Revista Cooperamos 5 by SETECI

Revista Cooperamos | 3

Contenido CONSEJO EDITORIAL Gabriela Rosero Mónica Páez Carolina Viola María Augusta Salas DIRECTORA Carolina Viola EDITORA María Augusta Salas COORDINACIÓN GENERAL Unidad de Comunicación SETECI FOTOGRAFÍA Visor: Edu León

A LOS LECTORES

EDITORIAL

OPINIÓN: Hacia la construcción de lineamientos soberanos de la cooperación para el cambio climático

ENFOQUE Casa Adentro: Extracto de la postura ecuatoriana en la Cumbre Río +20

Casa Afuera: El derecho a la alimentación y nutrición adecuadas y el cambio climático

COOPERACIÓN EN CIFRAS ¿Cambio climático real o business as usual? Una mirada desde la cooperación para la justicia ecológica

IMPACTOS Cambio climático: una respuesta desde la iniciativa local

A FONDO Negociaciones internacionales de cambio climático: el debate circular

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Lápiz y Papel www.lapizypapel.ec

ANÁLISIS Río + 20: Escasos resultados y compromisos, una voz crítica desde el Sur. Entrevista a María Fernanda Espinosa.

IMPRESIÓN Soboc Grafic

RECUENTO Y AGENDA

VOCES DEL SUR Cooperación internacional y cambio climático: un juego de pinball con la justicia ambiental

VISOR

Todos los derechos reservados. Ninguno de los artículos de esta revista pueden ser reproducidos, almacenados o transmitidos total o parcialmente, a través de cualquier medio, sin la expresa autorización de la SETECI.

A los lectores | 4

Cooperación, cambio climático y justicia ecológica Por: Carolina Viola

nálisis, reflexión y acción de la cooperación internacional es la línea editorial de COOPERAMOS. Su objetivo es fomentar el debate profundo, crítico e informado sobre la temática en Ecuador. Sus lectores encontrarán el punto de inflexión entre la gestión y la producción teórica, a través de análisis que contribuyan a la reflexión sobre el rol de la cooperación internacional en el desarrollo. En esta ocasión, el tema que nos convoca es “Cooperación, cambio climático y justicia ecológica”. A partir de los años 60, con la irrupción del movimiento estudiantil, obrero, feminista y otras expresiones emancipadoras, se introduce en agenda el debate sobre la insostenibilidad del modelo de producción y consumo hegemónico. Según Leff, se trataría de la fractura de uno de los pilares ideológicos de la civilización occidental, “el principio del progreso impulsado por la potencia de la ciencia y de la tecnología, convertidas en las más serviles y servibles herramientas de la acumulación de capital, y el mito de un crecimiento económico limitado”. En las cuatro décadas siguientes, la agudización de la crisis ecológica planetaria ha multiplicado los encuentros y las discusiones entre los Estados para dar respuesta a la insostenibilidad del modelo de desarrollo económico dominante. Sin embargo, más allá de la retórica, los resultados concretos de estos encuentros son prácticamente inexistentes. Sufrimos de ceguera crónica, proporcional al nivel de industrialización alcanzado. Hoy, los países del Sur demandan el reconocimiento de una deuda ecológica del Norte industrializado, así como la necesidad de definir “responsabilidades comunes pero diferenciadas” en función de un criterio de justicia ecológica. “Este principio hace referencia a la idea de que todos los países contribuyen y han contribuido al problema del cambio climático pero algunos lo han hecho en mayor medida que otros”. Esta demanda, a todas las luces justa, puede ser un boomerang para desviar el discurso de su eje central: existen límites planetarios al modelo de desarrollo

basado en el crecimiento económico, uno de éstos es el cambio climático. Por otro lado, buscar mecanismos que permitan la reproducción de un sistema económico excluyente e insostenible, como se avizora en las propuestas de la economía verde, no son una solución real al problema. El riesgo es continuar con un “Debate Circular”, que nos lleva al mismo punto de partida, como señala Gerardo Honty. Está en juego un cuestionamiento profundo al modo de producción capitalista y la estructura ideológica donde se sustenta. Esto implica revisar nuestro objetivo de alcanzar el desarrollo, en contraste con las propuestas que se rescatan desde los saberes ancestrales de los pueblos originarios alrededor del mundo. El rol de la región latinoamericana, y del Ecuador, es fundamental en este punto. Desde la cooperación, tanto en el Foro de Alto Nivel de Busán, como en otros eventos promovidos desde los organismos multilaterales, se plantean estrategias para que los países ‘subdesarrollados’ puedan implementar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Esta inversión debe provenir de recursos frescos. No es correcto que, a nombre de un problema compartido y sobre el que los países del Sur tienen una menor responsabilidad, se disminuyan los escasos recursos destinados a mejorar sus condiciones de vida. Es necesario que se reconozca la existencia de una deuda ecológica que debe ser subsanada y que los recursos que se inviertan reflejen estos parámetros de justicia. En palabras del economista de “pies descalzos”, Manfred Max Neef, “el calentamiento global implica pérdida de suelos productivos, tempestades y huracanes, crecimiento en los niveles de agua, desertificación y problemas económicos especialmente para las regiones más pobres”; por lo tanto, es necesario un cambio hoy, a fin de evitar que nuestro mundo siga “en ruta de colisión”. Recordando hoy, que “Nuestro Norte es el Sur”, les deseamos ¡buena lectura!

Editorial | 5

Cooperación y crisis ecológica Por: Gabriela Rosero|Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI)

En ocasión de la Cumbre de Río+20, que convocó a los líderes mundiales a sentar las bases de un acuerdo que permita al mundo avanzar hacia “el futuro que queremos”, el Gobierno del Ecuador puso la atención sobre la responsabilidad, que los gobiernos del Norte desarrollado tienen, en la crisis ecológica global y cómo el Sur demanda respuestas claras y coherentes a esta situación. Los escasos resultados obtenidos nos obligan a reflexionar sobre el grado de compromiso que tiene el sistema económico y político internacional para alcanzar ese futuro que todos queremos. El desarrollo hoy, está íntimamente ligado a la capacidad de los países del Sur de adaptarse a las condiciones de riesgo que acompañan el progresivo calentamiento del planeta, una de las manifestaciones de una profunda crisis ecológica que pone en duda nuestra propia sobrevivencia y la de todos los seres que habitan el planeta. La crisis ecológica tiene efectos transversales en las condiciones necesarias a garantizar la capacidad real de las poblaciones para alcanzar niveles de vida dignos, que permitan un desarrollo pleno desde una perspectiva integral. De igual manera, pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, así como la consecución de los planes de desarrollo productivo de los países del Sur. No todas las regiones geográficas se verán afectadas de igual manera por los efectos de la crisis ecológica. Por ejemplo, los impactos negativos del cambio climático

golpearán más duramente a los países en desarrollo por sus condiciones geográficas y climáticas, su elevada dependencia de los recursos naturales y su limitada capacidad de adaptación. Es por esto, que los países del Norte desarrollado tienen la obligación, ética y moral, de avanzar hacia políticas de cooperación que reflejen esta responsabilidad de manera transversal en todas sus intervenciones. Nuestros socios del desarrollo cuentan con una serie de argumentos éticos que justifican la consideración de la cooperación al desarrollo como una herramienta determinante y de gran potencial en la lucha contra la crisis ecológica que afecta al planeta. Entre éstos, la deuda ecológica que el Norte global mantiene con el Sur es central. En esencia, este conflicto ecológico es responsabilidad de los países industrializados del Norte, de sus instituciones, de la élite económica y sus corporaciones por la apropiación gradual y control de los recursos naturales, así como por la destrucción del planeta causada por sus patrones de consumo y producción, que han puesto en riesgo la sustentabilidad local y el futuro de la humanidad. Nuestros socios del desarrollo deben reconocer los esfuerzos del país y contribuir decididamente, asumiendo una posición de corresponsabilidad e incremento de los esfuerzos para apoyar iniciativas rupturistas como la del Yasuní ITT. De igual manera, la cooperación destinada a la mitigación y adaptación del cambio climático, así como a la conservación de la biodiversidad no puede interferir en los objetivos nacionales de desarrollo, así como en los derechos de los pueblos de garantizarse su reproducción económica y social. Sólo un enfoque integral, de corresponsabilidad y esfuerzos compartidos podrá contribuir a superar de manera sostenible las brechas de desarrollo que persisten en nuestro Sur Global.

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Hacia la construcción de lineamientos

soberanos de la cooperación para el cambio climático Por: Unidad de Análisis Político - SETECI

de infraestructura agrícola y la sobre-explotación del medioambiente. Las tendencias son preocupantes, si tomamos en cuenta que los desastres naturales reportados a nivel mundial han aumentado significativamente en los últimos 25 años (de cerca de 50 en 1975 a más de 350 en 20111), por lo tanto, el riesgo se ha incrementado. Como si esto fuera poco, cabe acotar que en 2011 los desastres naturales se registraron en mayor medida precisamente en los países del llamado “Sur Global”.

ctualmente, nos enfrentamos a una fuerte crisis ecológica y estructural: Según el Programa Mundial de Alimentos, hay aproximadamente 925 millones de personas desnutridas en el mundo, es decir que hay más personas con hambre que la suma de las poblaciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Entre las principales causas del hambre están los desastres naturales, los conflictos, la pobreza, la falta

Percent share of reported occurrence by disaster sub-group and continent in 2011

Geophysical Climatological Hydrological Meteorological

78 39

11 0

A M E R I C A S

A F R I C A

O C E A N I A

A S I A

E U R O P E

Fuente: Annual Disaster Statistical Review 2011: The numbers and trends. OMS/CRED/UCL

Como ya lo dejan entrever estos antecedentes, no todas las regiones geográficas se verán afectadas de igual manera por los efectos de la crisis climática mundial. Los impactos negativos del cambio climático golpearán más duramente a los países en desarrollo por sus condiciones geográficas y climáticas, su elevada dependencia de los recursos naturales y su limitada capacidad para adaptarse a este fenómeno. De ahí que, es posible prever un aumento de fondos de cooperación internacional para el desarrollo,

destinados a la mitigación de la crisis climática en los países más afectados en los próximos años. De hecho, ya se han empezado a plantear fondos de cooperación para cambio climático, así por ejemplo, en el 4to Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda, realizado en Busán - Corea, del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2011, se incluyó al tema de financiamiento climático dentro de las prioridades a tratar en

1 Centro para la Investigación de la Epidemiología de los Desastres (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters –CRED- por sus siglas en inglés). Desde 1980 apoya a la Organización Mundial de la Salud y otras agencias de Naciones Unidas.

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uno de los bloques temáticos que se constituyeron a propósito del Foro. Pero, ¿qué implicaciones podría tener incluir los fondos de “financiamiento climático” dentro del todo lo que comprendemos como fondos de cooperación internacional? Para intentar responder a esta pregunta, es vital visibilizar la deuda ecológica que los países del llamado Norte global mantienen con aquellos del Sur global2, y que es, en esencia, la responsabilidad que tienen los países más industrializados, sus instituciones, la élite económica y sus corporaciones por la apropiación gradual y control de los recursos naturales, así como por la destrucción del planeta causada por patrones de consumo y producción irracionales impuestos desde el poder hegemónico, que han puesto en riesgo la sustentabilidad local y el futuro de la humanidad. Los principios de justicia ecológica y corresponsabilidad son respuestas deseables y necesarias a la deuda ecológica, a fin de que cada país asuma la afectación producida al medio ambiente, en función de sus emisiones de carbono y de sus niveles de producción y consumo. Considerar a los fondos de cooperación destinados al cambio climático como fondos de cooperación al desarrollo podría entrañar una interpretación perversa de éstos, como si se tratara de una “ayuda” de los países del Norte global a los países del Sur global. Sin embargo, en lugar de “ayuda” se trata de responsabilidades compartidas pero diferenciadas: los países de mayor industrialización son responsables, en gran medida, del daño ecológico y por lo tanto, son corresponsables en lo que concierne a la protección y conservación de los bienes públicos globales ambientales de los que el Sur global es el principal custodio y proveedor. De igual manera, debe considerarse la importancia de dichos bienes para el equilibrio del planeta, por lo que el rol de protección y conservación asumido voluntariamente desde los países del Sur debe ser adecuadamente retribuido y valorado. Es por esto que se debe hacer una diferenciación, y los recursos destinados a cooperación internacional y a inversión responsable para la adaptación y mitigación de las

consecuencias del cambio climático, no deben menoscabar los recursos destinados a la lucha contra la pobreza, la marginación y la exclusión en el Sur global. La cooperación destinada a la mitigación y adaptación del cambio climático no debería restar importancia a los objetivos nacionales de desarrollo ni a los derechos de los pueblos de garantizarse su reproducción económica y social. “Los efectos desastrosos del cambio climático plantean un enorme desafío global. Los costos del cambio climático golpearán más duro a los menos responsables de la causa del problema y plantean una carga nueva y adicional para los países en desarrollo. Hay una necesidad urgente de nuevos recursos para financiar la mitigación y adaptación al cambio climático. Sin embargo, los fondos tan necesarios para luchar contra la pobreza no deben ser desviados para financiar la adaptación al cambio climático y la mitigación – las finanzas del cambio climático deben ser adicionales a los actuales compromisos de AOD”.3 Para poder reforzar esta perspectiva, es fundamental que los países que se prevé serán receptores de cooperación internacional destinada a la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, tracen las orientaciones principales que ésta debería tener, de acuerdo a sus prioridades nacionales en el manejo ambiental y las políticas en temas de conservación y preservación del medio ambiente. Es vital que la cooperación no se vuelva, una vez más, un mecanismo de imposición de reformas estructurales definidas desde los centros de poder global; hoy, en el Sur, no puede haber espacio para programas de “ajuste ambiental”. Si bien, como se ha previsto, la “economía verde” está lejos de ser un real cuestionamiento a un modelo económico devastador de la naturaleza que atenta constantemente contra sus derechos, y los resultados de Río + 20 probablemente no reflejan consensos en torno a algunas de las premisas fundamentales sobre las que se pronunciaron varios países del llamado Sur global (entre ellos el Ecuador), es importante continuar trabajando en la construcción de una posición regional acerca de una problemática acuciante que nos compromete a todos. Sobre la base de la postura oficial ecuatoriana presentada en Río + 20, y en consonancia con las políticas de

2 Cuando hablamos de Norte global, debemos tomar en cuenta que en realidad éste también se encuentra transversalizado en el Sur, en los modelos de consumo y producción, y en las élites de la industrialización, en lo que podríamos describir como: “el Norte del Sur”. 3 “El cambio climático y la energía, ¿nuevos objetivos políticos sin financiación adicional?”, en: El futuro de la cooperación para el desarrollo de la Unión Europea en América Central ¿apoyo a las personas o a los negocios?, ALOP, Marzo 2011.

