4.2 Teoría de cambio para la eliminación del matrimonio infantil y la reducción de las uniones tempranas

El objetivo principal del Plan MIUT es que para el año 2030 en la República Dominicana se haya eliminado el matrimonio infantil legalmente reconocido y reducido las uniones tempranas. Para ello se harán cambios institucionales, presupuestarios y legales, y se utilizarán estrategias de prevención, atención y protección hacia las niñas, niños y adolescentes. Estas estrategias estarán sustentadas en la evidencia y serán parte de la incidencia política que promuevan el logro de los objetivos planteados. Será imprescindible trabajar con los distintos grupos poblacionales de niñas, niños y adolescentes, a través de estrategias que promuevan sus libertades y autonomía progresiva, mediante garantías explicitas desde el Estado, en los distintos contextos donde su vida tiene lugar. Esto les permitirá exigir y defender sus derechos, a fin de que éstos no sean vulnerados y no se expongan a situaciones de violencia y abuso. Para lograrlo, es necesario incorporar a todos los actores sociales, desde los espacios comunitarios, mediáticos, escolares, laborales, educativos, de salud, de protección contra la violencia, de protección social, del sector privado y legislativo. Todos ellos, junto con los titulares de derechos deben apropiarse del Plan, a fin de proteger a las niñas, niños y adolescentes y para que tengan la oferta de oportunidades necesaria para garantizarles su pleno ejercicio de derechos. El sector educativo como el sector salud operan como centros vinculantes de la provisión de servicios en las comunidades. Es posible promover desde la escuela y desde los centros de salud del primer nivel de atención (Centros del Primer Nivel de Atención -CPN- y Unidades de Atención Primaria-UNAP-) la formación integral y el cuidado preventivo para el desarrollo de habilidades para la vida, enfatizando la prevención de violencia y la cultura de paz, la transmisión de información sobre las consecuencias del MIUT, la salud sexual y salud reproductiva, en un entorno de respeto. Esto requiere de la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios; de la producción de materiales y recursos; y en algunos casos de infraestructura. Es necesario promover el desarrollo infantil temprano ya que es un condicionante de la autonomía en la toma de decisiones en la etapa de la niñez y la adolescencia. Muchas de las competencias y habilidades (cognitivas y no-cognitivas) que se requieren para el ejercicio pleno de los derechos a lo largo de la vida están condicionadas por la capacidad de desarrollo neurofisiológico y biológico, determinado durante los primeros cinco años de vida. Es importante incorporar la formación integral de niños, niñas y adolescentes durante todo su ciclo de niñez y adolescencia, iniciándola en su primera infancia, y asegurando su permanencia y egreso del sistema escolar, con educación de calidad para todos y todas, en entornos libres de violencia y con un proceso de aprendizaje que promueva la transmisión de creencias, valores y comportamientos que construyan relaciones de género igualitarias y de respeto. Esta educación debe ser inclusiva con la niñez con discapacidad y con los grupos en situación de mayor vulnerabilidad, incluidas las niñas y adolescentes en situación de MIUT o embarazadas.

Junto con esto, se debe promover el interés y la decisión por construir proyectos de vida alternativos a la maternidad y el casamiento, con actividades dirigidas a las niñas y niños en la conclusión del ciclo educativo de primaria y el inicio de la secundaria (grupo etario de 10 a 14 años); incluyendo opciones de formación universitaria o formación técnico vocacional (grupo etario entre 15 a 17 años). Los mecanismos de apoyo familiar, comunitarios e institucionales oportunos y adecuados se activarían para acompañar las decisiones de las niñas, niños y adolescentes en la formulación de un proyecto de vida. Adicionalmente, la comunidad debe constituirse como un espacio de interacción social en el que, a partir de las estrategias centradas en las familias, en las niñas, niños y adolescentes y, especialmente de los hombres jóvenes y adultos, se promueva el rechazo y sanción social hacia la práctica del MIUT, fundamentalmente hacia las uniones de hombres adultos con las niñas; y se promuevan relaciones sociales basadas en el respeto e igualdad y la vivencia de masculinidades positivas. No sólo es necesario facilitar la formación integral para dotarlos de capacidades, herramientas y habilidades para la vida que les permitan tomar decisiones a favor de su propio bienestar, también se debe ampliar la oferta de los mercados laborales dispuestos a otorgar espacios a adolescentes y jóvenes en condición de ingresar al mercado laboral (adolescentes mayores de 15 años). Esto implica ampliar las propuestas de empleos, en coordinación con el sector privado, para las y los jóvenes y la población en general. De esta manera, se construyen expectativas positivas sobre el futuro, al percibirse como factible la movilidad social, y al valorar la decisión (cuando es posible decidir) de posponer la unión o el matrimonio infantil con la subsecuente maternidad y la paternidad como un evento deseable. En relación con la provisión de servicios para adolescentes, es indispensable contar con atención en salud específicamente dirigida a las necesidades de esta población. Estos servicios deben ser amigables, disponibles, aceptables y accesibles localmente, centrados en la promoción y prevención, con calidad, con personal capacitado y sensibilizado para promover los comportamientos saludables. Además, estos servicios deben ser capaces de hacer la detección temprana y oportuna de las situaciones de violencia y abuso que actúan como determinantes e impulsoras de MIUT; así como detectar los casos de matrimonio infantil y uniones tempranas para encausarlos de acuerdo con un protocolo intersectorial de identificación, atención y derivación de casos (rutas) que se actualicen y elaboren para tales fines. En este sentido, la intersectorialidad es esencial. Los organismos responsables de la protección de la niñez y la adolescencia, así como aquellos responsables de asegurar las condiciones de desarrollo para vivir una vida plena, tienen la obligación de implementar estrategias articuladas para atender y proteger a las niñas, niños y adolescentes frente al riesgo de MIUT y de violencia, como prácticas que vulneran sus derechos. Los medios de comunicación pueden fomentar un entorno social que rechace las prácticas del MIUT, mediante la difusión de prácticas sociales alineadas con el enfoque basado en derechos humanos. También pueden convertirse en un canal efectivo para promover la sanción social hacia los hombres jóvenes, adultos y adultos mayores que

