Morita Carrasco y Natalia Luxardo (editoras)
Ana Castellani (coordinadora) Radiografía de la elite económica argentina. Estructura y organización en los años noventa
Luisina Perelmiter Burocracia plebeya. La trastienda de la asistencia social en el Estado argentino
El orden cuestionado Lecturas de antropología jurídica
Sherry B. Ortner Antropología y teoría social. Cultura, poder y agencia
(editoras) Salud pública y pueblos indígenas en la Argentina. Encuentros, tensiones e interculturalidad
Verónica Moreira / Rodrigo Daskal Clubes argentinos. Debates sobre un modelo
(compiladores) Los indispensables. Dirigentes de la segunda línea peronista
Guido Vespucci Homosexualidad, familia y reivindicaciones. De la liberación sexual al matrimonio igualitario
Eduardo Rojas / Micaela Cuesta (directores) Conversaciones con Nancy Fraser. Justicia, crítica y política en el siglo XXI
Bruno Karsenti De una filosofía a otra. Las ciencias sociales y la política de los modernos
Mariana Palumbo Pensar(nos) desde adentro. Representaciones sociales y experiencias de violencia de género
Otros títulos en preparación Jean-Luc Fabiani La sociología tal como se escribe
Fernando Calderón (director) Navegar contra el viento. América Latina en la era de la información
ISBN 978-987-4027-64-1
Doble click para editar 9 789874 027641
El orden cuestionado
Raanan Rein / Claudio Panella
MORITA CARRASCO NATALIA LUXARDO
(editoras)
CIENCIAS SOCIALES
(editoras)
Silvia Hirsch / Mariana Lorenzetti
La importancia de la experiencia y la observación en el terreno son los elementos clave que S E R I E atraviesan los capítulos de esta obra; obra que INVESTIGACIONES pone en diálogo dos disciplinas, en principio, disímiles: la antropología y el derecho. Si bien ya en tiempos victorianos los antropólogos de sillón abordaban en sus trabajos cuestiones relativas a la ley y el derecho en las sociedades primitivas, la presente publicación se destaca por reunir investigadores de ambos campos con el fin de tratar lo jurídico desde una perspectiva crítica, esto es, poniendo en tela de juicio elementos naturalizados del orden social en que vivimos. Con ese espíritu, se analizan disputas simbólicas sobre la circulación de saberes jurídicos, prácticas y procedimientos en la administración de justicia, discursos y representaciones de distintos profesionales de la salud vinculados con el derecho, pero también realidades cotidianas en distintos penales, así como demandas y dinámicas de agrupamientos que aspiran al reconocimiento de sus derechos. CIENCIAS SOCIALES
CARRASCO / LUXARDO
Otros títulos de la colección
S E R I E INVESTIGACIONES
El orden cuestionado Lecturas de antropología jurídica
Morita Carrasco es antropóloga y doctora en Filosofía del Derecho. En la Universidad de Buenos Aires, ejerce como profesora adjunta en la Carrera de Ciencias Antropológicas y es investigadora de la Sección Etnología del Instituto de Ciencias Antropológicas. Su línea de trabajo está centrada en los derechos humanos de los pueblos indígenas; desde la perspectiva de la antropología jurídica latinoamericana, aborda lo relativo a la propiedad del territorio y al reconocimiento y respeto de su identidad cultural en la justicia penal. Natalia Luxardo, doctora en Ciencias Sociales y profesora adjunta en la carrera de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora independiente del CONICET en el área de Salud y Población del Instituto Gino Germani (UBA). Su línea de trabajo se centra en la planificación y el desarrollo de investigaciones colaborativas sobre cáncer en territorios de alta vulnerabilidad. Con foco en dinámicas institucionales, analiza determinantes sociales, trayectorias de enfermedad y narrativas terapéuticas desde la antropología médica crítica y el trabajo social comunitario.
