Herramientas para desmontar y denunciar el “Acuerdo Nacional para la TransiciĂłnâ€?
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Fundado en la impostura, sinuoso, marrullero, alevoso y leguleyo, así es el “Acuerdo Nacional para la Transición” al que han llamado María Machado, Antonio Ledezma y Leopoldo López. No lo decimos con ánimos de descalificar ni a la ligera, sino como resultado de un riguroso análisis que toma en cuenta tanto su forma y contenido, como la praxis política de los firmantes, el cual exponemos a continuación: ¿ES EL “ACUERDO NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN” UN DOCUMENTO GOLPISTA? • El documento presenta la situación de Venezuela como una crisis terminal (habla de desastre, ruina, emergencia humanitaria, desmoronamiento del régimen, etc.), esto es, como una situación excepcional, y al gobierno como el responsable de aquella situación. • Además, según el documento, el gobierno sería ilegítimo, por cuanto no representaría al colectivo nacional y todas sus actuaciones estarían por fuera de la ley. Se trataría pues de un gobierno forajido y de un Estado fallido. • De los dos puntos anteriores se deduce que cuando los firmantes del documento convocan a “todos los venezolanos” a confluir en la “transición” excluyen a los partidarios del chavismo y esto es tan así que no reconocen el apoyo popular con que cuenta el gobierno –sostienen que se trata de una cúpula “de no más de 100 personas”– como si todas las personas que votaron por el presidente Maduro, y en las últimas elecciones por las autoridades regionales, no existiesen o no contasen. • A esto se suma que cuando el documento define la transición lo hace como “... el paso del sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza”. Es decir, no se trata de un simple cambio de gobierno, sino de un cambio en el ordenamiento político-jurídico que pasa por “la salida” de las autoridades legítimamente electas y designadas. 3
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• Si se tratase de un cambio de gobierno por la vía constitucional, ¿para qué sería necesario convocar elecciones, si según la Constitución y las leyes la única manera de llegar al poder y cambiar la política gubernamental es mediante elecciones? Más aún, ¿cómo se llegaría a la situación en que tales elecciones serían organizadas si no es mediante el desconocimiento del CNE y demás autoridades públicas?, ¿quiénes serían las autoridades encargadas de llevarlas a cabo?, ¿podrían inscribirse candidatos chavistas? • En más de una oportunidad en el documento hablan abiertamente de modificar el marco legal, pero, fieles a su estilo engañoso, no especifican a qué se refieren. Un ejemplo es cuando tocan el tema de la propiedad estatal de la industria y actividad petrolera. ¿Se trata de derogar la garantía constitucional que hace del petróleo y su explotación patrimonio público? Una respuesta afirmativa es absolutamente cónsona con la propuesta económica que exponen, la cual tiene su indiscutible basamento en las políticas prescritas por el Consenso de Washington, entre las cuales destaca la privatización del patrimonio público. • Por último es necesario recalcar que los firmantes del documento son los principales y activos promotores de la violencia política en el país y que frente a esta violencia han actuado en todos los casos sin asumir las responsabilidades, como auténticas mosquitas muertas. Si reunimos todos los elementos señalados solo hay una respuesta posible a las preguntas formuladas arriba: se trata de un documento golpista que intenta justificar y consolidar de forma discursiva la praxis “política” de los firmantes del documento, la cual, como es de conocimiento público, se basa en la violencia y el desacato de las autoridades y poderes legales y legítimos. Esto porque, primero, pretende que están dadas las condiciones excepcionales que habilitarían un golpe de Estado; segundo, descalifica al gobierno nacional señalándolo como enemigo de la patria y de la democracia; tercero, excluye de un plumazo las mayorías populares que apoyan al gobierno nacional; cuarto, define la transición como un cambio de sistema; quinto, convoca a unas elecciones ilegales e ilegítimas; sexto, propone la modificación de la Constitución Bolivariana, cosa que sería necesaria para aplicar el desacierto económico que plantea 4
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como programa; y, por último, no se asume ninguna responsabilidad por la situación que los mismos autores del “acuerdo” han contribuido a crear de manera decisiva. ¿LAS AGENDAS PROPUESTAS EN EL DOCUMENTO “ACUERDO NACIONAL PARA LA TRANSICIÓN” SON POPULARES Y SOBERANAS O NEOLIBERALES Y VENDEPATRIAS? En esta parte examinaremos punto por punto cada una de las tres agendas que propone el documento: Agenda política-institucional Restablecer la vigencia plena de las instituciones democráticas y los derechos humanos, liberar a los presos políticos, facilitar el inmediato retorno de los exiliados y solicitar del sistema judicial la apertura de los procesos a que haya lugar para el castigo de delitos graves cometidos al amparo del poder gubernamental. • En la Venezuela Bolivariana no existe el exilio como pena. Los ciudadanos que están fuera del país lo están o bien por voluntad propia o bien para evadir a la justicia venezolana. • En Venezuela todos los detenidos, por motivaciones políticas o no, están sometidos al debido proceso y tienen garantizados todos sus derechos. • En la Venezuela Bolivariana nunca se han suspendido las garantías constitucionales y los casos de abuso de la fuerza pública se hallan bajo investigación. • Son los firmantes del documento quienes han intentado, en más de una ocasión, quebrar la vigencia de las instituciones democráticas y quienes han promovido y aun promueven toda clase de violencia contra la población, la propiedad pública y privada. Reponer el ejercicio efectivo de la libertad de expresión y del derecho ciudadano a informarse sobre la gestión del Estado y revertir totalmente las violaciones y arbitrariedades cometidas en estos ámbitos. • En Venezuela existe pleno respeto a la libertad de expresión. Todos los días circulan por los medios de comunicación infinidad 5
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de opiniones, críticas e incluso injurias y calumnias contra el gobierno nacional y la Revolución Bolivariana. • La Revolución ha apuntalado una apertura de la producción audiovisual y facilitado la expresión de los colectivos nacionales mediante la creación de múltiples formas de comunicación alternativa, el desarrollo de tecnologías y el otorgamiento de licencias. Rescatar la autonomía de los órganos del Poder Público, designar a sus directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política y la soberanía del Estado nacional venezolano. • Durante la Revolución Bolivariana todos los cargos públicos han sido electos según las leyes y de forma soberana. • Tal como quedó evidenciado una vez más recientemente son los firmantes del documento y los restantes miembros de la oposición quienes se han dado a la insidiosa tarea de sabotear el nombramiento de las autoridades públicas y el reconocimiento de los poderes populares. • En Venezuela hay tanta pluralidad política que –sin contar las organizaciones revolucionarias– hay al menos ocho partidos políticos de oposición a los que se suman las formas de organización de los empresarios y banqueros. Restituir plenamente la descentralización, el ejercicio de los poderes regionales y locales y la participación ciudadana genuina que establecen la Constitución y las leyes. • La Revolución Bolivariana ha implementado y apuntala formas de participación no solo genuinas sino novedosas y centradas en el protagonismo y la organización popular: consejos comunales, cooperativas, comunas, colectivos, etc. • Durante el chavismo han tenido lugar múltiples procesos eleccionarios para designar a gobernadores, alcaldes y demás autoridades de la administración descentralizada. En la mayoría de los casos estas trabajan de forma coordinada con el gobierno nacional. Preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes. • ¿En qué contexto y bajo qué autoridad se realizarían estas elecciones “libres y absolutamente transparentes”? 6
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• El sistema electoral venezolano ha sido reconocido mundialmente como ejemplo de transparencia y libertad. • ¿No han participado en múltiples ocasiones los firmantes del documento en varias elecciones y ocupado varios cargos públicos? ¿No son ellos mismos quienes solo reconocen las elecciones que ganan y desconocen las que pierden? Asegurar la lealtad y el apego de la Fuerza Armada Nacional, a la Constitución y su desvinculación de toda injerencia extranjera y actividad político-partidista. • La lealtad y apego de las FF. AA. a la Constitución ha sido probada en cada ocasión en que los firmantes del documento, junto a sus cómplices nacionales e internacionales, han intentado quebrar el orden constitucional. Abrir un proceso de despolarización política y de reconciliación nacional, que convoque e involucre activamente a toda la sociedad en la reconstrucción de las bases para la paz. • ¿Quiénes son los promotores de la desunión nacional y de la polarización sino los firmantes del documento, en tanto que pretenden convocar a una “transición” que excluye por lo menos a la mitad del país? • El golpe de Estado de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, las repetidas guarimbas –con la pérdida de vidas y la destrucción de la propiedad pública y privada que conllevan–, el asesinato y amedrentamiento de líderes políticos e incluso de gente no vinculada a la política, el contrabando, el bachaqueo, la especulación y el acaparamiento, son las prácticas pacíficas predilectas de quienes llaman a la reconciliación nacional. Agenda “social” Restablecer a cortísimo plazo el abastecimiento normal de alimentos y otros bienes de consumo esencial de las familias y los suministros de repuestos e insumos que impiden la operación de las cadenas de distribución. • A confesión de parte, relevo de pruebas: la afirmación de que se restablecerá “en cortísimo tiempo” el abastecimiento, tan 7
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pronto se consume el golpe de Estado, equivale a confesar que la oposición “política” sostiene un estrecho vínculo con las redes de acaparamiento, bachaqueo, contrabando y especulación que afectan negativamente la economía nacional. • Con esta oferta se trata en realidad de un chantaje, de una extorsión: “Solo restableceremos el abastecimiento normal cuando se ejecute el golpe de Estado y sean desmontadas todas las regulaciones legales a nuestras ganancias”. Corregir las fallas de los servicios públicos fundamentales en todo el país, con especial prioridad en los de electricidad, agua, saneamiento, gas doméstico y transporte público. • Durante la Revolución Bolivariana ha aumentado el acceso al agua en 15%, hemos llegado a ser el mayor productor y consumidor de electricidad de América Latina (más de 18.000 Mw), el combustible doméstico y el transporte público son de los más accesibles del mundo. • En la actualidad el gobierno sostiene un amplio programa de inversión pública y mixta en los servicios públicos. • Es necesario recordar que los firmantes de esta propuesta se han dado a la tarea, desde los inicios de la Revolución, pero con especial insistencia a partir de la victoria del presidente Nicolás Maduro, de sabotear clandestinamente e incluso destruir de forma ostensible y protagónica los mencionados servicios. Garantizar que sean cubiertas las necesidades de salud de todo el pueblo de Venezuela, atendiendo las fallas y deformaciones existentes en la gestión de la salud pública y los sistemas hospitalarios; resolver el desabastecimiento actual de medicinas, insumos y equipos médicos y suplir los déficits de personal de salud de distintos niveles. • ¿No es el más vulgar y descarado de los chantajes asegurar que tan pronto se consuma el golpe reaparecerán en el país los medicamentos e insumos médicos que tienen acaparados, con los cuales especulan y así: se consume contrabandean? Por otra parte: ¿son deformaciones las misiones sociales vinculadas a la salud?, ¿se puede negar que el Gobierno Bolivariano ha creado una vasta red de asistencia médica? 8
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Enfrentar como prioridad de Estado la emergencia de seguridad ciudadana, desmantelar las redes criminales que proliferaron gracias a la impunidad y a la complicidad del régimen actual y abordar de manera integral el problema en sus facetas de prevención, acción policial, administración de justicia para eliminar la impunidad y elevación de la eficacia del sistema penitenciario. • El Gobierno Bolivariano ha iniciado una amplia política de reforma del sistema penitenciario y de los órganos de seguridad del Estado, basado en el respeto de los DD. HH. y en la prevención del delito. • Si, una vez consumado el golpe, la prioridad del Estado será la “seguridad ciudadana” ¿no implica esto que las políticas de salud, educación, recreación y cultura pasen a un segundo lugar o incluso que desaparezcan? • ¿No es sospechoso que no se mencionen las redes de especulación, acaparamiento, contrabando y bachaqueo? ¿Es que eso no es delito o dejará de serlo una vez que estos pranes consumen el golpe de Estado? Agenda económica Recuperar la capacidad operativa y elevar significativamente la producción de la industria petrolera, revisar los marcos legales y los acuerdos lesivos a la misma y designar una nueva directiva de PDVSA, honesta y con capacidades, para garantizar su funcionamiento eficiente al servicio del país. • Elevar la producción petrolera implica romper con la OPEP y demás instituciones vinculadas a la defensa de los precios del petróleo y ocasionará una caída vertiginosa de dichos precios por la sobreoferta global. • Para obtener la misma cantidad de divisas se necesitará vender más petróleo, lo que implicará la disminución vertiginosa del recurso natural no renovable. • La revisión de los marcos legales abre la puerta a la derogación o modificación de los artículos 302 y 303 de la Constitución que junto a otras leyes garantizan el carácter público de la actividad petrolera. 9
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Insertar nuevamente a Venezuela en los circuitos financieros internacionales y obtener de ellos los apoyos económicos necesarios para superar las dificultades del corto plazo. • En el mundo actual el “circuito financiero internacional” no se reduce a las instituciones financieras de Bretton Woods (FMI, BM) ni a las políticas del Consenso de Washington, a las que se hace alusión implícitamente. • Insertarnos en “el circuito financiero internacional” implica una pérdida de soberanía, puesto que sus instituciones exigen, para conceder su “ayuda”, un conjunto de requisitos, entre los cuales se encuentran: eliminación del gasto social, privatización del sector público, liberalización de la economía (aumento en tarifas de servicios, desregulación laboral y de la tasa de interés), disminución de los impuestos a los ricos y su aumento a las clases medias y bajas. • En la actualidad la República Bolivariana de Venezuela está inserta de forma soberana en varios de los circuitos financieros globales. Esto quiere decir que se reserva el derecho de determinar con quién y en qué términos se obtendrá financiamiento internacional. Si no mantiene relaciones con el FMI y similares es porque esto constituiría una traición a los intereses nacionales y populares. Desacelerar el proceso inflacionario actual, asumir una política cambiaria que promueva la producción nacional y, en general, corregir los desequilibrios macroeconómicos generados por años de excesos y corruptelas; restablecer la autonomía del BCV; poner en vigor un sistema eficiente y transparente para la coordinación de las finanzas públicas y designar nuevas autoridades de los entes económicos del Estado, con base en las normas y en criterios de capacidad y méritos. • Los desequilibrios macroeconómicos, como por ejemplo el alza de los precios, no son consecuencia de los “excesos y corruptelas” del gobierno. Son consecuencia de las artimañas del capital rentista y parasitario “nacional” e internacional que busca apropiarse del ingreso nacional mediante la especulación, el acaparamiento, el contrabando y el bachaqueo. • Según el Consenso de Washington la forma de corregir los desequilibrios macroeconómicos implica la adopción de un “paquetazo” económico. 10
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Llegar a acuerdos para la justa reparación de los daños a que hubiere lugar por expropiaciones arbitrarias; revisar el estado real de todas las empresas no petroleras que acabaron en manos estatales por la voracidad del régimen y decidir las formas de propiedad y gestión que ellas deban asumir para asegurar su recuperación productiva. • No ha sido por “voracidad” del gobierno legítimamente electo que se han expropiado algunas empresas, sino para evitar la voracidad del capitalismo transnacional y nacional, y promover el desarrollo nacional. • La nacionalización de empresas es una política orientada a corregir las injusticias y estafas a la nación derivadas de la política de privatizaciones realizadas por el puntofijismo a partir de los años 80. • El gobierno nacional ha indemnizado de manera justa a todos los afectados (nacionales o internacionales) por las medidas de expropiación. • “Decidir sobre las formas de propiedad y gestión” de las empresas públicas es una clara alusión a su privatización. Desmontar la maraña de controles que ahoga a la economía y reconstruir las bases jurídicas y económicas que son necesarias para atraer la inversión productiva que garantice un crecimiento estable en el futuro. • Los controles no ahogan la economía sino que protegen a los asalariados, clases medias y bajas de la explotación en el trabajo y de la expoliación mediante el aumento de precios. • El control de cambio es una salvaguarda del patrimonio nacional y un medio para dar prioridad a las importaciones necesarias. • Desmontar los controles implica eliminar las protecciones sociales al trabajo, los aumentos salariales prescritos por la Constitución, la inamovilidad laboral, los controles de precios y de cambio, la seguridad social, las misiones, etc. • Implica precarizar el trabajo y orientar las ganancias a los grandes capitales. Como ha podido verse, la llamada agenda político-institucional persigue la confiscación de las libertades públicas y del Estado de Derecho, la rendición de la soberanía patria y la destrucción de las 11
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bases de la paz social. Acabar con todo esto es la condición necesaria para implementar un gobierno autoritario de apariencia democrática. Por su parte la llamada agenda social persigue la reducción de la problemática social a la cuestión de la seguridad y con esto promueve la realización de las viejas consignas de Rómulo Betancourt: “la calle es de la policía” y “disparar primero y averiguar después”. Además implica el reconocimiento de la complicidad de los firmantes del documento con la especulación, el acaparamiento, el bachaqueo y el contrabando, y legitima estas prácticas. Por último, la llamada agenda económica tiene por finalidad destruir las conquistas sociales, privatizar lo público, aumentar los márgenes de ganancias para las clases ricas “nacionales” y sobre todo transnacionales, mientras se reducen los salarios de las clases trabajadoras. En pocas palabras se trata de vender la patria al mejor postor para que usufructúe según le plazca. Para cerrar este análisis quisiéramos plantear algunas preguntas que lograrán dar al traste con las agendas planteadas en el documento, mediante la exposición de las contradicciones entre las agendas es: ¿cómo cree usted que es posible “recuperar el ingreso familiar” si se trata de acabar con las protecciones legales al salario y al trabajo?, ¿cómo es que se van a cubrir las necesidades de salud, educación y desarrollo cultural –estas últimas dos curiosamente no nombradas en el documento–, y con qué dinero se va a financiar la ayuda “para los sectores más vulnerables”, si se trata de privatizar el patrimonio público y disminuir el gasto social?, ¿cómo se puede hablar de unidad nacional cuando se excluye a más de la mitad de la población?, ¿cómo pueden estos señores hablar de patria cuando en gesto análogo y simétrico al del golpe de abril de 2002 excluyen sistemáticamente de su ideario al Libertador?, ¿cómo es posible lograr la paz mediante la violencia?, ¿cree usted que los señores firmantes tienen alguna legitimidad para hablar de una paz que no sea la de los sepulcros?
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