Un sendero viable hacia la legalización by s.sofía

Título del Artículo: Un sendero viable hacia la legalización: Un programa de reforma para la política de drogas en Guatemala Autores: Fernández Luiña, E. y Haering Keenan, D.

∗

Resumen: El presente informe describe y muestra la política de drogas existente en la República de Guatemala. Al mismo tiempo el texto despliega un proyecto de política pública para caminar hacia la progresiva legalización de las drogas y con ello contribuir a mejorar tanto la seguridad individual-personal como las políticas relacionadas con el ámbito sectorial de la salud pública. El documento de trabajo desarrolla un marco teórico asociado con la disciplina de políticas públicas y de una forma sencilla y resumida presenta al lector un análisis de antecedentes, un proyecto de formulación y un sendero viable para implementar la reforma necesaria y con ello modificar la política y la legislación existente sobre drogas en el Estado guatemalteco. Las conclusiones del escrito pretenden mostrar que en estos momentos la despenalización y la legalización progresiva de las drogas blandas sería una medida positiva que contribuiría a la mejora de la situación país, y a la eficiencia y eficacia del Estado a la hora de enfrentar los problemas exógenos y endógenos que genera el tráfico de sustancias ilícitas.

El artículo ha sido realizado gracias a la cooperación y trabajo de estudiantes del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI) de la Universidad Francisco Marroquín. ∗

Introducción: Al inicio de su legislatura el Presidente de la República de Guatemala, Otto Pérez Molina, invitó a los distintos líderes centroamericanos y sudamericanos a generar un espacio de diálogo con el fin de discutir posibles vías para legalizar las drogas y así hacer frente a la difícil situación que sufre la República de Guatemala en particular y otros países latinoamericanos en general en relación al tráfico de drogas. El mensaje tuvo repercusión internacional cuando el diario británico The Guardian publicó un artículo titulado “Guatemala´s President: My country bears the scars from the war on drugs” el 19 de enero de 2013. Ha pasado casi un año desde el primer ofrecimiento y parece que la política sobre drogas y su potencial legalización ha retrocedido a un segundo plano. Con el paso del tiempo y debido a la presión internacional y al rechazo que la propuesta tuvo por parte de los socios iberoamericanos el tema ha sido abandonado (Calderón, 2012) pero no ha dejado de perder importancia como una necesidad que, inevitablemente, debe ser encarada desde distintos organismos de la sociedad civil. Es por ello que a mediados del año 2012, el Centro de Investigación Internacional Ibn Khaldun, perteneciente al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (EPRI) de la Universidad Francisco Marroquín llevó a cabo un proyecto de investigación con el fin de analizar las luces y sombras de la actual política sobre drogas existente en Guatemala. Al mismo tiempo, el proyecto deseaba desarrollar un análisis que pudiese proponer un sendero posible para lograr una despenalización parcial y una legalización progresiva de las sustancias ilícitas en este pequeño y convulso país centroamericano (Trujillo & Fernández, 2010). Utilizando un enfoque de políticas y gracias a un equipo de investigación interdisciplinario compuesto por politólogos, economistas y abogados, el Centro Ibn Khaldun edificó un proceso investigativo con unas fases delimitadas y un objetivo claramente definido: Estudiar los antecedentes y describir los elementos fundamentales de la política sobre drogas existente en la actualidad. De la mano de lo anterior se observó y mapeó a los principales actores sociales que de alguna forma intervienen activamente en la vida política del país. Fruto de dicha observación el equipo de investigación pudo obtener la información necesaria para catalogar la opinión de estos actores respecto a las drogas y con ello proponer un modelo de legalización que satisficiese parcialmente1 (Dahl, 2007) los intereses de todos los actores involucrados en el proceso. 1 En políticas públicas no quedan satisfechos plenamente todos los intereses. Generalmente los resultados producen decisiones sub-óptimas que hacen que todos los actores queden parcialmente satisfechos y parcialmente insatisfechos. Dichos resultados sub-óptimos son el resultado normal de un juego de poder en el cual están involucrados un gran número de actores con cierta capacidad de influencia en la toma de decisiones.

Podríamos señalar que el proyecto final ha sido erigido sobre dos pilares: De un lado el eje académico, que consistió en una revisión de la literatura existente en políticas públicas para definir adecuadamente nuestro marco analítico. De otro lado, el compromiso con la preocupante situación de Guatemala. El proyecto desarrolla el proceso de investigación para proponer una política pública viable que alivie la difícil situación que Guatemala está pasando en estos momentos (Mául, 2012) y que sea capaz de responder a la invitación propuesta por el presidente Otto Pérez Molina. La línea argumental en la primera parte del artículo está delimitada de la siguiente manera: El texto mostrará el problema que el narcotráfico representa para esta pequeña república centroamericana. Una vez finalizado tanto el análisis de situación se desarrolla un mapeo de los principales actores públicos y privados que tienen algo que decir sobre el tema de las drogas. Este apartado pretende revelar las opiniones –refinadas o no- de distintos actores sociales frente a una potencial legalización de las drogas. Posteriormente, el texto abre la puerta a un segundo apartado dedicado a la formulación de una política pública que haga frente a la batería de problemas presentados anteriormente. El apartado desarrolla una estrategia “viable” para llevar a buen puerto la intervención oficial. Además, y siempre comprometidos con la viabilidad y la gradualidad del proceso, el trabajo presenta una lista de instituciones y grupos sociales necesarios en el proceso de formulación e implementación de dicha política pública. Por último se propone un análisis de alternativas pues el modelo pretende estar abierto al diálogo y a la constante mejora. El texto finaliza con un apartado dedicado a las conclusiones a manera de recapitulación. 1.

Antecedentes y definición del problema: ¿Responde el Gobierno

guatemalteco al problema de la droga? 1.1.

La disciplina de políticas públicas

La disciplina de políticas públicas representa un innovador y joven campo de estudio. Nacida en los años 60’ el profesor Bastos Boubeta señala que tiene como rasgos conformadores su perspectiva multidisciplinar, su orientación al problema y su voluntad normativa (Bastos Boubeta, 2001, p. 14). Por lo tanto parece que el uso de un enfoque de políticas públicas es necesario y adecuado a la hora de analizar la política existente sobre drogas en