MORITA CARRASCO NATALIA LUXARDO
(editoras)
CIENCIAS SOCIALES
S E R I E INVESTIGACIONES
El orden cuestionado Lecturas de antropología jurídica
SERIE INVESTIGACIONES: COMITÉ ACADÉMICO Aguilera, Oscar Universidad Católica del Maule, Chile Barrancos, Dora Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina Besserer, Federico Universidad Abierta Metropolitana-Unidad Iztapalapa, México Borges, Antonádia Universidade de Brasília, Brasil Burchardt, Hans-Jürgen Universität Kassel, Alemania Caetano, Gerardo Universidad de la República, Uruguay Calvo, Ernesto Maryland University, EE. UU. Carvalho Rosa, Marcelo Universidade de Brasília, Brasil Forment, Carlos The New School for Social Research, EE. UU. Goebel, Bárbara Ibero-Amerikanisches Institut, Alemania Grimson, Alejandro Universidad Nacional de San Martín, CONICET, Argentina Gutiérrez, Ricardo Universidad Nacional de San Martín, CONICET, Argentina Jelin, Elizabeth Instituto de Desarrollo Económico y Social, CONICET, Argentina Obarrio, Juan Johns Hopkins University, EE. UU. Pecheny, Mario Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina Sabato, Hilda Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina Theidon, Kimberly Harvard University, EE. UU.
AGRADECIMIENTOS Numerosas personas e instituciones nos acompañan en las actividades que realizamos; a todas ellas queremos expresarles nuestro agradecimiento: a quienes comparten con nosotros horas, días, en las tareas de campo; a quienes generosamente leen y comentan lo que escribimos; a quienes gentilmente aceptan la invitación para dar una conferencia inaugural en las Jornadas de Antropología Jurídica –Andrea Ballestero, José Daniel Cesano, Beatriz Kalinsky, Claudio Martyniuk, Santiago Nager, Gabriel Noel, Rita Segato–, y a las unidades académicas que avalan lo que hacemos. ¡Gracias!
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PRESENTACIÓN INTRODUCCIÓN
por L. Barrera, M. Carrasco, A. Lombraña, N. Luxardo, N. Ojeda y S. Ramírez
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PARTE I
Disputas simbólicas en el campo del ordenamiento y circulación de saberes jurídicos
23
CAPÍTULO 1
Circulación de saberes penales en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. El caso de la Revista Penal Argentina (1922-1928)
25
CAPÍTULO 2
Ciudadanización indígena. El reconocimiento de las lenguas indígenas y el derecho al voto en la constitución ecuatoriana de 1978
43
CAPÍTULO 3
Cuando la terapia es ley, ¿vale la pena? Sobre la duplicidad disciplinaria médico/ jurídica de la política de drogas
57
PARTE II
Prácticas, procedimentos y administración de justicia
81
Lila García
CAPÍTULO 4
Migraciones y poder judicial. Algunos elementos para pensar la mirada y la práctica judiciales sobre la persona migrante
83
CAPÍTULO 5
Personas con discapacidad y el juicio oral
101
CAPÍTULO 6
Interrogantes en torno a la emergencia del peritaje antropológico en las cortes de justicia del sur de Chile
117
CAPÍTULO 7
El Poder Judicial y la eficacia de la normativa 131 de género. Estudio de caso en la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba
Esteban González
Adriana Rodríguez Caguana
Fernando M. Lynch
Mabel Aurora Remón Fabien Le Bonniec
María Verónica Luetto y María Marta Santillán Pizarro
PARTE III
Prácticas, discursos y representaciones de los profesionales de la salud en interlocución con el derecho
151
CAPÍTULO 8
Mediaciones y negociaciones. Una aproximación antropológica a las intervenciones sobre la infancia en riesgo en una institución hospitalaria
153
CAPÍTULO 9
Sentidos en disputa. Discursos sobre salud mental y tratamiento en una unidad psiquiátrica del Servicio Penitenciario Federal
171
PARTE IV
La gestión de la población presa en el gobierno de la cárcel
187
CAPÍTULO 10
Los derechos humanos y la lucha de los presos políticos mapuches en Chile
189
CAPÍTULO 11
El régimen peni-evangélico. Ceremonia religiosa y sociabilidad en contextos de encierro
209
CAPÍTULO 12
¿Hacer “conducta” o hacer lo que se pueda? La observancia de reglamentos carcelarios ante las condiciones de inseguridad intramuros
229
CAPÍTULO 13
Las dimensiones de la violencia carcelaria en la Argentina. Violencia institucional y violencia político-burocrática
243
PARTE V
Demandas y dinámicas de agrupamiento por el reconocimiento de derechos
259
CAPÍTULO 14
Exploraciones en torno a la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales
261
Eugenia Brage
María Belén Pepe
Karinna González P. Damián Jesús Rosas
Pablo Andrés Vacani
