Santa María Ostula, un espejo de la lucha indígena Carlos Hernández Babún

Santa María Ostula, un espejo de la lucha indígena

Carlos Hernández Babún 10

Resumen

“Vamos por todo”, afirmaron los pueblos del Congreso Nacional Indígena al anunciar que conformarán un Concejo Indígena de Gobierno que nombrará a una mujer indígena como candidata presidencial para el 2018. Llamaron a la organización, basándose en sus diversas experiencias de resistencia y construcción de autonomía frente al Estado mexicano, a los intereses empresariales y más recientemente frente al crimen organizado. El presente texto se asoma a la historia de la comunidad Nahua de Santa María Ostula, integrante del cni, utilizando algunas de las herramientas teóricas producidas desde las Ciencias Sociales.

Introducción

En el marco de los diálogos para el reconocimiento constitucional de los derechos y cultura indígenas, en 1996, entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional junto representantes de diversos pueblos, se llevó a cabo el Foro Nacional Indígena (fni) como un espacio de encuentro entre los pueblos originarios del país, el cual fue definido como una estructura no formal, sin dirigencia, que se conformaría como asamblea al estar juntos y como red al separarse (Comisión de Apoyo al Foro Nacional Indígena Permanente, 1996). A pesar de la negativa gubernamental por cumplir con los llamados Acuerdos de San Andrés, el fni trascendió como espacio organizativo hasta conformar el Congreso Nacional Indígena (cni) en octubre del mismo año (cni, 1996a).

Esta estructura ha permitido establecer apoyos y relaciones de solidaridad entre distintas poblaciones originarias, potenciando sus procesos organizativos y de conformación de autogobiernos. Además, la incorporación a la agenda nacional de las demandas indígenas ha hecho eco entre los sectores políticos, intelectuales y sociales. Ante las denuncias realizadas por las distintas organizaciones indígenas del cni se ha respondido con la réplica y difusión de sus comunicados, con pronunciamientos de apoyo por parte de individuos, colectivos y organizaciones de distintos lugares del mundo, y con distintos actos de denuncia y protesta.

Sin embargo, según valoraron en su Quinto Congreso Nacional Indígena, celebrado en octubre de 2016, la ofensiva del capital “en contra de los pueblos no cesará, sino que pretenden hacerla crecer hasta haber acabado con el último rastro de lo que somos” (cni, ezln, 2016). Resultado de esta reunión acordaron iniciar un proceso de consulta en sus comunidades sobre la propuesta de crear un Concejo Indígena de Gobierno (cig) que nombre a una mujer indígena como candidata presidencial para el 2018. La iniciativa incluye un llamado a la organización, basándose en las diversas experiencias de resistencia y construcción de autonomía que han tenido los pueblos del cni frente al Estado mexicano, a los intereses empresariales y más recientemente frente al crimen organizado.

Ante este escenario resulta oportuno asomarnos a las experiencias de los pueblos que conforman al cni, razón por la cual abordaremos como caso particular la historia de la comunidad nahua de Santa María Ostula y las poblaciones vecinas de la costa de Michoacán, incorporando algunos conceptos y herramientas de análisis aportados desde las Ciencias Sociales.

La costa nahua michoacana: antecedentes históricos de la autonomía

Las comunidades nahuas de Santa María Ostula, San Pedro El Coire y Pómaro se encuentran en la región costera del municipio de Aquila, Michoacán, en una zona que comunica las tierras más altas de la región de Tierra Caliente con el mar. Debido a sus características geográficas y sus recursos naturales esta región ha sido, históricamente, de sumo interés para diversos proyectos de explotación y desarrollo colonial y capitalista.

De acuerdo con el historiador John Gledhill la llegada de españoles a esta región costera comenzó a inicios del siglo XVI, por ser un sitio clave para continuar las expediciones marítimas en el Océano Pacífico, así como para extraer los yacimientos de oro conocidos en la zona. El constante envío de cuadrillas indígenas en busca de minas, las rebeliones en los periodos 1526-1528 y 1530-1532, junto con el desplazamiento de personas huyendo del trabajo forzado dio origen a varias nuevas poblaciones, entre ellas Ostula (Gledhill, 2004a). Estas poblaciones formaron parte de las encomiendas aún después de 1554, año en que oficialmente se terminaron estas concesiones. Más tarde la extracción ilegal de tributos, el abuso, la esclavización de indígenas y la apropiación ilegal de tierras provocaron varias inconformidades y protestas, como en 1581 y en 1604, momentos en que las comunidades indígenas de la región denunciaron de manera conjunta a los oficiales locales de la administración colonial.

