Revista N° 7 by Sergio

Revista Análisis Público

Año 4/N ° 7/noviembre 2016 ISSN 0719-2541

3 Comité Editorial Director Revista

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Dr. Jaime Rubina Bustamante, Director Escuela de Administración Pública, Universidad de Valparaíso, Chile.

Editor Revista 

Dr. Carlos Haefner, Profesor Titular, Escuela de Administración Pública, Universidad de Valparaíso, Chile.

Comité Editorial 

Dr. Edgar Jiménez (Presidente Comité Editorial) Instituto Nacional de Administración Pública, México.

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Dr. Juan Carlos Monedero, Director del Dpto. Gobierno, Políticas Públicas y Ciudadanía, Universidad Complutense de Madrid, España.

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Dr. Aldo Isuani, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

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Dr. Tomas Miklos, Consultor Internacional en Prospectiva, México.

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Dr. Francisco Gangas, Universidad de Los Lagos, Santiago de Chile.

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Dr. Janosch Schobin. Hamburger Institut für Sozialforschun, Alemania.

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Mg. Guillermo Holzmann, Universidad de Valparaíso, Chile.

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Mag. Mario Rosales, Observatorio Latinoamericano de la Descentralización de la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones, FLACMA.

Consejo Editorial 

Mtro. Eduardo Sancho, Universidad Francisco Gavidia, El Salvador.

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Dr. Fernando Valdez, Universidad Rafael Landivar, Guatemala.

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Dra. Citlalin Ulloa, Universidad Iberoamericana, Santa Fe, Distrito Federal, México.

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Dra. M. Angélica Piñones S., Escuela de Administración Pública, Universidad de Valparaíso, Chile.

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Mg. Luis Salas, Director del Centro de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV).

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Mg. Juan Salinas, Asociación Chilena de Municipalidades, Chile.

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Mg. Ricardo Villa Cifuentes, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Chile.

4 Revista Análisis Público 2016

Presentación Este último año ha sido particularmente turbulento, tanto en los aspectos políticos, económicos y sociales en nuestra América Latina. Las crisis de gobernabilidad en algunos gobiernos, los cambios de orientación política en otros, y la sostenida deslegitimación de los partidos políticos, se ha visto acompañada de una siempre presente amenaza de agravamiento de los problemas económicos, los cuales no son buenas noticias para una región caracterizada por la pobreza y la desigualdad. En este contexto, se hace urgente y necesario mantener un debate académico que permita poner en perspectiva los procesos de cambios y rupturas que se están manifestando de formas diversas y, no pocas veces, con una dinámica y configuración, que pone en jaque los tradicionales enfoques de análisis de las ciencias sociales y políticas. La Revista Análisis Público es un espacio abierto y pluralista que he venido en los últimos tres años recogiendo diversos aportes de académicos de Iberoamérica, los cuales generosamente han compartido sus hallazgos e ideas en éstas páginas. En este número 7 de la Revista que estamos presentando, otros colaboradores de diversas universidades han querido aportar al desarrollo de este espacio de reflexión. La profesora Valeria Scapini, de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Valparaíso nos comparte su investigación Pobreza por ingresos explicada en base a las dimensiones de la pobreza multidimensional, en el cual debate respecto de la pobreza y sus formas de medirla .Enfatizando que la pobreza no sólo debe medirse por el ingreso monetario sino que también por todas las variables que la afecten (salud, educación y calidad de vida) así surge la denominada Pobreza Multidimensional. En virtud de ello, nos presenta sus hallazgos respecto de la incidencia de la pobreza en función de las dimensiones de la pobreza multidimensional, mostrando niveles de significación.

6 Desde, la Universidad de Alicante, España, las académicas Verónica Gómez y Adela Romero aportan su trabajo El paradigma de la Gobernanza: La nueva relación entre los Poderes Públicos y el Tercer Sector, en el cual analizar un nuevo concepto de Gobernanza, en base a las relaciones entre Estado, mercado, Tercer Sector, y ciudadanía con el objetivo de esclarecer cuál es la mejor manera de dar respuesta a las necesidades sociales. Además, en él, se hace hincapié en los conceptos de diálogo y participación ya que estos muestran la relación entre el Estado, el mercado y la ciudadanía, a través de una eficaz y eficiente orientación e intervención del Estado en su forma de gobernar.

Los profesores investigadores de la XXXXXXX Alberto Espejel y Mariela Díaz realizan un interesante artículo denominado Esquema para el análisis de las caras externas de los partidos políticos, cuyo objetivo es aportar un esquema de análisis que se centra en la vida externa partidaria. Apoyado en la categoría de proyecto político se plantean tres tipos de partidos políticos (autoritario, neoliberal y democrático-participativo) útiles para la caracterización empírica, cada uno de los cuales posee diferencias en torno a temas como: política social, democracia, política económica, seguridad y corrupción.

El académico Luis Salas de la Escuela de Economía Política Universidad Bolivariana de Venezuela, nos aporta sus reflexiones en su artículo Venezuela: los conflictos políticos de la democratización del consumo y el empleo. Retos y perspectivas. Salas plantea que - desde Hugo Chávez - Venezuela arranca un proceso de cambios cuya expresión más acabada en materia económica ha sido la superación parcial de la restricción interna a través de la democratización del consumo y del empleo formal. Sin embargo, esto plantea en la una serie de retos a la sostenibilidad de lo avanzado, retos que por lo demás se presentan en un contexto internacional adverso de restricción externa (recesión económica global, caída del precio de las materias primas, etc.) y de tensiones internas provocada por la resistencia de poderes económicos tradicionales.

El Administrador Público y Master en Gobierno y Administración Pública, Leandro Poblete del Servicio de Salud de Valparaíso, Chile, nos coparte su artículo Gestión del Conocimiento y Cocreación de Servicios Públicos, en el cual nos plantea que en la actualidad las organizaciones públicas y privadas han comprendido que la gestión del conocimiento no significa diseñar sistemas o plataformas informáticas de última generación para gestionar la documentación o la información, es decir han debido superar la estrecha visión que relacionaba el conocimiento con recopilar, ordenar y almacenar datos. Junto a ello, los retos de éxito que impone la sociedad del conocimiento exige organizaciones orientadas

7 al aprendizaje que gestionan el activo intangible más importante de la organización, las personas, ya que son estas las que trabajan con el conocimiento, para luego transformarlo en aprendizaje organizativo.

Agradecemos a cada uno de los investigadores que han realizado sus aportes para dar vida a este nuevo número de nuestra revista, la cual inicia un proceso de cambio orientado a su pronta indexación y, con ello abrir aún más las puertas a la comunidad académica iberoamericana para aportar – desde visiones críticas- los procesos complejos de modernización de nuestras sociedades.

El Editor

Índice I.

RESULTADOS DE INVESTIGACION

1.Pobreza por ingresos explicada en base a las dimensiones de la pobreza multidimensional Valeria Scapini Sánchez 2. El paradigma de la Gobernanza: La nueva relación entre los Poderes Públicos y el Tercer Sector Verónica Gómez Calvo, Adela Romero Tarín

3. Esquema para el análisis de las caras externas de los partidos políticos Alberto Espejel Espinoza, Mariela Díaz Sandoval

II.

ENSAYOS

1. Venezuela: los conflictos políticos de la democratización del consumo y el empleo. Retos y

perspectivas. Luis Salas Rodríguez 2. Gestión del Conocimiento y Cocreación de Servicios Públicos Leandro Emilio Poblete Ramírez III. Artículos Publicados en ediciones anteriores IV. Normas para la presentación de artículos

RESULTADOS DE INVESTIGACION

Pobreza por ingresos explicada en base a las dimensiones de la pobreza mutidimensional Valeria Scapini Sánchez1

RESUMEN La pobreza en los últimos años ha sido objeto de estudio y preocupación para los gobiernos y las diversas organizaciones internacionales. La forma de considerarla ha cambiado y actualmente no se cree que la pobreza sólo debe medirse por el ingreso monetario, sino que también por todas las variables que la afecten (salud, educación y calidad de vida) así surge la denominada Pobreza Multidimensional. Este trabajo tiene como propósito explicar la incidencia de la pobreza en función de las dimensiones de la pobreza multidimensional, para ello se han extraído los datos desde la base del Banco Mundial. Los resultados muestran que dos de las tres dimensiones son significativas y que al incorporar el desempleo resulta ser significativo también. Palabras Claves: Incidencia de la pobreza, Pobreza Multidimensional, Salud, Educación, Calidad de Vida. ABSTRACT

Geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ingeniero comercial de la Universidad de Valparaíso. Magister en Economía Aplicada a Políticas Públicas de la Universidad Alberto Hurtado, doble grado con Master of Applied Economics, Georgetown University. Estudiante de Doctorando en Sistemas de Ingeniería de la Universidad de Chile.Académico de la Escuela de Ingeniería Comercial, Universidad de Valparaíso. La autora agradece la colaboración de Victoria Pérez Gaete:

Estudiante de Ingeniería Comercial, Universidad de Valparaíso.

Poverty in recent years has been under study and concern for governments and various international organizations. The way of considering it has changed and now not believed that poverty must be measured only by money income but should be measured by all the variables affecting (health, education and quality of life) it thus the Multidimensional Poverty emerged. This paper aims to explain the incidence of poverty depending on the dimensions of multidimensional poverty, for which data have been extracted from the base of the World Bank. The results show that two of the three dimensions are significant and that by incorporating unemployment is also be meaningful. KeyWords: Incidence of poverty, Multidimensional poverty, Health, Education, Quality of life.

1. INTRODUCCIÓN La pobreza ha sido estudiada a lo largo del tiempo por diversos países debido a que la erradicación de ésta es necesaria para el correcto desarrollo y crecimiento de un país. Este tema ha sido objeto de estudio para todos los países: subdesarrollados, en vías de desarrollo y desarrollados. Con el paso del tiempo la preocupación por el nivel de pobreza de un país no solo es objeto de estudio por el propio país afectado, sino que también es estudiado por entidades internacionales que trabajan en determinar qué factores influyen en la pobreza de un país y buscan a la vez una forma de erradicarla de la sociedad. En este contexto, entidades como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Banco Mundial, OCDE, UNICEF y CEPAL trabajan para encontrar el mejor estimador que refleje el nivel de pobreza de un país y de esta forma lograr generar un cambio a nivel mundial. Sin embargo, existen diversas metodologías de medición de la pobreza que corresponden a los métodos directos e indirectos: El primero de ellos relaciona el bienestar del individuo con el consumo ciertamente realizado, mientras que el segundo con la capacidad para poder realizarlo, pero no garantiza que el consumo haya sido efectivamente realizado. Por el hecho de que cada país adquiere el método de medición de ésta que más le acomode, se muestra interesante realizar un trabajo empírico a nivel mundial que estudie las variables que afectan a la pobreza, dado que la pobreza de un país se relaciona directamente con el bienestar de éste.

El objetivo principal del estudio es explicar la incidencia de la pobreza en función de las dimensiones de la pobreza multidimensional: educación, salud y calidad de vida, y de manera adicional se incorpora la empleabilidad. Específicamente busca contribuir de manera empírica al estudio de la incidencia de la pobreza en función de las dimensiones de la pobreza multidimensional, con el fin de determinar las dimensiones que deben ser incluidas a la hora de estudiar la pobreza. El estudio está estructurado en siete secciones, incluyendo la introducción. En la segunda sección se realiza una revisión de la literatura, la tercera sección se refiere a los datos utilizados en el estudio, la cuarta sección explica la metodología utilizada. Posteriormente se entregan los resultados obtenidos y el análisis de éstos y por último se concluye respecto a los mismos.

2. REVISIÓN DE LITERATURA Uno de los primeros en referirse al concepto de pobreza fue Aristóteles en la época de la Antigua Grecia en los años 300 A.C. quién expresa su opinión respecto al tema pero relacionado directamente a la política y la instauración de la democracia, por lo que su perspectiva de la pobreza era en relación a la forma de gobernar en una polis, actualmente cuidad. Es así como Aristóteles define como pobre a quienes "carecen de lo necesario" (Aristóteles, 1372, citado por Mendez, 2012 p.524) y que "la pobreza a su vez produce revueltas y crímenes” (Aristóteles, 1290 a 40-1290, citado por Mendez, 2012 p.525) indicando que la pobreza es perjudicial para la sociedad.

Al pasar los años el concepto de pobreza evoluciono a un término más complejo el cual se genera cuando existe una necesidad, y en base a eso Baratz y Grigsby la definen como: “una privación severa de bienestar físico y bienestar mental, estrechamente asociada con inadecuados recursos económicos y consumos” (Baratz y Grigsby, 1971, citado por Spicker, Leguizamón y Gordon, P.292). El concepto de pobreza no sólo tuvo un enfoque de necesidad, sino que también se presentó desde una perspectiva económica, siendo Adam Smith quién asegura que una persona pobre es aquella que solo puede sostenerse por medio de un trabajo asalariado y que esto determina el precio de su trabajo el cual se relaciona directamente con la cantidad de bienes que puede comprar (Pardo, 2000).

Desde este enfoque, existen otros autores que han expresado estar de acuerdo. Boltvinik estipula que “las líneas de pobreza asumen que la satisfacción de necesidades depende únicamente del ingreso, pero que en realidad ésta es sólo una de las variables que determinan la satisfacción. Las otras serían los derechos de acceso a bienes y servicios gubernamentales; la propiedad de activos o patrimonio básico acumulado; el tiempo disponible para la educación, el descanso, la recreación, el trabajo del hogar, y activos no básicos” (Boltvinik, 2001, Citado por Ministerio de Planificación y Cooperación División Social Departamento de Evaluación Social, Chile, 2002).

Este rasgo económico de la pobreza da paso a supuestos que son fuertemente aceptados en la actualidad en cuanto a lo que realmente significa pobreza, así “la pobreza económica es aquella que priva a los individuos de la libertad necesaria para satisfacer el hambre, para conseguir un nivel de nutrición suficiente, para poner remedio a enfermedades tratables, vestir dignamente, tener una vivienda aceptable o para disponer de agua limpia o de servicios de saneamiento” (Sen, 2000) de esta forma Amartya Sen deja estipulado que las carencias que sufren las personas, para ser determinadas como pobres, no son necesaria mente económicas si no que corresponden a un conjunto de variables que influyen en la pobreza. Dicho de otro modo, actualmente se está abandonando la creencia de que la pobreza depende únicamente del ingreso y se ha determinado que existen diversas variables que la afectan y que para poder medirla de forma correcta es necesario considerar todas las variables que influyen en ella, ya que las personas no solo tienen carencias económicas, sino que también carencias sociales, de salud y calidad de vida. Al respecto CEPAL afirma que “Una persona es considerada pobre si él o ella no tiene acceso (o no posee la capacidad para acceder) a un paquete de bienes, servicios y derechos establecidos normativamente” (CEPAL, 1997. Citado por Ministerio de Planificación y Cooperación División Social Departamento de Evaluación Social, Chile, 2002).

En este contexto las organizaciones internacionales están preocupadas del nivel de pobreza de los países y han asignado recursos para generar herramientas que permitan el estudio de ésta. Los estudios de entidades como el Banco Central la han definido como “la inhabilidad para obtener un estándar de vida mínimo” (Banco Mundial, 1990. Citado por Ministerio de

Planificación y Cooperación División Social Departamento de Evaluación Social, Chile, 2002), por lo que la pobreza ya no solo es la privación de bienes o servicios, sino que también es la disminución o inexistencia de la calidad de vida de las personas. Booth ya en los años 70 afirmaba que “los ‘pobres’ son aquellos cuyos medios de vida pueden ser suficientes, pero son apenas suficientes para una vida decente e independiente; los ‘muy pobres’ serían aquellos cuyos medios de vida resultan insuficientes de acuerdo a un nivel de vida considerado normal en ese país” (Booth, 1971. citado por Spicker, Leguizamón y Gordon, P.293).

Desde la premisa que la pobreza ya no sólo depende del nivel de ingreso y que existen otras variables que influyen en ella, nace el concepto de pobreza multidimensional. De este modo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con la colaboración de OPHI (Oxford Poverty & Human Development Initiative) generan el indicador de pobreza multidimensional (IPM), definido como la medida de privaciones severas en las dimensiones de salud, educación y nivel de vida que combina la incidencia de quien sufre privaciones y la intensidad de estas (United Nations Development Programe, 2016). De esta forma la pobreza multidimensional es medida a nivel mundial por medio del IPM, índice que permite descubrir la cantidad de personas multidimensionalmente pobres y las carencias que sufren, por lo mismo proporciona conocer la magnitud de la pobreza mas allá de los niveles de ingreso.

La Pobreza Multidimensional cuenta con 3 dimensiones, las siguientes: salud, educación y calidad de vida. Estas dimensiones consideran 10 indicadores, en Salud: Nutrición y mortalidad infantil; en Educación: años de escolaridad y asistencia escolar; y en Calidad de vida: combustible para cocinar, condiciones salubres, agua, electricidad, piso y bienes. Estos indicadores son una guía para que cada país pueda determinar su IPM, por lo que la pobreza multidimensional se mide de acuerdo a los indicadores que éstos posean, pero que se encuentren dentro de las dimensiones que la conforman. Respecto a esto, CEPAL indica "En la práctica, su implementación requiere de cuatro pasos: seleccionar las dimensiones del bienestar que se va a evaluar, identificar los indicadores que representan dichas dimensiones, fijar los umbrales mínimos para cada indicador y, eventualmente, combinar los resultados obtenidos en las distintas dimensiones en un indicador sintético" (CEPAL, 2013). A modo de ejemplo, México

ha empezado a medir la pobreza multidimensional y en su metodología de medición "se consideran dimensiones constitutivas de la pobreza en el Estado mexicano a todas aquellas asociadas a los indicadores mencionados en el artículo 36 de la LGDS, a excepción de la cohesión social (…) estas dimensiones se dividen en dos grupos: El de la dimensión asociada al espacio del bienestar económico (….) El de las dimensiones asociadas a los derechos sociales (…)". (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 2014).

En Chile, en el año 2014, Casen realiza un informe que indica cuáles serán las dimensiones a considerar para evaluar la pobreza multidimensional en el país. Al respecto, el informe indica lo siguiente: "(…) se ha incluido en la medida de pobreza multidimensional para Chile las siguientes dimensiones: Salud, pues es una condición necesaria para el desarrollo de las capacidades humanas en distintos ámbitos de la vida. (…) Vivienda, dado que las condiciones en que habitan las personas impacta directamente en la capacidad de contar con una vida sana y el pleno desarrollo de relaciones familiares armónicas. (…) Trabajo y seguridad social, ya que la posibilidad de contar con un empleo de calidad y de previsión para la vejez (…)" (Ministerio de Desarrollo Social, 2013). Cada país elige los indicadores y dimensiones que concuerden con la realidad de su sociedad para poder determinar la pobreza multidimensional de su territorio, adaptando la forma de medirla de acuerdo a sus instrumentos de medida.

Lo anterior permite caracterizar a la pobreza como un fenómeno complejo y que involucra diferentes aspectos tales como la carencia de bienes y servicios, entre otros (Deatony Zaidi, 2002). Se asocia también a la marginación, exclusión social y/o discriminación (Rodriguez, 2003). Esto ha contribuido a la generación de estudios que se han desarrollado en tres líneas: de discursos en el ámbito académico, teóricos y de trabajos empíricos, y por último, el de diseño de políticas, evaluación y toma de decisiones. (Barba, 2009)

La pobreza estimada por el Banco Mundial, según reporte realizado en el año 2001, incluye diversos elementos entre los cuales cabe señalar la falta de acceso a libertades fundamentales de acción y decisión, la falta de viviendas, alimentos, educación y salud adecuada. Es decir, le brinda un carácter multidimensional y complejo que considera aspectos que van mucho más allá de simplemente la falta de ingreso o consumo.

La economía del bienestar plantea la medición de la pobreza a través de funciones de utilidad de los individuos. El principal inconveniente que tiene este método es poder conocer las funciones de preferencias individuales e intentar medirlas y agregarlas. Por esta razón, la única forma que existe para poder aproximarse a la medición del bienestar es a través de las necesidades de los individuos, las cuales se pueden especificar para las diversas en los diversos contextos económicos, sociales, políticos y culturales. De esta manera, la pobreza expresa una insatisfacción de necesidades básicas, una debilidad en el desarrollo de las capacidades elementales, y asimismo expresa una vulneración de derechos socio - económicos y culturales. Asimismo se entiende como un fenómeno multifactorial en sus causas, multidimensional en sus manifestaciones, multiarquetípica en sus expresiones socioculturales, es un proceso y con un componente histórico, en donde coexisten carencias, debilidades y riesgos, con potencialidades, recursos y prácticas de protección. De esta manera se presentan grandes desafíos a nivel de gobierno e instituciones para la superación de la pobreza, ya que no basta con saber qué es la pobreza, sino que es necesario disponer de un marco interpretativo que permita establecer el por qué surge y persiste en el tiempo, y debe necesariamente ser integral en sus soluciones. (Feres, 2012)

Actualmente no existe una definición única y universal del concepto de pobreza, así como una única forma de medirla. Sin embargo, todas ellas coinciden en la privación de elementos que se consideran necesarios para la vida en sociedad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 1997 define a la pobreza como la incapacidad de las personas de vivir en una condición tolerable. Esta definición hace referencia a la “falta de oportunidad de vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás.” (Larraín, 2008, Pág. 4)

El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) es el organismo encargado de entregar las estadísticas de pobreza a nivel nacional, regional y comunal. Para determinar la pobreza utiliza una metodología indirecta y enfoque objetivo y se determina en base al valor de la Canasta de Alimentos Básica (CBA). Para ello levanta la Encuesta de caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) desde el año 1987. Sin embargo, a partir del año 2010 utiliza una nueva

metodología para la elaboración de estadísticas comunales o de zonas pequeñas más confiables, denominada Metodología de Estimación para Áreas Pequeñas (SAE).

Por el hecho de que la pobreza considera privaciones en diversas dimensiones, y debido a que éstas pueden afectar de diversa manera a las personas según su género, etnia, o localización geográfica, se necesita una metodología que considere este enfoque holístico. Por esta razón el MDS ha adoptado la metodología desarrollada por Sabina Alkire y James Foster, que consiste en medir la pobreza de manera multidimensional, para lo cual determina las carencias de los hogares en diversas dimensiones de bienestar. Estas carencias se suman y luego se identifican los hogares que se consideran en situación de pobreza multidimensional. Propone un índice que incluye las cuatro dimensiones: Educación, Salud, Trabajo y Seguridad Social, y Vivienda. (MDS, 2014)

3. DATOS La pobreza multidimensional se basa en tres dimensiones: salud, educación y niveles de vida. Para determinar el índice de Pobreza multidimensional se debe medir cada dimensión en base a una serie de indicadores, los cuales en total son 10. Específicamente, la dimensión Salud utiliza los siguientes indicadores: Nutrición y mortalidad infantil; la dimensión Educación utiliza los indicadores: años de escolaridad y asistencia escolar; y por último, la dimensión Calidad de vida utiliza los siguientes indicadores: combustible para cocinar, condiciones salubres, agua, electricidad, piso y bienes. A continuación se presenta una tabla que resume lo anteriormente expuesto:

Tabla N°1: Dimensiones e indicadores de la Pobreza Multidimensional Indicadores

Dimensiones

Bienes Piso Electricidad

Calidad de vida

Índice

Multidimensional

Pobreza

Agua Saneamiento Combustible para cocinar Matrícula escolar Años de educación Mortalidad infantil Nutrición

Educación

Salud

Fuente: Elaboración propia en base al IDH (PNUD, 2010)

Para el estudio se utilizaron los Datos de Panel obtenidos directamente de la página web del Banco Mundial, específicamente desde el año 1990 al 2014 e incluyó a todos los países.

La variable explicada corresponde a la Tasa de incidencia de la pobreza (porcentaje de personas que vive debajo de la línea de pobreza nacional). Las variables independientes corresponden a las dimensiones de la pobreza multidimensional: para cada dimensión se seleccionó una sola variable con el fin de evitar la multicolinealidad, dado que al seleccionar dos o más variables por dimensión, los indicadores se encontrarán correlacionadas. Específicamente, las variables seleccionadas para cada dimensión son las siguientes: para la dimensión Educación se consideró la inscripción a la educación primaria neta, en la dimensión de Salud, la Tasa de mortalidad para menores de 5 años, en la dimensión Calidad de vida, en condiciones salubres se consideró el acceso sanitario (alcantarillado). Se agregó una cuarta dimensión: "empleabilidad" en donde se considera la tasa de desempleo, con la finalidad de generar un modelo completo que considere variables sociales y económicas. No se agrega la dimensión Vivienda que propone el Ministerio de Desarrollo Social por el hecho de que las estadísticas del Banco Mundial no tienen indicadores para esta dimensión.

