El apogeo de la dictadura

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1975, AÑO DE LA ORIENTALIDAD

El apogeo de la dictadura Había transcurrido un año y medio desde el golpe de Estado, y a fines del año siguiente debían realizarse, según la Constitución –abandonada pero presente en la memoria de los uruguayos– las elecciones nacionales. La dictadura debía adoptar definiciones acerca del rumbo a seguir y necesitaba, antes que nada, buscar su legitimación. El intento de obtener respaldo de la opinión pública mediante la evocación de los hechos históricos de 1825 fracasó, y el desacuerdo sobre los caminos a transitar llevó a los militares a deshacerse, pocos meses después, de Juan María Bordaberry. Isabela Cosse/ Vania Markarian Todos los uruguayos recuerdan 1975 como el Año de la Orientalidad, un año cargado de celebraciones históricas. En este artículo se presentan las líneas generales de aquella propuesta y se describen dos de las iniciativas de más impacto dentro del abigarrado calendario de celebraciones: la construcción del Mausoleo de Artigas y la exposición “Nacimiento de nuestra nación” en el Palacio Legislativo. Este análisis de las políticas históricas de la dictadura uruguaya asume expresamente una perspectiva poco transitada en los estudios del período. Intenta eludir, simultáneamente, una lectura estrechamente circunscrita a los avatares políticos y una visión demasiado teñida por el recuerdo del horror.

Una propuesta histórica autoritaria El proyecto de ley del Poder Ejecutivo de setiembre de 1974, disponiendo la conmemoración del “Sesquicentenario de los hechos históricos de 1825”, expresó la clausura autoritaria del debate sobre los orígenes nacionales. Mediante esta iniciativa se marcaba la voluntad de no abrir un espacio para la discusión que en 1923 había centrado la atención del Parlamento durante largo tiempo. A escasos dos años del golpe de Estado, los distintos actores políticos sabían que el siguiente sería un año de definiciones, con el horizonte electoral de 1976 por delante. En este sentido, el tema de una posible reforma constitucional había estado presente en la escena política. Sin embargo, ningún portavoz oficial había mencionado plazos o propuesto algún tipo de cronograma. En este contexto, el 1 de setiembre, un conjunto importante de personalidades envió a la prensa una “Carta abierta al gobierno”, en la cual reivindicaba el “pleno funcionamiento de los partidos políticos democráticos” (1). El presidente Juan María Bordaberry respondió en forma inmediata a estas demandas, calificando de “desubicados” a sus firmantes y negando la posibilidad de realizar elecciones en noviembre de 1976 (2). Resulta notorio, de este modo, que la decisión del gobierno de realizar un ambicioso operativo de legitimación histórica se inscribió en este ambiente de preocupación sobre el ulterior desarrollo del proceso político. Cuando la estridencia historicista llegó a su apogeo, en la interna gubernamental todavía no se había tomado la decisión definitiva sobre qué camino habría de seguirse. Las tensiones producidas por el enfrentamiento de opiniones e intereses no fueron ajenas al montaje celebratorio. Inicialmente, los festejos del sesquicentenario preveían un prolongado año de celebraciones que abarcaba las siguientes fechas: 19 de abril (desembarco de La Agraciada), 29 de abril (abrazo del Monzón), y 7 de mayo (sitio de Montevideo), 7 de setiembre (declaración de libertad de vientres), 25 de agosto (declaratoria de la independencia), 24 de setiembre (batalla del Rincón) y 12 de octubre (batalla de Sarandí), 31 de diciembre (toma de la fortaleza de Santa Teresa). En vista de las dificultades que tan apretada agenda ocasionaría, se constituyó la Comisión Nacional de Homenaje al Sesquicentenario de los Hechos Históricos de 1825 (CNHS).


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