron por la mesura, el silencio y la discreción. De esta manera, la autora destaca el poder, madurez y grado de cohesión de los intelectuales antiperonistas.

La temática del último capítulo es el vínculo entre los distintos actores estudiados, principalmente los antiperonistas, y la coyuntura política. Allí la autora intenta advertir cómo la caída del régimen afectó tanto las interpretaciones del fenómeno peronista como la dinámica del campo intelectual. La crisis del consenso antiperonista reveló cuán frágil era la cohesión signada por la oposición. Según la autora, el punto débil de esta última fue la ausencia de una discusión sobre el futuro y sobre un proyecto nacional que pudiera unir a todos los que se oponían al régimen.

El capítulo tres se centra en la intelectualidad peronista. Fiorucci analiza las causas que llevaron a algunos intelectuales a unirse al peronismo y discute la naturaleza de su adhesión. Luego se detiene en el estudio de dos proyectos provenientes de este grupo, para observar tanto el rol que dichos intelectuales intentaron y lograron ejercer como la política oficial con respecto a ellos. El primer proyecto tiene que ver con la creación de la Adea, y el segundo se vincula con la publicación Hechos e Ideas.

El capítulo aborda concretamente dos temas. Por un lado, plantea cómo se fueron articulando el ocaso, la violencia y, por último, la destitución de Perón con el devenir del campo intelectual local. Se busca mostrar cómo fue afectada la vida intelectual por estos acontecimientos, a fin de observar la forma en que los intelectuales se fueron ajustando a la cambiante situación política. Por otra parte, aborda la transición desde un clima donde predominaba el consenso hasta otro donde prevalecían el debate y las diferencias, aspectos que dividieron a quienes poco tiempo antes habían estado unidos por el rechazo al peronismo. De esta manera, la Revolución Libertadora terminó de consolidar la división del campo intelectual.

A diferencia de los antiperonistas, los intelectuales peronistas conformaban un grupo débil dentro del campo intelectual, entre otras cuestiones, por la escasez de nombres reconocidos y por la carencia de unidad ideológica y coherencia interna. Sumado a eso, su participación en la Sade se había vuelto muy cuestionada, debido a sus posiciones ideológicas. En este contexto se plantea el surgimiento de la Adea, en un intento por crear un espacio que uniera al grupo. Si bien el proyecto fracasó, el análisis que la autora hace de la institución le permite indagar cómo se pensaron los intelectuales de Perón y el tipo de relación que este último estableció con ellos.

A modo de conclusión, puede decirse que Intelectuales y peronismo (1945-1955) constituye un aporte significativo a la historiografía argentina. La temática que aborda es analizada en profundidad por la autora mediante una lectura fluida y amena. A lo largo de la obra la investigadora

Por su parte, el análisis sobre Hechos e Ideas es sumamente interesante, ya que al haber sido publicada desde 1947 a 1955 permite ver los cambios que se dieron en las lógicas estatales con respecto al campo intelectual.

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Flavia Fiorucci. 2011. Intelectuales y peronismo (1945-1955) Mariana Annechini

Lecturas

no sólo se esfuerza por lograr sus objetivos sino también por no quedarse con las imágenes ya establecidas sobre el tema. Por lo tanto, indaga aún más sobre la vida intelectual y cultural del período.

se refleja es la de unas clases populares que se dejaron persuadir fácilmente por el discurso democratizador del Estado, a diferencia de la intelectualidad. Asimismo, sería interesante que se abordaran con más precisión algunos conceptos que aparecen de manera recurrente, como el de torpeza y cooptación, en clara referencia al Estado.

Desde una perspectiva renovadora Fiorucci analiza las iniciativas estatales y las reacciones que éstas ocasionaron en el campo intelectual. Se adentra en la experiencia de grupos, revistas y asociaciones culturales, reconstruye los debates y las prácticas que dominaron la escena cultural de esos años. Se detiene tanto en las estrategias a las que apeló el gobierno de Perón para cooptar a la intelectualidad como a las que recurrió la intelectualidad antiperonista para responder al Estado. Al final de la obra da cuenta de cómo los años posteriores a la caída del gobierno peronista devinieron en un motivo de disputa, la cual generó cambios en el campo intelectual tanto en términos ideológicos como en relación con sus mecanismos de funcionamiento.