Ezequiel Herrera
Diego Zenobi y Moira Pérez
SOBRE LOS AUTORES
279
PRESENTACIÓN
El orden cuestionado. Lecturas de antropología jurídica reúne reflexiones de investigadores sociales provenientes de distintas disciplinas interesados en comprender los fenómenos jurídicos desde una mirada situada en la experiencia de observación en el terreno. Las políticas públicas, los procesos y procedimientos burocráticos, las instituciones del Estado y las demandas de grupos sociales son lugares privilegiados para pensar el funcionamiento social organizado según principios jurídicos, primero establecidos en distintos niveles de estatalidad, y luego naturalizados por el sentido común. Así constituido, el par orden hegemónico y universalidad de sentidos solo puede ser desarmado desde una inmersión etnográfica en los mundos del discurso social y las relaciones que lo acompañan para dar cuenta de la pluralidad de significados, representaciones y prácticas vinculados a la idea del derecho y la justicia que coexisten en contextos específicos. En este campo, la etnografía es el medio para proveer un conocimiento diferente al de otras disciplinas que tradicionalmente se han ocupado del estudio de los fenómenos jurídicos. Para quienes compartimos este enfoque teórico-metodológico, la idea de orden cuestionado radica en la posibilidad de advertir la reducción epistemológica que supone definirlo frente a la complejidad del mundo que se pretende describir. Los capítulos de la obra dan cuenta de múltiples experiencias de orden a través de la descripción y el análisis de diversas relaciones entre normas, criterios de reconocimiento de distintas narrativas y prácticas sociales ancladas en realidades concretas en relación con estos procesos. En el contexto de una reconstrucción del orden del estado de derecho luego de procesos dictatoriales en la región, la sociedad civil, los otrora dominados, excluidos, perseguidos comenzaron a organizarse cuestionando el orden dominante. Las evidencias provistas por las producciones etnográficas de colegas que trabajan con pueblos indígenas y con mujeres en el Centro y el Sur América daban cuenta de la arbitrariedad en la imposición de prácticas jurídicas inútiles. Los pueblos indígenas pusieron en tensión la noción de soberanía del Estado al reclamar su derecho al territorio de uso tradicional. Cuestionaron la universalidad de los derechos humanos que negaban su identidad cultural y demandaron ser reconocidos como sujetos de derechos específicos con base en su diferencia respecto de otros ciudadanos del Estado nacional. Los movimientos de mujeres 11
El orden cuestionado. Lecturas de antropología jurídica
hicieron visible la violencia de un orden patriarcal presente en las formas e instituciones estatales. Este campo fue el escenario para un ejercicio de contestación de estos (y otros) grupos sociales y de los intentos que fueron haciendo para influir y presionar por sus reivindicaciones. La movilización y la organización del activismo LGBT en Buenos Aires, por ejemplo, pusieron en evidencia la criminalización de sus prácticas, y fue por el peso de sus denuncias que se derogaron los edictos policiales. Estas formas de disputar y cuestionar el orden dominante, y el fracaso del proyecto del Estado nación para construir homogeneidad cultural desde la norma, fueron objeto de análisis y preocupación de algunos investigadores sociales. ¿Quién hace la ley? ¿Quién puede deshacerla? ¿Cómo es justificada? ¿De qué forma se desarrolla la resolución de demandas? ¿Cómo se administran los conflictos? Y fundamentalmente, ¿cómo podrían ser abordadas estas preguntas desde una perspectiva interdisciplinaria? En el intento de dar respuestas a estas indagaciones, se fueron construyendo, por así decirlo, dos modos de abordar el problema en al ámbito regional: uno que enfatiza las continuidades en el estado democrático de formas violentas y el entramado burocrático que lo configura (Tiscornia, 2008; Daroqui, 2002; Villalta, 2010), así como las diversas formas en que los movimientos y colectivos sociales buscan impugnarlo, demandarlo y/o legitimarlo (Pita, 2004); y otro, que resalta la pluralidad y la diversidad como insumos para la potencial transformación y creación de nuevas formas de pensar el Estado y la sociedad civil (Carrasco, 1997 y 2009; Carrasco y Zimmerman, 2006; Kalinsky, 1996 y 2000; Ramírez, 2005). En este último modo, se encuentra el campo específico de la antropología jurídica, del cual este libro da cuenta.