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cooperación internacional planteadas por la SETECI, que fomentan la contribución de la cooperación internacional a la construcción del Buen Vivir, y a la construcción de una Nueva Arquitectura del Sistema de Gobernanza de la Cooperación Internacional; la defensa de la postura nacional en las negociaciones con organismos multilaterales, la priorización de la Cooperación Sur – Sur, la orientación de la cooperación internacional prioritariamente hacia los actores históricamente excluidos y marginados, la importancia de que se tome en cuenta los principios de corresponsabilidad y justicia ecológica en las intervenciones de cooperación internacional; el apoyo a la transformación del patrón de especialización de la economía; la promoción de una cooperación libre de condicionalidades; y la garantía de la soberanía de la gestión, entre otras una propuesta de ejes fundamentales de cooperación para cambio climático debe incluir las siguientes prioridades: • Fortalecer los mecanismos de coordinación en el ámbito regional en la perspectiva de reforzar la complementariedad de acciones, fortalecer la cooperación, la articulación y complementación de las políticas públicas en materia ambiental, así como para la formulación de agendas propias para la región sin condicionalidades impuestas. • Priorizar iniciativas y mecanismos de intercambio y Cooperación Sur - Sur (e integración regional) en temas no resueltos y emergentes, como el fomento y consolidación de la soberanía alimentaria y energética, el cambio en los patrones de producción y consumo; el fortalecimiento de la economía popular y solidaria y la consiguiente promoción de la economía de los pequeños y medianos productores; la seguridad integral, y la respuesta ante desastres y gestión de riesgos desde una perspectiva de la seguridad ecológica y humana, reconociendo la vulnerabilidad de las poblaciones y de los ecosistemas; la sostenibilidad de áreas urbanas y rurales, incluyendo la planificación y ordenamiento territorial; acciones eficientes para detener la pérdida y degradación ambiental de ecosistemas frágiles, y para la adaptación y mitigación al cambio climático, partiendo de los diversos saberes y cosmovisiones ancestrales, las diversas nociones de “Buen Vivir; una distribución equitativa de los ingresos a escala global y al interior de los países; el mejoramiento de la situación de las mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes y grupos de atención prioritaria; una mejor atención a la situación y los derechos humanos de los pueblos y

nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios y cholos; la profundización de la democracia y de mecanismos para el procesamiento de conflictos, el impulso de procesos de investigación y desarrollo tecnológico desde los países del Sur, considerando los conocimientos ancestrales de los pueblos, y, la promoción de una posición regional conjunta respecto a la transferencia de tecnología. • Priorizar iniciativas de Cooperación Norte – Sur, que respeten la soberanía integral y la alineación a las prioridades nacionales de desarrollo, en temas no resueltos y emergentes, como: la modificación de la matriz energética; la disminución y el manejo integral de desechos sólidos y líquidos y saneamiento; el manejo integral de los recursos hídricos; la contaminación y acidificación de los mares; el impulso a la sociedad del bioconocimiento; y, el impulso al comercio equitativo y justo. •Fortalecer la cooperación soberana para el intercambio de tecnologías limpias que contribuyan al desarrollo sustentable y el desarrollo de capacidades, a partir de una profunda revisión de la legislación en torno a los derechos de propiedad intelectual; y establecer un sistema de monitoreo, evaluación e información de las tecnologías que se desarrollen y promuevan. • Fomentar la cooperación multilateral como medio para enfrentar el cambio climático y alcanzar el desarrollo sostenible, recalcando la necesidad de revisar los acuerdos de derechos de propiedad intelectual, puesto que algunos afectan la garantía de derechos humanos a la salud, vivienda y alimentación, entre otros, y además, dado que existe una gran riqueza de biodiversidad y conocimientos ancestrales en cuanto al aprovechamiento de recursos biológicos que se ha “fugado” del país, sin ninguna clase de reconocimiento ni derecho de propiedad sea intelectual o de pertenencia. Pese a las asimetrías que se registran, es fundamental avanzar hacia una estrategia de carácter regional, que permita potenciar y replicar mecanismos de adaptación y mitigación al cambio climático, tanto desde el compartir solidario del saber ancestral del Sur para el Sur, como desde la cooperación tradicional a propósito de tecnologías limpias y otros mecanismos innovadores que se generan en el Norte, siempre en el respeto de las prioridades nacionales y regionales, definidas soberanamente por los pueblos del Sur.

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Extracto de la postura ecuatoriana en la

Cumbre Río +20 Antecedentes Es preocupante constatar que aún en la actualidad la pobreza afecta a millones de seres humanos, que el agua es un recurso cada vez más escaso; que hemos perdido soberanía alimentaria por el desmantelamiento de la producción local para propiciar exportaciones e importaciones. Los países desarrollados no han cumplido con los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y en la actualidad enfrentamos problemas que podrían haber sido evitados. Los efectos atribuibles al cambio climático demandan cada vez mayores recursos económicos para acciones de adaptación y mitigación, particularmente en los países en desarrollo. Ahora, con los resultados alcanzados en la Conferencia de Cambio Climático realizada en Durban en diciembre de 2012, se pretende diluir el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, cuando todavía hay mucho por hacer para enfrentar la deuda climática. En biodiversidad se evidencia la pérdida sistemática y creciente de ecosistemas, recursos genéticos y especies, y las dificultades para acordar medidas y acuerdos para promover y salvaguardar la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos. Es también limitada la implementación de acciones dirigidas al fortalecimiento de las capacidades de los países en desarrollo, a través de la transferencia e intercambio de conocimientos, el acceso a bienes públicos y comunes globales y la transferencia efectiva de tecnologías seguras, nuevas e innovadoras, acorde a las necesidades y prioridades nacionales, sin condicionamientos. Se mantuvieron intactas las causas estructurales de la insostenibilidad del modelo de desarrollo actual. Parece que frente a la lógica del crecimiento económico ilimitado, los seres humanos olvidamos que formamos parte de un sistema mayor, en el que cada uno de sus componentes tiene una función que alimenta la vida. En esta lógica, se pensó que la tecnología podía suplir los daños que provocábamos o incluso la pérdida de ecosistemas, biodiversidad y especies y desconocimos los límites biofísicos

de la Tierra. Con un gran simplismo confundimos los medios con los fines, y otorgamos al mercado y al dinero un papel decisivo en la definición del rumbo por el que debería transitar la humanidad y el planeta. Los problemas actuales demandan respuestas integrales, innovadoras y contundentes. Solo para tomar consciencia de lo que implica la Conferencia Río+20, es importante recordar que cada cinco segundos un niño menor de 10 años muere de hambre. Esto ocurre en un planeta con una enorme riqueza que, según Jean Ziegler, primer Relator Especial para el Derecho a la Alimentación, puede alimentar sin problema a 12 mil millones de seres humanos. Entonces esas muertes no son una fatalidad, sino que evidencian el fracaso de un modelo que concentra la riqueza que hay en el planeta, que es lo que debemos abordar en la Conferencia de Río+20, si queremos efectivamente renovar el compromiso con el desarrollo sostenible y trabajar hacia la justicia social y ambiental global.

Objetivos y resultados esperados Asegurar el compromiso político renovado para el desarrollo sostenible, evaluar el progreso a la fecha y los vacíos existentes en la implementación de los resultados alcanzados en las principales cumbres de desarrollo sostenible y abordar los nuevos y emergentes desafíos y temas son los objetivos. Reparar sobre la “economía verde” y el marco institucional para el desarrollo sostenible es medular. La primera propone no solo dejar intactas las bases de un sistema inequitativo, excluyente, insostenible, sino que puede agudizar muchas de las asimetrías actuales al imponer políticas fiscales para el manejo de los recursos naturales y exigir el cumplimiento de dichos ajustes, al sobredimensionar el rol del sector privado en detrimento de la acción estatal, al promover indicadores y estándares que condicionarían y restringirían el comercio en perjuicio de los países en desarrollo, así como tampoco contempla mecanismos de transferencia de tecnologías en condiciones favorables para los países en desarrollo, menos aun revisar los derechos de propiedad intelectual. Más

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bien pretende modificar las modalidades de cooperación internacional para alentar la inversión privada, las inversiones extranjeras directas y mecanismos de mercado. Pensar en una “economía verde” sin modificar los patrones de producción y consumo, es una forma de avalar el proteccionismo, las operaciones especulativas que han llevado a la crisis del sistema capitalista, el desconocimiento de los derechos de los pueblos ancestrales, la apropiación y privatización de los servicios ambientales y la dependencia tecnológica de los países en desarrollo. La segunda “fortalecimiento del marco institucional para el desarrollo sostenible” requiere trabajar hacia un instrumento jurídicamente vinculante que cuente con un mecanismo financiero consistente con la visión de una nueva arquitectura financiera internacional. Debe haber una revisión crítica del papel desempeñado por el marco institucional actual en la construcción del desarrollo sostenible y la necesidad de introducir reformas profundas a su funcionamiento en el ánimo de evitar la duplicación de funciones y la sobre posición de responsabilidades entre los diversos órganos de las Naciones Unidas, con ello avizoramos una reforma necesaria del sistema ONU. En esa línea también está la discusión sobre el acceso a energía, lo cual debe cimentarse sobre la afirmación del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, así como sobre promover el cambio de la matriz energética mundial. Esto implica políticas integrales para reducir la dependencia del consumo de combustibles fósiles, el mejoramiento de la eficiencia energética, el impulso a la investigación y el desarrollo tecnológico y la adopción de medidas que fomenten la distribución, acceso y uso equitativo de la energía, alerta en la búsqueda de energías alternativas, adopción de políticas para depender menos del petróleo, reducción de la frontera agrícola en manos de grandes corporaciones privadas a través del establecimiento de monocultivos extensivos, lo cual impactaría negativamente sobre la seguridad y soberanía alimentaria, principalmente, de los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinas y campesinos, así como su incidencia sobre la pérdida de biodiversidad y agudización de los procesos erosivos del suelo, tornando aún más injusta la distribución de la tierra. Ecuador considera que la Conferencia de Río + 20 debe constituir un espacio para reafirmar los principios del desarrollo sostenible y evaluar el avance en la construcción de alternativas que recojan propuestas innovadoras y experiencias que emergen en el mundo, especial-

mente en América Latina y El Caribe. La cumbre debe ser la base para abordar también otros temas como la soberanía alimentaria, seguridad en la salud, acceso al agua, erradicación de la pobreza y los efectos de la crisis económica y financiera en la agenda del desarrollo sostenible. No es posible avanzar si no se examinan las causas de la crisis estructural. En la Conferencia no debe haber procesos de renegociación ni redefinición de instrumentos, principios y resultados ya acordados en las cumbres. De esta manera, podemos construir una agenda renovada y vigorosa que articule los tres pilares del Desarrollo Sostenible, lo social, lo económico y lo ambiental, e incluimos lo cultural, que implica el cumplimiento por parte de los Estados de los derechos individuales y colectivos de las poblaciones pertenecientes a la diversidad cultural de las regiones del mundo. Este compromiso radica en la decisión de modificar los patrones insostenibles de producción y consumo, principalmente de los países desarrollados, y demandar la reducción de su huella ecológica. Este compromiso requiere urgentes acuerdos para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, con el cumplimiento obligatorio de los países desarrollados. Se debe avanzar en la transformación del modelo de desarrollo actual hacia un nuevo modelo económico que considere los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y El Caribe, quienes a lo largo de los años han contribuido en la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas de sus territorios, así como el manejo de los impactos del cambio climático. La deuda ecológica que hay que reconocerla, más aún, cuando existen países desarrollados que no sólo generan grandes emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también una alta cantidad de desperdicios al mantener los insostenibles patrones de producción y consumo. Es fundamental definir correlaciones y proporciones directas entre lo que un país genera de desechos y consume en energía con lo que realiza para mitigar su impacto en los ecosistemas y la atmósfera. Río + 20 debe sincerar el flujo de recursos entre los países del Norte y el Sur. Para el año 2007, el flujo de recursos del Norte al Sur fue negativo (US$ -869 mil millones y para el caso de América Latina fue de US$ -99.8 mil millones) (Naciones Unidas, 2008 citado por Ortiz y Ugarteche, 2008). Más crítica fue aún la pérdida neta de recursos naturales desde el Sur al Norte. En el

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año 2009, la diferencia entre importaciones y exportaciones medidas en unidades físicas, alcanzó 181,6 millones de toneladas en detrimento de los países de la región andina, que perdieron biomasa, recursos no renovables, biodiversidad y servicios ambientales que se deterioran con los procesos de explotación (Falconí y Vallejo, 2012). Es urgente analizar la priorización de la inversión para revertir los ingentes recursos destinados al gasto militar y reorientarlos al desarrollo sostenible. Se debe fortalecer la cooperación para el intercambio de tecnologías y el desarrollo de capacidades, acorde a las prioridades y necesidades del país, así como establecer un sistema de monitoreo. Se debe hacer énfasis en tecnologías limpias que contribuyan al desarrollo sustentable. Esto implica impulsar procesos de investigación y desarrollo tecnológico desde los países del Sur, considerando los conocimientos ancestrales de los pueblos. Asimismo, se debe consolidar el concepto de seguridad y acceso a la energía, seguridad y soberanía alimentaria, bajo los principios de igualdad, equidad, democratización de los medios de producción y oferta de energía. La Conferencia debe fomentar la participación de los sectores sociales para asegurar el cumplimiento de la agenda. Es indispensable promover la incorporación especialmente de mujeres, jóvenes, campesinos, campesinas y de los pueblos y nacionalidades en las políticas y acciones para alcanzar el desarrollo sostenible, la recuperación de conocimientos y saberes de nuestros pueblos y nacionalidades sobre la convivencia con la naturaleza y la revalorización y respeto de las más variadas manifestaciones culturales, de modo de garantizar mayores niveles de participación y favorecer una real inclusión. La concreción de las expectativas señaladas supone la creación de un marco institucional para el desarrollo sustentable y un acuerdo político tanto a nivel nacional e internacional, como en los espacios de integración regional.

Los nuevos desafíos del desarrollo sostenible Frente a las limitaciones en el cumplimiento de los acuerdos en el tema; la agudización de la crisis financiera y los efectos del cambio climático; hemos constatado que para garantizar la continuidad de la vida es necesario provocar cambios sustantivos en la relación que mantenemos con la Tierra. Ecuador inició la discusión, generación y formulación de nuevos paradigmas y alternativas al modelo de desarrollo imperante.

