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Congreso Nace frente de legisladoras para trabajar a favor de la equidad pág. 05
MILENIO diario
Número 60
El Tejate
La “bebida de los dioses”, una tradición que mantienen viva las oaxaqueñas
pág. 02
Lunes 24 de septiembre de 2012 especial
Biblioteca femenina
Los escenarios de la violencia y La pareja en conflicto
pág. 04
Radionovela sobre salud sexual
“La prepa de la calle Pino”, a partir de hoy por varias frecuencias del IMER
pág. 11
Día Nacional de Prevención
La muerte materna por embarazos adolescentes ocupa ya el cuarto lugar
Límite al Fuero Militar Un paso más para el acceso a la justicia
pág. 22
sobre el tema
escriben
Alberto Gallardo Alejandra Barrales Daniel Ponce Dilcya García Gabriela Luna Irma Rivero Laura Gurza Liselotte Correa Macarita Elizondo Mariana Gómez del Campo Mario Patrón Tiare Scanda Luis González Placencia Rosi Orozco, Aimee Vega Mónica Maccise Duayhe Adriana Ortega Ortiz Fabiola Delgado Suárez
2 o Lunes 24 de septiembre de 2012
milenio
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especial
Ezequiel Gómez Leyva
Tejate,
especial
la “bebida de los dioses”,
tradición que mantienen viva las oaxaqueñas El tejate es una bebida prehispánica que se conserva hasta nuestros días gracias a la labor de las mujeres que han preservado la tradición de prepararlo con los ingredientes ancestrales
L
Ernestina Gaitán Cruz/ Oaxaca
a elaboración de la llamada “bebida de los dioses” tiene como elemento esencial la rosita blanca o rosita de cacao, además de cultivos originarios de América como el maíz y el cacao, que mezclados dan como resultado un líquido refrescante, nutritivo y de suave sabor a chocolate. Su característica es la espuma blanca o en tonos un poco oscuros, dependiendo del maíz usado en su elaboración. Se prepara a mano en apaxtles o cazuelas de barro y se sirve en jícaras, que son vasijas hechas con la corteza de la calabaza. Su consumo es común en Oaxaca. Se le puede degustar en mercados, calles, poblaciones y ferias, pero de manera especial en San Andrés Huayapam, la cuna del tejate, porque en esa comunidad ubicada a cinco kilómetros de la capital del estado, el árbol del rosital del que proviene la rosita de cacao es una especie endémica.
A quien no lo ha probado se le ofrece como “agua fresca de maíz”, así dicen las mujeres que lo preparan, las que desde niñas aprenden a cuidar su árbol de rosital, el que les hereda su familia o el que les regalan sus maridos para que inicien su negocio, porque si bien preparan el tejate por tradición, también lo hacen como medio de subsistencia económica. Cuentan que les gusta prepararlo porque saben que es una herencia que viene de mucho tiempo antes, les gusta que la gente lo saboree y diga que les gusta, que tiene un sabor exquisito, pero también que lo pueden vender y con ello complementar los gastos de sus casas. Eusebia Ruiz Hernández tiene 78 años de edad y más de 60 los ha dedicado a elaborar el tejate. Explica que le gusta prepararlo para compartirlo porque es muy rico, pero también para venderlo. “Empecé por la necesidad económica; cuando tuve a mis hijos me obligaba a traer un pan, comida. En mi pueblo todas preparan tejate, es una manera de vivir, casi todo
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el pueblo lo hace”, comenta. “Tengo mi árbol de rosital. Mi esposo difunto lo sembró para mí y ahora yo lo estoy cortando. Viven hasta 60 años. Mi familia no tenia árbol, unos del pueblo no tienen y compran las flores que se pueden vender a 200 pesos el kilo. Se necesita como un cuarto para un apaxtle”, abunda. El sabor depende del cariño que una le pone, el entusiasmo; se nota, la gente se da cuenta porque saborea. Es un trabajo pesado para prepararlo. Antes sí molíamos en el metate, a las 2 de la mañana, a las 3 y a las 7 u 8 ya estaba la masita, y luego de prepararla salía una a vender al centro. Ahora todas van al molino, señala. Las actuales hacedoras
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Adelitas de hoy Sylvia Sàyago*
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Ezequiel Gómez Leyva
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del tejate no saben cuándo inició la tradición de preparar la bebida, sólo pueden decir que desde siempre se ha hecho en la comunidad y ellas aprendieron de sus abuelas y, al igual que ellas, desde niñas aprendieron a reconocer el árbol de rosital, a cuidarlo, a apreciar que siempre les dé flores, a seleccionarlas, a saber cuántas se necesitan para un apaxtle. Conocieron el proceso de cortar las flores una por una, deshidratarlas y tostarlas en el punto preciso, lo mismo que el cacao, el maíz y el hueso de mamey.
Las vieron hincarse para moler en metate los ingredientes y después batirlos con fuerza, para formar la masa que poco a poco diluían con agua fría hasta obtener la bebida de los reyes zapotecas. Como en toda preparación culinaria, saben que cada mujer le da un sazón especial que depende del grado del tueste de los ingredientes, del tiempo de batido, del ánimo en que se encuentren al momento de la preparación, y del gusto con que lo hagan y aunque tienen medidas precisas, pueden variar en algunos gramos y eso ya hace la diferencia, apunta. Para elaborar un apaxtle de unos 25 litros, se requiere aproximadamente una hora en batir. “Ya tenemos el brazo ejercitado, ya estamos acostumbradas. ¿Enfermedades? Después de años de trabajo sí nos dan reumas, porque luego de tener las manos calientes, mezclamos con hielo para que esté más fresco, pero en el proceso no lo sentimos”, detalla doña Eusebia. Al paso del tiempo las condiciones han cambiado y también han aprendido a innovar, a experimentar para ofrecerlo en diferentes presentaciones como nieve, galletas, pasteles, gelatinas, mezcal, tejate de coco y en polvo, y al menos unas 300 mujeres se asociaron en la Unión de Mujeres Productoras de Tejate de San Andrés Huayapam. Juntas han pugnado desde hace una década por obtener la denominación de origen. No lo han logrado por los usos y costumbres de la población y porque, dicen, no han tenido el suficiente apoyo de las instituciones. Actualmente exportan alrededor de mil paquetes al año a Estados Unidos y otros mil son colocados en centros comerciales. Maricela Pacheco Santiago, presidenta de la Unión de Mujeres Productoras de Tejate “Guiebdie”, señala que buscan espacios en centros comerciales para expender sus productos que dejan a la asociación un ingreso mensual de 5 a 6 mil pesos. T Cimac
i hoy hubiese una revolución ¿cómo serían las Adelitas?. Seguramente ya no caminarían atrás de sus hombres, cargando anafres, cazuelas, petates, atados de ropa y arrastrando su prole. No, definitivamente no serían seres anónimos como lo fueron las mujeres revolucionarias y que solo merecieron pasar a la historia con el nombre genérico de “Adelitas”. Las mujeres revolucionarias de hoy, de ninguna manera aceptarían un lugar secundario, ni hacer el trabajo sucio. Ellas estarían en los cuartos de guerra con sus lap tops haciendo estratégìas geopolíticas, después de haber consultado en Google los mapas del terreno al que se dirigirían, buscando en los GPS las rutas de escape, comunicándose desde las trincheras con mensajes de texto a través de sus Blackberry. Ellas no usarían enaguas ni huaraches y mucho menos rebozo o sombrero de palma. Vestirían jeans, tenis Reebock, t-shirts o hasta tops, tal vez con las mismas leyendas del pasado, como “Viva México, cabrones” o “La Patria es Primero”. Tal vez usarían otros más acordes a los tiempos como “No a la compra de votos”, “Democratización de los medios”, “Cambiemos la Constitución”, “Salvemos el planeta”, “Acabemos con el corrupto sistema político”, “Trabajo y libertad”, “Universidades gratuitas para todos”, “Anticonceptivos y condones free”, “No a la represión a gays, lesbianas y trans”. Que se yo cuantas cosas más podrían exhibir en sus pechos. Ellas, las Adelitas actuales, no serían analfabetas, ni lucharían por cuestiones tan elementales como tener un pedazo de tierra para sembradío de autoconsumo y para disponer de un espacio donde levantar su jacal, ni por el derecho a contar con un médico rural para no acudir a la comadrona o al brujo del pueblo y una escuelita donde sus hijos aprendieran a leer y escribir. No, nuestras jóvenes actuales, ya no se conforman con los mínimos de subsistencia. Muchas de ellas ya son universitarias y conocen la globalización, la economía de mercado, el desarrollo autosustentable, los tratados de
“toman decisiones que sus bisabuelas ni siquiera soñaron” libre comercio, la ecología, los anticonceptivos, la libertad sexual, las trampas de la religión, saben tomar decisiones en base a análisis coyunturales y en general viven con una independencia familiar y social que sus bisabuelas ni siquiera se hubiesen atrevido a soñar. Para ellas no hay temas tabúes, ni información a la que no tengan acceso en cuestión de segundos. No tienen miedo del castigo divino, de la crítica social, vamos ni siquiera de sus padres. Están conectadas con el mundo a través de las redes sociales y no les preocupa equivocarse. Tampoco están atadas a una prole numerosa a la cual alimentar en el frente de guerra. Ellas ven a los hombres de igual a igual. Saben argumentar porque conocen sus derechos y muy rara vez se atan a un solo hombre para toda la vida. Las Adelitas de hoy no buscarían la revolución, es decir, cambiar el mundo, su mundo (imponer su agenda, dirían en el lenguaje de hoy) con una carabina 30-30, pero tampoco desearían hacerlo con Aka 40, morteros, lanzallamas o cualquier otra artefacto asesino. Para ellas el objetivo de la guerra es el cambio de ideas y el frente de batalla se debe dar en las casas, en las escuelas, en las oficinas públicas y privadas, en los partidos políticos, en las manifestaciones pacíficas, en los medios de comunicación. La lucha armada es el último recurso porque morir, por cualquiera que sea la causa, no es la solución. T *Periodista
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Zona de Reflexión Lucía Lagunes Huerta* Directora general de CIMAC
El legado de Calderón para las mujeres
S
eguro de que pronto cerrará la puerta de la residencia oficial de Los Pinos, Felipe Calderón inicia su bombardeo propagandístico sobre los logros de su gobierno, nada de los aumentos en la canasta básica, por supuesto, ni de las deudas en materia de justicia para las mujeres. Por eso es bueno refrescar la memoria y hacer un repaso de lo que se queda pendiente y que es trascendental para mejorar la vida de las mexicanas. Después de que en diciembre de 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitiera la sentencia de Campo Algodonero por 3 de los 8 casos de feminicidio ocurridos en ese lugar, aún se está en espera de lograr un cumplimiento cabal. Entre las cosas que quedan pendientes está la creación de una página web con la información puntual de las acciones policiales que se realizan en la búsqueda y localización de mujeres y niñas en Chihuahua. Los efectos del incumplimiento se registran en las vidas de las mujeres, pues mientras que en 2007 se registraron 53 asesinatos de mujeres en la entidad norteña, en 2010 hubo 584 casos de feminicidio. En tanto que en el primer semestre del
Al primer semestre
del año ya hay 183 denuncias de mujeres y niñas desaparecidas, sin que se ponga a funcionar al 100 por ciento la Alerta Amber.
año ya hay 183 denuncias de mujeres y niñas desaparecidas, y sin que la autoridad ponga a funcionar al cien por ciento la Alerta Amber (mecanismo de búsqueda de personas desaparecidas). Aquello que parecía un regalo para el inicio de la gestión presidencial de Felipe Calderón, hoy es una de sus mayores deudas, pues tras la publicación en 2007 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, quedan pendientes importantísimos que a lo largo de seis años no se quisieron resolver Hasta el día de hoy ninguna petición
de Alerta de Violencia de Género se ha emitido: las cuatro solicitudes que han sido pedidas por las organizaciones civiles han sido rechazadas bajo argumentos legaloides, que en el fondo ocultan los intereses partidarios de quienes integran el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres . No sólo eso, sino que en entidades como el Estado de México, Puebla y Morelos las órdenes de protección o alejamiento para proteger las vidas de las mujeres agredidas por sus parejas no se aplican, o se implementan requisitos burocráticos que las alejan de estos mecanismos de seguridad. Felipe Calderón tampoco deja buenas cuentas en cuanto a la reducción de la muerte materna (MM). Pese a que México se comprometió a disminuirla en tres cuartas partes para 2015, la cifra de decesos sigue prácticamente igual que al inicio del sexenio. A pesar del Seguro Popular, y de los programas Arranque Parejo en la Vida y Oportunidades, la muerte de las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio, sigue sin disminuir aunque el 90 por ciento de estos fallecimientos sean prevenibles. Por ejemplo, hoy una mujer que viva en algún estado del sureste tiene cinco
veces más probabilidades de morir por causas obstétricas que una mujer en un estado del norte. La pobreza alimentaria que afecta a las mujeres incrementa hasta tres veces la posibilidad de muerte materna, que en aquellas mujeres que no la padecen. Seguramente con el aumento del huevo y de la canasta básica se elevarán las MM en nuestro país. Hay que decir que 91 por ciento de las muertes maternas que ocurren en nuestro país se registran en el sistema hospitalario, y que 25 por ciento de las fallecidas eran beneficiarias del programa Oportunidades. Sin duda los peores resultados para su gobierno los tuvo Calderón en Naciones Unidas el pasado 17 de julio, cuando las expertas del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) prácticamente reprobaron su gestión ante la falta de datos duros que sustentaran la retórica de los funcionarios que asistieron. Como solemos decir: “mucho ruido y pocas nueces” deja tras de sí Felipe Calderón en materia de justicia para las mujeres. T *Twitter: @lagunes28
BIBLIOTECA FEMENINA
Mary Carmen Sánchez Ambriz
No más agresiones Los escenarios de la violencia, José Manuel Sabucedo/José Sanmartín, Editorial Ariel, Barcelona, 2007
Vivimos en una sociedad que cada vez es más violenta. Hechos de violencia familiar, escolar, social, laboral, van fracturando la esencia de la condición humana. Los múltiples escenarios donde surgen este tipo de intimidaciones, deben crear conciencia en los involucrados para tomar cartas en el asunto. Lo que se aborda en este libro es el resultado de la experiencia de José Manuel Sabucedo y José Sanmartín en el análisis de la violencia y psicología política. El primero, psicólogo de la Universidad de Santiago de Compostela, y el segundo, catedrático de filosofía de la ciencia en la Universidad de Valencia. Ambos tienen experiencia en el estudio de hechos violentos (incluso terrorismo) que atañen directamente a la sociedad. Para formar un libro que abarcara distintas maneras de ejercer la violencia, decidieron reunir una serie de ensayos con especialistas en el tema. Ellos establecieron la dirección a seguir y le dieron un formato atractivo, uniforme y sencillo. No obstante, también incluyen sus reflexiones en los temas que dominan como es el caso de la violencia política (Sabucedo) y la construcción social del terrorista (Sanmartín).
Aquí se habla de la violencia intrafamiliar contra la mujer. Desde el punto de vista de Enrique Echeburúa, “muchos hombres encajan con dificultad una relación de pareja simétrica, que cuestiona su autoridad y que no responde a los modelos de generaciones anteriores. […] Los niños son víctimas pasivas de la violencia en pareja, sin excluir el riesgo de la extensión de la violencia de pareja para ellos. [...] A largo plazo, educar a los hijos en un contexto de violencia de pareja favorece el aprendizaje de las conductas violentas. En concreto, los niños aprenden que la violencia es un recurso eficaz y aceptable para hacer frente a las frustraciones del hogar”. Otro tema interesante es el mobbing o acoso psicológico en el trabajo. El origen del mobbing es la lucha de poder, por ejemplo, cuando se desea eliminar laboralmente a aquel o aquellos adversarios irreductibles que no se dejan sobornar. Se presenta al intentar desestabilizar emocionalmente a una persona, al criticar destructivamente su trabajo, hostigar a un empleado mediante acusaciones falsas, destruir la salud física o psicológica minando la autoestima y cuando se altera el entorno laboral del trabajador al poner en su contra a sus compañeros, entre otras circunstancias desestabilizadoras. El mensaje es claro: si eres víctima de una agresión, no dejes que vuelva a ocurrir.
