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Comicios 2013 Regatean otra vez candidaturas a las mujeres pág. 05
MILENIO diario
Número 68
Equidad
Supervisará IFE financiamiento a candidatas pág. 04
Lunes 29 de julio de 2013 jesús quintanar
60 Aniversario
La lucha por el voto femenino no fue fácil
pág. 06
Unión Libre
Así se inicia hoy la vida en pareja
pág. 17
Discriminación
Garantizar a las mujeres igualdad de condiciones: CEDAW sobre el tema
escriben
Aimée Vega Alejandra Barrales Angélica de la Peña Beatriz Santamaría Brenda Rodríguez Diva Gastélum Dolores Padierna Fernando Cano Graciela Freyermuth Julieta Quilodrán Macarita Elizondo Manuel González María Eugenia Medina Ricardo Bucio Rosi Orozco Zulay Abbud
recomendación literaria
¿Son mejores las mujeres? Sara Sefchovich
pág. 22
2 o Lunes 29 de julio de 2013
milenio
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Inmujeres
Editorial
En realidad, ¿qué es ser joven?
D
la moda señala como el ideal. Y los hombres mueren en accidentes buscando desafiar la velocidad como lo dicta el estereotipo del “hombre valiente”. Igualdad es reconocer estas diferencias y redoblar esfuerzos por eliminar los patrones y modelos que se adoptan en busca de aceptación desde esta edad. En América Latina se han desarrollado una serie de estudios que dan cuenta del estado de la cuestión de las políticas públicas para la juventud como instrumento que garantice su integración plena y efectiva en los procesos de desarrollo y transformación que viven cada uno de nuestros países. El Programa Regional de Acciones para el Desarrollo de la Juventud de América Latina (PRADJAL 1995-2000) en su primera etapa (1995-1996) llevó a cabo estudios sobre la realidad institucional de los países y sobre algunos temas específicos referidos a la situación de la juventud, en ámbitos tan sensibles como el empleo, la salud, la educación y la participación democrática. En nuestro país, en el proceso de democratización y reforma del Estado, se han ido generando marcos normativos, enfoques y estrategias de intervención interinstitucional que tienen como eje fundamental el desarrollo integral de las personas. La mayor fortaleza en la construcción de políticas públicas para la juventud estaría en la creación de un sistema integrado de acciones locales, nacionales e internacionales, con todos y cada uno de los elementos que componen una política de Estado. En consecuencia, desde el Estado se deben reforzar esfuerzos para orientar sus acciones en pos de la extensión de los deberes y derechos ciudadanos a las y los jóvenes, sin que esto luis miguel morales signifique un enclave normativo que les genere tratamientos especiales. T
e pronto las ideas del imaginario colectivo sobre lo que representa la juventud en una sociedad parecieran vagas y más llenas de lugares comunes que de significados explícitos. Quizás todas y todos sabemos lo que es ser joven, lo que representa, cómo se piensa; pero ser joven, ¿sólo es una cuestión de edad…? En 1983, la ONU definió como jóvenes a las personas de entre 15 y 24 años. El término juventud coincide en la inserción en el mundo adulto, ya sea a través de quienes adquieren un trabajo estable o constituyen una familia, lo cual no es tan cierto porque hay jóvenes con familia y con trabajo, pero no por eso dejan de ser jóvenes. Las y los jóvenes constituyen un sector demográficamente importante en nuestra sociedad; sin embargo, sus intereses no alcanzan una visibilidad pública proporcional y su peso político es reducido. Es obligado ya reconocer su trascendencia desde las políticas públicas con un enfoque de equidad, no discriminación y desarrollo humano, que promueva su participación y empoderamiento como gestores del desarrollo. Es obligado también no perder de vista que la juventud es un sector poblacional altamente vulnerable que en aras de cumplir un estereotipo, llegan a dañar su salud. Las mujeres jóvenes sufren trastornos alimenticios con el fin de tener la figura que
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Lunes 29 de julio de 2013 o 3
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NELLY SALAS
Encuentro internacional
Discriminación origina violencia especial
Representantes de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y del Estado mexicano refrendaron su compromiso para combatirla en todos sus ámbitos
S
eis de cada 10 mujeres mexicana mayores de 15 años han sufrido violencia por parte de su pareja: “la cifra casi duplica la del Informe de la Organización Mundial de la Salud, que señala a la violencia de género como un problema de salud pública que afecta a más de un tercio de mujeres en el orbe”, afirmó la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez. Durante su participación en el Encuentro Internacional por la Igualdad y la No Discriminación, puntualizó que la discriminación por razón de género y la desigualdad están entre las causas estructurales de la violencia contra mujeres y niñas, así como de sus múltiples expresiones. Afirmó que la discriminación está en la base de los peores delitos contra las mujeres: el feminicidio y la trata de mujeres y niñas, dos flagelos que deben ser castigados ejemplarmente.
Lía Limón García, subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que el Estado mexicano promoverá y ratificará los tratados internacionales que busquen garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación, con el fin de lograr una sociedad de derechos y una ciudadanía con acceso a mejores condiciones de vida. Coincidió en la importancia de ratificar convenios y tratados que promuevan el principio de igualdad y la no discriminación. Destacó que, como lo establecen instrumentos internacionales y la Constitución mexicana, el principio de igualdad y la
no discriminación son una condición para “el ejercicio efectivo de cualquier otro derecho y también hay que estar conscientes de que muchas veces para lograr la igualdad son necesarias las acciones positivas”. A su vez, el embajador Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, destacó el amplio reconocimiento de México a nivel internacional derivado de su compromiso con el desarrollo de los más altos estándares en la lucha contra la discriminación y del cumplimiento de sus metas contraídas con la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Racial. Señaló que el pasado 5 de junio, la Asamblea General de la OEA aprobó dos instrumentos jurídicos interamericanos: uno contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia y otro contra toda forma de discriminación e intolerancia. Durante su intervención, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio Mújica, destacó que la igualdad y la no discriminación son las bases del sistema de derechos humanos a nivel internacional y de una creciente cantidad de democracias constitucionales, incluida la mexicana, que se ha planteado el ideal de una sociedad de derechos a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 y de la perspectiva propuesta de la Presidencia de la República, vertida en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. “Para garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación requerimos mejores marcos legales, sistemas de defensa y protección eficaces, promoción de la diversidad, fortalecimiento de convicciones, de saberes, mejora de políticas públicas, de mecanismos de seguimiento, de educación formal e informal, de medición de efectos, de lineamientos y criterios de actuación, de procesos de cambio cultural, de sanciones para la discriminación, de un debido y justo acceso a la justicia”, dijo. Mientras que Yuri Boychenko, jefe de la Unidad Antidiscriminación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), planteó la importancia de combatir la discriminación y promover la igualdad como una forma también de erradicación de la pobreza. Insistió en que es necesario establecer mecanismos que garanticen el ejercicio de derechos y se hagan vigentes. Además de reiterar las obligaciones que se establecen en el marco legal internacional, insistió en la importancia de que las políticas nacionales sean eficaces en el combate a la intolerancia y a la discriminación. El encuentro fue organizado por el Conapred), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Segob y la Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (RIOOD). T
4 o Lunes 29 de julio de 2013
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Dictamen del IFE
Supervisarán equidad en financiamiento a candidatas En México no basta el logro alcanzado en materia de cuotas para el proceso electoral federal 2011-2012 sociedad y autoridades tenemos que seguir eliminando los obstáculos que impiden a las mujeres, en particular a las indígenas, participar en la vida política Dra. Ma. Macarita Elizondo Gasperín*
A
casi un año de la sustentación del Estado Mexicano del 7 y 8 informe consolidado del cumplimiento de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y justo en este año que se conmemora el 60 aniversario del Voto Femenino en México, la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos presentó el 15 de julio de 2013 para su aprobación al Consejo General del Instituto Federal Electoral, un dictamen consolidado con características distintas a todos los demás. Por primera vez en esta clase de dictámenes, además de utilizarse un lenguaje incluyente, se proporcionaron herramientas vanguardistas para el estudio y la toma decisiones en cuestiones de género y no discriminación en el ámbito político, ya que permite distinguir la forma en la cual las candidatas reciben el financiamiento para sus campañas, lo que es sumamente valioso, pues en materia electoral, las cuestiones de género y no discriminación, no se agotan en las cuotas y en el 2% del financiamiento público. El financiamiento en general, y en este caso el de campañas, tiene que observarse con perspectiva de género, pues esta categoría de análisis permite visibilizar la asignación social diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo; revela las diferencias en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación; evidencia las relaciones de poder originadas en estas diferencias; y pregunta por los impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas basadas en estas asignaciones, diferencias y relaciones de poder. Esta visión no se trata de una cuestión de
gustos o caprichos, pues como sabemos el artículo 3 de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer), obliga a que los Estados Partes tomen en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Lo anterior, ha significado para la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, superar la verificación cuantitativa del gasto para institucionalizar procedimientos cualitativos con perspectiva de género, mediante actividades articuladas, reglamentación interna y cultura institucional, sensible a las situaciones de mujeres y hombres para fomentar la igualdad. En consecuencia, el dictamen consolidado aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, visibiliza, a través de la función fiscalizadora, las circunstancias plasmadas en los informes de campaña correspondientes al proceso electoral federal 2011-2012, pues la Unidad de Fiscalización, en su calidad de responsable de la recepción y revisión integral de los informes, nos muestra en este documento el panorama por sexo, edad y candidatura en el acceso a los recursos y el gasto como mecanismo para el triunfo electoral. Cabe resaltar que es la primera vez, incluso mundialmente, que se presentan de esta forma las cifras del financiamiento de campaña a candidatas a cargos de elección popular. Por lo que este dictamen, a mi juicio, constituye un termómetro perfecto para ayudar a medir el impacto verdadero
de la cuota de género, pues no es suficiente que se cumpla con el 60-40 que nos establece el Cofipe, sino que, entre otras cosas, es prioritario dar seguimiento al apoyo financiero que se ofrece a las campañas de las candidatas por sus respectivos partidos políticos, máxime que no podemos negar que aún existen en este rubro, tratos que deben modificarse y distancias que tienen que acortarse entre mujeres y hombres. En ese tenor, los datos estadísticos del dictamen consolidado podrán servir, entre otras cosas, para apoyar el debate legislativo en materia de igualdad política entre hombres y mujeres; visibilizar la situación que prevalece en la actualidad dentro de los propios partidos respecto a este tema, y consecuentemente, a éstos les dará la pauta para que garanticen la equidad y procurar la paridad de los géneros en sus órganos de dirección y en las candidaturas a cargos de elección popular. Igualmente presenta información valiosa para las organizaciones de la sociedad civil, pues las dota de más herramientas para que fortalezcan su vigilancia ciudadana sobre los recursos públicos, incidiendo en los partidos políticos, los poderes gubernamentales y las autoridades electorales; además, con los datos que se observan en el dictamen, las organizaciones podrán impulsar la agenda pública de género y el reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres. Por su parte, a los académicos interesados en las discusiones contemporáneas relativas a la transparencia y rendición de cuentas en los Estados democráticos, sin duda les ayudará a seguir adentrándose en los procesos electorales de nuestro país, a observar el comportamiento de los propios partidos políticos y a revisar la forma de transversalizar el tema de igualdad de géCLAUDIA GUADARRAMA
nero en las políticas públicas. En el caso de las autoridades electorales, la información de este dictamen permitirá robustecer el compromiso de garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, y ayudará para reflexionar sobre la pertinencia de incorporar medidas afirmativas a la reglamentación correspondiente, pues debe recordarse que lo que no se mide, se invisibiliza, por lo que siempre es necesario contar con datos para apreciar de forma más exacta las brechas de género, en este caso, en el financiamiento de campañas a candidatas a cargos de elección popular. En suma, el dictamen consolidado aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, aporta elementos para observar prácticas y roles en el financiamiento y gasto de campaña, pues los datos estadísticos desagregados por sexo y edad podrán ser de utilidad tanto para la toma de decisiones, así como para la realización de estudios enfocados a detectar y generar mecanismos para erradicar las brechas de género. Por ejemplo, con esta forma de revisar los gastos en las campañas, observamos que en candidaturas a diputaciones el gasto promedio es muy similar entre ambos sexos, sin embargo, en el caso de las campañas a senadoras y senadores el gasto promedio varía por sexo en los partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza en donde se muestra una diferencia importante a favor de los candidatos. Además, el dictamen nos permite identificar claramente como Campeche, Chihuahua, Aguascalientes y Distrito Federal, fueron las entidades en donde se registró el mayor gasto promedio en campañas de Diputadas y Senadoras, mientras que en los estados de Baja California, Coahuila, Quintana Roo, Veracruz y Colima, fueron los estados en donde el gasto fue menor. Dada la valía de datos estadísticos como los anteriores, como consejera electoral solicité que el dictamen se incorpore a la página de Género y Democracia, con la finalidad de que esté al alcance de la población interesada, y juntos podamos seguir avanzando en encontrar los mejores esquemas para la promoción y protección de los derechos políticos electorales de las mujeres, pues no basta el logro alcanzado en materia de cuotas en el proceso electoral federal 2011-2012 y que fue reconocido por el Comité de Expertas de la CEDAW, sociedad y autoridades tenemos muchos retos todavía, hay que seguir eliminando los obstáculos que impiden a las mujeres, en particular a las indígenas, participar en la vida política de sus comunidades, a fin que logren ocupar los cargos por las que fueron postuladas. Finalizo mi colaboración con este medio, reconociendo la labor del C.P.C Alfredo Cristalinas Kaulitz y todo el personal de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos, quienes continuamente se siguen capacitando y trabajando, con la finalidad de que el respeto a los derechos de las mujeres sea un tema debidamente entendido y valorado tanto al interior de la institución como al exterior. T *Consejera general del Instituto Federal Electoral
Lunes 29 de julio de 2013 o 5
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Inmujeres CLAUDIA GUADARRAMA
Guerrero
Pionero en aplicar 50 por ciento a candidatas Miriam Ruiz Mendoza
D Comicios 2013
Otra vez regatearon candidaturas a las mujeres Las elecciones que este año se verificaron en 14 estados de la República hicieron evidente el deterioro de nuestro sistema electoral y, por consecuencia, la urgente necesidad de replantear las reglas del juego
U
Alejandra Barrales*
n aspecto poco comentado pero no menos importante, es que en estos comicios se reeditó la práctica partidista de reservar a las mujeres el porcentaje minoritario que prevén las leyes electorales para integrar las candidaturas a cargos de elección popular. Salvo Chihuahua en que el número de candidatas y candidatos registrados fue igual por así preverlo la ley, en los demás estados el mayor número de candidaturas correspondieron a los hombres. Naturalmente, esas definiciones de índole electoral impiden una mayor proyección del género femenino en los órganos de representación popular. En días próximos, con base en los resultados oficiales y la resolución de las impugnaciones se determinará la integración final de los Congresos Estatales que se renuevan este año. Sin embargo, no hay que esperar a ese momento para saber que el número de legisladoras será menor que el de legisladores.
Desde su inclusión en el marco legal, las “cuotas de género” se han interpretado como límites o topes insuperables, cuando en realidad son la base para conformar las listas de candidatas y candidatos. En estricto sentido, nada impediría que los partidos políticos avanzaran por iniciativa propia a una auténtica paridad de géneros. La historia reciente no registra casos en que las candidaturas partidistas correspondan mayoritariamente a mujeres y si, en cambio, da cuenta de experiencias lamentables, en que la perspectiva de género se cumplió a regañadientes, se ha simulado su acatamiento o se atiende hasta que media una orden judicial. Con el devenir hay mayor observancia de este mandato; sin embargo, acatar la ley no es optativo y, por tanto, nada hay que festejar. El cumplimiento estrictamente legal podría quedar en un segundo plano, si se tiene en cuenta que aún con ese tipo de medidas subsisten sesgos de género en la conformación de los órganos públicos. El número de mujeres en puestos de decisión es menor. El esquema 60/40% ideado hace unos años para distribuir las candidaturas, no corresponde a la realidad demográfica y electoral de México. Conforme a estimaciones del Consejo Nacional de Población, las mujeres son el 51% de la población total del país y representan el 51.73% de la Lista Nominal de Electores, según datos del IFE. Este segmento poblacional es, además, el que mayor participación tiene en las votaciones. Además de que en los últimos años el papel de la mujer cambió cualitativamente en diversos ámbitos de la vida social. Sobran ejemplos de mujeres que han incursionado
de manera destacada en el ámbito público, el sector privado y las organizaciones civiles. Incluso, en espacios que tradicionalmente se consideraban reservados a los hombres. Muestra inequívoca de que el liderazgo, compromiso y capacidad no son cualidades exclusivas de un género.