Guatemala. El enfoque es fundamental cuando se pretende proponer un modelo viable para modificar dicha política y caminar hacia una intervención más flexible que dé valor a la descriminalización en un primer momento y a la legalización parcial en un segundo escenario. Siempre con el ansia de aclarar al lector cada uno de los aspectos de este proceso de investigación, el escrito comienza este apartado definiendo qué es una política pública. Es ahí donde tenemos un primer problema pues la literatura es amplia y variada y las definiciones existentes van de la idealización a la concreción más discriminante viajando a lo largo de una escala de abstracción (Sartori, 1970) que responde a los objetivos de los investigadores que trabajan en este campo. La profesora Gloria Regonini, otra reconocida especialista en el campo de las políticas públicas, señala que “el estudio de las políticas públicas se caracteriza por una curiosa anomalía: los investigadores se hallan divididos no sólo por las metodologías, sino también por la propia definición del objeto de estudio” (Regonini, 2000, p. 59). Autores como el profesor y consultor mexicano-colombiano Carlos Salazar Vargas señalan que se pueden identificar más de diez definiciones de política pública (Salazar Vargas, 2010, pp. 23-24). Lo anterior provoca que antes de llevar a cabo una formulación o una evaluación debemos poseer una definición clara y adecuada a los objetivos de la investigación. El profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta señala que uno de los constructos teóricos más aceptados a nivel global es el de Elau y Prewitt y por ello el académico gallego señala que: “Una definición aceptable, citada en numerosos textos, definiría a la política pública (policy) como una decisión formal caracterizada por una conducta o actuación consistente y repetida por parte de aquellos que la llevan a cabo y por parte de aquellos que resultan afectados por la misma” (Bastos Boubeta, 2001, p. 15). Nuestro proyecto de investigación añadirá al trabajo de Elau y Prewitt la contribución de Frohock que entiende la política pública como “Una práctica social (…) ocasionada por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas” (Salazar Vargas C. , 2011, p. 24). La fusión de ambas conceptualizaciones da sentido a nuestra definición de políticas públicas. Cuando nosotros hablamos de una política pública sobre drogas pensamos en una práctica repetida por las autoridades que la ejecutan y por la ciudadanía que se ve afectada por la misma, para dar respuesta a una necesidad –normativa, sentida, expresada o comparativa (Bastos Boubeta, 2001, p. 28)- existente en la sociedad.

1.2 El problema del narcotráfico en Guatemala Guatemala es desde hace más de una década uno de los países preferidos por los capos de la droga para el tránsito de cocaína y heroína desde Sudamérica a Estados Unidos y Europa. Ingentes cantidades de estas sustancias ilícitas son transportadas tanto por vía aérea, como por rutas terrestres o marítimas. El Gobierno de la República ha mostrado históricamente una alta sensibilidad ante este problema. De hecho la primera acción guatemalteca contra el tráfico ilícito de sustancias ilegales se produce en 1938, cuando Guatemala aprueba la Convención promovida por Estados Unidos en 1936 para la represión del tráfico ilícito de drogas nocivas (Villalta Martínez, 2011, p. 23). El Decreto Legislativo número 2278 con fecha del 29 de marzo de 1937 genera un sistema de medidas “destinadas a reprimir las infracciones a las disposiciones de la convención internacional del opio y la convención para limitar la fabricación y poder reglamentar la distribución de estupefaciente” (Villalta Martínez, 2011, p. 23). Posteriormente, el Estado guatemalteco ratificó una serie de tratados para de una forma u otra continuar la lucha contra la narcoactividad 2 . Una tesis interesante en ese sentido es la realizada por la Licenciada Silvia Lucrecia 2 El trabajo de Silvia Lucrecia Villalta destaca: Convención única sobre estupefacientes. Suscrita en Nueva York, el 30 de marzo de 1961 y aprobada por Decreto Número 1585 del Congreso de la República de Guatemala con fecha 27 de marzo de 1963. Ratificada con fecha 11 de octubre de 1967; Convención única sobre estupefacientes. Enmendada por el protocolo de 1972 y suscrita el 25 de marzo de 1972. Aprobada por el Decreto número 76-75 del Congreso de la República de Guatemala con fecha 23 de octubre de 1975. Ratificada con fecha 4 de noviembre de 1975; Convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971. Suscrito el 21 de febrero de 1971. Aprobado por los Decretos número 90-97, 98-97, 99-97 y 100-97 del Congreso de la República de Guatemala; Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988. Suscrita el 20 de diciembre de 1988, aprobada por el Decreto número 69-90 del Congreso de la República de Guatemala y ratificada el 27 de diciembre de 1990; Ratificación del gobierno de Guatemala del acuerdo entre los gobiernos de Guatemala y Venezuela sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Fecha 29 de agosto de 1991; Acuerdo entre Guatemala y Estados Unidos Mexicanos sobre cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia. Suscrito con fecha de 18 de agosto de 1989, aprobado por le Decreto número 237-91 del Congreso de la República de Guatemala. Ratificado el 30 de abril de 1991; Convenio sobre prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas entre los gobiernos de Guatemala y Argentina. Suscrito con fecha 3 de junio de 1992; Convenio entre Guatemala y Ecuador sobre la cooperación para combatir el narcotráfico y la farmacodependencia. Suscrito con fecha de 2 de agosto de 1990 y ratificado con fecha de 18 de agosto de 1992; Convenio constitutivo de la comisión centroamericana para la erradicación de la producción, tráfico, consumo y uso ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. Suscrito con fecha de 29 de octubre de 1993.

Villalta Martínez titulada “Importancia del análisis científico en delito de narcoactividad” (2011). Todo lo anterior presenta tanto la sensibilidad como el compromiso formal que el Estado guatemalteco ha desarrollado durante la segunda mitad del siglo XX para enfrentar el problema del tráfico de sustancias ilícitas a través del país. Inevitablemente y debido a su posición geográfica Centroamérica y el Caribe todavía siguen siendo regiones estratégicas para el tránsito y en la actualidad se estima que entre 300 y 350 toneladas de cocaína con destino a los Estados Unidos pasan por la región centroamericana y caribeña (El Universal, 2011). Desde la presidencia de Alfonso Portillo en el período legislativo (20002004) el Estado ha participado de una forma u otra en distintos procesos de incautación de sustancias ilícitas –principalmente cocaína-. Como decíamos en líneas anteriores y según fuentes de Estados Unidos las incautaciones fluctúan entre el 1 y el 3% de la cantidad total que transita por territorio guatemalteco rumbo al norte (Insight Crime. Crimen Organizado en las Américas). Respecto a las familias protagónicas mostramos las palabras de Steven Dudley que señala: “In Guatemala, three traditional families have reportedly long dominated the transport business: the Mendozas, Lorenzanas and Leones. The Mendozas concentrate on the Petén province, the Lorenzanas in the central highlands and along the eastern border near Honduras, and the Leones in Zacapa province, along the Honduran border. On the western edge of the country, a trafficker identified as Juan Alberto Ortiz Lopez is believed to control the critically important San Marcos province, along the Mexican border and the Pacific coast. A smattering of smaller groups operate along the Pacific Coast and central highlands, including several that are operated by Otoniel Turcios and Hearst Walter Overdick, both of whom appear on the DEA’s shortlist of the country’s top traffickers.13” (Dudley, 2010, p. 8). Además de los clanes expuestos anteriormente deberíamos señalar las acciones de narcotraficantes como Juan Alberto Ortiz López, con presencia en San Marcos, Otoniel Turcios y Walter Overdick, detenido por las fuerzas estadounidenses en el territorio guatemalteco y en los últimos años la peligrosa presencia de los ZETAS y el cartel de Sinaloa (Insight Crime. Crimen Organizado en las Américas). Sin lugar a dudas parece claro que el narcotráfico potencia el problema de alcance (Deutsch, 1998) que sufre el Estado guatemalteco. De hecho el narcotráfico favorece el mismo generando un vacío institucional que puede

