JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL DISTRITO DE COLUMBIA SHELLY PARKER, et al., Demandantes, v. DISTRITO DE COLUMBIA, et al., Demandados.
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Acción Civil No. 03-0213 (EGS)
OPINIÓN DEL JUZGADO I. Introducción Los
accionantes
en
el
presente
caso
son
seis
residentes del Distrito de Columbia que desean poseer un pistola o un arma de largo montado en sus residencias con fines de defensa personal pero que, no obstante, no lo hacen, pues “temen ser arrestados, penalmente procesados y demás”. (Demanda, n. 1, 3, 5 y 6). El accionante Heller ha solicitado
autorización
para
poseer
una
pistola
en
su
residencia la cual le fue denegada. (Demanda, n. 2). Los otros cinco accionantes no han requerido tal autorización. Ninguno de los accionantes ha afirmado ser miembro de la Milicia del Distrito de Columbia. Los
mismos
alegan
que
el
Código
D.C.
§
7-
2502.02(a)(4)1, que prohíbe el registros de pistolas, el Código D.C. § 7-2507.022, que prohíbe la posesión de armas 1
“Un certificado de registro no será emitido para...(4) una pistola que no haya sido válidamente registrada en el Distrito con anterioridad al 24 de septiembre de 1976”. “Se entenderá por pistola a toda arma de fuego originalmente diseñada para ser disparada con una sola mano”. Código D.C. § 7-2501.01(12) (2003). 2
“Excepto en lo que respecta a las fuerzas del orden descriptas en el § 7–2502.01(b)(1), cada registrante deberá guardar cualquier arma en su posesión descargada y desarmada o armada con un seguro del gatillo o dispositivo similar, a menos que dicha arma se mantenga en su lugar de negocio o se utilice para fines recreativos lícitos en el Distrito de Columbia”.
2
No. 03-0213
en la residencia o tierra de su propiedad, y el Código D.C. §§ 22-45043 y 4515, que prohíben el porte de armas dentro de
la
propia
(“leyes
de
residencia control
de
o
tierra
armas
propia
del
sin
licencia,
D.C.”)
deben
ser
invalidados en forma permanente por ser contrarias a la Segunda Enmienda, la cual establece el fundamental derecho de los individuos a portar armas. Los accionantes requieren al Juzgado la declaración de la causa como de puro derecho y la emisión de una sentencia declarativa a su favor. La parte demanda en el presente juicio está integrada por el Distrito de Columbia y el señor Anthony Williams, Alcalde del Distrito. Los mismos alegan que la Segunda Enmienda
no
concede
el
derecho
individual
al
porte
de
armas. Los demandados presentan al Juzgado y requieren se haga lugar a una moción de desestimación de la demanda. II. Estándar legal Al considerar una moción de desestimación, el Juzgado interpreta los hechos expuestos en la demanda como ciertos y realiza todas las inferencias razonables a la luz de aquello
que
sea
más
favorable
al
accionante.
Véase
Swierkiewicz v. Sorema, 534 U.S. 506 (2002). Una moción de desestimación
será
concedida
y
se
archivará
la
demanda
únicamente si no puede darse credibilidad a tales hechos. Véase Sparrow v. United Air Lines Inc., 216 F.3d 111, 1114 (D.C. Cir. 2002). Al analizar una Moción para declaración de la cuestión de puro derecho, el Juzgado debe primeramente determinar si existen genuinas cuestiones materiales de hecho. Shields v. Eli 3
Lilly
&
Co.,
895
F.2d
143,
1465
(D.C.
Cir.
1990,
“(a) Ninguna persona podrá portar armas en el Distrito de Columbia sea abiertamente o en forma encubierta sin licencia expedida de acuerdo a las leyes del Distrito de Columbia...Quien infrinja esta disposición será sancionado de acuerdo a lo establecido en el § 224515...”.