Urge terminar con interpretaciones de índole patriarcal La reforma política emprendida en el Senado ofrece un escenario propicio para insistir sobre la transversalidad de la perspectiva de género. El rediseño normativo e institucional que se plantea para el sistema electoral necesariamente debe revisar el prorrateo de candidaturas entre géneros, pero sobre todo, reforzar los mecanismos para garantizar su cumplimiento. Es menester terminar con interpretaciones de índole patriarcal que reservan a las mujeres espacios minoritarios y les regatean cualquier posibilidad de crecimiento. La igualdad entre géneros que se consagra constitucionalmente, debe dejar de ser dogma para convertirse en realidad palpable. En la lógica de una mayor gobernabilidad democrática, se debe buscar que las mujeres tengan presencia y participación en todas las instituciones públicas y no sólo en los órganos legislativos. Asegurar que tengan voz y voto, en organismos colegiados del poder judicial, de la administración pública y las entidades autónomas, para que desde esos espacios intervengan en igualdad de oportunidades en el debate público y la toma de decisiones que marcarán el futuro de la nación. Ante un tema tan complejo y de difícil aceptación, la mejor de las reformas legales sería insuficiente; habrá que pensar en los mecanismos que permitan transitar como sociedad a una condición en que las cuotas se dejen de ver sólo como el cumplimiento de un mandato legal y pasen a ser un principio estratégico que se atienda por convicción y no por obligación. Es preciso erradicar la percepción de que este tipo de medidas sólo buscan incrementar de manera artificial o por Decreto la representación femenina, o peor aún, que privan a los hombres de prerrogativas fundamentales que les son propias. Esencialmente, de lo que se trata es de establecer condiciones de equidad y estandarizar las oportunidades para uno y otro género; sobre todo en un país como el nuestro, en que la población es paritaria. Dicho de otro modo, sentar las bases para una sociedad más justa, equitativa e incluyente, que responda a su realidad y a las exigencias de un Estado Democrático del siglo XXI. T * Senadora por el PRD
e cara a las elecciones 2014, las guerrerenses y en particular las indígenas tendrán más oportunidades para ganar puestos de elección popular, especialmente en los municipios. Así quedó acordado con la firma del primer convenio estatal por la paridad signado por el gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre Rivero y la Iniciativa SUMA, conformada por organizaciones de la sociedad civil. En una ceremonia llevada a cabo el 16 de julio pasado, Guerrero se convirtió en el primer estado con un compromiso explícito por impulsar la representación paritaria (50% mujeres) en cargos legislativos y ejecutivos estatales y en el ámbito municipal. Ahí, el gobernador Ángel Aguirre se pronunció por la autonomía de los cuerpos de las mujeres y por abrir un diálogo en el estado para lograrlo. “Con este convenio, que es una herramienta muy importante en Guerrero, nos sentimos representadas las mujeres indígenas en un estado particular como éste” dijo en entrevista Marta Sánchez Néstor, coordinadora del programa de mujeres indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, una de las cinco organizaciones que conforman la Iniciativa Suma. En este periodo no hay una sola mujer indígena en la cámara de diputados local o en los municipios, aunque en el pasado sí las hubo. Y hay más en formación. Martha Sánchez, de origen amuzgo destacó que entre las 200 mujeres líderes presentes en la firma, algunas son indígenas “líderes en sus lugares de origen, algunas jóvenes, con procesos de formación. Hay Mixtecas, amuzgas, anahuas, tlapanecas y afromexicanas.” Patricia Mercado, directora de SUMA y ex candidata presidencial reiteró que sin la decisión de los partidos políticos para impulsar a las mujeres, no se puede avanzar. Las mujeres no pueden estar fuera de las mesas de tomas de decisión, ni a la hora en que se decide cuáles políticas públicas se priorizarán en el gasto y asignación de recursos, en particular las mujeres indígenas y las jóvenes. La doctora Ana Güezmes García, representante de ONU Mujeres en México llamó a las autoridades presentes al cumplimiento de las recomendaciones hechas a México por Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) recomendó al Estado mexicano a sancionar a quienes incumplan las leyes electorales, a eliminar obstáculos a la participación de las mujeres indígenas y al gasto de 2% en capacitación femenina, en particular de mujeres indígenas. Ana Güezmes recalcó que hay avances en América Latina y el Caribe “el derecho a ser elegidas está muy lejos de lo que se plantea como igualdad sustantiva. Solamente hay 8 países incluido México que supera el 30% que la ONU estableció como mínimo en participación parlamentaria”. Pero en el gobierno municipal, agregó, apenas hay un promedio de 6% de alcaldesas. En el caso de Guerrero, ocupan 20% del gabinete estatal (5 mujeres de 24 integrantes), 4.9% de las alcaldías (4 de 81); 19.5% de legislaturas locales (9 de 46) y 16% en las diputaciones federales (dos de 12) correspondientes al estado, dijo Rodrigo Valdivia, representante del Inmujeres, que junto con ONU Mujeres apoyan la Iniciativa SUMA a para impulsar liderazgos femeninos en 10 estados del país. T
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Inmujeres ESPECIAL
60 años
La lucha por el voto femenino no fue fácil
El 17 de octubre de 1953 en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que otorgó el voto a la mujer mexicana, luego de varios meses desde que el 9 de diciembre el presidente Adolfo Ruiz Cortines envió la iniciativa de reforma al artículo 34
L
Magdo. Manuel González Oropeza
a iniciativa aprobada de manera inmediata y por unanimidad por el Congreso de la Unión y con ello el presidente respondió a su promesa de campaña hecha el 6 de abril de 1952 ante 20 mil mujeres reunidas en el Parque 18 de marzo de la ciudad de México, que de ganar las elecciones presidenciales de 1952-1958 propondría al Congreso de la Unión reformar la Constitución para que la mujer disfrutara de los mismos derechos políticos del hombres. En ese entonces, el otorgamiento del voto a la mujer no mereció mayor atención de la prensa escrita, y mucho menos el que hicieran un recuento de los momentos más significativos del movimiento feminista que había pugnado, desde fines del siglo XIX e inicios del siglo pasado, por el reconocimiento de sus derechos como ciudadanas mexicanas, entiéndase por ello el derecho al voto y a ser elegidas para desempeñar cargos de representación pública. En este momento no es la intención polemizar si de trató de
un reconocimiento o una concesión del derecho femenino al sufragio por parte de los legisladores mexicanos, porque el asunto medular fue la reforma la citado artículo 34 constitucional, el cual señaló “Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir.” Lo que sí he de mencionar, aunque sea de manera sumaria, son los antecedentes que llevaron a este trascendental decreto en la vida política de nuestro país, lo cual en gran medida fue una lucha llevada a cabo por los grupos o comités feministas y mujeres que en lo individual impulsaron la lucha, llamémosle así, del género femenino por el reconocimiento a la igualdad en la participación política. No escapan a nuestra mente la indiscutible participación en hechos políticos de figuras como Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario o Gertrudis Bocanegra, entre otras mujeres insurgentes en los primeros lustros del siglo XIX, pero pasarían varias décadas
ESPECIAL
hasta que las mujeres comenzarían ya no sólo a figurar como esposas o hijas de actores políticos de la nación; hacia 1874 José María Vigil organizó el Liceo Hidalgo, en donde reunió a varios intelectuales mexicano, y en esas reuniones llegó a manifestar que el hombre y la mujer son iguales intelectual y moralmente; una de las participantes en estas reuniones es Laurena Wright de Kleinhands, quien funda y dirige la revista femenina Las violetas del Anáhuac, entre 1887 y 1889, escrita de manera exclusiva ESPECIAL por mujeres, quienes a fines de ese siglo hacen patente su demanda de conceder el sufragio femenino; en esta publicación ya se asegura que la inteligencia del hombres y la mujer son iguales, y la única diferencia radica en la falta de acceso de la mujer a la educación. En Yucatán Rita Cetina funda la sociedad feminista La Siempreviva a fines del siglo XIX, en donde se discuten temas como el amor libre, el control de la natalidad, el aborto, el divorcio, algo inaudito para la época. Más tarde, Hacia 1910, diversas asociaciones se unen a Madero, entre ellas el Club Femenil Antireeleccionista Hijas de Cuauhtémoc fundado por Dolores Jiménez y Muro. Poco tiempo después, las integrantes del club protestan por el fraude en las elecciones y demandan la participación política de las mujeres mexicanas. Posteriormente, el 13 de enero de 1916 se realizó el primer Congreso Feminista, y uno de los principales acuerdos a los que se llegó en este congreso fue demandar que se otorgara el voto ciudadano a las mujeres. Algunos años después, en 1923, la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer Congreso
última en 1952 se convirtió en la primera directora del periódico Sólo para ellas. En 1935 por primera vez las mujeres participaron en las votaciones internas del Partido Nacional Revolucionario (PNR), y dos años más tarde el Presidente Lázaro Cárdenas envió a la Cámara de Senadores la iniciativa para reformar el Artículo 34 constitucional, como primer paso para que las mujeres obtuvieran la ciudadanía. Al año siguiente la Reforma se aprobó y ese mismo año lo fue en la mayoría de los Estados, sin embargo, por motivos políticos, no se promulgó dicha reforma. El 24 de diciembre de 1946, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el presidente Miguel Alemán, en la que se adicionó el Artículo 115 Constitucional, que entró en vigor el 12 de febrero del siguiente año. En ella se establecía que en las elecciones municipales participarían las mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho a votar y ser elegidas. Y como ya lo señalamos, en 1952, Ruiz Cortines envió la iniciativa de reforma para conceder la ciudadanía sin restricciones para las mujeres. De esa época a la fecha la Constitución ya no tiene restricciones de
la noticia no mereció mayor atención en la época ni se conoció la lucha feminista Nacional Feminista. El 13 de julio de ese mismo año, el gobernador de San Luis Potosí expidió un decreto en el que se concedía a las mujeres potosinas el derecho a votar y a ser elegidas en elecciones municipales. En Yucatán, Elvia Carrillo Puerto resultó la primera mexicana electa diputada al Congreso Local en 1923. En esa misma década, Adelina Zendejas, Elvira Vargas y Magdalena Mondragón abrieron la brecha para que las mujeres participaran en la prensa mexicana, ésta
ningún tipo para reconocer los derechos políticos-electorales de los ciudadanos mexicanos, e instituciones como el TEPJF garantizan el pleno y absoluto respeto a esos derechos constitucionales. En este año 2013 es el sexagésimo aniversario del decreto que otorgó el voto a la mujer, es una fecha para celebrar, pero también hay que recordar que el camino recorrido por miles de mujeres, y algunos hombres, no fue fácil, requirió de mucho esfuerzo y tenacidad para conseguirlo. T
Lunes 29 de julio de 2013 o 7
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Inmujeres Metas del Milenio
Un balance de cumplimiento En el año 2000, en la cumbre de las Naciones Unidas (ONU), 189 dirigentes del mundo formalizaron una Declaración, comprometiéndose a sumar esfuerzos para alcanzar en el año 2015 puntos, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
O
María Eugenia Medina*
rientadosacombatirlapobreza, el hambre, las enfermedades, el analfabetismo, la degradación del medio ambiente y la discriminación contra la mujer, los ODM también se propusieron crear una asociación mundial para el desarrollo. Para este propósito se establecieron, por primera vez en la historia de ese organismo multilateral, metas e indicadores para la medición del grado de avance en el cumplimiento de esos objetivos. Con la intención de supervisar los progresos en cuanto al cumplimiento de los 8 ODM acordados por los países y de las 21 metas que de ahí derivan, la ONU, junto con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, aprobaron 48 indicadores cuantitativos, lo cual representó un hecho de gran relevancia, pues a través de éstos sería posible medir la situación concreta en cada país y el avance paulatino hacia el 2015. En el caso de México, dado que algunas de las metas propuestas ya se habían alcanzado, en un trabajo conjunto entre autoridades del Gobierno, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y representantes de las principales organizaciones multilaterales enfocadas al desarrollo, se definió lo denominado Más Allá de las Metas del Milenio, que se tradujo en 22 indicadores alineados a 5 objetivos y 11 metas de la lista oficial de la ONU. Adicionalmente se reformularon algunos indicadores y se propusieron otros, por lo que finalmente México se comprometió a dar seguimiento a 80 indicadores.
¿Cómo vamos? Haciendo un recuento de los avances que ha tenido México podemos mencionar algunos avances: se ha logrado disminuir la brecha de pobreza y la pobreza extrema, también se ha logrado prácticamente el 100 por ciento en la matriculación en primaria y secundaria tanto para niños como para niñas. La alfabetización de la población joven (15 a 24 años), alcanza el 99 por ciento para ambos sexos. En lo que se refiere a la mortalidad en la infancia, se ha alcanzado la meta en la mortalidad infantil (menores de 1 año)
Indicadores en riesgo Objetivo / Año 2012 Año 2000 META 2015 indicador último Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre Tasa de crecimiento del PIB por persona ocupada
7.9
-7.4 (2009)
Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
56.3
55.4 (2009)
Tasa de desocupación de jóvenes
5.0
10.1 (2009)
Proporción de la población que habita en hogares en pobreza alimentaria en el ámbito urbano
12.5
12.6 (2010)
6.7
Proporción de la población que habita en hogares en pobreza alimentaria en el ámbito rural
42.4
29.3 (2010)
17.8
Indicador de seguimiento Indicador de seguimiento Indicador de seguimiento
Objetivo 2. Lograr la enseñanza primaria universal Eficiencia terminal en la enseñanza primaria
86.3
95.1 (2011)
100
Tasa neta de nuevo ingreso a secundaria (12 años de edad)
51.1
72.5
100
Objetivo 3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de Diputados
16.2
36.8
Indicador de seguimiento
Proporción de escaños ocupados por mujeres en la Cámara de Senadores
15.6
32.8
Indicador de seguimiento
Objetivo 5. Mejorar la salud materna Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos estimados)
71.8
43.0 (2011)
22.3
Objetivo 6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades Prevalencia de VIH en población adulta (15 a 49 años. Por cada 100 hab. 15-49a.)*
0.239
0.244
Detener y comenzar a reducir
Proporción de la población que usó preservativo en la última relación sexual en hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH)
79.2 (2001)
73.2** (2011)
Indicador de seguimiento
15.5
13.5
5.5
Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar (por 100 mil habitantes)
Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente Proporción de la superficie cubierta por bosques y selvas
34.4 (2002)
33.8 (2010)
Indicador de seguimiento
Emisiones de dióxido de carbono per cápita
4.52
4.32 (2010)
Indicador de seguimiento
Emisiones de dióxido de carbono total
456,256,829
493,450,631 (2010)
Indicador de seguimiento
Proporción del total de recursos hídricos utilizada
15.7 (2003)
17.4 (2010)
Indicador de seguimiento
Proporción de especies en peligro de extinción
ND
0.1 (2010)
Indicador de seguimiento
Nota: IS: Indicador de seguimiento; ND: No disponible. * La población para este indicador corresponde a las estimaciones de la División de Demografía de la ONU. ** La cifra 2011 es representativa a nivel nacional y no es comparable con las anteriores porque éstas se realizaron en dos o tres ciudades.
y la tasa de mortalidad de menores de 5 años, tanto a nivel general como en la causada por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas; además más del 95% de los niños de 1 año de edad ha completado el esquema básico de vacunación. En cuanto a mejorar la salud materna, se han alcanzado las metas que se refieren al uso de métodos anticonceptivos, así como a una atención en el parto por personal capacitado, y se ha alcanzado el promedio de consultas prenatales sugeridas. La atención para el VIH ha permitido disminuir la incidencia y la mortalidad por esta causa y se ha comprobado la efectividad de los tratamientos retrovirales, ya que a 12 meses de iniciar el tratamiento los pacientes siguen con vida y continúan el tratamiento. En cuanto al combate de enfermedades como el paludismo y la tuberculosis, México ya ha alcanzado las metas propuestas. No obstante lo anterior, aún hay metas que están lejos de alcanzarse, según lo muestran los siguientes indicadores que señalan la necesidad de tomar medidas urgentes para acelerar su avance. La mitad de los indicadores (marcados con) afectan en mayor medida a las mujeres que a los hombres, y son un obstáculo para lograr la disminución de las brechas entre ambos sexos, ya que su no cumplimiento impacta en las tres esferas de autonomía de las mujeres: la física, la económica y en la toma de decisiones. Aquellos indicadores relacionados con el empleo y con la educación impactan directamente en la esfera económica; la mortalidad materna y la prevalencia de VIH repercute en su autonomía física, y su limitación en la toma de decisión se refleja en la no paridad en el Congreso de la Unión.