Tabla N°2: Indicadores utilizados para explicar la Pobreza Multidimensional Indicadores

Dimensiones

Saneamiento

Calidad de vida

MatrĂcula escolar

EducaciĂłn

Mortalidad infantil

Salud

Tasa de desempleo

Empleabilidad

Pobreza Multidimensional

Fuente: ElaboraciĂłn propia 4. METODOLOGĂ?A Este estudio utiliza un modelo de efectos fijos el cual supone que existe una constante para cada paĂs y para cada aĂąo, y otra aleatoria que cumple los requisitos MCO , lo que equivale a tener una tendencia general en donde cada paĂs y aĂąo tienen un punto de origen distinto (Montero, 2011). Esto permite medir la diferencia entre paĂses o aĂąos a travĂŠs de la diferencia en el tĂŠrmino constante. Se estimaron cinco modelos para explicar la incidencia de la pobreza. Los tres primeros explican la pobreza con una sola variable independiente, especĂficamente con cada dimensiĂłn de la pobreza por sĂ sola. El primer modelo a estimar, se denominarĂĄ Modelo 1, es el siguiente: đ?&#x2018;ˇđ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x192;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x203A;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2018;â&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2019;&#x201A; = đ?? đ?&#x2019;&#x2018; + đ?? đ?&#x2019;&#x201A; + đ?&#x153;ˇđ?&#x;? â&#x2C6;&#x2014; đ?&#x2018;´đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x2013;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x201A; đ?&#x2018;ˇđ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x17D;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x201A; + đ?&#x153;ş Donde: đ?&#x2018;ˇđ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x192;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x203A;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2018;â&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2019;&#x201A;: Corresponde a la Tasa de incidencia de la pobreza. (porcentaje de personas que vive debajo de la lĂnea de pobreza nacional) đ?? đ?&#x2019;&#x2018; : Corresponde al efecto fijo paĂs, de los paĂses observados a nivel mundial. đ?? đ?&#x2019;&#x201A; : Corresponde al efecto fijo aĂąo, del periodo de aĂąos observados desde 1990 al 2014. đ?&#x153;ˇđ?&#x;? : Coeficiente beta asociado a la variable matricula primaria. đ?&#x2018;´đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x2013;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x201A; đ?&#x2018;ˇđ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x17D;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x201A;: Tasa neta de matricula a la educaciĂłn primaria. đ?&#x153;ş: Error

El segundo modelo a estimar, se denominarĂĄ Modelo 2, es el siguiente: đ?&#x2018;ˇđ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x192;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x203A;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2018;â&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2019;&#x201A; = đ?? đ?&#x2019;&#x2018; + đ?? đ?&#x2019;&#x201A; + đ?&#x153;ˇđ?&#x;? â&#x2C6;&#x2014; đ?&#x2018;´đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x2026;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2026; + đ?&#x153;ş Donde: đ?&#x153;ˇđ?&#x;? : Coeficiente beta asociado a la variable mortalidad. đ?&#x2018;´đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x2026;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2026;: Tasa de mortalidad para menores de 5 aĂąos.

El tercer modelo a estimar, se denominarĂĄ Modelo 3, es el siguiente: đ?&#x2018;ˇđ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x192;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x203A;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2018;â&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2019;&#x201A; = đ?? đ?&#x2019;&#x2018; + đ?? đ?&#x2019;&#x201A; + đ?&#x153;ˇđ?&#x;&#x2018; â&#x2C6;&#x2014; đ?&#x2018;¨đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x201D;đ?&#x2019;? đ?&#x2018;şđ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;? + đ?&#x153;ş Donde: đ?&#x153;ˇđ?&#x;&#x2018; : Coeficiente beta asociado a la variable Acceso Sanitario. đ?&#x2018;¨đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x201D;đ?&#x2019;? đ?&#x2018;şđ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;? : Porcentaje de la poblaciĂłn con un acceso al menos adecuado a instalaciones de desecho de excreciones.

El cuarto modelo se generĂł considerando las tres dimensiones de la pobreza multidimensional de manera conjunta. đ?&#x2018;ˇđ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x192;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x203A;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2018;â&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2019;&#x201A; = đ?? đ?&#x2019;&#x2018; + đ?? đ?&#x2019;&#x201A; + đ?&#x153;ˇđ?&#x;? â&#x2C6;&#x2014; đ?&#x2018;´đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x2013;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x201A; đ?&#x2018;ˇđ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x17D;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x201A; + đ?&#x153;ˇđ?&#x;? â&#x2C6;&#x2014; đ?&#x2018;´đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x2026;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2026; + đ?&#x153;ˇđ?&#x;&#x2018; â&#x2C6;&#x2014; đ?&#x2018;¨đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x201D;đ?&#x2019;? đ?&#x2018;şđ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;? + đ?&#x153;ş

Por Ăşltimo, el quinto modelo considera las tres dimensiones de la pobreza multidimensional, a la cual se le agrega la dimensiĂłn de "empleabilidad", para la cual se utiliza la variable Desempleo. đ?&#x2018;ˇđ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x192;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x203A;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2018;â&#x2C6;&#x2019;đ?&#x2019;&#x201A; = đ?? đ?&#x2019;&#x2018; + đ?? đ?&#x2019;&#x201A; + đ?&#x153;ˇđ?&#x;? â&#x2C6;&#x2014; đ?&#x2018;´đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x2013;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x201A; đ?&#x2018;ˇđ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x17D;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x201A; + đ?&#x153;ˇđ?&#x;? â&#x2C6;&#x2014; đ?&#x2018;´đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x2026;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x2026; +

đ?&#x153;ˇđ?&#x;&#x2018; â&#x2C6;&#x2014; đ?&#x2018;¨đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x201E;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x201D;đ?&#x2019;? đ?&#x2018;şđ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;&#x2022;đ?&#x2019;&#x201A;đ?&#x2019;&#x201C;đ?&#x2019;&#x160;đ?&#x2019;? + đ?&#x153;ˇđ?&#x;&#x2019; â&#x2C6;&#x2014; đ?&#x2018;Ťđ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x201D;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x17D;đ?&#x2019;&#x2018;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;? + đ?&#x153;ş

đ?&#x153;ˇđ?&#x;&#x2019; : Coeficiente beta asociado a la variable desempleo. đ?&#x2018;Ťđ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x201D;đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;&#x17D;đ?&#x2019;&#x2018;đ?&#x2019;?đ?&#x2019;&#x2020;đ?&#x2019;?: Tasa de desempleo.

5. RESULTADOS Los resultados obtenidos una vez analizados los indicadores de cada dimensiĂłn de la pobreza multidimensional son los siguientes: En el Modelo 1, solo se utiliza la variable Matricula Primaria para explicar la incidencia de la pobreza en funciĂłn de las dimensiones de la pobreza multidimensional, cuya variable es positiva y significativa. En donde se estima que un aumento de un 1% la inscripciĂłn de Matriculas Primarias se relaciona con un aumento de un 0,30 % en los valores esperados para la Pobreza, ceteris paribus. En el Modelo 2, solo se utiliza la variable Mortalidad para explicar la incidencia de la pobreza en funciĂłn de las dimensiones de la pobreza multidimensional. En donde la variable tasa de mortalidad para menores de 5 aĂąos , tiene una relaciĂłn positiva con la Pobreza pero no es significativa. En el Modelo 3, se utiliza solo la variable Acceso Sanitario para explicar la incidencia de la pobreza en funciĂłn de las dimensiones de la pobreza multidimensional, cuya variable es negativa y no es significativa en relaciĂłn a la Pobreza. En el modelo 4, se utiliza las variables Matricula Primaria, Mortalidad y Acceso Sanitario para explicar la incidencia de la pobreza en funciĂłn de las dimensiones de la pobreza multidimensional, donde Matricula Primaria y Mortalidad son positivas y significativas, mientras que la variable Acceso Sanitario es negativa y no es significativa en relaciĂłn a la Pobreza. De esta forma se estima que un aumento de 1% en la inscripciĂłn de Matriculas Primarias se relaciona con un aumento de 0,54% en los valores esperados para la Pobreza,

ceteris paribus. Además se estima que un aumento en 1% en la Tasa de Mortalidad para menores de 5 años, se relaciona con un aumento de un 0,26% en los valores esperados para la Pobreza, ceteris paribus. En el modelo 5, se utilizan las variables Matricula primaria, Mortalidad, Acceso Sanitario y se agrega la dimensión empleabilidad con la variable Desempleo, para explicar la incidencia de la pobreza en función de las dimensiones de la pobreza multidimensional. Donde las variables Matricula Primaria, Mortalidad y Desempleo son positivas y significativas, mientras que la variable Acceso Sanitario es positiva pero no es significativa en relación a la Pobreza. Se estima que un aumento en un 1% en la Inscripción de Matriculas Primarias se relaciona con un aumento en 0,53% en los valores esperados para la Pobreza, ceteris paribus. También se estima que un aumento en 1% de la Tasa de Mortalidad para menores de 5 años se relaciona con un aumento de 0,30% en los valores esperados para la Pobreza, ceteris paribus. Además se estima que un aumento en 1% en la tasa de desempleo se relaciona con un aumento de 0,62% en los valores esperados para la Pobreza, ceteris paribus.

Tabla 3: Tabla incidencia de la pobreza

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Modelo 5

Matricula Primaria

0.3043727***

Mortalidad

0.5491049*** 0.5332278***

0.0435022

Acceso Sanitario

0.2660391*** 0.3031635***

-0.0102934

Desempleo

Observaciones

433

620

618

0.9262

0.9148

0.9141

-0.0454945

0.0218351

0.629788***

432

430

0.9326

0.9359

Efecto Fijo País

Efecto Fijo año

***

p<0.01,

**p<0.05,

*<0.1

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Mundial.

6. CONCLUSIONES

Los resultados muestran la variable Matricula Primaria es significativa y tiene relación directa con la pobreza. Al estimar la pobreza en función de la tasa de mortalidad, ésta resulta no ser significativa, lo que indica que la tasa de mortalidad no se relaciona con la pobreza. Esto puede ser explicado porque las principales causas que generan la muerte en niños menores de cinco años son: neumonía, complicaciones por parto prematuro, asfixia perinatal y malaria, y el 45% se relacionan a problemas de malnutrición (OMS, 2016). De esta manera la tasa de mortalidad, a pesar de que se relaciona con factores como el acceso a salud y los medios para el tratamiento de enfermedades, no explica por sí sola la pobreza. Al explicar la incidencia de la pobreza en función de la variable Acceso Sanitario, ésta resulta no significativa, por lo que por sí sola no tiene relación con la pobreza. Al explicar la pobreza en función de las tres dimensiones de la pobreza multidimensional, los resultados muestran que dos variables son significativas y positivas: Matricula Primaria y Mortalidad, mientras que Acceso Sanitario resulta ser no significativa. Cabe destacar en este punto que la tasa de mortalidad por sí sola no explica la incidencia de la pobreza, sin embargo, cuando se pretende explicar la pobreza en función de las tres dimensiones se torna significativa.

Por último, al explicar la incidencia de la pobreza en función de las dimensiones de la pobreza multidimensional e incluir la empleabilidad, sólo resultan significativas y positivas las variables Matricula Primaria, Mortalidad y Desempleo, mientras que la variable Acceso Sanitario no es significativa. Dicho de otro modo, a mayor tasa de mortalidad y mayor tasa de desempleo, más alto es el nivel de pobreza de un país. Cabe destacar el caso de la variable Matricula Primaria que indica que a mayor nivel de inscripción en matriculas primarias, mayor es el nivel de pobreza de un país, esto se puede explicar bajo la teoría de Carlos Muñoz Izquierdo economista mexicano, premio interamericano de educación "Andrés Bello", quien plantea que la desigualdad en ingresos está relacionada con

la educación, ya que se genera una

discriminación en la medida de que a menor ingreso es menor la calidad de educación a la que pueden acceder las personas. (Muñoz Izquierdo, 1995. citado por Bazdresch, s.a, p.72). Respecto al aumento de matrículas primarias la IE, institución internacional dedicada a la formación de la elite empresarial con enfoque global indica que "En aquellas ciudades donde los índices de escolaridad son más altos, la tasa de desocupación es mayor. Ya sea por la pérdida de valor de los certificados (se necesitan más grados para una remuneración satisfactoria), ya sea por la disminución en la brecha de salarios de la población que está educada y la que no" (IE, s.a . citado por Bazdresch, s.a, p.73). Por lo tanto, los resultados corroboran lo propuesto por dichos autores que sostienen: a mayor desempleo y mayor inscripción de matriculas primarias, mayor es el nivel de pobreza de un país. Los resultados obtenidos coinciden con la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social para la elaboración de la nueva Metodología de Medición de Pobreza Multidimensional en Chile. Esta nueva metodología de medición no considerará la dimensión Calidad de vida, coincidiendo con el resultado obtenido en el estudio que muestra no ser significativa. Es importante señalar en este punto que existen indicadores para esta dimensión que pueden resultar irrelevantes, ya que como el estándar de vida ha mejorado a lo largo del tiempo, existen indicadores que pueden resultar obsoletos. Esto hace que sea necesario actualizar de manera periódica los indicadores a utilizar y ajustarlos a la realidad de cada país, ya que la tenencia de un determinado bien puede no estar relacionado con la pobreza. Puede resultar

que un bien puede que todos lo tengan, o que el bien ya no exista, tal es el caso de los televisores a color y blanco y negro, respectivamente. En este contexto, la nueva propuesta del Ministerio considerará las siguientes cuatro dimensiones: educación, salud, trabajo y vivienda. Estas dimensiones resultaron ser significativas en el estudio (a excepción de vivienda, que por falta de información no fue considerada).

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El paradigma de la Gobernanza: La nueva relación entre los Poderes Públicos y el Tercer Sector Verónica Gómez Calvo 2 Adela Romero Tarín3

Resumen Estos últimos años, la sociedad capitalista ha entrado en una profunda recesión. El Estado y los ciudadanos se encuentran cada vez más alejados entre sí, y los partidos tradicionales no cumplen su función de representatividad de las necesidades de los ciudadanos. Europa se encuentra inmersa en una crisis económica, pero también en una crisis de valores. Las balanzas entre el desarrollo económico y el social no están equilibradas (Massé, 1964), y la reinvención de un nuevo modelo de Estado, es ya es una necesidad. Fruto de los procesos de globalización, el papel del Estado y la participación ciudadana se han ido marginando y subordinando cada vez más a los dictámenes del mercado. Este artículo tiene el propósito de analizar un nuevo concepto de Gobernanza, en base a las relaciones entre Estado, mercado, Tercer Sector, y ciudadanía con el objetivo de esclarecer cuál es la mejor manera de dar respuesta a las necesidades sociales. Además, en él, se hace hincapié en los conceptos de diálogo y participación ya que estos muestran la relación entre el Estado, el mercado y la ciudadanía, a través de una eficaz y eficiente orientación e intervención del Estado en su forma de gobernar (Canales, 2002).

Profesora Titular de la Universidad de Nevada (Reno, EEUU) en su programa de estudios en el extranjero USAC-Alicante

sito en la Universidad de Alicante y miembro del Grupo Permanente de Investigación en el Observatorio Lucentino de Administración y Políticas Públicas Comparadas de la Universidad de Alicante. Es Doctora en Socio-economía, Especialista Universitario en Cooperación Internacional para el Desarrollo por la Universidad de Alicante y Licenciada en Filosofía pura por la Universidad de Deusto. Investigadora del Grupo de investigación Observatorio Lucentino de Administración y Políticas Públicas Comparadas. Facultad de Derecho,Universidad de Alicante, España. 3

Doctora en Derecho, en el Programa de Estudios Políticos y Constitucionales. Profesora del Área de Ciencia Política y de la

Administración de la Universidad de Alicante. Máster en Gestión Pública y Dirección de Entidades Territoriales. Área de Ciencia Política y de la Administración. Facultad de Derecho Universidad de Alicante, España.

Abstract In recent years, capitalist society has entered a deep recession. The state and its citizens are increasingly far apart, and the traditional parties do not fulfill their function of representation of the needs of citizens. Europe is undergoing an economic crisis but also a crisis of values. The balance between economic and social development are not balanced (Massé, 1964), and the reinvention of a new model of state, is already a necessity. The result of the processes of globalization, the role of government and citizen participation have been marginalized and increasingly subordinated to the dictates of the market. This paper aims to analyze a new concept of governance based on the relationship between state, market, Third Sector, and citizenship in order to clarify what is the best way of responding to social needs. The emphasis on the concepts of dialogue and participation as these show the relationship between the state, the market and the public, through an effective and efficient guidance and intervention in its governance (Canales, 2002).

Palabras clave Tercer Sector, Economía Social, Gobernanza, Participación Ciudadana, Diálogo Social, Diálogo Civil, Diálogo Institucional, Mercado.

Keywords Third Sector, Social Economy, Governance, Citizen Participation, Social Dialogue, Civil Dialogue, Dialogue Institutional Market.

1. Introducción

El modelo económico actual, en su forma capitalista más pura y con pocos contrapesos sociales, muestra sus caras más amargas, y entre otras destacaríamos: la extensión del desempleo, la pobreza y la exclusión social, la destrucción del entorno el medioambiental y el cambio climático, etc. De esta situación se deriva el nacimiento del Tercer Sector, que surge a raíz de ofrecer éste, respuestas a los problemas que no son solventados ni por las insuficientes políticas públicas, ni por el criterio de dejar hacer al mercado, surgiendo una tercera vía complementaria de las otras dos. Sus valores y objetivos sociales son por ello un “aliado natural” de los Poderes Públicos, especialmente, a nivel local.

Además, el sistema capitalista neoliberal ha ido restringiendo cada vez más el papel del Estado. Si hasta bien entrada la década de los 70 había un contrapeso político frente a las corporaciones a través del Estado, los sindicatos y los programas sociales, no corrió la misma suerte a partir de los años 80, cuando el neoliberalismo empezó a imponerse como política económica. Desde el momento, con ayuda de los avances tecnológicos en las telecomunicaciones y los transportes y la liberalización de los capitales, estaban en disposición de invertir su dinero allí dónde lo considerasen preciso, instalando o desinstalando empresas, generando o destruyendo empleo y afectando en su conjunto a la balanza de pagos de un país. Las multinacionales se imponen a los gobiernos en numerosas materias como la inversión, la localización industrial, el empleo, los tipos de interés, la fiscalidad, y un largo etcétera (Alós y Jodar, 1996: 22).

Lo anterior señalado, ha significado un claro repliegue del Estado y, sobre todo de la fuerza de trabajo frente al capital. Este repliegue antes señalado, ha producido un claro distanciamiento entre los Poderes Públicos y la sociedad, que apenas participa en la vida pública y las votaciones como consecuencia del descrédito de la política y sus instituciones públicas.

Por todo ello, es necesario un cambio de paradigma del diálogo entre los Poderes Públicos y el Tercer Sector, y habilitar plataformas y nuevas vías para incluir en la planificación de políticas públicas efectivas y exitosas a la sociedad civil. Aquí no hablamos de mero diálogo

social en forma de consultas, pues se requieren políticas públicas que integren planteamientos y demandas desde la sociedad civil que sean además estratégicas y participativas si pretendemos resolver problemas estructurales en lugar de poner meros parches puntuales.

2. Los objetivos de la investigación

Este artículo pretende analizar tres cuestiones: 1. Las relaciones entre el Estado, el mercado, el Tercer sector y Sociedad Civil, y cómo éstas conducen a soluciones o problemas sociales. 2. Un nuevo concepto de gobernanza que aporte políticas públicas y soluciones eficaces a los problemas sociales. 3. Una serie de recomendaciones para que esta gobernanza sea una realidad.

3. El mercado y su papel en la descohesión y en la fractura social Karl Polanyi, ya hizo notar que ninguna sociedad anterior a la sociedad industrial del siglo XIX había adoptado “la ganancia” como único criterio de justificación para la actividad económica y el comportamiento en la vida cotidiana. El concepto de “mercado autorregulado” se deriva de este criterio, con lo que en la actualidad vamos en el camino de cumplir la profecía de Karl Polanyi: “permitir a los mecanismos del mercado dirigir el destino del mundo desembocará en la demolición de la sociedad” (George, 1999: 1). La sociedad industrial creó unos mecanismos de exclusión social, que han ido adquiriendo más fuerza según se desarrollaban. Por ejemplo, se diseñaron los “perfiles profesionales” que surgieron de tres conceptos básicos: a) Lo importante es ser eficaz y rentable para el sistema; b) Las personas que trabajan sólo han de limitarse a lo que se les pide; y c) Las personas que no cumplen con estas normas son excluidas del proceso de selección, y por tanto, excluidos del mercado laboral. Es decir, personas enfermas, discapacitadas, ocupadas en el cuidado de dependientes, etc. son excluidas del modelo productivo donde son vistos como mera mercancía productiva. Era el comienzo de la exclusión laboral, pero con ella nace la exclusión social ya que en la sociedad industrial todo se piensa desde lo productivo. Aunque se han superado muchos aspectos de ésta, su fuerza de exclusión sigue vigente ya que aúna un perfil

profesional definido desde criterios poco integradores que generan exclusión laboral (y social) con una estrategia de acumulación de capital que conlleva a maximizar beneficios a costa de la fractura social. El problema del trabajo es que se gestiona desde lo productivo, sometiendo el destino de las personas a las leyes del mercado. Por otro lado, el “mercado” es un conjunto de disposiciones que incluye leyes, convenciones, la infraestructura física y social, y la distribución de riqueza y la propiedad, sobre cuya base se realizan los intercambios. Otro efecto importante que opera en el mercado, es el poder de compra. Cuando hay mucha oferta y es equitativa, el mercado no funciona igual que cuando no hay mucha oferta y la capacidad de compra es muy desigual, por lo que el mercado tiene mucha fuerza para determinar los sueldos y la distribución de la riqueza de un país. No obstante, la teoría neoliberal presenta a los mercados como “un fenómeno natural”, cuando no es sino consecuencia del ejercicio de poder del Estado u otras instancias supraestatales que instituyen estos mercados. Ni son “neutrales”, pues las reglas del juego que dictan cómo deben funcionar, se deciden antes de que los mercados empiecen a operar, beneficiando a ciertos colectivos frente a otros. El mercado refleja en realidad, una estructura determinada de relaciones de poder, en las que las agencias estatales asumen la función de hacer cumplir acuerdos y de ejercer como árbitro de disputas, siendo garantes del adecuado funcionamiento de unos mercados que han sido instituidos previamente en relación a los intereses de ciertos grupos con poder de presión (MacWean, 2001:178). De hecho, el mercado por sí sólo no puede solventar problemas como la pobreza, las desigualdades, la precariedad laboral, la carencia de servicios sanitarios o infraestructuras, etc. porque son problemas que tienen su raíz en unas relaciones de poder que están institucionalizadas y, esto sólo se puede resolver incrementando la participación democrática ciudadana, de manera que se re-equilibren las relaciones de poder. Además, en la actualidad, podemos hablar ya no de meros “mercados”, sino de sistemas de mercados, convirtiéndose en el factor principal de todos los asuntos económicos. Pero cuando una sociedad se desarrolla en un sistema de sistemas de mercados, se gestiona como un complemento del sistema de mercado mismo, supeditando el conjunto de la sociedad, incluida la política, a su buen funcionamiento (Polanyi, 1944:57). Los mercados aportan una visión y una cultura individualista y no solidaria.

4. La Sociedad Civil se organiza para dar respuesta a los problemas sociales: El Tercer Sector Precisamente, como respuesta a los problemas sociales, surgieron los primeros sindicatos del siglo XIX y los movimientos sociales, así como la Economía Social, todos ellos con la clara intención de neutralizar los efectos no deseados y el abuso de poder en las relaciones laborales de la Revolución industrial. La Economía Social del siglo XIX aglutinaba, principalmente a cooperativas, mutualidades y asociaciones, el núcleo duro de la misma. En los años 70, volvió a resurgir de nuevo con fuerza debido a la crisis del Estado de Bienestar, la falta de empleo, y el riesgo de exclusión del mercado de trabajo. Esta situación antedicha, originó además formas dinámicas de autoempleo y reforzó la solidaridad entre los actores económicos para hacer frente a las nuevas necesidades o aquellas que no podían ser satisfechas, principalmente, las poblaciones más desfavorecidas. Desde entonces, han ido apareciendo diversos tipos de organizaciones que adoptan formas jurídicas y organizaciones múltiples, a veces distintas de las formas clásicas de la Economía Social. Hay pues una gran tipología de entidades del Tercer Sector. Estas empresas y organizaciones, desarrollan su actividad entre la economía pública y la economía capitalista tradicional, combinando variados recursos mercantiles y no mercantiles que van desde donaciones filantrópicas, subvenciones del Estado, e ingresos mercantiles, hasta el trabajo voluntario y el remunerado. De esta manera, integran la lógica del mercado junto a la solidaridad y la redistribución, adoptando formas internas de gestión propias de las empresas mercantiles o a las asociaciones cívicas tradicionales del Tercer Sector. Las cooperativas, las mutuales y las asociaciones, son las organizaciones clásicas de la Economía Social en los países del Norte, “su ética se traduce por los principios siguientes: la finalidad de servicio a los miembros o la colectividad en lugar del beneficio, la autonomía de gestión, el proceso de decisión democrática, y la preeminencia de las personas y del trabajo sobre el capital en la distribución de los ingresos” (Defourny, Develtere & Fonteneau, 1999:38).