Mapa de la costa sierra nahua y los centros urbanos regionales. Fuente: Gledhill, 2006.

Los indígenas de la región rechazaban las relaciones de trabajo impuestas por los españoles al mismo tiempo que se dedicaron a la economía mercantil, pues de este modo podían financiar su vida religiosa. A diferencia de los pueblos indígenas, para finales del siglo XVII los españoles habían prácticamente desaparecido de las poblaciones de la zona debido al declive económico en el que se encontraban.

El difícil acceso a la región generó un proceso particular de transculturación, permitiendo a las comunidades un importante grado de autonomía sobre sus prácticas religiosas al punto que, basándose en su propia visión del cristianismo, rechazaron la supuesta superioridad de los españoles y se vieron a sí mismos como verdaderos defensores de la fe.

En cuanto a la organización social y política de Ostula y las comunidades circundantes, el cabildo de comunidades indígenas reunió los gobiernos civil y religioso; este sistema se mantuvo hasta finales de 1930, favoreciendo la autonomía de estas poblaciones. Con respecto a la relación entre las poblaciones indígenas y la corona española, López Camarena explica que las comunidades reconocían la autoridad de la Nueva España mientras existía un intercambio de servicios por exenciones y el reconocimiento de ciertos derechos, pero que cuando el pacto con la corona española se rompía, la rebelión era una opción. (López, 2015).

Por ejemplo, en 1786 las comunidades de Coire, Maquilí, Ostula y Pómaro recibieron la autorización para formar milicias de arqueros para resguardar la costa del ataque de piratas. Sin embargo, algo que en su origen fue estratégico para la administración colonial se volvió en su contra, pues las milicias de Ostula y Maquilí, junto con las de Ixtlahuacán, se unieron a las poblaciones no indígenas de Coahuayana en la guerra de Independencia. Esta alianza, a decir de Gledhill, “muestra que, aunque las comunidades indígenas eran celosas de su

autonomía y decididas a la defensa de sus territorios, no obstante, no eran comunidades cerradas aisladas de la sociedad regional” (Gledhill, 2004a).

Durante el siglo XIX surgieron nuevos intereses sobre este territorio. A pesar de sus diferencias, tanto el gobierno liberal representado por Juárez como el proyecto de imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo planearon el desarrollo capitalista de la región, combinando la agricultura moderna, la explotación de madera, industria y la transformación de la bahía en un puerto internacional, lo cual tuvo como consecuencia la invasión de tierras en la zona, a veces por medio de leyes, de relaciones políticas y otras más por las armas. Ante esto, los comuneros de Ostula respondieron expulsando a los mestizos asentados en sus tierras y restringiendo su entrada, junto con estrategias de demanda legal.

Con estas últimas consiguieron, en 1952, el decreto presidencial que reconoce la posesión por la comunidad de 19.032 hectáreas. Sin embargo, los lindes exactos quedaron indefinidos debido al favoritismo de las autoridades por intereses no indígenas, por conflictos internos de los comuneros resultado del desgastante proceso y, como dice Gledhill, porque “siempre ha habido una discrepancia significativa entre el concepto indígena de ‘territorio’ íntimamente conocido y vivido y las abstracciones basadas en líneas de demarcación entre marcas geográficas que los ingenieros producen en sus oficinas”, pues mientras los comuneros “conceptualizan su ‘comunidad’ como un grupo organizado de personas con una identidad única que tienen control exclusivo de su territorio”, para el Estado el reconocimiento como “comunidad agraria” se limita a los derechos sobre cierto número de hectáreas por parte de 591 individuos (Gledhill, 2004c).