No. 03-0213
3
citando RPCF P.56 (c)). Tal moción ha de ser concedida únicamente si la parte solicitante ha demostrado la no existencia de genuinas cuestiones de hecho y que la misma esté legitimada a obtener un pronunciamiento respecto a una cuestión de derecho. Véase Celotex Corp. v. Catrett, 477 U.S. 317 (1986). III. Análisis jurídico A. Análisis de la Corte Suprema del derecho de la Segunda Enmienda Los accionantes requieren se acepte la moción para la declaración de la cuestión como de puro derecho alegando que las leyes de control de armas del Distrito de Columbia son
inconstitucionales
Enmienda
a
demandados
la
por
Constitución
presentan
una
ser de
contrarias los
moción
de
Estados
a
la
Segunda
Unidos.
desestimación
de
Los la
demanda habida cuenta que los accionantes no han demostrado que su posesión
de armas de
fuego cuente con
relación
razonable con la preservación o eficiencia de una bien regulada Milicia. La Segunda Enmienda dispone: Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. CONST.
DE LOS
ESTADOS UNIDOS, 2da Enmienda. La Corte Suprema de
los Estados Unidos no ha considerado un caso derivado en forma directa de la Segunda Enmienda desde su decisión en el caso United States v. Miller, 307 U.S. 174 (1939). En el caso Miller, el juzgado de primera instancia hizo lugar a la moción de desestimación de la acusación bajo la Ley Nacional
de
Armas
de
Fuego
por
transporte
interestatal
ilegal una escopeta de doble cañón calibre 12 no registrada con un cañón de algo más de 450mm, bajo el argumento que la
4
No. 03-0213
Ley
era
“contraria
a
la
Segunda
Enmienda
a
la
Constitución”. United States v. Miller, 26 F.Supp. 1002 (1939). La Corte Suprema de los Estados Unidos, entendiendo en la apelación contra la desestimación, sostuvo que En ausencia de cualquier prueba que demuestre que la posesión o uso de una “escopeta con cañón de algo más de 450mm” tenga en este tiempo alguna relación razonable con la preservación o eficiencia de una bien regulada milicia, no puede afirmarse que la Segunda Enmienda consagre el derecho a poseer y portar tal instrumento. Ciertamente no está en conocimiento de la judicatura que tal arma sea parte del equipo militar o que uso pueda contribuir a la autodefensa. Id. 178. La Corte hizo notar que, en su originaria redacción la Constitución de los Estados Unidos reservaba a los estados “la Autoridad para entrenar a la Milicia de acuerdo a la reglamentación que expida el Congreso” Id. (con cita de la CONST.
DE LOS
ESTADOS UNIDOS, art. 1, §8). Igualmente, la Corte
razonó que ha sido “con el obvio propósito de asegurar la continuidad y hacer posible la efectividad de tales fuerzas se
incluyó
la
declaración
y
garantía
de
la
Segunda
Enmienda. Por lo que ella debe ser interpretada y aplicada en tal sentido”. Id. 178. La Corte pasó a explicar la naturaleza y propósito de la
Milicia
Enmienda.
en “El
el
tiempo
de
sentimiento
aprobación del
de
tiempo
la
Segunda
desfavoreció
fuertemente a los ejércitos permanentes; la visión común era que la adecuada defensa de la nación y las leyes podría verse
asegurada
civiles
a
través
primariamente,
de
la
soldados
Milicia de
–
formada
ocasión”.
Id.
por 179.
Cuando se llamaba a servicio a la Milicia, se esperaba que éstos concurrieran a las armas, que se proporcionaban ellos mismos. Id.
No. 03-0213 Si
5
bien
la
Corte
Suprema
resolvió
el
caso
Miller
sesenta y cinco años atrás, recientemente se ha instalado el debate acerca de si tal caso ha de ser entendido como interpretando
la
Segunda
Enmienda
en
el
sentido
de
1)
constituir un derecho colectivo de loes estados para armar a la Milicia; 2) un limitado derecho individual a poseer armas únicamente como miembro de la Milicia estatal, o 3) un derecho individual a poseer armas para uso fuera de la Milicia. Este Juzgado entiende el caso Miller al igual la vasta mayoría de los Tribunales de Apelaciones, rechazando un derecho individual a portar armas fuera y aparte del uso que se le diere en la Milicia. Véase id. 179-182; United States v. Emerson, 270 F.Supp. 203, 218-19 (5to. Cir.). Al hacerlo, este Juzgado
incorpora por referencia la Sección
III
judicial
(2)(A)
Historia
primaria
de
la
Segunda
Enmienda y III (2)(B) Moderna jurisprudencia relativa a la Segunda Enmienda del voto del juez Reggie Walton en el caso Seegars
v.