Pero además, existen otras organizaciones de mercado y de no-mercado que completan el Tercer Sector con el mismo objetivo de construir cohesión social: empresas sociales, ONG’s, empresas de la economía solidaria, la banca ética, los fondos solidarios, etc. En todas ellas, el objetivo no está en las ganancias obtenidas por el producto o servicio, aunque sean entidades de mercado en algunos casos, y sea necesaria la viabilidad y sostenibilidad económica en todas ellas, sino aportar soluciones para colectivos de personas excluidas o cubrir demandas que de otra manera no sería posible cubrir. Es decir, asumen actividades y asuntos de interés general que deberían ser proporcionados por el propio Estado. El sector privado no suele percibir estas necesidades y no es siquiera, en muchas ocasiones, consciente de que pueda provocar efectos de exclusión social y de pobreza, es el Tercer Sector quien asume el rol intervencionista y de protección social, que no cubren las prestaciones públicas. No obstante, el objetivo principal del Tercer Sector los tipifica junto a las entidades definidas como “no lucrativas”, en una situación funcional y material similar a las Administraciones Públicas, precisamente por realizar “servicios de interés general” a la sociedad. La base para esta identidad es que cumplan las condiciones de: a) servir de complemento y coadyuvar a la prestación de actividades de interés general que, tradicionalmente, deberían ser realizadas constitucionalmente por los Entes Públicos (salud, deporte, medioambiente, vivienda, tercera edad, juventud, infancia, discapacitados sensoriales y psíquicos, etc.) y b) suplir insuficiencias de los poderes públicos o gestionar de forma ágil nuevas demandas sociales (Marcos de Castro Sanz, 2014:28). Según el Informe de CIRIEC, presentado al Consejo Económico y Social Europeo (CESE), la economía social -y se puede extrapolar al Tercer Sector perfectamente-, ha demostrado la capacidad de incrementar el nivel de cohesión social a través de la integración laboral de personas y territorios desfavorecidos, reduciendo los niveles de pobreza y exclusión. Así mismo, incrementa la cultura democrática y dinamiza la participación social porque da voz y capacidad de negociación a grupos antes excluidos del proceso económico y del proceso de elaboración y aplicación de políticas públicas, particularmente, a nivel regional y local.

En realidad, si queremos políticas públicas eficaces, deben ser consensuadas y construidas entre el Estado y la Sociedad Civil organizada bajo el paraguas del Tercer Sector. Pero en su lugar, lo que se evidencia es la estrechez de la democracia participativa y escasez de estructuras que habiliten este diálogo que además no puede reducirse a meras consultas, sino a diálogos sistemáticos a lo largo del proceso de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de las decisiones adoptadas. El diálogo social está reducido en la actualidad a los Poderes Públicos, los empresarios y los trabajadores, pero hoy en día, la economía y la sociedad son más plurales y exigen implicar a una gran variedad de actores socio-económicos, ya que contribuyen significativamente a la vertebración del territorio, del tejido asociativo y al desarrollo de la democracia participativa. Excluir a estos protagonistas, sería discriminar precisamente a los actores que convergen en soluciones de justicia social. El mismo Parlamento Europeo apela a los representantes de la sociedad europea a participar en el diálogo civil, así como en la elaboración de políticas y programas europeos, permitiendo influir en la toma de decisiones. Sin embargo, hasta la fecha, no hay mecanismos que aseguren este diálogo ni se están construyendo plataformas sistemáticas que lo normalicen y lo sistematicen, aunque se presenta como la única manera de formular propuestas a largo plazo que resuelvan problemas sociales, de recuperar la credibilidad institucional y construir una democracia participativa inexistente en la actualidad. Por otro lado, la experiencia de las colaboraciones con el Tercer Sector en la prestación de algunos bienes y servicios públicos, especialmente en el ámbito educativo, cultural y de servicios sociales ha sido muy exitoso y eficaz.

5. El diálogo social y la participación ciudadana como elementos del cambio A partir de la Revolución Francesa, los conceptos de libertad, fraternidad e igualdad, surgieron y se difundieron con gran intensidad, reclamando su regulación, presencia y defensa. Esta situación de lucha y reivindicación popular, continuó durante el siglo XVIII y XIX, y transformó la regulación de diversos ámbitos como la política. Los ciudadanos, no los súbditos,

reclamaban derechos y deberes, y el Estado debía ofrecer unos instrumentos que reconociesen y que garantizasen sus libertades y derechos civiles y políticos. Fruto de lo anterior, como es sabido, el Estado Absoluto se transformó en el Estado de Derecho o Constitucional. Los súbditos pasaron a ser considerados como ciudadanos, y se consagró la división de poderes y el principio de legalidad. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, en su edición 22ª, la concertación es: “la acción de pactar, ajustar, tratar, acordar un negocio”. También ésta es descrita, como un proceso de interlocución entre los actores sociales y el Estado, en un contexto donde los ciudadanos tengan derechos y deberes cumpliendo los requerimientos de las sociedades complejas. La concertación es pues un proceso complejo y de composición plural de actores. Para Ángeles Barrios, “la concertación social sugiere la idea de un acuerdo conjunto, siendo la negociación de las partes en materias de un interés estratégico, sin exclusión del pacto político” (Barrios, 2014:7). Además esta autora, también señala que la concertación social, debe ser entendida como algo genérico y con un carácter inclusivo del diálogo o del pacto social, haciendo referencia además no solo a la voluntad de llegar a acuerdos entre partes, sino también y sobre todo, a la necesidad de que los acuerdos alcancen una legitimación política. Todo ello, con el convencimiento de los efectos positivos y pacificadores de la concertación para los actores involucrados y, en definitiva, beneficiosos para reducir el conflicto social y facilitar a su vez la gobernabilidad del sistema, equilibrando sus necesidades entre sus actores implicados. La finalidad pues para esta autora de la concertación social, sería el logro de la “homeostasis” social y política. No obstante, este concepto antes señalado hay que relacionarlo también junto al proceso de actuación de los actores sindicales y patronales. La concertación social, es pues un término parecido o similar, pero no idéntico a otras acepciones tales como negociación colectiva, pacto social, acuerdo social, consenso social y diálogo social.

La situación de conflicto vivido durante la Segunda Guerra Mundial, inspiró el estudio de nuevas técnicas de negociación y acuerdo4.  El diálogo social parte de una relación entre actores no autoritaria, flexible y predispuesta a escuchar y ser escuchado, y compartir todas las cuestiones, dudas o reflexiones que se produzcan durante la negociación. Algunos autores entienden por diálogo social, aquellas conversaciones formales e informales, realizadas por consulta, información o negociación entre los actores básicos siguientes: la Sociedad Civil y el Estado. Se entendería por Sociedad Civil, las empresas, los sindicatos, las asociaciones, las Organizaciones no gubernamentales, con la finalidad de analizar conjuntamente, en colaboración del Estado o no, aquellos problemas sociales pendientes de lograr una solución. Estos grupos pueden aportar visiones diferentes y complementarias para abordar el tema y lograr un consenso, quedando obligados a su cumplimiento a través de un pacto social, fruto del previo acuerdo y diálogo. El diálogo es ante todo y sobre todo, un aspecto y un proceso de los períodos democráticos, fruto de la participación social representativa. Esta es una forma de acción social. La participación social se analizará sesgadamente desde la pertenencia a una organización, tratándose de una participación activa o pasiva o incluso de una participación “fraccionada” o “del instante solidario”, caracterizada por las siguientes notas: a) en primer lugar, existe la participación activa que incluye a las personas que pertenecen a una misma organización, y que colaboran económicamente a través del pago de una cuota, además de entregar su tiempo gratuitamente a veces, para implicarse activamente en las actividades que la organización proponga, ya que se comparten unos mismos valores, y los ponen en práctica en común; b) en segundo lugar, existe la participación pasiva o de solidaridad a distancia; que describe una forma de colaboración telemática y de sostenimiento, ya que únicamente los miembros participan con la aportación económica a la organización. Éstos creen en la causa, y en la lucha por determinados valores, que desarrolla la organización, y que el Estado no resuelve; c) en tercer lugar, existe la llamada participación “fracturada”, que consiste en colaborar en las actividades llevadas a cabo por la organización, y se rechaza la idea de ser etiquetado/a como afiliado/a o socio/a. El partícipe en este modo de participación, tiene la idea y la intención de mantenerse

Véase para mayor información “Teoría de la acción comunicativa” de Jürgen Habermans, publicado en Taurus, Madrid, (1981) 1987. 4

libre, sin pertenecer a ningún grupo, y sin sentirse cohibido/a por la decisión de la mayoría del grupo; y d) por último, existe la denominada participación “del instante solidario”. Esta participación y colaboración, de carácter parcial y temporal, se caracteriza porque sus seguidores no están afiliados a ninguna organización, ni realizan ningún tipo de voluntariado o actividad, como miembros afiliados formales, sin abonar ninguna cuota. Estos individuos, de forma ocasional colaboran en las campañas, y además, a veces apoyan éstas de forma económica. La participación es un elemento que ayuda también, a conocer el índice de solidaridad de la sociedad y es expresión del “capital social”; lo cual es resultado de los valores intrínsecos de los individuos, pero también de los compartidos socialmente, los cuales son asimilados durante todo el trayecto vital de la persona.

6. El diálogo civil y el partenariado en la actualidad En la actualidad, el “diálogo social” queda reducido al binomio Estado-empresario /trabajador, sin integrar otros actores de la sociedad civil. El “diálogo civil” viene a suplir deficiencias que no cubre el “diálogo social”, sin embargo, es mucho más nuevo y no está consolidado ni tiene estructuras de funcionamiento como el anterior. También se habla del “diálogo institucional”, que se da entre instituciones que representan a la sociedad, o entre el Estado y los agentes sociales más significativos. Hasta la fecha, cuando se habla de diálogo con el Poder Público se trata más de una consulta que de una “negociación sistemática” que incluya la planificación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de lo acordado. El reconocimiento del Tercer Sector como interlocutor en el diálogo institucional, constituye a su vez un desafío en la actualidad, pero de gran relevancia si lo que queremos es incluir a la sociedad civil organizada en el diálogo institucional y en la planificación de políticas públicas. El Tercer Sector, por sus características específicas, es un poderoso actor económico y social que supera el clásico esquema de la sociedad industrial. Un problema al que nos enfrentamos es que se pretenda incluir en el concepto de diálogo civil precisamente a las organizaciones empresariales, ya que la “sociedad civil” es “conjunto de todas las estructuras

organizativas cuyos miembros prestan servicio al interés general por medio de un procedimiento democrático basado en el discurso y el consenso y sirven como mediadores entre las autoridades públicas y los ciudadanos”, según lo define el Consejo Europeo Social y Económico. Sin embargo, el problema más importante es que no existen mecanismos constituidos que orienten el diálogo y no se están construyendo, a pesar de que sólo la sociedad civil puede aportar una contribución a largo plazo. No obstante, se están generando plataformas que asocian a diversos actores según su especialización en su afán de coordinarse para obtener una voz común que aporte soluciones y propuestas a algunos problemas sociales, por ejemplo, el Social Economy Europe (SEE), que es la integración de todos los actores del Tercer Sector a nivel europeo. Esta plataforma supone un gran paso integrador en planteamientos. De todos modos, es necesario construir un paternariado real, entre los Poderes Públicos y el Tercer Sector, ya que ambos comparten objetivos comunes. El partenariado exige que cada actor sea mutuamente reconocido en la acción, planificación, ejecución y evaluación de las acciones propuestas. En la actualidad es difícil que se establezca porque no existen las condiciones necesarias pero la necesidad de establecer un partenariado auténtico sale a la palestra cada vez que se discute cómo mejorar la eficacia de lo público.

7. Los resultados y las principales recomendaciones 7.1. Las principales recomendaciones para el cambio de paradigma Es necesario superar el estrecho diálogo social, que impide cerrar la brecha ente lo público y la sociedad. Para cumplir este objetivo, es necesario que los Poderes Públicos se comprometan a la creación de plataformas de diálogo con la sociedad que eviten que todo siga igual, así como estrategias para trabajar en partenariado. El Tercer Sector, por su lado, debe comprometerse con la creación de estas plataformas y reubicarse en el contenido social global, yendo más allá de sus propias áreas de trabajo construyendo formas de comprender y actuar más acordes con las necesidades sociales en contextos concretos, además de superar sus propias inercias, desequilibrios personalistas y aprender a trabajar en cooperación.

7.2. Las principales recomendaciones operativas para los Poderes Públicos Los objetivos económicos absorben en gran medida la fuerza de la gestión pública. Lo que es normal si estos objetivos económicos estuviesen enfocados a apoyar objetivos sociales. La raíz de la exclusión social se halla precisamente en que lo económico no engloba lo social, sino que lo contrapone en su objetivo de maximizar los beneficios sin atender cómo se realiza y las consecuencias que de ellos se derivan. Por ello, es preciso regular más y mejor, que los Poderes Públicos se aseguren de que se cumplen las normas y que la oferta laboral asuma su responsabilidad en la construcción de la cohesión social. Las recomendaciones que van en este sentido son: 1). Ubicar la economía dentro de la política, y no al revés, la política en el marco económico. La globalización económica ha relegado el poder político a los contextos locales, con lo que se ha supeditado a lo económico. Pero este traspaso de poder de lo político a lo financiero significa que las políticas que procuren regular la actividad económica, y la oferta laboral en concreto, se harán siempre desde objetivos meramente económicos, (maximización del beneficio), sin tener en cuenta los objetivos sociales. La finalidad de la economía, según se definía originariamente en el mundo académico, es: cubrir las necesidades humanas, contribuir al bienestar de la población, y era definida como la Ciencia que se dedicaba a la creación, distribución y consumo inteligente de la riqueza. Sin embargo, en la actualidad, medimos sólo el medio para cumplir estos objetivos: el PIB, en lugar de medir el fin: su utilidad social. Por lo que se supedita lo político a lo económico, dando como resultado que nunca se contemple la necesidad de generar cohesión social, o integrar laboralmente a las personas, además de que asistimos con naturalidad a una inversión en la cual son los “técnicos” - o controladores del sistema económico- los que dan respuestas a la sociedad en lugar de hacerlo los políticos. 2). Crear unos instrumentos de financiación que faciliten la potencialidad asociativa de la sociedad civil, con el objetivo de crear capital social y generar plataformas representativas con las que diseñar políticas públicas.

3). Sistematizar la publicación de datos (como calidad de vida, enseñanza, sanidad pública, protección social, empleo, pobreza, etc.) que permitan un seguimiento de la evolución de los desequilibrios sociales en su relación con el crecimiento económico. Esta es una medida necesaria para visibilizar lo que ocurre en el entorno (y no ocultarlo u olvidarse de ello) y poder hacer un seguimiento de la relación entre cohesión social y economía. 4). Es necesario que se fomente la formación y profesionalizar el trabajo de la sociedad civil, así como crear economías de escala que faciliten sinergias operativas e intercambio de buenas prácticas. La capacitación de los gerentes y de los directivos del Tercer Sector, es necsaria y a la vez un gran reto.

7.3. Las principales recomendaciones para los actores del Tercer Sector 1). Es importante profesionalizar la gestión del Tercer Sector compatibilizando el voluntariado con la gestión profesional. Aunque las organizaciones de la sociedad civil se especializan según su objeto social, la eficacia de su tarea requiere cada vez más de comportamientos profesionales en un sistema social que tiene más fuerza para generar exclusión que la acción que pretende neutralizarlo. Por ello, se ha de profundizar en la formación, en la mejor compatibilidad del trabajo voluntario y profesional, así como provocar acciones que generen sinergias, economías de escala e intercambien buenas prácticas. 2). Compatibilizar la especialización propia y la generación de plataformas integradoras que generen opinión común, y que ésta se pueda trasladar a la sociedad con la finalidad de crear criterios sobre el modelo social. Pero, además, es especialmente importante para funcionar como “lobby” ante los Poderes Públicos e influir en la construcción de políticas públicas y la generación de normativas que afecten al modelo social por el cual trabajan. 3). Comunicar con la sociedad para romper la invisibilidad de estos actores. De manera que es necesario establecer políticas de comunicación con la sociedad que ayuden a trasladar planteamientos, inquietudes, criterios y formas de acción o propuestas. Todo ellos con el objetivo de fomentar una cultura socializadora que permita una sociedad más justa y solidaria.

4). Crear un Observatorio que analice la cohesión social y la acción del mercado sobre el modelo social. Un observatorio que analice cuestiones como las acciones que provocan exclusión e inclusión, la pluralidad en el comportamiento económico y empresarial, o las fuerzas que rechazan esta pluralidad con planteamientos únicos, etc. pueden aportar propuestas de acciones correctoras importantes para la construcción de un modelo social, además de que puede ser un sistema fiable de datos estadísticos que visibilicen el Tercer Sector. 5). Las organizaciones del Tercer Sector -y la sociedad civil- deberían intervenir y desarrollar el concepto de Responsabilidad Social para que no se desvíe de su propósito ni quede en el olvido por parte de las organizaciones empresariales. 6). Sería importante también, crear instrumentos de control de calidad y transparencia para impedir que se apropien de este tipo de marca (Tercer Sector), y la manipulen, aquellos que actúan con objetivos contrarios, incrementando de esta manera las barreras al intrusismo e incrementando la visibilidad y la credibilidad del sector.

8. Conclusiones Frente al sometimiento a “la racionalidad de los mercados”, se aboga desde diversas corrientes por una supeditación del mercado a la racionalidad político democrática, es decir, a la voluntad social, como única manera de reequilibrar las relaciones de poder y hacer que el sistema funcione al servicio del interés general. El desarrollo democrático es un recurso para avanzar en mejoras de carácter instrumental que contribuyan a la sociedad, para lo que se reclama la participación ciudadana y la democracia participativa y directa. El partenariado Estado/Tercer Sector, podría significar un avance importante en este desarrollo y en la creación de una nueva gobernanza más inclusiva, más dinámica y más transparente y responsable. Bibliografía Alós, R. y Jódar, P. (1996) “Nuevos cambios y viejas divisiones. Globalización del Capital y segmentación del trabajo”. V Jornadas de Economía Crítica: La Crisis del Estado de Bienestar y la Unión Europea, Santiago de Compostela.

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Esquema para el análisis de las caras externas de los partidos políticos Alberto Espejel Espinoza5

Politólogo, Doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Cuautepec. Integrante del Cuerpo Académico Multidisciplinario de Política y Sociedad (CAMPYS) de la 5

Mariela Díaz Sandoval6

Resumen

Los partidos políticos son piezas fundamentales del engranaje democrático, debido a que cumplen funciones como seleccionar candidatos (vida interna), competir por el voto en las urnas, así como formar gobiernos y legislativos (vida externa). Se trata de cuatro aspectos fundamentales de la democracia, los cuales suponen arenas distintas en las cuales los partidos discurren. El objetivo del presente trabajo es aportar un esquema de análisis que se centra en la vida externa partidaria. Apoyado en la categoría de proyecto político se plantean tres tipos de partidos políticos (autoritario, neoliberal y democrático-participativo) útiles para la caracterización empírica, cada uno de los cuales posee diferencias en torno a temas como: política social, democracia, política económica, seguridad y corrupción. Palabras clave: Partidos políticos, proyectos políticos, plataformas electorales, poder legislativo, poder ejecutivo.

Abstract

Political parties are essential of democracy, because they carry out functions such as selecting candidates (internal life), compete in elections and form governments and legislative (external life). There are four fundamental aspects of democracy, which represent different arenas in which the parties act. The aim of this study is to provide a framework of analysis which focuses on the party's external life. Leaning on the category of political project, the work suggests three types of political parties (authoritarian, neoliberal and democratic-participative) useful for

misma Universidad. Miembro fundador e integrante del comité directivo de la revista electrónica Posibilidad Política. Sus líneas de investigación son: partidos políticos, violencia e inseguridad, corrupción público-privada. 6 Socióloga. Doctora en Investigación en Ciencias Sociales, Mención en Sociología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México. Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Plantel Cuautepec. Integrante del Cuerpo Académico Multidisciplinario de Política y Sociedad (CAMPYS) de la misma Universidad. Sus líneas de investigación son los rescates financieros, las privatizaciones, la corrupción y la democratización en América Latina

empirical characterization, each of which has differences on issues such as social policy, democracy, economic policy, security and corruption. Keywords: Party politics, political project, government, legislative, electoral platforms.

Introducción

Los partidos políticos son organizaciones cuya actividad no se restringe a la esfera electoral; esto significa que su accionar tiene impacto en diversos ámbitos. Al respecto, Freidenberg y Alcántara (2003) resaltan cinco caras de los partidos en dos terrenos, el interno y externo. En lo interno, el partido es una organización voluntaria de miembros, así como una estructura burocrática. En lo externo es una organización electoral, de gobierno y legislativa. Katz y Mair, en contextos diferentes al latinoamericano, encuentran tres caras o dimensiones de los partidos políticos: the party on the ground, party in the central office y party in public office (2007). Retomando ambas propuestas y readecuándolas al caso mexicano, planteamos que existen cuatro caras del partido, una en el ámbito interno y tres en el externo. Respecto al ámbito interno, se encuentra la cara burocrática en la cual se dirimen los siguientes temas y conflictos: la relación de los diversos actores (carisma, dirigentes y grupos internos), la pugna por las candidaturas internas, así como las reuniones de los órganos partidistas (consejos o congresos nacionales), instancias encargadas de discutir y aprobar la línea política y las reformas estatutarias. A pesar de su evidente importancia, la cara interna es la más descuidada desde la academia. En cuanto a lo que se ha denominado como caras externas, se encuentra el ámbito electoral, tema del que se han ocupado con especial ahínco desde la academia. En esta cara se dirimen los conflictos post electorales, se diseñan estrategias de campaña, se observa el realineamiento electoral, entre muchos otros temas. Una segunda cara externa es la legislativa. Por lo regular se ha trabajado desde la óptica del legislativo en su conjunto, no tanto desde cada partido. Es una cara importante debido a que se puede observar el desempeño legislativo, la representación en comisiones; así como la correspondencia de los estatutos y las plataformas con las reformas y leyes que impulsan los partidos. La última cara externa es la ejecutiva. Sin duda, es la que menos interés ha tenido desde la academia, pues son pocos los estudios sobre gobiernos de partido. Esta cara es fundamental porque ahí se puede observar el tipo de políticas

y programas que impulsan los partidos en el gobierno y que tan cercanas son a lo que prometen en campaña o a lo que dicen defender. En este sentido, resulta necesario analizar y caracterizar a los partidos políticos tanto en su vida interna como en los ambientes en que se desenvuelven. El presente texto presenta una propuesta centrada en la parte externa. Se trata de una cara que se ha descuidado en torno a las siguientes interrogantes: ¿qué proyecto enarbolan los partidos políticos a través de sus plataformas electorales?, ¿qué legislan los partidos? y ¿cómo gobiernan? Por consiguiente, se intenta aportar con un breve esquema de análisis, con base en la categoría proyecto político, tres tipos de partidos útiles para la caracterización empírica. Así pues, en la primera sección presentamos una breve discusión en torno a la cara interna de la organización partidaria, para contextualizar dicha cara, sin perder de vista que el interés del texto es la cara externa. En la segunda sección presentamos la propuesta en torno a la cara externa de los partidos políticos para proponer tres tipos de partido: el autoritario, el neoliberal y el democrático-participativo. Esta tipología permitirá ver la manera en que los partidos políticos abordan diversos temas, ya sea en campañas electorales (a través de sus plataformas), en el ejercicio del gobierno o a través de legislaciones: seguridad, corrupción, políticas social y económica.

¿Cómo se organizan los partidos al interior?