En terapia La pareja en conflicto, Miguel Alejo Spivacow, Paidós, Buenos Aires, 2011
Cuando hay conflictos en la relación de pareja, casi siempre escuchamos que alguien acudió a una terapia conyugal y obtuvo buenos resultados. Antes de buscar ayuda de un psicoterapeuta, una opción es estar informada sobre lo que se trabajará, cómo se desarrollará y qué se espera conseguir de ese tiempo invertido en común. Por supuesto, es necesario tener claro que puede presentarse un cambio de rumbo. Finalmente, haya o no separación marital, lo que se desea es lograr una buena comunicación, que exista empatía, que uno de los dos se ponga en el lugar del otro y viceversa, y que el nivel de agresión disminuya. Acaso para algunas resulta inevitable pensar que terminarán engrosándole la cartera al psicólogo o terapeuta de lo familiar, y que no obtendrán lo que se desea. Para que esto no ocurra y haya más claridad por parte de los cónyuges, el psicoterapeuta argentino tuvo la idea de compartir cuáles son los temas recurrentes, inquietudes en común y demás sinsabores que atañen a un matrimonio en conflicto. Entre los apartados debidamente desglosados destacan: amor y pareja en psicoanálisis, el sujeto y el otro: lo inconsciente y el partenaire, el
divorcio: entre la fantasía y la decisión, la pareja en “segundos matrimonios” y en las familias ensambladas, relaciones extramatrimoniales y la terapia de “infidelidad”, violencia emocional en la pareja y una sesión comentada desde diferentes perspectivas. ¿Qué es lo primero que advierte el psicoterapeuta cuando una pareja lo visita por primera vez? “Una brújula en esta tormenta es el concepto de destructividad. Lo que me interesa de una pareja es su destructividad y la posibilidad de ligarla eróticamente. Esto sin ingenuidad, sé que hay parejas a las que las une la destrucción mutua”. Spivacow lo dice claramente para que los cónyuges no les quede la menor duda: “No somos legisladores, somos solamente psicoanalistas. […] Los miembros de la pareja suelen no tener un registro de la violencia que están protagonizando. Un primer trabajo en muchas de estas situaciones consiste en describirles el enfrentamiento despiadado que está sucediendo y que ellos desmienten, al mismo tiempo que transmitirles firmemente la idea de que una discusión puede ser muy enriquecedora si es bien llevada. La sola intervención del analista describiendo lo que sucede, cuando es posible decir algo en tono tranquilo por fuera de la guerra, opera positivamente”. Al autor le faltó aclarar que tampoco es hechicero para desaparecer, de la noche a la mañana, todos esos conflictos que llevan años enquistados en la conciencia de ambos.
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octavio hoyos
Nace bloque de género en el Congreso
Se comprometen legisladoras a impulsar agenda femenina Las legisladoras que asumieron este 1 de septiembre dijeron estar dispuestas a romper paradigmas y a trabajar en equipo a favor de la equidad
L
Anayeli García Martínez
as nuevas diputadas federales y senadoras comienzan la 62 Legislatura del Congreso de la Unión con el compromiso de promover leyes, iniciativas, reformas y puntos de acuerdo que aporten al bienestar y desarrollo de las mexicanas. La agenda que guiará el quehacer legislativo de las mujeres que consiguieron un escaño en San Lázaro y el Senado aún no está definida, pero ya tienen líneas generales de acción con las que pretenden reivindicar los derechos femeninos. De acuerdo con el reporte del Instituto Federal Electoral (IFE), hay 186 diputadas, 92 de mayoría relativa y 94 plurinominales, es decir 37 por ciento del total de la Cámara baja. Mientras que en la Cámara alta hay 38 senadoras, 26 de mayoría y 16 pluris, lo que equivale al 32.8 por ciento del total de curules. Los datos confirman que ésta será la primera Legislatura federal con la mayor presencia de mujeres en la historia de México. Al respecto, la senadora por el PRD Angélica de la Peña sostiene que ahora que el Congreso está conformado por más de un tercio de mujeres, es necesario que quienes obtuvieron una curul planteen compromisos
específicos que consoliden políticas públicas. Alerta sobre el riesgo de que en próximos comicios haya una regresión en la participación política femenina, por lo que dijo que seguirán pugnando por una reforma electoral que garantice 50 por ciento de candidaturas de mujeres a puestos de elección popular. La senadora del PRI Lucero Saldaña destaca que la mejor herramienta para defender y aumentar el histórico avance político de las mujeres es el trabajo al interior de los partidos y las comisiones legislativas. La impulsora de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres (aprobada en 2006) agrega que los rubros más importantes a analizar son salud, empleo y educación, pero afirma que antes de entrar a este debate hay que esperar la conformación de las comisiones parlamentarias. “Ésta es una nueva etapa, es una Legislatura donde tenemos que construir pluralmente”,
dice Saldaña al hablar de las críticas que ha recibido su partido por su actitud ante el feminicidio y el derecho a la maternidad libre y voluntaria.
Experiencia legislativa Una de las características de las nuevas legisladoras es que muchas de ellas regresan a la esfera parlamentaria con nuevas ideas, luego de que en años anteriores sentaron las bases para las actuales leyes contra la discriminación y la violencia de género. El sello que se le va a imprimir a esta Legislatura es el de la visión de género, pese al ambiente álgido entre los partidos, adelanta la ex gobernadora de Zacatecas y diputada perredista Amalia García, quien hace un llamado para hacer a un lado la visión de que las mujeres no pueden tener coincidencias. “(El género) es una causa de vida y en eso estaré siempre, esté o no en una Legislatura. Estoy aquí porque independientemente de las comisiones donde participe, estará presente la perspectiva de género y los derechos por la igualdad”, agrega convencida. Martha Lucia Micher, declarada militante de la “izquierda feminista”, señala que no se puede dar ni un paso atrás al terreno que ya se ganó, y para ello las legisladoras deben vigilar que las leyes y las reformas
ya aprobadas se cumplan cabalmente. Como ejemplo destaca que se debe hacer de la Alerta de Violencia de Género (AVG) –mecanismo contemplado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia– un instrumento eficaz para combatir el feminicidio que aqueja a buena parte del país. Con esta idea coincide la priista Rocío García Olmedo, quien sostiene que aún es complicado trasmitir a la realidad el espíritu de la AVG como una medida para implementar acciones urgentes a favor de la vida y la libertad de las mujeres. Con el fin de mejorar la calidad de vida de más de la mitad de la población, reitera que trabajará en apego a la plataforma electoral del PRI y en concordancia con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos. Aunque las diputadas del PAN no han hecho acuerdos formales con organizaciones civiles o grupos de mujeres, es conocida la experiencia de la senadora Martha Elena García, quien fue presidenta de la Comisión de Equidad y Género en San Lázaro. Otra mujer destacada del PAN es Eufrosina Cruz, indígena oaxaqueña defensora de la participación política de las mujeres sobre todo en localidades dominadas por los usos y costumbres. Las diputadas y senadoras consultadas coinciden en que su principal prioridad será la gestión y análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, para dar más recursos a los programas destinados a mejorar la vida de las mexicanas. T Cimac
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Se abre más en México el camino para el auténtico fortalecimiento del liderazgo femenino rené soto
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Macarita Elizondo*
n 1954 el Diputado Francisco Chávez González al aludir a los detractores del voto femenino, refirió: “El voto en la mujer es peligroso para algunos, el voto que se concede a la mujer entraña un grave peligro porque la mujer, se dice, es pasional, porque lleva a la vida la pasión que nace en ella, por el predominio en algunos de sus actos del sentimiento” Enfatizó en su pronunciamiento particular que no era admisible pretender dar a la participación de la mujer, un aspecto de concesión o de conquista de partido, ya que la mujer mexicana, en todos los rumbos económicos, sociales y políticos de México, ha tenido siempre las virtudes y merecimientos que se invocaron como fundamento de la reforma, y que ésta sólo podría tener plena realización si era concedida, no como empresa de partido, sino como un reconocimiento nacional unánime de esos merecimientos y virtudes. A casi 60 años después del reconocimiento del voto de la mujer (toda una vida de distancia para algunas), las mujeres no se limitaron en este proceso electoral a filiaciones partidistas y gran lección nos dieron las demandantes e impulsoras del emblemático SUP-JDC-12624/2011 y acumulados. Ellas, a pesar de la diversidad de preferencias políticas, se unieron para impulsar un fin común: el derecho de la mujer para ser postuladas a un cargo de
elección popular, en términos de igualdad frente al hombre. De tal forma, la Sala Superior al interpretar el párrafo primero del artículo 219 del COFIPE determinó que tal disposición protege la igualdad de oportunidades y la equidad de género en la vida política del país, procurando un equilibrio razonable entre ellos entre ambos géneros. Advirtió que esa paridad también debe reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido y no sólo para postulación y registro, además de que una misma fórmula debía estar conformada por candidatos de un mismo género y que ello en forma alguna vulnera la paridad exigida por la norma, pues si llegaran a presentarse vacantes en los propietarios, éstos serían sustituidos por personas del mismo género y, por lo tanto, se conservaría el equilibrio de género no sólo en las candidaturas, sino también en la ocupación de los cargos respectivos. Y algo importante es que la Sala determinó que la norma en estudio lo que busca es garantizar la equidad de género, de ahí que no se debe tratar únicamente de una recomendación a los partidos políticos sobre el favorecer a uno de los dos géneros, sino de la obligación que tienen por respetar dicha cuota. Con lo anterior, podemos reiterar que los temas de género y no discriminación, así como el cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos, no son cuestiones meramente de preferencias y filiaciones; tienen que ver con lograr de facto la igualdad sustantiva
en México, con obtener una sociedad culta, pacífica e incluyente. Hoy mi reconocimiento a las mujeres que llegan a ocupar una diputación, una senaduría, mi reconocimiento no sólo por el camino personal que habrán tenido que andar cada una, sino también porque son consecuencia del trabajo y convicción de muchas mujeres lideresas. Hoy cada una de ellas está acompañada por una Hermila Galindo, quien en 1918 fue candidata al Congreso de la Unión, y que a pesar de que obtuvo la mayoría de votos, fue rechazada por el Colegio Electoral. Están acompañadas por Aurora Jiménez Quevedo, primera diputada de nuestro país, por María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia primeras senadoras. Actualmente nuestras diputadas y senadoras tienen la oportunidad de amalgamar nuestra historia para generar un mejor futuro para nuestro país. En ese sentido, en su labor legislativa deben recordar que también se encuentran acompañadas por la esperanza de millones de familias que han perdido a una de sus integrantes víctima de la discriminación, de las niñas y jóvenes que requieren educación pacífica con calidad e igualdad, con mejores oportunidades de capacitación e empleo, de aquellas mujeres adultas mayores que necesitan amor y respeto, en general de una vida sana y digna. Es pertinente indicar que con el incremento de la participación de mujeres del 10 por ciento en la Cámara de Diputados y casi del 18 por ciento en la de Senadores,
se abre más el camino para el auténtico fortalecimiento del liderazgo femenino en nuestro país. Ahora la meta en cada una de nuestras trincheras, es seguir haciendo conciencia en la sociedad en general sobre esta exigencia; por ejemplo, las cuotas de género, lo que hoy se reconoce y es una realidad a nivel federal tiene que replicarse a las entidades federativas de toda la Republica Mexicana, la idea es contar con una armonización legislativa e impulsar las mejores prácticas. Ahora el desafío es mantener lo ganado y seguirlo incrementando, pues aún no se llega al 40% de lo establecido en la norma, y estoy segura que muy pronto alcanzaremos la paridad, y una de las formas de lograrlo, es demostrar a la sociedad el trabajo profundo y sensible que tenemos las mujeres. Implementar un monitoreo sobre las propuestas de reforma legislativas que busquen fortalecer la igualdad de género y la no discriminación en nuestra sociedad, vigilando además su cabal cumplimiento, pero también nuestros esfuerzos tienen que enfocarse a seguir creando y enfrentando nuevos retos comunes y con ello generar una vida plena para todos. Por ello pregunto ¿cómo vamos a lograr incrementar la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres?, el 2% del financiamiento público de los partidos políticos no es suficiente, máxime que ya no son la única vía para el acceso al poder público, hay que recordar que con el reconocimiento de las candidaturas independientes, en la reforma publicada el pasado 9 de agosto, tenemos que buscar más opciones de capacitación, promoción y desarrollo para todas las mujeres de nuestro país. Otro tema de análisis obligado son las cuotas de género que hoy son nuestro orgullo, pero ¿cómo le vamos a hacer para que tratándose de candidaturas independientes se aplique está medida afirmativa? Recordemos que así como varios hombres y mujeres nos comprometemos con encontrar nuevas formas.de exigencia y tutela de derechos en pro de la igualdad sustantiva, el lastre de la discriminación buscará otros medios para querer prevalecer. No podemos permitirnos dar un paso atrás. Finalizo señalando que es cierto, las mujeres tenemos pasión, pero pasión por la defensa de nuestros derechos, y nuestra convicción es seguirla demostrando en todos los escenarios, foros o retos en los que nos encontremos. Estoy cierta que nuestras legisladoras y legisladores también vivirán su trabajo con pasión, reflejando el entendimiento y compromiso con el derecho a la igualdad, a la no discriminación, con el trabajo arduo que requiere una cultura para la paz. Es nuestro deber como mujeres y hombres recordar que un día sin accionar a favor de la igualdad sustantiva, es un día menos de respeto a la vida, integridad, sueños y decisiones de millones de mujeres, niñas, familias mexicanas, en perjuicio de nuestra sociedad. T *Consejera Electoral del IFE
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Los adolescentes, el sector más vulnerado
Información, parte vital de los derechos sexuales y reproductivos
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Aimée Vega Montiel*
l derecho a la información es definido como el derecho libre a buscar, recibir y difundir informaciones que promuevan el desarrollo humano y los derechos civiles y políticos. Por su importancia y complejidad, el derecho a la información incluye los de libertad de expresión y prensa. El derecho a la información se encuentra garantizado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, y en los años 70, el Estado mexicano lo integra a través del artículo 6º de la Constitución. Este último considera responsabilidad del Estado facilitar a las personas toda aquella información que les sirva para ejercer sus derechos humanos. Entre estos derechos humanos, los sexuales y reproductivos, es decir, aquellos que garantizan el ejercicio de la sexualidad en condiciones de libertad, así como el de decidir, de manera libre e informada, sobre la fecundidad, y el de prevenir infecciones de transmisión sexual, son fundamentales, pues se encuentran
directamente vinculados con el derecho de las personas a la vida, y requieren como condición el acceso a información amplia, veraz y especializada. Sin embargo, en México, al haber enfrentado a uno de los gobiernos más conservadores de los últimos sexenios, el encabezado por Felipe Calderón, hoy nos encontramos ante una grave regresión en materia de derechos sexuales y reproductivos, y es la falta de información, o lo que es lo mismo, la no garantía del derecho a la información, una causal central de esta problemática. De toda la población afectada, es la adolescente la que principalmente sufre las consecuencias de esta falta de responsabilidad política. A pesar de haber creado en 2007 el Programa Federal de Salud Sexual y Reproductiva en Adolescentes, al terminar el sexenio, contamos hoy con un incremento de embarazos no deseados, de mortandad de mujeres adolescentes, y de un incremento de las infecciones de transmisión sexual. Debido a la desigualdad de género, las mujeres de este grupo social son las que
mayormente adolecen la falta de información en la materia y, en consecuencia, experimentan la violación de sus derechos sexuales y reproductivos. A continuación, algunas evidencias: 1.América Latina y el Caribe es la región del mundo en la que más mujeres adolescentes inician su vida sexual antes de haber cumplido 15 años, lo que lejos de representar una expresión de su autonomía y libertad, constituye una de las manifestaciones de la violencia de género más comunes, el abuso sexual, asociada a otros problemas estructurales, como la pobreza y la falta de los progenitores (UNESCO, 2011). 2.También en nuestra región, entre el 20 y el 40 por ciento de las mujeres adolescentes tienen su primera relación sexual en contra de su voluntad, es decir, de manera forzada (UNFPA, 2011). 3. Entre 2007 y 2012, el uso del condón en la población adolescente mexicana se incrementó en apenas 0.8 por ciento.