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INTRODUCCIÓN por Leticia Barrera, Morita Carrasco, Andrea Lombraña, Natalia Luxardo, Natalia Ojeda y Silvina Ramírez
1. Repensando el orden El orden social ha sido tradicionalmente objeto de estudio de las ciencias sociales en la búsqueda por construir modelos explicativos sobre las distintas formas en las cuales se estructuran y organizan los grupos humanos. Para la antropología, todas las sociedades, aun las más primitivas o salvajes, regían sus vidas individual y colectiva por “algún tipo de orden” (Krotz, 2002: 18). Dos de sus principales antecedentes, Maine y Morgan, se abocaron al análisis de los vínculos sociales que aseguraban la unidad del colectivo. En La ley antigua (1861), Maine sostiene que el principio clave de organización en la sociedad antigua es el parentesco. Morgan, en La sociedad antigua (1877), anota un progreso en el pasaje de la organización social basada en el lazo de sangre al lazo territorial. Durkheim, otro precursor del problema de la cohesión social, expresa en La división del trabajo social (1893) que el factor de unidad en la sociedad primitiva (societas) es una conciencia y moralidad común; mientras que, en la sociedad estatal (civitas), la cohesión deriva de la división de funciones ocupacionales con éticas profesionales diferenciadas (moral del individualismo y algún tipo de conciencia nacional). En su afán por dar cuenta de la fortaleza de los factores que mantienen la unidad del grupo, la antropología se valió de dos conceptos clave: cultura y costumbre. Sin embargo, y pese a la voluminosa producción teórica de más de un siglo de disputas y reelaboraciones de numerosos antropólogos y antropólogas, estas no dejan de evocar nociones rígidas en términos de pautas, normas, patrones de conducta, sistemas, que resultan en gran medida inmovilizados en un tiempo a-histórico. Con el pasaje de una sociedad de gentes a una sociedad de clases y la consolidación del Estado moderno, la preocupación por el orden social devino proyecto de construcción de la nación integrada por ciudadanos uniformemente moldeados por la constitución. El Estado nación no solo constituye ciudadanos, sino que describe situaciones sociales, define ámbitos de competencia, funcionarios, requisitos y establece verdades, formas de decir y hacer, así como instituye una 13
El orden cuestionado. Lecturas de antropología jurídica
narrativa del orden social, esto es, la narrativa maestra del Estado nación (Segato, 2004). De este modo, de la totalidad sociocultural de la nación, disecciona una parte o aspecto de la realidad para reconocer su existencia, a la vez que desconoce otra parte de la misma realidad (de la Peña, 2002; Martyniuk, 2012). La Ley, como esquema cierto de interpretación sobre las formas de comportamiento humano, desestima el peso que la complejidad del fenómeno social posee en su desarrollo y determinación. En el campo jurídico-penal, cuando dichos comportamientos no se ajustan a lo normado se habilita la posibilidad del reproche, en términos de acto de fuerza administrado por algún órgano de la comunidad. Durkheim (1893), en este sentido, se refiere a la transgresión como un acto que ofende aquellos sentimientos colectivos dotados de una energía y claridad particulares, sobre los cuales se estructura toda sociedad. Cuando se sanciona una transgresión lo que realmente se juzga es la ofensa a esos principios morales sagrados y trascendentes. Porque es justamente a través de un sistema de sanciones y prohibiciones que la sociedad se produce como tal (en términos de orden simbólico), y es así también como define jerarquías y asigna roles hacia su interior. El reproche social y las diversas formas que adquiere la sanción podrían definirse, entonces, como mecanismos de reinscripción de los límites que restablecen significados, restituyen las diferencias y afirman hegemonías en beneficio de determinado tipo de cohesión social (Tonkonoff, 2007). Si la antropología en su defensa de la cultura/costumbre escondía bajo la alfombra pautas de