La discusión sobre la importancia de la vida interna en las organizaciones partidistas no es nueva. El principal aspecto de esta cara en que se han enfocado los principales autores es el problema de la concentración de poder de los dirigentes en detrimento de los militantes. En ese sentido, la visión que ha prevalecido es la organizativa, de ahí que textos como los de Michels (1983) u Ostrogorski (2008) denoten la sujeción del militante al dirigente y de éste a la organización. De ello da cuenta la “Ley de hierro de la oligarquía” de Michels. Ahora bien, la cara organizativa ha cobrado revuelco a partir de estudios como los de Panebianco (1990) o Katz y Mair en las últimas dos décadas del S. XX, aunque con matices distintos a los autores de la primera mitad del S. XX. Por ejemplo, al prestar atención al ambiente en el que se desenvuelven dichas organizaciones. En ese sentido, resalta la Coalición dominante de Panebianco que supone el cúmulo de alianzas de quienes detentan funciones vitales de la

organización, tales como el reclutamiento, las reglas internas, la comunicación, el financiamiento, la competencia, así como las relaciones con el exterior. A finales del S. XX e inicios del S. XXI, cobró interés un tema en virtud del papel imprescindible que tienen los partidos para el correcto funcionamiento del Estado democrático, se trata de la democracia interna. Formalmente los partidos son organizaciones que tienen por objeto desarrollar y defender la democracia; sin embargo, en la realidad, muchas veces se han convertido en un freno a la misma. En este sentido, se ha sostenido que partidos viciados por déficits democráticos “transmitirían los resultados a todo el sistema en su conjunto” (Navarro, 1999: 38 y 39); y es que “difícilmente puede crear democracia quien no vive o funciona de forma similar” (Corona, 2004: 82). Como se ha señalado en otro espacio (Espejel, 2013), los estudios existentes pueden ser agrupados de acuerdo al sitio dónde consideran debe observarse la democracia interna, gracias a esto podemos observar dos bloques de estudios: los interesados en lo que debe y puede ser la democracia interna, y los interesados en lo que es la democracia interna. El primer bloque está constituido por estudios enfocados a observar la democracia interna en los estatutos. Su alcance es, en algunos casos, ampliar el espectro de lo que debe ser la democracia interna, es decir concebirla como una forma de vida que impregna las relaciones intrapartidarias. En términos generales, consideran necesario normar tres aspectos: 1) los elementos relativos a la exigencia de participación del militante en la toma de decisiones; 2) la exigencia de respeto a los derechos fundamentales del militante; y, por último, 3) el control político sobre el dirigente. Es el caso del trabajo de Flores (1999). Y por otro lado, diversos trabajos prefieren optar por evaluar la reglamentación en torno a lo que puede ser la democracia interna. El descuido de dichos trabajos es no observar lo que sucede más allá de las normas estatutarias. Algunos de ellos prefieren aumentar el número de casos para comparar, analizando normalmente el indicador de selección de candidatos presidenciales, tal como los trabajos de Scarrow, Webb y Farrell (2004). Otros indagan un menor número de casos y profundizan en torno a diversos indicadores, es el caso de Navarro (1999). Cabe plantear dos cosas. Primero, indudablemente es positivo abrir el abanico de lo que debe ser la democracia interna y plantear los puntos que deben incluir los partidos para ser democráticos, sin embargo, esto tiene que contrastarse con lo que es la democracia interna.

Segundo, analizar solamente el nivel de lo que puede ser la democracia a través de los estatutos es insuficiente para abarcar la realidad partidista. El segundo bloque se conforma de estudios que se dirigen a lo que sucede en algunos procesos (de selección de candidatos y dirigentes) inherentes a la democracia interna. Y es que reconocen que lo estatutario puede ser una pálida huella de lo que acontece. El alcance es amplio en el sentido de observar lo que sucede más allá de las reglas; gracias a esto se aprecian diversos actores en conflicto y el peso de otras variables en la vida interna (institucionales, ambientales, etc.). Su descuido es el de centrarse solamente en un par de indicadores. Algunos analizan varios partidos y reducen los indicadores (Alarcón, 2009); otros prefieren centrarse en un sólo partido, estudiando en profundidad el caso (Alarcón y Freidenberg, 2007). Así pues, la vida interna ha tenido diversos momentos de análisis, en los cuales el interés ha variado, con lo cual hoy se cuenta con ideas complejas en torno a la cara organizativa y, por ende, al tipo de partido político.

¿Qué proponen y cómo gobiernan/legislan los partidos?

Como ya se ha apuntado, la literatura partidista asume que los partidos actúan en diversos ambientes. Es el caso de los procesos electorales, así como las funciones de gobierno y legislativas. De estos tres ámbitos el más estudiado, sin duda, es el electoral. Veamos la importancia de cada una de ellas para concluir con una propuesta respecto al tipo de partidos que podemos encontrar de acuerdo con lo que proponen, gobiernan y legislan. La mayoría de los autores que construyeron modelos de partido se centraron en la vida interna. Pese a que de ellos han emanado miradas sugerentes como el círculo interior o la coalición dominante, poco nos dijeron sobre qué proponen los partidos y cómo gobiernan/legislan. Cabe aclarar que su interés no era tal, por lo tanto no se trata de una falla en dichos trabajos, sino de una mirada ausente, aunque debe reconocerse que no por ello dejaron de proporcionar ideas sugerentes al respecto. En su momento, Michels permitió apreciar que la transformación de los líderes en una oligarquía suponía el aumento de distancia entre aquellos y la militancia, así como un sello conservador a las actuaciones de los dirigentes y, por consiguiente, el deslizamiento hacia el

reformismo de los partidos sociales y el fin de la senda revolucionaria. Esto permite ver la importancia de estudiar el nexo entre el partido y las funciones de gobierno. En ese tenor de ideas, Duverger daba cuenta de la importancia de medir el grado de exactitud de la representación, es decir, “el grado de coincidencia entre la opinión pública y su expresión parlamentaria” (1984: 398). En ello, indicó, influye bastante el sistema electoral, el cual podría configurar diferencias importantes entre conservadores, liberales progresistas o nacional-liberales. Más allá del tipo y grado de influencia, dejaba apreciar la importancia de estudiar el nexo entre partido y legislativo. Por su parte Panebianco ha planteado que las organizaciones partidistas se desenvuelven en diversos entornos, mismos que imponen a la organización diversas estrategias de adaptación o permiten amplias posibilidades de manipulación. El primero de ellos se refiere a las constricciones institucionales, es decir, el sistema electoral. Después de ello siguen los escenarios que “representan las distintas mesas de juego en las que el partido participa de las que extrae, en una cuantía proporcional al resultado de los distintos juegos, los recursos necesarios para su funcionamiento” (1990: 394). El primer escenario es el electoral en el cual se da la competencia por el control de un mismo recurso (los votos). Le sigue el escenario electoral, en el cual se han estudiado el marco institucional que le define, la distribución de fuerzas entre los distintos grupos parlamentarios, el tipo de partidos que se hallan representados, entre otros. Con lo anterior queda claro que lo electoral y las funciones de gobierno son un ámbito de análisis fecundo. Ahora bien, tipologías recientes, tal como la de Kaare Strom (2013), plantean que los partidos pueden dividirse, en su actuar externo, en organizaciones que buscan el voto, los cargos o las políticas. Dicha tipología ha intentado explicar el accionar de los partidos en el ambiente electoral. Así, los partidos que buscan los votos son "equipos de hombres" que buscan maximizar su apoyo electoral. Los partidos que buscan un cargo público no pretenden maximizar sus votos sino su control sobre el cargo político que supone bienes privados otorgados a los beneficiarios de nombramientos gubernamentales (dinero, poder, status, entre otros). Finalmente, el partido que busca la política maximiza su efecto en la política pública. Así pues, como se puede apreciar, si bien los autores citados no nos aportan mucho en torno a qué proponen y cómo gobiernan y legislan los partidos si permiten ver la importancia

de estudiar tales aspectos. Ahora bien, cabe agregar que las tipologías de partidos en América Latina no escapan al énfasis en la vida interna sobre lo externo. Ahora bien, al inicio se mencionó que el ambiente más estudiado ha sido el electoral. A finales de los noventas, la organización del partido no se constituía como un foco de análisis. Especialmente, los estudios sobre partidos se concentraban en: la relación de los partidos con los procesos de cambio político (Garretón, 1993); la interacción en el sistema de partidos y su anclaje en la sociedad (Mainwaring y Scully, 1995); la vinculación con instituciones del sistema político (Mainwaring y Shugart, 1997). Posteriormente, con la institucionalización de elecciones en la región, los trabajos se enfocaron en el rendimiento electoral de los partidos (Cavarrozzi 1997; Nohlen, 1994). Por otro lado, con la personalización de los partidos y la verticalización de la política, los estudios se centraron en la crisis de representación (Cavarozzi y Medina, 2004). Empero, el trabajo sobre las propuestas de partidos no es vasto. Algunos trabajos han encontrado que las plataformas ayudan al votante en su búsqueda de mayores beneficios gubernamentales (racionalidad del votante) y al partido en su búsqueda de la victoria (Pomper, 1967). Otros encuentran que, sin un cambio en las preferencias de los votantes, el factor que explica los cambios en los resultados electorales es la elección de una plataforma electoral (Fernández-Vázquez, 2014). Otros han planteado que el comportamiento de los votantes y de los posibles simpatizantes determinan las características ideológicas de la plataforma del partido (Poutvaara, 2003). En el caso de América Latina, algunos trabajos han puesto el acento en las plataformas en un país, en este caso Argentina, de forma cuantitativa (D’alessandro, 2013). Finalmente, Alarcón, desde una mirada cualitativa, ha dado cuenta de la experiencia de un partido en el ámbito subnacional, en este caso el PAN en el Distrito Federal (2011). Ahora bien, de acuerdo con D’alessandro, la importancia de las plataformas estriba en que determinan en buena medida los temas de campaña y las líneas de la discusión política, aunado a que algunas veces son buenos predictores de las políticas que implementarán los gobiernos, al tiempo que se trata de “instrumentos de información política brindada a los ciudadanos en los períodos electorales” (2013: 109). Otro aspecto a resaltar de las plataformas es que se trata de la característica legal de ser la voz del partido como un todo. Además, las

plataformas permiten apreciar, dado el carácter histórico y social de los partidos, su interpretación de la realidad y el statu quo que en ella prevalece. De acuerdo con Alarcón, la importancia de las plataformas estriba en que permiten identificar el lugar que guardan las ofertas de los partidos dentro del marco ideológico/temático que le interesan a los votantes, aunado a que permiten ubicar el alcance potencial de las campañas, en tanto que se podría ubicar cómo los partidos orientan a políticas (concretas) o a los cargos (proclives, por tanto, a negociar y realizar coaliciones de gobiernos) (Alarcón, 2011: 250 y 251). Hasta la década de los noventas la literatura sobre los gobiernos de partido era escasa, sin embargo, recientemente han surgido diversos trabajos, aunque no tantos como en el ámbito electoral. A los trabajos pioneros de Katz (1987) y Blondel (1994) le han seguido investigaciones bastante sugerentes. Algo que subyace a todos ellos es la influencia del partido en las políticas implementadas por el Ejecutivo.7 En América Latina, algunos trabajos han desarrollado las funciones que desempeñan los partidos gobernantes en México, Brasil y Costa Rica: 1) la organización de electores en la competencia por el poder, 2) la influencia en el diseño de políticas; y 3) el reclutamiento (Cansino, 2007). Otras investigaciones han encontrado que el éxito de la implementación de las reformas económicas en América Latina se encuentra ligada a la (sana) relación entre el jefe del ejecutivo y el partido de gobierno (Corrales, 2010). Otros trabajos han explorado en contextos particulares (Perú) la existencia de gobiernos de líder (o sin partido) (2001-2011) y gobiernos de coalición hegemónica (en que el partido de gobierno tiene una participación limitada y compartida con otras organizaciones políticas) (1980-1990) (Corvetto, 2014). En México, algunos estudiaron la relación entre el gobierno y el partido, analizando los niveles de autonomía o subordinación del gabinete frente al partido que lo sostiene (Alarcón y Cansino, 1993). Otros han explorado la relación del partido y el gobierno en términos del reclutamiento político, de la toma de decisiones, así como del clientelismo (Casar, María 7

Para Katz, un gobierno de partido es aquella forma democrática en la que 1) las decisiones gubernamentales centrales deben ser tomadas por la gente electa por o dentro de los partidos; 2) la política implementada debe ser decidida dentro del partido gobernante o negociada si se trata de coalición y 3) que los integrantes del gabinete deben ser seleccionados por cada uno de sus partidos y deben ser responsables hacia la gente a través de sus partidos (Katz, 1987: 7). Para Blondel, los partidos políticos pueden influir en la composición del gabinete; en la distribución de favores reflejada en el nivel de compromiso y respuesta de los gobiernos hacia las demandas del partido; así como al someter al gobierno a los marcos de acción establecidos en los programas o principios del partido (Blondel, 1994).

Amparo, 1995). Otros trabajos han estudiado el grado de influencia del partido en el gobierno a nivel subnacional (Guerrero), enfocándose en la composición del gabinete y las decisiones políticas del gobierno (Solano, 2007). Además, en México han existido trabajos que han analizado a los gobiernos en el ámbito estatal y municipal, aunque en dicha veta de estudios han proliferado los trabajos de corte administrativo; una razón de ello estriba en que en México la descentralización administrativa antecedió a la política. Si bien la oposición ganaba municipios desde la década de 1940, los triunfos sucedían a cuenta gotas, siendo la década de 1990 la punta de lanza para la descentralización política. Por otra parte, la reforma administrativa de la década de los ochenta dotó de importancia jurídica, administrativa y académica a los ámbitos municipales, de ahí que el ámbito local sea estudiado en mayor medida desde la visión administrativa.8 Si bien, desde esta mirada se han abordado problemas presupuestales, proyectos innovadores (como el egobierno) o bien se ha estudiado la participación ciudadana, la mirada politológica tiene mucho que aportar al entendimiento del ejercicio de gobierno para apreciar si existe influencia del partido (y el proyecto político que enarbola) en el ejercicio del gobierno. Ahora bien, el trabajo sobre partidos en el legislativo tiene una vasta tradición desde la teoría de la elección racional. Desde dicha literatura se ha tratado de explicar el comportamiento de los partidos en el Congreso. Como afirma Cortez y Salazar, en los diversos trabajos se han señalado tres tipos de incentivos principales que motivan la actuación de los legisladores como actores individuales y de los partidos en el Congreso: la obtención de visibilidad en la esfera pública, la consolidación de la carrera parlamentaria y las relaciones de lealtad con actores estratégicos (Josafat Cortez y Salazar, 2014: 187). Dentro de dicha literatura, recientemente se ha puesto énfasis en el comportamiento del voto de los legisladores para observar los efectos del control de la agenda que poseen los partidos (Asher y Vander, 2012). Otro tipo de trabajos que indagan el tipo de legislación o la incidencia de los partidos en ella, han analizado la relación entre el aumento de la diversidad de género y racial en la legislatura y el establecimiento de la agenda a favor de grupos minoritarios en Estados Unidos (Bratton, 2002). Algunas investigaciones han realizado encuestas para apreciar las percepciones políticas de los grupos de cabildeo como una nueva fuente de información sobre el legislativo (Yadav, 2015). Otras investigaciones han indagado el grado en que los gabinetes de coalición 8

Ramírez (1998), Rionda (2000), Cleary (2003), Zamitiz (2004) y Morales (2005).

cumplen agendas legislativas post-electorales. Al respecto se indica que entre más sobresaliente y menos conflictiva la agenda, es más probable que ésta sea cumplida (Zubek y Klüver, 2015). Otros han indagado la legislación propuesta en términos de grupos minoritarios (violencia contra las mujeres) (Richards y Kafonek, 2016). Otros trabajos se han interesado por el nexo entre la cobertura mediática de la prensa, la opinión pública y las políticas legislativas a nivel subnacional (Tan y Weaver, 2009). Otros trabajos han indagado la importancia de la ideología partidaria y las agendas legislativas, enmarcándolas en las dictomías izquierda-derecha y nacional-supranacional (König y Luig, 2012). En América Latina, algunos han analizado la coherencia partidista, es decir, el grado de convergencia entre los miembros de un mismo partido en aspectos relevantes en la arena legislativa, ligando el ideario del partido, y las actitudes y predisposiciones de los legisladores (Ruíz, 2007). En México, de igual forma se ha estudiado el comportamiento de los legisladores y los partidos. Algunos se han interesado sobre qué y cómo se legisla en México. Lo primero centrado en la amplitud del impacto de la legislación (individual, local, sectorial, nacional, etc.). Lo segundo centrado en el comportamiento de los legisladores (Bejar, 2015). Otros trabajos han priorizado el proceso legislativo, enfocándose en los cambios observados en la forma de hacer la ley y la carrera seguida por los autores de las iniciativas aprobadas en la Cámara de Diputados que siguieron a la alternancia (Bejar, 2012). Algunos trabajos han analizado el desempeño legislativo en el Congreso de la Unión (Espinoza y Cárdenas, 2007) y en congresos locales (Reveles, 2013). Otros más se han interesado por la disciplina partidista y sus efectos en el desempeño legislativo (Díaz, 2005; Mascott, 2006). Algunos otros trabajos compilan intereses sobre los grupos parlamentarios y su actuación en las comisiones, la relación EjecutivoLegislativo, la injerencia de grupos de interés en el Congreso, la producción legislativa del Poder Ejecutivo, entre otros (Weldon y Espinoza, 2007). Así pues, la mayoría de trabajos sobre partidos en el legislativo han abordado cómo y por qué legislan los partidos, sin embargo, no se han detenido lo suficiente para indagar qué proponen y/o legislan. Aquí cabría formular la siguiente pregunta: ¿existe algún perfil u orientación que los partidos imprimen a las leyes que defienden o impulsan en el legislativo? Es que si los partidos políticos dicen tener diversas ideologías, militantes y dirigentes y, por tanto, aspiraciones diferentes, es de esperar que existan variaciones en las iniciativas que defienden.

Proyectos políticos

Kirchheimer (1980), uno de los principales estudiosos de los partidos políticos del Siglo XX, acuñó el término partido “atrapatodo” (cath all party) para designar a las organizaciones político-electorales de la postguerra caracterizadas por hacerse del máximo número de votantes de todo el espectro electoral. En este sentido, el partido político se ubicaba al centro del abanico ideológico lo cual conseguía sin poner demasiado énfasis en categorías como clase social. Sin duda, la categoría partido “atrapatodo” es de suma relevancia en el análisis de los partidos políticos, sin embargo, sostenemos que los partidos políticos imprimen ciertos sellos en sus campañas electorales, en el ejercicio de gobierno, así como las legislaciones que tienden a apoyar e implementar. Así pues, conviene recuperar la preocupación de Giovanni Sartori (1998) sobre si es pertinente seguir refiriéndonos a los partidos políticos en términos de izquierda y derecha para entender su orientación, así como el tipo de proyecto político que enarbolan. A propósito, retomamos la propuesta de Evelina Dagnino, Alberto Olvera y Aldo Panfichi (6 sobre la categoría proyecto político para entender la orientación de las acciones de los partidos políticos en América Latina en distintos rubros o dimensiones como en materia de corrupción, seguridad, política social, política económica y democracia, información que puede recuperarse de las plataformas electorales, las políticas de gobierno, así como de las legislaciones que apoyan e impulsan. Dagnino, Olvera y Panfichi (2006) indican que es posible distinguir en América Latina tres grandes proyectos políticos que se relacionan de manera conflictiva. Retomando esto, consideramos que a partir de estos proyectos es posible proponer una tipología sobre partidos políticos: el autoritario, el neoliberal y el democrático participativo. La construcción de estas categorías, en términos weberianos, implica que en la realidad estos tipos de partido político se pueden presentar de manera híbrida, orientándose en mayor medida hacia alguna de las categorías antes señaladas. Así pues, a continuación indicaremos en qué consiste cada uno de estos tipos ideales. Los tres tipos de partido político involucran la existencia de una serie de creencias y valores que, al igual que los proyectos políticos que les dan forma, convergen con los principios básicos de la democracia procedimental. No obstante, la distinción más importante tiene que ver

con su impacto sobre el robustecimiento de la democracia. En otras palabras, en el papel que le otorgan a la participación de los diversos actores sociales en el ejercicio del poder (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006). De acuerdo con Hevia (2005), mientras que el proyecto autoritario y el neoliberal optan por la concentración del poder en determinados actores; el proyecto democrático-participativo apuesta por compartirlo. Pero, ¿a qué nos referimos con proyectos políticos? La categoría proyecto político debe ser definida como un conjunto “de creencias, intereses, concepciones del mundo y representaciones de lo que debe ser la vida en sociedad, los cuales orientan la acción política de los diferentes sujetos” (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006: 43-45). Los proyectos políticos son estructuras simbólicas portadas por los actores y por las redes que éstos conforman. Como parte de la historicidad de cada actor, éstos traen tras de sí un conjunto de conocimientos traducidos en normas, valores y en estrategias cognitivas. Precisamente estos conocimientos permiten establecer regularidades en la acción (Isunza, 2005: 21). Precisamente la importancia de los proyectos políticos reside en su efecto causal sobre la orientación de la acción política. Esto significa que los proyectos políticos guían la elaboración y la implementación de políticas públicas con determinado contenido. Los proyectos políticos, por tanto, generan una acción política encaminada a ciertos resultados. Consideramos que la relevancia de la categoría proyecto político, además de otorgar una visión conflictiva sobre la política, logra conciliar un debate de largo aliento en el nuevo institucionalismo al identificar no sólo el papel que poseen las ideas, sino también la relevancia de los intereses en la acción política. Dagnino, Olvera y Panfichi señalan que esta categoría posee una serie de implicaciones que es preciso considerar: 1. La intencionalidad, como un elemento de la acción política, juega un papel crucial. En este sentido la agencia humana cobra un papel importante en la política. Al contemplar la intencionalidad se les otorga una dimensión dinámica a los procesos, pues acepta la posibilidad de distintas alternativas. Los sujetos se constituyen como elementos importantes en este modelo analítico. 2. La política es un espacio estructurado por opciones que se manifiestan en las acciones de los sujetos, las cuales se encuentran orientadas por un conjunto de representaciones, valores, creencias e intereses.

3. Estas opciones se relacionan entre sí de una forma conflictiva expresándose por medio de disputas entre distintos proyectos políticos. Además, entran en conflicto las intencionalidades contenidas en dichos proyectos y las condiciones concretas de su realización. 4. Los proyectos políticos son colectivos y se caracterizan por su dimensión societaria, dado que incluyen visiones de lo que debe ser la vida en sociedad. La acción política es orientada por los contenidos de los proyectos políticos.

Ahora bien, estos proyectos se diferencian en términos de su diversidad ideológica; su misma capacidad de influir -Dryzek (2005: 224) denomina a este elemento el carácter democrático del discurso, pues todos tienen la misma capacidad de posicionarse como hegemónico-, y de sus diversos grados de vinculación. El término proyecto político a diferencia del concepto ‘cultura política’ añade la dimensión conflictiva entre las diversas concepciones del mundo. Hevia (2005: 67) indica que el proyecto político: “[…] añade un tema central: la orientación política de los sujetos, la dimensión propiamente política de conflicto por el poder. Los estudios de cultura política son extremadamente útiles para caracterizar ese conjunto de ideas (creencias, intereses, valores, etc.) pero no tanto para comprender la forma en que los grupos que poseen esas ideas se enfrentan y disputan por el poder, elemento que, en cambio, se incluye en el concepto de proyecto político” (Hevia, 2005: 67).

Expuesto lo anterior, el término proyecto político comprendido bajo el enfoque del institucionalismo discursivo involucra una dimensión ideacional conformada por creencias, intereses, concepciones del mundo; y una dimensión interactiva, es decir un proceso a través del cual las ideas son generadas y puestas en conflicto en la esfera pública. Así pues, lo que se busca es la legitimación de determinados proyectos que, inevitablemente tendrán efectos reales. En este sentido, Monsiváis (2009) señala que los proyectos políticos o, denomina, procesos simbólicos designan al conjunto de operaciones semánticas y semióticas que tienen

consecuencias relevantes para la forma en que se estructuran las relaciones de poder en la sociedad” (Monsiváis, 2009; 89). Después de la denominada doble transición (económica y política), los tres proyectos políticos confluyeron de manera conflictiva, 9 generando una serie de problemas que no han permitido la consolidación democrática y que, de hecho, retomando a Tilly, nos han llevado a un franco proceso de desdemocratización en países como México. En primer lugar, el proyecto autoritario se encuentra en estado de latencia debido, precisamente, a los efectos de la doble transición que han generado un severo malestar ante el fracaso de las recientes democracias en la región. Entre los efectos de este proyecto se encuentra el que anula la operación de las instituciones democrático-liberales. Así, las elecciones y competencias electorales carecen de importancia o, en el extremo, son prohibidas. No reconoce la participación de la ciudadanía, pues cancela los derechos políticos. La relación sociedad civilEstado es vertical y clientelar, y se caracteriza por la cooptación y represión. Este proyecto tiene amplio poder para determinar la distribución selectiva de la renta (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006). En segundo lugar, se encuentra el proyecto neoliberal. El eje de este proyecto es la necesidad de redefinir las relaciones entre Estado-sociedad con base en los dictados de la acumulación del capital. El Estado es condenado a ser un simple regulador, pues transfiere sus responsabilidades a la sociedad civil y al sector privado. Este proyecto permite ver la implementación de políticas públicas marcadas por la confluencia perversa, pues integra elementos discursivos del proyecto democrático-participativo, pero con un contenido promercado. Finalmente se ubica el proyecto democrático-participativo. Sus ejes son la profundización y radicalización de la democracia. Este proyecto crítica los límites de la democracia representativa. La participación es un elemento fundamental en este proyecto, entendiéndola como una forma de compartir el poder. La sociedad civil también es un elemento de suma importancia y está relacionada con la creación de espacios públicos donde se desarrolla el conflicto y la deliberación. (Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006; Hevia, 2005).