Ashcroft,
297
F.Supp.
2d
201
(D.D.C.
2004
enmendada 29/01/2004). La
Corte
Suprema
ha
tenido
oportunidad
en
dos
ocasiones para proceder al reexamen del caso Miller y en ambas se ha negado a modificar su postura. En el caso Lewis v.
United
States,
la
Corte
concluyó
que
una
ley
que
penaliza la tenencia de armas de fuego por un criminal convicto “[no] viola ninguna libertad constitucionalmente protegida”. 445 U.S. 55 (1980) (citando a Miller y tres fallos
de
tribunales
basadas
en
la
rechazó
una
inferiores
Segunda
apelación
que
Enmienda). contra
un
rechazaron demandas
Más fallo
tarde, de
la
un
Corte
tribunal
estatal que sostuvo que la Segunda Enmienda no confiere el derecho servicio
a de
portar la
armas
Milicia
sin por
que
ello
“falta
de
se
relacione
cuestión
al
federal
6
No. 03-0213
sustancial”. Burton v. Sills, 394 U.S. 812 (1969). Si la Corte hubiera creído que la Segunda Enmienda creaba un derecho individual que estaba siendo violado, no habría arribado a tales conclusiones. Los
accionantes
sugieren
que
el
caso
Miller
simplemente propuso un test destinado a separar las armas “cubiertas” por la Segunda Enmienda de las “no cubiertas” por ella. Cf. Fraternal Order of Police v. United States, 173
F.3d
cuestión
898, del
906
(D.C.
potencial
Cirt
1999)
significado
(que
presentó
del
test
del
los
accionantes
la
caso
Miller). Aun
cuando
los
argumentos
de
no
carezcan de fundamento, si la Corte Suprema verdaderamente hubiera creído que el caso Miller debía ser entendido como una vía alcanzar un objetivo de mayor envergadura del que se pretendió, con toda seguridad habría aprovechado una de las oportunidades que tuvo en los últimos sesenta y cinco años para conceder certiorari y corregir la equivocación. Este Juzgado, por tanto, mantiene sus reservas respecto a aceptar
la
lectura
que
los
accionantes
hacen
del
caso
Miller. B. Análisis de los Tribunales de Apelación del derecho de la Segunda Enmienda Los accionantes se basan primariamente en el fallo dictado por el Quinto Circuito en el caso United States v. Emerson Enmienda
como
fundamento
establece
un
de
su
alegato
fundamental
que
derecho
la
Segunda
individual
a
portar armas, sin importar la membresía o servicio en la Milicia organizada. 270 F.3d 203 (5to. Cir. 2001). En el caso Emerson el Quinto Circuito sostuvo que la prohibición de portar armas mientras se estaba sujeto a una orden de restricción resultaba razonable. Id. 260. Los dos jueces
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que formaron la mayoría arribaron a la conclusión que la Segunda Enmienda protege el derecho individual a poseer y portar
armas
para
los
efectos
de
su
defensa
personal,
defensa de la propiedad, caza deportiva, y para asegurar al mismo la posibilidad de ser llamado en caso de necesidad para resistir la opresión y tiranía del gobierno federal y del ejército federal, siempre que tales armas no sean del tipo no concebible en el contexto de la Milicia estatal. United States v. Emerson, 270 F.3d 203, 260 (citando al caso Miller). Al hacerlo, los dos jueces que formaron la mayoría reconocieron que eran los únicos entre todos los circuitos en reconocer un derecho individual a poseer y portar armas bajo la Segunda Enmienda y reconocieron que Miller no fue tan lejos como para adoptar tal postura. Id. 218-20, 227 (y los casos allí citados). El tercer juez, concurrente con el resultado, criticó la interpretación de la
Segunda
Enmienda
realizada
por
la
mayoría
como
manifestaciones irrelevantes pues la existencia del mandato individual a portar armas no era necesario para la decisión del tribunal. Id. 272-74. Curiosamente, al hallar un derecho individual a portar armas, los dos jueces que formaron la mayoría ignoraron precedentes
del
propio
Quinto
Circuito.
