LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS CONTRA EL CAPITALISMO

Honduras es un país ubicado en el centro-norte de América Central cuya población supera los 9 millones de habitantes​ dedicada en su mayor parte a las actividades agropecuarias, además del comercio, manufacturas, finanzas, y servicios públicos entre otras actividades. El país es multiétnico, y por lo tanto multicultural, los grupos étnicos autóctonos que históricamente poblaron Honduras, y que todavía subsisten, son: Los Pech, Los Tawahkas, Los Lencas, Los Tolupanes, Los Chortís. Las nuevas entidades étnicas que se conformaron después del siglo XVI son Los Miskitos, Los Garífunas y Creoles (negros de habla inglesa). Hoy la base poblacional de Honduras son los mestizos: mezcla de europeo, indígena y negro. El territorio de Honduras se caracteriza por su rica biodiversidad, donde siguen siendo los guardianes de la misma las diferentes pueblos indígenas que viven en sus montañas, valles y ríos.

Hoy Honduras es cabecera de informativos y periódicos por la caravana migrante que comenzó como otras tantas en años anteriores cuando un pequeño grupo de personas partieron de la ciudad hondureña de San Pedro Sula, una de las más violentas del mundo, el pasado 13 de octubre. Unas 400 personas al día abandonan el país centroamericano arrastradas por la violencia, la pobreza y la falta de expectativas de mejora.

Esta caravana tiene ya cinco años de realizarse con el nombre de viacrucis migrante, pero nunca con el número de migrantes con que sucede este año. Se trata de jóvenes, hombres y mujeres con sus hijos/as, mujeres embarazadas y ancianos/as que no poseen más que la esperanza de seguir avanzando paso a paso hasta la meta planteada. Hasta el día de hoy ha recorrido los países de Honduras, El Salvador Guatemala y actualmente en México con el objetivo de llegar a EE.UU. donde Donald Trump los espera con el ejercito como carta de bienvenida. Unas 5 mil personas migrantes han llegado a formar parte de ella.

¿Por qué en este momento, tantas personas deciden asumir este riesgo? Para explicarlo es necesario reconocer los niveles de criminalización que la mayoría de la población hondureña vive, después del funesto golpe de Estado Militar ocurrido en junio del 2009, acontecimiento que acrecentó y profundizo las condiciones de pobreza y violencia. Hagamos un poco de recorrido histórico. Manuel Zelaya fue electo democráticamente en las elecciones realizadas en 2005. Su primera acción como presidente fue aprobar la Ley de Participación Ciudadana, que permitía la realización de consultas populares sobre asuntos nacionales.

Desde que llegó al poder, el Gobierno de Honduras experimentó una mejoría notoria, gracias a la promoción de programas sociales e inversiones en sectores como el de salud y educación. Zelaya impulsó el crecimiento económico y social en Honduras. En 2009, Zelaya pretendía realizar una consulta popular para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con la intención de modificar la constitución de 1981. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia, junto al Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y el Congreso Nacional se opuso a la consulta, al estar manejado por conservadores y opositores al Gobierno de Zelaya. Para el 28 de junio, el Ejército recibió la orden emitida por la Corte Suprema de arrestar al presidente. Los militares cumplirían con esta medida y trasladaron al mandatario por la fuerza hacia Costa Rica.

Este acto fue rechazado por la comunidad internacional, especialmente por los Gobiernos progresistas de Latinoamérica como Venezuela o Ecuador. Y también por el estado español con Zapatero como presidente del gobierno.

Tras el golpe de Estado contra Zelaya, el desarrollo económico del país se ha asentado en el impulso del extractivismo, que tiene como consecuencia el despojo y expulsión de comunidades enteras de sus tierras, ríos, pesca eludiendo la obligación de consulta. Así pues Honduras suministra materias primas para su transformación en otros países como valores de consumo. El capitalismo es transnacional y no atiende a derechos humanos. En noviembre del 2017 se celebraron elecciones presidenciales , que fueron ganadas ilícitamente por Juan Orlando Hernández #FueraJOH seguidas de protestas masivas que comenzaron el 29 de noviembre en todo el país para denunciar la falta de transparencia de las elecciones presidenciales y que fueron brutalmente reprimidas por las fuerzas de seguridad. Cientos de personas fueron arrestadas o detenidas, y en diciembre se impuso un toque de queda de diez días. Al menos 31 personas resultaron muertas, y también se denunciaron múltiples casos de personas heridas por arma de fuego o brutalmente golpeadas por las fuerzas de seguridad, así como casos que podrían constituir tortura.

En este contexto de represión, de connivencia del poder gubernamental con las élites económicas a través del uso del aparato policial y militar las organizaciones populares y cívicas han venido resistiendo y defendiendo el territorio y los medios para vivir dignamente. Una muestra de ello es el papel del COPINH como referente popular en la resistencia de las comunidades indígenas y populares y el asesinato de BERTA CÁCERES más el intento de asesinato de Gustavo Castro la misma trágica noche. Después de meses de denuncia publica de las irregularidades en el proceso judicial, el Tribunal de Sentencia convocó la realización de juicio Oral contra los ocho encausados por el asesinato de Cáceres, para el pasado 20 de octubre y EXCLUYÓ a la defensa privada invocando el artículo 100 del Código Procesal Penal, argumentando “no comparece sin justa causa o se niega a colaborar para la práctica de la diligencia”. Además de imponerles a las víctimas al Ministerio Público como su representante. Todo este atropello judicial sostenido y financiado por JOH , la familia ATALA y DESA que es la empresa concesionaria de la presa sobre el Rió Gualcarque que Berta defendió hasta su asesinato, han provocado que en estos momentos se haya vulnerado de forma consciente en derecho al acceso a la justicia, la verdad y la reparación. Así que conscientes de los efectos del neoliberalismo y un sistema económico asentado sobre el abuso y la desigualdad social a escala planetaria, cualquier quiebra en el sistema, a través de nuestra acción sindical en todos los ámbitos ayudará a frenar la escalada de criminalización de los trabajadores y trabajadoras empobrecidos así como del conjunto de las clases populares.

Desde Syndiko lanzamos nuestro abrazo Solidario al pueblo resistente hondureño.

#BertaVive no murió se multiplicó. Ningún ser humano es ilegal