La dictadura en el discurso cotidiano

EVOCANDO FANTASMAS

La dictadura en el discurso cotidiano La experiencia de la última dictadura militar marcó con tal fuerza a la sociedad uruguaya que sus rastros son aún claramente perceptibles. Asoman en los editoriales de prensa, los discursos políticos, las declaraciones de los dirigentes de las organizaciones sociales y en los programas periodísticos. Sin embargo, también con frecuencia oímos que la dictadura es un tema ausente en la prensa y en los debates, y que la sociedad no recibe suficiente información ni el tema tiene el tratamiento que merece en los medios. ¿Cómo se evoca a la dictadura, si no se la menciona?

Carlos Demasi

Temporalidad y presente histórico Para comprender el uso de la dictadura como herramienta política en el presente, tenemos que situarnos conceptualmente en un manejo de la temporalidad que es un poco diferente de lo habitual. Generalmente se construye una visión del tiempo como compuesto por tres partes diferentes y consecutivas: el pasado (“lo que fue”); el presente (“lo que es”) y el futuro (“lo que será”); en ese concepto el presente aparece como la intersección dinámica entre lo que ya fue y lo que todavía no es. Pero tal vez sería más útil concebir el “pasado” y el “futuro” como dimensiones constitutivas del presente y no como partes separadas; si fuera así, entonces las evocaciones del pasado y también las elaboradas anticipaciones futuristas sólo serían comprensibles si se tienen en cuenta las circunstancias del momento en que se elaboraron. Es decir que, por ejemplo, las famosas “utopías” de los sesenta forman parte del “presente” de aquellos años y no del “futuro”; para decirlo en términos más explícitos (aunque suene contradictorio), son “el futuro de antes”. Tal vez pueda ejemplificarse mejor invocando la sutil variación que ha tenido una de las consignas más repetidas a fines de los sesenta, cuando se produjo su reaparición a mediados de los noventa. A fines de los sesenta la formulación era toda en presente verbal: “El presente es de lucha; el futuro es nuestro”; es decir, el “futuro” ya estaba instituido (y ya tenía propietario) en ese presente; en cambio, a mediados de los noventa la consigna pasó sugestivamente al modo condicional: “si el presente es de lucha, el futuro será nuestro”: el futuro pasaba a ser un bien que debía ser conquistado, y la lucha era su condición y no un molesto peaje que había que sufrir para alcanzar la meta.

Pido disculpas por esta compleja (y necesariamente incompleta) explicación, pero me parece necesaria para justificar la afirmación que sigue: para evocar la dictadura no es necesario tematizarla explícitamente, porque se encuentra presente en la mente de todos. Alcanza con dotar de sentido al pasado, y esto puede hacerse recurriendo a invocaciones ejemplarizantes o simples alusiones marginales. Esa forma de hablar del pasado sin mencionarlo necesita el apoyo de algunas estructuras conceptuales que se trasmiten a la sociedad y se transforman en “sentido común” para sus integrantes; vamos a referirnos a algunas de ellas.

La idea del “golpe sorpresivo” Es muy frecuente escuchar (generalmente de labios de los políticos) la referencia a que el golpe tomó a todos “por sorpresa”. “¿Cómo íbamos a imaginar que en este país iba a ocurrir algo así? ¡Un golpe de Estado era impensable en un país democrático como el nuestro!” En la “democracia perfecta” que parece haber sido el Uruguay de 1973 (o de los años inmediatamente anteriores), un golpe de Estado era tan remoto que la disolución del Parlamento habría caído como un rayo en cielo sereno; tan sorpresivo que los que entonces ocupaban el escenario político todavía ahora no le encuentran explicación.

Tendría que sonar raro que un elenco de políticos profesionales de amplia experiencia no fuera capaz de percibir los síntomas de lo que se preparaba; tomado al pie de la letra debería interpretarse como una prueba flagrante de su incompetencia, y entonces actuaría como justificación de la decisión que tomara Bordaberry el 27 de junio. Por supuesto, los hechos no

ocurrieron así y las señas de lo que se avecinaba eran, desde bastante tiempo atrás, claramente visibles para todos.

Para hacer un breve repaso, podemos mencionar hechos muy reveladores de lo que se pensaba en aquel momento. A la última sesión del Senado, que se realizó con el quórum mínimo de 16 integrantes, no asistieron los senadores Zelmar Michelini, y Enrique Erro: este último se encontraba en Buenos Aires desde unos días antes, invitado a asistir al retorno del general Juan Domingo Perón; Michelini en cambio, había partido ese mismo día para detener el regreso de Erro a Montevideo ya que era inminente el golpe de Estado y su llegada a la aduana significaría su inmediata detención. Parece difícil imaginar que un senador de la oposición tuviera informaciones que sus colegas no manejaban, y que la tuviera con tal grado de certidumbre como para justificar una actitud como la que adoptó.