Este hecho significa que existe una constante lucha entre diversas concepciones de lo que debe ser la vida en sociedad que luchan por establecerse como dominantes.

Como se indicó, la relevancia de la categoría proyecto político radica en su carácter conflictivo, generando una confluencia definida por Dagnino (2004) como <<crisis discursiva>> propia de las experiencias de construcción democrática en América Latina. En el centro de la crisis discursiva se encuentra el debate sobre el significado de los términos ciudadanía, sociedad civil y participación; de tal forma que el vocabulario en común de ambos proyectos genera conflictos al visualizar aparentes convergencias y borrar claras diferencias.10 Como los proyectos generan acciones políticas y, a su vez, éstas tienen efectos tanto deseados como no, es útil pensar en una tipología sobre partidos políticos para entender su funcionamiento al interior y al exterior. Se trata de tipos puros que en la realidad se presentan de manera híbrida, precisamente atendiendo a este carácter conflictivo producto de la coincidencia entre autoritarismo, neoliberalismo y democracia representativa. Es posible, entonces, distinguir empíricamente cada uno de estos tipos ideales identificando sus posturas en legislativo (referente a las leyes que proponen), en las campañas (a través de las plataformas), así como en las leyes y programas que apoyan e implementan en el ejecutivo. Los temas que destacamos en este trabajo son seguridad, política social, política económica, democracia y corrupción. El abordaje de cada una de estas problemáticas es diferente para cada uno de los tipos de partidos políticos. Estos tipos de ninguna manera son exhaustivos o excluyentes, se tratan más bien de una guía para el análisis empírico. En primer lugar, destacamos el partido autoritario. Este tipo de partido político no apuesta por compartir el poder. Recordemos que los partidos son las instancias de intermediación más importantes en las democracias actuales y, además, son los canales privilegiados de acceso al poder, he ahí su relevancia. Las relaciones con la sociedad que privilegia son las corporativas, aunado a ello, en materia de política social, opta por impulsar un fuerte ingrediente clientelar. Claro ejemplo del primer aspecto fue el nexo instaurado en el periodo post revolucionario en México, gracias al cual el sector obrero se encontró representado en el Partido Revolucionario Institucional, pilar

Tanto el proyecto político neoliberal como el democrático participativo hacen uso de la categoría <<ciudadanía>>; sin embargo desde el neoliberalismo se ha establecido un nexo entre tal término y el mercado (en este sentido, el ciudadano es un cliente de los servicios administrados y proveídos por el gobierno, lo que involucra una relación vertical). En el proyecto democrático-participativo, por el contrario, la ciudadanía implica un conjunto de derechos cuyo objetivo sería la profundización y la radicalización de la democracia y la esfera pública (la relación que se establece entre autoridades y ciudadanos se caracteriza por la horizontalidad). Citando a Olvera (2006), la confluencia perversa tiene efectos importantes sobre el desarrollo democrático.

del sistema político mexicano de 1940 a 1980 (Corona, 2007). En cuanto al segundo aspecto, un claro ejemplo es el Programa Nacional de Solidaridad implementado en México, cuyo objetivo era abatir la pobreza en zonas indígenas y rurales, así como zonas áridas y urbanas, debido a que en los hechos fue un programa envuelto en manejos poco transparentes y con fines electorales, es decir, un mecanismo de manipulación política de sectores vulnerables, como medios para mantener clientelas políticas o prácticas de cacicazgo creando una nueva estructura de apoyo al gobierno basada en el clientelismo y la cooptación (Dresser, 1997). En lo que refiere a política económica, se trata de un partido que tiende a generar un manejo discrecional y electoral de política económica. Por ende, el banco central, así como otras instituciones económicas carecen de autonomía de jure. Esto significa que el poder ejecutivo tiene un alto grado de discrecionalidad sobre las variables macroeconómicas. Ejemplo de ello es el periodo que va de 1970 a 1982 (Luis Echeverría y José López Portillo) bajo los denominados gobiernos populistas en México, en los cuales el poder del presidente sobre el banco central minó su autonomía dando como resultado un periodo de alta inflación (Carruthers et. al., 2001). En lo que refiere a la democracia, se trata de un partido que no alienta canales efectivos de participación ciudadana, pues la cooptación y la represión son recursos para controlar y desmovilizar. En ese sentido, existe un amplio repertorio de acciones contra la democracia. La matanza del 2 de octubre de 1968 perpetrada a estudiantes de diversas universidades en México es ejemplo de ello; también lo es el fraude electoral cometido en 1988, ambas acciones llevadas a cabo por integrantes del Partido Revolucionario Institucional. En cuanto al acceso a la información, no impulsan mecanismos reales para que éste sea considerado un verdadero derecho de la ciudadanía. En México fue hasta el año 12 de junio de 2002 que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con lo cual el Gobierno Federal se transformó en sujeto obligado de proporcionar información. Ello habla del retraso existente en materia de transparencia en México, dada la discrecionalidad y opacidad del mismo gobierno. Si bien el derecho a la información se reconoció constitucionalmente en 1977 fue hasta 2002 que se crearon los

procedimientos y las instituciones (Instituto Federal de Acceso a la Información) para materializar dicho derecho.11 Finalmente, en materia de seguridad se trata de un partido que se caracteriza por un ejercicio discrecional del poder, por tanto, en materia de criminalidad, tiende a privilegiar las políticas punitivas de “mano dura”, donde el control, la represión y el no acceso a un debido proceso son elementos característicos. En 2008 se aprobó la reforma Penal que intenta, dado que hasta junio de 2016 entrará en funciones, respetar los derechos del imputado, la víctima y los intereses de la sociedad su conjunto (Rubio, 2016). Lo cual atiende a que previo a dicha reforma el debido proceso era la excepción a la norma. Aunado a ello, el endurecimiento de las penas en México, propio de un proyecto punitivo era la norma, pues se excluía figuras como la reparación del daño. El partido neoliberal coincide en algunas características con el partido autoritario, tal es el caso de la concentración de poder. Aunque posee algunas diferencias importantes. Por ejemplo, este tipo de partido prefiere una política social de corte focalizado, individual y con participación del sector privado. Se trata de programas que tienen al menos dos objetivos: que los individuos atomizados participen en el mercado y generar apatía en lo que se refiere a la movilización social (Oxhorn, 1998). Al tiempo que configuran una nueva categoría de cliente permeada por discursos de atomización e individualización, bajo ideas como el desarrollo personal, las capacidades, la autoayuda y la ciudadanía activa (Álvarez, Dagnino y Escobar, 1998). Ahora bien, un ejemplo de política social con participación del sector privado es la Cruzada contra el hambre implementada en México desde 2013 y hasta 2018, en la cual participan las empresas PepsiCo y Nestlé.12 Huelga decir que a tres años de implementada dicha 11

Ahora bien, dado que los partidos no siguen un orden cronológico, hoy día existen claros ejemplos de partidos autoritarios en torno al tema de la transparencia. Por ejemplo, aunque se trata de una política novedosa, los presupuestos participativos en la Ciudad de México adolecen de algunos problemas como el que las autoridades delegacionales son las encargadas de dar el primer visto bueno a los proyectos presentados por los comités, permitiendo con ello que las lealtades partidistas sean más importantes que la calidad de los proyectos presentados. 12 El gobierno apoya con subsidios federales la ejecución de diversos programas en zonas seleccionadas, dichos programas serían implementado por Nestlé. Por ejemplo: “Dulce Negocio de Nestlé” para impulsar a mujeres emprendedoras; “Proyecto Café” que capacitaría a centros comunitarios y otras zonas rurales; y el “Proyecto Leche” para desarrollar a pequeños productores y crear una estructura sustentable de comercialización del producto. En el caso de PepsiCo, el gobierno apoyaría la donación de productos nutritivos que Pepsico realice a otras organizaciones de la sociedad civil participantes en el programa federal. Algo similar ocurrió en Brasil con los programas Hambre Cero y Bolsa de Familia que contaron la participación de Nestlé que en vez de inculcar buenas prácticas alimenticias, se transformaron en promotoras de productos de dicha empresa (Vargas, L. y V. Zavaleta, 2013).

alianza no prosperó con buenos resultados. A decir de organizaciones de la sociedad civil, la participación del sector privado no es más que un intento de expandir mercados en vez de una alianza para abatir la pobreza. En cuanto a la política económica, el partido neoliberal supedita cualquier objetivo a la preservación del valor de la moneda, por tanto, el control de la inflación es su principal objetivo. De ahí que haya que blindar la política monetaria de la influencia política. En México, antes concluir su sexenio, Carlos Salinas de Gortari brindó autonomía al Banco de México, apoyado por una nueva clase política que, para el caso mexicano, formó una coalición con grupos empresariales y financieros. La amenaza ante la posible llegada de un gobierno contrario a los intereses de la élite neoliberal fue un factor crucial en el respaldo para dotar de autonomía al BANXICO. Por ello, se generó al final del sexenio y no al inicio. A partir de ahí los objetivos del BANXICO estuvieron supeditados al control de la inflación y los dictados del gran capital (Díaz, 2011). En el ámbito de la democracia se caracteriza por tratar de modificar y mejorar la democracia representativa sin por ello alentar una mayor participación. Sin embargo, la relación con los ciudadanos sigue siendo distante, dado que sigue tratándose de una visión minimalista de la democracia. Dicha distancia es una de las causas de la actual crisis de legitimidad que viven diversas naciones en América Latina. México no es la excepción, en el Informe 2015 del Latinobarómetro se muestra que le corresponde el menor grado de satisfacción con 19 de cada 100, del total de 18 países incluidos en el estudio. Una de las posibles soluciones, en vez de ampliar la participación de la ciudadanía a través de mecanismos como la revocación de mandato, el referéndum, plebiscito, entre otros, que plantean los partidos neoliberales, es la de implementar mecanismos como la reelección de representantes. En cuanto a la corrupción, impulsa la transparencia y la rendición de cuentas desde el gobierno sin mayor participación de la ciudadanía. De ahí que se apueste por alentar la creación de Órganos de Control Interno, así como instancias de Función Pública y un gran énfasis en la ética del servidor público en vez de empoderar a la ciudadanía. Como ejemplo de las limitaciones de dicha apuesta se encuentra el caso mexicano. La secretaría de la Función Pública, que surgió desde 1983, cuyo titular designa el Presidente de la República tuvo su primera prueba de fuego al ser la encargada de investigar al titular del Ejecutivo Federal que lo había nombrado previamente. El caso en cuestión, el escándalo más grande de corrupción en los

últimos años en México, estribaba en la presunción de conflicto de intereses entre la empresa inmobiliaria Grupo Higa y el Presidente de la República y su esposa. 13 Al final, cuando el gobierno se investiga a sí mismo, no sucede nada. No hubo castigos, responsables ni una investigación sistemática. Finalmente, respecto a la seguridad, se trata de un partido que apoya políticas punitivas de “mano dura” pero acompañadas de una participación importante del sector privado. En el caso mexicano, desde el 2012 se determinó la construcción de cárceles bajo el esquema conocido como Asociaciones Público-Privadas. Un esquema de construcción en que el sector privado construye la obra que se le concesiona por un periodo de veinte a treinta años, periodo en el cual el gobierno paga por la disponibilidad de la infraestructura y/o la provisión de servicios. A decir de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dichos penales no han sido ni más baratos ni mejores que los penales públicos, como se prometió dadas las supuestas bondades del sector privado (transparencia, eficiencia, eficacia). Dicho esquema se ha empleado en otros países, es el caso de Chile (1996), Perú (2011) o Brasil (2011) (Espejel y Díaz, 2015). Tanto el partido neoliberal como el autoritario permiten ver la confluencia perversa en la orientación de sus acciones, pues utilizan términos propios de la democracia para llevar a cabo políticas que no van encaminadas a robustecer los canales de participación ni la ciudadanía. En tercer lugar, se encuentra el partido democrático-participativo, el cual se caracteriza por robustecer la democracia a través de la participación de la ciudadanía, por lo cual distribuye el poder a diferencia de los dos anteriores. En materia de política social se caracteriza por impulsar la creación de derechos sociales sin que medien relaciones clientelares y/o corporativas. Por ende, en las relaciones entre ciudadanía y gobernantes no hay mediaciones corporativas ni clientelares. Se trata, pues, de políticas sociales universales, es decir, que el beneficio se brinda sin tomar en cuenta el nivel socioeconómico, pobreza u otros aspectos que discriminen en uno o en otro sentido. Un ejemplo de ello, implementado en la Ciudad de México fue la Pensión Alimentaria para beneficio de adultos mayores de 70 años implementado en 2001 como un programa de apoyo social a cargo 13

Grupo Higa fue uno de los contratistas favoritos de Enrique Peña Nieto en su gestión en el Estado de México (2005-2011), durante su campaña presidencial le prestó helicópteros para el proselitismo, mientras que en su periodo presidencial ganó la licitación del tren México-Querétaro (2015). Gracias a una investigación periodística fue de conocimiento público que dicha empresa construyó una residencia lujosa para la familia presidencial, a partir de ahí emergieron los cuestionamientos sobre un posible conflicto de intereses. Finalmente, el descontento ciudadano frenó la licitación mencionada.

de la Secretaria de Salud de la entidad, con un padrón de 250,000 personas. Sin embargo, en noviembre de 2003, se convirtió en un derecho por decreto de parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En cuanto a la política económica, si bien el Banco Central es autónomo, dadas las externalidades económicas de los organismos internacionales, no sólo se enfoca en el control de la inflación, también existe una clara orientación hacia la creación de empleos. Si bien, se presupone que la política monetaria enfocada en la inflación es la única posible, instancias como la Organización Internacional del Trabajo han planteado la posibilidad de implementar la meta de empleo, en la cual el Banco Central junto con el gobierno estiman una meta factible para el crecimiento del empleo considerando tasas que sean coherentes con una inflación moderada (Epstein, 200714). Por ende, este tipo de partido se caracterizaría por buscar un justo medio entre control de la inflación y crecimiento del empleo, con lo cual no estaría al servicio del gran capital pero tampoco generaría burbujas inflacionarias derivadas del manejo político-electoral de la economía. En torno a la democracia tiende a impulsar políticas encaminadas al robustecimiento de la misma, sin que ello signifique un menoscabo de la democracia representativa. En ese sentido, cabe aclarar que no plantea que los mecanismos de la llamada democracia participativa substituyan la representativa, sino que la mejoren. Frente al fenómeno denominado urbanización de la pobreza, se ha implementado en diversas latitudes una política orientada a la generación de ciudadanía, es el caso del Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial impulsado en la Ciudad de México. Dicho programa obtuvo el premio Habitat 2011 de parte de la ONU, debido a que ha configurado nuevas formas de participación comunitaria para mejorar las condiciones de espacios públicos en zonas de bajos recursos (Ziccardi, 2012).15 Además, este partido puede impulsar en diversos niveles mecanismos como la revocación de mandato o la iniciativa popular. En cuanto a la corrupción, se caracteriza por impulsar la transparencia y la rendición de cuentas desde el gobierno, pero también desde la sociedad, generando canales de control y fiscalización que pueden ir desde consultas vinculantes, hasta la vigilancia y evaluación de políticas púbicas por parte de la sociedad civil y de la ciudadanía en general. Un ejemplo de ello

Bancos Centrales, Régimen de Meta de Inflación y Creación de Empleo. A diferencia del Presupuesto Participativo, la selección e proyectos no recae en instancias ejecutivas locales, sino que en el Programa Comunitario de Mejoramiento Barrial existe un órgano conformado por especialistas de universidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios del gobierno estatal. 15

es la incidencia de la ciudadanía en la fiscalización para contrarrestar la corrupción implementada en Colombia a través de las auditorías articuladas entre la Contraloría General de la República (CGR) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Previa capacitación del personal del CGR y las OSC se generan las auditorias, en las cuales las OSC apoyan a los equipos auditores mediante la presentación de aportes en las mesas de trabajo (información, conocimiento técnico especializado, señalamiento de riesgos en las entidades y hallazgos) y participan activamente en el proceso, de manera que agregan valor a la auditoría, sin asumir el rol de los auditores de la CGR (Corporación Transparencia por Colombia, 2011).16 Finalmente, en materia de seguridad, se trata de un partido que privilegia el justo medio entre las políticas punitivas de control de la criminalidad y la prevención de la ruptura del tejido social a largo plazo. Así pues, concibe que la mejor forma de disuadir el delito no es el aumento de las penas en sí mismo, sino más bien evitar la impunidad, sobre todo de delitos como el lavado de dinero. Aunado a ello, implementa algún tipo de prevención a largo plazo, ya sea la comunitaria (orientada a cambiar las condiciones de vida de las comunidades que sufren privaciones y bajos niveles de cohesión social, sobre todo en aquellos en son altos los riesgos de involucrase en el delito o ser víctimas), la social (orientada a aumentar el acceso a bienes sociales como la salud, el empleo y la educación para reducir los factores que conducen a recurrir al delito) o la situacional (orientada a reducir los incentivos para los delinquir, acrecentando los riesgos de ser atrapado y minimizando los beneficios del delito mediante el rediseño de los espacios públicos) (ONU, 2010)17.

Cuadro 2.- Tipología partidos políticos en su cara externa Problemátic

Partido

autoritario

Corrupción

Opacidad,

Partido neoliberal

16 17

democrático-

participativo Transparencia y rendición Fomenta

discrecionalidad y de simulación.

Partido

cuentas

desde

rendición

el cuentas societal.

gobierno.

http://iniciativatpa.org/2012/wp-content/uploads/2010/09/Informe-Colombia.pdf http://www.cinu.mx/XIICongresoONUPrevencionDelito/docs/prevencion%20del%20delito.pdf

Democracia

Represión,

fraude Alienta

electoral,

democracia Democracia participativa que

representativa.

refuerza la representativa

cooptación. Política

Clientelar

social

corporativa.

y Focalizada, de carácter Universal individual

con

base

con derechos ciudadanos.

participación del sector privado. Política

Discrecionalidad en Autonomía

las Política económica ligada a

económica

el manejo de la instituciones económicas creación de empleos, no solo economía de parte frente al gobierno para al crecimiento. del gobierno.

generar

condiciones

óptimas para el gran capital. Seguridad

Políticas punitivas Políticas

punitivas

de mano dura.

dura

mano

de Justo medio entre prevención con a largo plazo y políticas

participación privada.

punitivas.

Fuente: Elaboración propia.

El cuadro 1 resume las principales características de los proyectos políticos. Así pues, esta tipología puede ayudar a identificar el papel real que juegan los partidos políticos desde su cara externa en la lucha por la construcción de la democracia en América Latina. Como hemos indicado, estos tipos ideales se presentan de manera híbrida en la realidad, por lo que es posible, ya en un ejercicio de investigación empírica, identificar qué tipo de proyecto es el que privilegia más las organizaciones partidistas, ya que la cacofonía discursiva entendida como confluencia perversa llega a obnubilar las verdaderas intenciones de los actores partidistas.

A manera de cierre

Los partidos políticos son actores fundamentales en nuestras democracias. Las funciones que todavía desempeñan son de vital importancia: configurar gobiernos y legislativos. Por ende, el estudio de la cara externa es fundamental para comprenderlos.

Las propuestas planteadas en el presente artículo son unas guías para el análisis de los partidos políticos en su exterior. Como se mostró al inicio del texto el interés por el ámbito electoral no se ha centrado mayoritariamente en qué proponen los partidos a través de sus plataformas electorales con las cuales buscan el voto ciudadano para conformar gobiernos y legislativos. Por su parte, el análisis del legislativo ha estribado en cómo y por qué se legisla, no tanto en observar si existe algún perfil u orientación que los partidos imprimen a las leyes que defienden o impulsan en el legislativo. Finalmente, el estudio de los gobiernos de partido no se ha interesado por cómo gobiernan los partidos y si eso incluye algún sello programático. En ese sentido, propusimos recuperar la categoría de proyecto político para plantear la existencia de tres tipos ideales de partido: autotoritario, neoliberal y democrático participativo. Cada uno de estos tres partidos se diferencia de los otros en aspectos como la política social, la corrupción, la democracia, la política económica y la seguridad que impulsan a través de sus propuestas de campaña, así como de la legislación y/o programas de gobierno. Por supuesto no son tipos de partido exhaustivos, ni excluyentes, aunado a que son perfectibles. Sin embargo, consideramos que pueden ser útiles para el análisis de la orientación de los partidos políticos y su impacto en los procesos de democratización en América Latina.

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II.

ENSAYOS

Venezuela: los conflictos políticos de la democratización del consumo y el empleo. Retos y perspectivas. Luis Salas Rodríguez18.

Resumen: tras el proceso político iniciado en 1999 con la llegada a la presidencia de Hugo Chávez, Venezuela arranca un proceso de cambios cuya expresión más acabada en materia económica ha sido la superación parcial de la restricción interna a través de la democratización del consumo y del empleo formal. Sin embargo, esto plantea en la una serie de retos a la sostenibilidad de lo avanzado, retos que por lo demás se presentan en un contexto internacional adverso de restricción externa (recesión económica global, caída del precio de las materias primas, etc.) y de tensiones internas provocada por la resistencia de poderes económicos tradicionales. Desde una perspectiva de sociología histórica y economía política, la actualidad y perspectivas de esta etapa se analizan en el siguiente texto.

Palabras claves: restricción interna, consumo, empleo, guerra económica, industrialización.

18 *

Sociólogo y economista político venezolano. Magister Sociología del Desarrollo ELAP-UARCIS. Director del Centro de Estudios de Economía Política de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica.

Abstract: After the political process started in 1999 with the arrival of Hugo Chávez to the presidency, Venezuela initiates a change process, which its most complete expression in economical issues has been the partial overcoming of internal restrictions, through consumption democratization and formal employment. Nevertheless, this sets up a series of challenges to the sustainability of the achievements, challenges that are presented in an adverse international context of extreme restriction (global economic recession, price fall for raw materials, etc) and internal tensions caused by the resistence of traditional economical powers. From a historic sociological perspective and political economy, current affairs and stage perspectives are analyzed in this text.

Key words: internal restrictions, consumption, employment, economic war, industrialization.

La explicación convencional con respecto a problemas tales como los bajos niveles de industrialización, alta concentración monopólica y oligopólica, altos precios de bienes y servicios y limitada variedad de oferta de los mismos, características todas éstas de los países latinoamericanos, suele ser el limitado tamaño de los mercados locales. El argumento básico es que el tamaño pequeño de dichos mercados resulta insuficiente para acomodar el número de empresas necesarias para que se dé entre ellas un grado significativo de competencia y rentabilidad, que redunde en una ampliación de la oferta disponible y promueva el crecimiento económico.

Para ilustrarlo con un ejemplo simple, supongamos que en un país cualquiera de la región, el consumo total anual de determinado producto es de 10 millones de unidades. Y dada la tecnología disponible para el momento, supongamos que una empresa para cubrir los costos de producción del mismo y tener un margen de rentabilidad, necesita vender a determinado precio al menos cinco millones de unidades. Eso significa entonces que en dicho país no “caben” más de dos empresas fabricantes de dicho producto, lo cual resulta sustancialmente menor al cupo que en otras economías con mercados más grandes ofrecen.

Siguiendo este mismo razonamiento, la baja inversión de los sectores privados y la alta capacidad instalada ociosa, serían también consecuencia de la estrechez de los mercados. Y es que mercados estrechos significa poca mano de obra disponible (y aún más: capacitada y diversificada), así como poca demanda efectiva. De tal suerte, desde esta perspectiva convencional, las economías regionales no se desarrollan no porque no quieren sino porque no pueden, así como también resulta que los altos niveles de concentración empresarial no se deben a malas prácticas como la competencia desleal o la cartelización, sino que surgen como efectos no deseados y fatalmente inevitables de nuestros mercados pequeños.