producir situaciones de extrema violencia en algunas partes del país. Durante los próximos subapartados analizaremos tanto la relación entre violencia y narcotráfico como el problema de salud pública que el consumo de drogas puede generar. Ambos argumentos, el de salud pública y el relacionado con la violencia, son clásicos a la hora de hablar sobre la política de drogas. Para muchos salud, violencia y narcotráfico se encuentran íntimamente relacionados. 1.3. Violencia y narcotráfico en Guatemala Parece que la ciudadanía guatemalteca y gran parte de sus élites considera que existe una correlación entre violencia y narcotráfico. Es decir, que más narcotráfico genera más violencia. Eso es algo que se puede ver en informes como “Guatemala: Narcotráfico y violencia” (2011). Un texto que señala que: “De los 5.960 asesinatos cometidos en el país en 2010, 41 por ciento ocurrieron en el departamento de Guatemala, la región más urbanizada del país, donde los mayores responsables son las pandillas y la delincuencia común. Pero la geografía de los asesinatos fuera de la capital indica que los narcotraficantes, cuyas actividades incluyen también la trata de personas, la extorsión y el secuestro, están detrás de la violencia” (International Crisis Group, 2011, p. 7). El informe de esta organización continuaba: “En un estudio de 2010 sobre la delincuencia en Centroamérica, el Banco Mundial concluyó que la causa principal de la violencia en la región era el narcotráfico, incluso más que otros factores como la prevalencia de pandillas juveniles, la disponibilidad de armas de fuego y el legado de conflictos anteriores” (International Crisis Group, 2011, p. 7). El PNUD en la misma línea informaba: “La distribución y los cambios en esta distribución de la violencia homicida después del Acuerdo de Paz evidencian una mayor concentración en el departamento de Guatemala –la mayor área urbana del país– y en zonas fronterizas, lo cual se puede relacionar con manifestaciones de la violencia características del periodo de posconflicto, como las maras y la violencia relacionada con el narcotráfico, manifestaciones sobre las cuales se profundizará posteriormente” (Geneva Declaration, 2011, p. 80). El equipo de investigación durante el proceso de redacción y estudio de la propuesta reflexionó sobre la legitimidad de dichos argumentos y concluyó que, a pesar de que instituciones como el Banco Mundial o las Naciones Unidas

señalan que hay una correlación entre violencia y narcotráfico, no existe evidencia empírica suficiente que ratifique dichas cifras. El equipo cruzó diversas fuentes de información y observó tanto las números de muertos por cada cien mil habitantes existentes en el país como un mapa de rutas del narcotráfico y otro que enseña con toda claridad los grupos dedicados al crimen organizado en el espacio territorial guatemalteco. Los departamentos con más homicidios por cada cien mil habitantes son Zacapa, Escuintla, Santa Rosa, Chiquimula, Guatemala, Jutiapa e Izabal (Plaza Pública, 2012). El mapa 1 presenta información complementaria. En el mismo se muestran las principales rutas que posee el narcotráfico a su paso por Guatemala. Mapa 1.

Fuente: (International Crisis Group, 2011, p. 26)

Aunque el mapa citado posee numerosas imperfecciones, el material gráfico muestra con claridad que la ruta principal por la que transita el narcotráfico se sitúa al noreste y noroeste del país. Sin embargo las zonas más violentas se encuentran en la frontera este del país –la zona fronteriza con

Honduras y El Salvador- y el centro. Además de todo lo anterior recordamos que el narcotráfico posee rutas conocidas a nivel marítimo y también aéreo que sirven de complemento –o como rutas principales, es algo que desconocemospara el trasiego de sustancias ilícitas. La conclusión a la que llega el equipo es: el vacío institucional que existe en la periferia guatemalteca (Espach, Melendez, Haering, & Castillo, 2011) y la presencia de estas organizaciones dedicadas al crimen organizado contribuyen en un cierto porcentaje –realmente desconocido- a los datos de violencia existentes en el país. El narcotráfico representa un problema. Es un ingrediente y un agravante más a la situación de violencia que sufre el país. Pero, siempre abiertos al debate y con gran escepticismo el equipo de investigación no cree que el fenómeno de la narcoactividad sea la razón que explica el gran número de homicidios que se producen anualmente en Guatemala. 1.4. Salud pública y narcotráfico: ¿existe en Guatemala un problema de drogas? La droga ha sido tratada por la mayoría de los estados como un problema de salud pública. Este particular análisis sobre el problema de la droga ha motivado políticas de prevención y contra la drogodependencia en un gran número de países a nivel global. Las fórmulas para la prevención de la drogadicción se desarrollan a lo largo de un amplio abanico que va desde políticas educativas que hacen hincapié en la educación y la abstención a la hora de probar la droga, pasando por actuaciones relacionadas con la seguridad para dificultar la entrada de sustancias ilícitas en el mercado –nunca son exitosas-, hasta dinámicas más políticamente incorrectas y problemáticas desde el punto de vista social como la creación de narcosalas (Trias, 2005) o el suministro de sucedáneos para, progresivamente, ir reduciendo el consumo de la sustancia letal –destaca el Europa el suministro de metadona a los adictos a la heroína3-. ¿Qué política existe en Guatemala? El Presidente de la República, Otto Pérez Molina “propuso desde un principio que el narcotráfico se enfrente como un problema de salud pública y ya no como uno de justicia penal, esto como parte de su invitación de buscar nuevas estrategias para combatir ese flagelo” (García, 2012). 3 Interesante

en ese sentido los trabajos desarrollados por el grupo MEHIB compuesto por profesionales de Alemania, Inglaterra y España. Véase http://www.easp.es/mehib/web/esp/quienesSomos.htm

La apuesta ha sido a favor de la prevención. En Guatemala no se ha dado importancia al suministro de sucedáneos a los drogadictos o a la implementación de medidas más agresivas. El actual gobierno sigue confiando en la acción de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. El organismo cuenta para el ejercicio 2013 con un presupuesto de 5 millones de Quetzales (Gobierno de Guatemala). La realidad parece mostrar que la droga representa un problema para las y los ciudadanos guatemaltecos. Los jóvenes no muestran altos consumos ni de cocaína ni de heroína –pero sí se percibe un ascenso en el consumo de heroína. Las drogas más utilizadas por la población guatemalteca son: El alcohol, el tabaco y la marihuana (García, 2012). El grupo de edad en situación de riesgo son los jóvenes comprendidos entre los 19 y los 25 años (Instituto Nacional de Estadística, 2011, p. 89). Las cifras indican que el 49% de los jóvenes guatemaltecos ha consumido alguna vez marihuana y las Naciones Unidas señalas que el consumo de cocaína ha ido en aumento en el país (García, 2012). A pesar de que Guatemala no tiene un verdadero problema con la cocaína y con la heroína, la juventud sí está en situación de riesgo frente a la marihuana. ¿Podría ser la legalización de esta droga un primer camino para minimizar el impacto que esta sustancia tiene en los jóvenes? Obviamente la legalización mejoraría la calidad y haría que los precios se redujesen progresivamente. Además el Estado encontraría un nuevo mecanismo de financiación gracias a los impuestos que irían asociados al nuevo producto. Como conclusión podríamos afirmar que, de una forma u otra, la salud pública y la seguridad siguen siendo las dos principales razones a la hora de diseñar una política pública en relación a las drogas.