conducta que, más o menos abiertamente, podían poner en duda su cualidad de totalidad armónica, algo similar sucedió con la fe en la normatividad como mecanismo para el mantenimiento del ideario de homogeneidad cultural del pueblo de la nación. Como sabemos, todo orden social es histórico y está siempre sometido a un proceso permanente de desarrollo; también el orden normativo del Estado nación. En tanto proceso hegemónico, es un campo de inestabilidad y lucha constante (Roseberry, 1994). La escenificación en la esfera pública de demandas de reconocimiento de la identidad de indígenas y otros grupos sociales provocó paulatinamente un creciente interés de los antropólogos por el estudio de esas otras formas de ordenamiento social que, pese a haber sido negadas por la narrativa maestra del Estado nación, conviven con ella. Si bien el orden normativo construye valores fundamentales, no es menos cierto que en nuestros trabajos de campo relevamos una multiplicidad de prácticas e ideas sobre el orden mismo, las instituciones, la ley, la persona, el poder, los conflictos sociales. Frente a la autonomización de la narrativa maestra y su uso por los integrantes de la comunidad nacional, a través de las evidencias que los etnógrafos han aportado en, al menos, un siglo de producción antropológica sobre la diversidad de visiones de mundo y el repertorio de valores disponibles, es difícil no percibir hoy con claridad la necesidad de indagar las relaciones entre la Ley y otras narrativas de orden que estimulan el 14
Introducción
abordaje de estas relaciones en términos de un campo abierto a la disputa, la resistencia y la negociación (Butler, 1997; Roseberry, 1994). Dichos órdenes se expresan fundamentalmente como entramados de relaciones sociales, valores y significados diversos que orientan las conductas de los actores en distintos contextos. De modo que la convivencia regulada por la ley no puede concebirse como consenso que alcanza a todos, individuos o grupos por igual, a pesar de los esfuerzos por construir un marco uniforme basado en el respeto a la dignidad humana. Tomamos pues el punto de partida de la existencia de otros tipos de normas (morales, éticas, ideológicas, religiosas, usos, costumbres), que connotan cierto grado de obligatoriedad (de la Peña, 2002) en los miembros de la comunidad nacional en tanto conviven con la narrativa maestra del Estado nación (Segato, 2004), disputando su hegemonía. Las etnografías de las instituciones penales y judiciales producidas en los últimos años por antropólogos y abogados muestran la fertilidad de este enfoque. Superando las perspectivas restrictivas de la cárcel como institución totalizante, cerrada y verticalista, el trabajo en el terreno reconoce que la frontera carcelaria continúa siendo una unidad de análisis pero en la medida que proporciona el contexto para el estudio de las relaciones sociales locales y la experiencia de los individuos que viven tras los muros (Kalinsky, 2005 y 2007; Lombraña, 2014 y 2017; Ojeda, 2013 y 2017; Vacani, 2007 y 2010). Reconocen esta institución dentro del entramado comunitario y advierten que la separación entre el mundo interno y externo a la cárcel está plagada de comunicaciones. Algunos de ellos focalizan su investigación en la situación de mujeres privadas de su libertad, en la educación en contextos de encierro y en el rol de los investigadores sociales. Otras producciones en esta línea de trabajo reflexionan sobre el papel de los antropólogos en la elaboración y el análisis de pericias o informes socioculturales en procesos penales (Berho, Castro, Paulo y Le Bonniec, 2016) y se han interesado en las prácticas de producción del saber experto en ámbitos burocráticos, tanto fuera como dentro de la estructura estatal (Barrera, 2011 y 2012). Desde una interpretación hermenéutica del uso de drogas, se plantea el interrogante antropológico crítico sobre la incidencia de la diversidad cultural en la sustentación de la normativa que dictamina el carácter de ilegalidad de determinadas sustancias de naturaleza psicoactiva (Lynch, 2013 y 2015). Relativo a la violencia que puede aparecer en los últimos días de vida de pacientes con enfermedades terminales generados por la dinámica propia de su atención en servicios de cuidados paliativos y psicooncología, también abrió un capítulo interesante en el campo biomédico (Luxardo, 2006 y 2012). Otras investigaciones se han construido en torno a la relación de familiares y el sistema burocrático-penal ante “muertes trágicas” (Ramos, 2012). En este campo específico de la antropología jurídica, el orden cuestionado surge de la producción de conocimiento de distintos investigadores e 15
El orden cuestionado. Lecturas de antropología jurídica
investigadoras cuyas experiencias empíricas, en la interlocución entre orden jurídico y usuarios del derecho, dan cuenta de la existencia de disputas simbólicas, significaciones, sentidos y dilemas morales que atraviesan la antropología, el derecho y la sociedad. En este libro, los resultados de dichas investigaciones se presentan organizados en torno a ciertos ejes problemáticos compartidos, aunque conservando su diversidad temática y metodológica. De este modo, ideas, representaciones, prácticas, discursos, textos e instituciones que dan forma y organizan el orden normativo en diferentes campos son analizados desde una pluralidad de enfoques que convergen en una mirada crítica acerca de su fuerza cancelatoria y efectos normalizadores. En la primera parte del libro, Esteban González analiza desde una perspectiva macro el contexto histórico de producción, circulación y difusión de las ideas dominantes en derecho penal y criminología entre los años 1922 y 1928. Toma como objeto de estudio una publicación científica periódica, la Revista Penal Argentina, editada en dicho período. Su análisis revela los esfuerzos desde la academia por influir en una agenda política sobre legislación y justicia criminal. Adriana Rodríguez Caguana, con una perspectiva similar, analiza los discursos vertidos en las asambleas constituyentes ecuatorianas, a partir de 1977, sobre el derecho al voto de los analfabetos y el reconocimiento de las lenguas indígenas. Cuestiona la idea de “ciudadanización” a partir de una determinada concepción de Estado y democracia, enfatizando el rol que jugó el integracionismo de las políticas públicas en el reconocimiento de las desigualdades, y cómo una determinada visión económica fue decisiva a la hora de construir una ciudadanía liberal. El artículo de Fernando Lynch propone una reflexión crítica sobre la conjunción disciplinaria de la diagnosis médica y el dictamen jurídico que atraviesa la política de drogas vigente. Indaga en distintas posiciones que hacen a lo que considera el sustrato de las irregularidades observadas, por un lado, en el desempeño de la medicina y, por el otro, del derecho que dictamina la criminalidad en este campo. La segunda parte del libro reúne artículos que problematizan el uso de los documentos judiciales por parte de los actores. Los textos se transforman aquí en objeto de análisis para un conjunto de investigadores. Lila García analiza las prácticas del poder judicial argentino respecto de las situación de las personas migrantes desde un enfoque de derechos humanos. Una lectura etnográfica de los expedientes, le permite dar cuenta de cómo el modo en que se articula el proceso de expulsión de una persona extranjera suprime su condición de sujeto de derechos. Mabel Remón adopta también un enfoque de derechos para reflexionar acerca de las condiciones reales del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Con base en registros de campo tomados en procesos judiciales y el análisis de algunos fallos cuestiona la práctica judicial habitual que en líneas generales tiende a estigmatizar a las personas con discapacidad 16
Introducción