4. El embarazo prematuro de mujeres adolescentes se disparó dramáticamente en los últimos años: mientras que en 2006, 17.2 por ciento de los nacimientos registrados correspondieron a este grupo social, en 2009 ya constituía el 26.7 por ciento. 5. La muerte materna es hoy la cuarta causa de muerte entre mujeres adolescentes. 6. La penalización del aborto en 18 entidades, es causa directa del incremento de la mortandad entre adolescentes, quienes deben practicarlos en condiciones de riesgo. 7. También el VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, vieron un incremento en los últimos años entre las mujeres adolescentes, en México y otros países del sur, lo que UNESCO atribuye no sólo ni principalmente a la mayor susceptibilidad fisiológica de las mujeres, sino a la violencia sexual a la que están expuestas, tanto dentro como fuera del matrimonio. De acuerdo con la UNESCO, el recurso para abatir estos problemas, es un enfoque del desarrollo “basado en el ciclo vital, que conceda más importancia a la atención, la protección y la promoción de la autonomía de los adolescentes y, en particular, de las niñas adolescentes.” (UNESCO 2011). Si consideramos entonces que una información con enfoque de género, que tome en cuenta que las adolescentes experimentan su sexualidad de forma distinta que los adolescentes, es condición para garantizar la vida y la libertad de estas mujeres. T *CEIICH-UNAM
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Información y responsabilidad, pilares para un mejor futuro de los jóvenes especial
Diferentes organismos internacionales han promovido a través de conferencias y charlas lúdicas el Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Deseado, en especial con un énfasis en la salud reproductiva de las y los adolescentes
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Mariana Gómez del Campo Gurza*
s un tema prioritario para los gobiernos y en la creación de políticas públicas porque es en estas décadas cuando México ha alcanzado la mayor proporción de personas jóvenes en su historia, la mitad de los mexicanos son personas menores de 29 años de edad. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) la población adolescente y joven debe ser una prioridad a nivel mundial por el simple hecho de que la generación actual es la más grande que se haya registrado en la historia de la humanidad. Lo relevante es cómo respondemos como sociedad y como familias para formar y orientar a esa cantidad enorme de per-
sonas que ya están tomando decisiones y construyendo su futuro ¿Les estamos dando la información que requieren? ¿Están recibiendo la formación en valores y principios que recibieron generaciones anteriores? ¿Los padres están dejando toda la carga al sistema educativo o es al contrario? ¿Cómo deben reaccionar los padres ante una juventud rebelde, que cuestiona o que en muchos casos está dominada por el desinterés? Lo preocupante es que no es fácil responder estas preguntas y que a la vez, el tiempo está corriendo y quizá la desinformación o la falta de responsabilidad está afectando ya el futuro de miles de jóvenes e influyendo en el desarrollo de nuestro país. Muestra de ello es que el número de enfermedades de transmisión sexual ha ido en aumento y a edades más tempranas, algunos expertos señalan que esto tiene origen en que cada vez se usa menos el condón. Otra evidencia alarmante es que 6 de cada 10 embarazos son de mujeres entre los 15 y 24 años que están vinculados con un alto riesgo porque las probabilidades de que las adolescentes (de entre 15 y 19 años) mueran debido a complicaciones durante el embarazo o el parto son dos veces mayores que las de una mujer de 20 a 30 años. Por desgracia, podemos advertir que estos datos difícilmente llegan a estar en manos de la juventud. De ahí la importancia de convertir a la información en uno de los pilares para que nuestros jóvenes tengan un mejor futuro. Según el Programa del UNFPA México la información tiene un importante efecto
en la calidad de vida y en las tendencias poblacionales de las siguientes décadas porque impacta directamente en las condiciones en las que se toman decisiones sobre la sexualidad, los elementos y servicios con los que cuentan para ello, así como las oportunidades de desarrollo disponibles. En lo que se refiere a la salud sexual y reproductiva (SSR), los principales riesgos de esta población son: a)El inicio no elegido, involuntario y/o desprotegido de su vida sexual. b)La exposición a embarazos no planeados, no deseados, o en condiciones de riesgo. c)La exposición a una infección de transmisión sexual (ITS), cuya expresión más dramática es el VIH/Sida. Por ello, la información además de ser lo más completa posible debe tener un elemento adicional, debe ser oportuna. Se ha identificado que en México, las y los jóvenes inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años en promedio, se estima que 17.4 por ciento de los nacimientos totales corresponden a mujeres menores de 20 años, de los cuales entre 60 y 80 por ciento de ellos son no planeados. La generación de conciencia y de una conducta responsable debe anticiparse a ese rango de edad para que la prevención sea eficaz. En el PAN tenemos principios de doctrina claros y concretos, creemos firmemente en el respeto a la vida y consideramos que la
política tiene como una de sus principales finalidades contribuir a dignificarla. Por eso, jamás estaremos a favor de medidas como el aborto, permitido en la Ciudad de México gracias a una serie de reformas legales al Código Penal y a la Ley de Salud para posibilitar la interrupción del embarazo. Sus resultados a la fecha son más de 77 mil abortos realizados en el sector salud capitalino. Pero no se trata de oponerse de forma intransigente, creemos que el aborto no necesariamente es una “salida fácil”, implica riesgos serios para la vida de la mujer embarazada y profundos daños psicológicos poco explorados y difundidos. En contraste hemos propuesto medidas de apoyo económico, asistencia médica durante el embarazo y posterior al parto, orientación nutricional, exámenes médicos de rutina, complementos alimenticios y asistencia psicológica a través de una iniciativa para crear la Ley de Protección al Embarazo. Propone beneficios económicos sólo a aquellas mujeres que acudan constantemente a sus chequeos médicos y se realicen estudios de rutina como son: ultrasonidos, electrocardiogramas y prueba de tamiz. Esos recursos les servirán para comprar ropa para ella y el bebé, fórmulas lácteas y medicamentos. Además, pretende apoyar a quienes -por falta de cupo en instituciones públicasrequieran pagar el servicio de guardería o estancia infantiles. Por otro lado, en aquellos casos en que los hospitales públicos no reciban a las mujeres en trabajo de parto, el Gobierno estará obligado a pagar la atención en hospitales privados. Lo anterior se hace urgente si analizamos la cobertura de los servicios de salud en el Distrito Federal. Según datos de la Secretaría de Salud local (2008), el 48.8 por ciento de las mujeres con embarazos registrados como de alto riesgo no son derechohabientes de servicio de salud alguno por lo que están completamente desprotegidas. Simultáneamente hemos propuesto facilitar los trámites para la adopción como una alternativa viable y alentadora para un mejor futuro de esos pequeños y la creación de nuevas familias, todo esto, sin dejar de atender lo más importante que es la prevención del embarazo a través de la difusión de información completa, clara y comprensible. Es digno de reconocerse el esfuerzo emprendido en esa materia durante esta administración federal por la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano de la Juventud. La información y la responsabilidad van ligadas intrínsecamente a la experiencia de familia. El rol que juegan las instituciones públicas de educación y salud es clave pero la vivencia y la confianza en el seno familiar son insustituibles. Está en manos de los padres tender puentes de diálogo y confianza con los hijos, el primer paso es reconocer que ya quedaron atrás los tabús de generaciones anteriores, ya quedó superada la época donde existían temas de que eran “intocables”. Aprovechemos esa oportunidad para estrechar la comunicación y el diálogo, porque –insisto- una conducta responsable está basada en la información con que se cuenta. En Acción Nacional hemos impulsado -y lo seguiremos haciendo- una agenda de vida y una agenda de vanguardia que atienda los retos que enfrenta el México actual. Se trata de ampliar las libertades que tenemos y gozar de una mejor calidad de vida, eso requiere que cada uno de nosotros ponga de su parte con responsabilidad y con el espíritu de que sólo con mejores ciudadanos es posible tener un mejor país. Como siempre, espero tus comentarios a través de mi cuenta en Twitter @marianagc o de la página www. marianagomezdelcampo.mx T *Senadora por el PAN
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Inmujeres 26 de septiembre, Día Nacional de la Prevención del Embarazo Adolescente
Un reto aún por alcanzar La preocupación por prevenir embarazos no planificados en la adolescencia, así como el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de esta población, han sido temas de atención plasmados en diversos instrumentos internacionales ratificados por México
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Gabriela Luna*
n dichos instrumentos, el Estado mexicano se compromete a garantizar a las y los adolescentes el ejercicio de su sexualidad de manera libre, informada, con responsabilidad y en condiciones de autonomía y equidad. El panorama que aún existe en relación a la salud sexual y reproductiva de la población adolescente ha dado pauta a implementar acciones afirmativas como el impulso para oficializar el 26 de septiembre: Día Nacional
para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, fecha que da la oportunidad de reflexionar, concientizarnos y actuar en la materia por medio de foros, discusiones y campañas informativas para reducir los embarazos no planeados y promover una vida sexual saludable. A nivel global, el Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes (DPEA) o World Contraception Day (WCD), comenzó en Uruguay en 2003, cuando el Centro Latinoamericano para la Mujer A.C. conjuntamente con Bayer Schering Pharma y varias instituciones públicas como el ministerio de salud, la sociedad civil e iniciativa privada de ese país, preocupadas por la prevención y la educación sexual, instauraron tal fecha. En 2005 se sumaron a la iniciativa varios países de América Latina, adquiriendo notoriedad internacional en 2006. Hoy en día, a nivel global es liderado por diversas organizaciones internacionales, a través de una campaña educativa que busca crear conciencia entre la población adolescente para que conozca los diferentes métodos de planificación familiar que existen y puedan tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva, con el fin de prevenir el alto índice de embarazos no planificados en adolescentes que ocurren en el mundo. En México, por iniciativa del Centro Latinoamericano para la Mujer A.C., diversas instancias gubernamentales, no gubernamentales, organismos internacionales y empresas privadas, se han
unido, desde 2006, a esta cruzada para coordinar acciones informativas, de orientación y educativas dirigidas a las y los adolescentes, para que conozcan el riesgo que conlleva un embarazo no planificado, así como las consecuencias de una infección de transmisión sexual, incluyendo el VIH Sida. En agosto de 2011 se presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados la iniciativa de proyecto para decretar “26 de septiembre Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes”, siendo aprobada y turnada a la Cámara de Senadores, misma que se encuentra en proceso de revisión. El decreto a nivel nacional busca reforzar los mecanismos de coordinación inter sectorial en materia de salud, educación, desarrollo social, sociedad civil y medios de comunicación para fortalecer y armonizar las políticas y programas sobre educación sexual integral orientadas a la población adolescente. Esta declaratoria demanda contar con mayor presupuesto y legislación adecuada en la materia que se concreten en los servicios de salud amigables libres de prejuicios, mayor abasto y acceso a métodos anticonceptivos, así como en la reducción de la brecha entre el conocimiento y el uso adecuado, aunado a fomentar una cultura de equidad de género en programas de planificación, que involucre a los hombres para compartir responsabilidades en salud reproductiva. No así tener acceso a la
para reflexionar… tUno de cada siete nacimientos (15.7%) ocurridos en los últimos tres años en nuestro país son de adolescentes de 15 a 19 años de edad. t El embarazo a edades tempranas –antes de los 19- continúa siendo alto: 6.6% antes de los 17 años y 19.2% entre 18 y 19 años de edad. t 61.8% de las adolescentes de 15 a 19 años, sexualmente activas, declaró no haber usado un método anticonceptivo durante su primera relación sexual. t Una situación distintiva entre las defunciones femeninas en edades jóvenes es la mortalidad materna, en 2010 más de la mitad (54.4%) ocurren entre los 15 y 29 años de edad. tUno de cada cuatro embarazos entre las adolescentes no fueron planeados, mientras que uno de cada diez tampoco es deseado. t Durante el quinquenio 2004-2008, 15.5% de los nacimientos provienen de madres adolescentes. información oportunamente, promover actitudes responsables y prácticas saludables para que los derechos sexuales y reproductivos de la población adolescente se ejerzan y se hagan valer verdaderamente y la educación sexual sea una realidad que apoya el desarrollo del país. T *Jefa de Departamento de Salud del Instituto Nacional de las Mujeres
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23 de septiembre Día Internacional contra la Trata de Personas
Tan inocente como tu hij@ especial
Hago un llamado a las mexicanas para que combatan el delito de trata desde sus hogares, siendo sabias edificando su casa, porque los más vulnerables son nuestros niños y niñas
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Rosi Orozco*
n 2005 fui invitada en Washington, EU, al seminario sobre la Trata de Personas, The Bridge Project, organizado por Janice Crouse, Concern Women of America y apoyado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Acudimos diversas agrupaciones de México. Nos dieron a elegir cinco temas para trabajar: concientización, prevención, reforzamiento de leyes, persecución y restauración. Mi esposo y yo integramos el único equipo que pidió abordar el tema de restauración. Desde el primer momento nos enfocamos en el apoyo a las víctimas. Aunque consideramos que las otras áreas son importantes para combatir el delito, el daño que sufre una persona que es expuesta a este tipo de esclavitud requiere gran atención para lograr una restauración integral. Desde entonces gran parte de mi vida y trabajo se han enfocado a ayudar a las víctimas de la Trata y la esclavitud sexual. Mi esposo y yo, junto con un valiente equipo, hemos combatido por devolver a estas chicas la libertad y la dignidad que alguien más les robó. Ha sido un trabajo arduo. Estoy segura que muy pocas personas tienen idea del pasado escondido que hay detrás de una mujer que ha sido obligada a prostituirse. Pero las historias se repiten una y otra vez con asombrosa maldad, lo vemos todos los días en los medios de comunicación o, lo que es peor, lo vivimos en la calle cuando observamos mujeres que son ofrecidas como productos sin vida en giros negros o en la calle. Si tuviera que resumir en una frase la esencia del problema lo haría así: Muchas de esas mujeres son tan inocentes como lo es su hija, su sobrina, su nieta, su hermana, querido lector, y fueron secuestradas para ser puestas en una red de explotación sexual. Duele sólo de pensarlo, ¿No es así? Yo digo a quienes hoy defienden los giros negros: Si tanto te gusta, ¿Por qué no mandas a tu hij@ a ofrecer el “servicio” y que sea violad@ 30 veces al día por unos barbajanes? ¿Por qué tiene que ser la hija o el hijo de alguien más? Soy respetuosa de las personas que por su propia voluntad deciden ejercer una actividad dentro del sexo servicio. Pero aquí estamos hablando de seres humanos que, contra su voluntad, son explotados sexual o laboralmente para
Rosi Orozco
beneficiar a un tercero. Además de los que son llevados a matrimonios forzados o tráfico de órganos. Durante años he visto y escuchado cómo la gente condena a quienes se encuentran en situación de prostitución. Señalan a estas personas como “prostitutas”, sin saber que detrás de ellas se esconden historias de vulnerabilidad y dolor. Incluso las autoridades, tienen arraigado el estereotipo de que “son personas indecentes quienes han elegido deshonrarse por dinero” y se niegan a ver el sufrimiento que padecen. Convivir con las víctimas, luchar junto a ellas para que se les haga justicia y, al mismo tiempo ayudarlas a superar su dolor, me ha mostrado las gravísimas marcas psicológicas de quienes han padecido reiterados abusos sexuales y físicos. Mi tristeza es más grande cuando escucho los testimonios de niñas y jóvenes que padecieron esa tortura ¡Hasta treinta veces al día mientras las tuvieron cautivas! Por eso este 23 de septiembre “Día Internacional contra la Trata de Personas”, la sociedad toda debe alzar su voz para decir ¡Basta! En México el ser humano no está a la venta, en México los padrotes no son bienvenidos, en México el turismo sexual no es bienvenido. Hago un llamado a las Mujeres de este país para que combatan este delito desde sus hogares, siendo sabias edificando su casa porque los más vulnerables son nuestros niños y niñas, la gente que viene de hogares de violencia intrafamiliar, lugares donde hay o ha habido adicciones de cualquier tipo, donde hay abandono aun con la presencia física de los padres; esos hogares son el caldo de cultivo para que nuestros hij@s sean enganchados
emocionalmente primero y físicamente después, para finalmente ser tornados esclavos. Nuestra intención con estas líneas es sensibilizar a las autoridades, a la sociedad y a usted que me hace el favor de leerme, para que juntos luchemos por combatir este flagelo social que hiere y marca a cerca de setenta mil niños y niñas solo en México. Quiero convocar al compromiso social de denunciar una y mil veces a los tratantes y explotadores de personas. Creo firmemente que Unidos Hacemos la Diferencia y sueño con que nos neguemos a aceptar este crimen e injusticia como parte del paisaje urbano, el deambular por las calles de niñas, niños y jóvenes que día a día son explotados sexualmente. Tengo la esperanza de que estas líneas toquen el corazón de cada juez, de cada Ministerio Público, de cada policía, de
esta lucha, sobre este sueño de libertad que ya no es sueño exclusivo de de Rosi Orozco, sino de muchos mexicanos y mexicanas, de medios de comunicación, actores, actrices, y hoy el sueño de Inmujeres, de ONG´s, de niños y niños para crecer en un país donde la esclavitud sólo esté en libros, que no siga siendo parte de la realidad algo tan lacerante, que no vengan partidos a prometer que van a mejorar niveles sociales, que van a darle mejores condiciones, porque si permitimos la esclavitud ninguna de esas promesas será posible. Le invito a sumarse amable lector a este movimiento donde cada día somos más porque son muchos y muchas las víctimas que todavía están esperando ser rescatadas. Usted puede ser actor, renunciar a la indiferencia, al miedo, al conformismo, a la tibieza, para formar parte de la trans-
Inaceptable este crimen e injusticia como parte del paisaje urbano cada autoridad de gobierno competente y de cada persona de la sociedad civil para que nos unamos al esfuerzo de combatir el delito de la Trata de Personas, esclavitud y explotación. Porque nunca debemos olvidar que cualquiera de esas mujeres secuestradas por una red de explotación sexual, podría ser nuestra sobrina, nuestra nieta, nuestra hermana o nuestra hija. Felicito al Instituto Nacional de las Mujeres por esta apertura a difundir sobre
formación de México hacia la libertad. En unidoshacemosladiferencia.com usted puede registrarse como participante en este movimiento para que quede claro que en México, ningún ser humano está a la venta. T * Presidenta de la Comisión Unidos contra la Trata unidoshacemosladiferencia.com Facebook: Rosi Orozco Twitter: @rosiorozco
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Inmujeres Inmujeres/IMER
La prepa de la calle Pino,
una radionovela sobre salud sexual y reproductiva en la adolescencia
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l Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) realizaron en conjunto la radionovela “La prepa de la calle Pino”. Mediante situaciones que se viven cotidianamente en una preparatoria se busca proporcionar información sobre salud sexual y reproductiva, así como sobre los derechos y responsabilidades que comprende el ejercicio de su sexualidad, enfatizando también la conveniencia de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos. A través de las historias de algunos y