1.6. Mapeo de actores: ¿Qué piensan los principales organismos e instituciones de la sociedad civil sobre la droga y su posible legalización? El mapeo de actores es un proceso fundamental a la hora de formular y proponer un nuevo modelo de política pública. Se necesitan conocer los intereses y los principales objetivos de los distintos grupos que participan en la vida política del país. Nuestro proyecto de investigación diseñó un mapeo de actores endógenos –importantes para la vida política del país y potencialmente

interesados en desarrollar acciones frente a la droga- y un mapeo exógeno –de actores internacionales que influyen en la vida cotidiana del país y en su toma de decisiones-. El proceso de investigación se desarrolló con luces y sombras. Una de las primeras conclusiones a las que podemos llegar es que el tema de la droga y su potencial legalización no forma parte de la agenda que poseen las principales organizaciones con capacidad de influencia en el espacio político guatemalteco. La tabla número 1 recoge las organizaciones que de un lado y otro han sido analizadas para la realización del estudio.

Tabla 1. MAPEO DE ACTORES Organizaciones Privadas y Think Tanks

Administración Pública

FUNDESA ASIES Asociación de Jueces y Magistrados Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala Iglesia Católica Movimiento Pro Justicia FLACSO4 Presidencia de la Red Ciudadana República CACIF5 Vicepresidencia de la 6 CUC República Movimiento Cívico Secretaría Ejecutiva de la Nacional Comisión Contra las 7 USAC Adicciones y el Tráfico Comunidades de Ilícito de Drogas Población en Resistencia Policía Nacional Civil C.P.R. Urbana Ministerio de Salud Coordinadora Nacional Organismo Judicial de Organizaciones Campesinas Madres Angustiadas Jóvenes por Guatemala Un Joven más CICIG8 Jóvenes Contra la Violencia Alianza Evangélica Juvenil Pastoral Juvenil Arquidiocesana Fuente: Elaboración propia

Diplomacia y Acción Exterior

Embajada de México Embajada de Estados Unidos Embajada de Colombia Embajada de Panamá Embajada de Honduras Embajada de El Salvador Naciones Unidas Organización de Estados Americanos The Global Comission on Drug Policy Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia

4 Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 5

Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Comité de Unidad Campesina. 7 Universidad de San Carlos de Guatemala. 8 Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 6

Como se puede observar el equipo de investigación analizó la opinión de 20 organizaciones privadas, 6 instituciones públicas y 10 organizaciones diplomáticas e internacionales. En total 36 actores que de una forma u otra podrían tener una opinión más o menos definida alrededor de la posible legalización de las drogas en Guatemala. A continuación se presenta una tabla 2 con el fin de ubicar a cada una de las 36 organizaciones estudiadas. Como se puede comprobar las columnas van desde la prohibición total –básicamente defender el status quo- a la legalización total de las drogas. La idea es mostrar visualmente al lector donde encaja cada una de estas organizaciones para saber con certeza que posición defienden ante una eventual política pública de legalización de drogas. Es necesario saber quién estaría a favor y en contra de la nueva propuesta de política pública sobre drogas. Como se puede comprobar el gráfico 1 muestra el compromiso de cada una de las organizaciones analizadas. Para hacer más clara la comprensión de dicha tabla se han asignado colores a los distintos grupos: Azul a las organizaciones privadas y a los think tanks, verde a los actores pertenecientes a la Administración Pública, corinto a los actores internacionales y a los distintos servicios diplomáticos que operan en el país.

Tabla 2. POSICIONAMIENTO DE ACTORES RESPECTO A LAS DROGAS Prohibición

Abierto a la Discusión

Defensa de la Defensa de la Descriminalización Legalización y Legalización Total Parcial

No posee opinión Asociación de Jueces y

Madres

Magistrados

Angustiadas

Colegio de Abogados y

Jóvenes por

Notarios de Guatemala

Guatemala Alianza

FUNDESA

Evangélica

Iglesia Católica

MCN

Movimiento Pro Justicia

USAC

ASIES

FLACSO

CICIG

Juvenil

Red Ciudadana

Pastorla

CACIF

Juvenil

Un joven Más

Arquidiocesana

Jóvenes Contra la Violencia Poder Ejecutivo

Secretaría Ejecutiva de la

Ministerio de

Comisión Contra las

Asuntos

Adicciones y el Tráfico

Exteriores

Ilícito de Drogas

Estados Unidos

México

The Global

UNICEF

Panamá

Colombia

Comission

Comisión

Honduras

Costa Rica

On Drug

Latinoamericana sobre

El Salvador

OEA

Policy

Drogas y Democracia

ONU

Fuente: Elaboración propia

Como se puede comprobar, de los 36 grupos analizados 13 no tienen una postura definida frente a las drogas, 1 está a favor de la legalización total, 5 defienden medidas relacionadas con la descriminalización y legalización parcial de algunas sustancias, 6 están abiertos a la discusión y 9 están a favor de la prohibición y en contra de cualquier canal de diálogo y debate. En base a esta información parece interesante proponer una alternativa que genere un sendero por el cual discurrir porque el mapeo muestra que, a pesar de la gravedad del problema, la mayoría de las organizaciones analizadas no tienen una postura definida y están abiertas al debate. Es por ello que la necesidad de una propuesta es si cabe más necesaria que nunca. 2. Un sendero viable: Un nuevo proyecto para reformular la política sobre drogas en Guatemala 2.1. Experiencias de legalización El problema a la hora de juzgar la posible eficiencia de una política de legalización es que contamos con muy pocos casos que nos aporten data relevante (Anderson, 2012). Las experiencias en Holanda, Portugal o Suiza son, por muchas razones, parciales y difícilmente trasladables a Guatemala. Hablamos de países con niveles de renta muy superiores al nuestro y con fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado altamente eficientes. También pertenecen a una parte de la cadena del negocio de narcotráfico distinta a las naciones centroamericanas y es lógico que la formulación del problema sea distinta. El crimen organizado dedicado a la venta de estupefacientes no genera tasas altas de violencia y las prioridades de política pública son fácilmente identificadas como pertenecientes al ámbito sectorial de salud. Además de lo anterior deberíamos hablar de pluralidad. El ejemplo europeo muestra casos de descriminalización y casos en los que el proceso de legalización se convierte en una realidad (Gatto, 1991). En otro orden de cosas, establecer métodos predictivos es una tarea compleja y poco fructífera. El análisis de costo beneficio tiene todo tipo de problemas (Landsburg, 1993) pues los modelos que la literatura sobre el tema utiliza son altamente especulativos9. 9 Jeffrey

