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Derrame de petróleo en Perú: apremio legal y ambiental Guillermo Gutiérrez Nieto
GUILLERMO GUTIÉRREZ NIETO
INTERNACIONALISTA, MAESTRO EN ADMINISTRACIÓN Y DOCTOR EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ES MIEMBRO DEL SERVICIO EXTERIOR MEXICANO Y DESDE 2018 FORMA PARTE DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO MEXICANO Y DESDE 2018 FORMA PARTE DE LA DELEGACIÓN DE MÉXICO ANTE LA OCDE. CORREO: GGNIETO@GMAIL.COM
Derrame de petróleo en Perú:
apremio legal y ambiental clear en Francia
Hace algunas semanas los derrames petroleros en altamar acaecidos en el continente americano (Deepwater Horizon, Ixtoc I, Exxon Valdez, entre los más graves) volvieron a nuestra memoria al enterarnos de lo ocurrido en Ventanilla, Perú. En esta ocasión el percance se originó debido al buque Mare Doricum mientras hacía operaciones de descarga en la refinería La Pampilla. Aunque el balance del derramamiento aún es incierto -inspectores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) estiman 6 mil barriles, las autoridades peruanas consideran que fueron más de 11 mil- lo cierto es que estamos ante una historia ya conocida: vericuetos legales para asegurar una indemnización integral, limitaciones técnicas que permitan una atención ambiental apremiante y consecuencias socioeconómicas de corto y mediano plazo para las comunidades ribereñas. El derramamiento del Mare Doricum, el primero de su tipo en Perú con estas dimensiones, afectó más de un millar de Km2 en altamar y cerca de mil ochocientos Km de litorales. Como en otros accidentes similares, el impacto inmediato ha sido en los ecosistemas costeros y en las actividades económicas involucradas: pesca y turismo. Las repercusiones ya fueron evaluadas por la agencia de evaluación y de fiscalización ambiental de Perú, la cual demanda 34.5 millones de dólares a la empresa española Repsol, propietaria de la refinería, por contaminación ambiental. Si bien la gravedad del acontecimiento trató de ocultarse al inicio, cuando el capitán del barco atribuyó la responsabilidad del derrame al alto oleaje que generó días antes una erupción volcánica en Tonga, posteriormente se confirmó que lo generó una ruptura en la tubería submarina de descarga y se adjudicó plena responsabilidad a la embarcación y a Repsol. Así, a la par de los esfuerzos del gobierno, de la sociedad civil organizada en Perú y de la comunidad internacional para contener el daño ambiental, se inició un litigio con diversas aristas. La primera acción fue exigir a la aseguradora del barco cubrir parte del daño generado; Repsol, por su cuenta, inició una estrategia legal para afrontar la demanda contra la refinería más importante del país (procesa más del 50% de la capacidad de refino del país). Por su parte, el
Ministerio de Ambiente declaró una emergencia ambiental por 90 días en el área costera afectada e inició su propia evaluación de daños para deslindar responsabilidades. Posteriormente, de manera precautoria, un juez peruano prohibió al director de Repsol Perú y a otros tres ejecutivos salir del país durante 18 meses, lapso durante el cual se realizará la investigación del derrame.
En lo referente a la atención inmediata de los daños ambientales, la movilización ciudadana y la cooperación internacional han sido importantes alicientes. Organizaciones como Oxfam y agrupaciones pesqueras organizaron acciones inmediatas para contrarrestar los daños. Las fuerzas armadas peruanas también se movilizaron para brindar apoyo en los trabajos de limpieza. Incluso Repsol proporcionó maquinaria para realizar limpieza en zonas terrestres y marítimas afectadas.
En el ámbito internacional, tras la declaración de emergencia ambiental, la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) y la Unidad Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), así como el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea se sumaron a los esfuerzos de respuesta del gobierno peruano.
Después de varias semanas de ocurrido el accidente y en el trance entre la definición de los daños que cubrirá la aseguradora, el desarrollo del litigio con Repsol y las acciones para atender el daño ambiental, llama la atención que no se menciona el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, (Marpol), suscrito en 1973 por los miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI), el cual refiere la contaminación del medio marino por los buques a causa de factores de funcionamiento o accidentales.
Aunque esta ocasión el daño no proviene propiamente de la embarcación, sino de la tubería submarina, convendría recordar que uno de los seis protocolos (anexos técnicos) del convenio aborda, de manera específica, la prevención de la contaminación por hidrocarburos como consecuencia de medidas operacionales, así como de derrames accidentales.
En ese sentido, ahora que Repsol ha anunciado un avance de 75% en las operaciones de limpieza, que ha pagado más de 400 mil dólares en multas ambientales y que planea desarrollar actividades de remediación en los ecosistemas dañados, es importante que en la solución final se reconozcan instrumentos jurídicos como el referido, además de otras resoluciones internacionales que han permitido dirimir controversias de derramamientos similares en otras partes del orbe.
Es cierto que la magnitud del daño generado conlleva consecuencias ambientales y sociales intangibles a futuro, pero ello no exime a Repsol de asumir responsabilidades tangibles inmediatas.
Al gobierno peruano le corresponderá hacer una efectiva aplicación de su normatividad ambiental vigente a fin de lograr que los culpables del derramamiento rindan cuentas del daño a uno de los ecosistemas marinos más ricos del mundo.
VÍCTOR RODRÍGUEZ-PADILLA
ESPECIALISTA EN EL SECTOR ENERGÉTICO, ECONOMÍA Y POLÍTICA. FORMA PARTE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS ENERGÉTICOS, DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, UNAM.