Si bien Fiorucci enfatiza en las contradicciones del Gobierno, cabe advertir que éstas también tuvieron lugar en el ámbito intelectual. Las acciones que se llevaban a cabo desde la Sade evidencian dicha afirmación. Una institución que teóricamente estaba dispuesta a confrontar con el Estado cuando se atacara al gremio y sus intereses decidió no intervenir en la defensa de sus socios cuando éstos fueron encarcelados. Finalmente, como plantea la autora, si bien las intervenciones de los intelectuales son una fuente importante para abordar el tema sobre la suerte de la cultura durante el peronismo, es necesario contrastarlas con otros aspectos como el estudio de las políticas estatales. Porque no debe olvidarse que las reconstrucciones analizadas en el libro provienen de un sector con el que el Gobierno mantuvo desde el principio una relación de discordia. Dicho aspecto constituye entonces una cuenta pendiente para futuras investigaciones.

Más allá de los logros de la publicación, también es preciso reparar en algunas de sus debilidades. En principio, la obra se debate permanentemente en un juego de opuestos: Estado vs. intelectuales, Sade vs. Adea, publicaciones peronistas vs. publicaciones antiperonistas. En este sentido, el libro parece estar atravesado por un conflicto maniqueo que expone, por un lado, a los intelectuales: precavidos, moderados, que actúan de forma coherente y legítima por miedo y temor al Estado, y por otro, al Gobierno: autoritario, torpe y censurador. En este punto, la autora, más que comprender y explicar un proceso histórico, parece estar juzgando las acciones de los actores. De esta manera, contradice su propia idea de que la historia no es un tribunal para juzgar el tiempo pasado.

A pesar de ello, el contenido de la publicación es sugerente, en la medida que permite ver la dinámica del campo intelectual: los actores y agentes que lo conforman (instituciones, revistas culturales), las reglas de juego, los consensos y disensos. A su vez, cómo esos actores hicieron uso de sus propias herramientas para responder al Estado y mantener su autonomía. En conjunto, los capítulos contribuyen a pensar el peronismo y su vínculo con la intelectualidad desde otras aristas, al tiempo que brindan elementos para pensar la actualidad de esa relación. �

Sumado a eso, el Estado que se analiza, además de fracasar en todos los proyectos que lleva a cabo en el área cultural, no logra cooptar a la intelectualidad. Pero sí a los grupos que no forman parte de ella, las clases populares o los consumidores de cultura. El planteo de la autora parece reflejar las masas pasivas, sin voz, que acatan y son fácilmente cooptadas por el Estado, a diferencia de lo que ocurre con la intelectualidad culta, civilizada y coherente. Si tenemos en cuenta la nueva producción sobre peronismo, que plantea recuperar las distintas voces que convergieron en el movimiento, sería interesante rescatar las voces de esos consumidores de cultura. De lo contrario, la imagen que

Referencia 1. Palacio, Juan Manuel. 2010. Desarmando el peronismo: estudios recientes sobre el período “clásico”. Nuevos Mundos, Mundos Nuevos. http:/nuevomundo.revues.org/ (Recuperado el 16 de enero de 2010).

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Facultad de Ciencias Sociales Revista de Estudios Sociales Tareas de los números temáticos El editor invitado tiene el compromiso de cumplir a cabalidad el cronograma establecido para el número correspondiente. El editor invitado es el responsable de redactar la convocatoria correspondiente al número editado. El Equipo Editorial se encarga de publicar esta convocatoria en la página web, mientras que el editor invitado debe circularla entre potenciales autores especializados en el tema (deben divulgarse también las normas de presentación y citación de la RES). Una vez se cierra la convocatoria, el editor invitado tiene la responsabilidad de sugerir posibles evaluadores (al menos dos) para cada uno de los artículos recibidos. El Equipo Editorial se encargará de contactar a los evaluadores sugeridos (enviarles los artículos y formato de evaluación), de buscar los que sean necesarios, y de centralizar la recepción de evaluaciones. Todos los artículos que se postulen para el Dossier tendrán que ser sometidos al proceso de evaluación. NO habrá excepciones. Al finalizar el proceso de evaluación, el editor invitado deberá revisar los conceptos recibidos y junto con el Equipo Editorial determinar cuáles serán definitivamente publicados, en qué sección irán y qué cambios requieren. El Equipo Editorial se encargará de enviar el concepto definitivo a cada autor (aprobado, aprobado con cambios o rechazado) y hacer seguimiento a la evolución del artículo (incorporación de cambios, revisión y ajuste de formato, corrección de estilo 1, resolución de dudas, corrección de estilo 2, revisión editorial y autorización de publicación por parte del autor). El Equipo Editorial se encargará de gestionar las traducciones pertinentes al inglés y al portugués. Paralelamente a este proceso, el editor invitado se hace responsable de conseguir los contenidos para las secciones Debate, Documentos y Lecturas. El Equipo Editorial