En diversas reuniones regionales, como la que recoge la Declaración de Quito formulada en el marco de la Primera Reunión de las Ministras y Ministros de Medio Ambiente de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC, existen coincidencias en relación a los graves problemas actuales, lo que fortalece la posibilidad de generar una visión común que pueda ser debatida en la próxima reunión de Río a partir de cuatro premisas: - Un relanzamiento de la agenda de sustentabilidad que no retroceda en los principios acordados en Río 1992; - la transformación del modelo de desarrollo, con énfasis en la distribución, la equidad y la inclusión; - la implementación de financiamiento, la construcción de capacidades y la transferencia de tecnología, con la eliminación de barreras; y, - la formulación de un programa con metas y resultados claros para los próximos diez años en lo social, económico y ambiental. Para aportar en la construcción de esta agenda Ecuador propone y reconoce a la plurinacionalidad e interculturalidad como la base para promover un Estado y una sociedad basada en la unidad e igualdad. La armonía con el ambiente, así como la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos, en busca de desarrollar las libertades, oportunidades y potencialidades de las personas, son aspectos básicos que reflejan al Buen Vivir.

Un nuevo paradigma: el Buen Vivir El Ecuador plantea el Buen Vivir como un nuevo paradigma enfocado en la satisfacción de necesidades que reemplaza al modelo imperante de maximización de utilidades, basado en el crecimiento económico infinito, lo que ha llevado a la sobre-explotación de los recursos naturales, ha generado pobreza, inequidad y la exclusión de la mayoría de la población, que no ha permitido cubrir las necesidades de las generaciones actuales y que entraña severos riesgos para el cumplimiento de los derechos de las generaciones venideras. El Buen Vivir apela a la consecución de equilibrio entre derechos humanos y de la naturaleza, y propone romper en ese sentido con la visión antropocéntrica que ha colocado a la naturaleza al servicio de los seres humanos y la ha convertido en su objeto de manipulación y apropiación. Asimismo, pone énfasis, por un lado, en garantizar los derechos relativos a la inclusión y la equidad como el

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derecho a la alimentación y al agua, a un ambiente sano y libre de contaminación, la educación y la salud, vivienda y saneamiento, información y comunicación, participación, ciencia y tecnología y que promueva, por otro lado, la conservación de la biodiversidad y un manejo de los recursos naturales que respete los límites y capacidades de la Tierra, lo que conlleva el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos. Este recoge un planteamiento parte de la cosmovisión indígena andina —el Sumak Kawsay—, donde la naturaleza no es una cosa o un objeto, sino que es un “espacio de vida” (Quintero, Rafael en, Acosta et al, 2009) del que se toma solo lo necesario para vivir, al mismo tiempo valora e incorpora a su concepción, lo mejor del pensamiento occidental, de los aportes científicos y tecnológicos de la “modernidad”, en un esfuerzo por construir un mundo más justo y mejor. Asimismo, reafirma la importancia de revertir la forma en que nos hemos apropiado del ambiente donde prevalece el enfoque de qué podemos extraer1 de la naturaleza, por el de qué podemos aprender de ella, reflexionar hacia dónde queremos llegar como humanidad, con la profundidad y rigurosidad que amerita esta interrogante. En este proceso de transición, se deberán priorizar intervenciones en temas no resueltos y en nuevos, como los siguientes: a) fomento y consolidación de las soberanías alimen taria y energética; b) cambio en los patrones de producción y consumo; c) modificación de la matriz energética; d) fortalecimiento de la economía popular y solidaria y consiguiente promoción de la economía de los peque ños y medianos productores;

g) disminución y manejo integral de desechos sólidos y líquidos y saneamiento; h) manejo integral de recursos hídricos; i) la contaminación y acidificación de mares; j) acciones eficientes para detener la pérdida y degradación ambiental de ecosistemas frágiles, áreas de montaña, desertificación, pérdida irreversible de la biodiversidad; k) adaptación y mitigación para el cambio climático; l) distribución equitativa de los ingresos a escala global y al interior de los países; m) impulso a la sociedad del bioconocimiento; n) impulso al comercio equitativo y justo; o) mejoramiento de la situación de las mujeres, jóvenes, niños, niñas y adolescentes y grupos de atención prioritaria; p) atención a la situación y los derechos humanos de los pueblos y nacionalidades indígenas, afrodescendientes, montubios y cholos; y, q) profundización de la democracia y de mecanismos para el procesamiento de conflictos.

Los derechos de la naturaleza El reconocimiento formal de los derechos de la naturaleza implica considerar el entorno natural donde vivimos, no como una fuente inagotable de recursos, sino como el derecho a que se respete su existencia y sus capacidades para crear y reproducir la vida. Al reconocer derechos a la naturaleza, se resalta su valor intrínseco y el derecho soberano de los países a conservar su patrimonio natural.

e) seguridad integral, respuesta ante desastres y gestión de riesgos desde una perspectiva de la seguridad eco lógica y humana, reconociendo la vulnerabilidad de las poblaciones y de los ecosistemas;

Los derechos de la naturaleza han sido incorporados por primera vez en el mundo en la Constitución del Ecuador bajo la misma jerarquía que los otros derechos contemplados en esta Carta Magna.

f) la sostenibilidad de áreas urbanas y rurales, incluyendo la planificación y ordenamiento territorial;

Los actuales marcos normativos tienden finalmente a justificar los daños ambientales, y a restituir a los indivi-

1 La Constitución del Ecuador reconoce que toda persona puede accionar en defensa de la naturaleza, sin que requiera probar el daño que advierte.

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duos lo que usaba del ambiente, sin recuperar el sistema natural en sí (Acosta, 2009).

justo y solidario con las economías en desarrollo y en una nueva arquitectura financiera.

En el restablecimiento de un contrato de convivencia con la naturaleza, de la reconstrucción de la conexión y la cooperación entre todos los componentes de la Tierra, Ecuador propone discutir, en el marco de la Conferencia de Río + 20, una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza como instrumento para alcanzar el Buen Vivir. Ecuador reconoce que el camino para concretar e instrumentar el ejercicio de los derechos de la naturaleza no está aún definido. Por lo mismo, es una invitación a desarrollar un conocimiento distinto y a cambiar de la matriz epistemológica que ha orientado el desarrollo este último milenio.

En términos del comercio, la particular forma en la que las economías del Sur se insertaron al mercado mundial —venta de productos primarios—, ha significado prolongar la dependencia, incrementar la vulnerabilidad social y económica de nuestros países por la volatilidad de los precios y perpetuar el intercambio desigual, tanto en precios como en flujos de materiales y energías que se pierden —intercambio ecológicamente desigual—. En este contexto, Ecuador considera que a partir de la integración regional se puede incidir sobre la excesiva volatilidad de los precios de los alimentos y la especulación en los mercados de productos básicos. Los países del Norte, deberán por su parte promover el comercio justo y contemplar compensaciones por daños y contingencias (Falconí, 2012) y promover la complementariedad entre las naciones.

Ecuador también apoya la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática, con el fin de determinar la responsabilidad histórica así como la reparación de los países desarrollados respecto del cambio climático, es decir, la deuda ecológica que mantienen ante los países en desarrollo por la emisión de gases de efecto invernadero causantes de este fenómeno. Los países desarrollados, a lo largo de los últimos tres siglos, han emitido una gran cantidad de gases de efecto invernadero, en una sobre-ocupación del espacio atmosférico global, el cual debe considerarse un bien público, por lo que tienen obligaciones frente a los impactos negativos generados en los países en desarrollo.

Nuevo orden económico internacional y nueva arquitectura financiera Por efectos de una división internacional del trabajo, las economías latinoamericanas y la ecuatoriana en particular fundamentan su crecimiento económico en la dependencia de los recursos naturales. La riqueza extraída de la naturaleza y destinada a satisfacer demandas foráneas, además de provocar impactos sociales, culturales y ambientales negativos al interior de estas economías, no solo que ha tenido un elevado costo ambiental, sino que poco ha redundado en la superación de los problemas estructurales que arrastramos: pobreza, inequidad, exclusión. Ante esta realidad Ecuador reafirma la importancia de generar un nuevo orden económico internacional que debe sustentarse en un nuevo esquema de comercio,

El cambio del sistema financiero internacional, debe priorizar los proyectos de conservación, considerando los costos sociales, culturales y ambientales de los procesos productivos, enfocarse en desarrollar sectores secundarios y terciarios generadores de valor, promover la infraestructura y capacidades estratégicas, el empleo de mano de obra calificada, el desarrollo de tecnología y capacidades humanas especializadas. Es decir, que ayuden a la soberanía alimentaria; que no multipliquen los impactos ambientales. La nueva arquitectura financiera por otro lado, apela a la noción de complementariedad como reñida con la de competencia. La nueva arquitectura financiera internacional se estructura sobre tres ejes: una banca de desarrollo de nuevo tipo, un nuevo esquema monetario, un fondo común de reservas e instrumentos impositivos creativos. Una de las iniciativas de mayor creatividad y aceptación política que ha lanzado el Ecuador es la Iniciativa YasuníITT, que consiste en no explotar el bloque petrolero Ishpingo-Tambococha-Tiputini en el Parque Nacional Yasuní, con el fin de conservar la biodiversidad, proteger a los pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario, promover el desarrollo social y combatir el cambio climático al evitar la emisión de gases de efecto invernadero que se generarían de la explotación de cerca de 846 millones de barriles de petróleo. Al dejar el petróleo bajo tierra y evitar la emisión de alrededor

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de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles.

rrollo Sostenible conformado por la actual Comisión de Desarrollo Sostenible y el Foro de Ministros de Ambiente.

El impuesto Daly-Correa tiene como objetivo frenar las emisiones de dióxido de carbono, financiar programas de combate a la pobreza, el impulso de proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad y la promoción y desarrollo de modelos energéticos sostenibles para los países en desarrollo. Consiste en un impuesto a las exportaciones de petróleo a los países desarrollados, con el propósito de compensar por las emisiones de dióxido de carbono.

Sin duda, requerimos una nueva gobernanza para la sustentabilidad, que incluya un pacto ético y de gobernabilidad, mecanismos de financiamiento y redistribución global, para fortalecer los marcos institucionales del desarrollo sostenible, en todos los niveles nacionales e internacionales. Se requiere trabajar hacia un instrumento jurídicamente vinculante como nuevo marco institucional para el desarrollo sostenible, que cuente con un mecanismo financiero consistente con la visión de una nueva arquitectura financiera internacional.

La cooperación multilateral es un medio importante para enfrentar el cambio climático y alcanzar el desarrollo sostenible, mediante la revisión de acuerdos de derechos de propiedad intelectual, puesto que algunos afectan la garantía de derechos humanos a la salud, vivienda y alimentación, entre otros. Por otro lado, existe una gran riqueza de biodiversidad y conocimientos ancestrales en cuanto al aprovechamiento de recursos biológicos que se ha “fugado” del país, sin ninguna clase de reconocimiento ni derecho de propiedad sea intelectual o de pertenencia.

En el ámbito regional es necesario fortalecer los mecanismos de coordinación en la perspectiva de reforzar la complementariedad de acciones, apoyar los esfuerzos que se impulsan en la región a favor de la inclusión y la equidad, aprender unos de otros y formular agendas propias para la región sin condicionalidades impuestas. De ahí el apoyo al funcionamiento de un grupo de trabajo, conformado por la mesa directiva del XVIII Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe, para fortalecer la cooperación, la articulación y complementación de las políticas públicas en materia ambiental, así como para la generación e implementación de políticas y planes regionales comunes en las áreas prioritarias para el desarrollo sostenible y avanzar en la configuración del Foro de Ministros de Ambiente de la CELAC como mecanismo de consultas políticas (CELAC, 2012a).

Institucionalidad En el ámbito mundial se requieren arreglos institucionales concretos para enfrentar de manera integral las múltiples crisis que atraviesa el planeta, así como un marco jurídicamente vinculante. Desde el 2005 se ha venido discutiendo en el marco de las Naciones Unidas, especialmente en el Consejo de la Administración del PNUMA, las siguientes opciones: 1. Fortalecimiento del Rol del ECOSOC. 2. Fortalecimiento de la Comisión de Desarrollo Sostenible. 3. Transformación de la Comisión de Desarrollo Sostenible en Consejo para el Desarrollo Sostenible. 4. Fortalecimiento del PNUMA. 5. Transformación del PNUMA en una Agencia Internacional Especializada en materia de Medio Ambiente. Una opción institucional interesante se asienta sobre la propuesta orientada a la creación de un Foro de Desa-

Es fundamental fortalecer los nuevos organismos de integración regional como la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), la ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), el Banco del Sur, etc., promoviendo políticas y acciones coordinadas para avanzar en el desarrollo sostenible. En el ámbito nacional se requiere que los países establezcan políticas de desarrollo sostenible concretas que generen normas y mecanismos que fortalezcan y regulen el uso sustentable de los recursos naturales, logrando aumentar el nivel de conocimiento y entendimiento de los mismos, y adoptando medidas de prevención y control sobre toda actividad antropogénica que ponga en riesgo el derecho de las futuras generaciones al Buen Vivir.

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Nivel de participación en la Conferencia Río + 20 45.381

Participantes en total

12.000

Delegados de gobiernos a la Cumbre Oficial

Jefes de Estado y de Gobierno

30.000

Participantes en Cumbre de los Pueblos

188

Delegaciones de países participantes

Países participantes del G7:

Francia

Países del G7 que no participaron: Estados Unidos

Países participantes del G -20: Francia

Canadá

China

Alemania

Rusia

Reino Unido

Brasil

Japón

Argentina

Italia

Turquía Sudáfrica

Países del G -20 que no participaron: Australia Canadá

Corea Indonesia India

Alemania Italia Japón México Arabia Saudita Reino Unido Estados Unidos: 43% de las emisiones de CO2 del mundo

Fuente: Ministerio Coordinador de Patrimonio.