la importancia de acudir a especialistas y fuentes de información confiables para comprender todos estas problemáticas. En el segmento final de cada capítulo, titulado “¿Sabías que…?”, se proporcionan teléfonos de ayuda y de orientación, así como las direcciones de distintos sitios a los que se puede acudir en caso de necesitar información o apoyo. La radionovela, que se estrena hoy 24 de septiembre por varias frecuencias del IMER, consta de 20 capítulos, de 15 minutos cada uno, durante los cuales se acompaña a la maestra Sara Luna, quien llega a impartir la materia de Ciencias de la Salud a la Prepa de
En una escuela que puede ser la nuestra y nuestra historia también algunas estudiantes de La prepa de la calle Pino, se tocan temas como las infecciones de transmisión sexual, el uso adecuado del condón, los riesgos de los embarazos en la adolescencia, el cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino y los métodos de planificación familiar. Además, se recalca
la calle Pino, una escuela que podría estar en la esquina de cualquier colonia y, junto con ella, se conocen algunas de las historias de sus alumnos y alumnas, quienes viven de muy distintas maneras su sexualidad. Las y los adolescentes representan una décima parte de la población. En México
existen 11 millones 26 mil 112 personas entre los 15 y 19 años de edad, de las cuales 49.9% son mujeres y 50.1% son hombres. De las adolescentes que han tenido relaciones sexuales, seis de cada diez no utilizaron anticonceptivos durante la primera vez, lo que conduce a suponer que no se percibe el riesgo de tener relaciones sexuales sin protección, tanto por parte de ellas como de sus compañeros. Aunque la mayoría de las mujeres de entre 15 y 19 años dice tener conocimientos sobre métodos anticonceptivos, menos de la mitad de quienes están casadas o unidas los utilizan y entre las solteras el porcentaje es de solamente 4.5%. Esta situación conlleva el riesgo de embarazos no planeados o de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), tales como VIH/Sida y Virus del Papiloma Humano (VPH). Los capítulos de la radionovela se transmitirán de lunes a viernes en las siguientes estaciones: Reactor 105. 7 FM a las 6:15 horas; Interferencia 710 AM a las 7:45 horas; Tropicalísima 1350 AM a las 21:00 horas; radiomexicointernacional a las 13:00 horas; Radio Lagarto 1560 AM (Chiapa de Corzo, Chiapas) a las 17:00 horas; Radio Azul 1560 AM (Lázaro Cárdenas, Michoacán) a las 16:45
horas; La FQ 980 AM (Cananea, Sonora) a las 15:00 horas(local); Radio IMER 540 AM (Comitán, Chiapas) a las 12:00 horas; La Poderosa 1570 AM (Cd. Acuña, Coahuila) a las 13:00 horas; Estéreo Istmo 96.3 FM (Salina Cruz, Oaxaca) a las 12:45 horas; Órbita 106.7 FM (Cd. Juárez, Chihuahua) a las 15:45 horas; Fusión 102.5 FM (Tijuana, Baja California) a las 18:00 horas; Yucatán FM 92.9 FM (Mérida, Yucatán) a las 6:00 horas; y, La Popular 1350 AM (Cacahoatán, Chiapas) a las 12:45 horas. Inmujeres y el IMER consideran que el formato radiofónico dramatizado permite una comunicación con los jóvenes de manera cercana y directa, mediante el planteamiento de situaciones cotidianas que puede vivir este sector, ahora mayoritario, de la población. El equipo de producción del Instituto Mexicano de la Radio está integrado por: Idea original, investigación, guión y coordinación de contenidos: Consuelo Garrido; Investigación: Teresa Juárez; Actuación: Carmen Delgado, Sergio Bonilla, Juan Ignacio Aranda, Haydee Unda, María Eugenia Pulido, Claudia Santiago, Isabel Benet, Camilo Beristaín, Alexis Almazán, Patricia Rivas, Blanca Castro; Narración y conducción: Ignacio Casas; Música original: Jordi Bachbush; Producción, Coordinación general y Dirección artística: Diana Constable; Asistencia de producción: Estefanía Espinosa, Nancy Ampudia y Salvador Pérez. La prepa de la calle Pino fue grabada, realizada y postproducida en los estudios del IMER y la producción ejecutiva estuvo a cargo de la Dirección de Producción de este Instituto. Por parte del Inmujeres, la asesoría y revisión de guiones estuvo a cargo de la Dirección General Adjunta de Comunicación y Cambio Cultural y la Dirección General de Transversalización de la Perspectiva de Género. T
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Inmujeres xxxxxxx
• Revisar las políticas laborales para eliminar la discriminación basada en el género; por ejemplo, establecer políticas enfocadas a promover el ejercicio compartido de las responsabilidades familiares entre hombres y mujeres (flexibilización de la organización y reparto de la jornada laboral, la adopción de licencias de parentalidad; servicios de guardería y preescolar a disposición de personas con responsabilidades de crianza);
Los compromisos para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México Mónica Maccise Duayhe, Adriana Ortega Ortiz y Fabiola Delgado Suárez*
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ANTECEDENTES reada en 2007, la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ) es una organización única en el mundo que agrupa a todas las instancias de impartición de justicia en México, tanto aquellas pertenecientes al Poder Judicial como las dependientes del Poder Ejecutivo, y a los tribunales autónomos, tanto del ámbito federal como local. Así, en la AMIJ convergen la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, los Tribunales de Circuito, los Juzgados de Distrito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los Tribunales Electorales locales; los Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y los Tribunales Contencioso-Administrativos locales; la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Burocráticos de Conciliación y Arbitraje, el Tribunal Superior Agrario y los Tribunales Unitarios Agrarios. Su finalidad es unificar esfuerzos para la elaboración de una agenda judicial encaminada a la consolidación de las capacidades institucionales de sus integrantes. Por ello, ha ofrecido a sus miembros asesoría técnica y acompañamiento en proyectos de mejora de la calidad de los servicios de justicia, además de fungir como un espacio de diálogo, consulta y análisis. Sus integrantes, conscientes de la necesidad de introducir la perspectiva de género en los procesos jurisdiccionales como una estrategia para garantizar el acceso a la justicia, e impulsados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decidieron incluir, por primera vez, durante la Cuarta Asamblea General Ordinaria de la AMIJ, celebrada
en 2009, la mesa sobre “No discriminación y derecho a la igualdad: La perspectiva de género en el juzgar”. Entre otras cosas, en esa mesa se acordó “conformar un grupo de trabajo integrado por un representante de cada uno de los once Apartados que conforman la AMIJ, con la finalidad de elaborar una carta compromiso que estableciera los lineamientos generales para introducir de la perspectiva de género en cada uno de ellos”. Una vez conformado y a principios de 2010, el Grupo de Trabajo se reunió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para iniciar los trabajos de redacción de la “Carta Compromiso para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México”. En esa reunión, se discutió el contenido del documento y se determinó modificar su nombre al de “Pacto” con el fin de reconocerle una mayor relevancia. Después de un proceso de revisión e intercambio de comentarios, el “Pacto para Introducir la Perspectiva de Género en los Órganos de Impartición de Justicia en México” fue aprobado, por unanimidad de quienes representaban a los once Apartados de la AMIJ, durante su Quinta Asamblea General Ordinaria, celebrada el 12 de noviembre de 2010 en el Estado de México. El Pacto destaca la obligación constitucional, derivada de los artículos 1 y 4 de nuestra Carta Magna, de garantizar el ejercicio pleno y sin discriminación de los derechos y libertades fundamentales y de hacer efectivo el principio de igualdad. Para sustentar esta obligación, el Pacto también acude a los distintos derechos consagrados en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW, por sus siglas en inglés) y en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención de Belém Do Pará).
EL OBJETIVO Se trata de establecer los lineamientos generales para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, así como crear un mecanismo de seguimiento y evaluación de la aplicación de dichos lineamientos generales. Así, el Pacto posee un apartado que establece conceptos elementales en materia de equidad de género y una serie de estrategias en torno a la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito jurisdiccional y en la vida institucional de los órganos de impartición de justicia: • Juzgar con perspectiva de género; • Institucionalizar la perspectiva de género; y • Transversalizar la perspectiva de género. Posteriormente, identifica una serie de acciones concretas y específicas como necesarias para introducir la perspectiva de género en la vida institucional y en el quehacer jurisdiccional de los órganos impartidores de justicia. Estas medidas incluyen, entre otras: • Realizar diagnósticos integrales sobre la situación del personal en diversos aspectos relacionados con la impartición de justicia con perspectiva de género y los ambientes laborales; • Sensibilizar, difundir y formar en la aplicación de los tratados internacionales de derechos humanos, así como en argumentación jurídica desde la perspectiva de género a quienes realizan tareas jurisdiccionales; • Capacitar al personal para atender el tema del hostigamiento laboral y sexual, y crear mecanismos eficientes para la prevención, atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento laboral y sexual, y
COMITÉ DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN En su capítulo quinto, el Pacto crea un mecanismo para garantizar su efectivo cumplimiento por las instancias firmantes: el Comité de Seguimiento y Evaluación, el cual está conformado por una persona representante de cada Apartado de la AMIJ y se reúne, al menos, una vez por año. A la fecha, el Comité se ha reunido en cuatro ocasiones: la primera, en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, con sede en el Distrito Federal, el 26 de mayo de 2011; la segunda, en la Paz Baja California Sur, el 23 de septiembre de 2011; la tercera, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 16 de marzo de 2012, y la cuarta, en el Tribunal Superior Agrario, con sede en el Distrito Federal, el pasado 10 de agosto. En estas sesiones, donde las personas representantes dan cuenta de los avances en la implementación y cumplimiento del Pacto, han participado la ministra Olga Sánchez Cordero, el Ministro José Ramón Cossío Díaz, la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa y el Magistrado Pedro Esteban Penagos López, así como de personas expertas que han propuesto diversas opciones y herramientas para introducir la perspectiva de género al interior de los órganos de impartición de justicia. UN COMPROMISO QUE PERSISTE El 11 de noviembre de 2011, en la Mesa de Equidad de Género, en el marco de la Sexta Asamblea General Ordinaria de la AMIJ, celebrada en Cuernavaca Morelos, se dio cuenta del primer informe del Comité de Seguimiento y Evaluación, mismo que recoge las actividades de los distintos apartados en cumplimiento del Pacto. A dos años de la adopción del Pacto, se puede señalar importantes resultados. Quince tribunales superiores de justicia en el país (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas) emprendieron diagnósticos para conocer su situación en materia de equidad de género, tanto en el ámbito de política interna como en su manera de juzgar. Estos diagnósticos evidenciaron los retos existentes en la materia, los terrenos de oportunidad aprovechables y sustentaron la creación de un Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, el cual enmarca una serie de propuestas para introducir la perspectiva de género. Tres entidades federativas han instalado Comités de Equidad de Género con el mandato de monitorear las acciones implementadas para eliminar la desigualdad y la violencia de género en la vida institucional de los órganos que los integran: Veracruz, el 23 de marzo; Distrito Federal, el 7 de junio, y Chiapas, el 3 de julio; todos del presente año. Con acciones como la adopción y promoción del Pacto, la AMIJ reafirma su compromiso de propiciar una impartición de justicia libre de discriminación por razón de sexo o género, y de promover ambientes laborales libres de violencia al interior de los órganos de impartición de justicia. T *Integrantes del Programa de Equidad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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Lunes 24 de septiembre de 2012 o 13
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14 o Lunes 24 de septiembre de 2012
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Considerar circunstancia económica, educativa y familiar para juzgar con perspectiva de género jorge carballo
Desde hace más de siete décadas se busca la erradicación de la explotación sexual la pretensión punitiva se dirige contra aquel o aquellos que, bajo las más diversas maneras, promueven, facilitan y/o se benefician de ella “Me acerqué a una de ellas y le pregunté cómo se trabajaba ahí, me dijo que solo necesitaba presentarme al hotel, donde me darían permiso de cambiarme sin ninguna condición, ya que sólo necesitaba pagar el alquiler de la habitación donde daría mi servicio, y es así como empecé a pararme sobre la calle…”. Este es el testimonio de una víctima de lenocinio, que por las condiciones de desamparo que vivió, a los 19 años decidió dedicarse al comercio carnal. Magistrada Irma Rivero Ortiz de Alcantara
U
na forma habitual de la explotación sexual es a través de la renta de habitaciones, donde dueños, administradores, encargados o empleados de los hoteles o moteles autorizan a las mujeres a pararse en las afueras del inmueble para ofrecer sus servicios. El planteamiento en este tipo de asuntos se centra en considerar que la actuación de aquellos sujetos no es constitutivo del delito de lenocinio (hipótesis de administrar y facilitar), porque: • El servicio que se les presta en el hotel es lícito, ya que se limita al hospedaje para lo cual el establecimiento cuenta con la licencia respectiva. • El comercio carnal es una práctica normal en el ámbito de la economía de mercado, por lo que la circunstancia de que las mujeres se encuentren ofreciendo sus servicios en la banqueta fuera del hotel obedece sencillamente a las leyes de la oferta y la demanda; • El pago que realizan las “sexoservidoras” es únicamente por el alquiler de la habitación, por tanto ellos únicamente se benefician de la retribución a la que tienen derecho por la inversión que hicieron al montar el hotel. • Las funciones que llevaban a cabo los recamareros, recepcionistas o demás personal de servicio, relativos a “brindar protección”, se encuentran supeditadas a las órdenes de su superior, por tanto sus conductas están amparadas por la causa de justificación de cumplimiento de un deber. Para dar respuesta a los anteriores planteamientos, el juzgador debe ponderar no
sólo el caudal probatorio que existe en el expediente, sino también las circunstancias específicas de las víctimas, considerando que toda la normativa interna e internacional de protección al sexo femenino prohíbe dichas conductas por atentar contra la dignidad de las mujeres. En el caso que se relata, el Tribunal que resolvió el amparo determinó que si bien el pago se hizo bajo el concepto de alquiler de la habitación, ésta no se usaba para el hospedaje sino para la explotación sexual, pues dueños, administradores, encargados o empleados del hotel se apropiaban de las banquetas indicándoles a las pasivos dónde pararse, cómo vestirse y cuánto cobrar; que las habitaciones sólo contaban con una cama y una silla, cobrando a las pasivos 60 pesos por utilizarlas durante 15 a 20 minutos; que en algunos casos dicha utilización por cada pasivo se realizaba por más de 15 veces al día y que por dicho pago el hotel también les proporcionaba preservativo, jabón, papel sanitario y cierto tipo de vigilancia (consistente en brindarles protección mientras se encuentran dentro de las habitaciones), actuación que permitía establecer que ese establecimiento mercantil constituía un lugar de concurrencia dedicado a explotar la prostitución, beneficiándose los dueños y el personal que laboraban en dicho hotel de tal actividad. En el caso que nos ocupa, respecto de la vulneración del bien jurídico tutelado, tratándose de mujeres mayores de edad, que pueden ejercer su derecho de
libertad sexual, se aduce que éstas no son victimizadas, ya que no se puede considerar que actuaran mediante fuerza o engaño, pues éstas habían manifestado expresamente su voluntad para ejercer el comercio carnal. Para acreditar esa vulneración en el delito que nos ocupa es indispensable que el órgano jurisdiccional considere las circunstancias económicas, educativas y familiares de cada una de las víctimas, que las hace encontrarse en un estado vulnerable, mismo que los activos aprovechan para su beneficio económico, toda vez que en el caso que se relata las víctimas se dedicaron a esa actividad no en ejercicio pleno de su libertad sexual, sino porque se vieron obligadas dada su precaria condición económica, falta de empleo y escueto nivel educativo, colocándose en situaciones especiales de riesgo de sufrir violencia y malos tratos. En el expediente se ponderó que las pasivos expresaron ser “sexoservidoras” por necesidad económica e ignorancia. Una precisó que lo hizo porque era madre soltera con un hijo menor de edad y no tenía empleo; otra porque intentó dedicarse al comercio informal pero “tuvo problemas” y necesitaba dinero; la tercera expuso que lo realizó ya que aun cuando trabajó en una fonda, le “pagaban muy poco” y también requería dinero; la cuarta, en virtud de que tenía dos hijos, con cuyo padre tuvo dificultades, además
de que había estudiado sólo secundaria y no tenía trabajo; la quinta, dado que su familia era de “escasos recursos”; y la última mencionó que tenía estudios hasta segundo de secundaria, ya que sus papás no tenían recursos para que los continuara, quienes además la “regañaban” y “no era” que le gustara ese trabajo, pero necesitaba el dinero. Respecto de lo anterior, la normatividad supranacional y el conjunto de recomendaciones que protegen a la mujer tratan de erradicar las conductas como las que ahora nos ocupan (administrar lugares de concurrencia dedicados a la explotación sexual y facilitar los medios para que esto último acontezca), determinando que la pobreza y el desempleo son factores que orillan a las mujeres a ser explotadas sexualmente, lo que constituye una forma de violencia contra las mismas, pues es evidente que en esas condiciones tal actividad no es el resultado del ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, sino de una necesidad que las obliga, siendo presa fácil para su explotación en el ejercicio de su libertad sexual. En consecuencia, si en el caso tales factores incidieron en las pasivos para prostituirse y de ello los activos obtuvieron beneficios económicos, sin lugar a duda se acredita el delito de lenocinio previsto en el artículo 189, fracción III, del Código Penal para el Distrito Federal, por la vulneración al ejercicio pleno de la libertad sexual. T
Lunes 24 de septiembre de 2012 o 15
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especial
La diversidad sexual, una realidad En la historia debe quedar el debate de los derechos de la diversidad sexual, no sólo en México, sino en todo el mundo
E
Alejandra Barrrales*
n nuestro país los avances son notables, sobre todo en el Distrito Federal, sin embargo no se trata de conceder u otorgar una aprobación, sino asumir una realidad propia de nuestra y de todas las sociedades. Reconocer como plenos los derechos de cada persona de vivir su sexualidad y a partir de las decisiones individuales como es su felicidad, compartir un patrimonio, integrar una familia, al Estado le toca garantizar el ejercicio pleno de esos derechos para todos y cada uno de los individuos. Se trata de políticas públicas incluyentes que garanticen que hay respeto y lugar para todos en una sociedad. Hablar de este tipo de garantías y ascender en esa escalinata de derechos, nos permite como sociedad un avance importante al abrir el abanico de los derechos fundamentales de cada persona. No podemos negar que el Distrito Federal se ha colocado en punta de lanza en el país,
como una metrópoli moderna, donde la gente sabe que su sexualidad no es motivo de burlas, discriminación, es un territorio físico donde la gente puede expresarse libremente y manifestar sus preferencias. Además desde el ámbito legislativo, como en el gubernamental se ha podido instrumentar todo un entramado legal y de políticas públicas que le permiten a cualquier persona el libre goce de sus derechos, independientemente de sus preferencias religiosas, políticas o sexuales.
