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IPN Va Yoloxóchitl Bustamante por un segundo periodo al frente de esa casa de estudios pág. 06
MILENIO diario
Número 63
Género
Certifican a mil 151 capacitadores en igualdad pág. 17
Lunes 17 de diciembre de 2012 mónica gonzález
La Escuela
De los lugares más inseguros para adolescentes
pág. 04
Trabajadoras del hogar
A la espera de respuesta del gobierno mexicano
pág. 05
Presupuestos de género institucionalizados
El Paquete Económico 2013 prevé aumentar las erogaciones para la igualdad en un 11.2% escriben
María del Carmen Alanís Pablo Navarrete Macarita Elizondo Alejandra Barrales Mariana Gómez del Campo Ana Lin Aguilera María Eugenia Medina Jesús Rodríguez Zepeda Yamileth Ugalde Luis González Placencia Araceli Nogueda Carlos Salgado Aimée Vega Emma Saldaña Dilcya García
Biblioteca femenina
Cómo sanar de amores difíciles e Irse o dejarla ir. La pérdida amorosa.
pág. 06
2 o Lunes 17 de diciembre de 2012
milenio
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2013, Presupuesto y programas para
alcanzar la equidad especial
Carmen R. Ponce Meléndez*
Y
a está en el Congreso para su aprobación el Paquete Económico 2013; comprende entre otros aspectos las erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres. Son 101 líneas programáticas desarrolladas por 26 instituciones, con un presupuesto de 18 mil 498.6 millones de pesos (mdp), superior en mil 861.7 mdp al gasto de 2012, cifra que representa un incremento de 11.2 por ciento. A esta cifra se suman los recursos que aportan el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, así el monto asciende a 32.6 mil mdp, lo que significa un crecimiento sustancial de 27.1 por ciento, respecto a lo aprobado para este año. Haciendo un recuento, durante los últimos seis años la evolución del gasto para alcanzar
la equidad ha sido creciente, ya que en 2008 contaba con 7 mil 24.8 mdp, menos de la mitad del presupuesto actual. Los presupuestos con perspectiva de género se han institucionalizado, ya que en enero de este año se incorporaron a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria el principio de igualdad de género como una clasificación en el Presupuesto de Egresos de la Federación. A partir de este año el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal contiene los resultados del ejercicio del Presupuesto establecido en el
Anexo de Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, lo que sin duda permitirá una mejor evaluación de los resultados obtenidos. Líneas programáticas Salud reproductiva, seguridad, educación, guarderías y desarrollo social son prioridades contenidas en este proyecto. También se incorporan los nuevos lineamientos sobre seguridad social como el seguro de vida para las jefas de familia, con una asignación de 400 mil pesos. Bajo el supuesto de que el seguro fuera de 500 pesos por persona, esto cubriría un espectro de 800 mujeres, por tanto se requieren 3.9 mdp para los 7.8 millones de jefas de familia. En el IMSS, el presupuesto del programa “Atención a la salud reproductiva” crece 8 veces, al pasar de 649.6 a 5 mil 197.4 mdp, en total los recursos de este instituto crecen sustantivamente: 57.7 por ciento.
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El gasto en guarderías (Salud, Desarrollo Social e IMSS) muestra un incremento de 11.2 por ciento; se destinan a este rubro 38 de cada 100 pesos. Destaca el presupuesto del programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras de la Secretaría de Salud. Otros incrementos relevantes son los que registran las secretarías de la Reforma Agraria y Desarrollo Social, con 64.3 y 24.2 por ciento, respectivamente. Se fortalecen los programas de vivienda como Programa Hábitat, vivienda digna y vivienda rural. Por primera vez, la Secretaría de Energía participa con nueve importantes líneas programáticas. Adicionalmente se incorporan 28 programas nuevos. En Educación: impulso al desarrollo de la cultura, generación y articulación de políticas públicas integrales de la juventud, sistema mexicano de deporte de alto rendimiento y programa de becas. Para el área de Salud: prevención y atención contra las adicciones, reducción de enfermedades prevenibles por vacunación, y promoción de la salud, prevención y control de enfermedades crónico degenerativas. También se suman líneas programáticas propias de las nuevas políticas públicas. En la Procuraduría General de la República, investigar y perseguir los delitos relativos a la delincuencia organizada, y en Hacienda, atención integral a víctimas y ofendidos de delitos de alto impacto; así como atención integral a familiares de personas desaparecidas o no localizadas, con asignaciones de 5.9 y 1.7 mdp, respectivamente. En el tema de empleo se abre un nuevo programa llamado “fondo emprendedor”, aunque las actividades que desarrolla la Secretaría de Trabajo y Previsión Social mantienen el mismo monto de gasto que este año, recursos que son totalmente insuficientes para atender un problema tan amplio como la discriminación laboral femenina. T Cimac *Economista especializada en temas de género. carmenramona.26@gmail.com Twitter: @ramonaponce
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Lunes 17 de diciembre de 2012 o 3
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Se compromete Segob a fortalecer protección a periodistas
Urgen activistas a resguardar a defensoras de DH
cuartoscuro
En la administración entrante, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos (DH) y Periodistas no desaparecerá ni será sustituido por otro organismo, sino que se fortalecerá Gladis Torres Ruiz
L
a subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Lía Limón, convocó a las organizaciones civiles especializadas en el tema a que le den un “voto de confianza” a la dependencia federal, y a trabajar de la mano para poner en marcha tal mecanismo. En abril pasado, el Congreso de la Unión aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de DH y Periodistas, la cual establece un mecanismo para proteger a ambos gremios en riesgo, en un país donde a decir de organismos internacionales es el más peligroso para ejercer el periodismo y defender las garantías fundamentales. Durante el foro “El deber del Estado mexicano de garantizar la seguridad de defensores de DH y periodistas”, realizado en el Museo Memoria y Tolerancia, Limón se comprometió a crear un diagnóstico único sobre la violencia ejercida contra ambos gremios, fortalecer la atención a las y los agredidos, y trabajar para erradicar la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos. En su turno, Daniel Zapico, coordinador de Movilización e Impacto de Amnistía In-
ternacional (AI) en México, afirmó que de los 300 casos analizados por su organización en América Latina en 2012, 47 pertenecen a México y sólo en 4 se declaró culpables a los autores materiales de agresiones contra periodistas o defensores de DH. El activista advirtió que debe atenderse de manera particular las agresiones contra las mujeres, ya que por su condición de género las expresiones de violencia
contra ellas son distintas. Zapico destacó que entre las y los defensores más agredidos están los que defienden los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la tierra y los recursos naturales. Representantes de grupos civiles coincidieron en la urgencia de activar el Mecanismo de Protección para dar cumplimiento a la Ley de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas. Brisa Maya Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social, resaltó que las personas que ejercen ambos trabajos son amenazadas, hostigadas, atacadas y asesina-
das, todo en el marco de la impunidad, la cual genera un ambiente de permisibilidad. Las y los activistas recordaron que en noviembre pasado se instaló oficialmente el Mecanismo de Protección, y que ahora el reto de la administración entrante es su puesta en marcha. Llamaron a la Cámara de Diputados a que asigne los recursos necesarios para garantizar el eficaz funcionamiento de esa instancia. T
Mujeres migrantes, 4 veces más expuestas al VIH/Sida y a la violencia sexual Patricia Chandomí
U
n estudio del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) señala que 8 de cada 10 trabajadoras y trabajadores agrícolas migrantes no usaron condón en su última relación sexual, por tener “confianza en la fidelidad de su pareja”. Datos del estudio “Diagnóstico de salud sexual y reproductiva en trabajadoras y trabajadores agrícolas migrantes” realizado en fincas de la región chiapaneca del Soconusco, en el municipio fronterizo de Tapachula, reportan que 53 por ciento de un total de 115 personas encuestadas había tenido relaciones sexuales
en el último año sólo con una pareja, y 25 por ciento con dos parejas. Del total de las personas migrantes encuestadas en dos fincas, el 72 por ciento mencionó que la última relación sexual fue con su pareja habitual, es decir, que vive con ella, y el 37 por ciento indicó que fue con una pareja casual. En el mismo estudio también se documentó que eventualmente los varones migrantes demandan comercio sexual, pero tienen una nula disponibilidad de condones, por lo que sus relaciones sexuales frecuentemente se dan en contextos de riesgo ante el Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Otro estudio del INSP revela que las mujeres migrantes e indígenas están cuatro veces más expuestas al VIH/Sida debido a que son vistas por “polleros” (traficantes de personas), bandas delictivas, policías y por otros migrantes como cuerpos disponibles, lo que las expone no sólo a violencia sexual sino también a infecciones, embarazos, lesiones e incluso la muerte. En el camino a Estados
Unidos algunas migrantes se quedan en las ciudades fronterizas, donde son explotadas sexualmente y están expuestas a adicciones, violencia sexual y por supuesto a ITS y VIH/Sida. Por su parte, Alejandro Rivera, director del Colectivo para la Atención de la Salud Integral de la Familia (Cifam), sostuvo que no existen registros sobre el número de personas con VIH/ Sida, ya que al estar estigmatizada la infección y quienes la portan, es difícil llevar un registro fiel, además de que hay desabasto de reactivos para la detección y el personal de salud muchas veces no está capacitado en reportes epidemiológicos, por lo que se complica la obtención de datos fidedignos sobre el número de personas seropositivas en esta frontera.
En el marco del Día Mundial de Respuesta ante el VIH-Sida, que se conmemora cada 1 de diciembre, la coordinadora del programa VIH-Sida e ITS de la Secretaría de Salud del estado, Doris Edelmann López, informó que Chiapas ocupa el lugar número 10 en el país con casos de la enfermedad. De acuerdo con cifras oficiales de la Coordinación Estatal del VIH, en Chiapas 27 por ciento de los casos diagnosticados con la enfermedad corresponden a mujeres. Alejandro Rivera indicó que el aumento de casos femeninos en los registros de VIH/Sida se debe a la situación vulnerable a la que se enfrentan las mujeres en su cotidianidad por su condición de género, especialmente aquellas con menos acceso a la
información y a los servicios de salud sexual y reproductiva. Además explicó que la violencia intrafamiliar incide en el incremento de los casos, y cada vez aumenta más el riesgo para las mujeres migrantes y las mujeres en condición de explotación sexual comercial. “En Cifam hemos observado, en el caso de las mujeres viviendo con VIH, que ellas tienen antecedentes de violencia intrafamiliar –incluso violencia sexual– y que además han vivido arraigadas a los roles tradicionales de género, con el sometimiento hacia la pareja masculina, así como la escasa o nula posibilidad de decidir sobre su vida e incluso sobre su cuerpo”, puntualizó Rivera. T Cimac
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Llama Congreso a tomar acciones contra embarazos prematuros
cuartoscuro
especial
La escuela, de los lugares más inseguros para las adolescentes Gladis Torres Ruiz
E
A
Anayeli García Martínez
nte el elevado número de embarazos en adolescentes, diputadas federales pidieron a las secretarías de Salud (Ss) y de Educación Pública (SEP) que tomen acciones urgentes para prevenir, reducir y atender este problema, mientras que senadoras demandaron más recursos para que las jóvenes madres no abandonen sus estudios. En 2009 ocurrieron 36.4 nacimientos por cada mil mujeres de 12 a 19 años de edad, según el Censo de Población y Vivienda 2010, y de acuerdo con la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Verónica Beatriz Juárez Piña, el alto número de embarazos entre las adolescentes representa un desafío para el país. Es por ello que la perredista presentó un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados para exhortar al Ejecutivo federal a que instruya a la Ss y a la SEP, a tomar acciones para prevenir, reducir y atender los embarazos prematuros (entre niñas y adolescentes de 10 a 19 años). La legisladora advirtió que generalmente un embarazo no planeado es el inicio de una situación que marca escenarios de difícil solución. Juárez Piña señaló que el embarazo temprano es considerado como una situación problemática para las y los adolescentes, por lo que para atender la salud integral de este grupo poblacional es necesario promover acciones de prevención, brindar asistencia integral a cada madre, y aportar elementos para su desarrollo.
La diputada federal recalcó que como resultado de los embarazos prematuros es frecuente que las mujeres abandonen sus estudios lo que reduce sus futuras oportunidades para lograr buenos empleos, y sus posibilidades de realización personal al no cursar carreras de su elección. “También les será muy difícil lograr empleos permanentes con beneficios sociales. Las parejas adolescentes se caracterizan por ser de menor duración y más inestables, lo que suele magnificarse por la presencia del hijo, ya que muchas se formalizan forzadamente por esa situación”, expuso la legisladora. Alertó que una forma de evitar estos estragos es contar con educación sexual desde los primeros años de la educación básica, eliminar la falta de métodos anticonceptivos, tener profesoras y profesores preparados, y también que el gobierno promueva, en vez de obstaculizar, políticas públicas en la materia. En tanto la senadora por el Partido Acción Nacional (PAN) Martha Elena García Gómez, pidió al gobierno federal continúe el programa de becas para madres jóvenes con el objeto de que ellas concluyan sus estudios de educación superior. Es por ello que el Senado envío a la Cámara de Diputados un exhorto para contemplar dentro del Anexo 10 “Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), recursos dirigidos a la atención de jóvenes madres que deseen concluir sus estudios de educación profesional, técnica o licenciatura. T Cimac
n México, niñas y adolescentes en sus escuelas padecen violencia emocional, física y sexual, la cual va desde el acoso y hostigamiento hasta la violación por parte de profesores y compañeros. De acuerdo con el “Estudio nacional sobre las fuentes, orígenes y factores que producen y reproducen la violencia contra las mujeres”, 75 mil 474 niñas y adolescentes fueron abusadas por un profesor y 83 mil 449 por un compañero. En el documento editado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), se asienta que a la violencia contra las mujeres en la escuela no se le ha prestado la atención debida con el fin de erradicarla. En México habitan 19.3 millones de niñas de 0 a 17 años que representan 36.2 por ciento de las mujeres que enfrentan serios rezagos sociales por el sólo hecho de ser del sexo femenino, según la Red por los Derechos de la Infancia en México En el estudio de Conavim se indica que en todo el país alrededor de 592 mil mujeres jóvenes fueron objeto de acoso sexual en la última escuela donde estuvieron, cifra que podría considerarse conservadora ya que los casos no han sido registrados de manera adecuada. Se detectó que las situaciones de acoso sexual son las menos identificadas como frecuentes por las y los estudiantes de ambos sexos. Sin embargo las agresiones sexuales son más reconocidas
y detalladas por las mujeres, como por ejemplo “acercamiento físico excesivo, tocamientos sin consentimiento, jalarles la ropa interior, buscar darles besos en la boca y piropos con connotaciones sexuales”. La campaña “Las niñas también cuentan” reporta que en México 9 de cada 10 niñas entre 10 y 17 años que se convierten en madres dejan de ir a la escuela. En el Estudio de la Conavim, se indica que en el DF el 12 por ciento de las alumnas de una escuela primaria ha recibido “caricias no deseadas”. En tanto, las niñas de secundaria refieren ser víctimas de insultos y humillaciones por parte de sus profesores hombres, además de que son amenazadas de ser golpeadas y reciben propuestas de tener relaciones sexuales. Alrededor de 156 mil mujeres jóvenes sufrieron agresiones físicas y humillaciones alrededor de 292 mil. De acuerdo con la investigación, las niñas y adolescentes son agredidas en la escuela por presentar rasgos “diferentes a los normales”, como por ejemplo el color de piel, el lugar de residencia, el hecho de ser indígena, o la preferencia sexual. En los casos en que ellas muestran su preferencia por otra mujer, la mayoría son víctimas de acoso escolar. El estudio señala que si bien las estudiantes de estratos socioeconómicos altos también son víctimas, las jóvenes de escasos recursos son las más agredidas. T Cimac
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Una lucha interminable
“Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar” mónica gonzález
¿Quién aceptaría un empleo en donde no hay buenas condiciones ni salario digno?