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Bibliografía: • Acosta, Alberto et al. 2009. Derechos de la naturaleza. El futuro es ahora. Alberto Acosta y Esperanza Martínez, compiladores. Ediciones AbyaAyala. Quito. • Acosta, Alberto et al. 2009. El Buen Vivir. Una vía para el desarrollo. Alberto Acosta y Esperanza Martínez, compiladores. Ediciones Abya-Ayala. Quito. • Acosta, Alberto et al. 2011. La naturaleza con Derechos. De la filosofía a la política. Alberto Acosta y Esperanza Martínez, compiladores. Ediciones Abya-Ayala. Quito. • ALBA. 2012. Proyecto documento: consideraciones ALBA negociaciones Río más 20 para próximas reuniones Quito - Caracas. New York. • Boff, Leonardo. 1996. Ecología: grito de la tierra, grito de los pobres. Editorial Trotta. Madrid. • Capra, Fritjof. 2003. Las conexiones ocultas. Implicaciones sociales, medioambientales, económicas y biológicas de una nueva visión del mundo. Anagrama. Colección Argumentos. España. • Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC. 2012a. Decisiones. XVIII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe y Primera Reunión de Ministros de Medio Ambiente de la CELAC. Quito. • Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC. 2012b. Declaración de Quito. XVIII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe y Primera Reunión de Ministros de Medio Ambiente de la CELAC. Quito. • Falconí, Fánder. Discurso para la XVIII Reunión del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y El Caribe y su primera sesión en el marco de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños - CELAC. Quito. • Falconí, Fánder y María Cristina Vallejo. 2012. Transiciones socioecológicas en la región andina. FLACSO. Quito. • Gallardo, Lucía, Kevin Koenig, Max Christian, Joan Martínez Alier. 2008. Petróleo y cambio climático: el impuesto Daly-Correa. Le Monde Diplomatique en español. • Gudynas, Eduardo. 2011. Buen Vivir: germinando alternativas al desarrollo en, América Latina en movimiento. Separata: destaques del FSM 2011. No. 462. Febrero. Quito. • Ministerio Coordinador de Patrimonio. 2010. Yasuní-ITT. Una iniciativa para cambiar la historia. Ecuador. Quito. • Ministerio Coordinador de Patrimonio –MCP-. 2012. Visión regional de desarrollo sostenible. Foro de Ministros de Ambiente de América Latina y El Caribe. • Presentación de la Ministra María Fernanda Espinosa. 2-3 febrero 2012. Quito. • Ortiz, Isabel y Oscar Ugarteche. 2008. El Banco del Sur: Avances y Desafíos. Nueva York y México DF. • Comisión Económica para América Latina y El Caribe -CEPAL-. 2011. Conclusions of the Latin American and Caribbean regional meeting preparatory to the United Nations Conference on Sustainable Development. Santiago de Chile. • República del Ecuador. 2008. Constitución del Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente. Montecristi. • Santos, Boaventura de Sousa. 2010. Refundación de Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología del Sur. Ediciones AbyaAyala. Quito. • Sève, Lucien. 2011. La causa ecológica y la causa antropológica. Salvar el género humano, no únicamente el planeta en, Le Monde Diplomatique en español. Año XVI. No. 194. pp. 16-17. • Zaffaroni, Eugenio Raúl. 2011. La Pachamama y el humano. Buenos Aires.

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El derecho a la alimentación y nutrición adecuadas

y el cambio climático Por: Deborah Hines*

l derecho a la alimentación podría en teoría cumplirse perfectamente, dado que al momento el mundo tiene suficiente comida para alimentar a toda su población. Sin embargo, el hambre y la malnutrición persisten, con estadísticas muy elevadas. Más de 925 millones de personas no tienen suficiente para comer ni para cubrir las necesidades nutricionales básicas hacia una vida sana1; 180 millones de niñas y niños menores de cinco años tienen baja estatura y vivirán con las consecuencias; 1.500 personas mayores de 20 años tienen sobrepeso como consecuencia de su baja estatura temprana, poco acceso a comida de calidad y falta de alimentos nutritivos. Aproximadamente 10.9 millones de niñas y niños menores de cinco años mueren cada año en países en desarrollo, la malnutrición y las enfermedades relacionadas con el hambre causan alrededor del 30 por ciento de estas muertes2. Políticas públicas bien definidas e implementadas con el apoyo de marcos legales para el derecho a la alimentación podrían eliminar la mayor parte del hambre que existe actualmente. Un enfoque sustentado en derechos ofrece una plataforma para la promoción, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los esfuerzos que realizan los países para prevenir el hambre y lograr una seguridad alimentaria y nutricional equitativa. Superar este problema requiere de un profundo análisis de sus causas económicas y políticas, pero exige también evaluar el hambre y la pobreza más allá de lo puramente económico. El acceso insuficiente a los alimentos podría resolverse a través de una serie de acciones concretas: medidas de socorro inmediato, programas de protección social, mejor acceso a oportunidades de generación de ingresos y aportes sostenibles para la producción y gestión de recursos naturales. Sin embargo, para cumplir el derecho a la alimentación y lograr la seguridad alimentaria y nutricional a largo plazo, se requiere una amplia gama de soluciones, que incluyen aspectos de gobernanza,

asistencia humanitaria, nutrición, reducción de riesgo de desastres, salud, educación e igualdad de género, y también adaptación al cambio climático. El cambio climático merece una atención especial porque es un multiplicador de vulnerabilidades y riesgos y, por tanto, un factor detonante negativo en temas de seguridad alimentaria y nutricional y derecho a la alimentación. Al inscribir las políticas de adaptación en un marco de derechos, que cuenta con herramientas de análisis y bases para políticas, se asegura que en su diseño e implementación se priorizarán las necesidades de los grupos más vulnerables, y que el cambio climático no contribuirá a ahondar la inequidad y la pobreza. En un contexto de cambio climático como el actual, el derecho alimentario cobra importancia creciente, pues las personas se vuelven más vulnerables. Los rápidos avances de la ciencia y el conocimiento sobre los sistemas naturales del planeta han dejado en claro los efectos del desarrollo no sostenible en el cambio climático, la degradación ambiental y la escasez de recursos. En términos de soberanía alimentaria, preocupan a los gobiernos los esquemas de producción y consumo no sostenibles que se relacionan con la escasez de recursos, especialmente energía, alimentos, tierra, bosques y agua. La degradación ambiental, expresada en términos de pérdida de suelos fértiles, desertificación, manejo no sostenible de bosques, reducción de disponibilidad de agua y pérdida de biodiversidad, no deja suficiente tiempo al ambiente para recuperarse y regenerarse. Alrededor del mundo, dos tercios de los servicios ambientales que la naturaleza provee a la humanidad están en declive. Esto tiene implicaciones para la seguridad alimentaria y nutricional. Según estimaciones, la malnutrición infantil será 20 por ciento más alta en los países en desarrollo que si no hubiera cambio climático. El número de gente en riesgo de su-

1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). News Release, 14 de septiembre 2010. 2 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Estado Mundial de la Infancia 2007. UNICEF. Nueva York, NY. 2006.

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frir hambre subirá entre 10 y 20 por ciento más debido a que el cambio climático impacta en: • Disponibilidad de agua de calidad. • Cantidad y calidad de alimentos disponibles. • Estrés en ecosistemas (erosión por agua y viento, acidificación, salinización y degradación biológica). • Distribución de hábitats, especies, zonas agro ecológicas, época y duración de temporadas productivas. • Conflictos sobre recursos escasos. • Volatilidad de mercados y precios. • La urbanización, migración y desplazamiento. • El acceso a recursos para las mujeres. En general, los principales indicadores de vulnerabilidad relacionados con el cambio climático son la falta de alimentos, la disponibilidad de agua y la falta de producción. Los factores de vulnerabilidad se relacionan estrechamente entre sí. Así, actualmente existe mucha presión sobre los recursos del planeta, especialmente el agua. El sector agrícola requiere el 70 por ciento del suministro de agua y contribuye con el 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. El cambio climático podría disminuir los rendimientos en más del 20 por ciento en muchas regiones de países en desarrollo. Los cambios en la temperatura también contribuyen a la volatilidad de los precios de los alimentos y tienen un efecto directo en los más pobres y en la nutrición de millones de niñas y niños. Mujeres y hombres viven la experiencia del cambio climático de manera diferente. Aunque las desigualdades de género disminuyen la capacidad de las mujeres para hacerle frente, son ellas las gestoras de cambio y las poseedoras de conocimiento y destrezas en aspectos relacionados con mitigación, adaptación y reducción de riesgos frente al cambio climático. Esto las convierte en actoras cruciales en el tema. En cuanto a los sistemas alimentarios, los impactos del cambio climático los afectan tanto en la producción como

el proceso, la distribución y el consumo. La vulnerabilidad alimentaria depende de la capacidad de la comunidad u hogar para afrontar la exposición a riesgos tales como sequías, inundaciones, plagas o pérdida de cosechas, fluctuaciones económicas y conflictos frente a la disponibilidad, acceso y utilización de los alimentos. Por ello es fundamental hacer frente a estas amenazas a través de medidas que permitan reducir la vulnerabilidad, tanto biofísica como social. En el mundo, las pérdidas relacionadas con eventos climáticos, las cuales sumaron 7.500 millones de dólares en 2010, afectan a la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente la de las familias más pobres. Si sus medios de vida son sensibles al cambio climático, los grupos vulnerables tienen un mayor nivel de riesgo, sobre todo en el caso de las mujeres. El 43 por ciento de agricultores a nivel mundial son mujeres y viven en áreas rurales. Ellas suelen ser responsables de cultivar y preparar la mayor parte de los alimentos para el hogar, además de criar el pequeño ganado, fuente de proteínas. Ellas elaboran los alimentos domésticos, garantizan una dieta variada y minimizan pérdidas. Sin embargo, generalmente, las mujeres no tienen control sobre los medios de vida, no participan de los procesos de toma de decisiones y no acceden a la educación, lo que limita su acceso. En el Ecuador, diversos factores climáticos impactan directamente en la seguridad alimentaria y nutricional, atentando contra el cumplimiento del derecho a la alimentación. Las amenazas relacionadas con el cambio climático incluyen el incremento de la temperatura promedio (incremento de 2°C), el retroceso de los glaciares (30 por ciento de pérdida de masa durante los últimos 30 años), la degeneración de los páramos, la desertificación, la pérdida de bosques nativos y el incremento de los eventos extremos3. En efecto, aparte de los cambios en temperatura y precipitaciones, el país ha experimentado en las últimas cuatro décadas un mayor número de eventos adversos de tipo climático, y más intensos. En los años 70, pocas zonas de la Costa y Amazonia tenían riesgo de inundación; en los últimos 30 años, su número ha aumentado. El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología (INHAMI) reporta mayor variabilidad en intensidad y estacionalidad de la

3 Ministerio del Ambiente de Ecuador. Vulnerabilidad, Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en el Ecuador: Compendio de acciones, estrategias y perfiles de proyectos en los sectores energéticos, forestal, agrícola, marino-costero y recursos hídricos. 2001.

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temporada lluviosa en la Costa. Las precipitaciones pasan de incrementos de hasta el 90 por ciento a disminuciones del 30 por ciento. Estos cambios y los eventos relacionados con la variabilidad climática, como los fenómenos de El Niño y La Niña, afectan al sector productivo ecuatoriano. Agricultura, pesca y recursos hídricos son altamente vulnerables a las inundaciones y sequías, que hoy son más intensas. En la década pasada, el Ecuador incurrió en pérdidas de más de 4 millones de dólares solamente a raíz de las sequías4. Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador, la mitad de las provincias del país están afectadas por la desertificación. Adicionalmente, 25 por ciento de suelos ecuatorianos ya sufren de erosión, y se considera que 70 por ciento de los suelos de las tierras altas están en estado crítico5. Las comunidades costeras enfrentan el riesgo de salinización del suelo, causado por la sobre explotación del agua subterránea. Éstos son algunos de los efectos de la degradación del suelo que afectarán a la seguridad alimentaria y nutricional y al cumplimiento del derecho a la alimentación. Ante los riesgos para la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional que traen las condiciones climáticas extremas, familias, comunidades y países vulnerables responden deteriorando los ecosistemas y aumentando la competencia y presión sobre los recursos naturales. Crear resiliencia es ir de un manejo de desastres a un manejo de riesgos, a fin de mejorar las condiciones de vida de las comunidades. Es urgente la adopción de un enfoque sensible al género en la formulación de políticas y programas sobre cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional. El avance de nuevas tecnologías puede tener un efecto positivo en mejorar la productividad de los recursos, reducir las emisiones de efecto invernadero y facilitar el acceso a servicios básicos como agua, energía y alimentos. No existe una única solución para terminar con el hambre o cumplir plenamente con el derecho a la alimentación. Sin embargo, conviene actuar desde un enfoque sustentado en derechos, pues este ofrece una plataforma para la promoción, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los esfuerzos encaminados

a prevenir el hambre y lograr una seguridad alimentaria y nutricional equitativa. El Ecuador inserta el derecho a la alimentación en su Constitución de 20086 como el “derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales”. Es uno de los primeros países que incluye explícitamente el derecho a la soberanía alimentaria en su Constitución y en su planificación nacional. Ésto genera obligaciones para el Estado en la mejora de capacidades agrícolas, la promoción de la agricultura sostenible y el trabajo hacia la auto-suficiencia y la disminución de la dependencia en importaciones de alimentos. Construir políticas públicas sobre adaptación desde un enfoque de derechos, de modo que se prioricen las necesidades de los grupos más vulnerables, contribuirá a evitar que el cambio climático ahonde inequidades. El derecho a la alimentación es, ante todo, el derecho a contar con políticas que aseguren el acceso a alimentos adecuados. También es el derecho a la protección contra políticas que debiliten dicho acceso. A cada nivel de respuesta al cambio climático existen riesgos para este derecho, desde esfuerzos de mitigación que incluyen un cambio del uso del suelo hacia la producción de combustibles vegetales, hasta esfuerzos de adaptación que dependen de alimentos importados. Integrar las estrategias que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional y la adaptación al cambio climático es posible, si se analiza paralelamente, existe un análisis a profundidad de la vulnerabilidad relacionada con el cambio climático combinado con un análisis de seguridad alimentaria. También es importante relacionar las necesidades de la comunidad con las del ambiente. El trabajo del Programa Mundial de Alimentos en este tema en el Ecuador incluye acciones concretas en apoyo a comunidades y políticas públicas; fomento a la resiliencia en comunidades vulnerables, reducción de riesgo de desastres, asegurar la disponibilidad de agua para riego y adelantarse al impacto de la variabilidad climática en los cultivos, entre otras acciones conjuntas con comunidades y gobiernos locales.

4 Análisis y Mapeo de Vulnerabilidad - VAM Ecuador: mapas de inseguridad alimentaria, erosión, heladas y desertificación, PMA, Ecuador, 2010. 5 Edwin Chela Morocho, Carlos Monar, Franklin Valverde, Elena Cruz. (2008). Evaluación de la pérdida del suelo por erosión hídrica en tres sistemas de producción en la micro cuenca del río Alumbre, provincia de Bolívar. Quito: XI Congreso Ecuatoriano de la Ciencia del Suelo. 6 Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 13.