comienzan una relación de pareja con niñas y adolescentes; así como promover nuevas prácticas de masculinidades positivas y especialmente la construcción de relaciones basadas en la igualdad y el respeto. Con el conjunto de acciones descritas las niñas, niños y adolescentes podrían continuar con su educación (secundaria, vocacional técnico superior y profesional), favoreciendo un incremento en su nivel educativo que permitiría ampliar sus oportunidades para encontrar empleos calificados y bien remunerados. De esta manera, si se presenta un embarazo no planificado no perderían la oportunidad de continuar con la adquisición de habilidades para la vida, lo cual podría reducir la pobreza en el mediano y largo plazo, y se potencializaría el desarrollo económico y el desarrollo humano. Las personas podrían vivir en espacios seguros durante su niñez y adolescencia para terminar de formarse, y en caso de ser madres y padres, podrían ofrecerles seguridad a sus hijos e hijas, garantizando condiciones favorables en un ambiente de respeto y cuidados afectivos y amorosos importantes durante esta etapa de la vida. Como resultado, la salud mental se mantendría en mayor equilibrio, en entornos seguros y con acceso a servicios básicos esenciales, todo lo cual derivaría en condiciones de vida dignas y mayor seguridad bajo un proyecto de vida elegido. Adicionalmente, se reduciría la cantidad de mujeres con complicaciones y eventual muerte derivadas del embarazo, parto y/o puerperio en periodo adolescente, especialmente en menores de 15 años. Todo lo descrito anteriormente disminuiría los costos de la atención en salud, incrementaría el bienestar integral, incluido el psicológico, y propiciaría que las nuevas generaciones de hijos e hijas de adolescentes comenzaran sus vidas con igualdad, en entornos seguros y con acceso a servicios esenciales para disfrutar de una vida digna y del cumplimiento pleno de sus derechos. De esta manera, se produciría un aumento en el desarrollo potencial de capacidades y en el desarrollo humano sostenible de todo el país.

En conclusión

Es esencial abordar la situación del MIUT con estrategias y líneas de acción que incidan sobre las causas subyacentes y estructurales que lo originan, lo reproducen y lo perpetúan. El Plan MIUT establece objetivos estratégicos (OE), organizados en torno a cuatro ejes vinculados con el PREA-RD (2019): prevención, atención, protección y promoción de incidencia política. Cada eje contiene a su vez estrategias, líneas de acción e indicadores de resultados que permitirán a las instituciones estatales incorporar los lineamientos a los planes operativos plurianuales. Este Plan MIUT es una respuesta integral para la eliminación del matrimonio infantil y la reducción de las uniones tempranas que incluye a los y las titulares de obligación, de derechos y de responsabilidad al 2030, mediante un mecanismo de gobernanza para el seguimiento e implementación que evidencie logros y resultados en la calidad de vida de la población infantil, adolescente y joven y, en consecuencia, para todo el país. Los cuatro ejes son identificados y presentados a continuación como Plan Nacional de Reducción del MIUT RD 2030.

Enunciado de la Teoría de cambio

Si se implementan estrategias articuladas en una respuesta integral, intersectorial e interinstitucional de alcance nacional con énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad, que recoge estrategias de prevención, atención, protección y promoción de incidencia política, esto conduciría a la construcción de un marco institucional, político y jurídico garante de la protección y el ejercicio de los derechos de la niñez y adolescencia lo que en consecuencia les asegurará igualdad de oportunidades para su desarrollo, contribuyendo con la eliminación del matrimonio infantil y la reducción de las uniones tempranas en República Dominicana.