¿
Mary Carmen Sánchez Ambriz
Sin un contrato de por medio ni seguro social, horario definido, jubilación, vacaciones, aguinaldo, días de descanso establecidos, trato respetuoso ni indemnización? El panorama es desalentador, aún así hay muchas mujeres que optan por este tipo de empleo debido a que no cuentan con otra oportunidad laboral. El trabajo del hogar no se realiza por vocación sino porque es el único que ofrece un lugar donde vivir y alimentación, ya que no hay mayores requerimientos en el conocimiento del oficio y un sueldo. En México se tiene la impresión de que a las trabajadoras del hogar no se les da un buen trato, tres de cada diez personas consideran que los derechos de ellas no se respetan. Por su parte, NEGI reporta que el trabajo del hogar representa el 22.6 por ciento (2 mil 672 billones de pesos) del Producto Interno Bruto (PIB), superior a la aportación de sectores como el manufacturero y el agrícola. La edad laboral empieza incluso en la niñez. Y el retiro resulta incierto. Hay quien muere en la línea de batalla, escoba en mano.
En busca de la ratificación El 16 de junio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó el convenio 189 y la recomendación 201 sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos. Con excepción de Panamá y El Salvador, los gobiernos latinoamericanos votaron a favor del convenio 189 y la recomendación 201. El siguiente paso consiste en la ratificación de dicho convenio. Sólo se necesita que dos naciones lo hagan, para que, como lo marca la ley internacional, el convenio entre en vigor. Para buscar la ratificación del convenio por parte de los países latinoamericanos, se lanzó la campaña: “Por un trabajo digno, nuestros derechos no tienen frontera”. El primero de mayo de 2012 Uruguay se convirtió en el primer país que ratificó el convenio. Luego siguieron Filipinas, Isla Mauricio, Nicaragua y Bolivia. A diferencia de lo que se esperaba, México no ha ratificado. Rosario Ortiz, ex diputada del PRD y especialista en los derechos laborales de las mujeres, y Marcelina Bautista, ex secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO) y actual presidenta del Centro de Apoyo y Capacitación paras las Empleadas del Hogar (CACEH), comentan que no han tenido información sobre cómo va el proceso en México. Se sabe que la Secretaría del Trabajo tuvo que hacer una consulta tripartita: se preguntó la postura de las confederaciones patronales, entre ellas el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA); al propio Estado y a las trabajadoras del hogar. Tampoco se tiene acceso a lo que dijeron tanto los empleadores como el gobierno.
El primero de diciembre de 2012 se llevó a cabo en México el cambio de gobierno. Existe poca expectativa de que México ratifique, depende mucho de la voluntad política. Recuerda Rosario Ortiz que en los países donde se ha aprobado el convenio es porque tanto el ejecutivo como el legislativo lo han acordado. “Con Peña Nieto el panorama es incierto”, indica. Se suele olvidar que las tareas realizadas por las empleadas del hogar permiten que su empleador o empleadora trabaje durante el día en un cargo público o privado. Si los hombres y mujeres pueden ir a la oficina, es porque tienen en su casa a la trabajadora doméstica que atiende la casa, prepara la comida, hace la limpieza, plancha la ropa, cuida a los niños, entre otras laborales. Si el gobierno mexicano no ratifica el convenio, se puede
actuar de la siguiente manera. Hay dos vías, puntualiza Rosario Ortiz. La primera de ella es que se pida una cita con el secretario del Trabajo para solicitar información sobre el proceso de la consulta tripartita. “No debemos olvidar que la democracia, transparencia y rendición de cuentas no sólo se aplica a los sindicatos, sino también a las instancias oficiales”. Y la otra vía es a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Una lucha de género Acerca de este último punto, hay que recordar que, según una cifra del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), en México 9 de cada diez trabajadores del hogar son mujeres. “Por la vía del protocolo facultativo, vamos a presentar una queja ante el comité de CEDAW, con el objetivo que se analice como una discriminación a la reforma laboral de las trabajadoras del hogar. Esperamos que la CEDAW emita un resolutivo para que el gobierno mexicano tenga que hacer las modificaciones necesarias para beneficiar a las mujeres trabajadoras del hogar”, detalla Ortiz. Habría que puntualizar que tampoco en la
reforma laboral, aprobada a fines del sexenio de Felipe Calderón, se restablecen los derechos de las trabajadoras del hogar. En dicha reforma se mencionan tres puntos para las empleadas que laboran de planta: que cuenten con días de descanso definidos (sábado y domingo); que se les proporcione una comida sana y nutritiva igual a la que consume el empleador; y que gocen de un descanso de 9 horas en la noche, y de tres horas durante el día, esto porque ellas están sometidas a jornadas de trabajo de 12 a 14 horas diarias. No obstante, en esas especificaciones se establece que la trabajadora del hogar deberá llegar a un acuerdo con el empleador. “Esto no sirvió de nada. Los cambios que se hicieron favorecen a los empleadores y, claro, ellos son quienes establecen las leyes. En ese sentido, la reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), aprobada por la cámara de diputados, excluyó los derechos de los 2 millones de trabajadoras del hogar que hay en nuestro país”, relata Marcelina Bautista. Tanto Marcelina Bautista como Rosario Ortiz coinciden en que lo postulado queda sin reglas y las trabajadoras del hogar de nuevo están sin derechos. Porque quienes las emplean tienen la última palabra en una negociación (la mayoría de las veces arbitraria) que se establece con las trabajadoras domésticas. “La sociedad mexicana es discriminatoria, tiene muchos prejuicios, no es una sociedad democrática. Mientras persista esa visión de la discriminación y el no reconocimiento de los derechos laborales de las empleadas del hogar con una desprotección jurídica, la situación no va a cambiar”, comenta Rosario Ortiz, integrante de la Red de Mujeres Sindicalistas (RMS).
Ponte los guantes Actualmente el gobierno tiene varias resoluciones emitidas por la OIT sobre libertad sindical, seguridad social, quejas en el sector minero por las riesgosas condiciones de trabajo, entre otras. Dichas resoluciones esperan una respuesta clara por parte de las autoridades mexicanas. La nueva campaña de CACEH, conducida por Marcelina Bautista, usa como distintivo unos guantes de hule, de color verde, como los que suelen usarse para lavar trastes. En cada guante está escrita la siguiente leyenda: “Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar”. Quienes han estudiado a fondo la problemática que viven las trabajadoras del hogar, coinciden en que la labor más importante a realizar es en lo cultural, una transformación de estereotipos negativos y tratos discriminatorios sistemáticos, ya que para valorar a las empleadas del hogar es necesario reconocer la dignidad y la importancia de su labor. Sólo así dejarán de ser invisibles. T
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Rinde protesta Yoloxóchitl Bustamante como directora del IPN mónica gonzález
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) pugna por “una educación e investigación científica de calidad; claves para la innovación, e indispensables para propiciar el crecimiento de las actividades productivas con mayor valor agregado”
A
Redacción
sí lo manifestó la doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez al rendir protesta para un segundo periodo como directora general del IPN (2012-2015), ante el presidente Enrique Peña Nieto. En la residencia oficial de Los Pinos, Bustamante Díez expuso que se requiere una política de Estado que impulse la investigación y desarrollo de la tecnología y que al mismo tiempo reconozca “el carácter multicultural de la República Mexicana”. Luego de tomar protesta a la directora del IPN, el Presidente dijo que se proyectó la ampliación de la oferta educativa en institutos tecnológicos. Peña Nieto dijo que para lograr un desarrollo óptimo del país se requiere una inversión real en ciencia y tecnología y anunció que en el presupuesto del siguiente año se proyectó un aumento en ese rubro de 15 por ciento en términos reales, con lo que se presupuestó un total de 70 mil 395 millones de pesos.
Anunció que el paquete 2013 incluye la creación para programas para el desarrollo científico y tecnológico por 2 mil 500 millones de pesos. Además se proyectó también la ampliación de la oferta educativa en los institutos tecnológicos por un total de 950 millones de pesos y remarcó la
necesidad de invertir en ciencia y tecnología para poder alcanzar niveles de desarrollo. Al citar el caso de Corea del Sur dijo que ese país superó a México en niveles de desarrollo en los últimos años por la inversión que logró hacer en este rubro que repercutió en mejores técnicas de producción y productividad. Por ello, dijo, continuará el respaldo de la ciudad del conocimiento en el estado de Hidalgo así como clusters para los estados
de Veracruz, Morelos, Tlaxcala y Guerrero, desde donde se proyecten programas de desarrollo. Respecto a la ratificación de la directora del Politécnico, el Jefe del Ejecutivo reconoció su labor en los pasados tres años y dijo que seguirá contando con el respaldo presidencial. Consideró también que es urgente frenar la fuga de talentos que hasta ahora tiene nuestro país y consideró indispensable la necesidad de que se aprovechen los recursos humanos con los que cuenta México. La doctora Yoloxóchitl Bustamante Díez es ingeniera bioquímica y doctora en ciencias por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ha sido secretaria Académica del IPN, coordinadora general de Vinculación Académica y Tecnológica, coordinadora de Investigación Científica y Tecnológica, subdirectora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, jefa del Departamento de Ingeniería Bioquímica y profesora en licenciatura y posgrados en esa escuela. En la administración pública, se desempeñó como subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Y en el sector privado ocupó cargos de alta dirección en importantes empresas del ramo farmacéutico. T
BIBLIOTECA FEMENINA
Mary Carmen Sánchez Ambriz
Tropiezos y aciertos Cómo sanar de amores difíciles Bonnie Grossman Prólogo de Lila Downs Vergara. México, 2012
Se trata de 12 casos en donde el amor se presenta como algo doloroso que, sin duda, debe ser transformado en un proyecto más sólido y armónico de vida. Doce mujeres cuentan su historia personal de pareja, la mayoría de las ocasiones tiene que ver con los antecedentes familiares y sinsabores que experimentaron durante la niñez y adolescencia. Es un claro de reflejo de lo frágiles que somos los seres humanos al repetir patrones aprendidos durante la infancia. Pero, por fortuna, llega el momento de deshacernos de todo lo innecesario que asimilamos y continuamos cargando a cuestas, como si fuera un pesado lastre emocional que no deja que avancemos. Este libro tiene una gran influencia de Robin Norwood, autora de Las mujeres que aman demasiado. De alguna manera, se sigue el modelo de ese proyecto, y lo que hace Bonnie Grossman es aportar su conocimiento y experiencia en psicología clínica, terapia familia, entre otros métodos que ayudan a elevar la autoestima de las mujeres. También en un mosaico de mujeres en reconstrucción que están tratando por
varios medios de volver a tomar las riendas de su vida, de no dejarse llevar por la manipulación y el engaño de parejas que, en realidad, no las quieren sino que abusan de ellas. Ese atropello se presenta porque ellas no demuestran respeto y valor por sí mismas, acaso de manera inconciente por un conocimiento mal adquirido en la infancia. “Cuando las mujeres se dan cuenta que el amor no tiene que ser doloroso, que pueden recuperar su vida y buscar a otra persona que las entienda y no las agreda, entonces inicia un proceso práctico de amor hacia sí mismas, enriquecedor y evolutivo”, refiere Grossman. La presente edición muestra un prólogo de Lila Downs que bien puede verse como una confesión. La cantante revela que para ella fue duro perder a su padre, de origen estadounidense, cuando era niña: “Al no haber más hombres en la familia, nuestra situación social cambió; de pronto, las personas que nos conocían y nos demostraban amistad, empezaron poco a poco a dejar de hablarnos y de invitarnos a sus reuniones; hasta dejaron de saludarnos en la calle. […] Percibo que aún es tabú en nuestra sociedad hablar de la sexualidad y del poder que nosotras las mujeres podemos tener sobre nuestro cuerpo y nuestra dignidad. […] Considero que lo principal para desarrollar confianza es mí misma ha sido la práctica de reforzar ideas positivas, para lo que es imprescindible hacer trabajo ‘de hormiguita’”.
El club de los corazones solitarios Irse o dejarla ir La pérdida amorosa Mario Zumaya y Sergio Zurita Vergara. México, 2012
Al margen de discursos sentimentales, el hilo conductor de estas conversaciones entre Sergio Zurita (comunicador y dramaturgo) y Mario Zumaya (psiquiatra y psicoterapeuta) es el humor. Sin esa dosis de ironía, se correría el riesgo de caer en un manual de autoayuda que raya en la solemnidad y estulticia. Bien dicen que para poder reírse de los demás, primero hay que empezar por reírse de uno mismo. En el epílogo de estas entrevistas, Zurita advierte: “El doctor Zumaya y yo hicimos un libro sobre la pareja y me casé. Luego hicimos éste, sobre la pérdida amorosa, y me divorcié. Si me pide que hagamos uno sobre el suicidio, de una vez le advierto que le voy a decir que no”. Sin perder de vista que el propósito del libro es hablar sobre la pérdida amorosa: cómo se presenta, el desgaste de la pareja, la asimilación de la separación, la lucha de poder y el autoengaño, estos diálogos están dotados de acidez, humor, melancolía, en cuyas páginas se exhibe un mosaico cultural: arte, cine, música, literatura, teatro, entre otras manifestaciones relacionadas con el desamor. Desde Woody Allen, Ingmar Bergman, Yeats, Bukowski, Cohen, Castañeda,
Paul Anka, Bob Fosse, Bruce Springsteen, Beckett, Roberto Juarroz, Bob Dylan, Simone de Beauvoir, Cortázar hasta Jaime López. Toda una antología de textos y escenas para hacer algo que podría llamarse Corridos (as) mexicanos (as), sin distinción de género. Quizá el humor es lo último que desea leer o escuchar alguien que ha experimentado la separación amorosa y todavía no logra asimilar que del fracaso se pasa al aprendizaje, y que el tiempo lo cura todo. En este mapa del infortunio amoroso, es posible hallar una interesante guía sobre cómo proceder, con qué expectativas y actitudes en la siguiente relación de pareja. Hay que agradecer a los autores su confianza, ya que desde la primera página son honestos: abordan un tema que les concierne mucho y que, en realidad, están viviendo ellos. Uno de ellos pasa por un proceso de divorcio, mientras el otro experimenta una crisis de pareja. De alguna manera, van a contar su historia, la de otros y van a experimentar un proceso: ya no serán los mismos antes y después de sus respectivas parejas, algo en ellos habrá cambiado. “Para formar una pareja se necesita la decisión acordada de los personas, para romper la relación basta y sobra con uno y, por supuesto, existen dos procesos de ruptura diferentes: abandonar y ser abandonado”, señala Zumaya. La risa involuntaria, sin ser carcajada estertórea, salpica a los corazones solitarios.