Sin embargo, para parafrasear a un conocido pensador alemán, toda ciencia sería superflua si la apariencia externa de las cosas y su esencia coincidieran exactamente. Y lo decimos, porque cuando se revisa un poco a profundidad esta “explicación”, lo primero que salta a la vista es que, por decirlo de alguna manera, la misma peca de ser una falacia de composición, en el sentido en que se utiliza una “verdad” relativa para justificar una gran mentira y encubrir una gran verdad.

Un ejemplo característico de lo que se acaba de decir lo constituye el caso venezolano. Y es que cualquier investigación medianamente seria inmediatamente concluye que el célebre “tamaño pequeño del mercado” históricamente utilizado como argumento para explicar los males arriba planteados, no se debe a factores demográficos, es decir, porque exista una población pequeña que condicione por tanto el tamaño de los mercados. La verdadera causa ha sido el carácter desigual y excluyente del desarrollo económico de capitalismo dependiente, basado en la economía portuaria y enclave, la apropiación de la renta petrolera para el mantenimiento de un mercado restringido tanto en lo social y demográfico como incluso en lo geográfico, un modelo de concentración de la tierra hasta no hace mucho prácticamente intacta desde la colonia, así como por el crecimiento desproporcionado de un sector comercial residual especulativo que, por su propia naturaleza, excluye cualquier tipo de desarrollo de base industrial reproductiva.19 O lo que es lo mismo: la gran verdad del mercado pequeño no se debe a que la población

Para una caracterización del tipo de economía venezolana y su modelo de acumulación recomendamos: BELLO, Omar. SUPRANI, R. Notas sobre el modelo de acumulación de la economía venezolana. En: La Economía venezolana contemporánea (Tomo III). BCV. Caracas. 1977. P: 5-39. Y: BAPTISTA, Asdrúbal. El relevo del capitalismo rentístico. Hacia un nuevo balance de poder. Fundación Empresas Polar. Caracas. 2006.

venezolana haya sido pequeña en el sentido demográfico del término, lo que sin duda es una gran mentira. Si no a la gran verdad de la exclusión que por décadas sufrió la población venezolana, la mayor parte de la cual se encontraba por fuera del mundo laboral o precariamente participando del mismo, siendo por tanto carente de ingresos regulares que le permitiera contar como demanda de mercado.

Las cifras y conclusiones históricas de instituciones como el Banco Central de Venezuela, del Instituto Nacional de Estadísticas, de célebres estudios como Situación Industrial de Venezuela de Orlando Araujo (1969), La Miseria en Venezuela de Michel Chussudovsky (1977) o Bases cuantitativas de la economía venezolana Asdrúbal Baptista, dan cuenta de esta realidad.20 Y es éste un hecho importante de dar cuenta, pues la confusión generada de esta falacia lleva tanto a ocultar y subestimar lo que ha ocurrido en la última década del continente (la década ganada, la encabezada por los gobiernos “progresistas” o “postneoliberales”), 21 como a incurrir en errores de apreciación y política en tiempos de restricción externa que pueden dar al traste justamente con lo avanzado.

El caso venezolano, por lo demás, resulta emblemático porque en su condición de país petrolero que vivió el boom de los precios en los 70, Venezuela creció bajo el estigma de sauditización, esto es, del mito de la Venezuela Saudita de lujo y derroche. Mito del cual hay que decir que en parte es cierto, pero en el entendido que dicha Venezuela Saudita del “ta barato dame dos”, Miami los fines de semana para hacer compras y consumo suntuario desenfrenado, era un privilegio reservado a mucho menos del 20% de la población total del país entonces, que en ese entonces rozaba los quince millones de habitantes.

¿De dónde se concluye lo anterior? Pues de las cifras contenidas en los trabajos y registros citados, según los cuales, durante la última mitad del siglo XX venezolano, en promedio, menos

ARAUJO, Orlando. Situación industrial de Venezuela. UCV. Caracas. 1969. CHUSSUDOVSKY, Michel. La miseria en Venezuela. Vadell Hermanos Editores. Caracas. 1977. BAPTISTA, A. Bases cuantitativa de la economía venezolana. Fundación Empresas Polar. Caracas. 2006. Los informes del Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística a los cuales nos referimos, son los anuales, desde 1958 hasta 2014. Todos se encuentran disponibles en web en las respectivas páginas de estas instituciones: www.bcv.org y www.ine.gob.ve. 21 Sobre la categoría década ganada, se recomienda: SERRANO M., Alfredo. América Latina en disputa. El Perro y La Rana. Caracas. 2015.

de la tercera parte de la población era perceptora de ingreso fijos: en rigor, solo la cuarta parte aparece percibiendo ingresos, lo cual quiere decir que el 75% restante de los venezolanos dependía, de alguna u otra manera, de aquel 25%.

Sin embargo, incluso dentro de esta reducida proporción de perceptores de ingresos, resultaban notables las disparidades. Así las cosas, el 45% de los perceptores recibían el 9% del ingreso, mientras que el 49% se concentra en el 12% de los receptores. Y el 88% del total de perceptores recibían la mitad del ingreso total, mientras que solo 250.000 perceptores, el 12%, concentraban la otra mitad. Al relacionar las disparidades de la distribución personal con los contrastes de la distribución regional entre áreas rurales y urbanas y, dentro de estas últimas, entre áreas de mayor y de menor densidad de población, observamos que en Caracas, por ejemplo, donde se concentraba el 17% de los perceptores, se percibía el 40% del ingreso, mientras que el 60% restante se atomizaba entre el 83% restante de los perceptores, con el agravante de que el fenómeno de concentración regía también para estos últimos, ya que, en el extremo final de la serie, es decir, en las áreas y poblaciones rurales inferiores a los 500 habitantes, en las cuales se disemina y vegeta el 38% de perceptores, sólo tenían acceso al 9% del ingreso. En este mapa de distribución desigual del ingreso, manifestación y síntoma de las deformaciones tradicionales de economías como la venezolana, es donde hay que buscar las razones de fondo de la “estrechez” clásica del mercado, que no reside –evidentemente- en el volumen de la población, sino en la baja escala de perceptores de ingresos y en los agudos contrastes de la distribución de los mismos. Pero el caso venezolano pone en evidencia también otra cosa: que está marcada exclusión y desigualdad, ha convivido con la existencia de pequeños grupos de alta concentración de ingresos y de baja propensión a invertir, que son en buena medida causantes de la deformación igualmente histórica de los patrones y componentes de la demanda y no pocos desequilibrios económicos. Como señala Orlando Araujo, la gran paradoja de nuestra industrialización pasa por lo siguiente: países donde históricamente han existidos millones de personas con hambre, mal calzadas, mal vestidas, con graves problemas de salud, etc., presentan un esquema de alta capacidad ociosa en sus industrias tradicionales que son, precisamente, las de alimentos, calzados y vestidos e insuficiencia crónica de oferta en bienes tan esenciales y altamente demandados como los

medicamentos. Y lo que es todavía más paradójico, se argumentaba –y aún argumenta- que el desarrollo, industrial no podía avanzar porque el mercado estaba ya saturado con aquellas producciones. Todo el problema del llamado “estrangulamiento” del sector manufacturero reside en que, dentro del mercado interno, quienes tienen hambre y necesitan vestir y vivir mejor, no tienen como adquirir los bienes esenciales. Mientras que quienes tienen con qué adquirirlos, ya no los necesitan y, en todo caso, solo en una proporción mínima en relación con la magnitud de sus ingresos, una parte importante de los cuales por lo demás manifiesta y compulsivamente orientan hacia el exterior.

La década ganada, democratización del consumo y restricción interna. El proceso de inclusión masiva de la población históricamente excluida social, política, cultural y económicamente llevada a cabo durante á última década en la región, pero en especial, en aquellos países involucrados la década ganada, así como de reinclusión de aquella que, estando incluida, padecieron el proceso de precarización y movilidad social descendente de la época neoliberal y las décadas pérdidas (80-90), ha servido entre muchas otras cosas para poner en cuestionamiento la explicación ortodoxa sobre la industrialización y el tamaño de los mercados en América Latina, al tiempo que ha generado nuevas tensiones que ponen a prueba la capacidad y creatividad de los proyectos postneoliberales para darle sostenibilidad y continuidad a dicho proceso de inclusión, en especial ahora en tiempos de restricción interna provocada por la caída del comercia mundial y los precios de las materias primas. A este respecto, de lo que se trata ahora es de cómo avanzar no solo sin sacrificar lo alcanzado, sino tratando de aprovecharlo, en el entendido que con respecto a las décadas anteriores y pese a todos los problemas y limitaciones actuales, la región muestra condiciones excepcionales para seguir avanzando. Sin embargo, como hemos dicho, la restricción externa expresada en la disminución de los ingresos en divisas que sirven tanto para alimentar las importaciones de bienes y servicios de demanda crecientes, como los insumos, maquinarias, etc., necesarios para la fabricación de los bienes y servicios de producción interna, coloca límites que se hace necesario superar.

En primer lugar, habría que tener presente que esta restricción externa puede no ser estacional, y que podríamos estar en presencia de una condición de estado estacionario de mediano y largo plazo del comercio mundial, para utilizar la conocida expresión de Adam Smith, o de estancamiento secular, para utilizar la figura de Alvin Hansen recuperada por el el hasta no hace mucho director de la FED Larry Summers. 22 Las medidas de austeridad que se toman actualmente en las economías centrales y no pocas periféricas así lo hacen suponer. Por lo demás, en el caso de los combustibles, de los cuales dependen los ingresos de varios países de la región (particularmente Venezuela, Bolivia y Ecuador), asistimos a una reconfiguración importantísima del mercado mundial. De un lado, con “nuevos” actores (entre los cuales hay que incluir las industrias del fracking hidráulico, así como la piratería o mercado negro de petróleo que opera por parte de los grupos terroristas mercenarios en Libia, Irak y Siria). De otro, nuevos descubrimientos de reservas y yacimientos, pero también el irrespeto de las cuotas fijadas en el seno de la OPEP (caso Arabia Saudita) o la entrada repotenciada de Irán en el mercado mundial petrolero luego del fin de las sanciones económicas. Otro caso digno de tomar en cuenta es el de China, que si bien no atraviesa la crisis que todos los medios occidentales afirman (su crecimiento anual sigue estando muy por encima del promedio mundial), en todo caso ha visto relantizar su marcha.23 Pero en segundo lugar, y es esto lo más importante a efecto de lo que aquí nos concierne, el proceso de inclusión masiva de la población al ejercicio efectivo de sus derechos socioeconómicos, lo que se traduce en tener acceso a la educación, la salud y la seguridad social, y por esa vía, a la tenencia de empleos y, por tanto, de adquisición y/o mejora del poder

Los efectos prolongados de la mal llamada “crisis financiera” de 2008, sumado a los efectos igualmente contractivos de las medidas de austeridad tomadas a nivel mundial para “combatirlos”, han generado toda una situación de estancamiento económico global a partir del cual se ha debate en la actualidad con respecto a su duración y estrategias de superación. Existen desde luego múltiples diagnósticos y proyecciones, pero todo parece indicar que nos hayamos en presencia de un largo proceso de estancamiento donde la austeridad y precariedad se imponen como norma social global, al menos se suceda una situación de “destrucción creativa” (Shumpeter) similar a la de la Segunda Guerra Mundial, que permita relanzar los procesos globales de acumulación capitalista. O que nuevas lógicas y modos de vista no capitalistas logren imponerse. A este respecto se recomienda: ZAIAT, Alfredo. La era de la austeridad. Pagina 12. Buenos Aires. 22/06/2013. Disponible en: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-222818-2013-06-22.html También: BALAKRISHNAN, Gopal. Especulaciones sobre el estado estacionario. New Left Review. España. Nº 59. P: 5-26. Y: SALAS RODRÍGUEZ, Luis. La vida precaria. Riesgo, malestar y crisis en el capitalismo contemporáneo. ELAP-UARCIS. Santiago de Chile. 2010. 23 Ver: SALAS R., L. ¿Crisis china? Blog: Sur-versión. 25/08/2015. Disponible en: https://surversion.wordpress.com/2015/08/25/crisis-china/ 22

adquisitivo, de ser una práctica o meta de justicia social, ha terminado transformando estructuralmente las economías regionales en al menos uno de sus aspectos: el de la superación parcial de la restricción interna causada por la existencia de mercados “pequeños”, condición la cual no derivaba, como hemos dicho, de un hecho demográfico si no de economía política: la exclusión social, la existencia de altas tasa de empleo precario y de desigual distribución del ingreso. El problema actual radica en que la superación parcial de dicha restricción interna, se hizo sin que los aparatos productivos locales se adecuaran a a esta nueva realidad, o lo hicieran solo parcialmente y hasta cierto punto, convirtiéndose en no pocos casos en una traba que genera cuellos de botella y un efecto inercial. Por lo demás, está visto que los sectores económicos dominantes en la región e inclusive algunos emergentes, son política e ideológicamente reacios cuando no francamente opuestos, a los planes e iniciativas de los gobiernos que han hecho posible la superación de la restricción interna, lo que no deja de ser paradójico cuando se toma en cuenta que han sido espacialmente beneficiados de la misma, y por la misma razón, especialmente perjudicados cuando se ponen en práctica las políticas restrictivas y regresivas que fanáticamente defienden. A esta oposición de tipo político hay que sumarle otros factores que han influido en que, para decirlo con jerga ortodoxa, la oferta no se adecue al tamaño y ritmo de la demanda. El primero de estos factores es el atraso tecnológico, resultado, además de la división internacional del trabajo, de la baja propensión a invertir de los sectores privados locales. El segundo, el carácter transnacionalizado de la mayoría de los aparatos productivos nacionales, tendencia regional profundizada de manera especial en la década de los 90 cuando el proceso de privatización masiva supuso el desplazamiento y desaparición de cientos de industrias locales tanto públicas como privadas, o su conversión en filiales de empresas extranjeras.24 Desde el punto de vista de estas últimas, está claro que el principio que rige el accionar es el de la mayor ganancia preferiblemente en los plazos más cortos y con la menor inversión, lo cual las lleva a adoptar prácticas que poco suelen contribuir al desarrollo de los mercados internos y más bien a

Para el caso venezolano se recomienda: MARTÍNEZ ABAL, María Isabel. El mito de la competencia en el mercado venezolano. Aprendizaje de las medidas económicas de ajuste aplicadas durante 1989 en Venezuela. UCAB. Caracas. 2000.

usufructuarlos, como es el caso de los precios de transferencia en cuento mecanismo de evasión fiscal y fuga de capitales.25 En tercer lugar, la baja propensión a invertir de los sectores privados locales resulta no solo a nuestro modo de ver de causas estrictamente económicas (ganar más y mas rápido con menos inversión, usufructuar el presupuesto y financiamiento públicos, apelar a la especulación de precios y manipulación de inventarios para tomar ventaja en la puja distributiva contra los asalariados, etc.), si no también –lo que puede llegar a ser más complejo- por razones de orden cultural. Y es que además de la tendencia al consumo conspicuo que al menos desde Veblen26 sabemos habita en mayor o menor grado en el seno de toda burguesía no importa su origen, está visto que, culturalmente, las burguesías latinoamericanas y las clases medias viven y crecen mirando hacia afuera, en el sentido que su horizonte de vida y por tanto destino de sus ahorros no se encuentra dentro de nuestros países sino en otras latitudes. Esto es especialmente notable en el caso de aquellos países que, como Venezuela y Argentina, tienen un fuerte componente de migración de origen europeo. Así las cosas, en el caso por ejemplo de Venezuela, desde finales de la década de los 50 y con la llegada masiva de migración europea entre la segunda mitad de la década de los 40 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se observa una marcada tendencia a la fuga de capitales, exportación del ahorro y más recientemente de retorno de migración, en este caso protagonizada por los descendientes de aquellos migrantes quienes, habiendo ascendido social y económicamente, optan por regresar a los países de los cuales vinieron sus padres o abuelos. La inestabilidad monetaria regional sufrida desde los ochenta, así como la política migratoria de la Unión Europea en los 90 y principios de este siglo dirigida a promover el retorno de (los capitales de) sus ciudadanos, auparon esta tendencia. Así las cosas, la democratización del consumo como vía para hacer efectivo el ejercicio de los derechos socioeconómicos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países, se enfrenta, como decíamos, con la inercia cuando no franca oposición de los sectores privados, lo que hace más 25

Para una lectura del comportamiento de las empresas capitalistas en la región y sus estrategias políticas y comerciales se recomienda: MORALES, Teresa; OGLIETTI, G.; SALAS R., L.: Los precios: un espacio de disputa estratégica en los procesos de cambio. Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. 2015. Disponible en: http://www.celag.org/los-precios-un-espacio-de-disputa-estrategica-en-los-procesos-de-cambiopor-teresa-morales-guillermo-oglietti-y-luis-salas-rodriguez/ 26

VEBLEN, Thorstein. Teoría de las clases ociosas. FCE. México. 1944.

difícil superar los cuellos de botella que todo proceso de esta naturaleza causa, generando tensiones y conflictos de no fácil resolución. Los enfrentamientos de las patronales contra los gobiernos de Cristina Fernández en Argentina, Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Nicolás Maduro en Venezuela son evidencia de ello, enfrentamiento que no solo es político en sentido clásico sino que tiene expresión en la manipulación de variables económicas y financieras, tal y como hemos sido testigos en el uso de la especulación monetaria y de precios así como el acaparamiento, uso que tiene como propósito causar malestar social en cuanto sus principales víctimas son las clases trabajadoras y asalariadas. El caso venezolano es tal vez el más emblemático a este respecto. Según las cifras oficiales27, las políticas de redistribución del ingreso, inclusión social, ampliación de la seguridad social y defensa del derecho al trabajo, el salario digno y los precios justos, supuso que la razón entre el porcentaje de ingresos del 20% más rico y el 20% más pobre que era de 13 veces en 1998, se ubicará en 7,3 veces al cierre de 2014, siendo por tanto que la brecha de ingresos entre el 20% más rico y más pobre se redujo 5,7 veces en dicho lapso de tiempo. El desempleo pasó de 10,6% a 5,5% en el mismo período, siendo que los ocupados en el sector formal representan en la actualidad el 60% de la masa trabajadora, cuando de hecho viene de estar por debajo de la mitad. Los pensionados del seguro social suman en la actualidad más de tres millones, lo que no incluye a madres en condiciones especiales, discapacitados y otras categorías vulnerables que también son objeto de protección social por parte del Estado. Así las cosas, la pobreza se redujo de 44% según línea de ingresos en 1998 a 19% en 2014, mientras la extrema pasó de 17% a 6%. Venezuela es uno de los exclusivos países en alcanzar las metas del milenio, y según la FAO, donde más efectiva ha sido la política de erradicación del hambre28. Esto trajo como consecuencia, que el consumo por hogar se duplicara. Entre 1999 y el 2013, la demanda global creció 118%. Sin embargo, la base productiva y de comercialización heredada de décadas anteriores fue incapaz de responder a este crecimiento, siendo que entre 2003 y 2013 27

Fuentes: Instituto Nacional de Estadísticas; Banco Centra de Venezuela; Ministerio del Poder Popular para la Planificación; Comisión Económica para América Latina. 28 De hecho, la FAO creo el plan “Hugo Chávez” de erradicación del hambre en homenaje al presidente venezolano en su lucha contra este flagelo. Ver: Plan de erradicación del hambre de la FAO se llamará Hugo Chávez. Disponible en: https://www.google.co.ve/search?q=programa+FAO+hugo+chavez&ie=utf-8&oe=utf8&gws_rd=cr&ei=ytARVqOpIsfUeIyMp7AK

el crecimiento de la manufactura fue de 47,8%, crecimiento buena parte del cual se debe a la iniciativa del propio Estado tanto por la vía del financiamiento como de la participación directa en la producción. Venezuela a este respecto enfrenta una verdadera “huelga de inversiones” privadas, como la llamó en su momento el banquero Miguel Ignacio Purroy.29 Huelga que trae como resultado que la inversión bruta en capital fijo sea inferior al promedio regional, ya de por sí bajo. En 2014, fue de 9% del PIB frente a 16%. Pero entre 1991 y 1998 fue de 8%, mientras el promedio regional fue de 14,6%. Desde 1980 a 2014 ha estado en torno al 11%, cuatro puntos por debajo del promedio regional. Ha sido a la inversión púbica (siempre por encima de 20%) la que ha apalancado el crecimiento. En 2012, tras el impulso de la Misión Vivienda y Agro Venezuela, la formación bruta de capital fijo pública llegó a ubicarse por sobre el 35%. El reto en esta nueva etapa consiste en encontrar las vías para superar la restricción externa sin sacrificar los mercados internos, este es, sin devolvernos a los tiempos de la restricción interna provocada por la caída de la demanda y el poder adquisitivo de la clase trabajadora. A este respecto, resulta vital romper con los paradigmas ortodoxos, los cuales aconsejan precisamente recortar gastos y contraer la demanda, a la vez que elevar precios que es otra vía de ajustar. Desde luego, cada país según sus condiciones propias debe desarrollar sus estrategias, pero hay algunas líneas generales que pueden sugerirse de lo que se debe y no hacer. El mecanismo de la devaluación como fórmula para superar la restricción externa sacrificando los mercados internos es precisamente el mejor ejemplo de lo que no se puede hacer. En primer lugar, porque en nada garantiza la competitividad que siempre se anuncia, y de hecho, dadas las condiciones mundiales, lo más probable es que no se alcance. Pero, en segundo término, porque haría retroceder lo avanzado en términos de democratización del consumo, ahondando la recesión, la conflictividad. Si como todo parece indicarlo estamos en momentos de un estancamiento secular, la apuesta por el comercio exterior no se muestra plausible y ni siquiera lógica, al menos no en su versión clásica u ortodoxa. La apuesta actual pareciera pasar por el

“La crisis llegó porque el sector privado entró en huelga de inversiones” Entrevista a Miguel Ignacio Purroy. En: Pasado, presente y futuro de la deuda. Academia Nacional de Ciencias Económicas. Caracas. 1985. P: 123128 29

reforzamiento de los mercados internos, lo cual no excluye desde luego el comercio exterior en especial el que pueda hacerse entre países aliados. Por otra parte, nos parece importante avanzar hacia la reconfiguración de los sistemas tributarios para hacerlos más efectivos y progresivos. Y no solo por razones fiscales y de presupuesto público, sino porque es sabido que la laxitud fiscal, así como la evasión, se constituyen en mecanismos de subsidio indirecto al consumo conspicuo de los sectores de más altos recursos, consumo que tiene efecto sobre las reservas pero que también distorsiona la demanda global por la vía del efecto demostración o emulación. Históricamente, y éste es en espacial el caso de los países ricos en recursos energéticos que generan renta (caso Venezuela o Ecuador), la presión fiscal se ha relajado como parte de una política para estimular la inversión privada, partiendo del supuesto de que el sector privado reinvierte lo que le ingresa. Pero está visto que esta política es errada, pues lo que suele suceder es que lo que no pagan por impuestos no lo reinvierten, sino que lo fugan o lo destinan al consumo suntuario, el cual la mayor parte de las veces necesita divisas para hacerse efectivo. Pero, en tercer lugar, también urge avanzar hacia una reconfiguración y replanificación de las pautas ahora democratizadas de consumo, lo cual es un tema importantísimo y que en sí mismo no es del todo responsabilidad de la política económica, pues involucra factores de orden social y cultural en sus sentidos más amplios. A este respecto, debe evitarse la tendencia a confundir democratización del consumo con consumismo, que es una estrategia utilizada por los sectores dominantes para demonizar a la primera. Pero también es cierto que la democratización del consumo no puede terminar absorbida por las normas y pautas del consumo conspicuo y compulsivo, irresponsable social y ecológicamente e insostenible en cualquier latitud. El consumo debe devenir cada vez más en un hecho político y crítico realizado por ciudadanos y ciudadanas conscientes, capaces de elegir y tomar decisiones no solo individualmente buscando maximizar sus ingresos, los mejores precios, etc., sino pensando en lo colectivo y en la propia sostenibilidad de sus derechos y en la continuidad de los mismos hacia las generaciones futuras. Por último, está visto que la democratización del consumo para sostenerse y profundizarse, debe acompañarse por una democratización del hecho productivo y comercial. Y este es un hecho

muy importante, pues ante la escasez o los cuellos de botella la única respuesta no puede ser aumentar la productividad si el producir más no implica la entrada de nuevos actores que funcionen bajo otras lógicas distintas a las mercantiles tradicionales, lo que es patológico en el caso de nuestras “burguesías” rentistas. De más está decir que la concentración, el monopolio, la cartelización, etc., no solo son mecanismos muy efectivos para captar tasas extraordinarias de ganancia y picar adelante en la puja distributiva, sino también, y tal vez, sobre todo, de presión y chantaje usados por los poderes económicos para hacer valer sus intereses por encima del resto de la sociedad. El proceso que se ha bautizado como “guerra económica” en Venezuela tiene en buena medida que ver con esto. Por un lado, una clara voluntad conspirativa que comienza de la mano de los monopolios e importadores de bienes salarios que termina –gracias a los mecanismos de propagación inflacionarios- expandiéndose por toda la economía. Por el otro, no se observa de parte de la mayoría de los agentes económicos locales voluntad alguna de superar la restricción interna ni los cuellos de botella productivos o de comercialización evidenciados por el rápido crecimiento de la democratización del consumo y la inclusión social. Más bien se evidencia una voluntad de aprovecharlos para fortalecer posiciones de dominio de mercado y obtener mayores ganancias en lapsos de tiempo más cortos y con menor inversión.30

Véase por ejemplo la siguiente “recomendación” hecha por una firma consultora financiera venezolana –Econométrica- a sus clientes en 2012: “Econométrica recomienda a sus clientes postergar sus inversiones en capital fijo (ampliaciones de planta, compra de maquinarias, equipos y oficina) hasta el año 2013 en los casos en que se posible y se tenga acceso a las divisas (cuando la postergación de la inversión no le coloque en riesgo, en términos de una pérdida de participación de mercado de su empresa que fortalezca a la competencia). Las razones básicas de la recomendación son dos. La primera, porque durante los próximos doce meses no habrá una mejor inversión que la compra de divisas (el tipo de cambio oficial y paralelo aumentará más que la tasa nominal de rendimiento de capital). Y, la segunda, porque postergar la decisión de invertir en capital fijo hasta 2013 o, al menos, hasta que se tenga conocimiento de los resultados electorales (los de las presidenciales del 07 de octubre de 2012), tiene sentido, desde el punto de vista de la incertidumbre, la planificación de su negocio y anticipación de precios claves como los de bienes raíces, el mercado bursátil en moneda nacional, etc.” ECONOMETRICA. En 2012 no habrá mejor inversión que la compra de divisas. Boletín Pulso Mensual. Abril de 2012. 30

Por último, en el caso venezolano es especialmente notable cómo la guerra económica arreció, no sólo luego de la muerte del presidente Chávez, sino de la entrada en vigencia de la nueva ley del trabajo. En un proceso que recuerda mucho a la caracterización hecha por Michal Kalecki31 con respecto al carácter político de la inflación expresados en su lectura del ciclo económico, que este autor expuso para el caso del gobierno del Frente Popular francés de León Blum.