¿Qué hay de los ODM y el género? Dado que la medición adecuada de la autonomía de las mujeres debe hacerse desde las distintas esferas, podemos observar que el Objetivo 3 de los ODM no es suficiente, es por eso que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se ha dado a la tarea de identificar áreas consideradas críticas que no son captadas por los indicadores oficiales, y proponer una serie de indicadores que se conocen como complementarios y adicionales que contribuyen a profundizar la mirada respecto de la situación de las mujeres, y que reflejan el efecto de las desigualdades de género en la pobreza, su incidencia según el sexo, y el acceso desigual a los recursos monetarios y productivos. De esta revisión se desprende que, de los temas importantes para la agenda de las mujeres, quedaron fuera de los ODM indicadores como: las brechas entre mujeres y hombres en el acceso y permanencia en la educación en todos sus niveles; la inserción de las mujeres al mercado laboral, acceso y condiciones en las que labora (horarios, pago, prestaciones, sector, etc.); el trabajo no remunerado de los hogares; la participación de las mujeres en todos los espacios de decisión; y el presupuesto que los gobiernos dedican para la igualdad entre mujeres y hombres. Adicionalmente, es claro que la violencia de género merma por completo la autonomía física, económica y de toma de decisiones de las mujeres y el ejercicio de sus derechos, por lo que los indicadores sobre el tema son fundamentales. En sintonía con el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, estamos convencidos que la igualdad entre mujeres y hombres es un aspecto de justicia social y un asunto fundamental de derechos humanos. La inversión en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres son vitales no sólo para mejorar las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en su conjunto, sino para lograr una ciudadanía integral y una democracia más sólida. T *Directora de estadística del Instituto Nacional de las Mujeres
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Mujeres y tecnología
Educación superior femenina, una cuestión de equidad Aunque uno de los fenómenos que caracteriza la expansión de la educación superior en México es la mayor participación de las mujeres, aún persisten desigualdades e iniquidades, especialmente en innovación y tecnología
Mtra. Gabriela Del Valle Díaz Muñoz*
E
l número de mujeres que estudian alguna licenciatura o un posgrado, que están incorporadas a las instituciones como personal académico, que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) o que ocupan puestos de dirección es hoy importante. Sin embrago, aún existen campos del conocimiento como en las ciencias exactas y en las ingenierías, donde la presencia de las mujeres es inferior en comparación con los hombres. Aunque cabe aclarar, que el posgrado es ahora un nuevo espacio en el que las mujeres tienen una mayor presencia. Si consideramos que actualmente de
cada 100 estudiantes 50 son mujeres, lo que significa que en cuatro décadas la tasa de crecimiento de la matrícula de mujeres ha sido de 184%, mientras que en el caso de los hombres ha sido sólo del 38% (INEGI 2010). A pesar de ello persisten diferencias en algunas licenciaturas en donde no se ha logrado aún una igualdad en la participación como en las ciencias naturales y exactas en donde se tiene un 2% de la población total, tanto a nivel nacional como internacional de acuerdo con los datos de ANUIES como de la UNESCO, respectivamente. En el caso de las ingenierías y tecnología la población estudiantil es de un 33.7%, de la población total. Esto significa que algunas áreas están feminizadas y otras JAVIER GARCía
continúan estando masculinizadas. En particular hablar de mujeres y tecnología lo podemos notar claramente en la industria de la computación, o en las ciencias y tecnología del agua, en la industria farmacéutica, en la ingeniería química, o en estudios sobre el medio ambiente. En México contamos con grandes mujeres dedicadas a la ciencia y a la tecnología como lo puede ser la doctora Rosa María Velasco de la UAM-Iztapalapa, quien con sus estudios en mecánica estadística ha desarrollado un modelo matemático que es aplicable en un problema común, en un problema de todos los días, “el tráfico vehicular”. Otra contribución relevante para el estudio de la caracterización físico- química y biológica en lagunas es el realizado por la doctora Icela Berceló Quintal, su interés radica en el tratamiento biológico de aguas residuales y con ello la caracterización de contaminantes en cuerpos acuáticos. O hablar de la gran ingeniera Evelyn Berezin, que nace en 1925 y es la primer ingeniera en computación y diseña uno de los primeros procesadores para los sistemas de datos. Y también contamos con Lynn Margulis, nacida en 1938, estudiosa del campo de la evolución biológica quien con sus contribuciones explica el origen de las células eucariotas. Como ellas podemos hablar de las contribuciones a la ciencia y a la tecnología de muchas otras mujeres, sin embrago, su participación se ve profundamente reducida, y sobre todo poco reconocida. Si pensamos en el papel de las mujeres en las ciencias del agua, cuidado y resolución, encontraremos grandes sorpresas, el recurso agua está considerado como uno de los más preciados de nuestro planeta, no solamente es un derecho humano fundamental, estadísticas de la UNICEF arrojan que aproximadamente una sexta parte de la población mundial no tiene acceso a este bien. En este entorno, una gran proporción de la población más afectada son las mujeres porque en muchas sociedades ellas juegan un papel fundamental para alcanzar, administrar y distribuir este indispensable bien. Históricamente las mujeres son las usuarias de este recurso y en el caso de las que viven en condiciones de pobreza, son ellas quienes enfrentan diariamente la carencia y complicaciones para acceder al agua, sobre todo a la potable. Son las féminas quienes resuelven esta necesidad familiar y en lugares tan recónditos como en el municipio de San Juan Chamula, en el estado de Chiapas son ellas que con sus medios y recursos precarios realizan verdaderos esfuerzos para llevar este líquido precioso. ¿Será haciendo uso de la tecnología o no? O bien generándola. La diferencia y la desigualdad se viven en diversos espacios sociales, pero es en el espacio doméstico, la institución familiar, donde se crean y recrean con mayor énfasis a través de los roles sexuales que se construye en la vida cotidiana de los sujetos. Además de los entornos familiares y escolares, debemos tomar en consideración los mercados del empleo y los ambientes laborales en los que tradicionalmente se desenvuelven las y los profesionistas, y ellos constituyen factores que inciden en las decisiones de las mujeres para estudiar determinadas licenciaturas y dedicarse a hacer ciencia y tecnología. No es cuestión de capacidad es cuestión cultural, familiar, de derechos y oportunidades de desarrollo y empleo, es equidad de género. T *Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco y colaboradora de la revista Ciencia, de la Academia Mexicana de Ciencias. gabrieladel_valle @hotmail.com
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Inmujeres Comunicación digital
Debe haber compromiso con los DH de las mujeres La Plataforma de Acción de Pekín, en 1995, estableció los principios básicos para hacer de los medios de comunicación y las tecnologías de información aliados de las mujeres, de sus derechos humanos y su desarrollo especial
E
Aimée Vega Montiel*
n particular, el Capítulo J determinó la agenda sobre género y medios de comunicación e incluyó como área prioritaria el desarrollo de políticas de género y comunicación, incluida la transversalización de las regulaciones de telecomunicaciones y radiodifusión con una perspectiva de género. Los avances en Latinoamérica, sin embargo, son en algunos casos incipientes y en otros inexistentes. Existe una insuficiente e inadecuada implementación de políticas de género en las instituciones, incluidos los medios de comunicación. Esto es, no existe una política formal de género y comunicación a nivel de las leyes que regulan los sistemas de comunicación en América Latina. Hay, si acaso, algunos principios generales en estos instrumentos o tímidas recomendaciones que tienen un efecto mínimo en las industrias de comunicación. En donde más avances se registran, es en el nivel de acciones puntuales, tales como el monitoreo de medios, la sensibilización en la perspectiva de género a profesionales de los medios y representantes institucionales, así como la elaboración de materiales para los medios de comunicación -códigos de ética y manuales para eliminar el lenguaje sexista, etc.-. Estas son acciones comúnmente promovidas por feministas, así como la elaboración de propuestas legislativas en la materia. Las feministas latinoamericanas, entre
las que se encuentran académicas, activistas y periodistas, han enfrentado un ambiente hostil cuando han intentado avanzar en la definición de una política de género y comunicación. Han tenido que lidiar con una desinformada oposición. En este sentido, no es solo el hecho de que exista una ignorancia generalizada entre los representantes institucionales respecto a lo que es la igualdad de género, sino una cultura de prejuicios acerca de lo que el feminismo y los derechos humanos
de las mujeres son. Estos constituyen obstáculos para el avance de las políticas de género y comunicación. Las feministas latinoamericanas han tenido que enfrentar también la oposición de los industriales de los medios. Esto sucede porque, en América Latina, los medios de comunicación han estado históricamente dominados por hombres. Las decisiones más importantes son tomadas por hombres. Los hombres definen las políticas de operación de los medios.
La mayoría de los puestos laborales en las industrias de comunicación las concentran los hombres. Una de las áreas significativas en la agenda de las políticas de género y comunicación, es la que tiene que ver con el desarrollo de principios para un periodismo promotor de los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, la mayor parte de las industrias informativas en América Latina no cuentan con instrumentos de auto-regulación en esta línea. Una excepción es la Asociación de Periodistas de Uruguay (APU), que en el mes de abril aprobó un código profesional que incluye un capítulo en Género y Discriminación. Otra de las áreas problemáticas en nuestra región, es la ausencia de una regulación relacionada con la pornografía. En países como México, la pornografía no está declarada como ilegal, aún cuando involucra el tráfico sexual, la prostitución y la explotación sexual. Otra área es la publicidad. En este contexto, existe una fuerte oposición por parte de esta industria a eliminar las representaciones sexistas y la regulación en esta materia es inexistente. Ante estas circunstancias, académicas, activistas y comunicadoras han aprendido a desarrollar acciones conjuntas que han favorecido el avance de esta agenda en la sociedad. Otra estrategia seguida por estos grupos, ha sido ligar el tema de las políticas de género y comunicación con temas más amplios de la agenda de género, lo que ha permitido sensibilizar a feministas especialistas en temas distintos a los medios de comunicación acerca de la importancia de estas instituciones para los derechos humanos de las mujeres. Sin embargo, las acciones de las feministas no son suficientes. Es imperativa la participación de las instituciones masculinas –gobiernos, partidos y medios de comunicación- en esta tarea. En este sentido, es necesario que quienes están definiendo las políticas que regirán a las telecomunicaciones y la radiodifusión en el contexto de la comunicación digital, sepan de qué hablan cuando enuncian la igualdad de género y que se comprometan con los derechos humanos de las mujeres en materia de comunicación. T *Programa de Investigación Feminista CEIICH de la UNAM
Perspectiva de género
Lenguaje oral y escrito, determinante para evitar discriminación El debate sobre si el lenguaje es sexista y discriminatorio tiene varias décadas. Por internet circulan textos de eruditos argumentando la defensa de la Real Academia Española como si fuera el Corán
E
Angélica de la Peña Gómez*
s verdad que en las discusiones hay reacciones airadas y no en pocas ocasiones descalificaciones sobre el “desconocimiento” de las reglas ortográficas del español y las “ocurrencias” de quienes insistimos en que no es verdad que el lenguaje sea neutro y por lo tanto tampoco es real que lo masculino nos incluye a las mujeres. La discriminación se concreta de diversas formas. Una de esas formas es la oralidad,
la expresión fonética del pensamiento, la articulación de voces o palabras que denotan, insisto, formas de pensar en donde las creencias y la formación que se adquiere desde los primeros años de vida concreta a través de la expresión verbal, la cultura y la forma de ver el mundo. El lenguaje es sistémico y va acorde a otros sistemas como la familia, cómo nos vestimos, lo que comemos, cómo nos relacionamos con las otras personas. La religión también juega un papel fundamental, entre otras instituciones; y por supuesto todas estas instituciones
influyen en lo que somos desde una dualidad: lo masculino y lo femenino; lo primero se ha impuesto androcéntricamente y lo segundo ha sido circunscrito socialmente hacia la animadversión por ser débil, emocional, dependiente, poco inteligente, pasional, etc. En este debate permea la diferenciación de lo que es masculino y lo que es femenino: y esta dualidad inexorablemente inscribe conductas, signaturas del pensamiento y de éste al lenguaje simplemente es automático. Así se ha venido milenariamente construyendo
la perpetuación de las formas de discriminación contra lo femenino. El lenguaje sexista tiene varias expresiones, es excluyente: hombre, individuo, ser humano, etc. Es peyorativo: zorro sinónimo de sagaz; zorra sinónimo de puta; un ejemplo de muchos que abundan en el diccionario de la Real Academia Española. Invisibiliza alevosamente; en este aspecto es necesario recordar a quienes aducían en los años 50s que no era necesario nombrar a las mujeres para el reconocimiento de su voto porque al establecer la Constitución que los ciudadanos –hombres- tienen derecho al voto y a ser votados, también se refería a las mujeres. Cuestión más falsa que ante las exigencias de nuestros derechos políticos, finalmente se reconoció en la
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Carta Magna que son ciudadanos los hombres y las mujeres mayores de edad. La visibilización expresa de las mujeres fue determinante para el reconocimiento del derecho al voto y a ser votadas hace 60 años lo que nos ha permitido seguir luchando primero por cuotas y ahora por la paridad. Similar fue la reacción de algunos Senadores en la LVII Legislatura que amenazaban con votar en contra de la reforma al Artículo Cuarto Constitucional que establecía que “las niñas y los niños” tienen derecho a… Su argumentación es que la referencia debía ser “el menor”, acorde al precepto del derecho romano. Obvio señalar que tanto la reforma de 1953 como la de 1999 salieron avantes y hoy nuestra Constitución Política reconoce a las mujeres y a las niñas específicamente. No se puede negar que el lenguaje denota las relaciones sociales, no sólo personales. A través del lenguaje se educa, se aprende a nombrar cada cosa,
Inmujeres dirima sobre las causas de la desigualdad y predominio de un sexo sobre otro, se establecen las acciones de todo tipo que tienen que aplicarse y ejecutarse social, cultural y políticamente para lograr la igualdad entre mujeres y hombres. Este mecanismo es la Perspectiva de Género. Su utilización es imprescindible por lo tanto, no sólo en las normas que deben revisarse, en las políticas que tienen que aplicarse, sino también y de manera mucho más fehaciente, en las formas de cómo nos relacionamos hombres y mujeres en nuestra cotidianeidad. Formo parte de quienes están convencidas de que la conciencia, el pensamiento, la elucubración y la imaginación deben deconstruirse desde la visión y enfoque de la perspectiva de género para lograr los cambios que resuelvan estructuralmente la erradicación de la desigualdad que impera a partir de la misoginia contra las mujeres que las mantiene en exclusión de todo lo público y de la toma
Niñez con discapacidad, ¿reto materno?
Deber de instituciones, garantizar servicios
nelly salas
El lenguaje sexista tiene varias expresiones excluyentes y peyorativas cada cuestión, cada situación del mundo, tanto el mundo inmerso en nuestro pensamiento, como del que formamos parte en todas nuestras relaciones con nuestros semejantes. Su estructura sintáctica ha sido construida. Por lo tanto tampoco hay diferencia del lenguaje oral al lenguaje escrito, de manera que las normas escritas también contribuyen a la perpetuación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres. Por eso es importante que en cada una de ellas se vaya reformando el lenguaje escrito para visibilizar, nombrar, identificar a las mujeres y a los hombres, no sólo por su sexo, sino sobretodo para identificar la condición de género. El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas estableció en 1997, a partir del análisis de la feminización de la pobreza, del analfabetismo femenino, de la violación de sus derechos y de la discriminación que sufren las mujeres por ser mujeres, que era necesario que las políticas públicas debían contribuir a la erradicación de todas estas formas de discriminación lo señala la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres de Naciones Unidas y otros Tratados. Para contribuir a lograrlo era necesaria la utilización de un mecanismo de análisis de las causas que contribuyen a perpetuar la discriminación entre mujeres y hombres. A partir de esta metodología científica que
de decisiones e igualdad de condiciones que los hombres. Quienes piensan que estamos forzando para desmontar el tradicionalismo característico en cada una de las sintaxis del idioma castellano deben entender que éste fue fundado cuando las mujeres éramos meras cosas propiedad de los pater familias. Hoy somos ciudadanas, sujetas de derechos, pugnamos por el reconocimiento y ejercicio de todos y cada uno de nuestros derechos los cuales son derechos humanos simplemente por nuestra condición de humanidad. Por eso el lenguaje tanto oral como el escrito también son determinantes para la resolución de todas las formas de discriminación por la condición de género. Si una norma legal no se reforma para visibilizar a las mujeres, seguirá determinando conductas en quienes la tienen que aplicar; pero no solamente, también en quienes tienen que educarse para posteriormente aplicarla; lo mismo acontece en la educación en las familias, en la red formal de educación, en las relaciones sociales, de trabajo, así se perpetúan culturas, formas de ser, de pensar, de hablar. Usando un lenguaje masculino, que sólo enuncia lo masculino, una parte de las dos que componen la humanidad seguirá excluida, invisibilizada. T * Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República ESPECIAL
Diego, un niño con síndrome de Down, nació en la Ciudad de México hace dos años ocho meses. Desde entonces Sandra Hernández ha organizado su vida como madre trabajadora; lo lleva a terapias, consultas y busca dónde puede fomentar sus avances en psicomotricidad
S
Ricardo Bucio Mújica*
andra traslada a Diego a una de las dos guarderías integradoras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que existen en el Distrito Federal. En ambas, sólo el 20 por ciento son menores con algún tipo de discapacidad. Diego asiste desde los tres meses y ha sido bien atendido. Sin embargo, cuando cumpla cuatro años tendrá que ir a otra institución. Por consiguiente, ella deberá buscar una escuela donde su hijo pueda desarrollarse libremente y no limitarlo a una comunidad Down. Habiendo buscado opciones, Sandra lamenta que no exista en materia de inclusión un reglamento legal aplicable en las escuelas. Por ejemplo, los colegios privados solicitan que su hijo sea acompañado de una “sombra”. Es decir, una persona que lo debe asistir en todas sus actividades escolares. Un gasto que le resulta oneroso e imposible de pagar, e incluso ella se pregunta: “¿Cómo algún día estos niños podrán ser independientes si siempre hay alguien que les resuelve
sus problemas?”. La opción más viable será una escuela pública con horario extendido, para que ella no tenga que dejar o ausentarse del trabajo para ir por Diego. “Me gustaría que mi hijo fuera independiente algún día. Sé que por la discapacidad intelectual que presenta su desarrollo no será igual al de otros niños, pero creo que con esfuerzo logrará salir adelante”. En México persiste una cultura desigual de trato, constituida sobre un pasado autoritario. Inicialmente se asumió que la discriminación radicaba en que las minorías eran objeto de desigualdades y maltrato, producto de relaciones políticas de dominio entre personas y grupos sociales. Y ello, genera desiguales y negación de derechos. Es evidente que en una relación así los prejuicios, estereotipos y estigmas dominantes, intentan justificar el trato desigual y discriminatorio hacia un grupo de personas. Si bien, hemos avanzado en el reconocimiento para personas con algún tipo de discapacidad (de derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a la seguridad), en el
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Inmujeres caso de niñas y niños no sucede lo mismo. México es Estado Parte y promotor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 13 de diciembre de 2006. Este instrumento internacional reconoce que “las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad y el país se compromete a adoptar las medidas pertinentes para asegurar el acceso a las personas con discapacidad a servicios de salud que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación”. El caso de Diego coloca en el debate el tema de la educación inclusiva para que sean respetados los derechos de niñas y niños mexicanos con algún tipo de discapacidad. Las instituciones públicas y privadas debemos de impulsar la aplicación de políticas públicas que permitan detener la discriminación que se presenta en el sistema educativo nacional hacia las niñas y los niños. Los valores de la democracia deben de sustentarse en un principio de igualdad y de inclusión de todas y todos los mexicanos sin importar la edad, y en el caso de niños y niñas es urgente porque en el corto, mediano y largo plazo podemos estar generando una mayor discriminación y desigualdad en México hacia este sector de la población. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) alerta que la discriminación de la que son víctimas las niñas y los niños con discapacidad puede afectar su salud y su aprendizaje, limitar sus oportunidades de participar y hacerlos más vulnerables a la violencia, el maltrato y la explotación. “La inclusión se concibe como un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de todo el alumnado. Las barreras, al igual que los recursos para reducirlas, se pueden encontrar en todos los elementos y estructuras del sistema: dentro de las escuelas, en la comunidad y en las políticas locales y nacionales”, reflexionan Tony Booth y Mel Ainscow en el Índice de inclusión. Desarrollando el aprendizaje y la participación en la escuela. Bristol, Reino Unido, 2000. Sandra es un ejemplo claro de las mujeres que son la columna vertebral del núcleo familiar: son hijas, hermanas, esposas, madres, y además se ocupan de las labores domésticas. Diego acude tres veces a la semana a terapias, entre ellas, los sábados a equinoterapia. En total, tiene 700 citas en el IMSS para cubrir sus padecimientos cardiacos, intestinales, nutricionales, de motricidad y salud en general. Los niños y niñas con síndrome de Down poseen un sistema inmunológico inestable. Como no existe un marco legal que permita a las madres de hijos con discapacidad regular sus tiempos de salida conforme a las terapias y citas médicas, Sandra debe pedir favores, solicitar que salir temprano para poder cumplir con el tratamiento médico de Diego. Reconoce que el rol materno que le ha tocado desempeñar no es fácil; no obstante, ha podido hallar las rutas adecuadas para el óptimo desarrollo de su pequeño. Ella, al igual que otras madres de hijos con discapacidad, no tendría porque asumir este reto sola y sin facilidades de parte de las instituciones públicas, su familia y de la sociedad en general; ya que el diseño de las políticas públicas y la cultura social debería dar cabida al ejercicio de derechos en igualdad para todas y todos. T *Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) www.conapred.org.mx @ricardobucio
Concurso “Género y Justicia”
Encuentran víctimas un espacio de credibilidad y reivindicación: SCJN El 17 de junio de 2013, se llevó a cabo la entrega de premios del certamen organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en su cuarta emisión, la de 2012, en sus categorías de Documental, Reportaje Escrito y Ensayo
C
Mtra. Mónica Maccise*
on la presencia de quienes protagonizan las historias narradas en los trabajos ganadores, la ceremonia estuvo presidida por la Ministra Olga Sánchez Cordero, el representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Javier Hernández Valencia, y Manuel Contreras Urbina, de ONU-Mujeres. El concurso, convocado además por ONU-Mujeres, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; el Canal Judicial; Ambulante; Mujeres en el Cine A.C., y Periodistas de a Pie, pretende incentivar la investigación y la difusión sobre temas relacionados con los derechos humanos de las mujeres y su acceso a la justicia. La Ministra Sánchez Cordero dijo que a pesar de las dolorosas narraciones contenidas en los trabajos ganadores, las víctimas encontraron en esta ceremonia un espacio de credibilidad y reivindicación; un espacio para una forma de reparación. Las víctimas presentaron sus testimonios –hablaron- mediante los trabajos premiados, y fueron acogidas por la máxima instancia de justicia en el país. Ahí estuvieron Rosalba Bartolo Joaquín e Ilma Hernández Bartolo, indígenas mixes protagonistas del ensayo “La triste y cándida historia de Ilma y de su padre desalmado. Violación dentro del matrimonio en Ayutla, Oaxaca”, trabajo que obtuvo el segundo lugar en la categoría de ensayo, y ocho mujeres veracruzanas, protagonistas del documental ganador del primer lugar “Madres activistas de Xalapa”. Aunque Grettel Rodríguez no estuvo presente, su sufrimiento abrió la puerta del juicio de amparo a las víctimas en un proceso penal, según resolvió la Suprema Corte de Justicia al conocer su caso. Este relato se presenta en el documental ganador del segundo lugar: “Las cicatrices de la injusticia. Caso Grettel”. Los materiales ganadores –tal como ha ocurrido con los materiales distinguidos en emisiones anteriores- serán utilizados como herramientas de sensibilización en las distintas jornadas de formación y capacitación emprendidas por el Programa de Igualdad de Género en la
Suprema Corte de Justicia y dirigidas a personal jurisdiccional. La intención es colaborar activamente en la erradicación de las fallas del sistema de justicia y en la garantía del derecho de acceso a la justicia de las personas. Así, entre otras funciones y tareas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple con su obligación constitucional –común a otras autoridades públicas e instancias jurisdiccionales- de promover los derechos humanos; contribuye a prevenir futuras violaciones a estos derechos, y confirma su compromiso con las legítimas aspiraciones de justicia de las víctimas dentro de los límites impuestos por la ley a todos y todas. Cabe añadir que la selección de los trabajos ganadores quedó a cargo de un jurado integrado por especialistas en género y derechos humanos, así como por profesionales de la cinematografía, del periodismo y de la academia. Los trabajos ganadores de Ensayo fueron “La coadyuvancia y la perspectiva de género herramientas para mejorar el acceso a la justicia”, escrito por Laura Aragón Castro; “La triste y cándida historia de Ilma y de su padre desalmado. Violación dentro del matrimonio en Ayutla, Oaxaca”, de Verónica Vázquez García, y “Cuidado de la niñez: una visión de género en la familia”, por Ramsés Samael Montoya Camarena, quienes obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.