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Atlas de seguridad alimentaria y nutrición, desastres naturales y cambio climático en el Ecuador

LEYENDA:

Vulnerabilidad de la Inseguridad Alimentaria Categoría (Valor máximo: 100) Muy alta vulnerabilidad de Inseguridad Alimentaria Alta vulnerabilidad de Inseguridad Alimentaria Media vulnerabilidad de Inseguridad Alimentaria Baja vulnerabilidad de Inseguridad Alimentaria (Valor mínimo: 35) Muy baja vulnerabilidad de Inseguridad Alimentaria

Fuente: Atlas de Seguridad Alimentaria y Nutricional, desastres naturales y cambio climático de Ecuador, junio 2012. PMA - CIIFEN

* Deborah Hines, representante del PMA en Ecuador. Tiene un PhD en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad de Duke y estudios de posgrado en Economía en Ciencias Biológicas. Ha trabajado en FAO, OIT, el Fondo Mundial del Medio Ambiente del Banco Mundial y el PMA.

Cooperación en cifras | 22

¿Cambio climático real o business as usual? Una mirada desde la cooperación para la justicia ecológica Por: Rocío Vergara Chalhoub*

“La imagen del cambio climático es el oso polar. A mí también me gusta el oso polar, pero es una imagen equivocada. La imagen del cambio climático es una persona campesina pobre, es una mujer y está desesperada” (Robinson, en Elbers, 2010:16).

uando hablamos de cambio climático surge la necesidad de decidir desde dónde abordar el análisis. Podemos elegir el enfoque de lo que algunos teóricos llaman el cambio climático real o el business as usual. La diferencia, lejos de ser una simple enunciación, radica en asumir el cambio climático como una de las mayores expresiones de la llamada por Enrique Leff crisis civilizatoria que enfrentamos (cambio climático real), o asumirlo como un fenómeno cuya solución se alberga en el mismo mercado (business as usual).

taforma para la aprobación de instrumentos vinculantes, entre ellos la Convención Mundial de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), que estableció las estrategias generales para enfrentar el fenómeno. Posteriormente, en 1997 con el Protocolo de Kioto, las Naciones se comprometieron a tomar medidas para reducir la emisión de 6 principales Gases de Efecto Invernadero (GEI). La meta fue reducir en al menos un 5% las emisiones entre 2008 y 2012, respecto a los niveles de 1990. Sin embargo, el Protocolo entró en vigencia recién en 2005 por falta de compromiso político1 y, a la fecha, los resultados han sido desalentadores. Contrario a lo planteado, las emisiones de GEI, especialmente de dióxido de carbono (CO2), han aumentado desde la vigencia del Protocolo2.

A partir de allí, el tratamiento y las soluciones resultan radicalmente diferentes con cada enfoque. Desde el enfoque real, lejos de ser únicamente un fenómeno ambiental, el cambio climático es un problema político, económico y social, que surge a partir de un modelo de desarrollo antropocéntrico, inequitativo e injusto, basado en la sobreexplotación de la naturaleza, y con consecuencias a escala planetaria. “No se puede encarar el cambio climático como un nuevo negocio del capitalismo, es un asunto de sobrevivencia de la Tierra y de la humanidad —un asunto que no admite concesiones” (Elbers, 2010:16).

Estos documentos permitieron colocar el tema ambiental en la agenda del desarrollo mundial y específicamente el cambio climático como prioridad durante las últimas décadas. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) ha mantenido una tendencia en aumento en el sector ambiental, llegando a 3.884,08 millones de dólares en el 2010 a nivel mundial (OCDE). En Ecuador, la cooperación para el sector en el mismo año, alcanzó 53 millones de dólares, colocándose en el tercer lugar de los sectores intervenidos, con un 14.22%. Los únicos dos sectores con mayor intervención fueron desarrollo social, con el 21.87% y educación con el 15.48%.

Es indudable que los patrones climáticos se han alterado de forma exponencial a partir de la Revolución Industrial, debido a los nuevos modelos de producción, al desarrollo tecnológico y la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, como tema de preocupación mundial, a nivel de estados y organismos internacionales, fue apenas hace 20 años que tomó importancia, a raíz de la Cumbre de la Tierra (Conferencia de Río –1992), espacio que sirvió de pla-

Según la información reportada a la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI), menos del 4% de la cooperación destinada para ambiente se registra en proyectos específicos sobre cambio climático, estando la mayoría de ellos enfocados en la adaptación. Sin embargo, se entiende que proyectos ambientales que en su enunciado no establecen el cambio climático, indirectamente trabajan sobre el tema, como por ejemplo proyectos de

1 Una de las mayores evidencias de la falta de compromiso político es que países de los más contaminantes, como Estados Unidos, nunca firmaron el Protocolo. 2 En el 2009 se registró un nuevo récord de 387 partes por millón (ppm) de CO2, lo cual resulta alarmante si consideramos que durante los últimos 800.000 años, hasta la Revolución Industrial, esta concentración nunca superó las 280 ppm (Elbers, 2010:17).

Revista Cooperamos | 23

reforestación, educación ambiental, conservación de recursos naturales, tratamiento de desechos, etc. Pese al aumento de montos de cooperación destinados, salta a la vista que el problema no se ha reducido y, por el contrario, continúa aumentando. Ello no es más que una consecuencia del enfoque mundial adoptado para la lucha contra el cambio climático, el de business as usual. Se ha trabajado sobre el cambio climático como problema ambiental sin priorizarlo como un problema fundamentalmente político. Los países industrializados no han asumido compromisos concretos para la reducción real de emisiones, pues ello implica priorizar las acciones de mitigación sobre las de adaptación del cambio climático, lo que sin duda afecta a los intereses económicos del actual modelo. El Protocolo de Kioto estableció tres mecanismos de flexibilidad para cumplir con la meta de reducción de GEI —Comercio de Emisiones, Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) y Mecanismos de Aplicación Conjunta—. Todos ellos, lejos de reducir el fenómeno, han provocado la mercantilización de la naturaleza, permitiendo a los países desarrollados, mayores causantes de la crisis ecológica, generar un nuevo negocio global y limpiar sus acciones a través de inversiones en los países en desarrollo, ya sea por MDL o comprando bonos de emisiones en los países que no alcanzan su cuota permitida para compensar sus excedentes de contaminación. Toda esta inversión, sin embargo, no reduce las emisiones generadas en los países desarrollados, además de que jamás compensarán todo lo que se pierde y afecta con la pérdida de biodiversidad. Al hablar de cambio climático real hablamos de la necesidad imperante de justicia ecológica, en la que los países del Norte, mayores causantes del cambio climático, asuman la deuda ecológica que mantienen con los países del Sur. Se necesitan acuerdos fuertes y vinculantes, con mecanismos y estrategias concretas de reducción de emisiones, pero sobre todo, la lucha real contra el cambio climático radica en la adopción de un nuevo modelo de desarrollo global, en un crecimiento sostenible que contemple los límites de la naturaleza e incorpore modos de producción limpia y medidas de prevención y reparación de daños ambientales, bajo una tutela efectiva de los derechos de la naturaleza, consagrados en nuestra Constitución y promovidos ahora a nivel mundial.

Ante un fenómeno multidimensional como el cambio climático, las soluciones no vendrán por una sola vía. Los países deben priorizar los temas ambientales y definir estrategias de desarrollo endógeno. La alineación de la cooperación internacional es fundamental, pues la AOD que se destina al tema ambiental debe responder a los intereses de desarrollo nacionales y no a los de los cooperantes. De la cooperación que recibió Ecuador en el 2010 para el tema ambiental, el principal cooperante es Alemania, con el 21,21%; seguido por Japón, con el 19,82%; Estados Unidos, con el 14,46%; y la Unión Europea, con 14,43%. Sin embargo, de acuerdo a la cantidad de proyectos ejecutados, Estados Unidos es el principal cooperante, con 105 proyectos; seguido de Reino Unido y España con 18 proyectos cada uno; la ONU y Bélgica con 12 proyectos cada uno y; Alemania con 9. La solución al cambio climático, evidentemente, no depende de la cantidad de cooperación que se destine desde la AOD o de proyectos ambientales privados bajo Responsabilidad Social Empresarial. Como problema político, ambiental, social y económico solo podrá resolverse bajo el cuestionamiento profundo al modelo de desarrollo y consecuentemente a los patrones de producción y consumo.

Bibliografía: SECRETARÍA TÉCNICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (2010). Informe de Cooperación Internacional No Reembolsable en el Ecuador 2010-2011. Segunda Edición. Quito-Ecuador.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO – OCDE. Estadísticas, sitio web oficial: http://www.oecd.org/pages/0,3417, es_36288966_36288678_1_1_1_1_1,00.html

ELBERS, Joerg (2010). La Cumbre Climática de Copenhague vs. el cambio climático real. Letras Verdes 6. Programa de Estudios Socioambientales. FLACSO-Ecuador: 16-18, http:// flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2230/1/05.%20 La%20Cumbre%20Clim%C3%A1tica%20de%20 Copenhague%E2%80%A6%20J%C3%B6rg%20Elbers.pdf

LEFF, Enrique (2002). Globalización y complejidad ambiental. Bolivia: Centro de Estudios Superiores Universitarios.

* Comunicadora con Especialidad en Desarrollo (Universidad Salesiana). Máster en Estudios Socioambientales (FLACSO-Ecuador). Experiencia en comunicación y educación ambiental. Analista de Territorios de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional.

Impactos | 24

Cambio Climático

una respuesta desde la iniciativa local Por: Ana Macías

mérica Latina no solo es una de las regiones más desiguales del planeta, actualmente; a futuro, será una de las más afectadas por los impactos del cambio climático1. En el estudio: “El Desafío Climático y de Desarrollo en América Latina y El Caribe: Opciones para un Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono”, presentado en Río + 20, por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL) y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), se observa un panorama poco alentador para la región, el mismo expone, que por razones de ubicación geográfica y por el hecho de que la mayoría de sus actividades económicas y medios de sustento dependen de sus recursos naturales, la región de América Latina y El Caribe es particularmente vulnerable a los efectos observados y proyectados del cambio climático. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), determina que los países industrializados son los principales responsables del cambio climático debido a sus emisiones de carbono, pero irónicamente son los países del Sur los más vulnerables a estos impactos. Un Informe del Banco Mundial de noviembre 2009 estima que 85% del impacto del calentamiento global incidirá sobre los países más pobres, justamente los que menos han contribuido al desencadenamiento de este fenómeno. Efectivamente, los países tropicales son los más afectados debido a:

inundaciones y sequías más frecuentes creando la crisis agrícola y alimentaria; el deshielo de sus nevados, poniendo en riesgo las fuentes de agua y el equilibrio climático; el deterioro de las condiciones de vida de sus pueblos por la contaminación del agua, aire y suelo que incrementan la migración, entre otros impactos (Carta Abierta, 20092). Así, con la responsabilidad de producir apenas el 11% de las emisiones que causan el calentamiento global, con un pasado que devela conquistas y vulneración y, con una diversidad natural y cultural que ha sido teñida por un “desarrollo” que no midió sus límites ni el de los demás, América Latina está destinada a pagar una deuda que no es suya; los efectos del cambio no sólo le costarán 100.000 millones de dólares (2% del PIB de la región, a valores actuales), sino que, la forma de vida de todos sus habitantes se verá alterada. Mientras que en cumbres como la de Río + 20, se debate sobre la situación actual y futura del planeta; en lo local y desde sus propias limitaciones y capacidades, se visibilizan iniciativas de desarrollo y adaptación al cambio climático; una de ellas y a la cual haremos referencia, es la promovida por la Asociación Agro artesanal de Cacao Orgánico "eco-cacao”3. Si bien el objetivo fundamental de la asociación, es la producción de cacao con métodos armónicos con la naturaleza, han incursionado también en la introducción de buenas prácticas en ecosistemas

1 Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), por "cambio climático" se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables. 2 Carta Abierta, apoyo internacional al reconocimiento y reparación integral de la deuda ecológica por cambio climático, en los Acuerdos de Copenhague, diciembre 2009. La Alianza de Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica apoyó la demanda de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Venezuela, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Panamá, Guatemala, Cuba, Belice, Dominica, St. Vincente y Las Grenadinas, Antigua y Barbado, Sri Lanka y Malasia, por el RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN INTEGRAL DE LA DEUDA ECOLÓGICA POR CAMBIO CLIMÁTICO QUE DEBEN LOS PAÍSES DEL NORTE AL SUR. 3 Eco-caco, es una asociación que trabaja en la provincia de Esmeraldas, ésta nace gracias a la preocupación que surge de los agricultores productores de cacao de la provincia en 2004, a raíz del planteamiento de acercamiento de productores se creó la Asociación Agro artesanal de Cacao Orgánico "eco-cacao", la misma que agrupa a agricultores de cacao de gran parte de la provincia verde.

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ECOALDEAS, casa de turismo comunitario manejada por la asociación de mujeres de Caimito, como estrategia de desarrollo local.

frágiles: manejo racional del agua y desechos, sistemas de comercialización para los productores asociados, diversificación de cultivos (mamey, aguacates, coco, sandias, tomate), uso de abonos orgánicos, recuperación de semillas ancestrales a través de la Red de Guardianes de Semillas y turismo comunitario. Para Arocena (1999), el desarrollo local no es pensable sino se inscribe en la racionalidad globalizante de los mercados, pero tampoco es viable si no se plantea sus raíces en las diferencias identitarias, la experiencia de adaptación al cambio climático que se expone, es considerada por quien escribe una forma de desarrollo local, sin gran infraestructura y sin mercados mundiales en los cuales insertarse; es simplemente una experiencia que se enmarca en eso que llamamos “Buen Vivir”. A través de medidas de manejo forestal, la organización ha implementado áreas de conservación a través de la creación de corredores biológicos, en coordinación con cada finquero asociado, quienes destinan el 10% (porcentaje variable) de su finca para el corredor que abarca 500 hectáreas de bosque. Dentro de las fincas se trabaja en el manejo del agua a través de la construcción de piscinas ubicadas en terrazas, cuando existen lluvias el agua se empoza en las piscinas y constituye reservas de agua para las épocas en que no llueve y se imposibilita

acarrear agua desde los centros poblados, estas reservas constituyen una fuente de agua importante para los hogares y la agricultura. En el Ecuador, especialmente en la zona costera, el efecto del calentamiento global se ha visibilizado a través de inundaciones y sequías, estas últimas tienen origen en una interrupción o disminución de las lluvias provocadas por situaciones climáticas anómalas y ha sido la causante de cuantíales pérdidas en cultivos y ganadería en el país. Esta experiencia de adaptación al cambio climático genera en los finqueros y en sus familias un sentido de apropiación y pertenencia a su territorio, que determina una relación directa con él, bajo condiciones de respeto para la naturaleza y beneficio para el hombre. El territorio que según Schejtman y Berdegué (2004), es una construcción social, un espacio con identidad y con un proyecto de desarrollo concertado socialmente, aquí se traduce en la territorialidad que genera las relaciones concertadas en los finqueros. Henri Lafebvre (1991), propone dos categorías analíticas para entender la sociedad capitalista: espacios dominados y espacios apropiados (…). Los territorios apropiados serían aquellos utilizados, o apropiados, para servir las necesidades y posibilidades de una colectividad. Así, éstos posibilitarían una “apropiación” simbólica y de identidad,

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además de funcional, de esos espacios; por lo tanto, una apropiación que sólo puede tener inicio en el “lugar” de cada individuo. Por ejemplo, para los finqueros el agua es concebida como fundamental, la construcción del ferrotanques y la llamada ‘siembra de agua’ son importantes, pues allí no abunda el líquido vital y en verano es seco. La ‘siembra de agua’ consiste en la recuperación de las quebradas donde se almacena el agua de lluvia a través de terrazas y pozas, lo cual permite que el agua se evacué poco a poco cuando llueve en abundancia, de este modo se reserva en las terrazas y pozas excedentes de agua a la desembocadura de la quebrada. En cuanto a los territorios dominados serían aquellos espacios transformados y sometidos, casi siempre cerrados, es decir, en el sentido de que nada ni nadie puede influir sobre ellos. Estos espacios serían puramente utilitarios y funcionales, dentro de una racionalidad instrumental y con la finalidad de controlar los procesos naturales y sociales a través de las técnicas, sometiéndolos al interés de la producción. Para el autor la historia de la acumulación de capital, es también la historia de la separación, de la apropiación y de la dominación. (Lafebvre en Schneider, 2006). Si bien eco-cacao se beneficia de los recursos provenientes de la cooperación internacional, esta iniciativa no deja de ser propia de esta localidad, así como tampoco

deja de ser parte de la vida de los finqueros que conciben esta práctica como una forma de apalear los efectos generados en su territorio por el calentamiento global. Gottman sostiene que los territorios proporcionan a las respectivas sociedades la capacidad de la complementariedad con los de fuera e incluso con el mundo. (Gottman en Schneider, 2006). Es de esta manera que la buena práctica producida en esta provincia se enmarca en la dinámica mundial actual, de generar repuestas que mitiguen los impactos del cambio climático, que si bien lo generaron unos, las consecuencias y las respuestas se visibilizan en otros.