Lunes 17 de diciembre de 2012 o 7
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¿Para qué queremos que las mujeres lleguen al poder? ESPECIAL
H
María del Carmen Alanis *
ace casi seis décadas, la lucha de las sufragistas llegaba a un punto climático: Se reconocía el derecho de las mexicanas a votar en las elecciones populares. Si bien histórico, ese momento no hacía sino igualar a las mujeres en un derecho que a los varones les había sido reconocido por siempre. Supongo que en aquel entonces, los prejuicios de género habrán hecho pensar a muchos que las aspiraciones de las mujeres ahí se detendrían. Todos aquellos que pensaban que el único destino posible para una mujer es el de madre-esposa, habrán encontrado imposible imaginar que algunas tendrían la ilusión de ir más allá y participar activamente en la toma de decisiones públicas. Los estereotipos de género les habrán dificultado imaginar que hay mujeres con capacidades, ilusiones y aspiraciones suficientes para participar en el ámbito de lo público pues es ahí donde mejor desarrollan su potencial humano. A sesenta años de distancia, la historia ha mostrado dos cosas. Por un lado, que hay muchas mujeres que tienen la astucia, coraje e inteligencia necesarias para generar liderazgos políticos importantes. Por el otro lado, que no obstante que la norma plantea una igualdad formal para participar en política y competir por espacios públicos de toma de decisión, sobre las mujeres se imponen limitaciones culturales que inhiben sus posibilidades. Esas limitaciones son las que explican que
jamás hayamos tenido una Presidenta, que ninguna gubernatura recaiga actualmente en alguna mujer, o que apenas 5.3% de las presidencias municipales la ejerza alguna de ellas. Es en reconocimiento a lo complejo que pueden ser las carreras profesionales femeninas que una organización civil, el “Patronato Nacional de la Mujer del Año AC” ha decidido premiar, año con año, a aquellas mujeres que logran destacar en sus ámbitos. Han reconocido a artistas, científicas, abogadas, benefactoras sociales y políticas, entre muchas otras. Este año, el Patronato decidió reconocer el impulso que, desde las instituciones electorales del país, he dado a la participación política de las mujeres. Valoro que estas mujeres hayan puesto el foco de atención en ese tema que requiere todavía mucho esfuerzo colectivo. Al recibir el reconocimiento, expuse la importancia que – a mi
modo de ver – tiene la participación política de las mujeres. Más allá de que es justo que las mujeres puedan aspirar a cargos públicos en igualdad de condiciones que los hombres, lo que es cierto es que al excluirlas de la toma de decisiones la sociedad está perdiendo la mitad del talento, la mitad de las capacidades. Los mitos y prejuicios que históricamente han limitado las posibilidades de acceso de las mujeres al diseño e implementación de políticas públicas, al mismo tiempo han impedido que éstas se nutran de una visión complementaria de la realidad social que sólo las mujeres podrían aportar. ONU Mujeres ha detectado que las mujeres líderes han demostrado ser firmes defensoras de numerosas cuestiones, incluyendo la energía sostenible, el trabajo decente, la igualdad salarial, el cuidado infantil, la atención médica y las pensiones para la tercera edad.1 De ese ímpetu se pierden aquellas
democracias que, como la mexicana, las excluyen o limitan de la toma de decisiones. Por eso necesitamos que más mujeres lleguen a la toma de decisiones públicas, pues su talento es necesario para resolver algunos de los problemas ancestrales, cuyas soluciones hasta el momento han sido diseñadas e implementadas casi en exclusiva por varones. Es el caso, por ejemplo, de las políticas de salud que, lejos de erradicar el cáncer de mama, en ocho años lo han hecho incrementar de 14.9 a 16.9 defunciones por cada 100 mil mujeres.2 También lo es de aquellas políticas de prevención de trata de personas que no han podido evitar que muchas mujeres mexicanas sean exportadas con fines sexuales a Estados Unidos, España, Japón, Holanda y Alemania. El premio a la mujer del año 2012 pone el tema del fortalecimiento de los derechos políticos de las mujeres nuevamente en el escaparate público, propiciando con ello más impulsos para que más mujeres se decidan a participar y, con ello tengamos mejores aliadas para resolver algunos de los problemas sociales más complejos. T * Magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación BACHELET Michelle, Discurso en la reunión de estudio con ONU Mujeres y la Liga Parlamentaria para la Mujer y el Desarrollo, 12 de noviembre de 2012. 2 Inmujeres Se incrementa tasa de mortalidad por cáncer de mama. Comunicado de prensa 85, 23 de septiembre de 2011. 1
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Las tres mujeres del gabinete daniel cruz
Mercedes Juan López, Secretaria de Salud ormación académica: Médico Cirujano, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Especialista en Medicina de Rehabilitación Maestra de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Cargos de Representación: Diputada Federal en la LVII Legislatura, Secretaria de las Comisiones de Salud y de Población y Desarrollo. Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Experiencia en el Servicio Público: Secretaria Técnica del Gabinete de Salud de la Presidencia de la República. Subsecretaria de Regulación Sanitaria. Secretaria del Consejo Nacional de Salud. Secretaria del Consejo de Salubridad General Titular por certificación de la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Otras Actividades Políticas y Sociales: Presidenta de la Fundación Mexicana para la Salud.
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Claudia Ruiz Massieu Salinas, Secretaria de Turismo Formación académica: Licenciatura en Derecho, Universidad Iberoamericana, D.F. Especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, España Candidata a Doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídica, Universidad Autónoma de Madrid, España Cargos de Representación •2009 – 2012 Diputada Federal en la LIX Legislatura, Cuarta Circunscripción •2003 – 2006 Diputada Federal en la LIX Legislatura Experiencia en el Servicio Público •2006 – 2008 Coordinadora de la Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional en la Procuraduría General de la República •Otras Actividades Políticas y Sociales: 2012 Coordinadora de Derechos Humanos y Transparencia del equipo de transición del actual Presidente Enrique Peña Nieto •2009- 2012 Secretaria Coordinadora
jesús quintanar
del Movimiento de Vinculación Ciudadana de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares C.N.O.P. del PRI •2006 – 2012 Vicepresidenta de la Fundación Colosio D.F.
Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social Formación académica: Licenciatura en Economía, Universidad Nacional Autónoma de México Maestría en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma de México, Xochimilco Cargos de Representación •1994 – 1997 Diputada Federal en la LVI Legislatura •Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social en Cámara de Diputados •1996 Representante del Poder Legislativo en la Cumbre Mundial sobre la pobreza realizada en Copenhague •1999 – 2000 Jefa de Gobierno del Distrito Federal Cargos Partidistas •2002 – 2003 Presidenta Nacional del PRD
nelly salas
Experiencia en el Servicio Público •1997 – 1999 Secretaria de Gobierno en el Gobierno del Distrito Federal Otras Actividades Políticas y Sociales •1985 – 1993 Miembro del comité Ejecutivo del Sindicato de la UNAM •1976 – 1997 Profesora de tiempo completo de la UNAM •1989 Fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) •Autora y coautora en libros y artículos sobre la pobreza en México, la situación del campo mexicano y cuestiones de género •Conferencista en Congresos y Conferencias Nacionales e Internacionales sobre desarrollo social, igualdad de género, situación del país, la visión de izquierda •Integrante de Sostén, Centro de Inteligencia. Consultoría que tiene por objetivo empoderar mujeres •Integrante del Mujeres en Plural •Coordinadora de la red de mujeres “Mexicanas comprometidas con la Paz” en la campaña del Presidente de México •Vicecoordinadora de Política Social en el Equipo de Transición del Presidente de México, Enrique Peña Nieto. T
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Mujeres y Poder Público. Balance Electoral 2012 especial
Diciembre es precisamente el mes en que solemos analizar lo ocurrido en el año que termina A mi querido esposo el Dr. Miguel Nader Kawachi (1944-2012) María Macarita Elizondo Gasperín *
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uizás, esta costumbre de efectuar balances, nos permite tener más seguridad y perspectiva respecto de dónde estamos, hacia dónde queremos ir y que medios tenemos que idear para, “darle vida a nuestros sueños” como dijera Mario Benedetti. En cuanto al balance de este año relacionado con el liderazgo político de las mujeres, tenemos varios pilares en la
búsqueda de una igualdad sustantiva, entre los que encontramos: 1. La vigencia de una nueva reglamentación en materia de fiscalización respecto al 2% del financiamiento público que reciben los partidos políticos para la capacitación, la promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Los controles cuantitativos y cualitativos del nuevo reglamento comenzaron a regir este año, por lo que en los primeros meses los partidos políticos tuvieron que presentar sus Programas Anuales de Trabajo (PAT), ya con un enfoque muy claro hacia el liderazgo político de las mujeres. En 2013 se efectuará la revisión de lo erogado en 2012, y el IFE estará al pendiente de que no existan simulaciones. Es conveniente observar que la labor sustantiva y la concientización tienen que operar dentro de los propios institutos políticos de manera integral, ya que estas cuestiones no son exclusivas de los órganos o secretarías de mujeres, sino de toda la estructura partidista.
2. Avances en las cuotas de género. Como bien saben, con las reformas de 2007-2008 al COFIPE, se estableció que las candidaturas que registren los partidos deberán integrarse cuando menos por el 40% de un mismo género, haciendo referencia sólo a candidatos propietarios, y no a suplentes, por ello en 2009 enfrentamos el fenómeno de “las Juanitas”, simulación que trató de frenar a nuestro país en la búsqueda de la igualdad sustantiva. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia dictada el año pasado en el SUP-JDC-12624/2011 y acumulados, impuso el deber a los partidos políticos y coaliciones de nombrar, a través de los procedimientos democráticos establecidos en sus estatutos o convenios correspondientes, como mínimo 120 y 26 fórmulas de candidatos (propietario y suplente) de un mismo género, para diputados y senadores, respectivamente. La Sala al interpretar el párrafo primero del artículo 219 del COFIPE determinó
que tal disposición protege la igualdad de oportunidades y la equidad de género en la vida política del país, procurando un equilibrio razonable entre ellos entre ambos géneros, advirtiendo que esa paridad también debe reflejarse en la ocupación de los cargos de elección popular obtenidos por cada partido y no sólo para postulación y registro. Así, se determinó que la citada disposición busca garantizar la equidad de género, y no se debe tratar únicamente de una recomendación a los partidos políticos sobre el favorecer a uno de los dos géneros, sino de la obligación que tienen por respetar dicha cuota. En ese contexto, en 2012 las autoridades electorales fuimos vigilantes del cumplimiento de las cuotas, y como resultado, las Cámaras de Diputados y Senadores, se conformaron por mujeres en un 37.4 y un 32.8 porciento, respectivamente, lo que contrasta con el 2006, pues la Cámara de Diputados estuvo conformada por un 31.8%, mientras que la de Senadores por un 23.6%. México fue reconocido por este logro por el Comité CEDAW en julio de este año, y el IFE, se comprometió ante dicho Comité de compartir esta experiencia con las legislaturas locales y órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral en las entidades federativas, para dotarlos de mayores elementos útiles. Este compromiso se materializó con la emisión del Acuerdo CG629/2012. Cabe mencionar que la mayoría de las legislaciones electorales locales establecen como tope para un mismo género el 70%; pero existen entidades vanguardistas como Chihuahua, Tlaxcala, Campeche, Chiapas y Sonora que regulan una cuota de 50% de mujeres para las candidaturas de diputados por el principio de mayoría relativa, representación proporcional y munícipes, por lo que tenemos que trabajar como país hacia una armonización legislativa que rescate los mejores esquemas. Relacionado con este tema, el próximo año deberemos estar pendientes de la regulación secundaria que los legisladores efectúen de las candidaturas independientes recientemente reconocidas en la reforma política publicada el pasado nueve de agosto, pues al ser otra forma de acceder al poder público en el ámbito federal, necesariamente deben tener una vinculación con acciones afirmativas (Ver dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo= 5262910&fecha=09/08/2012). Sin duda, las organizaciones de la sociedad civil tendrán un gran papel en la capacitación de más mujeres que quieran acceder o continuar en la vida pública. 3. Más información para las mujeres conozcan las rutas de acceso a un cargo público. Por supuesto que la información oportuna y substancial es uno de los elementos prioritarios para orientar el camino de las mujeres en la vida pública. En el micrositio Género y Democracia del IFE existen tres herramientas que proporcionan datos importantes a todas y todos aquellos interesados en conocer más respecto al gasto del 2%; a los pasos básicos a seguir para llegar a ocupar un
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escaño en el poder legislativo; así como respecto a la ruta crítica que tuvo la cuota de género a nivel federal. (Ver http:// genero.ife.org.mx) A mi juicio, cada una de las entidades federativas, cada una de las legislaturas deberían crear sus propias rutas críticas no solamente en internet, sino también a través de otros medios, pues nos falta avanzar en la información que tienen que recibir absolutamente todas las personas. Tenemos que ser creativos para que información adecuada, sencilla y dinámica alcance a todos los sectores de la población, pues por ejemplo, tenemos una gran deuda con las mujeres y niñas indígenas. 4. Sensibilización y Capacitación en el servicio público. Las acciones encaminadas en estos rubros tienen efectos significativos, pues se reflejan en el diseño y fortalecimiento de las políticas públicas y acciones necesarias para lograr la auténtica participación y liderazgo de las mujeres. Cabe mencionar que en el anteproyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio 2013, se solicitó un total de $4,700,000 para el “Programa de Mejoramiento de Capacidades Institucionales en Materia de Género y no Discriminación”, ello derivado de la importancia que tiene el tema como cimiento para la transversalización de la perspectiva de género y del derecho a la no discriminación, lo cual compartí en la sesión extraordinaria del Consejo General de fecha 28 de noviembre del actual. (Ver www.ife.org.mx/portal/site/ ifev2/Versiones_estenograficas) Si bien hemos dado pasos hacia adelante, que nos impulsan a seguir promoviendo y defendiendo los derechos político electorales de las mujeres, coadyuvando así a cambiar la cultura de nuestra sociedad, no podemos dejar de reconocer que la agenda es amplia. En este andar no puedo dejar de reconocer al Comité Técnico en Materia de Género y No Discriminación que tuvimos en el IFE. Gracias Renato Hernández, Norma Angélica Ley, Jesús Rodríguez Zepeda, Natividad Cárdenas y Flor Zamora, por su tiempo, dedicación, trabajo y aportaciones, mismas que valoro y con las que coincido. Ahora bien, en cuanto a mi balance personal, al perder en febrero pasado a mi compañero de vida, a mi amado esposo Miguel, con quien camine en igualdad por veintidós años, ello constituye una brutal amputación a mi corazón. Comparto esto, porque seguramente como yo existen muchas mujeres que también tienen que sacar adelante a su familia, hijas e hijos, haciendo frente a cada uno de los obstáculos que se van presentando, todo ello con el dolor todavía en el alma y en el cuerpo. Enfrentamos la confusión y vacío, e incluso seguimos lidiando con cada uno de los momentos de felicidad que nuestra mente y corazón aún quieren compartir con quien ya no está, como lo fue la Medalla al Mérito Judicial que el pasado siete de diciembre me entregó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por mis veinticinco años invertidos en la justicia electoral y que obviamente se la he dedicado a él. A todos y todas, me uno en un abrazo afectuoso, diciéndoles que cada día nuestras decisiones nos hacen fuertes, pues hoy más que nunca entendemos que somos superiores a cuestiones mezquinas, a conflictos y trámites administrativos engorrosos. Como decía mi esposo, no hay que hacernos menos, ni permitir que alguien lo haga, somos mucho más que una crítica banal. Somos mujeres capaces. Sigamos adelante. T * Consejera General del Instituto Federal Electoral
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Necesario fomentar una cultura de la denuncia especial
El Instituto Nacional de las Mujeres destaca la importancia de fomentar una cultura de la denuncia, especialmente en delitos relacionados con la violencia contra las mujeres
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María Eugenia Medina*
as instituciones de procuración de justicia en nuestro país son la Procuraduría General de la República (PGR) y las Procuradurías Generales de Justicia de las entidades federativas (PGJE). Entre sus funciones destaca la investigación y persecución de los delitos, ello conforme a la normatividad vigente. El Ministerio Público es el órgano que se encarga de
coordinar la investigación de los delitos e integrar la averiguación previa o las pruebas que determinarán si se podrá o no ejercitar la acción penal contra el probable responsable de la comisión de un delito.