En el rubro de Reportaje Escrito, el primer lugar lo obtuvo Lydiette Carrión con el trabajo “¿Cuánto cuesta matar a una niña?; el segundo lugar fue para Rocío Tapia Hernández con su relato periodístico “La chica que metió a su ex novio a la cárcel”; Paris Martínez Alcaraz recibió el tercer lugar con el reportaje “Los niños del hampa”. Los documentales ganadores fueron “Madres Activistas de Xalapa”, realizado por Mayela García Ramírez, primer lugar; “Las cicatrices de la injusticia. Caso Grettel”, por Erica Mora y Luis Antonio García, segundo lugar, y “4 Mujeres”, de Alejandro Alarcón, tercer lugar. Las instancias convocantes hacen la invitación al público en general a participar en la emisión 2013 del concurso “Género y Justicia” en sus categorías de Ensayo, Documental y Reportaje Escrito. La convocatoria ya está disponible en: www.equidad.scjn. gob.mx, www.periodistasdeapie.org.mx, www.hchr.org.mx, www.ambulante.com. mx y www.mujerescineytv.org. Todos los trabajos ganadores, tanto de esta emisión como de años anteriores, se pueden ver y descargar en la página www.equidad.scjn.gob.mx. T * Titular de la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. mmaccised@mail.scjn.gob.mx www.equidad.scjn.gob.mx
12 o Lunes 29 de julio de 2013
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PARA ESTAR BIEN Dra. Bernardett Orizaba Chávez*
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La cesárea, solo cuando un parto sea riesgoso RENé soto
L
a cesárea por petición es una situación cada vez más común, en la práctica obstétrica actual, por definición es aquella que sin existir una indicación médica (materna o fetal) se realiza a solicitud de la paciente en embarazos con feto único y a término. La cesárea es un tratamiento médico que tiene indicaciones precisas y su único objetivo es asegurar la salud de la madre y de su hijo, por lo que sólo se debe considerar cuando un parto vaginal sea riesgoso para ellos. Es una realidad que en nuestro país la tasa de nacimientos por cesárea está en aumento, en el año 2006 34.5% de los niños nacieron vía abdominal (cesárea) y el año 2012 este porcentaje aumento al 45.2% según la Encuesta Nacional de Salud. Pero no conocemos que parte de este porcentaje corresponde a la cesárea por petición. En Estados Unidos el 32.9% de los niños que nacieron en el 2009 fueron obtenidos por cesárea y de ellos el 2.5 % fue a solicitud de la paciente. Por parte de los profesionales existe cierta aceptación a practicar una cesárea electiva a una gestante sana con un embarazo a término que se lo solicite. Existe la idea de considerar la cesárea como una forma de nacer donde no hay “dolor” lo cual no es de todo cierto si tomamos en cuenta el dolor posterior a la cesárea; ya que sin duda hay cierto temor al trabajo de parto y al dolor que se asocia a este así como a la sala de labor que en algunos países lo describen como una fobia (tocofobia), motivos que ha provocado su aceptación y que las pacientes la consideren como la primera opción para finalizar su embarazo. Así mismo las mejoras tecnológicas, la disminución en la natalidad y los cambios sociales que caracterizan esta época han tenido impacto en el aumento de la frecuencia de esta práctica médica (cesárea). La cesárea por petición se considera la principal indicación de procedimientos programados.
Existen varios factores de riesgo que pueden hacer para la mujer una opción adecuada: edad avanzada, contexto cultural, experiencias criticas en su vida (malos resultados obstétricos) y ansiedad, por lo que hay una amplia difusión sobre la operación cesárea como una herramienta que asegura la sobrevida del feto y de la madre en diversas condiciones de riesgo, pero la cesárea en realidad no ha mejorado la morbi-mortalidad perinatal. El médico tiene la obligación de informarle los riesgos relacionados al parto por cesárea, porque inclusive tiene una mayor riesgo de morbi-mortalidad que el parto vaginal (aproximadamente 2 veces más). Es necesario que el médico ofrezca una información clara, concisa, objetiva, sobre los riesgos y beneficios, alternativas para hacer una elección informada. Es importante considerar que la mujer tiene
derecho a participar activamente de las decisiones que afectan su salud y el médico debe respetar su autonomía. La mayoría de los médicos presenta una tendencia a cumplir la petición de la paciente ya que la cesárea programada mejora la coordinación del equipo médico, mejora la funcionalidad de los quirófanos, existe menor riesgo de hemorragia cerebral fetal que con el parto instrumentado o cesárea de urgencia y reduce el riesgo de lesión del suelo pélvico del que hablaremos más adelante. En caso de elegir el nacimiento por cesárea se recomienda programarlo después de la semana 39 de gestación ya que disminuye la probabilidad de prematuridad, problemas respiratorios, disminución de los niveles de glucosa, disminución de la temperatura corporal e ingreso a unidades de cuidados intensivos neonatales. El nacimiento vaginal proporciona el beneficio de una hospitalización más corta, índices bajos de infección, complicaciones anestésicas mínimas, lactancia inmediata más comúnmente; el nacimiento por cesárea disminuye los riesgos de hemorragia obstétrica y transfusión, complicaciones quirúrgicas menores, disminución de incontinencia urinaria durante el primer año después del nacimiento. Los riesgos del nacimiento por cesárea son complicaciones graves en los embarazos subsecuentes como: complicaciones anestésicas y cardiacas, hematomas, infección puerperal grave, hospitalización más prolongada, tromboembolismo e incapacidad para el inicio de la lactancia. Es importante hablar sobre el pronóstico de embarazos futuros una vez que se realiza una cesárea ya que incrementa la posibilidad de muerte intrauterina (dos veces más), incrementa la posibilidad de parto pretérmino, aborto espontáneo, restricción del crecimiento intrauterino, embarazo ectópico, subfertilidad
Ineficacia del sistema judicial
Persiste indiferencia para castigar a los agresores A 4 años de que fue publicada la Norma 46 sobre violencia familiar y sexual contra las mujeres (16 de abril 2013), GIRE reveló que entre 2007 y 2012 solo 39 mexicanas obtuvieron autorización para abortar por la causal de violación
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Dolores Padierna Luna*
a Norma se publicó debido al compromiso que el Estado mexicano adquirió con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006, cuando Paulina entonces de 14 años de edad, fue víctima de violación sexual y a
quien las autoridades del estado de Baja California le negaron el derecho legal a interrumpir su embarazo. A partir de la publicación de la norma se preveía dar respuesta a cientos de prácticas injustas por parte del Estado, donde las mujeres han sido criminalizadas sistemáticamente por interrumpir su embarazo o se les ha negado ese derecho,
y también por el sinfín de mujeres a las que no se les ha garantizado el acceso a la justicia, los cuales muestran la ineficacia del sistema judicial. A cuatro años de la publicación, diversos informes dan cuenta de las contadas veces en que la norma ha sido aplicada; el más reciente Omisión e indiferencia, derechos reproductivos en México, emitido este año por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), se documentó que las autoridades de salud de 10 estados del país no aplican la Norma Oficial Mexicana (NOM 046) para el registro y atención integral de víctimas de violencia sexual, lo que ha provocado que las mujeres, adolescentes
y la cesárea de repetición (50%). Se ha mencionado el daño sobre el piso pélvico que provoca el nacimiento por parto vaginal recientes estudios sugieren que los riesgos de incontinencia urinaria en mujeres de 50-64 años fueron similares en los dos casos cesárea versus parto vaginal, pero cuando se reviso la incontinencia urinaria de esfuerzo esta si fue mayor (cuatro veces más) en el grupo que tuvo el antecedente de nacimiento vía vaginal. En cuanto al riesgo de incontinencia anal, los defectos del esfínter anal fueron mayores en las mujeres que tuvieron uno o más nacimientos vía vaginal versus cesárea. El prolapso de órganos pélvicos es otro resultado que puede aumentar con el antecedente de parto vaginal (siete veces más probable) aunque la cesárea no elimina por completo este riesgo (cinco veces más probable), en cuanto a trastornos de la función sexual no existe diferencia con ninguna de las dos vías de nacimiento. La mayoría de estas alteraciones pueden requerir manipulaciones menores y hasta procedimientos quirúrgicos para corregirlos. Ahora en cuanto a los beneficios potenciales de la cesárea programada para el recién nacido incluyen menor mortalidad fetal, menor índice de infecciones neonatales, menor riesgo de hemorragia intracraneal, asfixia neonatal, encefalopatía y menor índice de trauma obstétrico (plexo braquial y laceraciones). Hay estudios que sugieren relación de que el nacimiento por cesárea programada o de urgencia incrementa el riesgo de asma o rinoconjuntivitis alérgica, así como su asociación con el riesgo de admisión hospitalaria por bronquiolitis en los 2 primeros años de vida. Cuando hablamos de costos hay un impacto que en nuestra población es variable ya que los insumos que se requieren para el parto por cesárea son mayores que los que se utilizan en el nacimiento vaginal, no tenemos como obtener información en nuestros hospitales sobre esto pero en Canadá una cesárea aumenta 2265 dólares el costo final. Hasta ahora los datos disponibles sobre el nacimiento de parto por cesárea a petición comparándolo con el parto vaginal son escasos y la mayoría basado en datos indirectos, no se realizan comparaciones precisas y tienen muchas variables confusoras, por lo que es necesario que aumenten los reportes al respecto para fundamentar alguna recomendación al respecto. El nacimiento por cesárea por petición ahora está en tendencia y debe de ser muy clara la información sobre los riesgos y beneficios de esta, del médico hacia la mujer que lo solicite. T * Ginecología y Obstetricia. Clínica de Embarazo de Alto Riesgo, Hospital Juárez de México y Medicina Materno Fetal. Participante en el libro Terapia intensiva en obstetricia.
y niñas que han sido agredidas física o sexualmente no hayan tenido acceso a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción legal del embarazo, a pesar de que casi el 50 por ciento son menores de 18 años. El informe también reveló que entre 2007 y 2012 sólo 39 mujeres en todo el país obtuvieron autorización de los Ministerios Públicos para abortar por la causal de violación. Por otra parte, según el estudio Violencia Feminicida en México 1985-2010, realizado por ONU MUJERES, la Cámara de Diputados y el Inmujeres, las instituciones a cargo de la Secretaría de Salud responsables de detectar situaciones de violencia familiar como origen o contexto de los padecimientos que atienden y en su caso notificar al Ministerio Público, registraron en 2010, 7 mil 283 víctimas femeninas; sin embargo, sólo intervinieron en 51 casos. El estudio apunta que la procuración de justicia no atiende a las víctimas del delito de violación sexual, que ascienden a más de 15 mil anualmente, con 15 entidades por encima del promedio nacional (situado en 25.9 violaciones denunciadas por cada 100 mil mujeres) y alcanza una tasa de 71.9 mujeres en
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daniel cruz
Quintana Roo. Las cifras de denuncia contrastan severamente respecto a las averiguaciones previas iniciadas por las autoridades para su persecución y todavía difieren aún más respecto a los sentenciados. Sólo tres de cada diez casos denunciados tienen presuntos culpables sometidos a proceso, y solo en dos de cada diez hay sentencia condenatoria. Asimismo, el reporte sobre la situación de los derechos reproductivos de niñas, adolescentes y mujeres en México informó que, según cifras obtenidas a través del Sistema de Acceso a la Información Pública (INFOMEX), desde la entrada en vigor de la NOM-046 hasta la fecha sólo las secretarías de salud de 14 estados reportaron que atendieron a 3,760 mujeres víctimas de violación, cifra sustancialmente menor comparada con la información que dieron las procuradurías de justicia de los mismos estados, respecto al número de denuncias de víctimas de violación en el mismo período, que fue de 12,831.1 Los informes que diversas organizaciones e instituciones han aportado sobre la aplicación de la norma muestran que lamentablemente, importa más proteger un precepto moral, que perseguir a un agresor sexual; pareciera que a las y los médicos de los hospitales en la mayoría de los estados de la República les preocupa más dar información para perseguir un delito por interrupción de embarazo que aplicar la norma y realizar las acciones que indica, para buscar a los agresores sexuales. De ahí se desprende que el último informe de la CEDAW (2012) recomienda, entre otras acciones, que el Estado mexicano “garantice el acceso de las mujeres a la justicia, mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y adoptar medidas para garantizar que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con la Norma Oficial Mexicana 046”. Con estos datos se pone de manifiesto que la agenda de derechos sexuales y reproductivos y el acceso a la justicia de las mujeres es una agenda frágil, que no está en las prioridades de quienes están obligados a cumplir la norma. Desde el poder Legislativo buscaremos incluir en la agenda pública este asunto. El pasado 29 de mayo propuse ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo –aprobado por el pleno- por el que se exhorta a la Secretaría de Salud para que se aplique la NORMA 046 en todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud y en los servicios de salud de los sectores público, social y privado para garantizar que los profesionales de la educación, los proveedores de servicios de salud y los trabajadores sociales estén plenamente familiarizados con lo estipulado en dicha normatividad. Seguiremos impulsando las acciones necesarias para que las mujeres no sean nunca más sujetas a violaciones de sus derechos humanos como lo fue Paulina, como actualmente lo es Hilda, una mujer en San Luis Potosí que hace unos días fue sentenciada por el delito de aborto o como lo podrían ser las 38 mujeres que diariamente son víctimas de violación en México2 y que se atreven a denunciarlo. T *Senadora del PRD. 1 CEDAW, Reporte SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS REPRODUCTIVOS DE NIÑAS, ADOLESCENTES Y MUJERES EN MÉXICO, 52o periódo de sesiones Nueva York, 17 de julio de 2012.