Observaciones finales Cuando se observan iniciativas locales como éstas en un territorio específico, se entiende que para la cooperación internacional, es estratégico articularse a ellas, en pro de generar verdadero desarrollo, de esta manera la cooperación internacional se vuelve una herramienta que facilita que experiencias como la expuesta puedan replicarse en otros territorios. Esto es alinear la cooperación no sólo a las prioridades nacionales, sino también a las locales.

Amado Bone, técnico de ECO-CACAO, mostrando el funcionamiento del ferrotanque en una finca integral de Caimito-Esmeraldas.

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y posiblemente mínimas, pero que generan cambios significativos para bien de la humanidad. Río + 20, no sólo dejó un mal sabor en la boca, también fue el espacio donde los países desarrollados desconocieron nuevamente su responsabilidad para con los países en vías de desarrollo, dejando así la deuda social y ecológica en la impunidad, desconociendo la destrucción y contaminación de la naturaleza; la explotación de los pueblos; la contaminación de la atmósfera por sus emisiones de carbono debida a sus formas de producción y consumo.

Isidro, finquero de ECO-CACAO y guardián de semillas en Caimito – Esmeraldas.

Esta experiencia nos permite ver cómo estrategias endógenas, pueden ayudar no sólo a mejorar (aunque sea un poco) las condiciones de vida de sus habitantes, sino también contribuir a la batalla mundial contra el cambio climático, desde acciones concretas

El territorio enfatiza la manera cómo una sociedad utiliza los recursos de los que dispone en su organización productiva y, por lo tanto, en la relación entre sistemas sociales y ecológicos (Folke y Berkes en Abramovay, 2006), cuando los finqueros utilizan de la naturaleza lo que estrictamente necesitan y conviven de manera armónica con ella, es decir, aprender a vivir respetando el equilibrio natural de los ecosistemas, ésta es posiblemente la lección mejor aprendida por estos finqueros y sus familias.

Bibliografía:

ABRAMOVAY Ricardo (2006). “Para una teoría de estudios territoriales”. En Manzanel, Mabel, Desarrollo rural, organizaciones, instituciones y territorio. Buenos Aires. CICCUS.

ALIANZA DE LOS PUEBLOS DEL SUR (2009). “Carta Abierta, apoyo internacional al reconocimiento y reparación integral de la deuda ecológica por cambio climático, en los Acuerdos de Copenhague”, Disponible en: http://www.accionecologica.org. Visitado: 15/06/2012

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID), Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), (2012). “El Desafío Climático y de Desarrollo en América Latina y El Caribe: Opciones para un Desarrollo Resiliente Bajo en Carbono”. Disponible en: http://www.eclac.org. Visitado: 10/07/2012.

BOISIER, Sergio (1999). Desarrollo (local) ¿De qué estamos hablando?, En: Revista Paraguaya de Sociología. Año 36. No.104. EneroAbril, Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos (CPES), Asunción. (F338.9/B636d).

SCHEJTMAN, Alexander y Julio A. Berdegué (2004). “Desarrollo territorial rural”. Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. Santiago, Chile.

SCHNEIDER Sergio, TARTARUGA Iván (2006). “Territorio y enfoque territorial: de las referencias cognitivas a los aportes aplicados al análisis de los procesos sociales rurales”. En Manzanel, Mabel, Desarrollo rural, organizaciones, instituciones y territorio. Buenos Aires. CICCUS.

ONU (1992). “Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)”.

Magister en Desarrollo Local y Territorial , Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales – FLACSO Sede Ecuador; Investigadora, Unidad de Análisis Político de la Cooperación Internacional – SETECI.

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Negociaciones internacionales de cambio climático: el debate circular

Por: Gerardo Honty - CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social)

as negociaciones internacionales sobre cambio climático avanzan muy lentamente. Desde la firma del Protocolo de Kioto hasta aquí, cada año la Convención da algún pequeño paso hacia adelante y de tanto en tanto, como ocurrió en Copenhague, da varios pasos hacia atrás. Así, en los últimos años hemos visto como se han ido creando mecanismos e institucionalidades dentro de Naciones Unidas para dar respuesta a algunos de los problemas que deben resolverse. Estos pequeños pasos —como la creación del Comité de Adaptación, el Comité de Financiamiento o el Centro Tecnológico del Clima dados los últimos dos años— son, sin lugar a dudas, buenas noticias. Pero también es cierto que algunas otras decisiones generan al menos, ciertas dudas respecto a la dirección de los avances. Como ocurre por ejemplo con el caso de las definiciones adoptadas, también en los últimos dos años, sobre REDD +1, la inclusión de las actividades de Captura y Almacenamiento de Carbono en el Mecanismo de Desarrollo Limpio o la falta de ambición de los compromisos a asumir. Sin embargo, estos elementos, tanto los positivos como los negativos, no son más que el resultado posible, la pequeña señal emergente de unas negociaciones que, de fondo, recorren siempre el mismo camino de la diplomacia internacional: la defensa de los intereses nacionales de cada país, independientemente del beneficio o perjuicio para el planeta en su conjunto. Traducido a los temas climáticos ésto es: quién se hace cargo de la cuenta de la estabilización del clima y quién queda mejor posicionado en el nuevo

escenario de restricciones y eventual reparto de fondos. Por si aún a alguien le queda alguna duda, señalo que las negociaciones de la Convención hace rato dejaron de tener como centro de preocupaciones la forma de evitar el cambio climático y se corrieron hacia la discusión sobre cómo se reparten los beneficios económicos del nuevo orden económico de bajo carbono.

Las piedras del camino Uno de los principios más frecuentemente recordados en las negociaciones de cambio climático es el de las “responsabilidades comunes pero diferenciadas”. Este principio hace referencia a la idea de que todos los países contribuyen y han contribuido al problema del cambio climático pero algunos lo han hecho en una mayor medida que otros. Ésto que resulta tan fácil de decir, no ha sido tan fácil de instrumentalizar. En principio parecería que alcanza con saber el volumen de emisiones de cada país para determinar su grado de responsabilidad. Pero como el fenómeno del cambio climático no es un problema causado por las emisiones antropógenas actuales sino por las que se han ido acumulando con el tiempo, entonces es necesario recurrir a las emisiones "históricas". Los resultados del balance de responsabilidades son muy diferentes en uno y otro caso. Los países desarrollados tienden a reivindicar las emisiones actuales mientras que los países en desarrollo se apoyan más enfáticamente en las históricas. Sin embargo, el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas está indisolublemente ligado a otro: el de las “capacidades”2. Esto es, los países

1 Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques. Incluye además otras actividades como la gestión sostenible de los bosques y el incremento de las reservas forestales de carbono. 2 “Las Partes deberían proteger el sistema climático en beneficio de las generaciones presentes y futuras, sobre la base de la equidad y de conformidad con sus responsabilidades comunes pero diferenciadas y sus respectivas capacidades” (Convención de Cambio Climático, Art 3.1).

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actuarán para revertir la crisis climática en la justa medida en que sean responsables y en tanto y en cuanto sean “capaces”. La cuestión de medir la “capacidad” enfrenta retos políticos y académicos tanto o más grandes que la de medir la “responsabilidad”. El Producto Bruto Interno, el Ingreso Nacional Bruto, el grado de desarrollo tecnológico, son algunos de los indicadores que se han utilizado para establecer la posición del los países en el rango global de capacidades. Introducir esta variable en la discusión es mucho más problemático porque aquí se dividen las aguas al interior del mar de los países en desarrollo. Algunos países como Emiratos Árabes Unidos, Catar o Singapur, están entre los de ingresos más altos del planeta, más incluso que muchos “desarrollados”; mientras que otros, como la mayoría de los países africanos están entre los más pobres. Finalmente, al menos para este artículo aunque no para el debate internacional, una última variable que viene a complejizar aún más la discusión, es la población: es decir la cantidad de habitantes que tiene un país. Varios países —sobre todo los más poblados como India y China— han sostenido con firmeza y constancia que no se puede interpretar ni la responsabilidad ni la capacidad ante el cambio climático país por las emisiones absolutas de un país, sino por las relativas a su cantidad de población; es decir, las emisiones “per cápita”.

Atrapados sin salida Con estos razonamientos de fondo, los países se han embarcado hace ya 20 años en la aparentemente interminable discusión de cómo repartir los costos de la solución al problema del clima “sobre la base de la equidad” como dice el principio ya citado. Los países en desarrollo sostienen que el problema del cambio climático no está originado en las emisiones actuales, sino en la acumulación histórica de gases de efecto invernadero. En virtud de ello exigen a los países desarrollados realizar esfuerzos de reducción de emisiones acordes con esa responsabilidad. Y además, transferir los recursos financieros necesarios para la adaptación y la mitigación como compensación por los daños ocasionados y en virtud del principio de equidad expresado en el texto de la Convención.

Los países desarrollados por su parte sostienen que también sufrirán el mismo tipo de daño, aunque tienen mayores “capacidades” para enfrentar los problemas del cambio climático, fundadas sobre todo en sus mayores recursos económicos, financieros y tecnológicos. Pero, basados en las conclusiones del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, sostienen también que si no hay reducciones de emisiones en los demás países, el solo esfuerzo de los suyos no será suficiente. Dicen además, que muchos países “en desarrollo” son lo suficientemente ricos y tienen “capacidades” como para hacerse cargo del problema. En resumen, los países desarrollados no harían grandes transferencias de recursos, ni asumirán compromisos mayores, mientras no sean adoptados compromisos de reducción de emisiones al menos en las economías emergentes de los países en desarrollo (léase: China, Brasil, Singapur, entre otros). Por su parte, los países en desarrollo expresan que no asumirán compromisos en tanto no reciban el apoyo financiero de los países industrializados y éstos no den claras señales de una reducción significativa de sus emisiones.

El debate circular Así se suceden entonces reunión tras reunión, las mismas rondas de discursos, repetidos hasta el cansancio, que dejan muy poco espacio para los avances. Hasta tanto los países no adopten cambios sustanciales en su manera de enfocar las negociaciones, será imposible alcanzar acuerdos relevantes. ¿Qué serían cambios sustanciales? Que los países llamados desarrollados adopten mayores compromisos de reducción y de transferencia de fondos. Y que las economías mayores de los países en desarrollo asuman sus propios compromisos de reducción y lo hagan con fondos propios. Claro que ésto supone relegar los intereses nacionales y quizá, alguna pérdida económica en el corto plazo. Pero no hay otra manera. Hasta que cada uno no dé el paso necesario, todos seguirán culpándose mutuamente de trabar las negociaciones. En el caso particular de los países en desarrollo, que es el que nos interesa en este artículo, su principal causa es la reivindicación de su “derecho al desarrollo”. Y con ello están diciendo: “ni pienso preocuparme por la reducción de emisiones hasta entonces”. Y este

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razonamiento encierra muchos equívocos. Por ejemplo, la peregrina idea de que todos los habitantes del mundo podremos vivir algún día como viven los ricos de Europa o Estados Unidos. O que pueda existir un mundo “desarrollado” sin un mundo “en desarrollo” que lo sostenga. O que tener “derecho al desarrollo” es sinónimo de “derecho a contaminar impunemente como ya lo han hecho aquellos otros”.

difíciles de aceptar del cambio climático es que el modelo económico que impulsa el crecimiento y el concomitante consumo desmedido en las naciones desarrolladas no es sostenible en términos ecológicos. Nuestros supuestos sobre el progreso no podrían enfrentar un desafío mayor que el de armonizar las actividades económicas y el consumo con las realidades ecológicas.” (PNUD, Informe de Desarrollo Humano 2007-2008. Pág. 15)

Pero sobre todo encierra el equívoco mayúsculo del propio objetivo: el “desarrollo”.

En pos de esta quimera, los países “en desarrollo” están haciendo su propia contribución al estancamiento de las negociaciones. Tomar la iniciativa, dejar de esperar por los recursos externos, asumir compromisos ante la Tierra, olvidarse del “desarrollo” y recordar el “buen vivir”, pueden ser algunas pistas para salir del atolladero.

“Nada ejemplifica de manera tan clara como el clima que la creación de riquezas económicas no es sinónimo de progreso humano. (…) Una de las enseñanzas más

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Río + 20: Escasos resultados y compromisos,

una voz crítica desde el Sur Entrevista a María Fernanda Espinosa, ministra coordinadora de patrimonio. 2 de julio de 2012. adaptación, mitigación (...). En la conferencia se trató temas desde el combate a la pobreza hasta acceso al agua, el rol de las mujeres, el tema de los océanos, etc. Es decir, es un resultado general sobre el lenguaje ya acordado dentro de la convención.

