11/11/2011 MÉDICOS INVOLUCRADOS EN VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS SIGUEN EN ACTIVIDAD
El olvido imposible Rosario Touriño
En Uruguay no existe ningún mecanismo para impedir que los médicos expulsados de las gremiales médicas o denunciados por violación de los derechos humanos sigan ejerciendo. Muchos de ellos ya son jubilados, pero por lo menos tres –Arturo Dini, José Luis Braga y Martín Gutiérrez– siguen en contacto con pacientes (quizás sin que muchos de ellos conozcan su oscuro pasado). Las denuncias masivas por torturas en los juzgados vuelven a poner el foco en el aparato “sanitario” del terrorismo de Estado y también en ese tejido invisible que dejó la impunidad. Sus voces han quedado guardadas en algún lugar hiriente de la memoria. Y cuando el encuentro inesperado sobreviene, el chip se ve obligado a activarse. A varios ex presos les ha pasado. Algunos llamaron a su emergencia móvil y quedaron paralizados: la voz del doctor era la misma que habían escuchado en el centro de detención clandestina en el que fueron sometidos a tratos inhumanos y degradantes. A otros les ocurrió en una rutinaria visita a una policlínica. Hoy varios de los profesionales de la medicina que fueron denunciados o expulsados por las gremiales médicas debido a su participación, por acción u omisión, en unidades en las que se practicó sistemáticamente la tortura están ya jubilados. Pero hay otros que todavía siguen ejerciendo y manteniendo contacto con pacientes. Es el caso de Arturo Dini Olivera. Brecha pudo constatar que desde hace varios años es director técnico de una de las empresas que forman el grupo SEMM. Se trata de Diagmed, la clínica de medicina preventiva que, entre otras cosas, expide carnés de salud. Dini además sería socio fundador y accionista en ese grupo médico, de acuerdo con una serie de consultas realizadas entre médicos del smu y de la propia empresa. Ya casi ni se menciona esa incómoda cuestión entre el personal que forma parte de Diagmed, pero lo cierto es que en 2000 el Sindicato Médico del Uruguay expulsó a Dini de su padrón ante la denuncia realizada por otro médico. Para tomar la resolución, la gremial se apoyó en la investigación realizada entre 1985 y 1987 por la Comisión Nacional de Ética Médica. Ese organismo había analizado su conducta en un destacamento de Fusileros Navales (FUSNA) y en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Si bien no había hallado ningún elemento para deducir que Dini había tenido participación activa en la tortura “en el sentido de provocarla o de controlar la resistencia física del detenido para graduar su intensidad”, la comisión concluyó que había quedado plenamente probado que en el FUSNA “se practicaban con los presos tratos crueles, inhumanos o degradantes”, y que ello era de su conocimiento. El fallo –en su momento publicado en algunas de las revistas del sindicato– establece que Dini “aceptó” realizar tareas en el lugar donde se torturaba, y “no cumplió por tanto su deber de amparar la salud física de los detenidos”. En el dictamen se menciona que Dini actuó técnicamente bien en el tratamiento de un detenido torturado, y que su intervención había sido primordial para preservar su vida. Pero, precisamente, se marca que su conocimiento de “tales prácticas” en el establecimiento tuvo gravitación para orientar el diagnóstico en el caso del recluso. En otro numeral del fallo se describe que la forma “éticamente incorrecta” en que enfrentó sus responsabilidades se pone de manifiesto cuando reconoce que, para él, la labor del médico “es aconsejar al comando, quien toma o no en consideración estos consejos”, con lo cual elude una responsabilidad que debe asumir directa y personalmente. Más allá del contexto de arbitrariedades generalizadas, los médicos tienen “deberes irrenunciables e indelegables que les imponen afrontar tales situaciones aunque para ello deban llegar al sacrificio de ciertas posiciones o a enfrentar riesgos de índole personal”, establece el fallo, en base a la Declaración de Tokio. A diferencia de otros profesionales, Dini concurrió a la citación de la comisión, formuló sus descargos e incluso procuró recurrir el dictamen sin éxito. Un grupo de