Miron por ejemplo dice en una reciente entrevista: Si legalizase las drogas, Estados Unidos podría ahorrar entre 85.000 y 90.000 millones de dólares al año. En torno a la mitad de eso se gasta en las actuales políticas antidrogas y la mitad de eso se pierde en impuestos con los que el Estado podría gravar drogas legales (EL PAIS, 2013). El problema es que los datos están basados en proyecciones que es imposible predecir. No sabemos si la gente consumirá

La realidad es que no poseemos fundamento para poder predecir qué consecuencias tendría una virtual legalización. Las limitaciones que nos encontramos en el caso particular de nuestro país incluyen que nunca en el lugar que ocupamos en el negocio se han legalizado las drogas. Jamás, al tiempo, ha habido políticas de legalización de la cocaína y otras drogas duras. Incluso el caso de Holanda es relativamente conservador en este aspecto (Anderson, 2012, pp. 8-11). De cualquier manera esto no es impedimento para que propongamos un camino de liberalización y un cambio en la estrategia que el Estado guatemalteco debe desarrollar a la hora de enfrentar el problema de las drogas. Los procesos mencionados, pese a no ser perfectos, presentan evidencias que sustentan esta política pública. Las siguientes lecciones compartidas por todas las experiencias que tenemos hacen que nos mostremos optimistas a la hora de ensayar y proponer un pasaje hacia la legalización: -‐

-‐

Todas suponen una redefinición del problema de las drogas, un rumbo nuevo que puede ser evaluado. Los que diseñaron la reforma en Holanda en los años setenta no poseían información fidedigna pero eso no disminuye el éxito que el camino ensayado en los Países Bajos supuso. Guatemala tiene la oportunidad –a pesar del rechazo de sus socios más cercanos- de trazar una ruta para los países latinoamericanos que tienen problemas parecidos y liderar a la región en este campo tan polémico y costoso. La legalización no genera un aumento significativo del consumo10 . La demanda de las drogas no se ve excesivamente modificada con la legalización. El grupo de consumidores adictos que absorben la mayor parte del mercado consumen al margen de la legalidad o ilegalidad. El ciudadano medio no se vuelve loco con la accesibilidad. Esto puede verse cuando se estudian las drogas legales: el tabaco y el alcohol. No todos somos fumadores y no todos somos alcohólicos. La legalización no genera un aumento de la violencia. Las experiencias de Holanda o Suiza no llevaron a mayores tasas de homicidio ni a un aumento de los incidentes criminales. Pese a que el consumo de drogas está muy relacionado con delitos (Wilson, 2011, pp. 368-410) una mayor permisividad con respecto al consumo y tenencia de las mismas no

más o menos o si las consecuencias inesperadas de la política publica lleven al Estado a incurrir en nuevos gastos que no estaban contemplados. 10 En este sentido ver: This policy of essentially ignoring cannabis while focusing efforts on harder drugs has been in force in 1976, with slight increases in the use of cannabis among the lifespan of the total population population while other hard drug use and decreased. As a result of this policy, The Netherlands have some of the lowest levels of drug use, for both soft and hard drugs, across all age groups (Anderson, 2012, p 9).

-‐

parece estar relacionada con un aumento de robos, violaciones o agresiones11. Tampoco se puede, como ha hecho el Presidente Molina afirmar que la legalización bajaría las tasas de homicidios (Mendez Arriaza & Mendoza, 2013) mas no hay que descartar que en un escenario de despenalización se pudiera producir un descenso. La única manera de saberlo, en todo caso, es implementar una modalidad de liberalización y después recopilar y analizar la data producida. Las políticas unilaterales son viables. Ninguno de los casos mencionados pidió apoyo internacional para reformar sus leyes ni supeditó la implementación de las mismas a la anuencia de otros países. Si nos basamos en los casos existentes el tan repetido mantra de que no se puede legalizar solo en Guatemala es falso. Las políticas hacia la legalización mejoran la calidad de vida de los adictos. El caso de Portugal es paradigmático. En este país se ensayó un modelo de liberalización basado en la despenalización del consumo y la tenencia, acompañado de tratamiento a la adicción. Una detención por droga no lleva a la cárcel sino al psicólogo. El éxito que reflejan los datos en términos de reducción del consumo y mejora de la vida de los individuos drogadictos es notorio (Greenwald, 2009). Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ahorran costos. Los recursos destinados a la persecución de consumidores, distribuidores y productores pueden ser reorientados hacia otro tipo de políticas. En Estados Unidos existen dos millones y medio de detenidos. Aproximadamente medio millón, por delitos relacionados con drogas12. Las cantidades dedicadas a implementar estas políticas son una carga prescindible para el gobierno. Las posibilidades de recaudar impuestos derivados de la regularización de las drogas suponen una oportunidad para el Estado. Colorado en EEUU ya está sintiendo los beneficios. (Farber, 2012) 2.2. En defensa del gradualismo en política pública

Los cambios en un sistema político, y menos aún en uno democrático, no pueden hacerse unilateral y radicalmente. El proceso de negociación es crucial y debe tener en cuenta los actores dentro del sistema. Nuestros sistemas políticos son democracias liberales poliárquicas (Dahl, 2007). Los encargados de diseñar políticas públicas, los que la ejecutan, los actores externos pero influyentes y por 11 Holanda

es un país con bajísimos niveles de criminalidad, también desde la legalización (Nation Master, 2013). 12 The national war on drugs has perhaps been the primary factor behind the extraordinary rates at which blacks are incarcerated. Drug offenses account for nearly two out of five of the blacks sent to state prison. More blacks are sent to state prison for drug offenses (38 percent) tan for crimes of violence (27 percent). In contrast, drug offenders constitute 24 percent of whites admitted to prison and violent offenders constitute 27 percent (Human Rights Watch, 2003)