En casos como estos, los gobiernos progresistas empiezan una activa política presupuestaria para reactivar la economía y reducir el desempleo. Dicha política comienza a dar frutos, lo cual se expresa en un aumento del poder adquisitivo de la población por mejores salarios, ampliación de derechos sociales y laborales e incremento de las tasas de empleo, todo lo cual eleva, a su vez, el consumo. Los comerciantes y productores también se ven beneficiados, pues el aumento del poder adquisitivo se traduce en mayores ventas y ganancias. Sin embargo, en un momento determinado, los capitalistas -en particular los más grandes y concentrados, y simultáneamente los más beneficiados por la política inclusiva- comienzan a especular con los precios, no solo ante la posibilidad de elevar los márgenes sin hacer lo propio con la inversión sino también –y para Kalecki esto es lo fundamental- por razones políticas.

Tres son las razones políticas -mutuamente incluyentes- que enumera Kalecki. La primera tiene que ver con el hecho de que, en un sistema de no intervención del gobierno, el nivel del empleo depende la voluntad de los capitalistas: si estos así lo deciden, cae la inversión privada, lo que se traduce en una baja de la producción y el empleo. Por tanto, decía Kalecki, sin intervención los capitalistas disponen de un poderoso control indirecto sobre la política gubernamental: como todo lo que pueda incomodarles y deteriorar “su” voluntad debe evitarse para que no se provoquen crisis, resulta que los gobiernos deben someterse constantemente a sus preferencias y dictados. Sin embargo, dice Kalecki, “en cuanto el gobierno aprenda el truco de aumentar el empleo mediante sus propias compras, este poderoso instrumento de control perderá su eficacia”. Una segunda resistencia de los capitalistas a la política gubernamental que crea empleo proviene del hecho de que, cuando se lleva a cabo, se sienten adicionalmente amenazados ante la posibilidad de parecer superfluos. Es decir, si dicha política de creación de

KALECKI, Michal. Collected Works, vol. 1, 283–84, 326–41, 563–65. Oxford University Press. 1990. Selected Essays on Economic Planning, 23–24. Cambrigde University Press. 2011.

empleos se articula invirtiendo en productos que comercializan los privados, estos interpretarán que el gobierno actúa como un competidor indeseable que les “roba el negocio y los beneficios” y, por tanto, se opondrán. Y si la intervención se realiza subsidiando compras se producirá una paradoja.

Si bien en principio les vendrá muy bien a los capitalistas porque venderían lo que de otra forma se quedaría sin vender, más pronto que tarde se negarán a ello porque con dichos subsidios, dice Kalecki, se pone en cuestión algo de la mayor importancia: “los principios fundamentales de la ética capitalista requieren la máxima del ganarás el pan con el sudor de tu frente, es decir, siempre que tengas medios privados”. Pero no termina ahí el asunto. Aun si los capitalistas superasen estas dos reacciones adversas, se enfrentarán a la política que puede conseguir el pleno empleo por otra razón fundamental: el desempleo dejaría de ser un medio de disciplinar a los trabajadores y de limitar su capacidad reivindicativa: “La posición social del jefe se minaría, y la seguridad en sí misma y la conciencia de clase de la clase trabajadora aumentaría. Las huelgas por aumentos de salarios y mejores condiciones de trabajo crearían tensión política” (recuérdese lo que decía Marx sobre la utilidad política del ejército industrial de reserva). En fin, a lo que vamos, ya para cerrar, es que la democratización del consumo y el empleo como resultado –y a su vez como causa- de la reducción de la exclusión, enfrenta límites dentro de las coordenadas capitalistas que son aún más estrechos en el marco de economía de capitalismo periférico. Y dichos límites generan tensiones de distinta magnitud e índole, por lo que está en la agenda de los gobiernos progresistas o postneoliberales de la región avanzar en un contexto donde la restricción externa y los reacomodos del sistema mundo capitalista, les resulta cada vez más hostiles.

Gestión del Conocimiento y Cocreación de Servicios Públicos Leandro Emilio Poblete Ramírez32

Resumen.

En la actualidad las organizaciones públicas y privadas han comprendido que la gestión del conocimiento no significa diseñar sistemas o plataformas informáticas de última generación para gestionar la documentación o la información, es decir han debido superar la estrecha visión que relacionaba el conocimiento con recopilar, ordenar y almacenar datos. Junto a ello, los retos de éxito que impone la sociedad del conocimiento exige organizaciones orientadas al aprendizaje que gestionan el activo intangible más importante de la organización, las personas, ya que son estas las que trabajan con el conocimiento, para luego transformarlo en aprendizaje organizativo. Por tanto, las instituciones públicas deben comenzar a utilizar las nuevas herramientas de gestión del conocimiento para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas públicos, que mezclan las tecnologías de información y comunicación con modelos de gestión centrados en las personas y en los ciudadanos. En definitiva, la gestión del

Administrador Público. Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública. Universidad Central de Chile. Magister en

Gestión de Organizaciones (MGO). Universidad de Valparaíso. Máster en Gobierno y Administración Pública (MGAP). Universidad Complutense de Madrid.

conocimiento en el sector público involucra repensar el desafío, invertir en capacidades y actuar en plataforma.

Palabras Claves. Sociedad del Conocimiento – Gestión del Conocimiento – Cocreación de Servicios Públicos– Innovación Pública – Herramientas de Gestión del Conocimiento.

ABSTRACT At present, public and private organizations have understood that knowledge management does not mean designing systems or next-generation platforms to manage documentation or information, that is, they have had to overcome narrow view relating the knowledge to collect, sort and store data. Also, successful challenges imposed by society of knowledge require learning-oriented organizations that manage the most important intangible asset of the organization, the people, since they are the ones who work with knowledge, and then transform it into organizational learning. Therefore, public institutions must begin to use new knowledge management tools to develop innovative solutions to public problems, which combine information technology and communication with management models focused on people and citizens. In short, knowledge management in the public sector involves rethinking the challenge, investing in capabilities and act in platform.

Keywords.

Knowledge Society - Knowledge Management - Co-creation of Public Services -Public Innovation - Knowledge Management Tools.

I. Introducción.

La Administración Pública en los últimos 20 años ha tenido que encarar los cambios producidos en su entorno, por el acelerado desarrollo mundial, manifestado en la evolución de la sociedad industrial a una sociedad del conocimiento.

En este contexto, dicho proceso de transformación de la sociedad, deja en evidencia los múltiples desafíos que los gobiernos y sus administraciones han debido resolver incorporando en su gestión nuevos enfoques, modelos y metodologías, que les permitan cumplir su misión y objetivos, orientar su actuación con foco en el usuario y promover el aumento de la participación de la sociedad civil en el proceso de formulación de políticas públicas. Además, en diversos foros, seminarios y congresos de gestión pública, una de las ideas y conclusiones comunes para buscar soluciones innovadoras a los nuevos retos de la Administración Pública, es que el conocimiento tiene un papel principal en el diseño y desarrollo de los servicios públicos demandados por la ciudadanía.

Esta constatación ha presionado a los gestores públicos a iniciar procesos de modernización y/o reforma, destinados a cambiar las tradicionales formas de trabajo e incorporar las nuevas tecnologías de información y de conocimiento (TIC´S) en las tareas cotidianas de la administración estatal, con el objeto de producir un cambio sustantivo en la cultura organizacional, y así instalar las bases para otorgar respuestas innovadoras a los usuarios de los servicios públicos.

II. Un Acercamiento a la Sociedad del Conocimiento.

Durante la segunda parte del siglo XX, las personas han asistido y participado del cambio impulsado principalmente por el desarrollo de las tecnologías de la información, y dicha evolución ha supuesto modificaciones en las conductas, comportamientos y expectativas de los ciudadanos, hacia los gobiernos y sus administraciones públicas. Asimismo, este cambio ha significado una transformación en la estructura de los factores de producción, ya que el conocimiento asume un rol fundamental en el desarrollo socioeconómico.

En la década del 1970, se comienza a discutir sobre el surgimiento de la Sociedad de la Información, en la cual el factor central de poder es la información y donde la creación de servicios intangibles vinculados a la salud, el ocio, la educación, el medioambiente, tienen un desarrollo explosivo. Posteriormente durante la década del 1990, la discusión central es sobre el surgimiento de la Sociedad del Conocimiento, donde el paradigma avanza desde el acceso y la cantidad de información, al paradigma de la transformación de la información en conocimiento que permita resolver problemas tan diversos como: el control de los negativos impactos ambientales en los proyectos de explotación, la elaboración de vacunas y medicamentos de última generación para tratar enfermedades emergentes, la mejora sustancial de los sistemas de transporte público en las ciudades metropolitanas, entre otros.

En este sentido, las organizaciones privadas y públicas entienden que las capacidades intelectuales de las personas tienen un valor estratégico esencial, que les ayudará a superar con éxito los nuevos desafíos de su entorno, es decir que para sobrevivir y adaptarse a la creciente complejidad sistémica del ambiente deben asumir el paradigma emergente de la nueva era del trabajador del conocimiento donde la premisa esencial es involucrar a las personas en el diseño de las soluciones para generar un compromiso de largo plazo.

Por consiguiente, el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento, supone una transformación en los esquemas mentales de pensamiento y en las formas de concebir el trabajo, produciendo una circulación de nuevas ideas en las organizaciones que origina cambios en los procesos y modelos de gestión.

Ahora bien, el estallido de la nueva sociedad del conocimiento devela las siguientes características:

1. El cambio como una variable constante. 2. El conocimiento como capacidad esencial de la tarea organizacional. 3. El rol central de las tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) en la supervivencia de las organizaciones.

Por tanto, las organizaciones privadas o públicas que tendrán éxito, serán aquellas que mejor gestionen: 

Las tecnologías y sistemas de apoyo.



La producción y divulgación de conocimiento original o “Know-How”.



La innovación constante.



La capacidad de aprendizaje y desarrollo de inteligencia institucional.



Las experiencias y capacidades intelectuales de las personas (gestión de talento).

III. Las Organizaciones Orientadas al Aprendizaje.

En las organizaciones de la sociedad del conocimiento se comienza a almacenar un gran volumen de datos e información, que se transforma en un activo ocioso si no es gestionado. En respuesta a esta situación, aparecen enfoques de gestión que centran su acción en el manejo de información para obtener conocimientos actualizados, como herramienta esencial para adaptarse a los constantes cambios. En este sentido, una de las teorías más influyentes es el “modelo espiral del conocimiento” (Nonaka y Takeuchi, 1999), el cual declara que en la generación de conocimiento, existen dos dimensiones: a) epistemológica que hace referencia a la naturaleza del conocimiento (explícito o tácito), y b) ontológica que hace referencia a las fuentes y la ubicación del conocimiento en un sistema (individuos, grupos, organizaciones y contexto). La dinámica del modelo sería la siguiente: Socialización. Fase en la que se obtiene conocimiento tácito “cara a cara” y se produce cuando se comparten experiencias, modelos mentales y capacidades técnicas a través del lenguaje, la observación, la imitación y la práctica.

Externalización. Fase de invención de conocimiento organizativo. Radica en la transformación del conocimiento tácito en ideas explícitas inteligibles para la organización.

Combinación. Fase de la invención de nuevo conocimiento explícito en relación al existente. El procesamiento y el análisis de la información pueden generar nuevos conocimientos explícitos.

Internalización. Fase de desarrollo del conocimiento tácito de los sujetos desde el conocimiento explícito de la organización. Se origina cuando las personas integran las experiencias y conocimientos que otros sujetos de la organización han formalizado precedentemente.

Este modelo expone la necesidad que tienen las organizaciones de diseñar sistemas innovadores y creativos, que les ayuden a gestionar bidireccionalmente información, desde su ambiente externo y desde su realidad interior, con el objeto de posibilitar los procesos de transformación organizativa. Además, el enfoque significó un estímulo inicial para que las organizaciones comenzaran a desarrollar sistemas de toma de decisiones utilizando las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC´s), lo cual les proporciona la oportunidad de gestionar inmensos volúmenes de datos, acumulados diariamente por las instituciones, que a través de modelamientos de explotación de bases de datos, se obtiene información crítica como insumo que mejora la calidad de la toma de decisiones en tiempo real.

Figura 1: Espiral del Conocimiento (modelo SECI)

Tácito Tácito

Explícito

Socialización: compartir experiencias, observar, imitar, brainstorming.

Externalización: metaforas, analogias, conceptos, hipotesis, modelos.

Internalización: acceso al conocimiento operacional, manuales, esquemas, aprender haciendo.

Combinación: ordenar, añadir, categorizar, sistematizar, crear metodologias, buenas practicas.

Explícito

Fuente: Nonaka y Takeuchi; 1999.

La esencia de la teoría expuesta por Nonaka y Takeuchi, es comprender la relación que existe entre el conocimiento tácito y explicito, es decir entre el saber tácito que está vinculado a la actividad, a las repeticiones y a los escenarios específicos, y el saber explicito que está vinculado con la sabiduría organizada, que se traspasa por medio de la comunicación formal y sistémica. Además, con el desarrollo de las TIC´s, y los aportes que emanan de la corriente de la gestión estratégica, se comienza a pensar en la necesidad que tienen las organizaciones de diseñar e implementar nuevas áreas de Gestión del Conocimiento, que se entienden como las áreas de gestión de los activos intangibles que producen beneficios para las instituciones. Esta fue la tendencia de moda a medios y fines de la década del 1990.

Sin embargo, a comienzos del siglo XXI las organizaciones comienzan una reflexión centrada en la respuesta a la siguiente pregunta: ¿Conocimiento y Aprendizaje son componentes de un mismo fenómeno?

Una primera constatación permite argumentar que son cara de la misma moneda, ya que el conocimiento es aquella práctica que nos ayuda a tomar decisiones y se consigue en el hacer, con la experiencia y se expresa en el actuar, mientras tanto el aprendizaje, radica en la acumulación de experiencias aprovechables en el futuro.

Una segunda constatación es que conocimiento y aprendizaje expresan estados distintos, ya que el conocimiento es estático, expresa el pasado, mientras el aprendizaje es dinámico, es el futuro. Por tanto, el aprendizaje es un proceso extenso, costoso y sufrido, a diferencia del conocimiento que es la consecuencia de aquel proceso y es gratuito, una vez que las organizaciones lo consiguen, utilizarlo no exige demasiado esfuerzo.

Una tercera constatación es comprender el conocimiento como un activo intangible, que actúa de manera distinta a los demás activos, que hasta el momento, han gestionado las organizaciones, ya que no se trata de lo que se sabe, sino más bien de lo que se hace con lo que se sabe. Entonces, es necesario superar la visión que limita la gestión del conocimiento solo al diseño e instalación de modernos sistemas que recopilan, ordenan y almacenan información, más bien significa fomentar procesos de aprendizaje organizacional que transformen la

información en conocimiento útil que ayuda a las organizaciones a evitar seguir repitiendo los mismos errores porque aprenden de sus experiencias.

Las organizaciones orientadas al aprendizaje no entienden la gestión del conocimiento como un sistema de gestión de la documentación o de la información, al contrario, la entienden como una gestión del activo intangible más importante de la organización, las personas, ya que son ellos los que trabajan con el conocimiento, para luego transformarlo en aprendizaje organizacional. Por consiguiente, la gestión del conocimiento tiene como objetivo principal “la generación de espacios de intercambio y de conocimiento, que elaboren lenguajes comunes y creen constantemente espacios de confianza y de colaboración” (Carballo, 2006: XL).

IV. La Cocreación de Servicios Públicos.

El concepto de co-creación o co-producción de servicios públicos es un término acuñado por la politóloga Elinor Ostrom durante la década de 1970. Para Christian Bason, director del laboratorio de innovación pública del Gobierno Danes, la co-producción pública significa diseñar y organizar los servicios públicos de manera de aprovechar transversalmente todos los recursos existentes en un sistema para abordar problemas y poder crear más valor público. Por tanto, para comprender a cabalidad el concepto de co-creación resulta imprescindible vincularlo con la idea de innovación pública, que Geoff Mulgan, CEO de la National Endowment for Science Technology and the Arts (NESTA), la define como “las nuevas ideas que crean valor público. Las ideas que tienen que ser en parte nuevas (más que mejoras); tienen que ser útiles; tienen que implementarse y suceder (más que ser solo buenas ideas)”, esta mirada del tema supera el concepto tradicional de innovación publica, que en sus inicios estaba asociado solamente con el desarrollo de la ciencia y tecnología en el sector público, y luego con la promoción estatal de acciones concretas proveniente de la empresa privada para solucionar problemas de carácter público.

En consecuencia, Bason expone tres formas para enfrentar el desafío de la innovación pública desde la co-producción de servicios públicos:

1.- Repensar el Desafío: es básico entender profundamente, en un contexto determinado, cuales son las prácticas actuales que no están creando valor público de manera significativa para los ciudadanos.

2.- Invertir en Capacidades: abrir espacios de aprendizaje en los diferentes niveles de la administración pública (nacional, regional y local) para captar sus particulares puntos de vista, y en paralelo involucrar la investigación universitaria de vanguardia, con lo cual sería posible alinear recursos diversos e inciertos en torno a una causa común.

3.- Actuar como Plataforma: el equipo de innovación debe practicar lo que predica, es decir co-crear nuevas soluciones con los usuarios finales (por ejemplo: los ciudadanos y las empresas), pero también co-crear con la participación de todas las partes interesadas en todos los niveles de gobierno que estén dispuestas a contribuir en las soluciones (por ejemplo: funcionarios públicos y municipales, directivos públicos regionales y municipales, asociaciones de funcionarios, entre otros).

En este contexto, los procesos de innovación pública desarrollados bajo un esquema de cocreación de servicios públicos, entienden la gestión del conocimiento como un insumo necesario para materializar el desarrollo de nuevas soluciones a los problemas públicos, a través de las capacidades intelectuales de las personas que integran el aparato estatal, en los distintos niveles de actuación.

También el desarrollo de un modelo de gestión del conocimiento en las instituciones públicas podría ayudar a superar una de las barreras clásicas a la innovación: la cultura del aparato burocrático, ya que la producción de conocimientos por medio de procesos de aprendizaje colaborativo, impactará el lenguaje, las actitudes y los tópicos característicos de la organización donde “la función administrativa tiene un sentido, o sea un significado que orienta el comportamiento de los actores y los dirige hacia el objetivo determinado” (Lippi y Morisi, 2008: 268) y facilitará a los gestores públicos el despliegue de procesos de cambios organizacionales orientados a la co-creación de servicios públicos.

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V. Identificación de Herramientas para la Gestión del Conocimiento en el Sector Público.

Las organizaciones cuando deciden diseñar e implementar un sistema de gestión del conocimiento que les ayude a movilizar las capacidades intelectuales de sus equipos de trabajo, deben considerar los siguientes elementos al momento de elegir las herramientas a utilizar: 

Establecer aquellos conocimientos apropiados para materializar sus acciones presentes y desplegar su hoja de ruta futura.



Obtener el acceso a los conocimientos apropiados dentro y/o fuera de la organización.



Preservar los conocimientos apropiados, para asegurar su constante acceso.



Emplear con eficiencia los conocimientos apropiados y así cumplir los objetivos de la organización.

A continuación, se presenta un grupo de herramientas que permiten gestionar el conocimiento en los servicios públicos, y que ayudan al desarrollo de servicios basados en soluciones innovadoras de cara al ciudadano.

1) Mapas de conocimiento y repositorios de conocimiento estructural. Los mapas de conocimiento son una herramienta que “sirven para recoger tanto la relación de conocimiento disponible en una empresa como aquellos que se hayan podido identificar como necesarios” (Carballo, 2006: 362), en consecuencia, el mapa es un instrumento que sirve para localizar y detallar la información estratégica de la organización por medio de un soporte gráfico, como también identifica a los agentes que utilizan la información, su grado de dominio y establece el nivel de relevancia de los diferentes conocimientos.

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Los repositorios de conocimiento son la arquitectura de “las bases documentales que contienen la descripción detallada de una serie de conocimientos importantes para una organización” (Carballo, 2006: 367), es decir, en estas bases se incorpora la explicación de dichos conocimientos.

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En definitiva, la relación entre ambas herramientas, produce lo que se denomina el conocimiento estructural, ya que se traslada el conocimiento específico (tácito) de las personas a documentos escritos y/o a soporte multimedia (explícito), los cuales serán de libre acceso para la organización.

2) Business Process Management Suite (BPMS).

Esta herramienta informática tiene su fundamento en el enfoque de gestión de procesos de negocios o Business Process Management (BPM), que tiene como objetivos centrales: mejorar los niveles de eficiencia, lograr mayor eficacia y mejorar la agilidad de los negocios en una organización. Por tanto, es “una manera de pensar, una filosofía de gestión centrada en mejorar los procesos operacionales de la organización” (White y Miers, 2009: 20) que busca desarrollar capacidades

intelectuales

organizacionales

destinadas

crear

valor

para

los

usuarios/ciudadanos a través de la adaptación de la oferta de bienes y servicios públicos. La metodología de trabajo del enfoque de gestión de procesos de negocios (BPM) está compuesta por las siguientes etapas o fases: 1) Levantamiento del proceso, 2) Documentación del proceso, 3) Análisis de mejora del proceso, 4) Implementación del proceso y 5) Monitoreo del proceso. Además, este enfoque entiende dichas etapas o fases como un ciclo continuo en que cada proceso de la organización puede estar en una situación diferente respecto al ciclo.

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Es importante destacar que los servicios públicos que utilicen este enfoque de gestión deben considerar la necesidad de: 1) establecer responsabilidades asociadas a los procesos y a cada una de las etapas, 2) utilizar instrumentos de análisis y gestión técnica (por ejemplo, diagrama de procesos y flujos de trabajo), y 3) considerar el uso de soluciones apropiadas de tecnologías de información (TI).

En específico, la implementación del modelo técnico de la gestión de procesos de negocios, es por medio de una Suite tecnológica que ayuda a los equipos de trabajo a modelar gráficamente la descripción lógica de los pasos de un proceso, y así coordinar en tiempo real la cadena de los procesos y los mensajes que circulan entre los actores que intervienen e interactúan en las diferentes etapas. Por tanto, Business Process Management Suite (BPMS) como herramienta de gestión del conocimiento ayuda a las organizaciones a: 1) generar integración con otros sistemas tecnológicos de gestión, como por ejemplo Enterprise Resource Planning (ERP) o Customer Relationship Management (CRM), 2) realizar simulación y optimización en línea a través de la comparación del funcionamiento actual de un proceso en relación a su nuevo diseño, y 3) analizar la información de la ejecución del proceso en tiempo real y desarrollar la inteligencia organizacional.