Foto: Ministerio Coordinador de Patrimonio.

Según su criterio, ¿cuáles fueron las posiciones que tomaron los países del Norte frente al tema de cambio climático?

¿Cuáles considera usted que han sido los avances reales en términos de cambio climático como resultado de la Cumbre Río + 20? La conferencia de Río era sobre desarrollo sostenible, hay un capítulo en el documento final sobre cambio climático, pese a no ser el tema central. Lo cual, fue a propósito para retirarle peso político al tema y avanzar en los otros. Cambio climático es una cuestión sobre la cual difícilmente podemos llegar a acuerdos, eso se ha evidenciado en las últimas conferencias de las partes en esta convención. Es así que en el texto de la Cumbre de Río este tema es algo tremendamente general, menciona sobre reducción de emisiones, riesgos a la seguridad,

Por una parte se reconoce las responsabilidades comunes pero diferenciadas, como un principio fundamental que aplica el cambio climático. El presidente Correa fue muy claro sobre esto, dijo lo que tenía que decir, es decir, que el 60% de las emisiones de gases de efecto invernadero son generados por el 20% de países más ricos del mundo. La aritmética confirma que las responsabilidades sobre el cambio climático son de los países industrializados. Cómo se traduce eso en el texto de Río: se reconoce después de una lucha enorme del G77 y China que se debe aplicar ese principio; pero ya en la práctica hay un capítulo en el documento que habla de medios de implementación, de los compromisos, en esta parte el texto es totalmente irrelevante, absolutamente tibio, y en el caso del cambio climático es penoso porque se trata el tema de transferencia de tecnología, y no hay compromisos claros por parte de los países industrializados por transferir tecnologías que sean bajas en carbono.

¿Cuál es la propuesta de Ecuador frente al tema de transferencia de tecnologías bajas en carbono? El Ecuador ha estado luchando para que exista una flexibilización del arreglo de propiedad intelectual cuando se trata de tecnologías bajas en carbono, esto evidentemente causó urticaria en las economías desarrolladas del Norte y eso no fue acogido. El otro gran desconcierto fue sobre el tema de financiamiento para el desarrollo sos-

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tenible, para el cambio de matriz energética, reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad, todo esto requiere inversión y recursos. Si la crisis ecológica tiene una responsabilidad clara por parte de los países del Norte, pensamos que esto debe traducirse en la transferencia de recursos. Sin embargo, argumentando una supuesta crisis financiera en los países del Norte, no hubo compromisos de financiamiento, se habló de la creación de un grupo de 30 expertos que discutirán el tema de financiamiento para el desarrollo sostenible.

Entonces, ¿cuáles son los compromisos reales de los países del Norte? No hay compromisos claros en materia financiera, se sigue dilatando mientras los costos del cambio climático para los países en desarrollo están ahí, por ejemplo: qué vamos hacer con los 100 millones de refugiados climáticos en el mundo, qué vamos hacer en el Ecuador después de haber perdido 50 mil hectáreas de cultivos en la Costa a causa del fenómeno de La Niña, que más de 200 millones de dólares nos ha costado. Quién paga eso, si nosotros no somos responsables del cambio climático. A la vez preguntamos cómo sacaron 250 mil millones de dólares para el salvataje de los bancos en España en 24 horas. Es la economía especulativa frente a la seguridad humana; es decir, si el planeta fuera un banco ya lo hubieran salvado. No calculemos el salvataje de los bancos en EE.UU. y Grecia.

¿No hay una voluntad política? El problema no es solamente que no hay voluntad política sino que existe una miopía política, hay un grave problema de ver las prioridades. Qué sacamos salvando a los bancos si la gente no va a tener qué comer o va a ser permanentemente desplazada por los riesgos que genera el cambio climático, ya sea por las grandes inundaciones o sequías. Además, es una visión inmediatista donde solo se piensa en los ciclos políticos y no en los de la vida, o en la seguridad humana. Nadie quiere comprometerse en el mediano y largo plazo. Pero tampoco ahora, donde en pleno siglo XXI la gente sigue viviendo hambrunas como es el caso de África. No nos da ningún empacho, no nos duele el corazón, ni afectamos la ética en otorgar en un día 250 mil millones de dólares para salvar a los

bancos en España. Otro ejemplo, similar, es que en este país se hizo un salvataje bancario masivo antes de la dolarización.

¿Cuáles son las tareas pendientes que tienen los países luego de esta parte declarativa? Río recoge muchas de las propuestas de Ecuador pero a nivel declarativo, en cuanto a la implementación deja mucho que desear. Son tres las tareas: la primera es poner indicadores, es decir, cómo medimos a los objetivos de desarrollo sostenible que acordamos; la decisión del Ecuador es luchar por indicadores de consumo de los países del Norte y la reducción de emisiones. No puede haber desarrollo sostenible si no hay una especie de armonización climática, en agricultura, control de desastres, acceso al agua y la disciplina en el consumo de las economías más desarrolladas. El segundo desafío que tenemos es el tema de financiamiento. Como antecedentes fundamentales para esta discusión quiero anotar que en Copenhague 2009, se establecía un fondo 2009 – 2012 de uso inmediato de 30 mil millones de dólares para los países en desarrollo, su adaptación al cambio climático y la transformación de nuestras matrices energéticas. Hasta ahora ni el 20% de este fondo ha sido entregado a los países. Ecuador no firmó ese acuerdo. Asimismo, otro compromiso de fondeo se estableció en Cancún 2010: Fondo Verde climático en el que se habla de 100 mil millones de dólares anuales por año para los próximos 10 años, ese fondo todavía ni siquiera ha sido constituido. Es decir, todo se ha quedado en la parte declarativa. El tercer reto, relevante para el país, es el tema del marco institucional pues en Río no nos pusimos de acuerdo, éste nos dice cuál va a ser el marco institucional que garantizaría que los países cumplamos con nuestros compromisos en desarrollo sostenible.

¿Cuáles considera que fueron los puntos más interesantes de la postura ecuatoriana? Nosotros llevamos 4 propuestas relevantes para el cambio climático: el tema de los derechos de la naturaleza como sujeto de derechos. La necesidad de establecer un

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marco multilateral de cuidado y garantía de los bienes públicos globales como la atmósfera, el agua, la biodiversidad. Eso traducido en lo que nosotros llamamos la “Declaración universal de los derechos de la naturaleza”. La segunda propuesta es sobre la necesidad de pensar en alternativas al desarrollo, como es el paradigma del Buen Vivir, que es eje articulador de planificación y de las políticas públicas; y tiene estrecha relación con las formas de producir y consumir, ergo mucho que ver con el cambio climático. La tercera propuesta es la necesidad de una nueva arquitectura financiera para el desarrollo sostenible y ahí el plato fuerte, el más importante, es el de emisiones netas evitadas, como una respuesta de responsabilidad financiera por la crisis climática. Lo cual, significa la compensación por el mantenimiento de bienes públicos globales.

¿Un ejemplo claro de ello es la Iniciativa Yasuní ITT? Así es, Yasuní ITT es una iniciativa de emisiones netas editadas. Ecuador así como cualquier otro país en vías de desarrollo puede decidir de manera voluntaria y unilateral no realizar una actividad económica determinada para contribuir al mantenimiento de los bienes públicos globales. En nuestro caso decidimos no explotar el petróleo y con eso nosotros estamos dejando de emitir a la atmósfera 407 millones de toneladas de dióxido de carbono provenientes de la quema de combustibles fósiles, eso es un aporte a la humanidad. En ese mismo sentido, Ecuador propuso los impuestos a las plantaciones financieras internacionales, una suerte de tasa Tobin para el desarrollo sostenible. Creo que la iniciativa tiene su identidad propia, espacio propio, sigue siendo la única iniciativa concreta que está sobre la mesa. Los niveles de adhesión de la sociedad sociedad civil es lo que va a constituirse en el motor de avance de la iniciativa.

¿Cuál fue la cuarta propuesta que llevó el Ecuador? La primera, la cuarta y en parte la tercera propuesta están recogidas en el documento de Río. La cuarta es la necesidad de pensar en dos pilares adicionales al desarrollo sostenible se trata del pilar cultural, es

decir, de la diversidad y cambio cultural; y del pilar político, si no hay decisión y voluntad política nada se puede hacer. Ecuador llevó propuestas con mucha audacia y firmeza, fue crítico y proponente. Nos demoramos más de un año en negociar una posición dentro del Ecuador primero con jóvenes, mujeres indígenas, redes rurales, empresarios, o sea construimos esa posición que fue validada por el presidente; y estuvimos en un proceso de negociación que duró año y medio.

¿Cuál es el balance de Río? El desempeño de los grandes líderes políticos dejó mucho que desear. Los mismos días de la conferencia de Río tenía lugar la Cumbre del G20 en Los Cabos México, allí estaban las economías más poderosas del mundo, y ninguna fue a Río. Es decir, no estuvieron los responsables de la emisión del 40% de contaminación —el primer ministro de Japón, de Italia, de Inglaterra, y de Alemania— porque no querían comprometerse. No podemos pensar en formas de desarrollo alternativo, el problema es el desarrollo convencional que ha sido nefasto para la crisis ambiental y para profundizar la desigualdad y la pobreza.

¿A nivel de región cuáles serían los retos de Latinoamérica frente a este tema? A través de la Declaración de Quito hay un punto de partida, hablo de la reunión regional de la CELAC, de ministros y ministras del ambiente, allí se produjo una declaración, donde se plantearon las cuatro propuestas del Ecuador; lo cual, para nosotros ha sido una herramienta muy importante, porque es un instrumento que agrupa a todos los países de América Latina y El Caribe. Desde allí hay que fortalecer posiciones racionales en torno a estos temas críticos y sobre todo para ojalá coincidir en estas tres grandes tareas que nos quedan pendientes: el marco institucional, el financiero y los contenidos de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que este primer esfuerzo de acuerdo que se hizo en la reunión de CELAC, hay que seguir manteniéndolo, es un espíritu de cohesión, que apunta a construir una agenda conjunta.

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Noticias Ecuador comprometió asistencia técnica a Guatemala El 1 de junio de 2012, la secretaria técnica de Cooperación Internacional de Ecuador, Gabriela Rosero, y la subsecretaria de Cooperación Internacional de Guatemala, Ana María Méndez, suscribieron el Acta de la I Comisión Mixta de Cooperación técnica y científica, donde Ecuador al comprometer asistencia técnica a Guatemala, en proyectos sobre educación tributaria, salud y planificación institucional, asumió un rol activo posicionándose como oferente de cooperación.

La secretaria técnica de Cooperación Internacional, Gabriela Rosero, y la subsecretaria de Cooperación Internacional de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de Guatemala, Ana María Méndez, durante la firma de los proyectos aprobados.

SETECI evaluó proyectos ejecutados con cooperación estadounidense La Secretaría Técnica de Cooperación Internacional (SETECI) evaluó, durante el mes junio de 2012, los resultados de los proyectos ejecutados por la cooperación estadounidense en el Ecuador, durante el período 2007 - 2011. La secretaria técnica, Gabriela Rosero, explicó que este trabajo tiene como fin conocer y visualizar los resultados e impactos de la intervención de la cooperación en el país y promover la especialización de los cooperantes.

Técnicos de SETECI evalúan los resultados del proyecto Costas y Bosques Sostenibles, ubicado en la Reserva Marina Galera - San Francisco, en el cantón Muisne, provincia de Esmeraldas.

Ecuador reorienta la cooperación hacia el sector del conocimiento y talento humano Con el fin de articular de manera efectiva las acciones de la cooperación internacional a las políticas públicas, el Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano (MCCTH) y la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional realizaron la Mesa de diálogo de conocimiento y talento humano, el 4 de julio de 2012. Entre las resoluciones están: la definición de metodologías sobre calidad educativa; el intercambio de experiencias para fortalecer al sector público; e identificación de agendas en el tema de investigación, formación científica e innovación.

El ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Augusto Espinosa, y la secretaria técnica de Cooperación Internacional, Gabriela Rosero, dieron la bienvenida a los actores de la cooperación en el país e invitaron a generar esfuerzos conjuntos.

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Cooperación internacional y cambio climático:

un juego de pinball con la justicia ambiental Por: Cristina Jarrín*

omo todos conocemos, el denominado “pinball” es un juego mecánico en el cual a través de ágiles movimientos, se direcciona el recorrido de una pelota mediante el contacto con unas paletas manejadas con destreza por los jugadores. El objetivo es evitar que la pelota que recorre el tablero caiga en un agujero y se pierda el juego. Utilizando esta analogía es posible describir los elementos que entran en juego al hablar de cooperación internacional, cambio climático y justicia ambiental. Con ésto no se pretende siquiera insinuar que el abordaje del cambio climático pueda ser considerado un juego. Al contrario, es un tema de gran trascendencia que encierra serias implicaciones ambientales y políticas. Volviendo a nuestro imaginario “tablero de juego”, podríamos decir que de un lado tenemos a los compromisos asumidos en diversas cumbres internacionales para adoptar medidas que le hagan frente al cambio climático; por otro, a las políticas de cooperación internacional que aún no tienen claros mecanismos de colaboración y transferencia de recursos, sobre todo en el escenario actual que ha llevado a que las políticas de cooperación

internacional intensifiquen sus ya iniciadas restricciones respecto a sus prioridades de cooperación; y nuestra pelotita que recorre de un lado al otro del tablero, y que enfrenta el riesgo de caer en un hoyo sin salida, es la denominada “justicia ambiental”, la cual, de la mano de la llamada “deuda ecológica” considera que aquellos países con mayor nivel de contribución al cambio climático deberán también asumir mayores responsabilidades. No debemos olvidar que al igual que en la dinámica del juego, al perderse la noción de justicia ambiental, no se pierde únicamente un elemento que permite que la dinámica continúe de manera exitosa en términos de equidad, sino que con ello, también se pierde el objetivo central de hacer frente al cambio climático, al igual que el jugador al caer la pelota en el hoyo. Para comprender con mejor precisión el vaivén de los elementos e intereses en juego, se abordarán por separado cada uno de ellos. Iniciaremos con una breve descripción que nos permita comprender las principales implicaciones del cambio climático sobre el ambiente y la sociedad. Seguidamente se abordarán los alcances, que desde la perspectiva de la cooperación internacional

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se encuentran en debate respecto a los compromisos traducidos en el apoyo de la cooperación para hacerle frente al cambio climático; para finalmente incorporar aproximaciones que nos lleven a advertir la necesidad de no dejar de lado la “justicia ambiental” como elemento clave en peligrosa desventaja.