Actualmente se han sumado nuevos intereses capitalistas sobre la región, como son la explotación minera, el desarrollo de un proyecto ecoturístico en la costa, así como el control de una importante ruta de trasiego de droga por parte del crimen organizado (Díaz Carnero, 2014; Paredes, 2014). Esto junto con las medidas para la privatización de la tierra, como la reforma al artículo 27 constitucional 11 , los registros a título personal de tierras ejidales a través de los programas Procede 12 y Procecom 13 y la incorporación de aguas y zonas costeras al régimen federal, acompañados del asesinato, desaparición y encarcelamiento de miembros de las comunidades, no han sino reafirmado la oposición de los comuneros a la cesión de su territorio, como lo manifestaron en 2008 al sostener que la comunidad ha “resistido

11 Este artículo emanó de la demanda de tierra de los sectores campesinos durante la revolución; sin embargo, en 1992 fue reformado para permitir la parcelación de las tierras ejidales, fomentando su acaparamiento y privatización. 12 Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares. 13 Programa de Certificación de Derechos Comunales.

exitosamente en los últimos años la imposición de diversos proyectos gubernamentales […]; asimismo ha frenado las pretensiones de la compañía trasnacional Hylsa/Ternium […] y de otras empresas mineras por explorar y explotar los minerales contenidos en sus tierras” (Autoridades agrarias, 2008), reivindicando al mismo tiempo su participación “con amplias delegaciones en los Congresos Nacionales Indígenas realizados en 1996, 1998, 2001 y 2006”; y haber recibido, en el marco de la Otra Campaña 14 , a la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (Autoridades agrarias, 2008).

El 14 de junio de 2009 se llevó a cabo, en Ostula, la XXV Asamblea plenaria del cni Región Centro-Pacífico, en la cual delegados de 29 comunidades pertenecientes a 9 pueblos y tribus indígenas, junto con colectivos adherentes a la Otra Campaña emitieron el Manifiesto de Ostula, en el que denunciaron haber agotado “todas las vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y territorio”, obteniendo solamente como respuestas “negativas, moratorias, amenazas y represión por parte del Estado”, ante lo cual acordaron continuar ejerciendo su “derecho histórico a la Autonomía y libre determinación” (cni, 2009a). Durante la misma asamblea

14 La Otra Campaña fue una iniciativa organizativa convocada por el EZLN a través de su Sexta

Declaración de la Selva Lacandona, la cual puede consultarse en: www.enlacezapatista.ezln.org.mx/ sdsl-es/ emitieron también el Pronunciamiento sobre el derecho a la autodefensa indígena, en el cual argumentan que como pueblos tienen, “en el marco de sus derechos a la libre determinación y autonomía, el derecho de organizar su autodefensa del modo que consideren conveniente en tanto no atente contra el respeto de los derechos humanos” (cni, 2009b).

Tan sólo quince días después el cni denunció que un grupo de personas con armas de alto calibre emboscó a alrededor de 300 habitantes de Ostula, quienes acompañados por miembros de La Otra Campaña se encontraban en un campamento en el paraje conocido como La Canaguancera, como parte de las actividades de defensa de sus tierras comunales que han sido invadidas por “rancheros” o pequeños propietarios mestizos provenientes de La Placita, al servicio de los cuales estuvieron los atacantes (cni, 2009c).

Al día siguiente la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula (cdbc) publicó un comunicado urgente en el cual detalló lo ocurrido y denunció la participación del Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina (semar) en apoyo a los atacantes, haciendo pública la solidaridad de las comunidades nahuas vecinas El Coire y Pomaro. En el mismo documento reivindicó la posesión legal de las tierras en disputa

basándose en una resolución presidencial emitida en abril de 1964, y justificó su derecho a protegerlas de acuerdo a los artículos 13, 14 y 15 del Convenio 169 de la oit (cdbc, 2009a). Tras congregarse alrededor de 2 mil comuneros lograron recuperar las tierras en conflicto, poniéndolas en resguardo con las policías comunitarias de dichas comunidades. La cdbc exigió a los gobiernos federal y estatal castigo a los atacantes, respeto a sus tierras comunales y reconocimiento de las policías comunitarias (cdbc, 2009b), y tres días después anunció la fundación de un nuevo poblado, el cual “de conformidad con la memoria ancestral de nuestros abuelos” (cdbc, 2009c) fue nombrado San Diego Xayakalan, que en nahua significa “el lugar de los danzantes con máscaras” (Díaz Carnero, 2014).