MATRIMONIO LIBRE UN GRAN PASO En la Ciudad de México, gobernada por la izquierda desde hace 15 años, en materia de diversidad hemos tenido un avance significativo, que ha llamado la atención no sólo del resto de las entidades de la república, sino a nivel internacional. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal en 2006 aprobó una nueva normatividad que permitió constituir las sociedades de convivencia, que reconoció el derecho de personas del mismo sexo a tener una unión reconocida por la ley. El proceso para lograr este avance fue bastante largo, porque esa iniciativa estuvo cinco años en proceso legislativo antes de ser aprobada. Las sociedades de convivencia que otorgaban derechos similares a la figura del concubinato, recibió en aquellos años una fuerte oposición de parte de los legisladores de Acción Nacional, porque
se estaba equiparando esta nueva figura con el matrimonio. El sector más conservador de la sociedad mexicana se puso en alerta ante estos avances, sin embargo esa situación no iba a detener los avances que se estaba dando para un sector de la población que exigía con toda justicia el reconocimiento de sus derechos, como el de cualquier ciudadano. Así el siguiente paso tenían que ser los matrimonios entre personas, porque este proceso ya no se iba a detener, pese a la oposición de algunos sectores se avanzó de forma decidida, no hubo pasos para atrás, solo se caminó hacia adelante. En diciembre de 2009 nuevamente la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó las reformas al Código Civil para reconocer que “el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, en donde ambos procuran respeto, igualdad y ayuda mutua”, y elimina la condición de hombre y mujer. En aquella sesión también se aprobaron las modificaciones para las parejas del mismo sexo no tuvieran impedimentos legales para adoptar a un niño o una niña. El debate no fue sencillo, muchas voces se alzaron para tratar de impedir esta nueva conformación de familias. La propuesta vino de la bancada de izquierda, el argumento principal para sensibilizar a los otros legisladores es que se debía privilegiar el interés superior
del menor, no negarle el derecho a tener una familia, de vivir en un hogar y no en albergues, casas cuna, orfanatos o la calle. El debate que se dio en aquellos momentos, atrajo la atención no sólo de los medios de comunicación nacionales, sino la prensa internacional se hizo presente porque era un hecho significativo para los derechos de las personas, porque pocos países se atreven a salvaguardar estas garantías del individuo. Obviamente este triunfo no obtuvo la aceptación automática, sobre todo de las autoridades federales que responden a una visión política de perfil conservador. En enero de 2010 el entonces procurador General de la República, Arturo Chávez promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio para anular las reformas que permitían el matrimonio entre personas del mismo sexo. El argumento de la PGR es que la reforma del Distrito Federal se apartaba del fin constitucional de protección a la familia, concebida en 1974; además se cuestionaba la posibilidad de adopción por parte de estos matrimonios, porque ya no se salvaguarda el interés del niño. El debate se prolongó hasta el mes de agosto que los ministros ratificaron la reforma, con que se dio el reconocimiento para que los derechos civiles adquiridos son aplicables en cualquier entidad de la república. A partir de esa resolución vinieron a la ciudad parejas de distintos puntos del país y otras naciones para darle legalidad a su relación de pareja. Hasta el momento son poco menos de mil 500 parejas del mismo sexo las que han decido casarse legalmente, pero no se trata de número sino de la libertad y garantía de ejercer este derecho. No podemos decir que en materia de diversidad todo se ha ganado, no, aún existe discriminación, acoso, homofobia por parte de algunos sectores, solo con educación nuestra sociedad avanzará para tolerar y respetar a todos. T *Senadora del PRD
16 o Lunes 24 de septiembre de 2012
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Maternidad subrogada en el Distrito Federal especial
El día de hoy, y de manera afortunada, la maternidad es una elección y no un destino
T
Luis González Placencia*
radicionalmente, se suponía que la realización de una mujer tenía que ver con –en términos aristotélicos– la actualización de la potencia de reproducir y dar cuidado a la vida en sentido biológico. Por supuesto, esto suponía –y para algunas personas sigue suponiendo– una anulación de la dimensión profesional, económica, incluso cultural, de las mujeres para dar cumplimiento a la tarea de la maternidad, prácticamente con la indiferencia de los varones. Por esta razón es que, al menos en nuestras culturas latinas, han tenido tanto éxito y vigencias las ideologías que representan a la maternidad como un apostolado y convierten al sacrificio y la abnegación en virtudes típicamente
femeninas. No obstante, la perspectiva de género aplicada a esta construcción patriarcal de la maternidad, nos permite observar los rasgos de inequidad que han privado históricamente. La maternidad no tiene por qué ser un sacrificio ni una experiencia cuyo carácter sublime esté reservado exclusivamente a las mujeres; la maternidad puede ser una elección consciente que se realiza en el marco de una comprensión de la autonomía que se busca prolongar, desde las padres y madres, hasta los hijos e hijas. La maternidad no tiene por qué ser renuncia, en el caso de las mujeres, a su desarrollo profesional, aun y cuando existan condiciones estructurales que permiten la discriminación hacia ellas, y una abdicación del Estado en su tarea de ofrecer servicios de guardería y seguridad social que las fortalezcan. La maternidad puede adquirir diversas modalidades: la de la repartición equitativa de las responsabilidades con el varón, la que ocurre en el contexto de familias diversas o la que asume la madre de manera individual porque así es su elección. Así, lo que ha ocurrido con la experiencia de la maternidad es que, de alguna manera,
se ha desacralizado, lo que no significa que se vuelva irrelevante. Al contrario, al percatarnos de la diversidad de formas que puede adoptar la maternidad, también nos hacemos conscientes de que necesitamos proteger los derechos de las mujeres que son madres y cabezas de familia, pero también de los hijos e hijas que se encuentran insertos en estructuras familiares plurales. Incluso, la evolución del debate nos ha llevado a considerar que la maternidad puede ser una opción para aquellas mujeres cuyas características fisiológicas o condición de salud las harían candidatas no viables para el proceso. Si la maternidad es una elección plena y consciente, también tendría que serlo para aquellas mujeres cuyos cuerpos no son los más proclives a lograr el embarazo de manera natural. Porque, más allá de las expectativas sociales y la carga cultural que se han depositado sobre el embarazo hasta convertirlo en un indicador del éxito en la vida de una mujer, lo cierto es que ésta es una decisión que es de la exclusiva competencia de la mujer que la va a llevar a cabo. El Estado, en cualquier caso, debe crear las condiciones idóneas para que el derecho a la maternidad –o, también, la decisión de no ejercer este derecho– se realice en condiciones de seguridad, no discriminación y con una infraestructura sanitaria adecuada. Por eso es que el tema de la maternidad subrogada se ha vuelto tan visible a últimas fechas: no sólo representa una posibilidad para quienes quieren acceder a la maternidad y paternidad y tienen dificultades médicas para lograrlo de manera espontánea; sino también es una cuestión que abre toda una reflexión sobre los derechos que son inherentes a las madres, padres, hijos e hijas que integran estructuras familiares no convencionales. Es dramática la situación de las mujeres que quieren ser madre pero no pueden lograrlo por razones médicas. Se invierte mucho dinero, mucha energía emocional, incluso se agotan los esfuerzos de toda una familia en las expectativas de procrear. Existe también un mercado negro en el que muchas mujeres en condiciones de vulnerabilidad entregan a sus hijos pequeños a familias sin hijos o hijas, a cambio de una remuneración económica. La causa es la pobreza, la falta de oportunidades, la ignorancia respecto de que las personas no son objeto de cambio, pero también lo es la necesidad material de ciertas personas. Si hay un mercado para la compra y venta de personas –en este caso, niñas y niños– es porque también existe una demanda para este tipo de acuerdos ilegales. Este estado de cosas es resultado, entre otros factores, de la demora en los trámites de adopción o en la falta de recursos de las personas para acceder a los tratamientos de fertilización in vitro. La cuestión aquí es que se vulneran los derechos de las personas estériles, pero también de los niños y niñas que se trafican para llenar esos vacíos jurídicos que permitían a las personas estériles a la maternidad. La Ciudad de México, por muchas razones, es un espacio favorable a la diversidad familiar y a los derechos de las mujeres. Desde noviembre de 2010, cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la Ley de Maternidad Subrogada, que regula, precisamente, lo que ya había venido ocurriendo en la práctica desde hace algún tiempo: que existen mujeres que “prestan” sus cuerpos para gestar los productos de la fecundación asistida con el material genético de terceras personas. Esta práctica, como muchas otras que se relacionan con los derechos sexuales y reproductivos y con el cuidado del propio cuerpo, había estado fuera de la normatividad e invisibilizada, aunque de hecho su frecuencia era evidente. Por eso es importante que las y los legisladores de la ciudad se hayan propuesto discutir francamente el tema y darle una perspectiva de derechos humanos. Desde el Artículo 4 constitucional se protege el derecho de todas las personas
para decidir de manera libre y autónoma sobre el número y espaciamiento de los hijos e hijas que procreen, o incluso la libertad si ellas no quieren hacerlo. La maternidad y la paternidad son derechos, nunca obligaciones. Esto establece un claro límite para la ingerencia del Estado en las decisiones de las personas en materia de sexualidad o paternidad y maternidad. No obstante, también es verdad que la garantía de los derechos por parte del Estado no sólo toma la forma negativa de la no intervención. Existe una obligación de la autoridad pública para facilitar los recursos y la infraestructura que son inherentes a los derechos en su dimensión positiva, como posibilidad de realizar actos o construir proyectos de vida. Esto ocurre con la maternidad subrogada. De hecho, ya hay hospitales del sector público que realizan tratamientos de reproducción asistida, que de realizarse por cuenta propia tendrían un costo tan elevado que los volvería de imposible acceso para la mayoría de la población. De manera general, la referida Ley en el Distrito Federal señala que este tipo de acuerdos entre la persona que aporta el material genético y la que gesta al producto de la fecundación asistida, tendrá que ser altruista y no se deberá ofrecer ninguna remuneración material diferente de la que se derive de los gastos propios del procedimiento. Ahora bien, no es extraño que en otros países, como en Estados Unidos, existan mujeres que se dedican de manera “profesional” a subrogar sus vientres y recibir una remuneración fija por ello. Pero en México, el legislador decidió que no existiera esa remuneración, y quizá por buenas razones. Conocemos el contexto de impunidad e ilegalidad que es resultado de un déficit de institucionalidad. No existe un Estado de derecho generalizado. Enfrentarse con cualquier trámite supone ya una cadena infinita de ventanillas por visitar y horas perdidas. Por eso es que se recurre a la vía rápida que es la corrupción: pagamos por que se formen en nuestro lugar, sobornamos para acceder a un servicio público para evitar hacer filas interminables, entre otros rasgos de nuestra cultura todavía no democrática ni legal. La subrogación de vientres, como he señalado, es una práctica común, pero que se había venido dando como una relación comercial, incluso como una forma de abuso hacia cualquiera de las partes contratantes. Es un logro, sin duda, que con la Ley se saque de esa zona de opacidad y posible corrupción. La referida Ley establece, además, que la persona que proporciona el producto a gestar debe demostrar su incapacidad médica para procrear y que quien autoriza la implantación del mismo en su útero, declare en un documento de intención su disposición a no recibir ninguna remuneración. No obstante el avance que representa normar una conducta como la maternidad subrogada para volverla transparente y libre de corrupción, todavía existen pendientes para el ejercicio de los derechos reproductivos de todas las personas en el Distrito Federal. Pensemos, por ejemplo, en toda la agenda que se abre en este rubro como consecuencia de el reconocimiento de las uniones civiles entre personas del mismo sexo. Tradicionalmente, ellas y ellos no son observados y observadas como agentes responsables para el cuidado de niñas y niñas, y sin embargo, ya no existe impedimento formal para que formen familias diversas a las que protege la ley. Tendríamos que pensar ahora en agilizar los trámites para la adopción y en dotar de más presupuesto a las instituciones de salud pública encargadas de los procedimientos de fecundación asistida. Sólo de esta manera podremos decir, en sentido real, que los derechos reproductivos son universales en el Distrito Federal. T *Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
Lunes 24 de septiembre de 2012 o 17
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La explotación sexual en el Distrito Federal La trata de personas es la forma moderna de esclavitud. Su acepción es tan amplia que no puede limitarse a la definición cerrada de determinadas conductas, como ha sucedido con algunos códigos penales y otras normas de la materia en la República Mexicana
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Dilcya Samantha García Espinoza de los Monteros*
llo a pesar de que el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (mejor conocido como Protocolo de Palermo), nos proporciona una definición enunciativa de este flagelo, sin que su elasticidad llegue a perder la acertividad que permita a las legislaciones estatales una armonización adecuada, sin cargar
a la víctima de la responsabilidad de la prueba, sobre tipificar el delito o dejar resquicios legales que faciliten la evasión de la justicia a quienes son responsables del mismo. Según cifras de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWALC, por sus siglas en ingles), casi un millón doscientas mil personas son víctimas de la trata en México, lo que representa el veinte por ciento de una cifra negra. Ello coloca al país en el quinto lugar entre los países de América Latina en que se comete este delito. Asimismo, se calcula que en la Ciudad de México existe un mínimo de quinientas mil personas en situación de trata con fines de explotación sexual. Más del 85% de las víctimas son mujeres y niñas. La Ciudad de México es espacio de destino, expulsión y tránsito de víctimas de explotación sexual. Según la Dra. Elena Azaola, es uno de los cinco puntos rojos del país para la trata. Las mujeres, niñas y niños víctimas se encuentran en toda la ciudad. Sin embargo existen espacios históricos en donde la trata se concentra desde hace muchas décadas: • La Merced • La calzada de Tlalpan • La avenida Sullivan • El área del puente de San Fernando
Existen otras áreas donde la concentración tiene menos de cincuenta años, o bien que presenta otras formas para comerciar con las víctimas, como disfrazarlas de meseras en loncherías y restaurantes, ofrecerlas como bailarinas exóticas, acompañantes, etc. Éstas son: • Zona Rosa • Insurgentes Sur • Lomas de Chapultepec Todas estas zonas son enormemente concurridas. Incluso algunas de ellas son áreas residenciales. Es importante también destacar que, según CATWLAC, el 87% de las víctimas no son originarias de la ciudad de México, sino de Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, entre otras entidades. Las víctimas se encuentran siendo explotadas a la vista de todas las personas, y quienes las ofrecen y las demandan lo hacen de manera abierta en muchas ocasiones, resulta sintomático que el delito se cometa de manera continua y parezca ser aceptable en la conciencia colectiva y, en consecuencia en la de las autoridades de los tres órdenes y poderes de gobierno, lo cual no ocurre con otros delitos mucho menos graves que se cometen en la vía pública, como el robo a transeúntes, que se tipifica como delito grave sin libertad bajo caución, mientras que la explotación sexual comercial infantil aún puede clasificarse como “corrupción de menores”, que es un delito no grave que acepta libertad bajo caución para el responsable. Asimismo, y a pesar de que el Protocolo de Palermo establece que “el consentimiento dado por la víctima de la trata de personas a toda forma de explotación intencional descrita en el apartado a) del presente artículo
no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de los medios enunciados en dicho apartado […].”,las prácticas de algunos jueces y agentes del ministerio público, siguen sustentando el criterio de que si la víctima afirma que realizó las actividades que implican la explotación de forma voluntaria, no es posible tipificar el delito de trata de personas. Pareciera ser que la sociedad ha normalizado desde siempre la compra venta de seres humanos, y que esta permisión social ha permeado en las políticas públicas, las reformas legislativas y las prácticas dentro del sistema de justicia, que tiende a no sancionar, o a no sancionar adecuadamente, la comisión de estos delitos, minimizando el daño a cualquier bien jurídico aparentemente vulnerado, responsabilizando a las víctimas de haber sido afectadas o bien minimizando la responsabilidad social –e incluso penalde los inculpados. Ello se agrava si las víctimas son pobres o provienen de una población indígena. El Distrito Federal es, sin duda, un espacio de vanguardia en el avance de las leyes y políticas que salvaguardan los derechos fundamentales. Desde los órganos legislativos y ejecutivos del gobierno ha realizado un sinfín de acciones que son un ejemplo para otras entidades e incluso para otros países. No obstante lo anterior, la transformación cultural es un pendiente para el poder judicial, que si bien cuenta con encomiables representantes que han transformado la visión del derecho en esta materia, aún tiene mucho por hacer. La sociedad toda debe cubrir ese pendiente. T *Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
18 o Lunes 24 de septiembre de 2012
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“La protección civil y el riesgo de desastres bajo el enfoque de género” especial
México es una de las naciones que encabezan la lista de los 15 países con mayores poblaciones absolutas expuestas al peligro de terremotos, ciclones tropicales y sequías. De hecho, contamos con todos los tipos de fenómenos previstos en catálogo, tanto naturales como antropogénicos
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Laura Gurza Jaidar*
s muy interesante el poder reflexionar sobre la interacción que se da entre dos temas de suma importancia en nuestra actualidad: el de la Protección Civil y su vinculación con la equidad de género, ya que la agenda de género no es un tema que competa exclusivamente a las mujeres, sino que se trata de involucrar a todos en la generación del bien común. Y en este contexto la inclusión de la perspectiva de género en el tema de protección civil es sumamente importante. Hace apenas poco más de 26 años que en México nació el Sistema Nacional de Protección Civil, el SINAPROC, y entonces pocas disciplinas se veían vinculadas a la amenaza de los fenómenos naturales, menos aún a sus consecuencias, los desastres, quizá para los geólogos y sismólogos, o los ingenieros de estructuras y por supuesto, a los integrantes de los organismos de socorro, su participación resultaba obvia o al menos más clara pero ciertamente nadie veía la necesidad de incorporar otras disciplinas, como las de las ciencias sociales, que nos permitieran ver con otros lentes, como la perspectiva de género, las situaciones previas y las consecuencias en las emergencias y desastres que de un modo diferenciado viven hombres, mujeres, niños, ancianos, etc. En las actividades de la vida diaria en un espacio y tiempo determinados, convergen amenazas físicas, relaciones sociales y muchas elecciones individuales conscientes o inconscientes. En esta convergencia surgen patrones de vulnerabilidad en los que varias características económicas y
personales de la gente ahí situada influyen en el grado de afectación o susceptibilidad a serlo, durante las emergencias y desastres. Este grado de vulnerabilidad depende en buena medida de la ubicación geográfica, pero también de condiciones de sexo, edad, discapacidad, religión, raza o etnia, así como de la concepción social de cada una de estas condiciones culturalmente implantadas en una comunidad, y así también como del grado de educación y de la condición socioeconómica de cada individuo ahí expuesto. Por eso, nos atrevemos a afirmar, que los desastres son en esencia socialmente construidos, al igual que los roles de género, y sus consecuencias cuando son de gran magnitud, nos redefinen como personas y como instituciones, con el fin de adecuarnos a las “nuevas necesidades” y responder a los retos que se generan, por ello es indispensable verlos desde diferentes ópticas, ya que a decir verdad desde su origen, la construcción de los riesgos necesitaron de la participación activa de múltiples actores y con diferentes tipos de acciones u omisiones para producir el efecto de la destrucción como resultado, de ahí que se diga que no hay desastres “naturales”, pues naturales pueden ser los fenómenos que los desaten más no necesariamente sus consecuencias. Entre esas causas encontramos las de orden económico, generalmente ligadas con la pobreza pero otras veces con la inversión inadecuada de recursos, o bien, causales de orden socio-organizativo, político, de orden ecológico e incluso de orden ideológico y cultural, y que pueden dar sustento y explicar por qué una sociedad está o puede estar viviendo un escenario de desastre.