Alrededor
de
treinta años antes, este circuito tuvo, en dos ocasiones, ante sí procesos penales en que procesados alegaban que sus derechos
fundamentales
a
portar
armas
de
acuerdo
a
la
Segunda Enmienda fueron violados. En ambos casos el Quinto Circuito confirmó las condenas por posesión de escopetas no registradas. Aplicando el caso Miller, el Circuito sostuvo que la posesión de armas por parte de los acusados carecía de relación con la “preservación o eficiencia de una bien regulada Milicia” y que la Segunda Enmienda no otorgaba a los particulares el derecho a poseer armas de fuego. United
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States v. Williams, 446 F.2d 486 (5to. Cir. 1971); United States v. Johnson, 441 F.2d 1134 (5to. Cir. 1971). Este cambio de postura del Quinto Circuito resulta preocupante a la luz de la regla del mismo que indica que un
panel
subsiguiente
está
impedido
de
pronunciarse
en
forma contraria a la decisión de un panel anterior a menos que el criterio sea modificado por una decisión del pleno o de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Véase United States v. McFarland, 264 F.3d 557, 559 (5to. Cir. 2001); Montesano v. Seafirst Commercial Corp., 818 F.2d 423, 42526 (5to. Cir. 1987). Los
dos
jueces
que
formaron
la
mayoría
buscaron
mitigar la apariencia de un cambio de postura insertando una nota de pie de página en el caso Emerson en la cual distinguían los casos anteriores como siendo casos “que se limitaban a la aplicación del caso Miller a situaciones virtualmente idénticas”. Emerson, 270 F.3d 227, n. 21. Al hacerlo,
ambos
jueces
dejaron
tales
casos
de
lado
sin
cualquier intento real por distinguirlos. Así, este Juzgado no pone cualquier énfasis en la estabilidad de la doctrina del caso Emerson incluso en el Quinto Circuito. Desde seguir
el
caso
siendo
el
Emerson, único
el
Quinto
circuito
en
Circuito
adoptar
parece
tanto
su
estrecha construcción del caso Miller como no dispositivo de la naturaleza del derecho garantizado por la Segunda Enmienda,
o
su
postura
que
ella
consagra
el
derecho
individual a portar armas. Véase Thomas v. City Council of Portland,
730
F.2d
41,
42
(1er.
Cirt.
1984)
(“La
jurisprudencia consolidada es clara en el sentido que la Constitución
Federal
no
consagra
el
derecho
a
portar
armas”); United States v. Toner, 728 F.2d 115, 128 (2do. Cir. 1984) (en la cual se da nota que el porte de armas no es un derecho fundamental); United States v. Graves, 554
No. 03-0213
9
F.2d 65, 66, n.2 (3er Cir. 1977) (dicta) (Miller controla la
cuestión
de
los
derechos
individuales);
Love
v.
Pepersack, 47 F.3d 120, 122 (4to. Cir. 1995) (La Segunda Enmienda “no confiere cualquier derecho individual a portar cualquier tipo de arma de fuego”); United States v. Napier, 233 F.3d 394, 403 (6to. Cir. 2000) (que no halló razón para apartarse
de
su
precedente
según
el
cual
la
Segunda
Enmienda no confiere un derecho individual a portar armas); Stevens v. United States, 440 F.2d 144, 149 (6to. Cir. 1971)
(Puesto
que
el
derecho
derivado
de
la
Segunda
Enmienda se aplica únicamente a las Milicias estatales, “no puede
existir
una
pretensión
seria
a
cualquier
derecho
constitucional de un individuo a poseer un arma de fuego”); Gillespie v. City of Indianapolis, 185 F.3d 693 (7mo Cir. 1999) (La Segunda Enmienda “no concede un derecho a poseer un arma de fuego más allá del rol que puedan jugar en mantener la Milicia estatal”); United States v. Nelsen, 859 F.2d 1318, 1320 (8vo Cir. 1988) (que halló como a ausencia de queja plausible para impugnar una ley “podría menoscabar a una milicia estatal”); United States v. Hinostroza, 297 F.3d 924, 927 (9no Cir. 2002); United States v. Graham, 305 F.3d
1094,
1106-07
(10mo
Cir.