apoyará y supervisará igualmente la definición de los textos que se van a incluir. En el caso de la sección Otras Voces el Equipo Editorial asume la responsabilidad total de la consecución y procesamiento de los artículos. El editor invitado deberá definir el orden en el que irán los artículos incluidos en el Dossier y en las demás secciones relacionadas con el tema del número. El editor invitado tendrá que escribir la presentación del número temático (atendiendo a lo previsto en la convocatoria, a la tabla de contenido y al carácter de cada una de las secciones). El editor invitado, junto con el Equipo Editorial, deberá definir las imágenes que se incluirán en el número (portada y portadillas de secciones), y en caso de ser necesario contribuir en la gestión de las autorizaciones de uso (Las imágenes incluidas en los artículos serán responsabilidad de los autores). El editor invitado deberá revisar, junto con el Equipo Editorial, la primera versión diagramada del número. El equipo se encargará de imprimir y enviar los borradores y posteriormente centralizar los cambios y comentarios que surjan antes de enviar el número a impresión. El Equipo Editorial se encargará de enviar a los autores, evaluadores y editor invitado del número dos ejemplares de cortesía, una vez la revista esté impresa. Adicionalmente el editor invitado podrá sugerir otros envíos de cortesía. NOTA: es requisito que mínimo el 70% de los autores y evaluadores del número tengan el título de doctorado. Asimismo, por lo menos el 70% de los autores y evaluadores deben ser externos a la Universidad de los Andes.

colaboradores

La Revista de Estudios Sociales agradece la colaboración especial de las siguientes personas como árbitros de este número:

Berta Álvarez – Universidad Complutense de Madrid, España. Ana María Bejarano –University of Toronto, Canadá.

Alejandro Bernal – Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), Colombia. Alexander Betancourt – Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México. Antonio Bolívar – Universidad de Granada, España.

Michelle Butler – Queen’s University Belfast, Inglaterra. Patricia D’Allemand – University of London, Inglaterra.

Julieta Di Corleto – Universidad de San Andrés, Argentina.

Néstor Gabriel Estrella – Colegio de Postgraduados, México.

María Inés Fernández – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Carlos Ferras – Universidad de Santiago de Compostela, España. Luis Garzón – Université catholique de Louvain, Bélgica.

Fernando Groisman – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. Diana Paola Guzmán – Universidad Santo Tomás, Colombia. Alfonso Iracheta – El Colegio Mexiquense, México.

Beatriz Londoño – Universidad del Rosario, Colombia. Édgar Malagón – Universidad Nacional de Colombia. Emilio Martínez – Universidad de Murcia, España.

Wilson Alejandro Martínez – Universidad del Rosario, Colombia. Günter Mertins – Philipps-Universität Marburg, Alemania. Juny Montoya – Universidad de los Andes, Colombia. José Alberto Moreno – El Colegio de México.

Carlo Nasi – Universidad de los Andes, Colombia.

María Teresa Palacios – Universidad del Rosario, Colombia. Miguel Panadero – Universidad de Castilla, España. Javier Ramírez – Colegio de Postgraduados, México. Frank Safford – Northwestern University, EE. UU.

Jenny Marcela Sánchez – Universidad Nacional de Colombia.

Ricardo Zuluaga – Pontificia Universidad Javeriana (Cali), Colombia.