espacios que en la percepción de la población general son considerados como privados y por ello íntimos e inviolables. Esto cobra especial relevancia en delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, misma que se encuentra definida en el artículo 5 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. En el artículo 6 de la citada ley, se enuncian y definen los tipos de violencia contra las mujeres: violencia psicológica, violencia física, violencia patrimonial, violencia económica y violencia sexual. Cabe señalar que las 32 entidades federativas cuentan con una ley homologa. A fin de tener una visión más profunda del proceso de atención así como de los datos e información que se recaba al momento de realizar la investigación correspondiente, durante 2010 el Inmujeres se dio a la tarea de elaborar un diagnóstico del proceso referido. Éste se realizó en colaboración con ONU-Mujeres así como con las Instancias Estatales de la Mujer y las Procuradurías Generales de Justicia de los estados de Jalisco, Puebla, Nuevo León y Quintana Roo. En este ejercicio se revisaron los delitos relacionados con violencia física, sexual y el delito homicidio; además se enfatizó en los puntos siguientes: 1) Análisis y aplicación del marco normativo, 2) análisis de los procesos de atención a las víctimas tanto en las Agencias del Ministerio Público (AMP) como en las áreas especializadas en atención a víctimas, 3) capacitación de personal, 4) análisis de los sistemas de información disponibles y del registro de datos o variables, 5) capacidad de atención, 6) instalaciones e infraestructura disponible en las PGJE. Asimismo se realizó una propuesta de variables para que las PGJE generen información homogénea sobre la víctima y del probable responsable; lo anterior en atención a los compromisos internacionales ratificados por el Estado Mexicano en materia de generación de estadísticas sobre la violencia contra las mujeres. Dicho estudio se encuentra disponible en el portal del Inmujeres, sección “Cuadernos de trabajo sobre género”, la dirección electrónica es: http://www. Inmujeres.gob.mx/biblioteca-digital/ cuadernosgenero.html. Con la finalidad de dar continuidad al trabajo realizado y contar con un panorama a nivel nacional, durante 2011 el Inmujeres junto con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) coordinó la realización del diagnóstico en las PGJE de las 28 entidades federativas restantes. La información que se deriva de la ejecución del estudio contribuirá con la formulación de políticas públicas que permitan impulsar la mejora en los
A falta de denuncia, acusación o querella, el Ministerio Público no puede realizar su función Sin embargo, para que el Ministerio Público inicie la investigación es necesario que tenga conocimiento del hecho sea a través de una denuncia, querella, reporte médico legal de alguna institución de salud, resultado de la acción policial, la detención en flagrancia o algún otro modo considerado en las leyes. De no existir denuncia, acusación o querella, no podrá realizar su función. Dado lo anterior, es necesario fomentar una cultura de la denuncia, especialmente en delitos que son cometidos en
procesos de atención en los servicios de procuración de justicia, igualmente da sustento a la propuesta para diseñar un Sistema de Información que permita generar estadísticas homogéneas sobre la violencia contra las mujeres que se recaba en las Agencias del Ministerio Público. El trabajo se encuentra en su fase final y próximamente será puesto a disposición del público interesado. T * Directora de Estadística del Instituto Nacional de las Mujeres
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Mujeres en la agenda legislativa Siempre es un desafío colocar como una prioridad en la agenda legislativa del país los temas que tienen que ver con las mujeres
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Alejandra Barrales *
urante décadas, los temas de género se han ubicado dentro de los grupos vulnerables; pero nos ha costado décadas hacer consciencia en la sociedad que las políticas a favor de las mujeres tienen un efecto detonador en toda la comunidad. Se presentan los retos en términos económicos, sociales, políticos, de derechos; se trata de impactar en desde la construcción de leyes, como en la definición de políticas públicas para favorecer el desarrollo de las mujeres en todos los aspectos. Estamos inmersas en esa búsqueda de contribuir al posicionamiento de la equidad de género en la agenda económica para alcanzar la igualdad de oportunidades y derechos de las mujeres y hombres. Eso significa promover, desde la ley, el
fortalecimiento de las capacidades de las mujeres. La situación de las mujeres en el mercado laboral mexicano todavía es un terreno con marcadas señales de inequidad. A pesar de que su participación ha experimentado un aumento importantísimo en las últimas décadas, pues representamos más del 50 por ciento de la población y en actualidad ocupamos el 42.52 por ciento de la fuerza laboral, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática se mantiene la desigualdad en la remuneración y calidad de los empleos que sostienen. En ese sentido, la reciente reforma a la ley laboral, incluyó nuevos postulados a favor del género, sin embargo, aún falta de una visión transversal de la situación laboral de las mujeres mexicanas que permita una igualdad sustantiva entre los géneros. Probablemente uno de los más grandes retos que tenemos las y los legisladores en cuanto a la agenda económica de las mujeres tiene que ver con el trabajo no remunerado que desempeñan las mujeres dentro del hogar y tiene una importante aportación económica, que no es reconocida ni valorada. Si cada uno de los hogares en el país pagara por la prestación del servicio dentro de los hogares, muchas familias no estarían en condiciones de contratarlo.
Hombres y mujeres deberían de poder combinar trabajo pagado y no pagado; siendo los hombres más partícipes del trabajo no pagado y las mujeres tener una mayor presencia en el mercado laboral. Es momento de que se diseñen intervenciones capaces de transformar las relaciones de género en los ámbitos educativo, cultural, económico, social y laboral, que permitan reconocer los derechos sociales y laborales de las mujeres. Esta tarea un papel fundamental lo cumple el Estado, que debe impulsar el reconocimiento de las labores dentro del hogar y brindar protección a las personas que las realizan. Esto implica garantizarles la titularidad directa de derechos sociales.
Agenda social en proceso Respecto a las políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en México, todavía queda un camino que recorrer para que la implementación por parte de los institutos o procuradurías en todas las entidades de la República y se haga en congruencia con los objetivos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Todavía haya diez entidades en la república que no han modificado su legislación para reconocer, tipificar y
sancionar la violencia feminicida ni el feminicidio. Respecto a los retos en materia de salud para las mujeres es indispensable diseñar e implementar estrategias que permitan la prevención y detección de enfermedades, así como de guías, lineamientos clínicos, protocolos de atención. Se debe fortalecer el conocimiento de la normatividad para que el personal de salud identifique los derechos y obligaciones como prestadores y, a su vez, los derechos propios de las pacientes. Asimismo, es deseable incrementar y mejorar el material informativo en los espacios públicos.
Agenda política pendiente A pesar de los avances en materia democrática, la representación de las mujeres en el Congreso de la Unión no tiene el crecimiento deseable, esto es consecuencia de que los. partidos políticos no asumen una política real de promoción de la participación política de las mujeres y tampoco asumen una política de equidad entre los géneros. Somos más de la mitad de la población pero en materia de la participación política de las mujeres, estamos lejos de alcanzar la mitad de los espacios. Algunas tareas pendientes puede considerarse la creación de planes nacionales y locales de acción política e invertir en el empoderamiento de las mujeres No podemos dejar de lado que mientras más mujeres estemos en espacios de poder, tenemos la responsabilidad de impulsar reformas legislativas, programas y políticas que beneficien a todas, porque de nada nos sirve obtener la postulación sino la acompañamos con metas muy específicas a favor de todas. La visión de género en el diseño de los mecanismos adecuados para que la sociedad y el gobierno mejora las condiciones de vida de la mitad de la población. T * Senadora PRD especial
Alejandra Barrales
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Lo que el género generó… especial
Coordinador de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de las Mujeres
Dice Alda Facio que “cuando el género suena, cambios trae” y tiene razón
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Pablo Navarrete Gutiérrez
uando esta categoría se utiliza como herramienta para analizar la realidad puede ser una poderosa palanca de transformación social, pues nos permite no sólo visibilizar a las mujeres como sujetas de derechos sino también cuestionar y cambiar las relaciones históricas desiguales de poder entre los sexos. La perspectiva de género es en esencia un acto subversivo frente a la cultura patriarcal, machista y misógina que ha perpetuado la discriminación y violencia contra las mujeres en nuestra sociedad; es una herramienta de cam-
bio, de movimiento, de acción, de lucha permanente por los derechos y libertades fundamentales de las mujeres. Un emblemático ejemplo de esta permanente lucha ha sido en el terreno de los derechos políticos. No fue suficiente el reconocimiento constitucional de su derecho al voto en 1953, ni las cuotas de género establecidas en el COFIPE desde 1996; para alcanzar el histórico 32% de mujeres en Senado de la República y el 37% en la Cámara de Diputados en la actual legislatura tuvieron que pasar 59 años desde que se reconoció este derecho y una larga batalla librada por las mujeres que tuvieron que acudir a la autoridad judicial electoral para que sus derechos fueran respetados. Esto nos confirma que para las mujeres nada ha sido producto de una concesión generosa sino, por el contrario, cada derecho conquistado ha sido fruto de una larga y permanente lucha.
La creación de instituciones específicas a favor de las mujeres, bajo el enfoque de ciudadanía plena y no como grupo vulnerable, entre las que se encuentran el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) en el ámbito federal, las existentes en las 32 entidades federativas, de las cuales cuatro tienen el rango de Secretarías de Estado (Coahuila, Chiapas, Guerrero y Michoacán) y una de Consejo estatal de la Mujer y Bienestar Social (Estado de México), así como las 1,315 instancias en el ámbito municipal son otro importante logro del movimiento de mujeres para edificar una sociedad y un Estado sensible al género. Para que cumplan con el objeto y fin para el cual fueron creadas hay que fortalecer sus capacidades legales e institucionales y brindarles el presupuesto y respaldo político que les permita colocarse en el espacio estratégico de la estructura política, institucional y social que les
corresponde como órganos rectores de la política de igualdad en sus ámbitos de competencia. En lo municipal, por ejemplo, se requiere darles vida y certeza jurídica desde la legislación orgánica municipal en cada entidad federativa, de tal suerte que haya continuidad en su trabajo y la inversión en capacitación e infraestructura no se pierda cada tres años. De la fortaleza y legitimidad de estas instituciones dependerá en gran medida la capacidad de incidencia de la agenda de las mujeres frente al Estado y la sociedad en general. Pero esta fortaleza y legitimidad sólo se podrá lograr en la medida en que sean espacios abiertos al diálogo, al debate, al escrutinio público, a la transparencia y rendición de cuentas en la materia. Un ágora para la suma de esfuerzos con el movimiento de mujeres, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y cualquier persona comprometida con la reivindicación y defensa de los derechos de las mujeres. La creación de un amplio y sólido andamiaje jurídico nacional a favor de las mujeres es sin lugar a duda otro importante logro de la agenda de género en nuestro país. La ley que dio vida al Inmujeres en 2001, las leyes para prevenir la discriminación de 2003, de igualdad entre mujeres y hombres de 2006, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de 2007 y contra la trata de personas de 2012, sumadas a la CEDAW1, la Convención de Belém do Pará 2 y a la reforma constitucional en materia de derechos humanos de junio de 2011 constituyen un importantísimo instrumento de protección y defensa, un dique contra la discriminación y violencia contra las mujeres. Para ello tenemos que invocar y aplicar estas leyes, darles vida a sus preceptos, pasar de la consagración a la implementación. Uno de esos desafíos es aprovechar al máximo la tipificación del delito de feminicidio a nivel federal y en las 21 entidades federativas3 para hacer frente a la escandalosa impunidad que acompaña esta forma extrema de violencia contra las mujeres. Otro cambio que el género propició en nuestro país ha sido el presupuestal. Se lograron presupuestos etiquetados y sensibles al género, así como reformas a la Ley de Planeación y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para garantizar presupuestos con perspectiva de género. En los últimos seis años se logró un presupuesto etiquetado para las mujeres de más de 5,456 millones de pesos para impulsar acciones específicas con perspectiva de género que no han sido suficientes si tomamos en cuenta los desafíos que enfrentan las mujeres. No obstante estos logros y cambios enunciados aún falta mucho por hacer. La perspectiva de género enfrenta aún resistencias y riesgos, el más grave es que sea usada sólo como instrumento de legitimidad política. El género seguirá sonando en la agenda nacional y seguramente traerá aún más cambios que contribuirán a consolidar una agenda de Estado a favor de las mujeres. T Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 2 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujer. 3 En orden cronológico publicadas hasta el 11 de diciembre de 2012. Guerrero, Estado de México, Guanajuato, Tamaulipas, San Luis Potosí, Distrito Federal, Colima, Veracruz, Morelos, Durango, Chiapas, Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa, Quintana Roo, Campeche, Zacatecas, Yucatán, Jalisco, Baja California y Coahuila. 1
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Pendiente, la violencia contra las mujeres en el fin/principio de sexenio Dilcya García
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l término e inicio de un ciclo en el Gobierno Federal y en el Congreso de la Unión es un momento fundamental para evaluar los esfuerzos realizados y definir los grandes pendientes. En materia de la erradicación de la violencia contra las mujeres, lo que deviene de procesos históricos y de culturas muy arraigadas no se resuelve en un periodo. Requiere de mucho tiempo, de trabajo constante y de muchas manos para ir cambiando poco a poco hasta por fin llegar a un resultado exitoso, que muy seguramente planteará nuevas interrogantes y problemáticas. Así es el camino de los derechos. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación, junto con el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, publicó el Estudio Nacional sobre las Fuentes, Orígenes y Factores que Producen y Reproducen la Violencia contra las Mujeres. En dicho diagnóstico se fundamenta de modo científico que existe un vínculo claro entre la violencia de género y la violencia social; que algunas formas extremas de violencia física hacia las mujeres y niñas, han aumentado de modo exponencial en los últimos años, y que
la percepción de la sociedad respecto de las políticas que se han implementado para atender este fenómeno han sido insuficientes. La lógica elemental nos arroja que, si el Estado no atiende una situación de violencia cuando ésta es incipiente, de modo oportuno y eficaz, ésta puede llegar a convertirse en un caso muy grave, donde se presenten lesiones que pongan en peligro la vida y la integridad de la víctima o de las víctimas (pensando en que los afectados también puedan ser las hijas e hijos de la mujer dañada); una ausencia (voluntaria o involuntaria) o un feminicidio. Las políticas públicas de prevención son la forma más eficaz de reducir los índices de violencia. A partir de diagnósticos, encuestas y otros estudios, se ha realizado una labor sólida para identificar puntos focales en que se debe reparar para apagar la posibilidad de que existan situaciones de violencia. Uno de ellos es la franja etaria de entre los 12 y los 17 años. Se deben generar acciones dirigidas a la infancia y adolescencia, a efecto de romper con patrones de violencia aprendidos dentro de los hogares. No obstante de que existe dentro de la Secretaría de Educación Pública un programa muy exitoso dirigido a este sector de la población, no existe un refuerzo contundente dentro de las
currículas académicas para lograr una formación a mayor profundidad en las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, existe una veta muy importante a trabajar, que para algunas de nosotras es una reafirmación de lo ya aprendido: la construcción del andamiaje de la igualdad y de la no violencia de la mano con los hombres. El círculo de la violencia se moverá de modo significativo si se atiende a los agresores, puesto que éstos tenderán en menor medida a buscar una nueva víctima si se encuentran en un modelo de intervención adecuado. Este también es un tema de derechos fundamentales, puesto que, por lo general los hombres
e instituciones democráticas, ha faltado el peso equilibrado del 50% de la población, con su visión, problemática y propuesta, la evolución del Estado daría un salto cuántico que ampliaría la eficacia y la perspectiva de las decisiones gubernamentales. Las mujeres no hemos gobernado junto con los hombres de modo igualitario. Las mujeres vamos ganando una actuación protagónica en materias como industria, energía, economía, seguridad nacional, recursos agropecuarios, y del mismo modo que los hombres deberían relevarse en la lucha por los derechos de la niñez, igualdad, violencia contra las mujeres, entre otros temas que siguen siendo repartidos según los roles sexuales tradicionales.