Amnistía Internacional-México, COMUNICADO Las mujeres en México a la espera de seguridad y justicia, México, 3 de febrero de 2013. 2
Día Mundial de la Población
Embarazo en la adolescencia un problema de justicia social El embarazo en la adolescencia no es un problema per se; incluso en ciertos sectores el embarazo temprano “se acepta como parte de las normas vigentes, por lo que es vivido como normal, no como problemático”
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Brenda Rodríguez*
i los significados son distintos, lo son también las repercusiones que varían para cada persona de acuerdo a su condición social y económica. Datos divulgados en el marco del Día Mundial de la Población revelan que la tendencia en la tasa global de fecundidad (TGF) en personas de entre 15 y 19 años se mantendrá estable: este año la tasa es de 66 nacidos vivos por cada mil adolescentes y para 2030 será de 64. El 16% de los nacimientos corresponde a mujeres entre 15 y 19 años, según el Consejo Nacional de Población (Conapo). Otro de los aspectos a destacar de estos datos es que mientras en los sectores más marginados la TGF va a la baja, no ocurre lo mismo en las clases medias y altas. “La tasa de nacimientos en adolescentes es ligeramente más alta en lugares con baja marginación, de 66.5 hijos por cada mil jovencitas, mientras que en lugares de marginación muy alta la tasa disminuye a 62.2 nacimientos por mil adolescentes”, de acuerdo con la información publicada. Una de las explicaciones es que los programas sociales diseñados para disminuir el embarazo en la adolescencia y proporcionar servicios de salud sexual y
reproductiva han tenido un impacto mayor entre los estratos más pobres. Otra lectura es que estas cifras esconden un problema de justicia social: mientras las adolescentes embarazadas de clases medias y altas tienen más probabilidades de llevar a buen término el embarazo, en las clases marginadas los embarazos a menudo terminan en abortos espontáneos o la muerte de las mujeres. Si los datos generales indican que las probabilidades de que las adolescentes mueran a causa del embarazo o el parto son dos veces mayores que entre las mujeres que se encuentran entre los 20 y los 30 años, las diferencias en torno al acceso a servicios de salud de calidad y de atención prenatal, los niveles de desnutrición y de salud en general, son factores que hacen del embarazo en la adolescencia tenga consecuencias dife-
Sin embargo, las consecuencias más visibles son resultado no tanto de la edad, sino de otras condiciones estructurales como la pobreza, la desnutrición y la falta de acceso a servicios de salud y la calidad de los mismos. En México, un gran número de mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo, parto y puerperio pertenecen a comunidades indígenas y/o viven en condiciones de pobreza. Por ejemplo, 33.4% de los casos de muerte materna de 2004 a 2008 fueron mujeres que vivían en localidades de menos de 2,500 habitantes, situación que aumenta la probabilidad de que no haya contado con los medios necesarios para acceder de inmediato a algún servicio de hospitalización. En el informe anual de GIRE (2013), sobre el estado que guardan los derechos reproductivos en México, las adolescen-
La tasa de nacimientos en jóvenes es más alta en lugares con baja marginación renciadas por el nivel socioeconómico de las mujeres. El impacto más visible y grave es la mortalidad materna y prenatal. La edad, sin duda, impacta en el acceso a servicios de consejería sobre los métodos para prevenir embarazos no deseados. Un estudio cualitativo reciente sobre la instrumentación del Programa de Acción Específico. Salud Sexual y Reproductiva para adolescentes (2007-2012) realizado en los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo y Oaxaca señala que “en muchos casos el ser menores de edad incidió en la negación del servicio o en comentarios por parte del personal de salud respecto a que los adolescentes no estaban en una edad ‘adecuada’ para ejercer su sexualidad, o les pedían acudir acompañados/as por una persona adulta”.
tes, entre 1990 y 2008, aproximadamente una de cada ocho defunciones maternas fue de adolescentes menores de 19 años. Durante 2009, 2010 y 2011 el porcentaje fue de 13.8, 10 y 9.6, respectivamente. El embarazo en la adolescencia no es sólo un tema de salud, sino de justicia social y de derechos humanos. México debe garantizar que los programas de salud y las actitudes de los proveedores no limiten el acceso a los servicios adecuados ni la información necesaria para los adolescentes. Estos servicios deben, además, atender las causas que derivan en morbimortalidad materna y abortos espontáneos. T *Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, A.C.
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Mortalidad materna
Una violación a los derechos humanos MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO
Aunque es un hecho que cualquier mujer puede estar en riesgo de morir por embarazo, parto o postparto, en México durante 2011 75% de las muertes correspondió a causas directas, evitables con los recursos tecnológicos y desarrollo médico disponibles
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Graciela Freyermuth Enciso* (Primera de dos partes)
os derechos humanos nos proveen de un enfoque poderoso de intervención en salud en la medida en que apela a los valores de justicia social y equidad, más aún si consideramos que los gobiernos deben proteger a las ciudadanas de muertes tempranas, evitables y prevenibles, particularmente de muertes maternas.
En el caso de la mortalidad materna (MM) en México, durante 2011 el 75% (OMM, 2012) de las muertes correspondió a causas directas, evitables con los recursos tecnológicos y el desarrollo médico disponibles (aborto, enfermedades hipertensivas del embarazo, trauma obstétrico, hemorragia y sepsis), y 70% falleció dentro de una instalación hospitalaria, lo que significa que no contó con atención médica oportuna y de calidad (DGIS, 2012).
Para 2011, las mujeres que habitaban en los 125 municipios (Ibídem) con menor índice de desarrollo humano presentaron más del doble del riesgo de fallecer que el resto de mexicanas y para 2010 se presentó una brecha similar entre las mujeres que viven en el ámbito rural y las que habitan en ciudades. Si consideramos las brechas entre mujeres no indígenas e indígenas, la realidad es más dramática pues el riesgo de morir es tres veces mayor. Asimismo, si se confronta a mujeres que viven en municipios de muy alto rezago social con las que habitan con bajo rezago, esta diferencia crece a más del cuádruple, lo que muestra que hay limitaciones en la calidad de los servicios y un riesgo diferencial de morir entre las mexicanas, falleciendo prematuramente y con mayor frecuencia aquéllas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Estos datos reflejan no solamente la disparidad del riesgo entre mexicanas sino la situación de desigualdad y discriminación. A pesar de estas incuestionables brechas y de la clara vinculación de la MM con la violación de derechos humanos, durante muchos años su instrumentación no ha sido posible y estos principios básicamente han sido declarativos.
Preocupación reciente de la ONU El interés de la Asamblea General de la ONU orientado a consagrar la MM como violación a los derechos humanos es de preocupación reciente, en 2009 con la Resolución 11/8 se establece el marco que regirá a la mortalidad y morbilidad materna prevenible y los derechos humanos, y para 2012 publica la resolución que contiene orientaciones técnicas sobre la aplicación de un enfoque basado en derechos humanos a la ejecución de políticas y programas destinados a reducir la mortalidad y morbilidad prevenibles asociadas a la maternidad (A/HRC/21/22). Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha proporcionado un marco para la exigibilidad y señala como obligaciones de los estados: respetar y garantizar el derecho a la integridad personal a fin de contribuir a superar las desigualdades en el acceso a servicios de salud materna, entendida ésta como la salud de las mujeres durante el embarazo, parto y el periodo posterior al parto, y asegurando que todas las mujeres, particularmente quienes han sido históricamente marginadas, gocen de un acceso efectivo a estos servicios (CIDH,2010:1). El derecho a la integridad personal se relaciona con principios básicos de derechos humanos como la igualdad, privacidad, autonomía y dignidad (CIDH, 2010:2). La CIDH (2010:7) señala que la prestación del servicio de salud debe estar libre de discriminación por razones de edad, económicas, origen étnico o cualquier otro estatus. El disfrute de servicios de salud y asistencia social debe ser eficaz, oportuno y responder a necesidades de la población; para ello, debe asegurarse la igualdad de oportunidades durante la atención de la maternidad a partir de: disponibilidad de servicios (suficientes), accesibilidad sin discriminación, física, geográfica y cultural, incluyendo perspectiva de género e interculturalidad, asequible (accesibilidad económica) y que se proporcione información suficiente, científica, comprensible y en el lenguaje de la paciente. Es así que contamos con marcos internacionales para vincular los derechos humanos y la salud materna. En la segunda parte podremos identificar los recursos con que el país cuenta para la exigibilidad de estos derechos. T *CIESAS-Sureste Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM) www.omm.org.mx
De 12 a 17 años de edad
Tabaquismo aumenta en mujeres Fernando Cano Valle*
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e acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones, la prevalencia de consumo de tabaco en la población de 12 a 65 años, disminuyó de 26.4% a 21.7% en 2002 y 2011 respectivamente. Mientras tanto, el panorama entre las mujeres es preocupante, principalmente en las más jóvenes, de 12 a 17 años de edad, la tendencia de incremento de consumo de tabaco en la mujer, se ha marcado en la última década, superando drásticamente la prevalencia de 3.8% en el 2002 a 8.1% en el 2011. La edad promedio en que inicia la conducta de fumar es a los 14.1 años. El uso temprano de sustancias psicoactivas, son un factor de riesgo para desarrollar la adicción, pues el cerebro de los adolescentes alcanza su madurez hasta los 21 años. El 10% desarrolla adicción a la nicotina con el primer cigarro que se fuman La nicotina, es el principal componente activo del tabaco y está catalogada como la droga con mayor capacidad adictiva, incluso por arriba de la metanfetamina fumada y el crack. Produce un efecto farmacológico de aumento de la capacidad de alerta, y de otras funciones cognoscitivas (memoria y concentración), pero también está asociada con la sensación de placer (muy similar a lo que ocurre con la comida y el sexo), debido a la liberación de un neurotransmisor llamado dopamina, lo que provoca que las personas se sientan motivadas a continuar con la adicción El consumo de tabaco en las adolescentes, se asocia a diferentes factores; genéticos, exposición gestacional, control del peso, presión social, accesibilidad de productos de tabaco en la escuela y casa principalmente, además de la publicidad que genera la industria del tabaco, ahora por medio de las redes sociales, el internet y en los videojuegos. También, tener depresión en la infancia y adolescencia temprana, se asocia al desarrollo de adición a la nicotina y, en la mujer es 4.6 veces más alta que en el varón El 3.8% de las jóvenes que fuman, lo hacen en los primeros 30 minutos después de despertarse, lo que nos indica que seguramente ya presentan síntomas de adicción a la nicotina. El 59.8% de las adolescentes, ha intentado dejar de fumar, el 30% lo hace por conciencia de daño a su salud Las jóvenes exfumadoras, que consumieron tabaco de manera ocasional han tenido mayor éxito al dejar de fumar, que quienes han consumido diariamente, 8.5% versus 0.3% respectivamente. Entre menos se fume, mayor es la probabilidad de logro al dejar de fumar Otros estudios muestran, que las mujeres tienen menos intentos de dejar de fumar, y mayor probabilidad de recaer. Asimismo, los síntomas de abstinencia son mayores en mujeres que en hombres, y estos pueden ser aún más severos durante el ciclo menstrual. El 83.1% de las adolescentes nunca han fumado, el reto es prevenir que este porcentaje se mantenga estable, evitando que inicien el consumo, y disminuir la prevalencia de nuevas consumidoras. Las perspectivas de género y el pleno cumplimiento del Convenio Marco para el Control del Tabaco son nuestros ejes transversales para lograrlo. T * Comisionado Nacional contra las Adicciones
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Mujeres de Palabra Senadora, María Elena Barrera Tapia
Retos con rumbo en el tema de la violencia María Elena Barrera Tapia
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i bien es cierto que hemos logrado avances importantes en materia de igualdad de género, aún no hemos superado rezagos culturales que siguen haciendo mucho daño a la mujer, sobre todo en cuanto a violencia. Lamentablemente aún seguimos viviendo muchos casos donde la dignidad, la integridad física y psicológica de la mujer es gravemente vulnerada por el hombre. Casos que verdaderamente superan la ficción y el drama. Por ello, fielmente creo que el reto más grande que tenemos recae en la educación, especialmente la que recibe la mujer, las generaciones más jóvenes; ahí debemos apostar el cambio cultural, trascender a las diferencias que nos vuelven complemento biológico, humano, intelectual y por supuesto ideológico. Cierto es que esta tarea es la más difícil pero ya hemos empezado, y el camino debe continuarse con el fervor de hallar una sociedad conde se hable con certeza de inclusión, donde en principio la mujer no quede excluida de oportunidades laborales y mucho menos, lo enfatizo, de las legales, de educación o salud. Celebro verdaderamente que en los últimos años se haya logrado mayor inclusión de la mujer, que el diseño de las políticas públicas estén cada vez más orientadas a fomentar y
fortalecer este esfuerzo que implica a todos los sectores, a todos los actores y en principio al individuo. Bien sabemos que el tema no es exclusivo de nuestro país, es un reto para muchos países, para cada cultura e ideología, de ahí su complejidad y las múltiples aristas que deben analizarse. Pero en el intento por combatir el fenómeno social debemos ser cautelosos, analíticos y reflexivos, evitar en todo momento radicalizar el problema, reducir el riesgo de que pueda convertirse en una ideología confrontativa, que ponga en riesgo la tolerancia existente. Y aunque por las circunstancias mismas que plantea este problema social, mucho del trabajo en los diferentes niveles de gobierno, se ha visto en la necesidad de tomar medidas correctivas, hemos empezado a transitar rumbo a la prevención y planeación. Por ejemplo hace unos días, el gobernador constitucional del Estado de México, el doctor Eruviel Ávila Villegas enfatizó que la autoridad estatal se mantendrá en alerta permanente para apoyar, proteger y respaldar a las mujeres, con el objetivo de garantizar su independencia para que ejerzan sus derechos plenamente, en el marco de la Séptima Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para la Igualad de Trato y
Oportunidades entre Hombre y Mujeres para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Y este es sólo uno de los ejemplos más recientes, trabajos que en estas últimas dos administraciones estatales se han venido fortaleciendo e incentivando. Por lo que desde este espacio felicito y agradezco estas acciones encabezadas por nuestro gobernador. Particularmente me he pronunciado comprometida con el tema y sus retos, como titular de la Secretaría de Salud del Estado de México, en el periodo 2006 – 2012, entonces gobernador el hoy, presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, logramos consolidar la creación del Hospital de especialidad “Mónica Pretelini” que junto con otras acciones se logró la reducción del 27% en mortalidad materna. Lo anterior, especialmente con la implementación del Modelo de Atención Médica e Infraestructura en Salud y la Atención Gratuita a Mujeres Embarazadas antes y hasta 40 días después del parto, así como la creación del Modelo de Atención Obstétrica en Enfermería. En esta misma línea puedo destacar que desde el Gobierno Municipal en el periodo 2009 – 2012 el tema de igualdad de género constituyó la
Licencia por paternidad
El IPN se coloca a la vanguardia en la construcción de la equidad El Instituto Politécnico Nacional se preocupa por promover un trato de igualdad hacia lo que constituye su mayor fortaleza y orgullo: su comunidad, apostando a una licencia por paternidad para los trabajadores de base Dra. Martha Alicia Tronco Rosas y Mtra. Mariana Gómez Tress*
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uando escuchamos hablar sobre perspectiva de género, violencia de género, igualdad de acceso y oportunidades, feminismo, maternidad y feminidad, quizá nos venga a la mente imágenes relacionadas con mujeres vulnerables, indígenas, violentadas, ancianas, pobres y embarazadas; pero si incorporamos a estos términos el de masculinidades, violencia masculina, paternidad tradicional y nuevas paternidades, nos confundimos y cuestionamos sobre si el tema de la equidad de género también compete a los hombres, quienes
conforman la mitad de la humanidad. A lo largo de la historia se le ha asignado a las mujeres el papel principal de ser madres y, por ende, las únicas responsables de la crianza, el cuidado y la educación de sus hijas e hijos. Como consecuencia, el papel de los hombres ha quedado relegado al de ser proveedor bajo una posición periférica respecto a la familia. Frente a ese panorama, el IPN revisó el impacto de esta experiencia en México y otros países, y de manera específica el costo y beneficio que se obtendría de ello, dado los recursos que tendría que conseguir el propio Instituto. Desde luego no fue una tarea fácil, pues en este trayecto, reciente y desconocido para el IPN, se encontraron con interrogantes y discrepancias sobre el elevado costo, la cantidad de días que se otorgarían, cuántas veces al año, qué documentación se requeriría y cómo hacer para que este beneficio no representara una carga para las madres que recién concebirían a su hijo o hija. La doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez, primera mujer Directora General del IPN, reconoció que era necesario establecer una política que, si bien les permitiría acompañar a su pareja durante los primeros días del nacimiento o adopción de un hijo o hija, lo relevante y trascendente era propiciar que el propio trabajador cuestionara, reflexionara y deconstruyera la idea que nuestra sociedad mexicana tiene de un padre: una figura de
mando, aquel que es atendido, que toma las decisiones importantes de la familia, que controla el dinero y los bienes materiales, que castiga e impone obediencia, miedo y un alejamiento que involucra ausencia física y emocional. La implementación de esta prestación ha colocado al IPN a la vanguardia en una perspectiva de género que favorece a sus mujeres y hombres, por ser la primera institución educativa de nivel superior en México en adoptar esta política instituida por la doctora Bustamante el 18 de junio del año 2010. La Licencia por Paternidad ha representado un doble reto, el primero es el financiero, toda vez que se han otorgado a la fecha más de 280 licencias con goce de sueldo por 13 días hábiles, lo cual ha implicado una inversión aproximada de 2 millones 100 mil pesos. Más de 27 mil personas laboran en el IPN, de las cuales 15 mil 680 son hombres y representan el 57 por ciento del personal laboral, y según resultados obtenidos en una investigación realizada por la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género del IPN, el total de las licencias otorgadas a los directivos, docentes y administrativos han sido por nacimiento, ninguna por adopción. El 77 por ciento de los trabajadores son casados, el 35 por ciento oscila entre los 32 y 38 años de edad, el 55 por ciento cuenta con estudios de
columna vertebral de nuestra agenda política y paralelamente se creó y operó el Sistema Integral en Atención Médico Asistencial, único en el país, que entre su oferta de servicios, incorporó un programa especializado en la prevención del cáncer de mama. La mujer de hoy, que incursiona fuertemente en los quehaceres tanto del gobierno, instancias legislativas, empresariales, comerciales y por supuesto familiares y del hogar, debe asumir su papel con un claro sentido del respeto a sí misma; concibiendo por principio de cuentas, el papel tan importante que desempeña como ser humano y como ente social, lo que en conjunto se traduce sin duda en el pilar fundamental de la cultura. Pues aunque no es exclusivo, en la mujer y en su capacidad natural reside la fuerza de la educación y los valores. Por lo cual, desde este espacio les envío a todas mi más sincero reconocimiento y felicitación por ser mujeres. Que sean estas líneas, estas palabras sólo un motivo de reflexión y encuentro. Un punto de coincidencia y una razón más para continuar en esta lucha. T Secretaria de la Mesa Directiva del Senado de la República.