supuesto la opinión de población general han de ser contemplados durante las fases de elaboración de una política pública. Es por eso que la mejor manera de establecer una reforma es poco a poco, gradualmente. Permite evaluar el proceso, tomar decisiones más adecuadas y ganar legitimidad incluyendo a un sinfín de actores que de una forma u otra apoyan la actuación que se propone. En el caso de la legalización, con más razón, la dinámica viene acompañada de agravantes que invitan a optar por una implementación gradual para convencer a todos los actores. En primer lugar, como se ha mencionado, se posee muy poca información y eso aumenta el nivel de incertidumbre. Una legalización en fases permitirá recabar data para sacar conclusiones sobre la eficiencia, eficacia y viabilidad del proceso. De no tener resultados satisfactorios se podrá revertir la política pública con mayor facilidad y menos daño no alterando demasiado el sistema institucional vigente. En segundo lugar existe un rechazo “cultural” ante determinadas sustancias. No estamos ante artículos inocuos. La drogadicción tiene consecuencias muy negativas y eso hace de una reforma como la propuesta en este escrito un proyecto difícilmente vendible. La opinión pública, especialmente la de los grupos más conservadores de la sociedad , debe ser tenida en cuenta. Una acción radical podría traducirse en un rechazo visceral que supondría un insuperable para el desarrollo y la ejecución de la propuesta. En tercer lugar la viabilidad se puede ver seriamente comprometida si se la actuación se distancia radicalmente de lo hecho a nivel internacional. Empezar enfrentando el consumo y reorientar el problema al ámbito de la salud está legitimado en la mayor parte de países, incluso muy recientemente en algunos estados de Estados Unidos (New York Times, 2012). Por último una serie de cambios graduales son útiles a nivel metodológico. Distintas fases permitirían ver con mayor precisión qué es exactamente lo que funciona y lo que no funciona. Quizá después del ensayo se opte por conservar una parte del proceso y rechazar otra. Una política pública de shock podría hacer descartar, en caso de fracaso, partes válidas y útiles de la reforma. 2.3. Un camino hacia la legalización La propuesta que el equipo de investigación ha desarrollado sería elaborada en las siguientes fases:

En un primer lugar despenalizar el consumo de marihuana quedando la parte de producción y venta todavía en la ilegalidad. Esto es coherente con lo que acontece en muchos países, especialmente europeos, a día de hoy. Una vez completada esta etapa con éxito se pasaría a liberalizar el negocio de la marihuana. Si las evaluaciones de eficiencia de la política pública son adecuadas a esta se le añadiría una despenalización del consumo de todas las drogas y se complementaría con una cuarta fase en la que se liberalizaría el mercado de drogas general. Pasaremos ahora a justificar la ruta y analizar las ventajas y peligros de cada una de las fases. 1. Despenalización del consumo de marihuana. En un primer momento la definición del problema de Guatemala no pareciera contemplar ni a la marihuana como producto ni el consumo como fenómeno. Mas existen razones sólidas para comenzar por esta vía (Instituto Nacional de Estadística, 2011). En primer lugar la mayor parte de las políticas públicas ensayadas en el mundo se concentran en el consumo. Si probamos otra clase de modelos nos encontraríamos en la oscuridad y en este caso podemos justificar con data la viabilidad de la reforma. Añadido a esto se encontrarían aliados en los múltiples países que tienen legislaciones más relajadas con respecto a la tenencia y consumo y sería difícil para los detractores a nivel internacional oponerse a una medida como esta. En segundo lugar la marihuana es la droga ilícita, según nuestro estudio, más consumida en Guatemala. Lleva consigo una mayor aceptación social en gran medida construida en torno a su consideración como droga blanda. En tercer lugar supondría un descargo para las autoridades guatemaltecas que como vimos en la sección anterior detienen y persiguen a personas que poseen y consumen marihuana. Por bajo que sea este costo merece la pena descargarse de él y utilizar recursos y energías en otro sentido. Una cuarta razón es la de recabar información sobre el posicionamiento de actores con respecto a la legalización de drogas. Como vimos en el mapeo, ante la ausencia de una propuesta concreta, muchos grupos dentro y fuera de la administración carecen de postura. Una reforma podría sacar mucha de la información a la luz. La información es necesaria para establecer la viabilidad de la implementación a través de un mapeo más preciso. En quinto lugar los cambio en la ley no serían drásticos. Es más que factible introducir unas pequeñas modificaciones que eliminasen las penas por consumo y que estableciesen una cantidad que sea legal poseer y transportar. El gran problema al que se enfrenta la despenalización del consumo de marihuana es la visibilidad. Una parte de la sociedad puede ver con malos ojos que de la noche a la mañana el consumo de esta sustancia esté presente en la vida social. La consecuencia puede ser el consabido rechazo de la opinión pública y el fracaso de la ruta. Entonces ¿qué estrategia podría ayudar a mantener el consumo de la marihuana en el ámbito privado sin que el Estado tenga que incurrir en altos costos adicionales de vigilancia? En el proceso de investigación el equipo

responsable de este escrito encontró lo que creemos una solución satisfactoria a esta pregunta: la ley antitabaco. En los últimos años 108 países han implementado medidas fuertemente restrictivas al consumo de cigarrillos y Guatemala, desde 2008, no es una excepción. Pese al escepticismo del comienzo, estas legislaciones han tenido un éxito inesperado. Hoy podemos decir con seguridad que el tabaco ha sido marginado en buena medida del espacio público y que el consumo y los efectos perniciosos derivados del mismo han sido reducidos. 2. Liberalización de todas las fases del negocio de la marihuana. Una vez evaluada con éxito la fase anterior se ensayaría la despenalización de la producción y la venta de la misma sustancia. El control de los actores del mercado13 se facilita con la formalidad de los mismos lo cual ayuda a la reducción de efectos nocivos que las autoridades consideren graves para la sociedad. Esta fase puede servir como una prueba de la virtual liberalización de otras drogas más duras y más relevantes para el ámbito guatemalteco. Además todavía habría modelos que podrían servir como referencia -el caso holandés o el reciente de Colorado en Estados Unidos-. De no ser una política aplicable a Guatemala la marcha atrás será menos traumática. Otra ventaja de la marihuana es que la producción podría ser interna, no como en el caso de la cocaína. A parte de importar semillas las plantaciones podrían ser locales y el impacto de la política de Guatemala en otros países en esta etapa sería mínima pues no afectaría a la ruta mesoamericana de Colombia hacia estados Unidos. 3. Despenalización del consumo de todas las drogas. Si entendemos el problema de la adicción a drogas duras como uno de salud y no de seguridad las políticas para paliar este fenómeno serán mucho más fáciles si no se persigue al adicto. Todavía en esta etapa podemos sacar el caso de Portugal una vez más como altamente eficiente. 4. Liberalización del todo el mercado de drogas. Si las dos etapas anteriores son completadas con éxito Guatemala poseerá un modelo de regulación, una estructura legal y una convivencia con los usuarios de drogas. El modelo único y original de un país sin prohibición de sustancias psicotrópicas sería fácilmente implementado y con mayor posibilidad de éxito con esas piezas encima de la mesa. 2.4. Alternativas Además de seguir por el mismo camino de Guerra contra las drogas, ese que el Presidente Otto Pérez argumenta tan bien que no ha dado sus frutos, podría haber otras vías que explorar. Sin pretender ser exhaustivo estas son algunas de las alternativas. Primera alternativa. No hacer nada, el pacto de no agresión. Como señalaba Dye “política pública es lo que el gobierno hace o deja de hacer” 13 Una

vez más siguiendo el ejemplo del tabaco donde el mismo ha sido muy exitoso.