La Conavim fundamenta que existe un vínculo entre la violencia de género y la violencia social aprenden a ser violentos siendo violentados en la infancia, al igual que las mujeres aprenden a ser víctimas de la violencia observando el rol de su madre. Cuando los hombres hacen consciente el origen de su agresividad tienden a controlarla y a buscar dejar de dañarse a sí mismos y a sus parejas y familias. En otro contexto, si los hombres se percatan de que en la construcción de procesos
Este ciclo que inicia representa una nueva oportunidad para avanzar. Desde luego existe mucho más por hacer y cientos de metas por alcanzar en una realidad de violencia de género que se ha tejido desde la existencia de la humanidad, pero los pasos dados han sido firmes y sin posibilidad de vuelta atrás. Seguiremos adelante por que todas las mujeres vivan una vida libre de violencia. T
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No hay vuelta atrás. Balance y retos El 18 de diciembre celebramos 33 años de que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) Mariana Gómez del Campo Gurza *
E
se documento no es otra cosa más que el primer tratado internacional que reconoce expresamente los derechos de las mujeres. Es un parte aguas en materia de reconocimiento legal y bien podríamos decir que determina un antes y un después en la búsqueda de equidad. Otro paso en este transitar que impactó a nuestra región se dio en 1994 con la firma de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, su ratificación y publicación en 1999 obligó a que las entidades federativas publicaran sus propias leyes, la gran mayoría para el año 2008 ya contaban con instrumentos jurídicos que garantizaban a las mujeres el acceso una vida libre de violencia en el ámbito estatal, los últimos congresos en generar sus propias leyes fueron los de Guanajuato, Oaxaca y Tabasco. Sin embargo, no debemos detenernos sólo en los avances en materia de prevención contra la violencia, sino hay que poner atención a todo el andamiaje legal desarrollado a favor de la igualdad de oportunidades y de trato digno. En ese rubro, hay que destacar que el estado de Morelos fue el primero en publicar una Ley de Igualdad de Oportunidades con Equidad de Género en el año 2003, Tamaulipas le siguió en 2005. Fue hasta el año 2009 cuando comenzaron a surgir simultáneamente en varias entidades. Sin embargo, en este tema no podemos afirmar que los congresos locales han hecho la tarea ya que en casi la mitad de ellos sigue siendo un gran pendiente. Otro eje de valoración que podríamos asumir es el que respecta a la lucha contra la discriminación, aquí podemos distinguir que el Gobierno Federal ha puesto un especial énfasis en estos últimos 12 años impulsando acciones desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y vale la pena destacar que una gran herramienta fue la elaboración de la Encuesta Nacional en la materia en 2005 y la subsecuente en 2010. A decir de Ricardo Bucio Mújica, Presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, esa encuesta es un esfuerzo por dotar de datos y poner en un espejo la realidad de un país que, aún sin asumirlo, ha tenido y mantenido dinámicas en las cuales la desigualdad y la negación de derechos se sirven del silencio y de la invisibilidad. Contar con esta información
permite romper ese círculo perverso de negación y asumir que en nuestras calles, oficinas y hogares “sí pasan cosas”. En tanto, un estudio elaborado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión identifica que hasta el 14 de abril de 2009, sólo 13 estados contaban con leyes para eliminar cualquier forma de discriminación. Dejando de lado un poco la vertiente legislativa y si observamos lo que ha ocurrido en materia de políticas públicas desde los años 70 hasta el año 2000 encontramos que el gobierno implementó una serie de acciones que se han caracterizado por su dispersión en distintos programas y dependencias, cuya planeación e implementación también se realizaron bajo diferentes enfoques pero fundamentalmente orientados a mejorar las condiciones de la mujer como pilar de sobrevivencia del hogar y como mediadora para el bienestar de los hijos, no obstante, nunca se tomó en cuenta la situación de la mujer en su relación con el entorno social, ni en su relación con los hombres. Si hacemos un breve repaso encontramos que el primer programa creado fue el Programa de Unidades Agroindustriales para la Mujer Campesina en 1972 dirigido a comunidades marginadas y enfocado a las áreas de capacitación, empleo y mejoramiento de la calidad de vida; destacan otros como el Programa Nacional de Planificación Familiar (1974), el Programa Nacional para la Integración de la Mujer al Desarrollo (1980), la creación de la Comisión Nacional de la Mujer (1983), el Programa Nacional de Mujeres en Solidaridad (1991) y el Fondo de Microfinanciamiento a la Mujer Rural (1998). En años recientes se han creado e instrumentado instancias, programas y acciones, las cuales han retomado en su diseño elementos del -llamado por especialistasenfoque de Género en el Desarrollo (GED) a través del cual es posible explicar cómo las desigualdades sociales entre hombres y mujeres se dan a partir de las diferencias culturales asignadas a unos y otras. Estas políticas permiten ubicar los aportes y los beneficios diferenciados en la calidad de vida de mujeres y hombres, es decir, contribuyen a derribar el mito de la neutralidad de las políticas en su diseño y ejecución. De igual forma, contribuyen a visibilizar a las mujeres como sujetas potenciales del desarrollo, superando las visiones fragmentadas que las considera como “grupos vulnerables” o ciudadanas de segunda categoría . En este sentido, las políticas públicas ya no sólo se perciben como transferencias económicas sino como intervenciones del Estado para transformar los patrones de discriminación. Podemos destacar entre ellas la creación de la Dirección General de Equidad y Gé-
nero de la Secretaría del Trabajo (1998), el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (2001), el Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag) (2002), el Programa de Prevención y Atención de la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres (2003), el Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (2004), la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia contra las Mujeres a cargo de la PGR (2006), el Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras (2007) donde hay que detenernos para decir que este programa ha beneficiado a más de 250 mil niñas y niños, a 200 mil madres trabajadoras y tiene una cobertura en 1,026 municipios de todo el país. A esta lista hay que sumar más de 12 acciones adicionales para dar cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres impulsada por el ex Presidente Felipe Calderón en el año 2008. La últimas grandes transformaciones realizadas en nuestro país tienen que ver con las modificaciones hechas a nuestras reglas electorales para establecer las “cuotas de género” en la asignación de candidaturas a cargos de elección popular y los artículos de la reciente Reforma Laboral que incorporan medidas a favor de la familia como son los plazos para gozar de la maternidad y la paternidad, otras en contra de la discriminación en materia salarial y por cuestiones de género, así como reforzar la protección a las mujeres que cursan su embarazo y en contra del acoso laboral.
Este repaso a lo largo de la historia reciente de las transformaciones en materia legal y de impulso a políticas públicas a favor de las mujeres que comenzó hace 40 años, nos deja varias lecciones: por un lado, que los cambios iniciaron desde el exterior, ha sido a través de la celebración y ratificación de diversos mecanismos internacionales como se ha ido abriendo la brecha -primero en el ámbito federal y después en lo relativo a los estados del país- de toda una serie de adecuaciones jurídicas para armonizar nuestra legislación. Esta especial es una gran experiencia para definir la ruta a seguir en la solución de los retos que enfrentamos en el presente y que están generalizados en toda nuestra región, por ejemplo, los relativos a la seguridad y a combatir el crimen organizado, el narcotráfico, la migración, el deterioro ambiental y la sustentabilidad, así como la procuración de justicia. La segunda lección, es que el tiempo vale oro en la toma de decisiones, debemos ser muy conscientes de que estos cambios no se dan de un día para otro, implicó casi dos décadas que hoy México pudiera estar a la par de otros países. La tercera lección es que toda transformación requiere un periodo de evaluación, un periodo de “prueba y error” para determinar si ha rendido frutos o requiere ser replanteada, es el caso por ejemplo de los programas implementados por el gobierno desde 1972 hasta el año 2000, programas que no cumplieron con sus objetivos porque su ejecución fue dispersa y carecían de claridad. La cuarta lección, es que los últimos 12 años han sido los que presentan los cambios más radicales y donde quizá a la par de la democratización de la vida política, también se ha difundido con mayor fuerza el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la vida; no obstante, los resultados de todas las reformas realizadas estarán dando sus frutos en esta próxima década. La quinta y última lección, es que bajo ninguna circunstancia podemos decir que no se ha hecho nada, se ha avanzado muchísimo y en esta evolución no hay vuelta atrás. Aún nos hace falta tener a más mujeres en la toma de decisiones, aún hace falta dignificar a la mujer en el hogar, aún hace falta terminar con el acoso en las calles producto de chiflidos o miradas lascivas pero estoy segura que en poco tiempo la cultura del respeto y del reconocimiento de la plena igualdad estará más vigente que nunca. Hemos dado pasos muy importantes y tenemos la garantía de que los años por venir serán todavía más fructíferos. Como siempre, espero tus comentarios a través de mi cuenta de twitter @ marianagc y de la página www.marianagomezdelcampo.mx. Te escucho y actúo. T * Senadora de la República 1 Cámara de Diputados, Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género (2009). Políticas Públicas, Programas Federales y Presupuesto. Dirigidos a Mujeres del año 2006 al 2009.
Lunes 17 de diciembre de 2012 o 15
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El avance de las mujeres en política se traduce en más igualdad de oportunidades daniel cruz
Gracias al trabajo, compromiso y esfuerzo de muchas mujeres se han hecho reformas en materia legislativa y electoral
S
Ana Lin Aguilera*
e han implementado políticas públicas que han permitido el acceso de un mayor número de mujeres a puestos de elección popular y de toma de decisiones que, hasta hace algunos años, eran exclusivos para los hombres. Muestra de ello es la instauración de mecanismos y estrategias para la etiquetación de recursos para la igualdad entre mujeres y hombres, así como el seguimiento a la aplicación de dichos recursos. En 2011, la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados, LXI Legislatura, impulsó la modificación a los artículos 58 y 107 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Con estas modificaciones, los recursos para la igualdad entre mujeres y hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación, asumen un carácter de irreductibilidad, además se deberá integrar un apartado de equidad de género en el Informe de la Cuenta Pública. Otro suceso importante en el cual ha sido vital el impulso y la participación de las mujeres es en la implementación del mecanismo de las cuotas de género, el cual se ha instaurado a través de modificaciones y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). El 14 de enero de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo COFIPE (aprobado en 2007), el cual señala en su artículo 219 que la conformación de las solicitudes de registro para las candidaturas de senadores y diputados deberán integrarse con al menos el 40% de candidatos propietarios de un mismo género y se exceptúan de esta disposición las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático. El artículo 78 del mismo ordenamiento menciona que para la capacitación, promoción y el desarrollo de liderazgo político de las mujeres, cada partido político deberá destinar anualmente el 2% del financiamiento público ordinario. En este sentido, el 3 de noviembre de 2011, el Instituto Federal Electoral (IFE) publicó en el DOF el acuerdo CG327/2011 mediante el cual se establecieron los criterios aplicables para el registro de las candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el proceso electoral federal 2011-2012. A este respecto, un grupo de mujeres interpuso un juicio por la protección de
los derechos político electorales del ciudadano, en contra del acuerdo CG327/2011, lo anterior por considerar que el IFE excedió su facultad reglamentaria al incluir una excepción a las cuotas de género que distorsionaba lo establecido en el artículo 219 del COFIPE. El 30 de noviembre de 2011, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia y declaró que el IFE distorsionó la interpretación a la excepción de la cuota de género (proceso de elección democrático), restringiendo así la participación de las mujeres en candidaturas a cargos de elección popular. En este proceso ha sido de gran importancia contar con información oportuna y actualizada para conocer el actuar de los partidos políticos para con los derechos políticos de las mujeres, muestra de ello es el estudio Seguimiento a la actividad legislativa desde la perspectiva de equidad de género1, realizado conjuntamente entre el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), en donde se concluye que para cumplir la cuota de género, los partidos políticos postulan a un mayor número de mujeres como candidatas en distritos débiles o perdedores. Asimismo, un factor que resultó relevante para que un candidato logre la victoria es la experiencia previa que puedan tener en el gobierno
estatal, como diputados locales o bien como miembros de su comité distrital municipal. Sin duda, otro gran acierto en el avance político de las mujeres ha sido la implementación de estrategias desde el gobierno federal como la que el Inmujeres lleva a cabo en coordinación con ONU Mujeres y cinco asociaciones civiles2. El proyecto Fortalecimiento de la participación política de las mujeres y promoción de una agenda de empoderamiento económico (Iniciativa SUMA, Democracias es Igualdad)3, busca incrementar los conocimientos, destrezas y habilidades para la participación política de mujeres mexicanas que ocupan cargos públicos o buscan cargos de elección, así como brindar elementos que permitan promover políticas públicas en favor de la agenda económica de las mujeres.4 Como resultado del proyecto y después del análisis realizado en las elecciones de Michoacán en 2011, se concluye lo siguiente: la meta en el estado era de 8 presidentas municipales y 7 diputadas locales, los resultados después de la elección son 9 presidentas municipales y 9 diputadas locales. Respecto al avance en el congreso, a julio de 2011 la participación de las mujeres en la LXI Legislatura (2009-2012), era de 23.4% en la Cámara de Senadores (30 senadoras) y de 27.6% en la Cámara de Diputados (138 diputadas), ambas
inferior al 30%. A noviembre de 2012, la participación de mujeres en la LXII legislatura (2012-2015) es de 33.6% en la Cámara de Senadores (43 senadoras) y de 36.8% en la Cámara de Diputados (184 diputadas). Así pues, la incidencia y la participación de las mujeres en estos sucesos nos lleva a pensar que un mayor número de mujeres en puestos de toma de decisión en la Federación, en los Congresos Federal y Locales, así como en las gubernaturas se traducirá en un México con más igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. T * Subdirectora de Seguimiento y Evaluación de la Administración Pública del Instituto Nacional de las Mujeres Para su consulta: http://www. inmujeres.gob.mx/images/stories/ cuadernos/ct19.pdf 2 Equidad de género: Ciudadanía, Trabajo y Familia; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Mujeres Trabajadoras Unidas; Inclusión Ciudadana; y, Liderazgo, Gestión y Nueva Política. 3 Plataforma virtual educativa http:// www.suma-mujeres.com/ 4 El proyecto se lleva a cabo en: Michoacán, Jalisco, Sonora, San Luis Potosí, Nuevo León, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Chihuahua, Puebla, Distrito Federal y Estado de México. 1
16 o Lunes 17 de diciembre de 2012
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¿Por qué la igualdad de género es constitutiva de la democracia?