licenciatura y el 45 por ciento son padres primerizos. Además, durante el goce de la licencia, el 84 por ciento de los trabajadores fueron quienes realizaron actividades de aseo, preparación de alimentos y cuidado del recién nacido o nacida. Otro reto valioso para el IPN ha sido el de resguardar la esencia y bondad con la que fue originada esta prestación como una política integral, por lo que es requisito para los prestadores de la licencia participar en un curso–taller denominado “Paternidad-Es” de 25 horas de duración que se imparte en modalidad semipresencial, cuenta con valor curricular y aborda temas relacionados con la construcción social del género, violencia, paternidad y educación con equidad, además de que desarrolla competencias socio–formativas necesarias para sensibilizar y capacitar a los trabajadores en una paternidad responsable e igualitaria. Este curso–taller es un espacio permanente de reflexión donde se promueve la vinculación emocional y la corresponsabilidad constante de acompañamiento y cuidado hacia las y los hijos, una paternidad caracterizada por su presencia, acompañamiento, disfrute y cuidados. El papel del IPN como institución pública de educación superior es construir una paternidad democrática, afectuosa, respetuosa y libre de violencia. Es imprescindible incorporar la idea de compartir con la madre el trabajo de colaboración material, social y emocional, así como anular la clásica idea de que son las mujeres las responsables exclusivas del cuidado de las y los niños, y concebirse como un adulto educador, protector y cuidador de quienes decidió conceder la vida. T * Directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG) y Jefa del Departamento de Programas Estratégicos de la UPGPG, respectivamente
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Cruz Roja Mexicana
Ellas son clave en el programa de apoyo psicosocial “Piensa en una persona a la que amas, una persona que significa mucho para ti, por la que harías cualquier cosa. De repente, ocurre un sismo de tal magnitud que colapsa a la ciudad y momentos después, te enteras que esa persona tan significativa murió”
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Psic. Marine Rodríguez Lima*
tu alrededor hay pérdida, dolor, enojo, tristeza y desesperanza porque mucha gente al igual que tú perdió a alguien importante y al mismo tiempo perdieron sus pertenencias y su vida habitual, ¿qué emociones aparecerían en ti?, además de recibir ayuda por parte de Cruz Roja en alimentación, alojamiento, restablecimiento de contactos familiares,¿de qué otra manera te podrían ayudar para lidiar con todo lo que estás sintiendo?” Entre los programas de ayuda humanitaria que brinda la Cruz Roja Mexicana se encuentra el del Apoyo Psicosocial. Va
más allá de aliviar el sufrimiento de las personas desde el punto de vista físico y también en el rubro psicosocial, que se refiere a la relación dinámica entre la dimensión psicológica y social de una persona, donde una influye en la otra. La dimensión psicológica incluye procesos internos, emocionales y de pensamientos, sentimientos y reacciones. La dimensión social incluye las relaciones, la familia y las redes comunitarias, los valores sociales y las prácticas culturales, por lo que el apoyo psicosocial se refiere a las acciones que abordan las necesidades psicológicas y sociales de las personas, las familias y las comunidades. ¿De qué otra manera te podrían ayudar para lidiar con todo lo que estas sintiendo? el apoyo psicosocial es la respuesta, tanto en los desastres como en los conflictos armados y otros tipos de violencia. Cuando ocurren eventos desafortunados, existen grupos vulnerables y uno de ellos es el género femenino al que Cruz Roja Mexicana siempre está dispuesta a ayudar.
Vulnerabilidad psicosocial por género Los grupos más vulnerables son los que tienen mayores dificultades para reconstruir sus medios de subsistencia después del fenómeno perturbador. Las mujeres tienen mayor vulnerabilidad por ser más propensas al daño, las pérdidas y el sufrimiento en el contexto de diferentes
amenazas, también pueden tener menos oportunidades de acceso a los recursos materiales y sociales. Como consecuencia, las mujeres tienen que encontrar una salida para las dificultades económicas de la familia, en muchas ocasiones, tienen que enfrentar la recuperación solas, como cabeza de su núcleo familiar y pueden enfrentarse a los siguientes problemas: • La invisibilidad del trabajo doméstico. • La subordinación en las relaciones de poder. • La discriminación y explotación por condición de género. Con lo anterior pareciera que la mujer tiene pocas posibilidades de enfrentarse ante tales adversidades y esto podría resultar cierto si nos enfocamos en sus carencias, en lugar de visualizar y promover el desarrollo de su resiliencia y mecanismos de afrontamiento saludables que sin importar el grado de vulnerabilidad todas las personas poseen. El papel de la mujer en el Programa de Apoyo Psicosocial que ofrece la Cruz Roja Mexicana es de suma importancia ya que muchas de nuestras voluntarias son el primer contacto con las mujeres afectadas y con la capacitación adecuada pueden ser un medio para transmitir información confiable y mostrar perspectivas diferentes respecto a lo ocurrido nelly salas
con un enfoque más que centrado en la enfermedad, en la salud y en los recursos que poseemos de manera natural. Actualmente el Programa de Apoyo Psicosocial está integrado en 15 delegaciones estatales de Cruz Roja Mexicana del país y están en vías de desarrollo actividades para casos de desastre y otros tipos de violencia que integran a la mujer como sobreviviente activo en caso de ser afectada por algún fenómeno mencionado anteriormente o como respondiente para ayudar a la comunidad y otras mujeres. El Movimiento Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) integra el Programa de Apoyo Psicosocial a finales de los años 80 y principios de los 90, cabe mencionar que los efectos de los desastres y emergencias significativos sobre la salud física suelen ser bastantes conocidos con secuelas a corto, mediano y largo plazo. En cambio, no siempre se han reconocido de igual manera los efectos sobre la salud mental a pesar de haberse demostrado que, en situaciones de desastres y emergencias complejas, se produce un incremento de los signos de sufrimiento psicológico como la aflicción y el miedo; se puede aumentar en gran medida la morbilidad psiquiátrica y otros problemas sociales. El Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) se esfuerza por prestar protección y asistencia humanitaria a las víctimas de los conflictos armados y de otras situaciones de violencia y al igual que la FICR realiza acciones en las que integra al apoyo psicosocial, en especial, en actividades relacionadas con la protección de: • Las personas que son arrestadas o detenidas, especialmente en el contexto de conflicto armado u otra situación de violencia. • Las personas civiles que no participan, o que han dejado de participar, en hostilidades o en enfrentamientos prestando especial atención a grupos expuestos a riesgos concretos, como los niños (reclutamiento de menores de edad, las mujeres (violencia sexual), los ancianos, los discapacitados y los desplazados. Ambos organismos intervienen en situaciones diferentes, la FICR realiza actividades psicosociales en casos de desastres y el CICR en caso de conflictos armados y otros tipos de violencia, es decir, buscan disminuir el sufrimiento humano causado por estos fenómenos, promoviendo el bienestar comunitario e individual de las personas afectadas. De igual manera, se preocupan por planear, gestionar e implementar actividades para los primeros respondientes, es decir, el factor humano indispensable para ayudar a los sobrevivientes y que sin ellos sería prácticamente imposible llegar hasta donde otros no pueden. Si quieres integrarte a la Red Nacional de Apoyo Psicosocial en Cruz Roja Mexicana y colaborar con nosotros, contáctanos al teléfono 0452224379900 o al correo aps_socorros@cruzrojamexicana.org. mx, rolima_84@hotmail.com. Desde siempre ante las adversidades las mujeres sabemos salir adelante y tú no eres la excepción, recuerda no te rindas. Mario Benedetti No te rindas (fragmento) No te rindas, por favor no cedas, Aunque el frío queme, Aunque el miedo muerda, Aunque el sol se esconda, Y se calle el viento, Aún hay fuego en tu alma Aún hay vida en tus sueños. T *Punto Focal del Programa de Apoyo Psicosocial Cruz Roja Mexicana
Lunes 29 de julio de 2013 o 17
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RASHIDE FRIAS/CUARTOSCURO
La unión libre
Así se inicia hoy la vida en pareja Una de las transformaciones sociales en la época actual es la de haber mermado el poder patriarcal de la familia; se han vuelto más igualitarias las relaciones jerárquicas en su interior y con ello se amplían las opciones de elección de pareja y de la naturaleza del vínculo conyugal que se establece
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Dra. Julieta Quilodrán Salgado*
onformar una pareja conyugal constituye sin duda un evento social que puede adoptar múltiples modalidades y ser analizado desde muy diversas perspectivas. Cada época ha regulado de manera distinta el proceso de formación familiar haciéndose eco de los cambios que ocurren en la sociedad y de las reelaboraciones de estas influencias que se llevan a cabo en las propias familias. El mundo se ha globalizado; las familias son menos numerosas; sus miembros viven más tiempo y están más escolarizados que en el pasado. Las mujeres por su parte han mejorado sus condiciones de género incorporándose al sistema escolar en proporciones casi superiores a las de los hombres y participando cada vez más frecuentemente en el mercado laboral. Asistir a la escuela durante más tiempo que en el pasado así como trabajar fuera del hogar son factores que tienden a debi-
litar el control familiar sobre los hijos al ampliar los sitios de encuentro; de hecho, se expande “el mercado matrimonial” y con ello las posibilidades de encontrar un cónyuge fuera de los límites del espacio familiar y residencial. Por su parte, la existencia de los anticonceptivos abre expectativas con respecto a una práctica del “sexo sin consecuencias” que merma, a su vez, la función regulatoria que debería ejercer en este sentido, la institución matrimonial. Sin embargo, al relativizarse el estigma asociado a la pérdida de la virginidad en la mujer, la pareja puede optar más fácilmente por mantener una relación sentimental con cohabitación pero sin casarse en lo inmediato sin que ello cancele, en el caso de la mujer, sus posibilidades de volverse a unir. Cuando ocurre un embarazo en una pareja “no unida” la solución clásica era la de un “matrimonio de reparación” el cual respondía a la pérdida del honor que sufría la mujer al quedar en evidencia que había sostenido relaciones sexua-
les pre-matrimoniales. La tolerancia que existe hoy día hacia una situación como esta permite a la pareja no casarse o establecerse en unión libre que es un vínculo menos formal y que en el imaginario colectivo sigue revistiendo menos compromiso que el matrimonio. Esta percepción se ve reforzada por una legislación que ha venido equiparando los derechos de quienes están casados en matrimonio civil (legal) con los de los convivientes siempre y cuando se trate de uniones monogámicas. Una tercera posibilidad es recurrir al aborto con las complicaciones que éste puede acarrear desde el punto de vista de la salud de la madre y de tipo legal. Las circunstancias recién descritas dibujan un escenario propicio para la rápida expansión de las uniones libres: mujeres más educadas que pueden obtener recursos económicos propios y con ello ser menos dependientes de la ayuda familiar; medios que permiten manejar la reproducción biológica de manera eficiente con lo cual la vida sexual tiende a volverse independiente de la reproductiva; esperanzas de vida cada vez más largas que admiten períodos de soltería más prolongados con o sin vida sexual así como varias uniones sean estas reproductivas o no. En suma, la unión libre constituye un espacio de convivencia más igualitario que da por lo demás, cabida a uniones subsecuentes que buscan menos formalidad en el nuevo vínculo conyugal que están estableciendo así como a uniones “concurrentes” (uniones paralelas) u homosexuales sobre todo cuando existen impedimentos de tipo legal para casarse. Este tipo de unión libre, que corresponde más bien al postulado por la teoría de la Segunda Transición Demográfica, coexiste con la unión libre tradicional aceptada socialmente como una unión con menos prestigio que el matrimonio y asociada con vulnerabilidad, subordinación femenina y baja escolaridad. En realidad, la unión libre reviste una plasticidad que la convierte en los hechos en un mecanismo exitoso de adaptación a situaciones de cambio, sobre todo, aceleradas como las que estamos viviendo. El incremento de la unión libre en México comienza a hacerse notorio en la década de los noventa. Justo antes, entre 1970 y 1990, disminuye alcanzando en
1980 y 1990 sus niveles más bajos desde 1930 (13.9 y 14.6% respectivamente entre las mujeres unidas de 15 y más años). En este mismo período los matrimonios civiles y religiosos disminuyen también ligeramente (2%) y los matrimonios sólo civiles aumentan (14.6%). En la década de los noventa sigue disminuyendo el matrimonio civil y religioso y aumentando tanto el sólo civil como la unión libre. Para el año 2010 el matrimonio civil y religioso había disminuido 23.5% con respecto a 1970 representando menos del 50% de la población unida. Entre 1990 y 2005 siguen aumentando las proporciones de matrimonios civiles pero todavía más las uniones libres. De esta manera tenemos que en 2010 las proporciones de uniones libres superan las de los matrimonios sólo civiles (26.3% y 23.5% respectivamente). La evolución anterior nos habla de un incremento significativo del matrimonio solamente civil en los años noventa previo al experimentado por la unión libre cuya expansión se da principalmente en lo que va de este siglo. El resultado ha sido que hoy día una cuarta parte de la población unida está en unión libre en México y mucho más en las edades jóvenes. En 2010 del 19% de mujeres unidas en el grupo de edad 15-19 años 71% lo está en unión libre, 44 % entre quienes tienen 20-24 años y 41.5% entre las de 25-29 años. El descenso de las tasas de nupcialidad legal confirman por su parte estas tendencias. De niveles de 7 por mil a comienzos de los años ochenta han descendido a menos de 5 por mil en 2011 (4.9 por mil); vale decir, a niveles prevalecientes en los años 1928-1930. Como conclusión podemos afirmar que la institucionalización que había experimentado progresivamente el matrimonio durante el siglo XX comienza a retroceder a finales de este mismo siglo. Primero se desacraliza y luego se aleja de la sanción legal convirtiendo a las uniones libres en la norma entre las generaciones jóvenes. Aunque menos frecuente entre la población más educada su incremento ha permeado todos los niveles educacionales y podría decirse que independientemente de que luego sobrevenga un matrimonio se está haciendo habitual que la vida en pareja conyugal de comienzo con una unión libre. T *El Colegio de México
18 o Lunes 29 de julio de 2013
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Inmujeres ESPECIAL
Mujeres DF
Ya se castiga la violencia patrimonial y económica En el Gobierno del Distrito Federal tenemos claro que un requisito para la erradicación de la violencia contra las mujeres es el acceso de jure y de facto a recursos judiciales idóneos y efectivos, así como a una actuación con la debida diligencia
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Beatriz Santamaría Monjaraz*
n el marco de lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hemos asumido el compromiso de adoptar, desde nuestro ámbito de competencia y en atención a nuestras obligaciones, una serie de medidas que aseguren la prevención, investigación, sanción y reparación del daño en casos de violencia contra las mujeres, porque entendemos que el acceso a la justicia es un derecho humano fundamental de las mujeres y requisito indispensable de un Estado democrático. Así, a partir de la aprobación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia del Distrito Federal (LAMVLVDF), marco normativo fundamental de
nuestras acciones en la materia, contamos con una serie de programas, mecanismos y líneas de trabajo para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres. La LAMVLVDF tiene como base conceptual y teórica la perspectiva de género; establece una definición y clasificación de los tipos y modalidades de violencias que se ejercen contra las mujeres, y la forma cómo debe coordinarse el aparato gubernamental para lograr su erradicación. La Ley establece los fundamentos de las políticas públicas y las articula en tres ámbitos: prevención, atención y acceso a la justicia; sobre este último, destacan como directrices principales: el derecho de las víctimas a ser tratadas con respeto, y a acceder a procedimientos expeditos y accesibles de procuración y administración de justicia.