Foto: Equipo de Apoyo y Solidaridad con Santa María Ostula

La liga que en los últimos años se ha reforzado entre las distintas instancias de gobierno y el crimen organizado ha recrudecido la represión contra las comunidades nahuas de la costa. Es el caso de los ataques por parte del cartel Los Caballeros Templarios (lct) a los comuneros en diciembre de 2014 y mayo de 2015, los cuales fueron dirigidos específicamente contra Cemeí Verdía, comandante general y coordinador de las autodefensas de la CostaSierra de Michoacán (cdbc, 2015). Tan sólo un mes después, un comando conformado por miembros de la Policía Federal Preventiva, la Secretaría de la Defensa Nacional y la semar realizó un operativo que encarceló a Verdía, hirió a 7 comuneros (tres menores de edad) y asesinó con bala a un niño de 12 años. El cni y el ezln denunciaron que dicha acción oficial se realizó en complicidad con lct “con el fin de ocupar sus territorios, favorecer los intereses mineros y turísticos trasnacionales y como castigo por haberse atrevido dicha comunidad a recuperar sus territorios de los que era despojada y a defenderse, haciendo valer su derecho a la vida” (cni, ezln, 2015).

Luego de un proceso irregular y múltiples acciones de presión por parte de los comuneros, el comandante de las autodefensas fue liberado en febrero de 2016. No obstante, un año después 5 elementos de las policías comunitarias fueron detenidos por elementos de la semar y entregados por éstos a una célula de lct (cismo, 2017). De nuevo las movilizaciones comunitarias permitieron liberar a los secuestrados, pero ya son 34 los comuneros asesinados y 5 los desaparecidos en este proceso (cni, 2017).

Conflicto territorial y autonomía política

Como hemos visto, la historia de la comunidad de Ostula y sus poblaciones vecinas ha sido marcada por el conflicto. Varias de estas comunidades se fundaron a partir del rechazo indígenas al trabajo forzado, de su huida y reconcentración en nuevos núcleos poblacionales. Esto les permitió tomar distancia con respecto a la administración colonial, lo cual se tradujo a su vez en cierto nivel de autonomía, entendiendo ésta “en el doble sentido de capacidad de elección conforme a sus propios valores y facultad de ejercer esa elección” (Villoro, 1998, p. 81) Esta capacidad de libre determinación se puede apreciar en la relación de conveniencia y ruptura que a lo largo de su historia han tenido estas poblaciones nahuas con las clases dominantes, además de ser la demanda y la posición política común en el conjunto del movimiento indígena contemporáneo en México. Cabe precisar que para el cni la autonomía es un ejercicio cotidiano a construir y a defender por parte de las comunidades, mientras que del Estado sólo se ha exigido el reconocimiento constitucional de su práctica (cni, 2001).

La dinámica de la región ha sido impactada por el desarrollo constante de formas de producción capitalistas. Debido a sus recursos y a su localización estratégica, los colonizadores europeos buscaron apropiarse del territorio a través de lo que Marx denominó la acumulación originaria, y que describe como “la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motivado por el robo” que permitió separar a los trabajadores de sus propios medios de producción (Marx, 1975, pp. 892-893).

Para Marx, la noción de propiedad no se reduce únicamente a la posesión de un bien, sino que adquiere sus formas particulares de la estructura política y de las nociones jurídicas de un determinado sistema social (Collins, 1996, p. 75). En este sentido, el sistema de encomiendas representó intereses contrarios a las nociones de los pobladores originarios sobre el uso y propiedad de la tierra, de la misma manera que las llamadas “reformas estructurales” contemporáneas y las formas de privatización de recursos que promueven continúan siendo incompatibles a las nociones de tenencia comunitaria del territorio. Frente a la visión utilitaria que el

capital tiene sobre los territorios y los recursos, para las comunidades nahuas más que bienes son el lugar donde se desenvuelve la vida misma 15 .