El objetivo: hacer frente al cambio climático Conocemos como cambio climático al aumento de la temperatura media de la superficie terrestre, como consecuencia del incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera. En la actualidad el planeta presenta temperaturas mayores a las registradas en los últimos 650 mil años; y si bien es cierto que los cambios del clima en el planeta forman parte de un proceso natural; es en los últimos 150 años que las tasas de temperatura han aumentado más de lo que lo hicieron en los 8 mil años anteriores a la industrialización (Honty; 2011: 11), esta vez ya no como parte de un proceso natural, sino como resultado de las actividades antrópicas; especialmente el consumo de combustibles fósiles. Dicho incremento ha ido intensificándose, siendo la década de 1990 la más caliente de los últimos mil años (IPADE; 2006: 7), por lo cual el Panel Intergubernamental sobre Cambio ClimáticoIPCC estima que la temperatura mundial promedio se incrementaría entre 2 y 6 grados hacia finales del siglo XXI (Quirola; 2009: 4). Entre los principales efectos del cambio climático cuentan la afectación de la producción agrícola y por lo tanto de la seguridad alimentaria, disminución de la disponibilidad de agua dulce debido al derretimiento de los glaciares, que a su vez causaría una disminución de fuentes de agua potable1; aumento del nivel del mar, lo que expondría a inundaciones especialmente a las zonas costeras e islas; impactos negativos en los ecosistemas y en la biodiversidad; y repercusiones en la calidad de vida de las sociedades debido a la proliferación de enfermedades y desplazamientos forzados por cambios ambientales. La preocupación por adoptar medidas que condujeran a disminuir los GEI para de ese modo hacer frente al 1

cambio climático, encontró impulso en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático - CMNUCC, en 1992, cuyo texto entró en vigor en 1994 y donde los países signatarios asumieron el compromiso de reducir sus emisiones de GEI, y establecer mecanismos de cooperación y financiamiento para mitigar las causas y hacer frente a los efectos del cambio climático. Dicha convención marcó el hito inicial de las políticas a adoptar a nivel internacional respecto a un “recurso compartido” como es el sistema climático; las mismas que se concretaron en el llamado Protocolo de Kioto, firmado en 1997. Desde entonces hasta hoy los compromisos plasmados en dichos acuerdos y en negociaciones posteriores en las diferentes Conferencias de las Partes, han tenido avances y reveces, vinculados a diversas posiciones, entre las que se mencionan: el cuestionamiento sobre si en las metas fijadas existe un forzamiento antropogénico del sistema climático, generando una “brecha enorme entre la evidencia científica y la respuesta política” (Honty; 2011: 19); respecto a los mecanismos para hacer cumplir los principios de responsabilidades compartidas pero diferenciadas frente a la certeza de que han sido los países desarrollados los principales causantes del cambio climático y; sin embargo, serían los países en desarrollo quienes sufrirían en mayor medida las consecuencias, a pesar de haber contribuido en menor proporción al problema; respecto a que una vinculación jurídica de dichos acuerdos supondrían criterios de inequidad que frenarían el desarrollo; y a la no ratificación de dichos acuerdos por los limitantes al desarrollo económico que éstos supondrían, argumento expuesto especialmente por varios países desarrollados. En este contexto, el objetivo de hacer frente al cambio climático ha adquirido complicados matices y ha entrado en graves controversias que lo han ido desdibujando. Los países de América Latina tampoco han logrado consolidar una única posición, ya que han actuado de manera individual o por bloques subregionales. Probablemente una de las propuestas más concretas que ha surgido en los últimos años ha sido la denominada de “emisiones netas evitadas” plasmada en la Iniciativa Yasuní ITT, que está siendo presentada y negociada por el Ecuador en diversos espacios internacionales y pretende renunciar

Algunos científicos consideran que los glaciares en Ecuador podrían desaparecer en las próximas dos décadas, y Quito de depende en un 80% de los glaciares ecuatorianos para su abastecimiento de agua (FUNDACIÓN IPADE; 2006; 8).

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a la explotación de petróleo en el Bloque ITT a cambio recursos internacionales canalizados a través de un fondo de capitalización. Con esta propuesta se estima que se evitaría la emisión de más de 400 millones de toneladas de CO2, además de evitar la deforestación. Queda pendiente aún saber si esta propuesta será viable.

La cooperación internacional frente al cambio climático En los años posteriores a la CMNUCC y al Protocolo de Kioto, uno de los temas de relevancia en los que se han desarrollado una serie de debates, son aquellos relacionados con el papel crítico que tiene la cooperación internacional en el cumplimiento de los compromisos que buscan la disminución de los GEI con el propósito de hacer frente al cambio climático. Sin embargo, los acuerdos a los que se ha podido llegar generan mucha incertidumbre debido a que los programas de acción, a pesar de que enuncian al cambio climático como una preocupación para las agencias de cooperación internacional, éstos se difuminan en la corriente principal de ayuda al desarrollo. Es importante precisar que si bien existen vínculos entre la amenaza del cambio climático y la erradicación de la pobreza y el desarrollo, dicha difuminación podría restar eficacia a las acciones, más aún en un contexto de poca claridad frente a los compromisos y posiciones. También es importante señalar que en muchos países, entre los cuales se cuenta al Ecuador, la gestión ambiental ha estado en gran medida determinada por la dinámica de la cooperación internacional, con la precisión de que en este tema, los beneficios obtenidos de la cooperación, a diferencia de en otros, son compartidos; y “sin embargo, las acciones que se desarrollan están encuadradas en los mismos conceptos, en las mismas agencias, en las mismas estructuras [y en un] empaquetamiento de los programas de acción” similares a los que organizan las gestiones de cooperación en otros temas

relacionados al desarrollo. En los temas ambientales, al igual que para los temas de desarrollo, esta situación ha generado además una dependencia programática que diluye el objetivo central de dicha cooperación (Bustamante; 2008: 232-249), y en este caso, el objetivo de hacer frente al cambio climático no escapa a ello, sobre todo si se considera al sistema climático dentro de los denominados “bienes públicos globales”, entendidos éstos como aquellos que benefician a todos los países, a todos los grupos de población y a todas las generaciones. Los compromisos asumidos en las diversas Cumbres de las Partes (aunque todavía débilmente aplicables en la práctica) recalcan en que los esfuerzos de la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático deberán priorizar de manera diferenciada programas de acción que contribuyan a remplazar las fuentes de combustibles fósiles tradicionales por fuentes de energía renovables como la solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica, energía generada a partir de las corrientes marinas y generación de biocombustibles2; programas para disminuir la deforestación, la degradación y el cambio de uso del suelo, que constituye la principal contribución al cambio climático en países como los latinoamericanos; y a buscar soluciones integrales para mitigar las consecuencias del cambio climático y trabajar en mecanismos de adaptación sobre todo de poblaciones en condiciones de pobreza y desigualdad que son las de mayor vulnerabilidad frente a esta crisis ambiental. Estos programas deberán traducirse en acciones concretas respecto a la transferencia de tecnología y financiamiento, sin perder de vista los principios de equidad, responsabilidad compartida pero diferenciada, el incremento de capacidades y el derecho al desarrollo (Quirola; 2009: 6-9). En esta perspectiva, debe señalarse un tema de vital importancia para países como el Ecuador, considerados como de renta media3. Esta catalogación coloca a este grupo de países en condiciones de desventaja al momento de acceder a recursos de cualquier tipo, ya hemos visto

2 Es importante recalcar la importancia de que la generación de biocombustibles no deberá generar dinámicas de competencia en suelos destinados a la producción de alimentos en desmedro de la seguridad alimentaria de las poblaciones; ni tampoco deberá generar presiones sobre los bosques. 3 Criterio difundido por el Banco Mundial y utilizado por los países del Comité de Asistencia para el desarrollo (CAD) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), cuya clasificación se basa en el ingreso per cápita de los países. Según el Banco Mundial, son clasificados como países de renta media aquellos que han alcanzado cierto nivel de ingresos que les permite “asumir la responsabilidad de su propio desarrollo”. En esta categoría se encuentran 33 países de América Latina y El Caribe —entre los que se cuenta al Ecuador—; lo cual corresponde al 90% a nivel regional y el 28% a nivel mundial (CEPAL, 2011; 5).

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que muchas agencias de cooperación se han retirado de ellos. En esta perspectiva si se considera a los países de renta media como capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo, y en esta medida disminuyen sus posibilidades de acceso a recursos de la cooperación internacional ¿cómo evitar que estos criterios también difuminen las nociones de justicia ambiental y de responsabilidades diferenciadas? Los documentos oficiales que se desprenden de los diversos encuentros internacionales sobre cambio climático diferencian en su misma redacción a países desarrollados y países subdesarrollados o menos desarrollados; sin embargo; quedan fuera de estas consideraciones las condiciones particulares para los llamados países de renta media. Por lo tanto, no debemos perder de vista que para estos países, de cualquier modo, avanzar en alcanzar niveles de desarrollo con sus propios medios y a la par asumir compromisos para hacer frente al cambio climático constituyen esfuerzos redoblados, a pesar de que su contribución y por lo tanto su responsabilidad comparada con la de los países desarrollados es menor. Entonces, es imprescindible considerar estas variables en la perspectiva de que la cooperación internacional sea “más efectiva y no discriminatoria con respecto a las condiciones, capacidades y requerimientos” (Quirola; 2009: 10).

¿Y la justicia ambiental? El concepto de justicia ambiental está íntimamente ligado con el de sustentabilidad, y se refiere a la necesidad de no sobrecargar las funciones ambientales ni deteriorar la calidad del planeta, utilizando los recursos de manera que sean ecológicamente viables a lo largo del tiempo; para lo cual es necesario respetar los límites entre lo que se toma y se devuelve al planeta en la medida que éstos puedan absorberse y regenerarse y pensar en el mañana; es decir, dejar a la generación siguiente un mundo habitable en el que sea posible acceder a las opciones vitales en iguales o mejores condiciones que lo que fue para nosotros. En esta perspectiva “los sistemas económico-sociales han de ser reproducibles sin deterioro de los ecosistemas sobre los que se apoyan” (Riechmann; 2003: 7), a lo que podría añadirse que lo deseable sería que dicho acceso

a las opciones vitales pueda ser igual para todas las personas. En esta perspectiva, las condiciones reales advierten de una “imposibilidad de justicia” en la medida de que la población de los países menos desarrollados no pueden acceder a las mismas condiciones de vida que los más desarrollados (Honty; 2011: 21). Sin embargo, el crecimiento alcanzado por los países desarrollados a través de un modelo basado en la explotación de recursos y en una industrialización altamente nociva para el ambiente tampoco es deseable, no a costa de la pérdida de calidad ambiental4. Por lo tanto, si las posibilidades de desarrollo no son equiparables entre países menos desarrollados con aquellas de los que ya se desarrollaron, las medidas de mitigación del cambio climático tampoco deberán ser equiparables. Es decir, si queremos hablar de justicia, respetando los límites y pensando en el mañana, son los países desarrollados quienes mayor deuda ambiental han generado, y por lo tanto, en quienes debe recaer la mayor responsabilidad de reducir sus emisiones mientras que los países en desarrollo no deberán aumentarlas. Entre las alternativas posibles propuestas para la mitigación del cambio climático se encuentra el mantenimiento o creación de sumideros, generalmente bosques en pie o plantaciones forestales, ya que éstos contribuyen a eliminar de la atmósfera los GEI a través de la captura de carbono. Esta alternativa tiene un carácter de intransabilidad dentro los parámetros de justicia, ya que por un lado, dicha captura no resulta equiparable a la no emisión de GEI, y por otro, aquellos países que estén en condiciones de mantener sumideros ya sea dentro o fuera de sus territorios, encontrarían en esta posibilidad la puerta abierta para continuar contaminando (IPADE; 2006: 28).

El vaivén del juego Como hemos visto, los elementos en juego en torno al tema del cambio climático tienen alcances todavía no definidos. Por un lado, los esfuerzos realizados por los diferentes grupos de científicos, académicos y negociadores que abordan el tema del cambio climático desde sus respectivos espacios de producción de

Todos hemos escuchado decir que si todos los países tuviéramos un nivel de consumo igual al de los EE.UU., necesitarías 9 planetas para poder absorber dichas necesidades (Honty; 2011: 21).

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conocimiento y generación de políticas y estrategias, no encuentran un camino certero. Intereses económicos, indefinición respecto a las vinculaciones jurídicas en juego y diversidad de objeciones cada vez con argumentos más elaborados, golpean de un lado al otro a aquellas posiciones que no quieren perder de vista la diferenciación de las responsabilidades. Por otro lado, la estructura de gestión de la cooperación internacional en temas ambientales, entre los que se cuenta al cambio climático, la insuficiente prioridad aún dada al tema; sumada a la falta de claridad en los mecanismos de transferencia de recursos de la cooperación internacional para mitigarlo, o a la falta de acceso a los mismos por parte de algunos países golpean por otro

lado a las oportunidades de implementar estrategias viables para la consecución del objetivo de hacer frente al cambio climático. Y la justicia ambiental, cada vez más desgastada en el vaivén de este juego corre el riesgo de caer en el hoyo sin salida, mientras los efectos del cambio climático empiezan a sentirse cada vez con mayor intensidad en todas partes del mundo, pero sobre todo por aquellas poblaciones más vulnerables. Y como pronostica Bryan Fagan en su libro El Gran Calentamiento: cómo influyó el cambio climático en el apogeo y caída de las civilizaciones; “como no prestemos atención a este elefante silencioso, el futuro se nos vendrá encima”.

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Docente investigadora del Instituto de Altos Estudios Nacionales-IAEN. Coordinadora de la Especialización en Cooperación Internacional para el Desarrollo. Magíster en Ciencias Sociales con mención en Estudios Socioambientales por FLACSO-Ecuador.

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¿La magia de fuego podrá alejar los monstruos del Yasuní? Fotografía: Edu León* Hay tantas especies de árboles y arbustos en una hectárea del Yasuní como árboles nativos en toda América del Norte, el estimado es de 680 especies. Rodeados de esta gran biósfera y de máquinas que acechan para sacar el petróleo que la asienta, están las comunidades con proyectos para preservar lo que en definitiva es el legado de sus abuelos, y el de sus antepasados más lejanos. La comunidad Quichua Añangu en Orellana, está implementando alternativas, construyendo un espacio de ecoturismo sustentable. Mientras los ojos del capitalismo más feroz está puesto en este pulmón del mundo, pequeños gestos sirven de arma vital para un pueblo, que espera que el sonido sordo de las máquinas no venza la sinfonía de la selva. * Periodista y fotógrafo del Periódico Diagonal (España). Trabaja para la agencia GETTY IMAGES, colaborador de diario El Telégrafo y Revista Diners.