reproduciendo respecto de ellas estereotipos sociales, culturales y profesionales negativos. Fabien Le Bonniec se pregunta acerca del impacto de los peritajes antropológicos que se desarrollan en Chile desde el año 2000 en procesos judiciales en curso en los que se encuentran involucrados miembros de comunidades mapuches. A la vez que cuestiona el orden estatal, este autor reflexiona sobre las potencialidades del peritaje antropológico para provocar transformaciones en un derecho con vocación emancipatoria. María Verónica Luetto y María Marta Santillán Pizarro realizan un balance de la aplicación de la nueva perspectiva penal en casos donde las mujeres son víctimas de violencia, a través del análisis de sentencias dictadas por la sala penal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba entre los años 2009 y 2012. Las autoras entienden que si bien se constata una evolución favorable en esos años, existen factores contextuales que condicionan la eficacia de la normativa de género, debido a cuestiones de decisión y pronunciamientos políticos concretos, la constitución del tribunal y la actuación de grupos de intereses. En la tercera parte, el foco está puesto en el uso de categorías normativas que clasifican, ordenan y nominan a los actores en ámbitos institucionales determinándolos como sujetos. Eugenia Brage realiza una etnografía en un hospital público de pediatría centrando su mirada en las intervenciones sobre la infancia que realizan profesionales del Servicio Social y el Servicio de Salud Mental. Su análisis se adentra en las prácticas y representaciones con relación a las situaciones de riesgo según son percibidas por los/las profesionales de tales áreas, explorando los alcances de este tipo de categorías institucionales. María Belén Pepe analiza los diferentes sentidos del concepto de salud mental que atraviesan los discursos y las prácticas terapéuticas de profesionales civiles y agentes penitenciarios que trabajan en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino y cómo esos discursos se traducen en prácticas de tratamiento posibles, llevadas a cabo por médicos y agentes. En la cuarta parte del libro, se presentan distintos trabajos que analizan experiencias sobre la prisión; las que ofrecen en su conjunto una mirada acerca de las prácticas de sociabilidad en la cárcel como un campo poroso, abierto a la disputa, la resistencia y la negociación. Estas investigaciones entienden la cárcel como un escenario privilegiado para observar la convivencia y los cuestionamientos al orden estatal hegemónico a través los procesos de reconocimiento/ desconocimiento de los actores sociales que las habitan. Karinna González Palominos desarma el sentido común y con él, el poder absoluto de los gobiernos de las instituciones carcelarias, en la medida en que este obtura la capacidad de agencia de los detenidos. La pormenorizada lectura etnográfica que realiza de las transformaciones de la subjetividad de personas mapuches procesadas por ley de seguridad del Estado –ley antiterrorista en el sur de Chile– revela esta capacidad: el uso de la categoría de presos políticos que les confiere la 17
El orden cuestionado. Lecturas de antropología jurídica
ley versus el uso estratégico del lenguaje de los derechos humanos que adoptan como marco superior para su defensa. Damián Rosas describe con exhaustividad la vida social en los pabellones evangélicos de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Hace notar la alta significación que el horizonte de convicciones comunes que allí se establece y determina la cotidianeidad de la vida en prisión, incluso en el conjunto de la institución carcelaria. Por el contrario, dos de los autores enfatizan la imposición del orden hegemónico a través de la violencia al interior de la cárcel. Pablo Vacani se detiene en la observancia de los reglamentos carcelarios, revelando las arbitrariedades de las condiciones carcelarias actuales en la misma provincia, al tiempo que pone en evidencia los mecanismos que naturalizan las desigualdades en la vida carcelaria, al ser la clasificación de los presos monopolizada por el servicio penitenciario. Ezequiel Herrera analiza la violencia y la obediencia como organizadora de las relaciones en prisión. Así la violencia ejercida en contra de las personas privadas de la