2002);
United
States
v.
Bayles, 310 F.3d 1302, 1307 (10mo Cir. 2002); United States v. Wright, 117 F.3d 1265, 1273 (11er Cir. 1997) (La Segunda Enmienda se limita a la “posesión o uso de armas que se relacione razonablemente a la Milicia activamente mantenida o entrenada por los Estados”). En
respuesta
Tribunales cuando
la
de
a
los
Circuito,
Corte
numerosos los
Suprema
precedentes
accionantes haya
alegan
utilizado
la
de
los
que
aun
correcta
interpretación del término “Milicia” al decidir el caso Miller, la definición de “Milicia” utilizada en varios de tales precedentes resulta estrecho en demasía. Antes que un pequeño grupo de personas organizadas por el estado para
10
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tomar las armas contra un tiránico gobierno federal, los accionantes alegan que la “Milicia” tal como referida en Miller fue concebida y entendida en ese tiempo para incluir a
todos
los
individuos
privados
que
fueran
capaces
de
actuar para la defensa común (p.ej.: todos los hombres capaces). Contestación a la Moción de Desestimación, p. 8 (con cita del caso Miller, 307 U.S. en 178-9). El Undécimo Circuito consideró amplia la definición de Milicia presentada por los recurrentes, pero concluyó que Miller
“sugería
fuertemente
que
únicamente
las
Milicias
activamente mantenidas y entrenadas por los Estados pueden satisfacer el requerimiento de una ‘milicia bien ordenada’ de la Segunda Enmienda”. United States v. Wright, 117 F.3d 1265, 1273 (11er Cir. 1997). En respuesta a la conclusión del Undécimo Circuito, los
accionantes
afirman
que
los
Fundadores
sospechaban
ampliamente de cualquier Milicia organizada y no pudieron haber
pretendido
únicamente
para
las
Milicias estatales
entrenadas el derecho a portar armas. Contestación a la Moción
de
Desetimación,
n.
19.
Los
accionantes
alegan
igualmente que la Segunda Enmienda no fue construida como un derecho de los Estados a armar una Milicia pues ello habría estado en conflicto con el art. 1, §8, cláusula 16 (El
Congreso
tendrá
facultad:...16)
Para
armar
y
disciplinar a la milicia nacional...). Moción para cuestión de puro derecho, n. 32. Este Juzgado no está persuadido que “una milicia bien regulada” implique a todas las personas capaces en forma separada
a
su
enrolamiento
a
la
Milicia.
Tal
como
lo
entiende el Undécimo Circuito y lo pone en claro el texto de la Segunda Enmienda, la Milicia no constituye algo libre para todos. Antes bien, una Milicia “bien regulada”, fuerza de combate, implica, en verdad, algún tipo de organización
No. 03-0213
11
a nivel estatal o local. Véase Wright v. United States, 302 U.S. en 583, 588 (1938) (“Toda palabra tiene cuenta con su debida fuerza y su significado apropiado; pues es evidente a partir de todo el instrumento, que no se utiliza palabra alguna
cuyo
uso
no
resulte
necesario
o
que
haya
sido
innecesariamente agregada. Todas las discusiones que han tenido
lugar
con
constitución,
han
relación
al
demostrado
a lo
construcción correcto
de
de
la esta
proposición; y asimismo el talento, prudencia y previsión de
los
ilustrados
caballeros
que
la
redactaron.