PARÁMETROS PARA LA PRESENTACIÓN DE artículos a la

La Revista de Estudios Sociales (RES) publica artículos inéditos en español, inglés o portugués que presenten resultados de investigación en ciencias sociales y reflexiones o revisiones teóricas que aporten a debates relevantes en este campo. La revista publica también reseñas y ensayos bibliográficos con orientación crítica sobre temas propios de disciplinas como antropología, historia, sociología, ciencia política, filosofía, psicología, estudios culturales. En casos excepcionales se incluyen artículos que ya han sido publicados, siempre y cuando se reconozca su pertinencia dentro de las discusiones y problemáticas abordadas en la revista, y su contribución a la consolidación del diálogo y el intercambio de ideas en los debates vigentes de la academia nacional. Para presentar un artículo a la RES, éste debe ser remitido directamente a través del formulario de envío de artículos que se encuentra en la página web http://res.uniandes.edu.co. Los artículos presentados no deben estar en proceso de evaluación ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. La recepción de un texto se acusará de inmediato y los resultados de la evaluación se informarán en un plazo máximo de seis meses. Todos los artículos serán sometidos a un proceso de arbitraje a cargo de los evaluadores pares, quienes podrán formular sugerencias al autor. Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como los de los evaluadores serán anónimos. La decisión final de publicar o rechazar los artículos es tomada por el Comité Editorial, basándose en los informes presentados por los evaluadores; esta decisión es comunicada al autor por medio de un concepto escrito emitido por el Editor de la Revista, así como a través de la base de datos que aparece en nuestra página web. Una vez efectuada la evaluación los textos no serán devueltos. Los artículos deben cumplir con los siguientes requisitos: - Estar escritos en formato Word, en letra Times New Roman tamaño 12, a doble espacio, paginado y en papel tamaño carta. - Tener márgenes de 2,5 X 2,5 X 2,5 X 2,5 cm. - Tener una extensión de entre 15 y 25 páginas, incluidos los resúmenes y las palabras clave (la bibliografía, las fotografías, los mapas, gráficos, ilustraciones y cuadros se cuentan aparte). Las notas a pie de página deben estar en Times New Roman 10 y a espacio sencillo. - Tener resumen del artículo en español, no superior a 200 palabras, y su respectiva traducción al inglés. El título del texto debe ser presentado igualmente en ambos idiomas. Es requisito que esta información esté registrada en el formulario de envío de artículos. - Tener entre 3 y 6 palabras clave que identifiquen el artículo, tanto en inglés como en español. Es requisito que ambos grupos sean incluidos en el formulario de envío de artículos. Las palabras clave deben reflejar el contenido del documento, y por ello es necesario que señalen las temáticas precisas del artículo, rescatando las áreas de conocimiento en las que se inscribe y los principales conceptos. Se recomienda revisar los términos y jerarquías establecidos en los listados bibliográficos (THESAURUS), y buscar correspondencia entre títulos, resúmenes y palabras clave. - Estar escritos en un lenguaje accesible a públicos de diferentes disciplinas. - Incluir los datos de profesión, títulos académicos, lugar de trabajo o estudio actual de cada uno de los autores, sus respectivos correos electrónicos y, en caso de que el artículo sea resultado de investigación, la información del proyecto del que hace parte (nombre, institución financiadora). Es requisito que esta información sea incluida en el formulario de envío de artículos.