El peso de la
desigualdad
especial
Fragmento del artículo publicado en el libro Género y Democracia de la Colección Matices, editada por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) disponible de manera gratuita en www. conapred.org.mx
A
Jesús Rodríguez Zepeda*
lgunas visiones procedimentalistas de la democracia política tienden a contemplar el tema de la igualdad en general, y el de la igualdad de trato o no discriminación en particular, como un contenido antes que como un fundamento de la democracia. De este modo, se sostiene con frecuencia que pueden, sin contradicción lógica, existir sociedades democráticoconstitucionales con mayores o menores logros en el terreno de la igualdad sustantiva (de género, de oportunidades, socioeconómica, etcétera) sin que esto defina si son más o menos democráticas, pues tales formas de igualdad sustantiva serían derivaciones de una buena democracia política y no condición de posibilidad de ella. Mucho hay de razón en esta postura, pues debe aceptarse que las democracias políticas efectivas pueden, en efecto, reclamar su condición de democráticas sin que su estructura y resultados institucionales estén a la altura de un programa de igualdad exigente. Dicho de otro modo, no es lo mismo la justicia (igualitaria) que la democracia, y esta última legítimamente puede albergar en los hechos
La igualdad proporciona sentido A LA democrACIA tJesús Rodríguez Zepeda. Es doctor en Filosofía moral y política y profesor e investigador del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa, donde ha sido jefe del área de Investigación de Filosofía de Ciencias Sociales. Su frase preferida es: “La discriminación merece no sólo una condena sino una alternativa”. Participó como corresponsable del proyecto de investigación Teorías Políticas del Multiculturalismo, en el Instituto
de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. En 2001, fue coordinador de investigación de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación y fue uno de los promotores de la legislación federal en México contra todas las formas de discriminación. Entre sus publicaciones se destaca Estado de derecho y democracia (Instituto Federal Electoral, 1996), en el cual argumenta sobre las características fundamentales del Estado de derecho y su papel en una
sociedad moderna y democrática. También ha escrito columnas de opinión en el diario El Universal de México. Es dictaminador de los Fondos de Investigación Conacyt/Inmujeres y Conacyt/sep, así como del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile. Actualmente es coordinador general de la maestría y doctorado en humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinador de la línea de filosofía moral y política de ese posgrado.
programas políticos manifiestamente antiigualitarios e incluso injustos. Sin embargo, esta visión tiende a olvidar la presencia de la igualdad en el terreno de los fundamentos de la democracia política misma; puede obviar que el valor o principio de la igualdad es uno de los cimientos del modelo democrático y no sólo uno de sus contenidos posibles. El ideal de igualdad equivale a la exigencia de eliminación de distinciones inaceptables o de asimetrías perniciosas. Aunque algunas corrientes de pensamiento han tratado de sustituir el término igualdad con alguno de sus sinónimos aproximativos para dar más precisión al terreno específico de su argumentación –por ejemplo, en parte de la teoría feminista contemporánea se prefiere utilizar el término equidad para designar las relaciones de paridad en derechos y oportunidades entre hombres y mujeres–, tanto el valor normativo y político como los alcances explicativos de este concepto lo hacen imprescindible para nuestra reflexión. La igualdad proporciona sentido y orientación a los sistemas democráticos contemporáneos. Aunque con frecuencia los derechos de un sistema democrático se entienden fundamentalmente como libertades o atribuciones de acción del ciudadano (libertad de voto, libertad de asociarse para fines políticos, libertad de expresar sus ideas y preferencias políticas, titularidad no vetada de competir por un cargo político), y esto no es incorrecto, éstos sólo pueden juzgarse democráticos si su distribución es igualitaria y la estructura política de la sociedad los pone a disposición de prácticamente cualquier persona sin hacer excepciones arbitrarias. Si la igualdad no calificara las libertades políticas en un marco democrático, tendríamos que juzgar democráticos a los regímenes en los que un tirano, una camarilla o un grupo de varones tienen reservados para sí los derechos políticos de elección, expresión o candidatura. Sólo porque la igualdad valida las libertades políticas, éstas se tornan constitutivas de la democracia. De hecho, en la actualidad no podría concebirse un sistema democrático legítimo y constitucional en el sentido moderno de la expresión (es decir, como sistema en el que concurren los principios de soberanía popular o gobierno de la mayoría y de derechos fundamentales) si en él se mantiene una radical desigualdad de trato o discriminación propia de las sociedades jerárquicas, es decir, si las diferencias de grupo o identitarias –de género, etnoculturales, de capacidades físicas o intelectuales, de preferencia sexual, de edad, de religión– se entienden, e incluso se legalizan, como grados de calidad en la condición humana o en la jerarquía social que justifican el tratamiento de exclusión hacia esos grupos y perpetúan asimetrías entre las personas en el acceso a los derechos y las oportunidades. Como ha demostrado Amartya Sen, todas las teorías modernas acerca de un orden social deseado (teorías éticas o normativas de la justicia) argumentan que se necesita un sentido fuerte de la igualdad para la consecución de una sociedad democrática. En efecto, habría que decir que un rasgo característico de las sociedades democráticas modernas es que, en contraste con las sociedades tradicionales o premodernas, su orden deseable admite y hasta exige un componente fuerte de igualdad, mientras que en las segundas, al predominar una ordenación jerárquica y asimétrica entre los grupos, el valor de la igualdad es disonante y hasta extraño. T * Profesor e investigador UAM
Lunes 17 de diciembre de 2012 o 17
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En los últimos 3 años se certificaron mil 151 capacitadores en el enfoque de igualdad de género El 26 de noviembre del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el primer estándar para certificar a las personas que capacitan en género Yolanda García y Yamileth Ugalde*
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icho instrumento fue aprobado por el Consejo Nacional de Normalización de Competencias Laborales (CONOCER) con la clave EC0308 y se elaboró gracias a la participación de expertas en la tarea de capacitar y académicas especializadas en los estudios de género, quienes aportaron sus conocimientos y experiencia para cristalizar, en un estándar de competencia laboral, los elementos prototípicos de la capacitación en género. Este trabajo se realizó bajo la conducción metodológica del CONOCER y del equipo de la Dirección de Capacitación y Profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). El estándar se denomina: “Capacitación presencial a servidoras y servidores públicos en y desde el enfoque de Igualdad de Género. Nivel básico” y puede ser consultado en http://www.conocer.gob.mx Este nuevo estándar se compone de
tres elementos claves: la planeación de la capacitación, el desarrollo de los contenidos y, por supuesto, la evaluación. Cada uno de ellos integra características que son propias de las buenas prácticas de capacitación en género, que se han ido consolidando a través de los mecanismos institucionales para la igualdad establecidos en los tres órdenes de gobierno. Cabe señalar que estas características constituyen los criterios de evaluación sobre los cuáles se determinará si las personas con interés de certificarse son competentes o no. En el elemento de la planeación, el estándar plantea dos instrumentos: El plan de capacitación que obliga a visualizar esta actividad en el marco de objetivos institucionales con el propósito de trastocar aquellas prácticas que abordan la capacitación como un fin en sí mismo, sin contemplar su contribución a resultados estratégicos y, por supuesto, sin considerar su seguimiento. El otro instrumento es la guía instruccional que facilita la estructuración de los contenidos y actividades didácticas con base en los objetivos de aprendizaje que buscan alcanzar en el curso que se planea. Un aspecto novedoso en esta dimensión es que se evalúa tanto la estructuración lógica de la guía instruccional como la articulación coherente de los temas y su desarrollo. Lo que significa que se valorarán los conocimientos que él o la capacitadora deben tener sobre el temario básico de género, el cual contempla nociones claves sobre esta perspectiva,
las desigualdades a las que da lugar, las transformaciones que suponen su erradicación, haciendo énfasis especial en el papel que el Estado debe cumplir para garantizar el ejercicio de los derechos humanos en igualdad de condiciones para mujeres y hombres. Por su parte, en el desarrollo de los contenidos se incluyen criterios que reflejan una aproximación constructivista, participativa y crítica del aprendizaje, visión necesaria para remover las resistencias que se ponen en juego cuando se cuestiona el sentido ideológico de las construcciones sociales de género. Finalmente, en el elemento de la evaluación se incluyen criterios para que ésta contemple las valoraciones sobre el aprendizaje como el cumplimiento de los objetivos institucionales que motivaron la impartición del curso evaluado. Sin lugar a dudas, la publicación de este estándar es un logro muy significativo para los Institutos y oficinas (enlaces) de la Mujer en las dependencias públicas por varias razones. En primer lugar, porque su operación permitirá consolidar criterios de calidad para el desarrollo de los cursos de capacitación en género que se imparten hacia las y los servidores públicos con el propósito de mejorar sus capacidades y competencias para comprender y aplicar la perspectiva de género en el diseño de las acciones públicas para la igualdad que las dependencias públicas están obligadas a implementar. El reto es que las personas que capacitan se certifiquen a fin de garantizar que
cuentan con los saberes, las actitudes y se desempeñan congruentemente con los principios de igualdad y no discriminación, al tiempo que promueven que las y los servidores públicos los aprendan y hagan suyos. En segundo término, la certificación propiciará el establecimiento de criterios para la contratación de personas que prestan este tipo de servicios, incidiendo en la eficiencia de los recursos públicos que se destinan a esta actividad. Para tener una idea de la relevancia de la capacitación debe considerarse que, según datos de la Dirección de Evaluación y Estadística de Inmujeres, en 2011, en el marco del Programa de Transversalidad, se ejercieron 60 millones 406 mil 405.11 pesos en este tipo de actividades educativas. Debe tenerse presente que la capacitación en género ha sido una actividad clave y recurrente en los procesos de institucionalización del principio de igualdad en el Estado. Ello se debe a las bondades que la formación trae consigo para la construcción de capacidades en las organizaciones y en el personal que debe trabajar con la perspectiva de género. Así fue establecido en la IV Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Pekín, China en 1995 y se contempla como una directriz operativa tanto en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en inglés), como en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
La certificación en género Inmujeres decidió incorporar el Modelo de Competencias Laborales vigente en nuestro país, coordinado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación en Competencias Laborales (CONOCER) en 2009, porque dicho modelo constituye el canal institucional para certificar tareas cuyo desempeño no se adquiere mediante la formación disciplinaria sino a través de la experiencia laboral. Al consolidar esta alianza con el CONOCER, Inmujeres adquirió la capacidad de estandarizar criterios y pautas de calidad para la realización de tareas o prestación de servicios para la igualdad así como concluir sus procesos de capacitación con una certificación con valor en el mercado de trabajo. Esto último aumenta el valor de la oferta de capacitación, haciéndola más competitiva y pertinente a las necesidades estratégicas del Sector. La adopción de este modelo condujo a la creación del Sector para la Igualdad de Género en el Sistema Nacional de Competencias y del Comité de Gestión por Competencias , que es un grupo representativo de este Sector integrado por mujeres y hombres de instituciones y organizaciones públicas, sociales y académicas vinculadas a la Política Nacional para la Igualdad. En correspondencia con esta directriz, durante los últimos tres años la Dirección de Capacitación y Profesionalización ha impulsado la certificación en distintas funciones laborales entre las que se destacan: la impartición de cursos de capacitación, el diseño de cursos presenciales, la prestación de servicios de atención telefónica a víctimas de la violencia, la implementación y la auditoría del Modelo de Equidad de Género (MEG); en los cuales se han certificado mil 151 personas de junio de 2009 a noviembre de 2012. En el camino de la certificación Inmujeres aún tiene un largo trecho que recorrer, pero los pasos han sido certeros y estratégicos para profesionalizar la prestación de servicios claves para la igualdad de género. T * Dirección de Capacitación y Profesionalización del Instituto Nacional de las Mujeres
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Sujeción laboral y contrato sexual La desigualdad material en que se hallan muchas mujeres es resultado de su desventaja en la carrera por las oportunidades y el acceso a los derechos laborales
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Luis González Placencia*
l feminismo, como visión crítica acerca de las formas de desigualdad que se asientan en la diferenciación sexual y en la naturalización de la subordinación de las mujeres, nos ha hecho conscientes de las deudas hacia ellas en términos de derechos y oportunidades a las que tradicionalmente les hemos negado acceso.