Cada
palabra ha sido sopesada con la debida deliberación y su fuerza y efecto han sido plenamente comprendidas”). C. Guía de la Corte Federal de Apelaciones para el Distrito de Columbia Los
fallos
dictados
por
la
Corte
Federal
de
Apelaciones para el Distrito de Columbia hasta la fecha proveen cierta guía respecto a su posición con relación a la
naturaleza
del
derecho
protegido
por
la
Segunda
Enmienda. En una nueva audiencia celebrada en el marco del caso Fraternal Order of Police v. United States, la Corte confirmó una ley que prohibía la posesión de armas de fuego a personas convictas de violencia doméstica delito menor contra la Segunda Enmienda ante una acción basada en la Segunda
Enmienda
interpuesta
por
el
Sindicato
de
la
Policía. Fraternal Order of Police v. United States, 173 F.3d 898, 906 (D.C. Cir. 1999) (en adelante, “FOP II”). Al hacerlo, el Circuito asumió sin decidirlo, con base en la falta de objeción de las partes que el test de Miller era aplicable a los hechos en cuestión. Id. Fue más allá al expresar
cierta
confusión
como
el
significado
del
test
realizado en Miller. El circuito procedió luego a evitar por completo las cuestiones relativas a la naturaleza del derecho protegido por la Segunda Enmienda en los términos
12
No. 03-0213
alegados
por
respecto,
el
que
FOP,
en
sin
plantear
“diversos
evidencia
estados”,
los
alguna
al
oficiales
de
policía pueden ser llamados al servicio de la Milicia. Id., véase
igualmente
Fraternal
Order
of
Police
v.
United
States, 152 F.3d 998, 1002 (D.C. Cir. 1998) (en adelante, “FOP I”). El circuito no consideró necesario proceder a un análisis
profundo
de
la
acción
basada
en
la
Segunda
Enmienda a la vista de la falta de evidencia presentada con relación a la relación de tales oficiales de policía con cualquier Milicia. FOP II, 173 F.3d en 906. Aun no siendo concluyentes,
los
comentarios
del
circuito
en
FOP
II
sugieren a esta Corte que, si presentadas con la cuestión, el
Circuito
se
inclinó
por
rechazar
la
noción
que
la
Segunda Enmienda protege un derecho individual a portar armas ausente un nexo sustancial entre la persona y la habilidad de los estados para mantener la Milicia. Id. (“FOP
nunca
indicó
como
las
restricciones...afectarían
materialmente a la Milicia”). Los accionantes alegan que en FOP II se encuentra implícita la idea de que si una porción significativa de “ciudadanos
ordinarios”
se
vieran
afectado
por
la
prohibición de portar armas, tal como se exponen en las leyes de control de armas del Distrito, entonces la misma tendría
impacto
material
respecto
a
la
Milicia.
Contestación de los accionantes a la moción de rechazo, 12. Este Juzgado, así como el circuito del Distrito de Columbia, análisis
no
observa
profundo
accionantes
han
la
necesidad
habida
cuenta
demostrado
ser
de que
proceder
con
ninguno
de
miembros
o
un los
mantener
cualquier relación con la Milicia. En el único otro caso en este circuito en el cual se planteó Circuito
una
acción
rechazó
la
basada
en
pretensión
la
Segunda con
base
Enmienda en
que
el el
No. 03-0213
13
recurrente no formuló dicho argumento en primera instancia. Véase United States v. Drew, 200 F.3d 871, 876 (D.C. Cirt. 2000)4. D. Las decisiones de la Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia La
Corte
Columbia
ha
Federal tenido
de
Apelaciones
ocasión
de
del
resolver
Distrito una
de
cuestión
relacionada a la Segunda Enmienda en un caso en el cual una ley del Distrito relativa al porte de armas sin licencia fue cuestionada. Aun cuanto los accionantes estuvieran en lo correcto al alegar que el fallo de la Corte Federal de Apelaciones juzgado,
del
este
Distrito
Juzgado
de
Columbia
considera,
no
sin
obliga
embargo,
a
este
que
las
opiniones de dicho tribunal resultan persuasivas. En este caso,
la
Corte
Federal
de
Apelaciones
del
Distrito
de
Columbia se situó con aquellos circuitos que rechazaron la estrecha
construcción
del
Quinto
Circuito
en
Miller,
y
sostuvo que “la Segunda Enmienda protege a la colectividad antes
que
un
derecho
individual”.
Sandidge
v.