Por otra parte, la prensa había presentado en sus titulares la posibilidad del golpe ya en mayo, cuando el desafuero de Erro encallaba en el Senado (“Se acercan horas decisivas”, titulaban los diarios); y ésa no era la primera vez. Si nos remontamos a los antecedentes más recientes, por lo menos desde octubre del año anterior (cuando se produjo la detención del doctor Jorge Batlle) el tema del golpe de Estado estaba en los debates parlamentarios, y en noviembre el senador Amílcar Vasconcellos había hecho público un plan militar para sustituir a los políticos.

Poco después del golpe, el doctor Julio María Sanguinetti lo presentaba así: “En el último año, decenas de veces el clima de tensión política fue mayor y más cerca se vio la posibilidad (de un golpe de Estado)”. (Julio María Sanguinetti: “Crónica íntima del golpe militar uruguayo”. 1973.

Reproducido en Mate Amargo, s/f, pág 6.) ¿Qué sentido tiene confesarse incompetente, tantos años después de la disolución del Parlamento y cuando más importante parece una reconstrucción ajustada de los hechos? Un camino para llegar a la respuesta parece abrirse cuando se percibe que, contrariamente a lo que pudiera esperarse, en los partidos tradicionales no hay dirigentes políticos que reclamen protagonismo en la época del golpe: nadie dice “lo habíamos previsto y preparamos medidas para resistirlo” o siquiera “ya lo habíamos anunciado pero no quisieron escucharnos”. En una dirigencia política que, por su misma función, aparece reclamando protagonismo en todos los acontecimientos importantes, no aparecen candidatos para cubrir la vacante de “profeta del golpe” que dejara Vasconcellos. No solamente eso, sino que ha operado una forma del olvido: en sus últimas intervenciones políticas Vasconcellos ya no lo mencionaba, e incluso el doctor Luis Alberto Lacalle ha “olvidado” que fue detenido por las Fuerzas Conjuntas durante la huelga general.

Si comparamos esta actitud con los antecedentes, resulta aun más sorprendente. Tanto en el caso del golpe de Juan Lindolfo Cuestas como en el del general Alfredo Baldomir, quienes lo apoyaron no dejaron de proclamar a los cuatro vientos la importancia de su intervención.

Después de finalizado el terrismo, en los discursos políticos era frecuente encontrar referencias en aquellos que se habían manifestado en contra y lo habían asumido en aquellos duros momentos: los que habían tenido una actitud combativa, quienes habían sufrido destierro o prisión, no se privaban de decirlo. En cambio, nada similar parece ocurrir ahora: aparentemente esta teoría del golpe inesperado parece más redituable políticamente que el reclamo de una actitud protagónica.

La utilidad política de esta explicación puede encontrarse a partir de su traslado al presente.

Hoy en día, nada parece anunciar la posibilidad de un golpe de Estado, ni tan siquiera la remota amenaza aparece en el horizonte. Sin embargo, el argumento de la “sorpresa” de 1973 funciona como una espada de Damocles sobre los ciudadanos, que viven en permanente amenaza: “tampoco en aquel momento parecía posible, y sin embargo, miren lo que pasó…”.

Una simple referencia marginal al acontecimiento funciona políticamente como un dispositivo de control social, tan útil que no aparecen discrepancias entre sus emisores; aunque para eso haya que caer en contradicciones con lo que antes se dijo, o abandonar posiciones que antes se defendían.

La teoría de los dos demonios

Probablemente la explicación más corriente del golpe de Estado es aquella que afirma que fue el resultado de la lucha entre dos fuerzas antagónicas, “la guerrilla” y “las Fuerzas Armadas”.

En ese enfrentamiento, que tenía como principal objetivo la conquista del poder, los militares obtuvieron el triunfo pero en el conflicto quedó por el camino la Constitución y la institucionalidad democrática; así la sociedad en su conjunto pagó el precio de la demencia de un pequeño grupo guerrillero y de los desbordes de los militares. Esta explicación presenta el golpe de Estado como una necesidad en la lucha contra una guerrilla que, para entonces (y según era público por entonces), ya estaba derrotada.

Aunque muchos lo rechazan explícitamente, este esquema reaparece insidiosamente detrás de muchas explicaciones del golpe, desde las más corrientes hasta las de perfil más académico.

No voy a repasar sus transformaciones (y la diferente configuración de los “demonios” correspondiente a cada momento) pero sí quisiera detenerme en su “utilidad” política. En principio esta explicación concentra el protagonismo en la quiebra institucional (y por tanto, también la responsabilidad) solamente en dos actores: las Fuerzas Armadas y la guerrilla; por lo tanto, exime de culpas al resto, particularmente a la clase política en su conjunto y especialmente a los sectores que eran mayoritarios en la época de la crisis. De esta manera desaparece de la vista todo el período de “vaciamiento institucional” de los años previos al golpe, la omisión parlamentaria, el gobierno por decreto y las medidas de seguridad permanentes de Jorge Pacheco, la aprobación de medidas de dudosa constitucionalidad en el primer año del gobierno de Juan María Bordaberry, y la “cohabitación” con los militares hasta la disolución del Parlamento.