libertad estaría determinada por las relaciones de violencia preexistentes a la que es sometido el personal penitenciario. Violencia y obediencia definen el comportamiento de los actores involucrados en la ejecución del encierro legal. En la última parte del libro, el trabajo de Diego Zenobi y Moira Pérez explora las dinámicas de agrupamiento y organización de familiares de personas privadas de su libertad por causa de delitos comunes en cárceles del sistema federal, en torno a las condiciones que atraviesan los detenidos. El trabajo se enfoca en los modos de construcción de demandas y reclamos de estos familiares en interacción con otros actores, profesionales del derecho, problematizando la construcción del vínculo de parentesco a través de esos intercambios. El reconocimiento de derechos (o nuevos derechos) vinculados a las identidades y la diversidad pone en evidencia los retos y desafíos que enfrentan ciertos actores sociales o colectivos, quienes movilizan recursos buscando respuestas a sus demandas, desnudando sus relaciones y confrontaciones con el Estado. Para finalizar, cabe señalar que los trabajos reunidos aquí tienen el mérito de confluir –desde la diversidad de sus enfoques teórico-metodológicos– en el cuestionamiento a los múltiples efectos normalizadores del derecho, como la producción y circulación de ideas, las prácticas burocráticas del poder judicial, la formación del discurso psiquiátrico y sus irradiaciones en el campo penal, la lógica del encierro carcelario, la construcción y expansión de un ideario liberal de ciudadanía y derechos humanos. Esta pluralidad de cuestionamientos da cuenta no solamente del campo jurídico como un territorio de márgenes lábiles (Sarrabayrouse, 2011), sino también del potencial de la mirada crítica, que no puede agotarse en una única perspectiva acerca de los fenómenos jurídicos.
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Introducción
2. Referencias bibliográficas Barrera, Leticia (2011). “Más allá de los fines del derecho: expedientes, burocracia y conocimiento legal”, Íconos. Revista de Ciencias Sociales N° 41, pp. 57-72. —(2012). La Corte Suprema en escena. Una cartografía del mundo judicial. Buenos Aires, Siglo XXI. Berho, Marcelo; Castro, Paulo y Le Bonniec, Fabien (2016). “La pericia antropológica en la Araucanía de Chile. Entre teorías y prácticas, 2003-2014”, Revista Antropologías del Sur, Año 3, N°6, pp. 107-126. Butler, Judith (1997). Soberanía y actos de habla performativos. Documento electrónico disponible en: www.accpar.org/numero 4/butler.htm. Carrasco, Morita (1997). “La juridización de ‘lo indígena’ o la conveniencia estratégica de utilizar las leyes para defenderse”, Revista del Proyecto Agroforestal en Comunidades Rurales del NOA N° 33, Salta. —(2009). Tierras duras: historias, organización y lucha por el territorio en el Chaco. Buenos Aires, IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas). Carrasco, Morita y Zimmerman, Silvina (2009). Informe IWGIA: El Caso Lhaka Honhat. Buenos Aires, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) y Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Daroqui, Alcira (2002). “La cárcel del presente, su ‘sentido’ como práctica de secuestro institucional”, en Kessler, G. y Gayol, S. (comps.): Violencias, secuestros y justicias en la Argentina. Buenos Aires, Manantial. De la Peña, Guillermo (2002). “Costumbre, ley y procesos Judiciales en la antropología clásica apuntes introductorios”, en Krotz, Esteban (ed.): Antropología Jurídica: perspectivas socioculturales en el estudio del derecho. México, Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 51-68. Kalinsky, Beatriz (1996). “Diversidad sociocultural y formas punitivas del Estado. En busca de respuestas antropológicas al sistema jurídico penal en el sur de la Provincia de Neuquén, Argentina”, Alteridades N° 6, Buenos Aires. —(2000). Justicia, cultura y derecho penal. Buenos Aires, Ad Hoc. 19
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Introducción
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