United
States, 520 A.2d 1057, 1058 (D.C. 1987). La Corte Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia sostuvo que la Segunda Enmienda únicamente protege el derecho de los estados a mantener y regular la Milicia prohibiendo al Congreso sancionar cualquier 4
El 14 de octubre de 2004 el juez Walton de este Juzgado emitió un fallo en el caso Seegar v. Ashcroft en el cual rechazó una demanda incoada por cinco ciudadanos del Distrito de Columbia contra las leyes de control de armas del distrito con base en la Segunda Enmienda. 297 F.Supp. 2d 201 (D.D.C. 2004) (Enmendada el 29 de enero de 2004). El 1 de octubre de 2003 la parte demandada un Memorial Complementario al juzgado llamando la atención del Juzgado respecto a la reciente decisión del juez Roberts de este Juzgado en el caso United States v. Cole, 2003 U.S. Dist. LEXIS 14029, registrado el 15 de agosto de 2003. Al denegar la moción de rechazo iniciada por un acusado de posesión de armas de fuego, el juez Roberts concluyó que “...con excepción de la Quinta Enmienda, las cortes de apelaciones han sostenido reiteradamente que los individuos no tienen el derecho fundamental a poseer armas de fuego”. Fallo del juzgado, 12.
14
No. 03-0213 legislación que interfiera con tal derecho...En suma, el derecho a portar y poseer armas no es un derecho conferido al pueblo por la constitución federal.
Id. (citando a United States v. Warin, 530 F.2d 103, 106 (6to Cir 1976); Cases v. United States, 131 F.2d 916, 921 (1er Cir 1942)). La
Corte
Federal
de
Apelaciones
se
vio
nuevamente
confrontada a una acción basada en la Segunda Enmienda en el caso Barron v. United States, 818 A.2d 987 (D.C. 2003). En Barron, un acusado en una acción penal recurrió su condena con base a diversos agravios incluida la noción que las leyes del distrito que prohibían el porte de armas sin licencia – D.C. Code §22-4504 y D.C. Code §7-2502, dos de las normas aplicables en este caso – resultaban violatorias de la Segunda Enmienda. Id. Aun cuando se haya revocado la condena con base a otras razones, la corte se
refirió
sumariamente y rechazó la cuestión de la Segunda Enmienda notando
que
“en
Sandidge...esta
corte
sostuvo
que
la
Segunda Enmienda protege los derechos de los estados a portar
armas,
no
los
derechos
de
los
individuos.
Por
consiguiente, la ley de porte de armas sin licencia no es contraria a la Segunda Enmienda”. Id. 994. IV. Conclusión Puesto que esta Corte rechaza la noción de que existe un derecho individual a portar armas en forma separada al servicio en una Milicia y habida cuenta que ninguno de los accionantes ha demostrado ser miembros de la Milicia, los mismos
carecen
de
legitimación
activa
para
iniciar
una
acción con base en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Así, se rechaza la demanda y la petición para un juicio sumario se deniega por irrelevante. Aun
cuando
los
accionantes
planteen
reflexivas
e
históricamente interesantes argumentos en pro del derecho
No. 03-0213
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individual, este Juzgado incurriría en un error al ignorar sesenta y cinco años de pacífica jurisprudencia de la Corte Suprema
y
el
diluvio
de
precedentes
de
las
cortes
de
circuito que rechaza el derecho individual a portar armas que no se encuentre en conjunción con el servicio a la Milicia. El fallo sigue a la presente opinión.
EMMET G. SULLIVAN Juez Federal 31 de marzo de 2004
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No. 03-0213 JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL DISTRITO DE COLUMBIA
SHELLY PARKER, et al., Demandantes, v. DISTRITO DE COLUMBIA, et al., Demandados.
) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Acción Civil No. 03-0213 (EGS)
FALLO ____En los términos de la opinión del Juzgado emitida el día de la fecha, y por las razones allí señaladas este Juzgado FALLA en cuanto a la moción de rechazo planteada por la parte demandada HACIENDO LUGAR a la misma, e igualmente FALLA
en
cuanto
a
la
moción
de
juicio
sumario
planteada por la parte accionante RECHANDO POR IRRELEVANTE y asimismo FALLA, ORDENA y DISPONE que por Secretaría se dará debida cuenta del fallo final a favor de los demandados.
EMMET G. SULLIVAN Juez Federal 31 de marzo de 2004