3) Mapas de Empatía para crear perfil de Usuarios/Ciudadanos.

Esta herramienta fue desarrollada por la consultora de pensamiento visual Xplane, actualmente llamada Dachis Group, que “sirve para analizar la información demográfica con un conocimiento profundo del entorno, el comportamiento, las inquietudes y las aspiraciones de los clientes” (Osterwalder y Pignear, 2011: 131), es decir el objetivo es situarse en el lugar del usuario/ciudadano para que la organización pueda entender a qué personas les otorga sus servicios. Por consiguiente, la idea es diseñar un retrato del usuario respondiendo a preguntas sencillas, como, por ejemplo: ¿Quién es?, ¿A qué se dedica?

Para utilizar el mapa de empatía es necesario preparar las siguientes acciones:

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a.- Efectuar una sesión de lluvia de ideas o brainstorming para detectar los públicos objetivos a los que se dirige el actual modelo de negocios, como también a los que se podría dirigir. b.- Posteriormente se deben elegir tres tipos de usuarios/ciudadanos para iniciar el diseño de perfiles. c.- Luego seleccionar uno de los tres tipos elegidos para designar un nombre con una serie de características demográficas. d.- Por último, aplicar el esquema del mapa y responder las seis preguntas en el siguiente orden: ¿Qué ve?, ¿Qué oye?, ¿Qué piensa y siente en realidad?, ¿Qué dice y hace?, ¿Qué esfuerzo hace el usuario/ciudadano? y ¿Qué resultados obtiene el usuario/ciudadano?

En definitiva, el Mapa de Empatía ayuda a las organizaciones a interpretar mejor a sus usuarios/ciudadanos, generando un conocimiento más minucioso de sus rutinas diarias, de su entorno, de su visión única del mundo, de sus necesidades, de sus preocupaciones y aspiraciones.

4) Arquitectura informática para el desarrollo de la Inteligencia Institucional.

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Las herramientas de arquitectura informática que se han desarrollado en las últimas décadas podrían contribuir al diseño de modelos de gestión del conocimiento que ayuden a superar el déficit de información que tiene el aparato estatal. Por consiguiente, “este déficit de información genera una falta enorme de inteligencia institucional a la hora de tomar decisiones, cuando se desea hacer análisis de prospectiva, cuando hay que evaluar políticas públicas, hacer análisis de coste y beneficios, etc” (Ramio, 2015: 113).

El diseño de una arquitectura informativa en el sector público deberá incluir, como piso mínimo, las siguientes tecnologías: Data Warehouse, Big Data y Enterprise Resource Planning (ERP).

Data Warehouse o Almacén de Datos: el principio rector de este tipo de soluciones es la estructura de la información, ya que permite el depósito de datos de manera fiable y homogénea, con una configuración centrada en la consulta y un proceso piramidal de preguntas, en un ambiente distinto de los sistemas ERP, operacionales y/o legacy. Estas soluciones informáticas de almacén de datos se caracterizan por ser: integradas, temáticas, históricas y no volátiles. Por tanto, este tipo de solución TI impulsa el desarrollo de la inteligencia institucional ya que hablamos “de un expediente completo de una organización, más allá de la información transaccional y operacional, almacenado en una base de datos diseñada para favorecer el análisis y la divulgación eficiente de datos” (Ramio, 2015: 117). Entonces para el aparato estatal significa incorporar una herramienta para la toma de decisiones utilizando técnicas estadísticas de análisis y modelización, que posibilita aprender de los datos del pasado y pronosticar escenarios futuros, a través de centros de información de optimización tecnológica y económica.

Big Data o Datos Masivos: son soluciones tecnológicas que ayudan a explicar una desmesurada proporción de datos de carácter estructurado, semi estructurado y no estructurado, y que de no existir, sería muy costoso y lento mover a una base de datos relacional para su estudio, vale decir nos referimos “al tratamiento y análisis de enormes repositorios de datos, tan desproporcionadamente grandes que resulta imposible tratarlos con las herramientas de bases de datos y analíticas convencionales” (Ramio, 2015: 119). Concretamente se observa un crecimiento exponencial de datos, dentro y fuera de la administración pública, principalmente por la proliferación de páginas web, aplicaciones de imagen y video, redes sociales, aumento

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del uso de dispositivos móviles, desarrollo de apps, sensores de smartcities, entre otras aplicaciones. En este contexto, la tecnología de datos masivos se manifiesta en cuatro dimensiones: 1) capacidad de gestionar diariamente una gran volumen de datos, 2) capacidad de conjugar una gran variedad de datos digitales en diversos formatos y de fuentes de información diferente, 3) capacidad de aglomerar y trabajar en tiempo real con todas las fuentes productoras de información y 4) capacidad de manipular y examinar inteligentemente la infinita magnitud de datos, para proporcionar información útil y verdadera.

Enterprise Resource Planning (ERP) o Sistema de Planificación de Recursos Organizacionales: son aplicaciones de gestión global de información que automatizan aspectos productivos y operativos de una organización para tomar decisiones oportunas en tiempo real, por tanto sus objetivos centrales son: 1) mejorar el acceso a la información, 2) integrar la información generada en cada área de la organización, 3) disminuir la redundancia organizacional, y 4) optimizar los procesos de gestión desde una perspectiva global y sistémica. Por último, es necesario destacar que los ERP son soluciones tecnológicas integrales de carácter modular y configurables a las necesidades de la organización, que se pueden compatibilizar con otras aplicaciones informáticas existentes.

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5) Aplicación tecnológica Webinar para realizar sesiones de trabajo on line.

Es una herramienta de gestión del conocimiento que ayuda a las organizaciones, a través de una plataforma tecnológica, a realizar conferencias on line a través de un registro de usuario, donde sus principales características es la interactividad que se produce entre los asistentes y el expositor, ya que se produce en tiempo real. Esta tecnología permite organizar charlas informativas temáticas, difundir nuevos productos/servicios, realizar charlas de bienvenida, explicar procesos de servicio, entre otras actividades. En este sentido, el potencial de una aplicación Webinar radica en: 1) la magnitud de asistentes conectados on line, 2) el uso y calidad de herramientas interactivas, 3) la capacidad sincrónica para fomentar la participación del público, 4) la compatibilidad de uso con múltiples dispositivos (ejemplo PC, Notebook, Smartphone, Tablet, entre otros) y 5) la posibilidad de almacenar el registro del perfil de los asistentes para luego explotar bases de datos de perfiles y así realizar seguimientos formativos proactivos.

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6) Metodología de Gestión de Proyectos.

Esta técnica de gestión ayuda a las organizaciones a transformas las ideas en realidad, ya que permite a las personas pensar por proyecto, en particular a los trabajadores del sector público que asumen el desafío de la co-creación de servicios bajo un esquema de innovación pública. En este sentido, pensar por proyecto significa materializar una idea diseñando soluciones a problemas específicos, donde la definición adecuada del ciclo de vida del proyecto y su relación con la organización, permite obtener dentro de ventanas de tiempo acotadas nuevos productos, servicios o resultados únicos, utilizando una pertinente combinación de recursos y capacidades. Aquí es importante mencionar que esta técnica puede ayudar a aumentar el grado de agilidad exigido por los procesos de cocreación e innovación publica, ya que facilita la implementación de mejoras dentro de estructuras rígidas y lentas, y recordemos que esta última es una característica central del aparato estatal.

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La utilización de esta metodología en el sector público se concreta de mejor forma implementando una oficina de gestión de proyectos (PMO), la cual se transforma en la unidad organizacional responsable de “centralizar y coordinar la dirección de proyectos a su cargo” (PMI, 2004: 17), con las competencias necesarias para integrar y movilizar sinergias diversas, es decir una unidad experta en la identificación a nivel sectorial y territorial del alcance e impacto de los proyectos de coproducción e innovación estatal.

VI. Impulsar la Gobernanza en RED.

Las características esenciales de la Sociedad del Conocimiento, es decir, el cambio constante, el conocimiento como capacidad central de las organizaciones y el rol estratégico de las TIC´s, están obligando a los gobiernos a revisar sus modos de actuación pública. Por tanto, es un desafío utilizar los beneficios de la WEB 2.0 o Web Social, la cual propicia modelos participativos, colaborativos, transparentes, abiertos y flexibles, para desarrollar una

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administración más receptiva que permita gestionar “una estructura social multidimensional en la que redes de diferentes clases tienen distintas lógicas para crear valor” (Castells, 2009: 55).

En este sentido, observamos que, para avanzar hacia una sociedad más integral, inclusiva y equitativa, es urgente desarrollar acciones destinadas a cimentar un Estado lo suficientemente eficiente y eficaz que facilite mecanismos de subsanación orientados a resolver los problemas sociales. Ahora bien, el Estado al desplegar tales mecanismos debe reconocer la complejidad sociopolítica y la diversidad de las formas de producción socioeconómica, con lo cual un esquema de intervención tendría que aceptar actuaciones de: 1) producción directa, 2) coproducción y 3) promoción de organizaciones que sostienen su acción en los principios de solidaridad y de cooperación.

Aquí, el sector público tendría que avanzar hacia un modelo de gobernanza en RED que integre los siguientes elementos: “la complejidad de los temas abordados, la pluralidad de los actores públicos y privados, los órganos representativos son un actor más de la red, y el predominio de los mecanismos interorganizativos sobre los intraorganizativos” (Parrado, 2015: 253). Este modelo ayudaría a evitar el imperio de la mirada técnico/administrativa en la gestión pública, es decir impediría la peligrosa confusión entre los instrumentos y paradigmas de gestión (dimensión tecnocrática) con los objetivos y estrategias de construcción y conducción política (dimensión sociopolítica). Además, el Estado podría desarrollar su rol promotor por medio de una planificación descentralizada y participativa, que se materializa en la apertura de espacios públicos donde diversos grupos de ciudadanos puedan reflexionar y resolver sus problemas cotidianos, como también vincular a los trabajadores públicos de la era del conocimiento con la realidad de la comunidad. Esta situación ayudaría al Estado a desplegar su potencial transformador utilizando un modelo de corresponsabilidad que incorpora múltiples dimensiones y actores en el proceso de diseño de soluciones públicas.

Conclusiones.

Al revisar brevemente la transición de la sociedad industrial a la sociedad de la información y posteriormente, a la sociedad del conocimiento, es posible constatar que las personas se van

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transformando en el elemento estratégico primordial para el desarrollo de las organizaciones, ya que son ellas, las que utilizan y generan el conocimiento organizacional a través de procesos de aprendizaje dinámico que rompen con la inercia de la década de 1960. En este sentido, se puede observar que en una primera etapa, la gestión del conocimiento se vincula al uso intensivo de tecnologías de la información y de la comunicación, y los modelos de aprendizaje se enfocaron solamente al uso de datos e información estratégica, que debía estar disponible para todos los integrantes de una organización. Luego, en una segunda etapa, se avanza en el desarrollo de aplicaciones integrales que ayudan a los sujetos a tomar decisiones en tiempo real y las organizaciones comienzan a implementar modelos que les permiten gestionar el conocimiento involucrando directamente al activo intangible más importante, las personas, y comprenden que cualquier transformación organizacional necesariamente se produce por una evolución de los conocimiento, gatillada por un proceso de aprendizaje colaborativo, interactivo y dinámico.

Ahora bien, la administración pública no está ajena a estas transiciones, que introducen múltiples desafíos, en el contexto de un mundo complejo, a los cuales los gestores públicos deben dar respuesta, y donde las TIC´s no son la solución, sino que más bien, son parte de la solución. Entonces, las herramientas de gestión del conocimiento presentadas son un camino para enfrentar estos nuevos desafíos, ya que ayudan al aparato estatal a generar capacidades organizacionales de las cuales adolece, como también movilizar dichas capacidades institucionales para diseñar soluciones innovadoras y co-producir servicios públicos.

En consecuencia, la administración de un gran almacén de datos (data warehouse), la gestión masiva de datos (Big Data), la implementación de aplicaciones tipo ERP, como también evaluar la posibilidad de avanzar en el diseño e implementación de soluciones integrales de inteligencia de negocios (Business Intelligence), cuyo objetivo es transformar los datos en información y la información en conocimiento, y así optimizar el proceso de toma de decisiones entregando información privilegiada para responder a los problemas de los usuarios en tiempo real, no son instrumentos cuestionados por los gestores públicos, como tampoco lo son los mapas del conocimiento, el mapa de empatía para crear perfiles de usuario/ciudadano, la gestión de los procesos de negocios en suite (BPMS), la metodología de gestión de proyectos o las aplicaciones tecnológicas tipo Webinar para fomentar el desarrollo de capacidades y difundir el

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conocimiento. Por tanto, podríamos concluir que estas herramientas permiten a la organización pública contar con una plataforma mínima para cumplir con sus objetivos o estar mejor preparadas para entregar soluciones a los problemas públicos.

Por último, observo que los nuevos desafíos de la gestión del conocimiento en el sector público se vinculan con a lo menos cinco temas:

1) Desarrollar capacidades intelectuales y organizacionales asociadas a la gestión del cambio e información, esto implica preparar a las personas para que puedan gestionar compromisos a través de nuevas formas de trabajo colaborativo, como también gestionar información crítica utilizando métodos cualitativos y cuantitativos en un esquema de investigación social multidisciplinaria.

2) Asumir el desafío de la innovación pública por medio de sistemas de transparencia total, utilizando un esquema de datos abiertos (open data) y acceso libre (open access).

3) Asumir el desafío de la co-creación de servicios públicos a través de la utilización de plataformas de crowdsourcing o colaboración abierta distributiva, donde comunidades masivas profesionales aceptan la tarea de generar ideas y buscar soluciones a problemas públicos.

4) Impulsar el desarrollo de un Observatorio de Innovación Pública que permita sistematizar y explotar la información obtenida de los sistemas formales de cooperación mutua nacionales e internacionales de los denominados Partenariados del tipo: público/privado, público/público y público/entidades sin ánimo de lucro.

5) Impulsar la utilización de metodologías participativas, como por ejemplo el Open Space o el Mapa Mental Colectivo, que posibiliten involucrar (crear confianza) y fomentar la colaboración (movilizar capacidades) de los múltiples y diversos actores que componen la red de gobernanza pública, la cual es cada día más compleja y dinámica.

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Me gustaría terminar con dos preguntas: ¿los gestores públicos tendrán el talento para enfrentar estos desafíos?, o ¿será necesario acelerar los procesos de aprendizaje bajo un esquema de ensayo-error?

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III. Artículos Publicados en ediciones anteriores

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Primera Edición 1. Prospectiva de la administración pública. Dr. Tomás Miklos México 2. Política social y transferencias monetarias en América Latina. Dr. Ernesto Aldo Isuani Argentina 3. Análisis de una política pública. Reorganización de la supervisión educativa en Ecuador en un contexto de cambio estructural. Inés Aguerrondo, Susana Xifra Argentina 4. Descentralización en América Latina y tareas del municipalismo. Mario Rosales Chile 5. Políticas públicas para personas con discapacidad de la beneficiencia al ejercicio de los derechos. Ricardo Villa Cifuentes Chile 6. Evaluación social de proyectos en iniciativas de inversión regional caso: región del Bio Bio. Robinson Sáez Lazo Chile 7. La política pública de seguridad ciudadana: entre el impacto de las medidas de seguridad y la acuciante tarea de un marco metodológico conceptual. Eduardo Enrique Rodríguez Martínez, Aura García Martínez, Yunaris Coneo Mendoza Colombia 8. Políticas de seguridad, la experiencia chilena (2003-2011). Roberto Lagos Chile

Segunda Edición 1. La institucionalización de la perspectiva de género en México: una política pública en transición. Citlalin Ulloa Pizarro México 2. Notas sobre la exclusión social en Venezuela. Manuel Rojas Pérez Venezuela 3. Participación y gobernabilidad, una mirada regional. Mauricio Rodríguez Ramírez Chile 4. Centro americana: política de seguridad y desarrollo. Eduardo Sancho El Salvador 5. Innovación en el sector rural de México: planeación y resultados. Roque Onésimo Pérez Guel, Roberto Rendón Medel, Jorge Aguilar Ávila, Manrrubio Muñoz

117 Rodriguez. México 6. Las finanzas públicas y la descentralización en Colombia en un escenario globalizado: reflexiones teóricas de su génesis. Eduardo Rodríguez Martínez, Edier Coneo. Colombia

Tercera Edición 1. Los mecanismos para la gestión metropolitana en los países federales de América Latina Alberto Arellano Ríos México 2. Planificación estratégica participativa: Un análisis comparativo entre países de Iberoamérica Gustavo Blutman – Ivana Gonzalez – Mariana Anchubidart Argentina 3. ¿Quo vadis adultos mayores? Desafíos en el Distrito Federal de México Dr. Lukasz Czarnecki México 4. Seguimiento y control de proyectos en el Sector Público. Análisis preliminar del sistema de inversión estatal colombiano. H. Mauricio Diez Silva, Jaime M. Arboleda López, Maricela I. Montes Guerra Colombia 5. Propuestas de política pública para procesos de innovación inclusiva en el sector turístico costarricense. Rodrigo Corrales Mejías Costa Rica 6. La seguridad ciudadana: Un bien público debilitado. Eduardo Rodríguez Martínez, María Eugenia Acosta Villegas Colombia

Cuarta Edición 1. Corrupçao na administraçao pública: um estudo global sobre a relaçao entre corrupçao na funçao pública, desemprego, desigualdade, qualidade da democracia e governança (2008-2012) Thiago Perez Bernardes de Moraes – Geraldo Leopoldo da Silva Torrecillas Brasil 2. Las políticas sociales en México: La inclusión de la visión de Género como un proceso generador de Equidad. Lilia Esther Villanueva Martínez – Martha Cecilia Jaramillo Cardona México 3. La Política de Aguas en Chile y la Gran Minería del Cobre. Gino Sturla Zerené – Camila Illanes Muñoz Chile 4. Política Previsional. Tensiones presentes en el modelo Bismarckiano: Lecciones de la experiencia argentina.

118 Valeria Di Costa Argentina 5. Causas del origen y expansión del Estado de Bienestar (y ciudadanía en Brasil). Angelita Matos Souza Brasil 6. La pobreza en México como el discurso del poder: el Banco Mundial y el clientelismo. Lukasz Czarnecki México

Quinta Edición 1. La Desigualdad Social a través del gasto: Una mirada complementaria a la desigualdad en el ingreso Rigoberto Figueroa Vargas Chile 2.

La monoproducción y sus consecuencias en tiempos de crisis: Estudios de caso entre Bolivia, Chile y Venezuela Isaac Ramírez Urra Chile

3. Efectos sociales y económicos de una planificación desbocada: consideraciones evaluativas sobre un programa público de desarrollo urbano. Carlos Haefner Chile 4. Mitos y realidades de la No SELECCIÓN en educación. Un Debate chileno, visto desde una experiencia mexicana Juan Carlos Palafox Pérez de Salazar México 5.

Nueva democracia para un mundo nuevo: Remodelando la Democracia en América Latina Luis Solari de la Fuente Perú

Sexta Edición 1.

América Latina: Las políticas sociales y sus referentes estructurales como problemática del desarrollo.

Darío Salinas,Carolina Tetelboin y Mariana Aparicio. México Política previsional y redistribución del ingreso: Apuntes para el debate.

Valeria Di Costa. Argentina Financiamiento de la educación superior en Chile: Un análisis de las propuestas con mayores porcentajes de convergencia entre los actores sociales participantes. Daniel Alfredo Martínez Bruna y María Angélica Piñones Santana.

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Chile Los subsectores agropecuarios en las cooperativas más grandes del mundo.

Graciela Soria Sánchez y Víctor Herminio Palacio Muñoz. México 5. La educación pública versus lo público de la educación en Chile

Marcelo Martínez Keim. Chile Neoliberalismo, Políticas sociales y pobreza en México (1988 – 2015). Una aproximación conceptual y empírica desde el contexto latinoamericano.

José Carlos Luque Brazán , René Bello Sánchez y Hortensia Gracida González. México El uso del concepto analítico de cultura en dos textos de la sociología chilena: El paso al culturalismo en el análisis teórico de la transición democrática en Chile. Miguel Alvarado y Pedro Santander. Chile V. Normas generales de publicación y presentación

Tipos de Publicación

120 La Revista Análisis Público aceptará trabajos originales o inéditos, en las siguientes clasificaciones de artículos: a) Artículos de Investigación Científica: son aquellos trabajos que presenten avances o resultados de investigaciones. b) Artículos de Reflexión: son todos aquellos trabajos que analicen o interpreten, algún tema relevante referido a las políticas Públicas en Iberoamérica. c) Resultados de tesis de grado (Licenciatura, Maestría y Doctorado) que hayan sido distinguidas y evaluadas como un aporte importante en sus respectivos programas académicos de Gobierno y Gestión Pública

III.

Normas de Presentación Artículos

La Revista recibe colaboraciones para su publicación de acuerdo con las siguientes normas:

a) Los textos deberán ser originales e inéditos. b) Se recibirán trabajos en español, portugués e ingles c) Los Artículos de Investigación y Reflexión, deberán tener una extensión mínima de 9.000 y máxima de 10.000 palabras (incluyendo título, tablas, figuras y referencias bibliográficas), realizados en tamaño carta, letra Times New Roman tamaño 12 puntos, con un interlineado de 1.5 y dejando márgenes de 2,5 centímetros para cada lado (izquierdo, derecho, inferior y superior). Las notas al pie deberán ir en letra Times New Roman tamaño 10 puntos a espacio sencillo. d) Los resultados de tesis de grado, deberán tener una extensión mínima de 1.000 y máxima de 2.000 palabras. (Incluyendo título, tablas, figuras y referencias bibliográficas), realizados en tamaño carta, letra Times New Roman tamaño 12 puntos, con un interlineado de 1.5 y dejando márgenes de 2,5 centímetros para cada lado (izquierdo, derecho, inferior y superior). Las notas al pie deberán ir en letra Times New Roman tamaño 10 puntos a espacio sencillo e) Se deberá anteponer 2 abstract del trabajo (en dos de los tres idiomas de la Revista), de no más de 120 palabras cada uno y cinco palabras claves en ambos idiomas. f) En un documento separado, deberá incluirse una biografía breve de cada uno de los autores que no exceda de 100 palabras (incluyendo sus grados académicos más relevantes, ocupaciones y cargos actuales, y un listado de publicaciones principales).

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No debe olvidarse de incluir: nombre completo del/os autor/es; filiación institucional, correo postal, correo electrónico, teléfono, fax, ciudad y país. Asimismo, en caso de ser más de un autor, se deberá indicar quién será la persona designada para la comunicación electrónica. g) En relación con la entrega del material, éste deberá enviarse en formato electrónico a revista.analisispublico@.uv.cl o carlos.haefner@uv.cl en procesador de texto Word. h) El o los autores deberán conservar una copia idéntica a la enviada. i) Los trabajos deberán tener todas sus páginas numeradas y ser completamente legibles. j) En relación con las citas bibliográficas, estas se ceñirán al formato A.P.A. (apellido autor, año: número de página). k) Los artículos sólo serán aceptados si cumplen con los criterios editoriales de la Revista, de no cumplir las normas serán devueltos a sus autores para que realicen las correcciones pertinentes. Evaluación El Editor de la Revista Análisis Público informará a cada autor del recibo del artículo enviado. El Editor decidirá sobre el envío de los artículos recibidos a pares evaluadores para su revisión. Todos los artículos serán sometidos a arbitraje por parte de dos pares evaluadores independientes (evaluación ciega), especializados en el área, en caso de disidencia, será el Editor quien decida sobre la evaluación del artículo. La evaluación será comunicada vía correo electrónico a los autores, en un plazo no superior a 30 días como máximo desde el cierre de la convocatoria. Por último, el Editor informará al autor, si el artículo fue aprobado, aprobado con recomendaciones o rechazado para su publicación. Aquellos autores cuyos artículos o notas de investigación sean publicados, recibirán 2 copias del ejemplar de la Revista donde éste apareció. Ante cualquier consulta sobre la presentación de artículos o evaluación de los mismos, pueden consultar al Editor: carlos.haefner@uv.cl Comunicaciones Los trabajos y reseñas deben ser remitidos al Editor de la Revista Dr. Carlos Haefner. Las normas de publicación pueden ser consultadas en: http://analisispublico.administracionpublica-uv.cl Teléfono: 056-032 – 2507961; Fax: 056-032-2507981 Recepción de Artículos

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