Además, el feminismo nos ha hecho conscientes de que la autonomía moral –es decir, que las personas sean capaces de realizar elecciones libres y de manera consciente– tiene que ser posterior a la autonomía material –o sea, que ellas cuenten con los recursos necesarios para materializar sus decisiones. Por eso, el ciclo del desempoderamiento de las mujeres inicia con la negación de
laborales. El feminismo, además, ha puesto en evidencia que, en un sistema todavía estructurado por la misoginia y la visión patriarcal, la falta de bienestar material en el caso de las mujeres no es producto de una voluntad débil –“son pobres, porque quieren”, asegura el lugar común– ni de la mala suerte. Al contrario, la desigualdad material en que se hallan muchas mujeres es resultado
relaciones contractuales establecidas entre personas libres y empoderadas en la misma proporción no son invariables, sino desmontables con el ejercicio pleno de la ciudadanía. Sobre todo, cuando estas relaciones laborales afectan a las mujeres. Como ha señalado la teórica política australiana Carole Pateman, las relaciones laborales también son actualizaciones de lo que ella ha denominado contrato sexual, es decir, la construcción de las instituciones políticas y prácticas ciudadanas por encima de un pacto simbólico que otorga a los varones el control de las vidas y los cuerpos de las muijeres. Aplicando la perspectiva de género al análisis de las relaciones laborales, podemos iniciar una arqueología que desmonte de manera más crítica las relaciones de injusticia y dominación que se han naturalizado en el paradigma capitalista. Así, la perspectiva feminista puede recuperar los reclamos de justicia distributiva presentes en el marxismo, en un marco de derechos que nos permita tomar distancia de la ideología revolucionaria, instrumental y escatológica. En líneas generales, el feminismo que es crítico respecto de la desigualdad material afirma que es más útil hacer que la esfera privada arroje luz sobre las relaciones injustas e inequitativas que ocurren en el espacio público, y no al revés, como tradicionalmente se ha hecho en la teoría social. En relación con el ejercicio de la ciudadanía, se han establecido –ontologizado– ámbitos diferenciados para el acceso a derechos y oportunidades y, en una palabra, para el ejercicio de la autonomía en el caso de las mujeres. Desde la perspectiva de la constitución de la familia, las mujeres experimentan la libertad como soberanía en el espacio doméstico; como la absoluta decisión para decidir cómo educar a los hijos y cómo administrar los bienes que son posesión del varón. En el mismo sentido, y desde esta perspectiva acrítica con la existencia de un contrato sexual, las mujeres serían libres para casarse o no en la misma medida que son libres de insertarse o no en una estructura patriarcal que celebra la sumisión y abnegación femeninas al tiempo que censura a quienes se apartan de este modelo de virtud. Las opciones laborales para muchas mujeres acabarían planteándose de la siguiente manera: el servicio doméstico, aceptar el sometimiento y vivir una sola jornada laboral o renunciar a la sujeción y encontrarse viviendo la doble jornada laboral. Ahora bien, ¿qué ocurre con las relaciones familiares en este esquema de desempoderamiento de las mujeres respecto de su bienestar material? El análisis de la familia desde la perspectiva contractual la presenta como producto de una unión voluntaria, civilmente sancionada, que crea responsabilidades en relación con la procreación y la reproducción material del hogar. Así, se establece una ruptura con el poder patriarcal que acostumbramos pensar como premoderno, en la medida que la Ilustración implica la autonomía como libertad para sujetarse a aquellas
La subordinación de las mujeres, nos ha hecho conscientes de las deudas hacia ellas en derechos y oportunidades la educación, lo que trae como consecuencia que sus opciones laborales sean precarias y mal remuneradas; por eso, también, el ciclo del empoderamiento inicia con retirar el yugo de la pobreza y la dependencia material sobre los cuerpos de las mujeres, a través de la garantía y disfrute real de los derechos
de un hecho fácilmente constatable: el simple hecho de ser hombre en una sociedad como la nuestra ya le da ventajas a esa persona sobre cualquier mujer en la carrera por las oportunidades y en el acceso a los derechos laborales. Es decir, que las relaciones laborales inequitativas que se presentan como
leyes y relaciones legales que mejor expresan dicha autonomía. Lo que se pasa por alto al pensar a la familia como producto de un contrato moderno que permite la expresión de la autonomía individual de los contratantes, es que a través de este acto civil se entrega al esposo la posibilidad no
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Inmujeres sólo de fundar una descendencia y responsabilizar a la esposa por ella; sino también se ofrenda la posibilidad de poseer sexualmente un cuerpo –el de la esposa– a voluntad unilateral, y apropiarse de sus productos de trabajo y de su doble jornada laboral. Ahora bien, si el feminismo por un lado algunas veces caracteriza a la esposa contemporánea como un siervo y sostienen que la familia es una institución cuasi feudal, y el marxismo por su parte sostiene que el “trabajo no libre” no es una reliquia feudal sino una pieza fundamental en la maquinaria capitalista moderna, entonces cabe preguntar: ¿cómo pueden caracterizarse las relaciones entre los géneros en el contexto capitalista? ¿En qué se parece y en qué se diferencian las posiciones del esclavo y la esposa? Hasta bien avanzado el siglo XIX, la posición legal y civil de la esposa se asemejaba a la del esclavo. Bajo la doctrina de la ley civil en casi todo el mundo occidental, una esposa, como un esclavo, carecían de derechos. Un esclavo no tenía existencia legal separado de su amo, y un esposo y una esposa constituían “una persona”, por supuesto, la persona del esposo. Ser esclavo o esposa consistía en estar en una permanente minoría de edad,
somete a su dominio, empezando por retirarles el nombre y colocar su apellido en su lugar. Bajo la tutela del esposo, la mujer es obligada a vivir donde el marido ordene, sus ingresos le pertenecen a él y los hijos son también propiedad más de él que de ella. Afortunadamente, muchas mujeres han desafiado este modelo de sumisión. Pero, si se observa sus historias particulares de vida, éstas son una muestra de la obstinación y la ardua lucha en contra de un sistema patriarcal, más que la norma en el plano de las relaciones laborales. Todavía hasta el siglo XVI las esposas podían ser vendidas en Inglaterra, como propiedad del esposo. Aquel tiempo puede parecer lejano, pero todavía hoy son escasas las legislaciones nacionales que reconocen la violación como delito en el contexto de la relación conyugal, porque de alguna manera se presupone que el cuerpo de la esposa es propiedad del esposo. El problema no es que las esposas llevan a cabo trabajos valiosos por los que no reciben paga; incluso, el salario completo por la doble jornada no modificaría la injusticia del contrato sexual que subyace al contrato laboral. Más bien, lo que significa ser una esposa es precisamente proporcionar ciertos
mujer, así como de las esferas privada y pública como ámbitos diferenciados y de acceso restringido para cada uno de los géneros a quien se le suponen ciertas características. Porque los varones son ciudadanos del ámbito público, y el lugar de las mujeres está reservado a la casa y las labores domésticas. Hay quienes han sostenido que la subordinación de la esposa a su marido es como la del trabajador respecto del capitalista. No sólo las mujeres se convierten en trabajadoras, sino que el contrato de matrimonio es como el contrato de empleo y constituye a la esposa en trabajadora del hogar conyugal. Observar al contrato de matrimonio como si fuese un contrato de empleo, no obstante, es olvidar nuevamente el contrato sexual. Una esposa no es como un trabajador, y las mujeres no pueden convertirse en trabajadores en el mismo sentido que los varones. El contrato de matrimonio no es el contrato de empleo, y más bien el contrato de empleo presupone en muchos casos el de matrimonio. En este sentido, la construcción histórica de la figura del trabajador presupone que él tiene esposa, un ama de casa, que cuida de las necesidades cotidianas. A partir de la posición de las mujeres
Hay quienes han sostenido que la subordinación de la esposa a su marido es como la del trabajador respecto del capitalista misma de la que muchas mujeres no han podido despojarse. Los esclavos pueden ser liberados para adquirir la mayoría de edad; sin embargo, las mujeres sólo se convierten en autónomas de manera aparente –en señoras de su casa– cuando son desposadas por un hombre que las
servicios para y bajo las órdenes de un varón. En pocas palabras, el contrato de matrimonio y la subordinación de la esposa como un tipo de trabajo no se pueden entender sin el contrato sexual y la construcción patriarcal de las figuras y posiciones sociales del varón y de la
en el espacio doméstico y en el mercado laboral, se explica su afinidad y diferencia con la figura del esclavo asalariado que ya no puede abandonar la relación de subordinación con el dueño de los medios de producción, según el modelo marxista. El esclavo asalariado está
sometido a la disciplina del empleador, pero el lugar de trabajo está también estructurado según la disciplina patriarcal. Las esposas no son esclavos asalariados en el mismo sentido que los trabajadores, ni la subordinación es la misma en un esclavo asalariado que en una esposa. Tanto el empleador como el marido han asumido como propio el derecho de mandar sobre el uso de los cuerpos de los trabajadores y de las esposas, pero aunque cada esposo tiene sus propias demandas específicas, el contenido del trabajo del ama de casa está determinado por el hecho de que es mujer. En contraste, el contenido del trabajo del obrero está determinado por el modo de producción capitalista. Pero, y dado que el capitalismo es patriarcal, el trabajo de las mujeres que laboran es diferente del de los varones trabajadores. Esto es así porque la sujeción de la mujer se deriva de su condición de mujer, y porque la división sexual del trabajo se extiende al lugar de trabajo. Frente a este panorama, resulta evidente que la desigualdad está históricamente construida y que está en nuestras manos desalentar la discriminación de género en el espacio laboral, y romper así con esta cadena de subordinación que inicia con el contrato sexual. Porque nuestros espacios de trabajo y el ciclo del desempoderamiento no son neutros ni invariables en el tiempo; al contrario, estos expresan valores más o menos democráticos y promueven o desalientan la desigualdad. Y nuestra primera forma de criticar la subordinación de género es observarla como producto de nuestras acciones y omisiones, no como un objeto sagrado que no se puede tocar. T * Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
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Logro de Inmujeres incorporar perspectiva de género en la SEDENA especial
Araceli Noguera
Durante años, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), y en general todas las Fuerzas Armadas, se caracterizaron por ser sectores prácticamente masculinos, donde la presencia de las mujeres era exclusivamente en actividades administrativas
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Redacción
in embargo, a partir de 2007 esta situación comenzó a cambiar, ya que el Instituto Nacional de las Mujeres comenzó a trabajar con la SEDENA para institucionalizar la perspectiva de género en la dependencia y de esa manera brindar igualdad de oportunidades a mujeres y hombres. El resultado: hoy están sentadas las bases para que una mujer pueda llegar a ser la titular de la Defensa Nacional.
AVANCES DE LA SEDENA tIncorporación de las mujeres Se implementó el mecanismo para la en los siguientes planteles militares de prevención y atención de los casos de educación superior: Heroico Colegio hostigamiento y acoso sexual. Militar, Escuela Superior de Guerra, Se implementó el Programa de IgualEscuela Militar de Ingenieros y Cole- dad entre Mujeres y Hombres. gio del Aire, así como a 11 más, con Licencia de paternidad de 10 días lo que abre la posibilidad de que las para fomentar la corresponsabilidad mujeres lleguen al grado de general en los cuidados familiares. de división. Se armonizaron seis leyes y cinco En 2011 se graduó la primera mujer reglamentos militares desde una persen el Colegio del Aire. También, en la pectiva de género. Campaña de comunicación del ejérEscuela Militar de Enfermeras, salió la primera generación de enfermeras cito y fuerza aérea sobre la equidad militares con nivel licenciatura. de género, los derechos humanos y la En 2013 se graduará, en la Escuela cultura para la paz. Militar de Ingenieros, la primera geRemodelación del dormitorio de la neración de mujeres. primera compañía de cadetes de la Se han incorporado al cuerpo de la Escuela Militar de Ingenieros. policía militar, 30 mujeres en cada uno Adquisición de equipo médico y odonde los batallones que lo integran. tológico con el fin de diagnosticar de Aumentó en siete por ciento la par- forma oportuna padecimientos gíneco ticipación de la mujer en actividades obstétricos, reproductivos y odontológicos. administrativas del instituto armado. Observatorio para la igualdad entre Se incorporaron mujeres al servicio mujeres y hombres en el Ejército y Fuerza militar nacional. Aérea Mexicanos.
Araceli Nogueda Simón, Directora de Cultura Institucional y Gestión Pública del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), explicó que trabajar con la SEDENA, en un principio, no fue fácil, ya que el proceso fue muy complejo al ser una institución que trabaja con una gestión muy vertical y además es totalmente masculinizada, por lo que el lenguaje y el quehacer institucional eran androcéntricos. Por eso mismo, detalló, se empezó con un proceso de sensibilización, después de capacitación y finalmente de profesionalización: “buscamos una masa crítica para paulatinamente, desde 2007, institucionalizar o incorporar la perspectiva de género en sus procesos y así creamos, dentro de las fuerzas armadas, diferentes redes en las distintas unidades administrativas”. Aseguró que se han creado las bases y la plataforma para institucionalizar, poco a poco, estos procesos e incluso incorporar la perspectiva de género en las escuelas de mando. Para ello, precisó Nogueda Simón, fue necesario hacer primero un diagnóstico y la interpretación de los resultados, de lo cual el equipo estratégico del área del secretario vio la pertinencia de incorporar la perspectiva de género. Y es que en el diagnóstico se reflejó la cruel realidad que entonces vivían las mujeres: en la SEDENA el personal femenino sólo representaba el dos por ciento y estaban ubicadas exclusivamente en las áreas administrativas, no en las de mando. “Había muchas limitantes para el desarrollo de las mujeres, por lo que también se hizo un diagnóstico de cultura institucional para ver cómo se estaba haciendo la promoción, cómo estaba el lenguaje incluyente, cómo se estaba direccionando a la capacitación, cómo estaba la corresponsabilidad vida familiarvida laboral. Observamos un alto grado de divorcios en los militares, se analizó y se crearon acciones afirmativas que se fueron dando en la política institucional y en sus procesos y procedimientos”, recuerda Nogueda Simón. Ante ello, detalla, se buscaron aliados estratégicos y se logró abrir un área específica en materia de equidad de género en la sección quinta del Estado Mayor, lo cual fue sumamente importante porque “estábamos más cerca de los tomadores de decisión y son las personas cercanas al secretario”. Ahora, asegura, se puede decir que ya existen resultados muy importantes que se visibilizan, aunque es un proceso a largo plazo, de 20 a 30 años, para poder tener una mujer como secretaria de la Defensa Nacional, pero sí son la base para que las mujeres entren a la carrera militar, en un proceso que no se había hecho en más de 100 años. Manifestó que la pasada administración del Inmujeres, a cargo de Rocío García Gaytán, fue verdaderamente importante porque, por vez primera en la agenda pública, se logró tener el enfoque de la transversalidad de la perspectiva de género, trabajar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y se originaron los mecanismos para la igualdad en todo el país. “Rocío García Gaytán es una mujer que trae como práctica de vida todo el proceso de institucionalizar la perspectiva de género en la administración pública federal, estados y municipios, y nos dio gran libertad para proceder de acuerdo a la estrategia que cada institución tuviera”, resaltó. El Instituto y Rocío García Gaytán, con todos sus oficios y profesionalismo, nos enseñaron a hacer trajes a la medida de cada institución. “En lo personal, a mí me enseñó a ser más estratégica, a tener otra mirada desde los derechos humanos, no solamente a las mujeres sino también a los hombres y principalmente tener mapas, rutas y tener siempre redes focalizadas”, concluyó. T
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Las políticas públicas deben considerar la desigual distribución del trabajo doméstico mónica gonzález
Las restricciones de tiempo de las mujeres son una de las causas principales de su baja participación laboral respecto a la de los hombres y de las diferencias en las remuneraciones
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Carlos Salgado Salazar *
ichas restricciones se deben principalmente a instituciones informales (estereotipos, normas acerca de quién debe realizar el trabajo doméstico dentro del hogar). Las políticas para enfrentar estas restricciones generalmente se enfocan a
la provisión de servicios de cuidados infantiles, permisos de paternidad en el trabajo, inversión de infraestructura para liberar el tiempo de las mujeres cubriendo esas carencias y facilitando el acceso de las mujeres a los mercados. Cualquier estrategia de políticas públicas que busque mejorar la situación de la mujer en el ámbito laboral y productivo debe considerar primero la distribución desigual del trabajo doméstico dentro del hogar. Es importante facilitar la participación laboral de las mujeres expandiendo la provisión de servicios de cuidados infantiles que complemente la oferta de programas de empleo y proyectos productivos. Por ello, en el marco del Programa Anual de Evaluación 2009 (PAE-2009), el Inmujeres en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron una Evaluación Estratégica con Perspectiva de Género de los Programas de Empleo y Proyectos Productivos cuyo objetivo es contar con una valoración de 11 programas federales de trabajo y proyectos
productivos de ocho secretarías.1 De acuerdo con los resultados del estudio, existe una gran dispersión en los programas de la Administración Pública Federal que tienen como objetivo incrementar los ingresos de las personas a través del impulso de actividades productivas (ya sea como empleado o como microempresario); es decir, que cubren la promoción del empleo y fomento a proyectos productivos. Los resultados de comparar personas beneficiarias de los programas con personas no beneficiarias muestran impactos positivos en indicadores de empleo, horas trabajadas e ingresos, para varios de los programas considerados, destacando lo siguiente:En 2011, el porcentaje de personas beneficiarias/os empleadas/os es 4.8 puntos mayor que el de las personas no-beneficiarias. Este efecto es mayor para las mujeres que para los hombres (6 puntos y 2 puntos respectivamente). En 2012, el efecto encontrado es mayor que en 2011: 8.7 puntos en general, 13 y 2.4 puntos para mujeres y hombres respectivamente.