Factor venezolano, implicaciones para México
Aunque Shell abastece Deer Park, la petrolera mexicana tiene derecho a procesar 70 mil barriles que serán de crudo Maya
DESDE LA IZQUIERDA
Las sanciones que golpean al petróleo y gas de Rusia, por la intervención militar en Ucrania, dejan un vacío en el mercado internacional. Para frenar el aumento de precios y sus repercusiones en la economía estadounidense la Casa Blanca ha iniciado conversaciones con Venezuela e Irán para obtener un aumento de la producción petrolera en ambos países a cambio de eliminar las sanciones económicas que Donald Trump les impuso en 2018. Joe Biden ha sido duramente criticado por republicanos y demócratas debido a esa inesperada e inusual iniciativa. Estoico, el presidente no se ha inmutado. Se ha mantenido firme en su actitud pragmática, único camino para enfrentar las presiones inflacionarias, atemperar el descontento ciudadano por el precio galopante de la gasolina, así como mantener la balanza a su favor de cara a las elecciones legislativas de otoño. Las sanciones a Rusia borrarán del mercado 3 millones de barriles diarios a partir de abril, según estimaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE). El faltante llegaría a 7.8 millones de barriles por día si Europa y otros países occidentales se suman al movimiento, pero no todos tienen margen de maniobra para luchar contra Vladimir Putin. La Unión Europea no participará en el boicot por su elevada dependencia del suministro proveniente de Rusia. Por lo pronto, Estados Unidos necesita reemplazar los 400 mil barriles. Aquí es donde Venezuela e Irán entran en escena. Antes de mirar hacia ellos, Biden seguramente dirigió la vista hacia los países amigos, sin embargo, Canadá y México quedaron descartados porque ya generan al máximo de su capacidad y es inviable obtener una producción suplementaria en poco tiempo. También descartó alentar la producción interna porque sería incongruente con la política de transición energética acelerada que impulsa desde el inicio de su administración. Arabia Saudita y otros países aliados, no respondieron al llamado por su falta de interés en abrir las válvulas. Las tensiones en el mercado son altamente redituables para los productores y quieren que el maná les siga cayendo del cielo. Irán podría producir hasta 4.5 millones de barriles por día (bd), frente a los 2.5-3 que está produciendo oficialmente, pero ¿y Venezuela? La
industria petrolera de ese país ha sufrido fuertes descalabros debido a la inestabilidad política, las dificultades económicas, las sanciones de la Casa Blanca y, más recientemente, la pandemia. Venezuela producía alrededor de 3 millones de bd hasta antes de la muerte de Hugo Chávez, pero el gobierno de Nicolás Maduro no pudo mantener el ritmo. La producción apenas superó 400 mil bd en diciembre de 2020. Fuentes oficiales aseguran que se logró alcanzar un millón de bd en diciembre de 2021, pero los analistas son escépticos. De acuerdo con la AIE el flujo promedió 610 mil barriles diarios en 2021, 15% más que el año previo (530 mbd). ¿Qué implicaciones tendría para México el regreso de Venezuela? ¿Representa un peligro para las exportaciones mexicanas? Alfonso Mendoza Alcaraz, otrora alto funcionario de Pemex Comercio Internacional y experto en la venta de petróleo crudo mexicano puntualiza que, antes de las sanciones, Venezuela exportaba a Estados Unidos alrededor de 500 mil bd de petróleo pesado dulce, amargo y semiamargo, que era procesado en las refinerías de la costa norte del Golfo de México.
Si Venezuela regresa por sus fueros, Pemex sufriría una doble afectación en sus ventas, tanto en volumen como en precio: en volumen, porque en ese espacio refinador hay plantas de coquización e hidro desulfuración capaces de sacarle el máximo provecho al petróleo Maya, pero también al crudo pesado venezolano; en precio, porque en las condiciones actuales, el petróleo venezolano sería visto ya no como crudo de base -lo que ocurría en el pasado- sino como crudo oportunidad, es decir, sobre el que los refinadores pueden obtener grandes descuentos con relación a crudos competidores. Si Nicolás Maduro quiere ganar rápidamente partes de mercado ofrecerá descuentos sustantivos.
“Aunque tarde en llegar el primer barril de crudo venezolano al Golfo de México -ya que no sabemos en qué condiciones está la infraestructura petrolera de ese país por la falta de inversión-, la simple noticia será utilizada por los comercializadores para presionar a Pemex”, Alfonso Mendoza añade que Venezuela utiliza el crudo Maya como referencia para cotizar sus crudos pesados amargos, pero no se quiebra la cabeza y solo aplica un descuento al factor K de la fórmula de precios utilizada por Pemex.
El regreso de Venezuela crea un dilema para nuestra empresa nacional. Aunque Shell tiene el privilegio de abastecer a la refinería de Deer Park, la petrolera mexicana tiene derecho a procesar 70 mil barriles que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegura serán de crudo Maya. Si Pemex mantiene el precio por arriba del crudo venezolano ganará renta petrolera para México, pero a costa de menores ganancias para la refinería. En cambio, si baja el precio al nivel de su competidor le hará ganar dinero a la planta recién adquirida, pero también a todos los consumidores de petróleo Maya en la región. El balance para Deer Park es un caso particular. Aquí lo importante es decidir la mejor estrategia de valorización del petróleo mexicano frente a la amenaza de crudos competidores en el atribulado mercado petrolero internacional.