Frente al Estado y el capital, el poder de abajo y a la izquierda

A pesar de los cambios de partidos políticos en el gobierno, los hechos muestran que en el fondo sus intereses son sumamente coincidentes. El aparato de Estado ha quedado reducido a su núcleo mínimo ‒velar por los intereses de la clase dominante‒, minando así la frágil legitimidad con que éste contaba frente a los pueblos indígenas. Al respecto, el cni manifestó: […] hasta el año 2001 los pueblos indígenas de México dimos una larga lucha por el reconocimiento constitucional de nuestros derechos según los Acuerdos de San Andrés, mismos que fueron traicionados por todos los poderes del Estado mexicano, creciendo la guerra de conquista, despojo y devastación que desde hace 513 años los de arriba han declarado a los pueblos primeros de esta Nación y que hoy tiene como fin la destrucción y entrega de la patria. (cni, 2005).

15 Para Porto Gonçalves (2001), “las territorialidades son instituidas por sujetos sociales en situaciones históricamente determinadas que condicionan los caminos posibles (bifurcaciones) del devenir histórico” (p. 82).

La constante competencia entre los sectores dominantes ha sido catalizada por las políticas neoliberales, generando divisiones profundas entre ellos. La incompatibilidad entre los intereses de los pequeños y medianos capitalistas locales, los empresarios nacionales y las corporaciones transnacionales, sin importar su apego o no a la legalidad, se ha expresado tanto en la escena política como en la corrupción de las instituciones de gobierno. Los grupos armados financiados por los rancheros locales y por las empresas asentadas en la zona, junto con las bandas del crimen organizado han contado con la complicidad del Estado, mediante una actuación conjunta o por simple omisión. Esto se ha traducido en represión hacia los movimientos sociales de la región, y en particular contra los comuneros de Ostula. Para Tarrow (1997) “la represión sistemática puede producir una radicalización de la acción colectiva y una organización más eficaz de los oponentes” (p. 167), y esto lo encontramos en el Pronunciamiento sobre el derecho a la autodefensa indígena antes referido, en el que el CNI manifiesta que […] la creación, en el marco de nuestra cultura y organización tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas organizativas comunales para la autodefensa indígena, son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a

la profunda corrupción y descomposición de las instancias encargadas de impartir justicia. 16 . (cni, 2009b).

Resulta fundamental ver que estas acciones van más allá de la simple toma de las armas, pues se sostienen en un entramado profundo de poblaciones, colectivos y sectores sociales, que asumen como voluntad colectiva desafío de fondo al sistema capitalista. Como los propios comuneros han dicho “nosotros luchamos por la vida y la paz, no luchamos por el poder y menos por la muerte” (cismo, 2015).

Conclusiones

Al recuperar las experiencias de lucha de los pueblos que lo conforman, la iniciativa del cni tiene como potencia la posibilidad de romper el paradigma político actual, sentando bases para pensar nuevas ideas y prácticas políticas. La figura misma del cig como un órgano colectivo de gobierno puede fundar un referente de organización distinta, de relaciones sociales no capitalistas y de toma de decisiones de vida colectivas que harían frente al sistema político y económico actual.

Esas “esperanzas colectivas que se hacen comunitarias, municipales, regionales, estatales y que están dando respuestas precisas a problemas reales del país” (cni, ezln, 2017) no son simples ocurrencias, como queda claro al revisar la historia de Santa María Ostula, sino que son el resultado de profundos procesos de resistencia, lucha y organización de los pueblos indígenas frente a lo que consideran “una guerra que no ha parado y que no ha podido acabar con nosotros”.

Hacer públicas estas experiencias y procesos resultará importante, no sólo para comprender la propuesta y los sucesos que devendrán en los próximos años, sino para buscar en ellas los posibles gérmenes de “nuevas formas civilizatorias” que permitan “que la dignidad sea el epicentro de un nuevo mundo” (cni, ezln, 20117).

Referencias

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Fotografía 4 Título: Prensa improvisada

Una vez con tinta en la placa, se presiona el material donde se imprimirá la imagen contra la placa. Tiene que existir mucha fuerza para que toda la tinta alcance a llegar al papel o tela donde se va a imprimir la imagen. Regularmente este proceso se hace con prensas de rodillos.