- La primera vez que se use una sigla o abreviatura, ésta deberá ir entre paréntesis después de la fórmula completa; las siguientes veces se usará únicamente la sigla o abreviatura. - La Revista de Estudios Sociales utiliza el formato autor-date style del Chicago Manual of Style para presentar las citas y referencias incluidas en el artículo. Deben tenerse en cuenta los detalles de puntuación exigidos (coma, punto, dos puntos, paréntesis, etc.) y la información requerida. El listado bibliográfico debe incluir las referencias que han sido citadas dentro del texto (en una relación 1 a 1), enumeradas y en orden alfabético. ES INDISPENSABLE INCLUIR LOS NOMBRES COMPLETOS DE LOS AUTORES Y/O EDITORES EN CADA UNA DE LAS REFERENCIAS. A continuación se presentan los ejemplos que muestran las diferencias entre la forma de citar dentro del texto (T) y la forma de citar en la lista bibliográfica (B). Libro de un solo autor: T: (Abello 2003) B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los Andes – Alfaomega Colombiana. Libro de dos o tres autores: T: (Drennan, Herrera y Uribe 1989, 27) B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera y Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana. Tomo 1. Bogotá: Universidad de Pittsburgh – Universidad de los Andes. Cuatro o más autores: T: (Laumann et al. 1994) B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael y Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press. Capítulo de libro: T: (Saldarriaga 2004, 32-33) B: Saldarriaga, Lina María. 2004. Aprendizaje cooperativo. En Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas académicas, eds. Enrique Chaux, Juanita Lleras y Ana María Velásquez, 102-135. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional – Universidad de los Andes. Artículo de revista: T: (Aguilar 2008) B: Aguilar, Sandra. 2008. Alimentado a la nación: género y nutrición en México (1940-1960). Revista de Estudios Sociales 12: 101-108. En caso de que la revista tenga volumen y número, se citará de la siguiente manera: Apellido, Nombre. Año. Título. Nombre de la revista volumen, No. #: Páginas. Ejemplo: Guttman, Allen. 2003. Sport, Politics and the Engaged Historian. Journal of Contemporary History 38, No. 3: 363-375. Documentos recuperados de internet: T: (Sabo 2000) B: Sabo, Don. 2000. Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional y sensible al género. Organización Panamericana de La Salud, www.bvs-psi.org.br (Recuperado el 2 abril de 2008).

Artículo de prensa: T: (Martin 2002) B: Martin, Steve. 2002. Sports-interview Shocker. New Yorker, May 6. T: (Arango 2008) B: Arango, Rodolfo. 2008. Oposición inmadura. El Espectador, 6 de agosto. Reseña de libro: T: (Duque 2008)

GRÁFICOS: También se recomienda un uso moderado de los gráficos. La información que se presenta en los cuadros y en los gráficos no debe ser la misma. Los gráficos deben ser claros y legibles. No se aceptan gráficos en colores. Éstos deben presentarse en una hoja aparte al final del texto y deben tener el siguiente encabezado: Gráfico 1. TÍTULO DEL GRÁFICO

B: Duque, Juliana. 2008. Reseña del libro Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Tesis o disertación: T: (Amundin 1991, 22-29) B: Amundin, Mats. 1991. Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena. Disertación doctoral, Universidad de Estocolmo. Ponencias: T: (Doyle 2002) B: Doyle, Brian. 2002. Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59. Ponencia presentada en el Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Junio 19-22, en Berlin, Alemania. - Los artículos que incluyan fuentes de archivo deben presentar las referencias en notas a pie de página numeradas, de manera que faciliten al lector la identificación y el acceso a los documentos en el archivo correspondiente. Es necesario indicar: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. off. (lugar, fecha, y otros datos pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo del archivo con la abreviatura entre paréntesis y después sólo la abreviatura. Al final del texto, deben recogerse todas las referencias primarias en un listado separado del bibliográfico. Las reseñas deben cumplir con los siguientes requisitos: - Estar escritos en formato Word, en letra Times New Roman tamaño 12, paginado y en papel tamaño carta. - Tener márgenes de 2,5 X 2,5 X 2,5 X 2,5 cm. - Tener una extensión de entre 2 y 6 páginas (espacio sencillo). - Incluir datos completos del texto reseñado (autor, título, fecha, ciudad, editorial y páginas totales). Nota: En ningún caso se utiliza ni Ibid. o ibidem, ni op. cit. - Presentar los cuadros y gráficos teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: CUADROS: Se recomienda no utilizar un elevado número de cuadros. Cada cuadro debe presentarse en una hoja aparte al final del texto y debe tener el siguiente encabezado: Cuadro 1. TÍTULO DEL CUADRO La numeración de los cuadros debe ser consecutiva. Es necesario que dentro del texto se indique el lugar donde se ubica cada cuadro. Esta instrucción se presenta entre paréntesis, de la siguiente manera: {Insertar Cuadro 1 aquí}

La numeración de los gráficos debe ser consecutiva. Es necesario que dentro del texto se indique el lugar donde se ubica cada gráfico. Esta instrucción se presenta entre paréntesis, de la siguiente manera: {Insertar Gráfico 1 aquí} ES REQUISITO QUE LOS ARTÍCULOS ENVIADos CUMPLAN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA REVISTA PARA SU PRESENTACIÓN. Indicaciones para los autores cuyos artículos son aceptados para publicación en la Revista de Estudios Sociales: - Cada autor recibirá 2 ejemplares de cortesía de la Revista de Estudios Sociales. - Los autores y/ o titulares de los artículos aceptados autorizan la utilización de los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación pública, transformación y distribución) a la Universidad de los Andes/ Facultad de Ciencias Sociales, para incluir su escrito o artículo en la Revista de Estudios Sociales (versión impresa y versión electrónica).