Cuando nos referimos al acceso a la justicia, hablamos del conjunto de acciones que deben realizar las dependencias y entidades del Distrito Federal para hacer efectiva la exigibilidad de los derechos de las mujeres en los ámbitos civil, familiar, penal; que implica, entre otros: La instrumentación de medidas de protección; el acompañamiento; la representación jurídica; la reparación del daño y la atención integral. De esta manera, hemos diseñado acciones de carácter interinstitucional orientadas a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres. Destaca la representación legal para las mujeres, a través de las abogadas victimales (una figura que representa de manera gratuita a las mujeres en los procesos penales); de igual forma, en la Ciudad de México, las mujeres tienen derecho a solicitar medidas de protección para garantizar su seguridad y la de su familia cuando se encuentran en situación de riesgo. De suma importancia son las reformas al Código Penal y de Procedimientos Penales para el Distrito Federal que armonizan los tipos y modalidades de
violencia e incluyen elementos que antes no se contemplaban, como la violencia patrimonial y la económica. Mención especial merece la tipificación del delito de feminicidio (26 de julio, 2011), así como la emisión del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, ambos contienen procedimientos sustantivos para la investigación y sanción de los responsables, y para la reparación del daño a las víctimas indirectas. Además, se cuenta con el Sistema de Auxilio a Víctimas de la Ciudad de México, único en el país, integrado por seis centros de atención a víctimas de delitos, entre los que se encuentran: el Centro de Terapia y Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales, CTA; el Centro de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar, CAVI; el Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo, CIVA; y el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento, ADEVI; todos de la Procuraduría General de Justicia del DF, donde se atienden casos de violencia contra las mujeres y se brinda desde la orientación hasta la representación legal. Destaca también la atención integral y multidisciplinaria a través de las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UAPVIF), de la Dirección General de Igualdad y Diversidad Social, de la Secretaría de Desarrollo Social del DF, donde se atiende y da seguimiento a casos de violencia contra las mujeres, particularmente violencia familiar. Así como la atención en las Unidades Delegacionales del Instituto de las Mujeres del DF, en las que, mediante un modelo de empoderamiento, se brinda asesoría jurídica y psicológica a las mujeres víctimas de violencia en sus diferentes tipos y modalidades. Asimismo, en la Ciudad de México nos ocupamos en mejorar el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia comunitaria, de manera particular al prevenir, atender y sancionar la violencia sexual en el transporte público, mediante el Programa Viajemos Seguras, que prevé procedimientos efectivos y de calidad ante esta problemática. Los programas y acciones del Gobierno del Distrito Federal en materia de acceso a la justicia para las mujeres, se fortalecen a través de diversas líneas de acción, implementadas de manera permanente, en las que destaca la protección y restitución de los derechos de las mujeres víctimas, la garantía de su seguridad e integridad, el actuar de las autoridades con la debida diligencia, así como el continuo fortalecimiento del trabajo de corresponsabilidad con las organizaciones de la sociedad civil y el movimiento feminista. No obstante los avances logrados, frente a la enorme complejidad que implica la violencia contra las mujeres, aún tenemos múltiples retos por atender y nos encontramos trabajando en ellos, sobre todo en el fortalecimiento de la articulación y la coordinación entre los diferentes actores que inciden en la atención y la procuración de justicia para las mujeres víctimas de violencia, así como en la atención en materia familiar. Partimos de una concepción clara: el acceso a la justicia no se reduce sólo a la respuesta judicial efectiva frente a la violación del derecho de las mujeres a vivir libres de violencia; sino también al reconocimiento de la igualdad sustantiva como fin último, que reconozca la equivalencia de derechos en todos los ámbitos, que considere a las mujeres como sujetas de derechos, que garantice políticas públicas para la igualdad de oportunidades y que promueva su desarrollo en todas las esferas de la vida, sin discriminación alguna. Ese es nuestro mayor reto. T * Directora General del Inmujeres DF
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Inmujeres Niñez vulnerable
Urge voluntad política para abatir indiferencia jesús quintanar
especial
En México existen alrededor de 95 mil menores que se encuentran en situación de calle, una cifra escalofriante cuando revisamos el índice tan alto que tenemos de niños, niñas y adolescentes fuera de las aulas y sin empleo
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Sen. Diva Hadamira Gastélum*
egún el estudio Panorama de la Educación 2013, que elabora la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el 24.7% de los jóvenes de 15 a 29 años no estudian ni trabajan, por lo que el país tiene la tercera cifra más alta de “ninis”. Los especialistas señalan que es necesario diferenciar a las personas que viven en situación de calle y a los que trabajan en ella, ya que son dos situaciones diferentes, aunque al final, ambos necesitan apoyo para subsistir. Actualmente se cuenta con Ley General para garantizar los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que contempla el diseño y ejecución de políticas públicas para la protección de sus derechos, como son: derecho a la vida, derecho a la no discriminación, Derechos a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo Psicofísico, del Derecho a ser Protegido en su integridad, en su libertad, y contra el maltrato y el abuso sexual, del Derecho a la Identidad, del Derecho a vivir en Familia, del Derecho a la Salud, Del Derecho a la Educación, de la Libertad de Pensamiento y del Derecho a una Cultura Propia. En este sentido, considero que estamos obligados a buscar y dar seguimiento a las acciones que nos lleven a fortalecer la infancia y sobre todo, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en favor de los derechos de la niñez y adolescencia mexicana. Lo importante es reintegrarlos a la sociedad, garantizando un plan de acción en el que la educación y capacitación sean los ejes centrales, dándoles herramientas para que puedan desempeñar oficios, y no vuelvan a las calles por ningún motivo. Necesitamos partir de indicadores sobre los programas que ya se han aplicado para realizar una evaluación de la situación actual y poder incidir de manera positiva en este sector. En México existen más de 2 mil 212 organizaciones de la sociedad civil que atienden esta problemática, que brindan alimentación, refugio, atención de adicciones, salud, entre otros. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula alrededor de 150 millones de niños en situación de calle en todo el mundo, es por ello que los tratados internacionales referentes a los derechos de los niños, donde prevalece el interés superior
Diva Hadamira Gastélum
de la niñez y la participación de todos los órdenes de gobierno, se vuelven esenciales en el combate y erradicación de personas en esta situación. Estoy cierta en que algo hicimos mal, el mismo sistema y la sociedad les quitó la oportunidad de estudiar, trabajar, de tener una vida digna y la misma sociedad los dejó en el olvido, marginándolos hasta la situación en la que se encuentran el día de hoy. Todos somos responsables, los niños y niñas de la calle son de todos, no se trata de un reparto de culpas, se trata de visualizar la situación actual y darnos cuenta de que necesitan nuestra ayuda, uno de los primeros pasos para que nuestros niños y niñas se involucren en el mundo de las drogas, tiene que ver con el descuido y abandono, y la vulnerabilidad es tal, que lo único que encuentran en las calles son sustancias que los hacen adictos. En este contexto, la UNICEF ha determinado dos categorías para los niños en situación de calle: Niños de la calle son aquellos que están relacionados con algún tipo de actividad económica, que va desde la mendicidad a la venta modesta. Ocasionalmente pueden asistir a la escuela y normalmente mantienen cierto sentido de comunidad familiar. Debido a la precariedad de la situación económica familiar, estos niños pueden verse eventualmente empujados a una estancia más permanente en la calle. La otra categoría se refiere a los niños
de la calle que realmente viven en la calle, fuera de un medio familiar convencional. Los lazos familiares pueden existir todavía, pero son mantenidos sólo ocasional o involuntariamente. En México no contamos con un registro al respecto, debemos saber exactamente cuántos niños y niñas están viviendo actualmente en las calles, UNICEF estimó que el número exacto de niños en estas condiciones es imposible de cuantificar, pero las estadísticas hacen pensar en decenas de millones alrededor del mundo. Recordemos que los niños de calle pueden estar ahí porque han sido abandonados o expulsados de sus hogares, eligen vivir en las calles debido al maltrato que sufren en casa, o simplemente porque sus padres no son capaces de brindar a sus hogares los ingresos suficientes. La Organización Mundial de la Salud (OMS) señaló como factores de este fenómeno: Desintegración familiar, conflictos armados, pobreza extrema, desastres naturales, abusos físicos y sexuales, explotación infantil, y urbanización. La comunicación que debemos tener con la sociedad para explicar lo grave de este fenómeno y su incremento, debe surgir desde todos los ámbitos, la sociedad civil ha realizado un gran aporte y trabajo con las personas en situación de calle, en diversos temas. La defensa que realizan se enfoca en
programas que intentan sacar a los niños de esta situación, así como actividades preventivas que se acercan y brindan apoyos a las familias para que los hijos no abandonen la escuela; de igual forma, se cuenta con programas de rehabilitación y programas en las calles, que brindan alimentación, asistencia sanitaria, médica, legal, refugios, etc. Debemos tomar en cuenta la migración que tenemos en el Distrito Federal, una alta concentración de personas que vienen en su mayoría de estados como Tlaxcala y el Estado de México, y que tenemos viviendo en las calles, se estima que casi un 70 por ciento de ellos, no pertenecen al Distrito Federal. Un aspecto muy importante es la concientización, en tanto no contemos con un panorama claro del problema y sus consecuencias, es muy complicado que este fenómeno logre erradicarse, como sucede con cualquier problemática social, es necesaria la participación ciudadana, pero también la atención y voluntad de nuestro sistema político y económico para acabar con estas condiciones de indiferencia social y desigualdad. El abandono en el que viven miles de niños, niñas y jóvenes, no podemos permitirlo más, es sorprendente que no contemos con un registro de los albergues públicos y privados, además de identificación de todos los niños que son atendidos en esos lugares, estoy segura de que hay muchas cosas que podemos lograr focalizando el problema y todas las vertientes que son urgentes de revisar. Es un población aparentemente invisible, que sólo vemos cuando se colocan frente a nuestros autos para limpiar el parabrisas o hacer malabares, pero cada día estos niños están encontrando más formas dañinas de sobrevivir, considero que este es un buen momento para actuar y darles una mejor calidad de vida, esa que se les arrebató, ahí es donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos y proteger los derechos de nuestros niños, niñas y jóvenes. T * Presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género Senado de la República Email: diva.gastelum@senado.gob.mx Twitter: @divagastelum Facebook: DivaGastelum
20 o Lunes 29 de julio de 2013
milenio
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Inmujeres RODOLFO ANGULO/CUARTOSCURO
un claro interés por escuchar de viva voz a algunas de las supervivientes mexicanas, quienes narraron el sufrimiento y el dolor que padecieron durante su cautiverio y la forma en que han logrado salir adelante. Desgraciadamente esta reunión, que sabíamos era primordial para que las autoridades dieran al problema su justa dimensión, la habíamos planteado a una legisladora que durante meses se negó a conocerlas o escucharlas argumentando que “ella no iba a interactuar con las víctimas”. Es indignante que quienes deben representarlas y trabajar para que sean rescatadas y protegidas, se nieguen a oír a quienes han sufrido este delito. No se puede legislar lo que no se conoce. Ellas tienen derecho a ser escuchadas y no se les debe negar esa oportunidad.
De víctima a sobreviviente
No basta con rescatarlas hay que impulsar su recuperación Cuando se toca el tema de la trata de personas en México usualmente no se hace suficiente hincapié en la vulnerabilidad de las víctimas. Considero que lo más indignante que puede sucederle a un país es fallarle a aquellos ya de por sí vulnerables
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Rosi Orozco*
s indignante fallarle a quienes no se les ha proporcionado la educación que merecen, un techo digno, comida suficiente y que se encuentran en condiciones de extrema pobreza. Pero desafortunadamente así es, ya que estas personas son las más captadas por la delincuencia organizada para la trata de personas. Por eso es imprescindible reiterar, una y otra vez, que no basta con rescatar a las víctimas sino que debemos ofrecerles las
herramientas para salir adelante y ayudarlas a superar tanto abuso. Ejemplos como el de una niña, víctima de este delito, que estuvo desaparecida y que hace poco fue rescatada en la ciudad de Querétaro, pero que actualmente se encuentra en un psiquiátrico con dos intentos de suicidio, deberían abrirnos los ojos y mostrarnos que esta esclavitud va más allá del cautiverio físico. Cuando inicié esta lucha en 2005, lo que me motivó a entrar en un tema tan delicado fue ver precisamente el caso de una niña que como consecuencia de ser víctima de trata se quitó la vida. En ese momento tomé
una decisión: ayudar a las víctimas que nadie rescataba. La primera joven liberada en el país la rescaté metiéndome entre 400 chicas en situación de prostitución en la Delegación Venustiano Carranza. Hoy, Camila es una superviviente casada, que vive con dignidad, tiene su propio salón de belleza, está estudiando la carrera de pedagogía y ha mostrado valientemente su rostro a los medios para denunciar este delito. Casos como éste nos deben hacer sentir como mexicanos que las cosas pueden cambiar, pues ningún ser humano merece ni debe ser jamás esclavo o esclava, porque si uno solo lo es, todos lo somos. Una nación es tan grande como el respeto que tenga por los derechos humanos de sus ciudadanos y en días pasados las supervivientes de este delito fueron escuchadas por primera vez por autoridades y legisladoras en un Foro al que acudieron la Diputada Federal Leticia López, presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas; Luis Castro Obregón, presidente del Partido Nueva Alianza; Juana Camila Bautista Rebollar, titular de la Fiscalía para la Atención del Delito de Trata de Personas de la PGJDF; Loreta Vicente, en representación de Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SEGOB; Hannia Constanza Echeverría, Directora General contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; Sandi Choreño, del Programa de Derechos Humanos del D.F., así como las diputadas Erika Cortés, Leticia Zepeda, Carmen Antuna y Berta Alicia Carmona. También estuvieron presentes consejeros de la Comisión Unidos Vs. La Trata y la activista inglesa Sophie Hayes, superviviente de trata, quien compartió su experiencia y destacó los adelantos que hay en México respecto a este tema. Debemos dar un reconocimiento a las autoridades y legisladoras que mostraron
Ellas necesitan un trato digno Debemos destacar que una víctima de trata no es igual a las víctimas de otros delitos, como el secuestro, porque provienen de hogares con muchas carencias y un bajo nivel educativo, pero además son violentadas física y psicológicamente y pagan “el rescate” con su cuerpo y, en ocasiones, con su vida. Cuando son liberadas no anhelan correr a los brazos de sus papás a llorar porque tienen tal vergüenza y culpabilidad que no quieren regresar con sus familias, lo que desean es morirse. Al momento de ser rescatadas no se asumen como víctimas, se sienten culpables, están presas de temores y es fácil que crean las amenazas de sus captores. Les arrebataron todo lo que a un ser humano se le puede quitar. Por ello, lo primero que debe hacerse es rescatarlas, lo que no se está haciendo en la mayoría de los estados, y después tratarlas con la dignidad que se merecen desde el operativo, donde debe haber trabajadores sociales, psicólogos y traductores porque muchas son indígenas, hasta su recuperación. Urgen refugios con personal especializado Tenemos que poner a su disposición refugios dirigidos por personal de la Sociedad Civil, especializado en el tema, y no por autoridades de ningún nivel de gobierno que constantemente abusan de ellas, según testimonios de las víctimas. Estrella, una chica de 14 años que fue secuestrada junto con su prima y entregada a una madrota, logró escapar en algún momento, se dirigió a una patrulla para denunciar su situación y los oficiales, quienes debían ayudarla, no sólo la regresaron al lugar de cautiverio sino que abusaron de ella. Durante el tiempo que Estrella estuvo secuestrada fue testigo de seis operativos, en el primero ella estaba feliz porque creyó que la iban a rescatar pero lo que sucedió fue que todos los policías la violaron. Entonces, ¿cómo se les ocurre plantear que las autoridades de gobierno deben a atender los refugios? Las víctimas, por su condición de vulnerabilidad y la agresión que recibieron, necesitan el apoyo especializado de personal la Sociedad Civil. En México solamente existen cuatro refugios especializados, supervisados por el gobierno pero operados con fondos privados, y que han demostrado que con un trabajo integral, tratándolas con dignidad y respeto, pueden sanar sus heridas. Es necesario que existan más albergues en todos los estados de la república porque son muchas las víctimas que necesitan ser liberadas. Debemos devolverles más de lo que se les quitó y no detenernos hasta que cada una de ellas sea un ejemplo de recuperación. T *Presidenta de la Comisión Unidos vs Trata unidoshacemosladiferencia.com Facebook Rosi Orozco Twitter @rosiorozco
Lunes 29 de julio de 2013 o 21
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Mujeres en la Historia
Rosario Castellanos
CASTELLANOS En frases • No es que el poeta busque la soledad, es que la encuentra. • Mujer que sabe latín, ni encuentra marido ni tiene buen fin. • No te despidas nunca que el mundo es redondo y perfecto. • La sordera no es lo que hace al silencio. Lo que hace al silencio es la mudez.
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ESPECIAL
ue una de las primeras mujeres mexicanas que tuvo acceso a la educación superior institucionalizada. De ahí su convicción de que las culturas en general y la cultura mexicana en particular, colocan a las mujeres dentro del ámbito familiar y social en un plano inferior. Así lo mostró desde el inicio con su tesis de Maestría en Filosofía “Sobre cultura femenina” que sustentó en la Universidad Nacional Autónoma de México. Nació en la Ciudad de México el 25 de mayo de 1925. Vivió su infancia y adolescencia en Comitán, Chiapas, y regresó a los dieciséis años a la ciudad de México. En la Universidad Nacional Autónoma de México estudió la licenciatura y la maestría en Filosofía. Colaboró también como promotora cultural en el Instituto de Ciencias y Artes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en el Instituto Nacional Indigenista. La escritora y diplomática recibió numerosos reconocimientos por sus obras: el Premio Chiapas 1958 por Balún Canán; el Premio Xavier Villaurrutia 1961 por Ciudad Real; Premio Sor Juana Inés de la Cruz 1962 por Oficio de tinieblas; y los premios de letras Carlos Trouyet y Elías Sourasky, en 1967 y 1972, respectivamente. Rosario Castellanos incursionó en diversos géneros como poesía, novela, cuento, ensayo, teatro y periodismo, entre otros. Rosario Castellanos reflexionó e hizo aportaciones fundamentales para explicar que la desigualdad de las mujeres se sustentaba en una larga tradición cultural de sometimiento, en la resistencia a permitir la entrada de las mujeres a las universidades, en la invisibilización del trabajo de las mujeres, al minimizar sus ideas y participación social, política, científica y económica para que no
representaran una amenaza a la estructura y la cultura patriarcales. Esa forma de pensar la convirtió en una mujer adelantada a su tiempo. Su obra ilustra la actitud de las mujeres, representadas en esos personajes femeninos
abnegados, burlados y maltratados. Ese espejo llamó a muchas y muchos a la reflexión y sigue convocando pues la evolución continúa. La muerte de Rosario Castellanos ocurrió en Tel Aviv el 7 de agosto de 1974, durante
el cumplimiento de una misión diplomática como embajadora de México en Israel. Con información de: Universidad Autónoma del Estado de México, Revista de la UNAM, Centro Virtual Cervantes.
Centros de Justicia en Chihuahua
Nuevo “enfoque” transversal para la atención a la violencia de género Fueron creados con el fin de brindar un servicio de atención interdisciplinario, secuencial y especializado para resolver delitos de género, proporcionando ayuda concreta e inmediata a las mujeres y a sus hijos en un lugar único y seguro
L
Zulay Abbud Esparza*
os Centros de Justicia para las Mujeres (Cejum) son un logro de primer mundo que nace para satisfacer las necesidades de las mujeres que viven algún tipo de violencia, impulsados por Gobierno del Estado de Chihuahua y por integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil, defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres. En los Centros se otorga información específica para cada necesidad que presentan
las mujeres inmersas en una situación de violencia. Tales como el acompañamiento a través del proceso legal y/o psicológico, en el que se representa a las usuarias ante las instancias correspondientes: Juzgados civiles y familiares, presentación, investigación y persecución de los delitos que atenten contra la libertad y seguridad sexual y el normal desarrollo psicosexual, violencia familiar y desaparición de mujeres. Además de contribuir al mejoramiento social y del entorno de las usuarias que acuden buscando ayuda, como becas escolares, apoyo para lentes, medicamentos, etcétera.