Por ejemplo, natural puede ser que llueva torrencialmente en una zona de montaña, y que el agua excedida se conduzca por gravedad a través de los canales de la naturaleza (ríos, arroyos, etc.) hasta encontrar su salida al mar o a un sistema lagunar. Lo que no es natural, es que por usar la madera, o para ampliar cultivos, se deforeste irracionalmente la montaña, y por ende le restemos estabilidad a las laderas y capacidad de absorción al suelo, lo que provoca que sea más el agua que escurra hacia el río, el que rebasado irá desbordándose, pero llevándose a su paso las casitas que inadecuadamente fueron construidas al pie de río o sobre las laderas ya inestables por la misma deforestación, y bien, finalmente en su trayecto el agua termine por inundar alguna comunidad aguas abajo, y todo esto evidentemente que no es natural. Como bien sabemos, los desastres (desencadenados por fenómenos de origen natural o humano) suceden desde que el hombre existe, pero se han venido agudizando en cantidad, en complejidad y en destructividad, en las últimas décadas, como consecuencia y evidencia de diversos factores: el cambio climático que ha modificado el comportamiento atmosférico, pero también el inadecuado ordenamiento territorial, ineficaces políticas de desarrollo y de uso del suelo, así como el crecimiento industrial sin una adecuada gestión de sus riesgos, son algunos factores que pueden apuntar a una mayor probabilidad de desastres, pero igualmente lo son el crecimiento demográfico y económico que demandan a su vez el incremento en la inversión de desarrollos de infraestructura y de
asentamientos humanos los que sin una adecuada gestión integral del riesgo harán más costosa la reconstrucción de actualizarse la hipótesis del desastre. No debo omitir que los desastres impactan profundamente en el comportamiento de las dinámicas sociales, y que de no atenderse adecuadamente pueden llegar a desplazamientos masivos, o a la lucha por el control de los recursos estratégicos y por territorios que de manera real o aparente ofrezcan mejores condiciones para ser habitados, además, pueden construirse condiciones de ingobernabilidad y modificar patrones sociales, políticos, económicos, incluso religiosos o ideológicos. Y Todo lo anterior, detonaría probablemente un impacto aún más agudo para las mujeres y otros segmentos de población como los niños y los ancianos. Siguiendo el ejemplo de las lluvias torrenciales o intensas, mujeres y niños, tradicionalmente con menos movilidad, son mayoría en la estadística de la Temporada de Ciclones Tropicales 2009-2011, de muertes por deslizamientos de ladera o derrumbes (viviendas mal ubicadas o mal construidas), mientras que los hombres lo son por el arrastre de agua o inmersión, generalmente por cruzar ríos y arroyos, en presencia de estas lluvias. Los primeros, se han resguardado en un sitio inadecuado y esto les ha cobrado la vida, en los segundos, se han asumido riesgos innecesarios. Estos son datos que sin duda deben analizarse bajo una adecuada perspectiva de género a efecto de tomarse en cuenta en los programas de difusión y de capacitación a la población en materia de protección civil, pero también en los sistemas de alerta temprana. De ahí la importancia de contar con una gestión integral del riesgo (GIR) que tome en cuenta las diferentes capacidades y recursos físicos, económicos, tecnológicos, entre otros, con los que cuenta una comunidad con el fin de fortalecerlas y poder así convivir de un modo más armonioso con los diferentes riesgos. La gestión del riesgo, en consecuencia, debe reconocerse, reclamarse y ejercerse como un derecho humano en sí mismo, pero además, como requisito sine qua non para que los demás derechos –empezando por la Vida y la salud- puedan ejercerse. El Programa Nacional de Protección Civil 2008-2012 que se describe como una política pública de concertación y coordinación que trasciende en la consolidación de una cultura de prevención y autoprotección, hace transversal el enfoque del manejo integral de riesgo entre los tres órdenes de gobierno, así como para los sectores social y privado, y brinda soluciones de fondo mediante estrategias efectivas de prevención, a través de una adecuada planeación, así como de la administración y atención de las emergencias. En ese sentido, y bajo un esquema de corresponsabilidad y de participación interinstitucional la Coordinación General de Protección Civil (CGPC) tiene como uno de sus objetivos el de coordinar acciones para incorporar la perspectiva de género en la Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Vale señalar que la GIR hoy es ya mandatada como una óptica que todos debemos adoptar de manera obligatoria por la nueva Ley General de Protección Civil (Publicada en el DOF el 06 de Junio de 2012) Por ello y con la finalidad de alinear
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Inmujeres acciones en respuesta a las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, la CGPC está realizando acciones de coordinación interinstitucional para la Transversalización de la Perspectiva de Género en Políticas Públicas de la Gestión Integral de Riesgos cuyos socios estratégicos lo son el PNUD/México, el INMUJERES, Así como Unidades de Protección Civil e Instancias de la Mujer en los Estados y Municipios, entre otras a fin de: Prevenir los riesgos, los desastres y las crisis inherentes, mediante un enfoque integral que contribuye al desarrollo humano sustentable, garantizando la protección de la integridad física y patrimonial de las personas ante los riesgos de desastres y reduciendo su vulnerabilidad ante ellos, emprendiendo la protección al ambiente, promoviendo la equidad, impulsando una política social que blinde a los pobres del riesgo de ser más pobres a causa de los desastres, y lograr ascender a nivel constitucional la política de la GIR. Promover la planeación de los asentamientos humanos tomando en consideración el riesgo, la participación comunitaria, la equidad de género y garantía de los derechos humanos, haciendo así efectivo el cumplimiento de las nuevas leyes (de protección Civil y de Cambio Climático) Importante mención merecen los fenómenos que cómo consecuencia de un desastre, necesitan ser estudiados y profundizados, como el de la de migración, que provoca un desplazamiento de población ya sea al exterior, expulsando a jefes o jefas de familia, vulnerando a los niños y niñas, que no quedaron huérfanos después del desastre, pero que al ser abandonados, quedan en ese estatus, lo cual conlleva a minimizar sus posibilidades de crecimiento físico e intelectual, o lo que es peor, a ser reclutados en las filas del crimen organizado ya sea en el narcotráfico o tráfico de personas por mencionar algunos. Un desastre puede ser semillero de delincuencia juvenil y/o abuso de menores. Mismo escenario representa para las mujeres jefas de familia, en una zona devastada por un fenómeno natural sin oportunidades de poder mantener a su familia porque los procesos productivos se vieron mermados o destruidos. Las mujeres sobrevivientes de los desastres suelen ser quienes llevan la carga más pesada en diferentes tareas, a pesar de que muchas veces son más resistentes a los desastres, ya que en las etapas de emergencia y reconstrucción son las encargadas de atender a los demás, entre ellos niños y niñas, personas heridas o enfermas, y personas adultas mayores, además generalmente no se presta la atención debida por el administrador de la emergencia para asegurarse sí las mujeres y sus familias en verdad se benefician con la ayuda que fluye. Se requiere de la intervención, a distintos niveles, de gobiernos y de la sociedad civil para lograr tener una propuesta de prevención y mitigación del impacto que ocasionan los desastres, la cual reconozca los roles y responsabilidades diferenciadas de mujeres y hombres ante estas situaciones de crisis. El poder elaborar planes y programas de protección civil a partir de la vida cotidiana de las comunidades, ofrece la oportunidad de incluir en los mismos la estrategia de equidad de género. La protección civil es una oportunidad para promover relaciones equitativas entre las mujeres y los hombres, y la equidad de género es una condición para una gestión del riesgo efectiva, en la medida en que permite mejorar significativamente la comprensión de las causas e identificar soluciones más adecuadas e integrales. T *Coordinadora General de Protección Civil. Secretaría de Gobernación - México
Las alertas de desastres también deben de incluir el enfoque de género especial
A la hora de tomar decisiones para salvaguardar la vida e integridad de las personas, es necesario contar con los mayores elementos y conocimientos de la sociedad para reducir su vulnerabilidad José Alberto Gallardo Hernández
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oy en día existen diversos mecanismos de prevención de desastres tales como los atlas de riesgos, la conformación de brigadas comunitarias o los sistemas de alerta temprana, que pueden advertir a la población sobre la presencia inminente de lluvias, ciclones tropicales, huracanes, sismos, erupciones volcánicas o tsunamis. Para que estos alertamientos sean eficaces deben incluir de forma implícita la perspectiva de género, es decir, estar diseñados pensando en las personas y en las comunidades que serán quienes entiendan la alerta, la comuniquen, entiendan el peligro y sepan cómo actuar o reaccionar ante el embate inminente de la naturaleza desde una gestión integral del riesgo. La forma en que mujeres y hombres reaccionan y operan la alerta será la correcta en función de los conocimientos, recursos, información y el lugar que éstos o éstas ocupen en la toma de decisiones al interior de sus familias y comunidades; por eso es tan importante reducir las brechas que hacen más vulnerables a ciertos grupos poblacionales, como en el caso de la educación. De acuerdo con
datos del Censo de Población y Vivienda del 2010, a nivel nacional, 6 de cada 100 hombres y 8 de cada 100 mujeres de 15 años y más no saben leer ni escribir. El porcentaje de población analfabeta de 15 y más años de edad aumenta en las entidades federativas donde todos los años se presenta un mayor número de fenómenos hidrometeorológicos como los huracanes, tal es el caso de Chiapas (17.8%), Guerrero (16.7%), Oaxaca (16.3%), Veracruz (11.4%) y Yucatán (9.2%), por mencionar algunos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, en 2009 el 96.3% del total de daños y pérdidas cuantificadas fueron producto de fenómenos de origen hidrometeorológico, que van desde lluvias intensas, ciclones tropicales e inundaciones, hasta severas sequías. Otro de los factores a considerar al mo-
mento de emitir la alerta es si la población que será afectada es hablante de alguna lengua indígena. En México, de acuerdo con datos del INEGI, 6 millones 695 mil 228 personas de 5 años y más hablan alguna lengua indígena, las más habladas son: náhuatl, maya y lenguas mixtecas. A nivel nacional, de cada 100 personas que hablan alguna lengua indígena, 14 no hablan español. El mayor porcentaje de hablantes de lengua indígena (entre 15 y 30%) se concentra en el sureste del país (Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas), zona donde cada año se cuantifican mayores pérdidas ocasionadas por fenómenos de origen natural. Los datos anteriores ponen de manifiesto la necesidad de contar con mayores elementos a la hora de tomar decisiones para salvaguardar la vida e integridad de las personas y reducir su vulnerabilidad, entendida como el grado en el que éstas o sus comunidades pueden ser afectadas por el embate de la naturaleza, ya sea por sus características físicas, económicas, sociales, ambientales, políticas, educativas, tecnológicas o hasta institucionales, que las puede colocar en una mayor desventaja en cualquiera de las etapas de la gestión del riesgo (prevención, mitigación, preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y reconstrucción). Naciones Unidas tiene documentadas experiencias exitosas en el tema de alertamientos con enfoque de género, como el caso de la comunidad de la Masica, en Honduras, donde se capacitó a la comunidad sobre el tema en 1998. Posteriormente, las mujeres de la comunidad se encargaron de monitorear el sistema de alerta temprana que había sido abandonado. Seis meses después, La Masica no reportó ninguna muerte durante el Huracán Mitch, debido a que el gobierno pudo evacuar. (Sánchez, 2000) A partir del huracán “Ernesto”, ocurrido en agosto de 2012, en México se contó por primera vez con datos sensibles al género (a través del Sistema de Análisis y Visualización de Escenarios de Riesgo SAVER del Centro Nacional de Prevención de Desastres) donde a través de mapas georeferenciados y diversas capas de información se pudo visibilizar, por municipio, el número de hogares con jefatura femenina que podrían ser potencialmente afectados por el paso del fenómeno hidrometeorológico, además de las zonas donde la mayor parte de la población habla alguna lengua indígena, por lo que surgió la necesidad de informar a la comunidad en su propia lengua sobre los riesgos a los que podrían estar expuestos. La cultura de la prevención (evitar el riesgo), aunado a una mitigación adecuada (reducir el riesgo) y a la preparación (aumentar la capacidad de respuesta) son elementos que pueden marcar la diferencia y hacer que las amenazas de origen natural no tengan que convertirse en desastres. Así lo expresa la recién publicada Ley General de Protección Civil, que contempla a la gestión integral del riesgo de desastre como el eje rector del Sistema Nacional de Protección Civil, del que los sectores social, público y privado son parte, articulados bajo el principio de protección a la vida, la salud y la integridad de las personas. El reto ahora es poder contar con indicadores que sean útiles para las instituciones que se dedican a la protección civil y a la gestión integral del riesgo de desastres, para que sepan cómo pueden procesarse los datos y adelantarse a los escenarios catastróficos para que puedan estar preparadas y entonces eviten un escenario de desastre. Las mujeres también deben ser escuchadas y participar en las evaluaciones de las comunidades y los proyectos de recuperación, en el diseño y operación de los refugios, en el diseño urbano de la reconstrucción y rehabilitación de viviendas. T
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Inmujeres afp
Después de un desastre natural, las niñas y niños son el sector de población más expuesto En los últimos años, la incidencia de fenómenos naturales derivados del cambio climático se ha agudizado tanto en su impacto y efectos en la población como en su recurrencia Laura Liselotte Correa de la Torre*
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nivel mundial, UNICEF (2012) reportó en su informe de acción humanitaria que en la región de América Latina y el Caribe huracanes, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, terremotos y erupciones volcánicas asolaron a la región. En los últimos 10 años, unos 64 millones de personas han sido afectadas y decenas de miles de personas luchan por sobrevivir las secuelas de estas crisis, destaca que a nivel mundial los grupos más vulnerables son las mujeres, las niñas y los niños. Durante y después de un desastre natural, las niñas y niños son el sector
de población más expuesto a padecer desnutrición, heridas o enfermedades físicas y mentales e incluso a perder la vida. Otros daños son la pérdida de sus hogares, la orfandad y la migración. Las situaciones expresadas nos permiten reflexionar dos aspectos fundamentales: el primero se refiere a la vulnerabilidad de ciertos grupos sociales, derivada de las situaciones de desigualdad que enfrentan las personas por razones tales como su sexo, edad, etnia y posición socioeconómica, entre otras. Un segundo aspecto se refiere a la necesidad de diseñar e instrumentar mecanismos y herramientas tendientes a reducir el riesgo frente a una amenaza. Empero, dicho análisis requiere se contemple la perspectiva de género como un eje transversal en las fases de preparación, prevención, atención, mitigación, resiliencia y reconstrucción. Para ello es indispensable reconocer la desigualdad entre mujeres y hombres. Factores como el limitado acceso a recursos financieros, exposición a condiciones de pobreza, responsabilidad en el cuidado de otras personas, susceptibilidad de sufrir violencia dentro y fuera del hogar y las dificultades para participar en procesos de capacitación, entre otros, se materializan como causas de una mayor vulnerabilidad de las mujeres.