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The Revista de Estudios Sociales (RES) publishes unpublished articles in Spanish, English and Portuguese which present research results in the social sciences and theoretical reflections and reviews which contribute to relevant debates in this field. The journal also publishes critically oriented bibliographic reviews and essays on themes appropriate to disciplines such as anthropology, history, sociology, political science, philosophy, psychology and cultural studies. In exceptional cases articles are included which have already been published, always and when their relevance is demonstrated within the discussions and questions addressed in the journal and they contribute to the consolidation of the dialogue and the exchange of ideas in the current debates of the national academy. In order to submit an article to the RES, it should be sent directly by way of the form for sending articles which is found at the web page http://res.uniandes.edu.co. The articles submitted should not be in the process of being evaluated nor have publishing commitments with any other publication. Receipt of a text will be acknowledged immediately, and the results of the evaluation will be made known in a period of a maximum of six months. All the articles will be submitted to a process of arbitration with peer evaluators being in charge who can make suggestions to the author. During the evaluation, the names of the authors as well as those of the evaluators will be anonymous. The final decision of publishing or rejecting the articles is made by the Editorial Committee, based on the reports presented by the evaluators. This decision is communicated to the author by way of a written account sent by the Editor of the RES, as well as through the data base which appears on our web page.Una vez efectuada la evaluación los textos no serán devueltos. Once the evaluation has been completed, the texts will not be returned. The articles should meet the following requirements: - Be written in Word format, in Times New Roman font Size 12, double-spaced, paginated and in letter-size paper. - Have margins of 2.5 X 2.5 X 2.5 X 2.5. cm. - Have a length of between 15 and 25 pages, including summaries and key words (the bibliography, photographs, maps, graphs, illustrations and tables are counted separately). The footnotes should be in Times New Roman 10 and single-spaced. - Have a summary of the article in Spanish, of no more than 200 words, and its corresponding translation into English. The title of the text should be similarly presented in both languages. It is required that this information be registered on the form for the sending of articles. - Have between 3 and 6 key words which identify the article, in English as well as in Spanish. It is necessary that both groups be included in the form for sending articles. The key words should reflect the contents of the document and it is therefore necessary that they point out the precise themes of the article, covering the areas of knowledge in which they fall and the principle concepts. It is recommended that the terms and hierarchies in the bibliographical lists (THESAURUS) be reviewed and correspondence between titles, summaries and key words be sought. - Be written in language accessible to audiences from different disciplines. - Include professional information, academic titles, and current place of work or study of each one of the authors, their respective email addresses and, in the event that the article is the results of research, information about the project of which it is a part (name, funding information). It is necessary that this information be included in the form for the sending of articles.

- The first time an acronym or abbreviation is used it should go between parentheses after the complete expression. Subsequent times only the acronym or abbreviation will be used. - The “Revista de Estudios Sociales” uses the Chicago Manual of Style authordate style for presenting citations and references included in the article. The required punctuation details (comma, period, colon, parentheses, etc.) and the required information should be observed. The bibliographical list should include the references which have been cited in the text (in a 1 to 1 relationship), enumerated and in alphabetical order. IT IS ESSENTIAL THAT THE COMPLETE NAMES OF THE AUTHORS AND/OR EDITORS BE INCLUDED IN EACH ONE OF THE REFERENCES.