(Salazar Vargas C. , 2011, p. 23). Esta política pública consistiría en sacar de las prioridades a tratar el problema que generan las drogas y darle mayor importancia a los efectos que tienen los narcotraficantes. Es una no política pública. El problema con esta forma de actuar es que permites que el crimen organizado crezca y se fortalezca dentro del estado, y especialmente en gobiernos de institucionalidad débil como el de Guatemala los efectos pueden ser devastadores además de ilegítimos. Se podrían desarrollar con el paso del tiempo lógicas paraestatales –que ya existen aunque sean de baja intensidad- al estilo colombiano. Segunda alternativa. Apoyos internacionales. Como ya se mencionó el gobierno de Otto Pérez, por el momento, ha optado por supeditar toda política pública de liberalización de las drogas a la comunidad internacional. Quiere liderar las conversaciones pero declara que no hará nada al margen de la aprobación de otros países. El problema con este enfoque es que las instancias donde se ha buscado debatir una posible ruta son en muchos casos callejones sin salida fácilmente controlables por Estados Unidos. Si la actual administración quiere tomarse en serio esta política y no solo utilizarla como retórica diplomática esta vía es un callejón sin salida. Tercera alternativa. Terapia de shock. Seguramente la más inviable de todas sea una liberalización instantánea y unilateral de las drogas. El daño diplomático traducido en un más que probable aislamiento y los efectos inesperados de una política pública de este estilo hacen que esta opción sea un camino suicida. Cuarta alternativa. La teoría del león. Dos amigos van por la selva y se encuentran a un león. Es más fuerte y rápido que ellos así que el enfrentamiento directo sólo puede ser un fracaso. Mas uno de ellos se da cuenta. No puede con el león pero si corre más que su amigo este será devorado y el tiempo que la fiera se tome le dará una oportunidad para escapar. Los países del triangulo norte de Centroamérica tienen problemas de la misma naturaleza que los de Guatemala. Si el gobierno actúa y ofrece firmeza ante la actividad narcotraficante, esta migrará a Honduras y El Salvador y los efectos negativos podrán, progresivamente, ir reduciéndose. Pero esto no es acabar con el problema y está lejos de la filosofía cooperativa interinstitucional e internacional que adorna a la literatura sobre nuevas amenazas (Naím, 2003). Por estas razones la propuesta presentada en este trabajo consideramos es la más viable de todas las posibilidades que ante el ejecutivo guatemalteco se abren si opta por implementar una política hacia la legalización.

Conclusiones: El presente artículo de investigación ha mostrado una alternativa viable para modificar la política pública existente alrededor del problema de la droga en la República de Guatemala. Basándose en un marco analítico de políticas públicas, y siguiendo un orden lógico el texto ha desarrollado un análisis de antecedentes. En dicho análisis destaca el compromiso que el Estado guatemalteco ha desarrollado en la lucha contra las drogas desde mediados del siglo XX. Además el texto ha descrito las dimensiones del problema del narcotráfico haciendo énfasis en la variable violencia y en la variable salud pública. Las conclusiones a las que ha llegado el estudio es que no existe una evidencia empírica nítida y clara que establezca una correlación entre narcotráfico y violencia. Para ello el equipo de investigación cruzó información utilizando cifras de muertos por cada cien mil habitantes y cruzado dichos datos con las principales rutas que –se supone- utiliza el narcotráfico. Como la coincidencia es sólo parcial y no total el equipo de investigación ha decidido defender una postura escéptica creyendo que no es tan fácil afirmar que existe una correlación directa entre homicidios y narcoactividad. En segundo lugar el equipo analizó el problema de salud pública que, en teoría, genera el tráfico de drogas y la drogadicción. En ese sentido el análisis que el equipo de investigación ha desarrollado muestra que a pesar de que el tráfico de drogas en la República de Guatemala es importante –se calcula que por este país pasan entre 300 y 350 toneladas al año de cocaína- la ciudadanía guatemalteca no tiene un problema de drogas. Las drogas más consumidas en el país son el alcohol, el tabaco y la marihuana. Otro dato a destacar es que, aunque el consumo de drogas duras parece bajo, sí es importante señalar que ha ido aumentando progresivamente a lo largo del tiempo. Por lo tanto la conclusión a la que ha llegado el equipo de investigación indica que, a pesar de que en la actualidad la droga no representa un problema de salud pública sí podría generarlo a futuro. Quizás por esta razón sería interesante desarrollar una política de legalización de drogas anticipativa que afectase a la tercera droga más consumida en el país en este momento: La marihuana. Una vez analizado tanto los antecedentes, como los problemas que la droga –se supone- genera el artículo presenta un mapeo de actores que, de una forma u otra influyen en la vida política del país. A lo largo del todo el proceso de investigación el equipo analizó 36 organizaciones. Una pertenecía al ámbito de los think tanks y los grupos de presión privados que operan en el país, otros eran instituciones gubernamentales –como el propio Ejecutivo guatemalteco- y se incorporaron también al análisis actores internacionales como embajadas extranjeras y organizaciones internacionales. Del total de grupos analizados 13 no mostraron una postura definida frente a las drogas, 1 se posicionó a favor de

la legalización total, 5 defendieron medidas relacionadas con la descriminalización y legalización parcial de algunas sustancias, 6 se mantienen abiertos a la discusión y 9 están a favor de la prohibición y en contra de cualquier canal de diálogo y debate. En base a esta información parece interesante proponer una alternativa que sea capaz tanto de abrir un debate en la sociedad guatemalteca como de modificar la actuación actual en relación a las drogas por parte del Ejecutivo. La información que mostró el mapeo fue en cierto sentido pesimista dado que, a pesar de la gravedad del problema, la gran mayoría de organizaciones analizadas no tienen una postura definida sobre la droga. A partir de este análisis el artículo propone una política pública viable, posible a lo largo de cuatro fases claramente identificadas: 1) Despenalización del consumo de marihuana: La idea es de una forma u otra imitar los modelos exitosos en ese sentido y despenalizar a los consumidores de esta sustancia. La idea aliviaría al Estado en su inútil lucha contra las drogas, ayudaría a tener mejor información sobre la opinión de los distintos grupos en relación a la legalización total y no se pondría en riesgo el marco jurídico existente en la actualidad –los cambios serían mínimos-. 2) Liberalización del negocio de la marihuana en todas sus fases: Si la fase anterior tuviese éxito se podría implementar sin problema la legalización de la producción y distribución de marihuana en el territorio de la República. La idea no es alocada y ya ha sido probada con éxito en Europa y Estados Unidos. 3) Despenalización del consumo de drogas –duras y blandas-: Si entendemos el problema de la adicción a drogas duras como uno de salud y no de seguridad las políticas para paliar este fenómeno serán mucho más fáciles si no se persigue al adicto. Todavía en esta etapa podemos sacar el caso de Portugal una vez más como altamente eficiente. 4) Liberalización completa de la producción, distribución y consumo de las drogas: Si las dos etapas anteriores son completadas con éxito Guatemala poseerá un modelo de regulación, una estructura legal y una convivencia con los usuarios de drogas. El modelo único y original de un país sin prohibición de sustancias psicotrópicas sería fácilmente implementado y con mayor posibilidad de éxito con esas piezas encima de la mesa. Además de lo anterior, y siempre con la voluntad de presentar alternativas a la situación actual el artículo propone una serie de alternativas a la política existente en la actualidad. Dichas alternativas se pueden resumir en: 1) No hacer nada. En pacto de no agresión entre el Estado y el narcotráfico.