Si partimos del hecho de que las mujeres son las principales responsables del cuidado de la familia y, en casos de desastre, de su supervivencia, al emprender acciones tendientes a fortalecer las capacidades de la población infantil se construyen mecanismos que favorecen la equidad y permiten disminuir los riesgos. En este sentido, la protección de los derechos de niñas y niños se constituye en medio y fin en la gestión integral de riesgo con perspectiva de género. La construcción de una cultura de la equidad desde la infancia, a través de la cual se generen y promuevan los valores de la igualdad, la equidad, la no discriminación y el respeto a los derechos de las personas, representa un fin en sí mismo, pero también un medio para garantizar en el futuro sociedades más justas. De esta manera, la inversión que se hace en niños y niñas sienta las bases para la equidad, la protección y acceso pleno de los derechos, la no discriminación y la erradicación de la pobreza. Los convenios y tratados internacionales, así como la legislación nacional, dan cuenta de la importancia de diseñar e instrumentar planes, programas y acciones que garanticen a niñas y niños la protección de sus derechos y la concreción de las medidas requeridas para
garantizar su bienestar físico y mental. En la materia que nos ocupa, la agenda de género ha incorporado en su quehacer institucional el desarrollo de acciones para la reducción del riesgo dirigidas a la población infantil. La publicación de literatura especializada, el desarrollo de actividades lúdicas, la realización de talleres, simulacros y exposiciones, entre muchas otras formas de enseñanza-aprendizaje, son actualmente herramientas que informan, capacitan y preparan a niñas y niños para reducir el riesgo y los peligros derivados de una amenaza, promoviendo la igualdad y la participación de los mismos en la toma de decisiones. Cada uno de los materiales empleados es diseñado como una medida que permite a la población infantil tomar conciencia sobre la importancia de su participación antes, durante y después de la incidencia de un desastre de origen natural, destacando así la importancia del trabajo colectivo, su participación como miembro de la familia y de su comunidad. Niñas y niños se han manifestado activamente sobre estos temas: en mayo de 2011, en el marco de la Plataforma Global para la Reducción de Riesgo de Desastre, se lanzó la Carta de la Niñez para la Reducción del Riesgo de Desastres, elaborada con base en consultas realizadas a niños y niñas en 21 países de África, Asia, Oriente Medio y América Latina, donde se identificaron prioridades para la infancia como contar con escuelas seguras, la protección de la niñez antes, durante y después del desastre, el derecho a participar y tener el acceso a la información que necesitan, propiciar una infraestructura comunitaria segura, la ayuda y la reconstrucción para reducir el riesgo en el futuro y disminuir el riesgo de desastre en los grupos de mayor vulnerabilidad. Las intervenciones y acciones concretas que se realicen con la población infantil facilitan el logro de resultados en el corto plazo. Su incidencia permanente en los diferentes espacios —hogar, escuela y comunidad— dará cuenta de su sustentabilidad en la medida en que se aprovechen las fortalezas y capacidad de adaptación de niñas y niños, así como su participación en la elaboración e instrumentación de herramientas educativas y de difusión. Estas prácticas favorecen que en el mediano y largo plazo se diseñen y apliquen políticas de prevención, protección, rehabilitación y reinserción, sobre todo para aquellos que viven en condiciones desfavorables y están expuestos a riesgos. La exposición directa al desastre, tener lesiones, la muerte y luto de algún familiar, vivir temporalmente en otro lugar, el desempleo de la madre y/o el padre, la pérdida de bienes personales, entre otros efectos, dan cuenta de la necesidad de tener una visión integral en la reducción de riesgos antes y después del fenómeno natural, considerando como primordial la participación de hombres y mujeres en estos procesos, priorizando su relación y expresiones afectivas con la población infantil. Los efectos del cambio climático y por ende la incidencia de desastre son latentes y requieren un compromiso social y sustentable por parte de los sectores público, privado y social. Niñas y niños son un agente de cambio, el impulsar actividades que incrementen su grado de conciencia en la construcción de relaciones equitativas y la protección del medio ambiente se traducirán en promoción y acción que garantice a las generaciones presentes y futuras una mejor a calidad de vida, niveles mayores de bienestar y un incremento en su desarrollo social. T *Directora de Desarrollo Humano Sustentable del Instituto Nacional de las Mujeres
Lunes 24 de septiembre de 2012 o 21
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¿Los medios de comunicación discriminan o fomentan derechos? ¿Qué es lo que mueve a los medios de comunicación a comprometerse o no a favor de una cultura de derechos humanos en México? ¿Por qué algunos incurren aún en casos de discriminación o negación de derechos?
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Daniel Ponce Vázquez*
n este artículo reflexiono sobre el papel que cumplen –o debieran cumplir- los medios en la construcción de una cultura de la igualdad y el combate a toda forma de discriminación en el país. ¿Qué reflejan los medios de comunicación? ¿Nos reflejan como sociedad? ¿Serán las telenovelas reflejo de la realidad y de la vida de las personas? ¿Será que en
verdad sí somos como nos describen? ¿Reflejarán los locutores de la televisión los rasgos físicos de quienes formamos parte de la sociedad? La discriminación va de la sociedad a los medios y de los medios a la sociedad. Y la sociedad está inmersa en los medios y los medios forman parte de la sociedad, en virtud de que la discriminación es causa y efecto de una serie de fenómenos que están igualmente relacionados con el contenido y forma que se expresa en estos. La discriminación es una relación social en la que un grupo, con capacidad de ejercer alguna o varias formas de dominación (económica, política, cultural), otorga menos valor o rechaza a otro grupo social, colocándole en una situación de desigualdad. La discriminación se nutre de una cultura de dádivas, no de derechos; disminuye la esperanza de vida y el acceso a los servicios. La discriminación lastima y daña la condición humana e impide la construcción de una ciudadanía plena, basada en la solidaridad y la convivencia respetuosa en una sociedad. Toda forma de discriminación toma como punto de partida algún rasgo característico del grupo excluido, y con base en él se crean y
reproducen estereotipos de inferioridad, inmoralidad o peligrosidad. En este sentido, algunos medios optaron por contribuir a la construcción de un imaginario colectivo en el que ciertos grupos aparecen como víctimas del desprecio y del trato diferenciado negativo. Le apostaron a la reproducción y a la imitación, reflejando realidades sociales que poco o nada suman a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. La discriminación en que incurren algunos medios se ve reflejada en las abundantes palabras, imágenes y mensajes racistas, clasistas, sexistas y machistas. Nos “miran” bajo los estereotipos que en la sociedad persisten sobre la mujer, las personas indígenas, homosexuales, con discapacidad, etc. Olvidan que no todos hablamos español y que las personas sordas no escuchan lo que se transmite en la televisión y necesitan de la interpretación en lenguaje de señas. Presentan a la mujer como objeto sexual a través de la publicidad televisiva (cuerpo, belleza y sexo); a las personas no heterosexuales como caricaturas, objeto de desprecio, burlas y bromas homofóbicas; y a las personas y pueblos indígenas como octavio hoyos
ignorantes, pobres y folclore, llegando a burlarse de sus formas de ser, hablar y vestirse. Así, vía los medios, se expresan nítidamente los prejuicios, estereotipos y estigmas de la sociedad, reflejo de una cultura de privilegios. No obstante, los medios de comunicación pueden ayudar a combatir la discriminación. Sean medios masivos, alternativos o educativo-culturales; o sean escritos, audiovisuales o medios electrónicos; su participación en la lucha por la igualdad y la no discriminación es hoy muy importante por sus aportes en la generación de campañas de información, la transmisión de valores y la formación de la opinión pública y la concientización ciudadana. Debido a su nivel de credibilidad y confianza que tienen socialmente, todo ello puede favorecer a la socialización responsable de una educación y una cultura de la no discriminación. El periodismo y los medios informativos pueden ser un motor de cambio, ayudando a construir ciudadanía cuando son responsables y cuestionadores de prácticas que discriminan y excluyen a personas y a grupos de la población; y cuando, situados en la propia cultura social, logran hacer lecturas críticas de la realidad, pero sin deformarla. Cuando ayudan a reflejar lo que somos y a que nos veamos realmente como somos. Cuando nos ayudan a ser conscientes de que no nos conviene un sistema tan desigual, sino, todo lo contrario, que nos conviene más un sistema más justo, igualitario y democrático. No puede haber democracia si los medios no crean ni dan cuenta de cómo se construye la igualdad. No puede haber democracia si la sociedad no protege la libertad de expresión y no protege a sus periodistas. Existe la gran deuda de protegerles porque son quienes pueden reflejar, cuestionar, visibilizar tantas situaciones de discriminación, exclusión y otras violencias en nuestro país. Nuestro actual marco legal obliga al Estado mexicano, a sus entidades y a sus autoridades a garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas, incluido el derecho a la no discriminación. Con la existencia de medios plurales, abiertos, inclusivos y accesibles para todas y todos (particularmente para las personas y los grupos en mayor situación de vulnerabilidad), será posible ampliar la libertad de expresión y garantizar efectivamente el pluralismo mediático democrático, sin privilegios ni monopolio. Como dicen los instrumentos internacionales de derechos humanos, una forma de discriminación es la falta de equidad en el acceso a los medios de comunicación. Entre los retos pendientes: se podría ampliar el acceso a los medios de comunicación de más voces de todos los sectores de la población; actuar conforme a derecho en los casos que se use la libertad de expresión para dañar a terceros, cometer delitos o difundir discursos de odio, así como reformar y reforzar el carácter público y la función social de los medios. En este panorama, socialmente podemos decidir e incidir, como creadores de contenidos o consumidores de ellos, en cuál queremos que sea la función que cumplan los medios de comunicación: como un instrumento de cambio y promoción de una sociedad con mayor igualdad o como multiplicadores y perpetuadores de la desigualdad y la discriminación. T *Director general adjunto de Vinculación, Programas Educativos y Divulgación de Conapred www.conapred.org.mx @DanielPonce_
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Inmujeres jesús quintanar
Los límites al fuero militar, un avance para lograr el acceso a la justicia En las últimas semanas en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han debatido más de 20 casos asociados con el denominado fuero militar
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Mario Patrón Sánchez*
stamos hablando de casos graves relacionados con ejecuciones, torturas, privaciones ilegales de la libertad, entre otros tantos actos de abuso de autoridad que se vieron reflejados en los casos debatidos. El proceso de discusión sobre el papel del fuero militar en un sistema jurídico y en una sociedad en democracia, no ha sido sencillo, ni rápido y sobre todo se ha tenido que impulsar a la luz de graves violaciones a los derechos humanos. No es gratuito que de los seis casos de México en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), cuatro de ellos se refieran a actos de militares sobre graves violaciones y particularmente realizadas en el estado de Guerrero. Estamos hablando de los casos de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco, la detención arbitraria y la tortura de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera y de las agresiones sexuales y torturas hacia las indígenas Me Phaas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú. En todos estos casos las víctimas denunciaron los delitos, sin embargo en un ejercicio de aplicación expansiva del fuero militar las instituciones civiles abdicaron la competencia a favor de la Procuraduría Militar, en donde las investigaciones no prosperaron. La garantía de independencia e imparcialidad en la procuración e impartición de justicia es un principio fundamental para que las víctimas tengan acceso a que se conozca la verdad de lo sucedido, se procese y sancione conforme a derecho a los responsables, se repare el daño de manera integral y se instrumenten las medidas estructurales de no
repetición que impidan que los hechos se vuelvan a repetir. El fuero militar no asegura la independencia e imparcialidad dentro de otras cosas por que es la misma institución la que se “investiga” así misma y los casos llevados a la CoIDH son un claro ejemplo, en tanto que el fuero militar resolvió la inexistencia de delitos el sistema interamericano condenó a México por graves violaciones a los derechos fundamentales. Un ejemplo mayúsculo en estos casos fue el de la indígena tlapaneca Valentina Rosendo Cantú, pues el 8 de marzo de 2002, un día después de que Valentina interpuso formalmente su denuncia penal, la SEDENA emitió el boletín de prensa número 025, en el que antes de investigar, es decir prejuzgando lo denunciado por Valentina y exonerando de antemano a los elementos militares, niega los hechos públicamente e incluso en su posición pública refiere que fueron fabricados por la indígena Me Phaa. Como se puede observar, este ejemplo es claro para afirmar que de antemano la investigación estaba destinada al fracaso, pues la misma sería atendida por un órgano de investigación militar que ya contaba con opiniones preconcebidas que descalificaban el dicho de la víctima. De ello dio cuenta la CoIDH en todos los casos previamente señalados, pues condenó al estado Mexicano, por aplicar expansivamente el fuero militar en perjuicio de las víctimas civiles, negando con ello el derecho al acceso a la justicia. El estándar de protección confirmado por la CoIDH para los casos mexicanos y reiterado previamente en múltiples casos particularmente del Perú y de Colombia se reduce a dos principios fundamentales: • “En un Estado democrático de Derecho la jurisdicción penal militar debe tener un alcance restrictivo y excepcional, teniendo en cuenta que solo debe juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas que por su propia naturaleza atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. En este sentido, cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural. Esta garantía del debido proceso debe analizarse de acuerdo al objeto y fin de la Convención
Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana. Por estas razones y por la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos.” • “[…] por la naturaleza del crimen y el bien jurídico lesionado, la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos”. El estándar de protección de los derechos es contundente, en un Estado democrático la jurisdicción militar sólo se explica en la medida de que tiene un alcance restrictivo y excepcional y en estos términos las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles y en perjuicio de los propios militares, no pueden considerarse como actos que atentan contra la disciplina militar, sino que contra los derechos básicos de las personas y por lo tanto deben ser las instancias civiles de procuración y administración de justicia quienes investiguen y juzguen a los responsables. En nuestro país llegar a la aplicación de lo establecido por la CoIDH, no fue un proceso sencillo. Debemos recordar que desde hace ya muchos años por disposiciones del Ejecutivo e incluso del propio Legislativo y del Poder Judicial, el Ejército ha ido ganando fuerza en los espacios tradicionalmente destinados para la vida civil. Si bien en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox se dieron algunas pinceladas de la cada vez mayor participación militar en espacios civiles, como fue agregar al Ejército en el Consejo Nacional de Seguridad Pública o integrar una corporación policial compuesta en su mayoría por elementos castrenses, o designar a un militar a cargo de la Procuraduría General de la República, ha sido en realidad en la administración del Presidente Felipe Calderón cuando la presencia militar se ha generalizado. Lo que en las administraciones de Zedillo y Fox, se pudo observar como actos que impulsaba y fortalecían la expansión de las funciones del Ejército, terminó por delinearse con la llegada del Presidente Felipe
Calderón, quien indudablemente bajo el escenario de la denominada delincuencia organizada, ha apostado al establecimiento de un régimen de seguridad pública basado en las fuerzas armadas. Más allá de la evaluación correspondiente sobre si ha rendido los resultados adecuados o no la militarización de la seguridad, lo que sí es evidente es que se han multiplicado las violaciones a los derechos humanos que son consecuencia directa de la presencia del Ejército en las calles. Dicha situación, se ha puesto en relieve ante el aumento significativo del número de quejas recibidas por los organismos públicos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que en los dos primeros años del sexenio de gobierno de Felipe Calderón, se sextuplicaron al pasar de 182 en 2006 a 1,230 en 2008. Este aumento alarmante en violaciones reportadas ante los organismos públicos de derechos humanos no ha sido acompañado por mecanismos de acceso a la justicia que permitan investigar a fondo y con ello verificar la veracidad de las denuncias. Lo anterior, se debe en gran parte a la extensión de la jurisdicción militar sobre los delitos que constituyen violaciones a derechos humanos, pues por lo menos a partir de los casos resueltos por la CoIDH, se advierte que el fuero militar no constituye una instancia con la autonomía, independencia e imparcialidad que permita incorporar procedimientos de investigación y sanción a los militares responsables. Una de las implicaciones del Estado democrático de Derecho es que frente a la dotación de mayores atribuciones, funciones y facultades, igualmente se deben generar mayores mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas, pues aplica la fórmula “a mayores facultadesmayor responsabilidad de transparencia”. Las resoluciones de la SCJN que acotan la aplicación expansiva del fuero militar y ordena que sean las instancias civiles quienes conozcan de casos en donde se atribuye a personal militar la violación derechos humanos, podría constituir un mecanismo de control externo a las fuerzas armadas que permita una mayor transparencia y rendición de cuentas en su accionar. La aplicación expansiva de la jurisdicción extraordinaria militar ha obstaculizado la oportunidad para que las víctimas accedan a la justicia, se conozca la verdad de lo sucedido e incluso se instrumenten medidas de no repetición que en lo futuro eviten que el personal militar continúe consumando las mismas violaciones a los derechos humanos. A partir de las resoluciones valientes emitidas por la SCJN, y que más garantía ofrece a los derechos fundamentales de las víctimas de abusos cometidos por elementos del Ejército, el reto se traslada a las instituciones federales del orden civil, a la PGR y a las juzgados de distrito. Así tenemos por ejemplo que a poco más de dos años de notificadas las sentencias de la CoIDH en los casos de las indígenas tlapanecas Valentina Rosendo e Inés Fernández, las investigaciones no llegan a buen puerto. El sistema interamericano ordenó a México para que en dichos casos se realizara una investigación no sólo en el fuero ordinario civil, sino que con perspectiva de género y de diversidad cultural pues estamos en presencia de víctimas que han sufrido por lo menos tres formas de discriminación ante los aparatos de justicia: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. En hora buena que la SCJN, en su mandato como órgano supremo de control judicial acotó la jurisdicción militar, esperemos que las instituciones civiles estén a la altura y den resultados de justicia prontos y contundentes, pues sólo así se convertirá en un verdadero mecanismo de control externo y vigilancia hacia el actuar de las fuerzas armadas. T *Primer Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
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Miradas a la discriminación
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Mi abuelo fue un oaxaqueño originario de Ejutla de Crespo que, entre otras cosas, fue un pésimo padre
D
Tiaré Scanda*
e ahí que mis tíos rechazaran sus orígenes oaxaqueños y prefirieran pensar que sólo eran hijos de mi abuela. De los seis hermanos, la única que vivió eternamente enamorada de Oaxaca y perdonó a su padre fue mi mamá. Adoradora de todo lo que Oaxaca tiene de bello, siempre estaba lista para ir una vez más a Monte Albán o descubrir un pueblo nuevo. En los mercados arrasaba con el coloradito, las tlayudas, el chocolate y los chapulines. Siempre compraba sin regatear la obra de los artesanos y a la menor provocación se ponía un huipil bordado. Aunque era de piel muy blanca y creció en el Distrito Federal, ella siempre decía que era oaxaqueña. Cuando íbamos de compras al mercado de nuestra colonia, mi mamá saludaba con mucho cariño a Ismael, el carnicero, porque había sido su compañero de banca en la primaria. A pesar de la buena influencia de mi madre, mi necesidad de adaptarme al entorno me hizo desarrollar una capacidad discriminadora. Mi primera víctima fui yo misma. Mis primos y vecinos iban en escuelas particulares, bilingües, y no tenían que llevar las horribles calcetas rojas del uniforme que usábamos en la escuela General Juan N. Álvarez, una primaria pública. Un día que mi prima la más admirada –en cuya casa pasaba yo las tardes– invitó a sus amigos a comer, me pidió que me escondiera porque le daba vergüenza que supieran que yo iba en una escuela de gobierno. A partir de entonces, a mí también empezó a darme vergüenza. Mi prima volvió a sentirse orgullosa de mí cuando regresé de Londres porque mi mamá ahorró lo que hubieran sido seis años de colegiaturas y me mandó a aprender inglés un verano. La transición a una secundaria privada con pretensiones de clase alta fue dura. Para pertenecer había que llevar tenis extranjeros carísimos, que estaban de moda. Afortunadamente yo los llevaba, y nadie sabía que eran usados, herencia de mi prima. Me juntaba con otra adolescente –rubia gracias a la manzanilla–, que despreciaba a los morenos y afirmaba que nosotras éramos “fresas” y, por lo tanto, mejores que todos los demás, que eran unos “nacos”.
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En una edad en la que uno necesita por sobre todas las cosas pertenecer, es terrible que sólo tengas dos opciones: ser el aplastado o el que aplasta, pero un niño o un adolescente todavía no es completamente responsable de sus acciones. Los valores y los límites los establecen, con el ejemplo, los adultos: padres y escuelas. Para transformar el entorno tenemos que transformarnos primero. Si recordamos que somos animales, hay algo natural e instintivo en clasificar de inmediato a cualquier extraño con quien uno se topa, como para saber si hay que tenerle miedo o no. Pero clasificamos según lo que nuestros padres y abuelos nos han enseñado, de manera que heredamos prejuicios. Tal vez ahí es donde radica nuestro esfuerzo de transformación, en darnos la oportunidad de conocer a cada individuo antes de juzgarlo porque otro, de aspecto parecido al suyo, le robó la cartera a nuestra abuela o le faltó al respeto a una tía. En muchos casos ni siquiera hay razón alguna para rechazar a alguien, excepto la ignorancia y el prejuicio infundado. Cabe mencionar que los motivos por los que alguien puede ser discriminado son infinitos, porque los valores cambian en los diferentes contextos. Parecería que al despreciar a otro ser humano, aquel que lo desprecia se vuelve superior a él. El cadenero moreno que no deja entrar a un muchacho a un bar por considerarlo demasiado “prieto”, parece creer que él se vuelve más blanco en ese momento. Si tú eres “gorda”, yo automáticamente soy flaca aunque no lo sea, y si tú eres “cha¬parro”, yo soy muy alto. Alguien que se siente bien de sí mismo no tiene la necesidad de aplastar a otro para sentirse superior. Pero ¿cuánta gente habrá que se sienta bien en su piel, que esté orgullosa de sí misma? Todos hemos discriminado a alguien. Consciente o inconscientemente. En voz alta o con el pensamiento. Para poder transformar ese mal hábito más nos vale reconocerlo. Ahora que soy madre me resulta muy claro que los hijos somos espejos de nuestros padres y que, cada vez que un niño ofende a otro, está repitiendo cosas que oye en su casa. Y así a la inversa: cuando un niño es amoroso, respetuoso o solidario con otro, está repitiendo lo que ha visto en su casa. La tierra sigue girando, unos mueren, otros nacen, y seguimos soñando con un mundo en equilibrio en el que la gente respete la naturaleza y se respete a sí misma, donde todo el mundo tenga los mismos derechos, donde nadie odie ni robe ni mate a nadie. Es importante juntarnos con otros que sueñan lo mismo, para que no nos gane la apatía ni el desencanto. En la gran escala de las cosas, nuestro paso por la tierra es un tiempo muy corto, pero si sembramos conciencia, tal vez los hijos de los hijos de los hijos de nuestros hijos vean algún beneficio. Y ya que los trajimos al mundo, ¡más nos vale dejár¬selos mejor! *Este fragmento forma parte del libro Miradas a la discriminación de la colección Matices que edita el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Pueden consultarlo y descargarlo de forma gratuita en: www.conapred.org.mx T *Actriz, cantante, vocera de la organización Save the Children, amiga de Semillas, A. C., Greenpeace.
todas@inmujeres.gob.mx www.inmujeres.gob.mx Alfonso Esparza Oteo 119, Col. Guadalupe Inn, México, D.F.
24 o Lunes 24 de septiembre de 2012
milenio
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El mariachi:
poco conocemos de su origen y
evolución en nuestra cultura
octavio hoyos
Todos hemos zapateado con su música, pero no sabemos mucho sobre su procedencia de trovador. Pensamos que siempre ha estado entre nosotros
E
Mary Carmen Sánchez Ambriz
l antropólogo y autor del libro El Mariachi (Taurus/INAH/CNCA) Jesús Jáuregui, lamenta que el tema del mariachi no propicie reflexiones entre historiadores, sociólogos, musicólogos, filósofos y ensayistas. “¿Por qué no se han hecho estudios serios, sólidos, sobre el mariachi en México? En Estados Unidos sí se ha realizado un trabajo académico sobre el mariachi. Aquí no. Estoy seguro que con la difusión de la designación del mariachi como patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, va a haber un cambio, y a partir de la segunda década del siglo XXI vamos a contar con investigaciones de jóvenes acerca de diferentes sucesos en torno al mariachi”. Usted participó en la comisión que preparó el expediente sobre el mariachi ante la UNESCO y también estuvo presente en la votación que tuvo lugar en Bali. ¿Cómo fue recibida esta propuesta? Efectivamente, participé en la elaboración del expediente y se mandó a París, a la presidencia de la UNESCO. Una comisión realizó un dictamen, aceptaron en principio 49 y de ésos sólo 17 fueron recomendados para su aprobación. De éstos, 7 se postularon como ejemplares y uno de ésos fue el del mariachi. En Bali había 192 países inscritos a la UNESCO, de ésos sólo 24 conforman la comisión que
Mujeres mariacheras ¿Por qué pocas mujeres se dedican a tocar música de mariachi? t El oficio de mariachero era ejercido sólo por los varones, porque muchas veces les tocaba participar en situaciones-limite en fiestas, borracheras, cantinas, burdeles, en donde suele haber problemas. No obstante, hubo mujeres que lo enfrentaron, como doña Rosa Quirino, que fue cabrona entre cabrones para poder ser mariachera en un contexto machista, como es el mexicano. Sin embargo, en el mariachi moderno ya participan mujeres, esto ocurre a finales de la década de los cincuenta. Desde entonces no ha dejado de haber mariacheras del registro moderno. Hay que tomar en cuenta la forma de ser del mexicano cuando se emborracha, no es sencillo garantizar que la mujer intérprete de mariachi va a tener el respeto de los asistentes. Esto no ocurre en Estados Unidos, por ejemplo. Tanto en Estados Unidos como en Colombia hay mujeres que son mariacheras. En el caso de Estados Unidos, las mujeres llegan al mariachi por la misa, porque se les permite cantar con mariachi durante la misa católica; también se presentó la llegada del mariachi a las escuelas y a la universidad. Actualmente dos mujeres están haciendo estudios sobre el mariachi y son intérpretes: Laura Sobrino (directora musical del Mariachi Mujer 2000 que tocó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008) y Leticia Isabel Soto (quien realiza un doctorado en la Universidad de Los Ángeles). Mary Carmen Sánchez Ambriz
va a ejercer la votación, distribuidos en zonas geográficas. A mí me solicitaron que fuera a Bali como especialista en el tema del mariachi y porque no está permitido argumentar sobre el expediente, sólo responder preguntas en un tiempo de dos minutos. En nuestro caso, no hubo dudas. Cuando llegó el momento de la votación todos dieron su aprobación por unanimidad, y hubo quien señaló que era el mejor expediente de todos.
Esto ocurrió el 27 de noviembre de 2011 y este año, el pasado 2 de septiembre, la UNESCO le entregó a la presidenta del CONACULTA, Consuelo Sáizar, el diploma oficial que da fe de que el mariachi es considerado como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Sáizar, a su vez, lo dio en custodio a un grupo de niños que asisten a escuelas de mariachi, en Jalisco. Si fijáramos una fecha para situar el inicio de la tradición
del mariachi. ¿Podemos pensar en el siglo XIX? Empezó en el siglo XVIII. Hay suficientes datos que nos permiten referirnos a esta tradición. En 1734 existe un expediente en donde se cuenta que un grupo de músicos fueron contratados por un engañador de gente, en San Miguel El Grande, hoy San Miguel de Allende. Ahí se consignan los instrumentos y los nombres de los sones que interpretaron como parte de la tradición mariachera. En esa época, tenemos clara la integración de músicos con instrumentos cordófonos característicos, variaciones de arpa, violines, guitarra, tipos de vihuela, con combinaciones variables según la región. ¿Cómo lo sabemos? Porque varios de estos expedientes fueron a parar en la Santa Inquisición, en donde se denunciaba una serie de fiestas y cantos que eran incómodos para la época, ya sea porque atacaban a la Iglesia o porque hablaban de temas eróticos. Tomando en cuenta los antecedes, la tradición del mariachi queda consolidada en la segunda mitad del siglo XIX; durante esos años se incorporaron al repertorio valses, polkas, marchas, chotices, mazurcas, jotas y costillas.
Un invento de las grandes ciudades En su libro establece que hay dos tipos de mariachi. El tradicional u original (cuyo repertorio está dividido en profano y religioso) y el moderno. ¿La principal diferencia entre uno y otro es la incorporación de la trompeta? Más que hacer una distinción organológica entre el mariachi tradicional y el moderno, es pertinente hacer una diferencia de contexto. Es verdad que en un principio no sobresalía la trompeta, pero sí sabemos que algunas veces se incorporaba como elemento subordinado al sonido cordófono del mariachi tradicional, no como ocurre con el mariachi moderno, en donde ya es parte canónica del sonido. El tradicional es un grupo musical totalmente vinculado a la vida de una pequeña región, sus practicantes se dedican a la agricultura, ganadería, recolección y, en sus tiempos libres, son músicos. Mientras que el moderno surge como un invento en las grandes ciudades, emigran a las ciudades para lograr su aspiración de ser músicos de tiempo completo y se consolida porque tuvo el impacto en discos, radio, cine y televisión. De la iconografía que presenta en su investigación, por lo general la mujer es representada bailando encima del sombrero de charro. ¿Así se bailaba el jarabe tapatio? El baile de la mujer en los sones y los jarabes tenía que ver con el sombrero de los hombres. En las descripciones de los fandangos en la Alta California, decían que le colocaban sombreros en la cabeza de la bailadora, de tal manera que a veces se le juntaban muchos y no podía moverse con la misma agilidad. Era una forma de reconocer su talento. Eso de poner el sombrero y bailar encima, creo que viene de Anna Pavlova, cuando ella en Fantasía mexicana (1919), baila “El jarabe tapatío”. Ella lo hace de puntas, con las zapatillas de ballet, y sobre el sombrero de charro. Eventualmente alguna bailadora también zapateó sobre un sombrero, durante alguna de sus presentaciones en una carpa. En realidad, se trata de una distorsión que se volvió una imagen costumbrista. Una mujer que fue un ícono dentro de la música ranchera y de las primeras en cantar con mariachi fue Lucha Reyes. ¿Cómo observa su aportación? Es importante aclarar que Lucha Reyes no fue la primera mujer que cantó con mariachi. Ya en el siglo XIX, existieron varias cantadoras populares que lo hicieron; hay que recordar que en los palenques las mujeres cantaban, los hombres no. Rosa Quirino y Guadalupe La Chinaca son algunas de ellas. Lucha Reyes inaugura con su voz el estilo bravío dentro de la canción ranchera. Ahí radica el impacto de Reyes. Ese estilo tan peculiar fue tomado por los compositores y adecuado a la voz de Jorge Negrete. Eso ocurre en 1941, cuando Negrete participa en la cinta ¡Ay Jalisco, no te rajes! T