Examples are presented below which show the differences between the form of citation within the text (T) and the form of citation in the bibliographical list (B). Book by a single author: T: (Abello 2003) B: Abello, Ignacio. 2003. Violencias y culturas. Bogotá: Universidad de los Andes – Alfaomega Colombiana. Book by two or three authors: T: (Drennan, H 89, 27) B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera and Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana [Tomo 1]. Bogotá: Pittsburgh University – Universidad de los Andes. Four or more authors: T: (Laumann et al. 1994) B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael and Stuart Michaels. 1994. The Social Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of Chicago Press. Book Chapter: T: ((Saldarriaga 2004, 32-33) B: Saldarriaga, Lina Maria. 2004. Aprendizaje cooperativo. En Competencias ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta integral para todas las áreas académicas, eds. Enrique Chaux, Juanita Lleras and Ana María Velásquez, 102-135. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional – Universidad de los Andes. Journal article: T: (Aguilar 2008) B: Aguilar, Sandra. 2008. Alimentado a la nación: género y nutrición en México (1940-1960). Revista de Estudios Sociales 12: 101-108. If the journal has a volume and number, it will be cited in the following manner: Last Name, First Name, Title. Name of the journal volume, No.#: Pages. For example: Guttman, Allen. 2003. Sport, Politics and the Engaged Historian. Journal of Contemporary History 38, No. 3: 363-375. Documents downloaded from the Internet: T: (Sabo 2000) B: Sabo, Don. 2000. Comprender la salud de los hombres: un enfoque relacional y sensible al género. Organización Panamericana de La Salud, www.bvs-psi.org.br (Recuperado el 2 abril de 2008).

Press Article: T: (Martin 2002) B: Martin, Steve. 2002. Sports-interview Shocker. New Yorker, May 6. T: (Arango 2008) B: Arango, Rodolfo. 2008. Oposición inmadura. El Espectador, 6 de agosto. Book review: T: (Duque 2008) B: Duque, Juliana. 2008. Reseña del libro Alimentación, género y pobreza en los Andes ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178. Thesis or dissertation: T: (Amundin 1991, 22-29) B: Amundin, Mats. 1991. Click Repetition Rate Patterns in Communicative Sounds from the Harbour Porpoise, Phocoena phocoena. Doctoral dissertation, University of Stockholm. Presentations: T: (Doyle 2002) B: Doyle, Brian. 2002. Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm 59. Paper presented at the Annual International Meeting for the Society of Biblical Literature, Junio19-22, in Berlin, Germany. - Articles which include source files should present the references in numbered footnotes, in such a way that will facilitate the reader’s identification and access to the documents in the corresponding file. It is necessary to indicate: Abbreviation of the file, Section, Source, vol./leg.’t., f. off. (place, date and other relevant information). The first time the complete name of the file is cited with abbreviation between parentheses and subsequently just the abbreviation. At the end of the text, all the primary references should be gathered in a list separate from the bibliography.

GRAPHS: A moderate use of graphs is also recommended. The information presented in the tables and in the graphs should not be the same. The graphs should be clear and legible. Graphs in colors are not acceptable. These should be presented on a separate page at the end of the text and they should have the following heading: Graph 1. TITLE OF GRAPH The numbering of the graph should be consecutive. It is necessary to indicate within the text the place where each graph is located. This instruction is placed between parentheses, in the following manner: {Insert Graph 1 here} IT IS REQUIRED THAT THE ARTICLES SENT COMPLY WITH THE ESTABLISHED PARAMETERS FOR THE journal FOR THEIR SUBMISSION Directions for authors whose articles are accepted for publication in the “Revista de Estudios Sociales”: - Each author will receive 2 courtesy copies of the Revista de Estudios Sociales. - The authors and/or holders of the accepted articles authorize the use of author’s rights (reproduction, public communication, transformation and distribution) to the Universidad de los Andes/Social Sciences faculty, for the inclusion of their writing or article in the Revista de Estudios Sociales (print version and electronic version).

Reviews should meet the following requirements: - Be written in Word format, in Times New Roman 12, paginated and in letter-size paper. - Margins of 2.5 X 2.5 X 2.5 X 2.5 cm. - Length of between 2 and 6 pages (single-spaced). - Include complete information about the reviewed text (author, title, date, city, publisher and total pages). Note: In no case should Ibid, ibidem or op. cit. be used. - Present tables and graphics with the following directions in mind: TABLES: It is recommended not to use a large number of tables. Each table should be presented on a separate page at the end of the text and it should have the following heading: Table 1. TITLE OF TABLE The numbering of the tables should be consecutive. It is necessary to indicate within the text the place where each table is located. This instruction is placed between parentheses, in the following manner: {Insert Table 1 here}

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Acuarela de Martha Herrera, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes.