protección de las personas migrantes CAPÍTULO 3. Enfoques para el abordaje de los Estados sobre la

Capítulo 3. Eje: Enfoques para el abordaje de los Estados sobre la migración irregular

Desafíos

General

• Observamos con preocupación que los distintos cambios de gobiernos representan un recrudecimiento de las políticas y medidas migratorias expresadas a favor de la seguridad nacional y en detrimento de la seguridad humana, omitiendo el cumplimiento de los principios rectores del derecho internacional consagrados en tratados, convenios y declaraciones ratificadas por la mayoría de los países aquí presentes. Somos respetuosos del derecho de los Estados de ejercer sus obligaciones en el marco de la seguridad nacional, pero nos inquieta que se siga entendiendo a la migración como parte de esta, cuando no lo es. Existe un marco internacional específico que faculta a los Estados a garantizar la migración con un enfoque de derechos humanos. • Las respuestas de los Estados se han vinculado en buena medida a los enfoques de militarización, control de flujos y deportación, dejando a un lado la idea de atención integral con enfoque de derechos. • Algunos países han avanzado en elaborar marcos jurídicos, institucionales, políticos de abordaje a la migración, sin embargo, al momento de aplicarse estos marcos: (I). Ocurre una discrepancia, preponderando intereses económicos y de seguridad nacional. (II) Que dichos marcos no cuentan con una estructura y planificación de implementación, hay una carencia de armonización de los marcos legislativos a nivel regional y no se desarrollan los respectivos reglamentos o protocolos específicos para cada perfil poblacional de la población que migra: mujeres, diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes (NNA), pueblos originarios, apatridia; con un abordaje integral e inter seccional y (III) Carecen de presupuesto para su implementación por parte de los Estados, una política pública sin presupuesto, no son más que buenas intenciones. • Un ejemplo de lo anterior es que las comisiones para refugiados y asilados siguen ejerciendo o dando atención con presupuestos establecidos en años anteriores. Asimismo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) opera con el mismo presupuesto desde 2014, cuando se tenía un promedio de 3 mil a 5 mil solicitudes de asilo al año y en 2018-2019 recibieron un promedio de 30 mil a 50 mil solicitudes de asilo. • Otra necesidad es cómo llevar estos logros en los marcos políticos y normativos a los y las oficiales de gobierno que están en la atención directa. Es decir, ¿cómo ese enfoque de derechos humanos que puedan tener algunas políticas, leyes y protocolos, se llevan a terreno? • Para aquellos países que tienen a su cargo lugares de acogida temporales o albergues, existe una necesidad de generar un cambio en el sistema de acogida para transitar de un abordaje de detención migratoria, a uno mucho más enfocado en la atención y cuidados integrales de las personas. Un enfoque más humano que permita el acceso a las organizaciones sociales e internacionales para el acompañamiento y la auditoría social. • Inexistencia de leyes y reglamentos sobre el uso de la detención migratoria en algunos países que la implementan. Además de falta de políticas y leyes para la implementación de alternativas a la detención que actualmente solo se encuentran en el nivel de programas y alianzas.

General

• A nivel de acceso a la información en los procedimientos administrativos de regularización y documentación para la población migrante, se identifica que es más accesible en ciudades grandes, pero no en las ciudades pequeñas o alejadas de las capitales, lo que a su vez evidencia la no homologación de procesos de acceso a la información y documentación por parte de las autoridades, que incluya información y atención en los idiomas de nacimiento. • Para las personas solicitantes de asilo, existe una violación al debido proceso por estar esperando su procedimiento en otro país, lo que los coarta derechos y documentación. • Estar esperando en ciudades con alto índice de violencia lo que los hace víctimas de graves delitos como secuestros violencia sexual o laboral. • Ausencia de mecanismos consultivos y de fiscalización por parte de la ciudadanía y la sociedad civil a la implementación de políticas migratorias. • El gobierno receptor asume que la población tiene redes de apoyo para enfrentar conflictos con su llegada. • No existe presupuesto para atender a la población deportada o retornada, en algunos

Estados durante el presente año se redujeron o eliminaron los fondos a este presupuesto. • Los gobiernos, no hay una política migratoria definida, sino que van reaccionando a la política migratoria de Estados Unidos, respondiendo con la militarización de las fronteras, incrementando la detención y las violaciones a los derechos humanos, además, las personas en condición de movilidad no tienen acceso a la información y a sus derechos.

Niñas, niños y adolescentes (NNA)

Se reconoce que en los Estados existen buenas prácticas para diferenciar las necesidades de atención a las niñas, niños y adolescentes (NNA), por ejemplo: haber establecido medidas de acceso a la justicia diferenciada para el caso de NNA, contar con protocolos de recepción de niñez migrante binacional Guatemala–Honduras, protocolos de atención Estados–UNICEF, entre otros. También, se reconoce cómo los Estados han determinado el actuar de las autoridades para la protección de NNA no acompañados. Por último, se reconoce que la niñez y adolescencia es un grupo distinto a los adultos en cuanto a necesidades de protección, por lo que debe tratarse de manera distinta. Una de las responsabilidades más importantes de los Estados en contexto migratorio, es garantizar el interés superior de la niñez, lo cual supone la creación de mecanismos interinstitucionales que además de proteger a las NNA, deben velar porque se cumpla con sus intereses, entre los cuales cabe mencionar, la reunificación familiar sin acudir a la deportación y el derecho a solicitar asilo. Hay una reacción ante la niñez considerándola como un problema para el país destino, de la cual no desean responsabilizarse por lo que implementan procesos de retorno automáticos sin un debido proceso para considerar su necesidad de protección en este país destino.

La ausencia de reformas legislativas para la armonización de leyes y políticas migratorias con otras similares. Por ejemplo, en México la Ley de Migración no ha integrado las disposiciones de la de Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Género y diversidad

No se garantizan las medidas de seguridad personal para proteger a las mujeres y población LGBTIQ de violencias y abusos en ruta y lugares de destino. Es importante vislumbrar las condiciones y necesidades de las mujeres que migran, ya que se reconoce como una condición que solo aplica a los hombres. Es necesario incluir en legislación existente de protección y atención a la población LGBTIQ, con sus características y necesidades particulares. Es importante el reconocimiento legislativo y la implementación de marcos normativos que reconozcan la violencia de género como causa directa del reconocimiento de condición de refugiado.

Pueblos originarios

Incorporar la diversidad cultural en los procesos y marcos legales e institucionales, respetando el derecho de identidad cultural para comprender los contextos y las razones de migrar, con el propósito de realizar un abordaje más cercano y humano. Manejo adecuado de los diversos lenguajes, es imperativo contar con la asesoría de una persona traductora y conocedora de los derechos. Acceso a la información en los diferentes lenguajes, dependiendo del lugar de origen. Sensibilización al personal público sobre la diversidad cultural y los derechos de la población migrante.

Ante el contexto actual

Frente a la crisis mundial por la pandemia del Covid-19, la respuesta de los Estados ha sido cerrar sus fronteras y negar el ingreso a quienes solicitan protección internacional. Sin embargo, continúan los procesos de deportación, los cuales no promueven las condiciones adecuadas antes, durante y después de los procesos administrativos, ni brindan opciones para que la regularización garantice el pleno acceso a todos los derechos, en igualdad de condiciones con el resto de las personas que habitan los diferentes territorios y países del mundo, incluyendo el cese inmediato de deportaciones.

En México y Estados Unidos, la población migrante irregular no es sujeta de asistencia, protección o receptora de apoyos económicos y sanitarios. Sin embargo, algunos Estados, han reconocido el aporte que, a nivel de su localidad, la población migrante realiza en la economía, por lo que han recaudado fondos para apoyar y atender las necesidades ante el desempleo de la población migrante por el contexto del Covid-19.

Es preocupante la continuidad de los procesos de deportación, prevaleciendo la firma de acuerdos entre países, previa al Covid-19, sin garantizar la seguridad sanitaria de la población deportada a su llegada al país de origen. No todos los países han implementado procesos de cuarentena para población deportada y los que lo han hecho, no generan las condiciones necesarias, ya que esta población no es prioridad. La población en condición de deportación tiene acceso a las pruebas de Covid-19 previo a su deportación, por lo que no hay certificado de negatividad de portación de Covid-19.

Propuestas

Se insta a los Estados a no seguir privilegiando la militarización y la seguridad fronteriza desde acuerdos bilaterales promovidos bajo los intereses de la cooperación económica externa, sino que se recomienda que se sigan impulsando los procesos de integración de acciones a favor de los derechos de las personas migrantes en los países de la región. En algunos países la articulación entre autoridades migratorias y organizaciones de la sociedad civil al brindar atención y protección ha sido una buena práctica, por lo que se debe seguir promoviendo a todo nivel este esfuerzo complementario para que los Estados cumplan con el rol de garantizar la atención y protección. Gestionar el desarrollo de infraestructura, operativo y presupuestario de los marcos normativos internacionales, armonizando estos a nivel nacional y garantizando la descentralización de la información a los territorios.