2) Apoyo internacional. Proponer un liderazgo internacional y encabezar un movimiento pro legalización a nivel global. 3) Terapia de shock. Seguramente la más inviable de todas sea una liberalización instantánea y unilateral de las drogas. 4) La teoría del león La propuesta presentada en este trabajo representa una opción viable para enfrentar el problema de las drogas en Guatemala. Obviamente es una opción y no la opción. Si con ello hemos contribuido a alimentar el debate y a ofrecer una alternativa para mejorar la situación actual el documento de trabajo ha cumplido sobradamente sus objetivos.

Bibliografía:

•

• • • •

• •

• • •

• • • •

• •

Anderson, S. (primavera de 2012). European Drug Policy: The Cases of Portugal, Germany, and The Netherlands. Retrieved 22 de Marzo de 2013 from Eastern Illinois University: www.eiu.edu/polisci/eiu_poli_sci_review_spring_2012.php Bastos Boubeta, M. A. (2001). La Administración Pública y sus nuevas técnicas de gestión. A Coruña, Spain: Escola de Negocios de Galicia. Calderón, V. (15 de Abril de 2012). ¿De qué legalización hablamos? El País . Dahl, R. (2007). La Poliarquía. In A. Batllé, Diez textos básicos de Ciencia Política (pp. 77-92). Barcelona, Spain: Ariel. Dell, M. (Septiembre de 2011). Trafficking Networks and the Mexican Drug War. Retrieved 2013 de Marzo de 2013 from Econ Yale: www.econ.yale.edu/conference/neudc11/papers/paper_299.pdf Deutsch, K. (1998). Política y Gobierno. México, México: Fondo de Cultura Económico. Dudley, S. (2010). Drug Trafficking Organization in Central America. Transportistas, Mexican Cartes and Maras. Working Paper, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington. El Universal. (miércoles 5 de enero de enero de 2011). Centroamérica vive una situación crítica por el narco: ONU. El Universal . Espach, R., Melendez, J., Haering, D., & Castillo, M. (2011). Organizaciones criminales y tráfico ilícito en las comunidades fronterizas de Guatemala. CNA. Washington: CNA. Farber, A. (Diciembre de 2012). policymic. Retrieved 2013 de Marzo de 2013 from Amendment 64 in Colorado: Marijuana Legalization wil create Jobs and raise revenue: www-policymic.com/articles/18854/amendment64-in-colorado-marijuana-legalization-will-create-jobs-and-raise-revenue García, J. (2012 de Octubre de 2012). Dos formas de afrontar la drogradicción como un problema de salud. La Hora . Gatto, C. (1991). European Drug Policy: Analysis and Case Studies. NORML Foundation, Brussels. Geneva Declaration. (2011). Guatemala en la encrucijada: Panorama de una violencia transformada. Small Arms Survey ; CERAC, Ginebra. Gobierno de Guatemala. (n.d.). Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Retrieved 9 de abril de 2013 from Vicepresidencia de la República: http://vicepresidencia.gob.gt/seccatid/ Greenwald, G. (2009). Drug decriminalization in Portugal. Massachussetts: Cato Institue. Hassnoot, S. (3 de Enero de 2013). theguardian.com. Retrieved 22 de Marzo de 2013 from Dutch drug policy, pragmatic as ever: 25

•

• • • • • •

• • • • • • • • •

www.guardian.co.uk/commentisfree/2013/jan/03/dutch-drug-policypragmatic Insight Crime. Crimen Organizado en las Américas. (n.d.). Insight Crime. Retrieved 8 de april de 2013 from Insight Crime Crimen Organizado en las Américas: http://es.insightcrime.org/perfil-del-crimenorganizado/guatemala#narcotrafico Instituto Nacional de Estadística. (2011). Primera Encuesta Nacional de Juventud en Guatemala. INE ; CONJUVE : Servicico Cívico. Guatemala: INE. International Crisis Group. (2011). Guatemala: Narcotráfico y violencia. International Crisis Group. International Crisis Group. Landsburg, S. (1993). The Armchair Economist. New York: The Free Press. Mául, H. (2 de abril de 2012). El problema de las drogas. El Pereiódico . Mendez Arriaza, C., & Mendoza, C. (27 de Enero de 2013). Siete mitos de la violencia homicida en Guatemala. ElPeriodico , pp. 2-4. Naím, M. (Abril de 2003). Las cinco guerras de la globalización. Foreign Policy . New York Times. (17 de Diciembre de 2012). nytimes.com. Retrieved 2013 de Marzo de 2013 from In, Colorado, Getting Down to Business of Marijuana: www.nytimes.com/2012/12/18/us/task-force-created-toregulate-legalized-marijuana-in-colorado.html Plaza Pública. (2012). Geografía de la Violencia Homicida. Plaza Pública. Regonini, G. (2000). El estudio de las políticas públicas. In El Estudio de las políticas públicas (pp. 59-88). México: Porrúa. Salazar Vargas, C. (2010). Políticas Públicas. México, México: Insituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Salazar Vargas, C. (2011). Políticas Públicas. Puebla, México: Insituto de Ciencias Jurídicas de Puebla. Sartori, G. (1970). Concept misformation in comparative politics. The American Political Science Review , 64 (4), 1033-1053. Trias, X. (30 de Diciembre de 2005). Narcosalas y Política. El País . Trujillo, P., & Fernández, E. (2010). Guatemala tan bella y tan violenta. Atlántica XXII. Revista asturiana de información y pensamiento (7), 51-52. Villalta Martínez, S. L. (2011). Importancia del análisis científico en delitos de narcoactividad. Guatemala: Universidad Panamericana. Wilson, J. Q. (2011). Crime and public policy. US: Oxford Univdersity Press.