Lo anterior, con la participación activa de siete dependencias en un mismo lugar: La Secretaria General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Desarrollo Social, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, así como el DIF estatal. Desde su apertura en las ciudades de Chihuahua y Juárez, los Cejum han sido visitados por el relator de las Naciones Unidas Sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias o Sumarias, Christof Heyns; la representante de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe A.C., Teresa Ulloa Ziaúrris; y la presidenta de Mpowerment Works LLC, Marissa Rivera, entre otros. Logrando con ello, la difusión de los espacios para la justicia dedicados a las mujeres en Chihuahua, estado que ha sido señalado y estereotipado por el alto índice de mujeres
víctimas de misoginia, crímenes de odio y discriminación; pero que, sin embargo, está consciente de que no se trata de un problema aislado o común, sino algo que debe atenderse con sensibilidad, compromiso y constante capacitación, pues son centros por y para las mujeres. Actualmente, la Coordinación General del Cejum está en un proceso constante de mejora, por lo que conocer las buenas prácticas y las experiencias de otros lugares como la Ciudad de la Mujer en El Salvador, han abierto el panorama para seguir innovando en los procesos y la creación de dos centros más en el estado, uno en la zona occidente y otro más en la zona sur, con los que se tendrá la posibilidad de abarcar geográficamente a mayor número de población. T *Psicóloga y coordinadora general de los Centros de Justicia del estado de Chihuahua.
22 o Lunes 29 de julio de 2013
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EFEMÉRIDES AGOSTO 7
En 1974, muere en Tel Aviv la escritora mexicana Rosario Castellanos
9
Día Internacional de los Pueblos Indígenas
12
•Día Internacional de la Juventud •En 1981 se da el lanzamiento comercial del primer ordenador personal (PC) de IBAM, con el sistema operativo MS-DOS
19
Día Mundial de la Asistencia Humanitaria
21
En 1842 muere Leona Vicario, heroína de la Independencia de México
22
Día del Bombero
28
Día del Abuelo y de la Abuela
Recomendación
literaria
¿Son mejores las mujeres? Sara Sefchovich
Las mujeres no poseen virtudes esenciales que las hagan mejores que los hombres, han sido circunstancias históricas y culturales las que han establecido diferencias en el desarrollo de unas y otros. Sara Sefchovich, con su acostumbrado ojo crítico, desmenuza los lugares comunes que circulan en torno de las mujeres y sostiene que no existe la mujer ni un nosotras las mujeres. Porque no es lo mismo la virreina que su sirvienta, la maestra que la esposa del presidente.” Y sin embargo, lo que iguala a todas las mujeres “en todos los momentos de la historia y en cualquier parte del planeta, ricas o pobres, jóvenes o viejas, sanas o enfermas, musulmanas o católicas o judías o budistas, es que todas estamos destinadas a lo mismo: al matrimonio y a ocuparnos del hogar y de los hijos.” Con inteligencia, conocimiento y sencillez, Sara Sefchovich analiza los obstáculos a los que se han enfrentado las mujeres, así como los logros que han conseguido. Este libro invita a reflexionar, alienta a sumarse en contra de la discriminación hacia las mujeres y los hombres y contagia su compromiso. Su postura es ejemplo de un pensamiento ilustrado y libertario. Reseña de Marta Lamas
Lunes 29 de julio de 2013 o 23
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HISTORIAS* Adriana Cruz y Alfonso Flores*
Emma Catalina Encinas Aguayo
La primera mujer mexicana en recibir la licencia de piloto aviador ESPECIAL
S
ólo Emma Catalina Encinas sabe qué sintió cuando se vio en el aire, al mando del avión “Tormenta”, para realizar su examen oficial de vuelo frente a una multitud que se congregó en los llanos de Balbuena para ver su proeza. Pocos creían que una mujer de apariencia delgada se convirtiera en la primera mexicana en recibir su licencia de piloto aviador en los años treinta y abrir con ello el camino de muchas mujeres que hoy se desempeñan en la industria aeronáutica. Nació en El Mineral de Dolores, Chihuahua, el 24 de octubre de 1909. Su pasión por volar la llevó desde joven a buscar la forma de hacerlo. En su estado natal conoció al coronel Roberto Fierro, quien dirigía la única escuela de aviación de la época. Emma Catalina tuvo la oportunidad de estudiar ahí y de volar un avión biplano de la marca Spartan, su instructor fue el capitán Ricardo González Figueroa. Con el cambio de la escuela de aviación a Monterrey, Nuevo León, Emma Catalina –quien era amiga de la legendaria aviadora norteamericana Amelia Earhart− se quedó sin instructor ni avión para continuar su aprendizaje. Luego, por razones familiares, la novel aviadora y su familia se trasladaron a la Ciudad de México, donde intentó reanudar sus cursos de vuelo en la escuela de aviación de Mario Castelán. Desafortunadamente, éste le niega las posibilidades de volar sola, por lo que vuelve a buscar al coronel Roberto Fierro
Agenda Cultural TEATRO
Misericordia.2
Elenco: Julieta Egurrola, Teresa Rábago, Érika de la Llave, Renata Ramos, Carmen Mastache, Gabriela Núñez, Ana Ligia García y Rocío Leal Entre territorios agrestes y crueles, un grupo de mujeres marcha con las caravanas de la paz pidiendo justicia por sus hijas, hijos, esposos y familiares desaparecidos. En otro
quien ya entonces estaba al mando del Primer Regimiento Aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana. Recibió las facilidades de Roberto Fierro para continuar sus clases, de nueva cuenta en un avión Spartan, bautizado como “Tormenta”. Su primer vuelo sola fue el 20 de noviembre de 1932, cuando se convirtió en la primera mujer mexicana que lo hacía. Evaluada por cinco varones A las pocas semanas de su logro, el 4 de diciembre de ese año, Emma presentó su examen oficial de vuelo ante las autoridades
del Departamento de Aeronáutica Civil de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, ante cinco sinodales, cuando a los hombres sólo los evaluaba uno. La capacidad y destreza de la aviatriz la llevó a concluir y aprobar dicho examen satisfactoriamente. Minutos después, la multitud de personas levantó en hombros a la señorita Encinas y le dio un paseo por el campo de aviación para demostrarle su júbilo y apoyo, no se hablaba más que de esta hazaña. Después de pasar esta dura prueba, Emma
Figuras femeninas que conquistaron cielo azteca •Carolina Perea voló en globo en 1859. •Mariana González en 1862 vuelo en globo. •Flora Conde se elevó también en globo en 1892. •Matilde Moisant y Harriet Quimby realizaron vuelos en México, ya en avión, con una compañía de exhibiciones aéreas. •Gladys O’Donell, volaba en 1930 y también obtuvo licencia de piloto en México. •María Marcos Cedillo, voló en esa misma década pero falleció en un accidente sin obtener su licencia. •Irma Walker, en 1942 obtuvo la primer licencia de piloto comercial femenina. •Mary Heath, Ramona Celorio, Mariana Cook y Blanca Alicia González reciben el título en 1945.
espacio, una joven secuestrada padece los castigos extremos de sus ambiciosos victimarios. Ambas historias se entretejen para crear un violento universo donde no queda lugar para la esperanza, y la acción transcurre entre estas dos realidades creando subtramas que propician el absurdo que vive este México contemporáneo. Esta no es una obra que condescienda con las víctimas y su momento histórico, sino que las cuestiona y confronta con su propia naturaleza, a veces miserable, sin olvidar su condición de seres violentados por el destino que necesitan encontrar a como dé lugar, esa paz en la que ya no creen. Localidades: $ 150.00 Gente de teatro $ 45.00. Jueves al teatro $ 30.00. Viernes en bicicleta $ 45.00 Descuentos: estudiantes, maestros, INAPAM, tarjetas Maestros a la Cultura y Sépalo 50% de descuento. Trabajadores del INBA 75% de descuento Teatro Julio Jiménez Rueda Av. de la República No. 154, Tabacalera (Metro Revolución)
Éste es un espacio abierto para tus comentarios, sugerencias, avisos y colaboraciones
•Josefina Villaseñor se desempeñó como radioperadora y piloto. •Elisa Lemacher y Consuelo Padua fueron instructoras de vuelo. •Bertha Zerón fue instructora y piloto de transporte público ilimitado. •Adriana Capetillo, primera comandante de un jet. •Elsa Karmina Cortés primera piloto militar, graduada de la Escuela Naval de Aviación de la Armada de México. •Alejandra Solano, la primera piloto de helicópteros en México. •Andrea Cruz, primera mujer piloto egresada del Colegio del Aire de la Fuerza Aérea Mexicana.
Tel. 5703 1261 Del 27 de junio al 28 de julio y del 17 de agosto al 14 de septiembre Jueves y viernes 20:00 hrs. Sábados 19:00 hrs. Domingos 18:00 hrs. MÚSICA
Concierta Independencia Eddie Gómez Trío, Magos Herrera e Iraida Noriega
Catalina recibe, el 12 de abril de 1933, la licencia de piloto de turismo no. 54. Más adelante, para mantenerse activa y poder seguir volando, aceptó dar clases de inglés a los pilotos de la Fuerza Aérea Mexicana, combinando esta actividad con la traducción de distintos libros de texto relativos al vuelo y a la que en aquel tiempo era la novedosa navegación por instrumentos. Años después, Emma se casó con un médico y se fue a vivir a Tehuacán, Puebla, trabajó como jefa de Relaciones Públicas para una aerolínea norteamericana. Ya alejada de la aviación, fue intérprete traductora, profesión que ejerció durante muchos años. Y lejos de su pasión, murió en la Ciudad de México el 15 de noviembre de 1990. T * Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos. Asociación civil sin fines de lucro constituida con el objetivo de rescatar, preservar y difundir la historia de la aviación en México y América Latina. www.smeal.com.mx
del jazz como Miles Davis, Dizzy Gillespie, Bill Evans, Gerry Mulligan y Benny Goodman. El sonido y el estilo único de Eddie se puede escuchar en muchos discos ganadores del Grammy, así como en cientos de grabaciones que abarcan los géneros jazz, clásica, jazz latino, Rithm & Blues y música contemporánea. A 10 años de que las cantantes Magos Herrera e Iraida Noriega grabaran juntas el disco “Soliluna”, se reencuentran en el Lunario este sábado 20 de agosto para unir sus voces, esta vez apoyando a la red de artistas de la campaña de la ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres. Público: Adultos Horarios y precios: Martes 20 de agosto, 21:00 hrs. $200 Admisión general, $260 Día del evento / Admisión general Informes: 52 (55) 9138 1350
El legendario bajista y dos veces ganador del premio Grammy® Eddie Gómez ha estado en la vanguardia de la música durante más de cuatro décadas. Su impresionante currículum incluye actuaciones con los gigantes
Lunario del Auditorio Nacional Paseo de la Reforma 50 Col. Bosque de Chapultepec Primera sección. C.P. 11580, Delegación Miguel Hidalgo México, Distrito Federal
todas@inmujeres.gob.mx www.inmujeres.gob.mx Alfonso Esparza Oteo 119, Col. Guadalupe Inn, México, D.F.
24 o Lunes 29 de julio de 2013
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Foco rojo
Mujeres adolescentes
ya beben a la par que los varones
En el día a día, que una mujer reconozca una dependencia al alcohol o a otras sustancias la conlleva eventualmente por estereotipos sociales al abandono, a la pérdida de hijas e hijos y de su círculo social
B
Miriam Ruiz Mendoza
ien entrado el siglo XXI, las adolescentes en el país beben a la par que los varones. Otras adicciones de las mexicanas son las anfetaminas y los tranquilizantes. Sus principales dependencias no son a sustancias ilegales y sus mayores problemas son: el estigma de acudir a un tratamiento, así como la falta de servicios de calidad para atender su enfermedad, reconocida también como un tema de salud pública. En el país “el principal problema de las mujeres no radica en las drogas ilegales, sino en el abuso del alcohol” sostuvo en entrevista la doctora María José Martínez Ruiz, directora de la Oficina Nacional para el Control del Consumo de Alcohol y Drogas Ilícitas. “Es un foco rojo el alto consumo de alcohol en mujeres adolescentes; y las tasas de este indicador es mayor que en el de las mujeres adultas,” agregó la funcionaria del Centro Nacional de Prevención y Control de las Adicciones (Cenadic). “La clasificación que maneja el Cenadic, al igual que la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) es: drogas sociales, entendido como alcohol y tabaco, las drogas médicas --para uso médico-- asociadas a un problema de salud mental (uso inadecuado y abuso) y las drogas ilegales: marihuana anfetaminas metanfetaminas, cocaína, etcétera.” La edad de inicio del consumo de todas las drogas, según la más reciente Encuesta Nacional de Adicciones (ENA 2011), es de 18.5 años para hombres y 20.1 para mujeres. Entre las personas con dependencia a drogas, la ENA 2011 indica que entre quienes asistieron a tratamiento, 19.8% eran hombres y 8.9% mujeres. Entre los factores que pueden detonar el consumo y luego, una dependencia, María José
Martínez Ruiz explicó “en edad escolar hay una búsqueda de placer, de escape a los problemas, de convivir con los amigos, dar una imagen de mujer independiente, libre, hacer lo mismo que su compañero.” En mujeres de mayor edad, los factores que detonan una adicción “están la baja autoestima, índices mayores de estrés y ansiedad, el hecho que como mujer muchas veces postergan o renuncian a proyectos personales por la familia...así como limitar su papel a ama de casa y que no siente útil en
otras áreas de su vida”. Influye también el consumo de la pareja o de la familia.
En busca de Tratamiento Las mexicanas que se internan para recibir tratamiento por la dependencia al alcohol, ingresan con frecuencia por la adicción a varias sustancias. En el norte del país, predomina el uso de la heroína y el cristal, (metanfetamina de las más adictivas y dañinas, fabricada con caústicos y sustancias industriales de muy baja calidad). El uso de anfetaminas se
asocia con el deseo de mantenerse delgadas. “En el caso de las mujeres, los pocos datos que tenemos se asocian más a un trastorno alimenticio,” indicó Martínez Ruiz. La investigadora agregó que las mexicanas enfrentan un gran estigma social si buscan un tratamiento. “Busca aprobación del esposo y de la familia y por lo general no es apoyada, no es visitada durante su estancia, por lo general es abandonada. No hay opciones para tener ahí a sus hijos y a veces ni verlos”. Mientras que en una clínica
Establecimientos especializados
Directorio del Cenadic t Existe un centro atendido exclusivamente por profesionales para mujeres o para ambos sexos en Mexicali, B.C., Campeche, Cam., Ciudad Juárez, Chih., Ecatepec y Naucalpan en el estado de México; Acapulco, Gro., San Dionisio Ocotlán, Oax., Agua Prieta, Cajeme y Hermosillo, en Sonora. Uno en las capitales de San Luis Potosí, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Morelos y en el Distrito Federal. Solamente Guadalajara tiene dos centros en esta categoría. Los precios van de 800 pesos mensuales a más de 60 mil pesos por tratamiento. También es variable la duración de los internamientos, que van de un mes hasta tres meses o más.
En Ensenada, B.C., Culiacán, Sin., Tizayuca, Hgo., León, Gto. y el Distrito Federal, así como en Chihuahua, Colima y Morelos existen servicios exclusivos para mujeres y trabajan con el modelo mixto de autoayuda o “12 pasos”, se apoyan con personal profesional. Sin embargo, que la atención sea exclusiva para mujeres no implica que guarde una visión de género en el tratamiento, ya que este componente no está en la normatividad oficial. Los criterios de la Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA2-2009 para la prevención, tratamiento y control de las adicciones establece como mínimos para la atención de las mujeres: que haya sanitarios, regaderas y dormitorios separados por sexo, con camas independientes y espacios para guardar objetos personales.
o anexo para hombres, los desfiles familiares —madre, cónyuge, hijos y más— son la constante en un domingo de visita. Y se hace hincapié en la importancia de estas visitas para la recuperación de la adicción.
Sabes que tienes problemas cuando dejas de tener las drogas o el alcohol Cuando se reconoce una dependencia o adicción, la realidad sobre el tratamiento es similar en México y otros países. David Jones, terapeuta especializado en adicciones en Portland, Estados Unidos asegura que 80% de las personas que acuden a su práctica privada o a centros públicos lo hace, “típicamente cuando ocurre un acontecimiento significativo y muy negativo”, en las mujeres, cuando pierden a sus hijos, su trabajo ó relación. Menos de 20% acude de forma voluntaria. “El principal factor de éxito para un tratamiento en el caso de las mujeres es poder abordar las historias previas de abuso que han vivido”, remarcó en entrevista telefónica Jones, especializado en atención intercultural, a población afroamericana, latina e inmigrante. Al estigma que genera tener una adicción, se deben agregar los factores de tiempo y dinero. Hay pocos servicios profesionalizados en México para la atención de mujeres, son costosos para la mayor parte de la población, hay que pagar pasajes para ir y regresar, además de que sus servicios difícilmente se ajustan a las necesidades de trabajadoras o amas de casa. Un internamiento de semanas o meses es la última opción para la mayor parte de ellas. Existen 2027 centros de atención, públicos o privados, censados por Cenadic, además de los 14 mil grupos de Alcohólicos Anónimos. En el censo, hay 369 centros certificados que cumplen con los criterios de la normatividad oficial para tratamiento en adicciones. De éstos, 109 son de atención mixta y 34 exclusivamente para mujeres: uno atendido exclusivamente por profesionales, 20 de autoayuda y 13 de modelo mixto (es decir grupos de autoayuda y profesionales). T