Existe un aumento significativo de 9.6 horas/mes de trabajo remunerado para mujeres cuando se comparan con mujeres no-beneficiarias en 2011. En 2012, el efecto general es de 22 horas al mes de trabajo. Para las mujeres fue de 32 horas al mes, y para los hombres es de 9 horas. No se encontraron efectos en 2011 para el ingreso laboral. Para 2012 se encontró un efecto sólo para las mujeres beneficiarias de $700 al mes. Además, el efecto en 2011 sobre el tiempo que las mujeres beneficiarias dedican al trabajo doméstico a la semana es 1 hora menor que el que dedican las no- beneficiarias. En los hombres está disminución es de 0.8 horas con relación a los hombres no beneficiarios. Para 2012, el efecto sobre este indicador de trabajo doméstico es de una disminución de 1.3 horas a la semana para las mujeres. Se estimó el impacto sobre el empoderamiento de las personas usando información sobre la toma de decisiones en el hogar, la autonomía de las personas, el control de activos y las opiniones sobre estereotipos de género. Se encontró que las mujeres beneficiarias tienen un mayor nivel de empoderamiento que las mujeres no beneficiarias (2.13 puntos) mientras que para los hombres el impacto es de 3.36 puntos. En general, se encontró que los programas que apoyan a proyectos productivos -FONAES, PRONAFIM, PROMUSAG, FOMMUR, FAPPA- en oposición a los que apoyan el empleo, tienen sistemáticamente mejores resultados sobre las variables de impacto consideradas. Dado que los mayores impactos se encontraron en los programas que apoyan a proyectos productivos (FONAES, PRONAFIM, PROMUSAG, FOMMUR - en oposición a los que apoyan el empleo), sería recomendable identificar las mejores prácticas de estos programas para escalar la cobertura manteniendo la calidad de la operación para que no se afecten su impacto potencial. Es importante también que se refuercen las actividades de capacitación empresarial que algunos programas ya realizan. T * Director de Documentación e Información del Instituto Nacional de las Mujeres Los programas evaluados son: Fondo para el Apoyo a Proyectos Productivos en Núcleos Agrarios (FAPPA), Fideicomiso del Programa del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR), Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES), Programa de Apoyo al Empleo (PAE), Programa de Empleo Temporal (PET), Programa de Opciones Productivas (POP), Programa Organización Productiva Para Mujeres Indígenas (POPMI), ProÁrbol, Programa de la Mujer en el Sector Agrario (PROMUSAG), Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) y Programa de Soporte 1
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Género y Comunicación en México: Avances, retrocesos y perspectivas
con los derechos humanos de las mujeres en México. Impulsaron alianzas estratégicas con el Área de Comunicación Social del Instituto Nacional de las Mujeres para la realización de observatorios de medios, seminarios, talleres, y muy importante, la apertura del Suplemento TODAS en un diario de circulación nacional.
En contraparte, también en este sexenio se registraron retrocesos significativos: Todas las industrias de comunicación –radio, televisión, prensa, medios impresos y la industria de la publicidad-, han incrementado el sexismo y la reproducción de la violencia de género en sus contenidos (Vega Montiel, 2010).
sara escobar
“Es esencial romper las barreras conceptuales y perceptivas que separan los “asuntos de género” de los “asuntos sociales” en la definición de políticas. Esto implica demostrar la legitimidad –y centralidad- de la perspectiva de género en los debates más amplios acerca del desarrollo y estructura de los sistemas de comunicación e información.” Margaret Gallagher
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Aimée Vega Montiel *
a alta concentración de la radio y la televisión privada en México, ha representado un fuerte obstáculo para el desarrollo democrático de nuestro país. Televisa y Televisión Azteca concentran 91 por ciento de las frecuencias de televisión comercial. Diez grupos monopolizan el 70 por ciento de la radio comercial. La televisión y la radio son reguladas por una Ley aprobada en los años 60. Esta regulación no ha sufrido modificaciones en más de medio siglo y no establece garantías para el interés público. Estas condiciones han causado que la radio y la televisión se convirtieran en un impedimento para la expresión de la diversidad social y política y, como parte de ello, han agudizado las desigualdades de género.
Los saldos de este sexenio en la materia, son de luces y sombras La academia y la sociedad civil feminista, en conjunto y de manera individual, y en varias ocasiones, en alianza con algunas legisladoras, impulsaron significativos avances en la materia: Lograron la incorporación de artículos relacionados con la responsabilidad de los medios de comunicación en la realización de los derechos humanos de las mujeres, en cinco instrumentos jurídicos: la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Ley contra la Discriminación, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En materia legislativa, llevaron al Senado de la República un propuesta integral de transversalización de la Ley de Medios con Perspectiva de Género. Lograron la institucionalización de importantes iniciativas. Programas de
formación de servidoras y servidores públicos en igualdad de género, favorecieron la implementación de acciones para la erradicación del lenguaje sexista en medios de comunicación y en áreas de comunicación social, de códigos de ética
con perspectiva de género y de cuotas de género en materia informativa. Lograron que medios de comunicación como el Instituto Mexicano de la Radio y el Canal del Congreso dieran cabida en su agenda a programas relacionados
• La brecha de desigualdad de género en el acceso y participación de las mujeres en las industrias de comunicación, es evidente en la baja representación de mujeres propietarias, directoras y tomadoras de decisiones (Vega Montiel, 2012). • La brecha de desigualdad de género en el ámbito del acceso a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC’s), se ha ampliado. • La ley de medios no registra avances en esta materia, ni los propios medios de comunicación han impulsado políticas de igualdad de género entre su personal. • Se ha agudizado la violencia de género en contra de las periodistas, y de manera dramática, la violencia feminicida. • Por último, México no cuenta con programas de educación para los medios con perspectiva de género. Estos retrocesos tienen implicaciones que van más allá del ámbito federal: México forma parte de los países firmantes de la Plataforma de Acción de Beijing, de 1995, que incluye la Sección J, “Mujeres y Medios de Difusión”. Esta Plataforma obliga a los estados parte a garantizar el cumplimiento del derecho humano de las mujeres a comunicar, por lo que el Estado mexicano se halla hoy, no sólo en incumplimiento, sino en la violación de este derecho. Inicié esta reflexión con una cita de Margaret Gallagher, una de las más brillantes especialistas en Género y Comunicación a nivel global, quien ya desde los años 90 entendía que en este camino requerimos de la participación de todas las personas y de todos los sectores de la sociedad. Necesitamos que personas y sectores comprendan que los asuntos de género son asuntos de toda la sociedad. Que cuando se discute la ley de medios, esta discusión es incompleta si no se incorpora, de manera transversal, el derecho humano de las mujeres a comunicar. Que cuando se impulsan políticas de igualdad de género en las industrias de comunicación, se tienen que contemplar todos los niveles –acceso y participación paritaria, contenidos responsables, erradicación del lenguaje sexista, etcétera-. Que cuando se llevan adelante programas de equipamiento tecnológico en escuelas de educación básica, tienen que ir acompañadas de programas de capacitación a niñas y adolescentes en el manejo de las nuevas tecnologías. Definitivamente, las feministas organizadas en las universidades y las organizaciones de la sociedad civil, continuaremos realizando nuestro trabajo en la convicción de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. Pero no podemos solas. Requerimos del concurso de toda la sociedad. T * Investigadora UNAM
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Chihuahua, primera ciudad en usar monitoreo electrónico para casos de violencia familiar El Instituto Chihuahuense de la Mujer (ICHMUJER) realizó una inversión de 836 mil pesos para la compra de 25 pulseras de seguridad para hombres generadores de violencia y 25 dispositivos electrónicos para mujeres víctimas de violencia familiar
E
Emma Saldaña Lobera *
sto a través del recurso federal del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF). Este sistema de seguridad de monitoreo electrónico es una medida cautelar que el Ministerio Público solicita al juez de Garantías para las personas que están siendo procesadas por el delito de violencia familiar. El juez que lleve el caso será quien indique si el imputado es candidato
y/o aceptado en el programa y establecerá bajo qué condiciones e instrucciones se otorgará la medida cautelar. El fundamento legal para utilizar este proyecto de monitoreo como medida cautelar se establece en el Código de Procedimientos Penales para el estado de Chihuahua, en el artículo 169 bajo el título Medidas cautelares, en donde se decreta lo siguiente: “A solicitud del Ministerio Público, una vez que se le haya dado la oportunidad de rendir su declaración preparatoria y en la forma, bajo las condiciones y por
Éste es un espacio abierto para tus comentarios, sugerencias, avisos y colaboraciones
el tiempo que se fija en este Código, la autoridad judicial impondrá fundada y motivadamente al imputado, después de escuchar sus razones, alguna o varias de las siguientes medidas cautelares: V. La colocación de localizadores electrónicos, sin que medie violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado; VII. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar ciertos lugares; IX. La separación inmediata del domicilio, cuando se trate de delitos de violencia familiar o delitos contra la libertad y seguridad
sexual y el normal desarrollo psicosexual y cuando la víctima conviva con el imputado”. El proyecto de monitoreo completo consiste en un brazalete electrónico que debe portar el hombre y un localizador personal parecido a un teléfono celular a cargo de la mujer que permitirá que el agresor permanezca alejado. El brazalete y el aparato están conectados por un sistema de monitoreo, de manera que el aparato que porta la mujer le avisa cuando el hombre se acerca a determinada distancia para que ella pida la intervención policíaca. El propósito es evitar que el hombre agresor se acerque a la mujer, sobre todo en los casos de violencia grave, donde incluso hay amenazas de muerte. El brazalete que porta el hombre incluye también un transmisor que envía información de manera permanente al Centro de Seguridad Pública para la identificación de su ubicación. El sistema de monitoreo electrónico permite identificar la posición actual e histórica del individuo monitoreado. Esto se puede visualizar en un mapa en tiempo real o también posiciones históricas almacenadas en el sistema. El localizador personal que está en poder de la mujer también está sincronizado con el transmisor de radiofrecuencia del hombre, de modo que ella sola puede detectar la presencia del agresor en el perímetro restringido y solicitar apoyo policíaco cuando lo considere necesario. Es importante destacar que la tecnología de punta con la que cuenta el Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Computo de la Fiscalía del estado fue un factor clave para determinar el uso de este proyecto de monitoreo. En este proyecto están involucradas la Secretaría de Desarrollo Social, a través del Instituto Chihuahuense de la Mujer, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del estado y el Supremo Tribunal de Justicia. La coordinación de estas dependencias permitirá el uso de estos brazaletes para finales de este año, cuando los Ministerios Públicos puedan referir a los jueces los casos de violencia familiar en los cuales la mujer requiera este tipo de protección. De esta manera, se creará el marco propicio para el cumplimiento de la medida judicial de conformidad con los ordenamientos legales reguladores, los procedimientos establecidos y la tecnología a implementar para atender la violencia contra la mujer. Algunos de los alcances de esta medida son: Brindar mayor protección y seguridad a las víctimas del delito de violencia familiar. Permitir a las víctimas de este delito continuar de una manera segura con su vida en su contexto familiar, laboral y social, al tener una seguridad de monitoreo de su agresor. Modificar conductas, roles y estereotipos del imputado y de la víctima. Reducir el incremento de mujeres y sus hijos e hijas a los refugios. Evitar el feminicidio (homicidio de mujeres por razones de género). Como proyecto piloto, se utilizará sólo en la ciudad de Chihuahua y después de la evaluación de los resultados, se harán las gestiones necesarias para implementarlos en otros municipios, como Ciudad Juárez. T * Directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer
todas@inmujeres.gob.mx www.inmujeres.gob.mx Alfonso Esparza Oteo 119, Col. Guadalupe Inn, México, D.F.
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FOTOS: ESPECIAL
México se revitaliza desde su
Centro A 11 de años de la iniciativa de rescate del Centro Histórico de la Ciudad de México, la Fundación que lleva el mismo nombre, sigue siendo parte fundamental para el mejoramiento de la calidad de vida y la cohesión social Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México A.C
C
atalogado por la UNESCO desde 1987 como Patrimonio Cultural de la Humanidad, El Centro Histórico es hoy una zona con una economía reactivada, con una oferta cultural atractiva y de calidad, así como con espacios públicos recuperados.
Se vive también un aumento del empleo formal, desarrollo de nuevos negocios, calles rescatadas y seguras, edificios patrimoniales rehabilitados, aumento de la seguridad pública, y en los últimos años, la zona se ha repoblado. De acuerdo con cifras de la
Autoridad del Centro Histórico, cada día lo visitan entre 750 mil y un millón de personas. La principal actividad económica de la zona es el comercio, el turismo y la prestación de servicios. Actualmente la población del Centro Histórico es de 56 mil 934 habitantes. En 11 años de revitalización se han incorporado a los antiguos habitantes, nuevos vecinos: profesionistas jóvenes, pequeños empresarios, artistas, investigadores e intelectuales, entre otros. Aquí cohabitan grupos multiculturales; migrantes, indígenas y extranjeros. Entre las principales aportaciones de la Fundación en 11 años, destaca la atención para más de 6 millones de personas que viven, visitan y transitan por el Centro Histórico. El rescate incluyó la inversión para el desarrollo social sustentable, proveniente de la Fundación del Centro Histórico de la Ciudad de México A.C y una de sus principales sedes se ubica en la calle de Mesones 152, Centro Histórico. Es así como mediante la aplicación de programas culturales, económicos y sociales, se trabaja con diferentes sectores de la población impulsando la mejora educativa, el acceso a la salud, el empleo, la cultura, el deporte, el medio ambiente y la seguridad humana. Esta última empieza en el hogar, la escuela y los espacios públicos. El objetivo es construir la confianza, la convivencia y el fortalecimiento de los lazos afectivos familiares y comunitarios. También ha proporcionado infraestructura y financiamiento a jóvenes artistas para desarrollar sus proyectos de investigación en arte contemporáneo, ha brindado servicios de salud a través de las Jornadas de salud integral, talleres de educación social y atención psicológica para el desarrollo humano. Asimismo impulsa mejores condiciones de empleo al implementar la capacitación tecnológica, digital y en oficios. Se ha fortalecido la identidad cultural a través del rescate y el fomento de nuestras tradiciones. Igualmente para el fortalecimiento
de la confianza y seguridad de las comunidades, se implementan estrategias como la elaboración de alebrijes monumentales y torneos de futbol, entre otras actividades.
Lo que viene en 2013 Como resultado de los éxitos obtenidos, es necesario dar continuidad para la sostenibilidad de los cambios, Seguiremos trabajando para que más personas encuentren en el Centro Histórico un lugar estimulante para trabajar, estudiar, divertirse y vivir. Para ello, la Fundación del Centro Histórico fortalecerá y ampliará su cobertura de atención a la Delegación Miguel Hidalgo, en donde para iniciar el año realizará un conversatorio para el diálogo denominado “Comunicación, mediación y negociación para lograr transformaciones sociales constructivas” dirigido 150 a maestros, autoridades escolares y líderes comunitarios. El 25 de enero se abrirá una nueva sede en el Polideportivo José María Morelos y Pavón, localizado entre la calle lago Trasimeno y lago Wetter, colonia Reforma Pensil, donde se brindarán servicios de orientación psicológica, individual y familiar. Talleres de desarrollo humano y de promoción a la salud. T