Pero además cumple otra función, no menos importante: culpabiliza globalmente al movimiento popular como responsable del golpe. En este esquema “la guerrilla” tiene una definición amplia, como lo tenía en la doctrina de la seguridad nacional: todas las organizaciones populares (estudiantes, sindicatos, vecinos…) son manifestaciones de la “subversión” que conducen fatalmente al resurgimiento de la “sedición”; o, para decirlo en palabras de Lacalle: “Hoy es el insulto, mañana la piedra, luego serán las metralletas…”. En esa escalada (aparentemente fatal e incontenible), el papel de la dirigencia política parece ser el de profetas (curiosamente, el rol que nadie quiere asumir para el episodio de 1973), pero no el de dirigentes en sentido estricto, es decir el de responsables de tomar decisiones que tengan efectos sobre la realidad social.

Sin duda se trata de una prudente actitud si aspiraran a ponerse a salvo, aunque esté en contradicción con su autoproclamada vocación de servicio público y también con el expreso juramento de “defender la Constitución” al que se comprometen cuando asumen sus cargos.

Tal vez podría agregarse que muy posiblemente la invocación a los dos demonios coincida con un recuerdo culpabilizante de la sociedad uruguaya, el de la ausencia de reacción que mostró la mayoría de la población cuando se produjo el golpe. Si bien es frecuente invocar la huelga general como prueba de la “reacción masiva” frente a la disolución del Parlamento, los testimonios indican que a pesar de este retórico escudo protector hubo una actitud pasiva en la mayoría de la población, actitud que parece determinante en el resultado inmediato de la huelga. Con el paso del tiempo la dictadura generó el rechazo de la gran mayoría de la sociedad, a la que ahora le costaba admitir que en algún momento apoyó, aun por omisión, al régimen militar. Es allí como la teoría de los dos demonios funciona como una “teoría del mal menor” para buena parte de la población: los militares eran malos, pero peor hubiera sido la alternativa.

Para explicar las diferencias ¿Qué tiene de particular este presente histórico para que el esquema explicativo del pasado se apoye en parámetros tan diferentes de los que se manejaban antes? ¿Qué tiene este presente que construye un pasado que es tan diferente de “los pasados de antes”? Posiblemente pueda pensarse en una explicación del tipo siguiente: “la última dictadura fue una experiencia tan traumatizante para la sociedad uruguaya, que rompió definitivamente con el mito de la democracia perfecta y nos hizo conscientes de los riesgos del enfrentamiento social. Ahora sabemos que debemos ser prudentes y buscar el acuerdo antes que la confrontación”. Una explicación que aparentemente tiene consenso a nivel social.

Pero si aceptamos los criterios asumidos en el comienzo, entonces no podemos sostener que la explicación del pasado se encuentre en el pasado mismo, es decir en las características específicas de la última dictadura; por el contrario, debemos buscar la explicación en este presente que vivimos; y las peculiaridades de la construcción del pasado tienen que apoyarse en las originalidades del presente. La pregunta entonces sería: ¿qué tiene de especial esta posdictadura, que hace la diferencia con los otros períodos posdictatoriales? Pueden elaborarse infinitas respuestas, pero vamos a arriesgar dos.

En primer lugar, el temor del elenco que asume en 1985 de no poder controlar el desborde de la protesta social después de más de una década de represión. Esto aparece persistentemente en las palabras de los dirigentes de la época y se hace explícito en el famoso discurso de Wilson Ferreira de noviembre de 1984: es por esa razón que ofrece la “gobernabilidad” a su (hasta entonces) odiado rival.

Pero luego de asegurada la transición política y la regularidad electoral, surgió un nuevo dato: en la elección de 1994 apareció un “tercero” en la carrera presidencial, que ha llegado a transformarse en mayoritario en la última elección. Ante el riesgo de verse desplazadas en el ejercicio del gobierno, las dirigencias de los partidos tradicionales han adoptado como estrategia la amenaza permanente del golpe de Estado; algo parecido a lo que ocurrió cuando el nacionalismo se transformó en una perspectiva de gobierno, en el primer cuarto del siglo que terminó. Tal vez algo similar sucede ahora, y eso explicaría que las “advertencias” partan casi siempre de dirigentes civiles que se supone deben salvaguardar los derechos ciudadanos, y que el único mensaje institucional en este aniversario haya sido el “Nunca más sin Parlamento” de la Cámara de Representantes. Tal vez habría que corregir levemente el reclamo, y la demanda podría expresarse así: “Nunca más sin garantías”; es decir, nunca más un Parlamento claudicante frente a las violaciones a la Constitución.