Mapp vs. Ohio by Carlos Bazzano

NOTA: Cuando sea posible, un sumario (nota al inicio) será agregado, como en el presente caso, al momento de la publicación del fallo. El sumario no forma parte de la sentencia de la Corte, pero es preparado por el Recopilador para conveniencia del lector. Véase

United States v. Detroit Timber & Lumber Co., 200 U.S. 321 CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS Sumario MAPP v. ESTADO DE OHIO, 367 U.S. 643 (1961) apelación proveniente de la corte suprema de ohio No. 236. Alegatos Marzo 29, 1961 – Fallo Junio 19, 1961 Toda evidencia obtenida a través de registros e incautaciones realizados en violación a la Constitución Federal son inadmisibles en un juicio penal ante un tribunal estatal. Se deroga el precedente establecido en el caso Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25 (1949), en la medida en que se resuelve en sentido contrario. Pp. 643-660. 170 Ohio St. 427, 166 N.E.2d 387, revocado. El señor A.L. Kearns presentó los alegatos del recurrente. Colaboró con su memorial el señor Walter L. Greene. La señora Gertrude Bauer Mahon presentó los alegatos del recurrido. Colaboró con su memorial el señor John T. Corrigan. El señor Bernard A. Berkman presentó los alegatos de la American Civil Liberties Union y otros en carácter de amicus curiae solicitando revocación. Colaboró con su memorial el señor Rowland Watts. EL SR. MAGISTRADO CLARK redacta la opinión de la Corte: La recurrente ha sido condenada por haber tenido en su posesión y bajo su control, con pleno conocimiento, ciertos libros, dibujos y fotografías de carácter lascivo, en violación al §2905.34 del Código Revisado de Ohio1. Tal como se consigna en forma oficial en el sumario del presente fallo, la Corte Suprema de Ohio sostuvo que su condena resultaba válida pues “se basa en forma primaria en la introducción de evidencia de libros lascivos

Dicha ley determina en su parte pertinente: “Nadie podrá, con pleno conocimiento…tener en su

posesión o bajo su control libros obscenos u oscuros [o]…figuras… ” “Quien viole esta norma será multado con menos doscientos y no más de dos mil dólares o con pena privativa de libertad no menor a uno ni mayor a siete años o ambos”.

y figuras obscenas halladas durante un cateo ilegal en la residencia de la procesada…”. 17 Ohio St. 427-428, 166 N.E.2d 387, 388. El 23 de mayo de 1957, tres oficiales de policía de Cleveland arribaron a la residencia de la recurrente en dicha ciudad siguiendo una información que una persona ocultaba en su residencia, a alguien buscado para ser interrogado en relación con un atentado reciente, y que había una gran cantidad de parafernalia de política oculta en el hogar. La señora Mapp y su hija, fruto de un matrimonio anterior, vivían en el piso superior de una vivienda para dos familias. Al momento de su llegada a tal lugar, los oficiales llamaron a la puerta y requirieron se les permita la entrada, empero, la recurrente, tras llamar telefónicamente a su abogado, se negó a permitirles la entrada sin una orden judicial. Los mismos alertaron de la situación a la estación y establecieron vigilancia alrededor de la casa. Los oficiales requirieron ingresar una vez más alrededor de tres horas más tarde cuando cuatro o más oficiales adicionales arribaron a la escena. Cuando la señora Mapp no concurrió a la puerta en forma inmediata, al menos una de las varias puertas de la casa fue abierta en forma forzosa2 y los oficiales lograron ingresar. Mientras tanto, el abogado de la señora Mapp llegó a escena, empero los oficiales habiendo asegurado su propia entrada, y siguiendo con su desafío a la ley no le permitieron ver a la señora Mapp y tampoco la entrada a la casa. Al parecer, la señora Mapp se encontraba a mitad de camino por las escaleras desde el piso superior de la puerta principal cuando los oficiales, de esta manera despótica, irrumpieron en la sala. La misma les requirió la correspondiente orden judicial. Un papel, que señalaron como la supuesta orden, le fue exhibido por uno de los oficiales. La misma tomó la “orden” y la guardó en su pecho. A ello siguió una escaramuza a través de la cual los oficiales recuperaron el papel y que dejó como resultado que esposaran a la recurrente pues ésta se mostraba “beligerante” al resistirse a devolver la “orden” que guardaba consigo. Haciendo caso omiso a la recurrente, un oficial la “tomó”, le “retorció la mano” procediendo la misma a “gritarle y pelear con el mismo” pues le “causaba dolor”. La recurrente, esposada, fue conducida en forma forzosa escaleras arriba hacia su recámara donde los oficiales revisaron un vestidor, una cómoda, un armario y algunas maletas. Igualmente revisaron un álbum de fotografías y algunos papeles personas de propiedad de la recurrente. El registro se extendió por el resto del segundo piso incluso el cuarto de la niña, la sala, la cocina y el comedor. El

Un oficial testificó que “derribamos la puerta para lograr entrar”; el abogado presente en la escena

testificó que un oficial “intentó…derribar la puerta a puntapiés” y entonces “rompieron el vidrio de la puerta y alguien ingresó por allí abriendo la puerta permitiéndoles la entrada”; la recurrente testificó que “la puerta trasera estaba rota”.

sótano del edificio y un arcón hallado allí fueron igualmente registrados. Los materiales obscenos por los cuales fue finalmente condenada fueron hallados en el curso de dicha búsqueda extendida. Durante el juicio, orden judicial alguna fue presentada por parte de la fiscalía, y dicha falta tampoco fue explicada o considerada. A lo mejor, “existen, en autos, dudas considerables con respecto a si realmente existió una orden judicial para registrar la residencia de la acusada” 170 Ohio St. at 430, 166 N.E.2d at 389. La Corte Suprema de Ohio consideró que un “argumento razonable” podría llevar a creer que la condena debiera ser revocada “pues los ‘métodos’ empleados para obtener la [evidencia]…fueron tales como para ‘ofender’ al sentido de la justicia”, sin embargo, la corte consideró determinante el hecho que la evidencia no fue tomada “de la persona de la acusada a través del uso de fuerza física ofensiva o brutal contra la misma”.170 Ohio St. at 431, 166 N.E.2d at 389-390. El Estado sostiene que, aun cuando el registro fue realizado sin autoridad, o de manera no razonable, ello no impide utilizar durante el juicio la evidencia tomada en forma inconstitucional citando al caso Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25 (1949), en el cual esta Corte sostuvo que, al procesar un delito estatal en un tribunal estatal, la 14ta Enmienda no impide la admisión de evidencia obtenida a través de una búsqueda o registro irracional. En la p. 33. En la presente apelación, en la cual hemos percibido probable jurisdicción, 364 U.S. 868, se nos urgió una vez más revisar dicho entendimiento3. I Setenta y cinco años atrás, en el caso Boyd v. United States, 116 U.S. 616 (1886), al que la 4ta Enmienda4 y la 5ta Enmienda como corriendo “casi la una con la otra”5 respecto a 3

También se plantearon otras cuestiones en el marco de la presente apelación pero, desde la óptica que

tenemos del caso, las mismas no requieren que nos expidamos al respecto. Aun cuando la recurrente haya escogido urgirnos con relación a lo que parece ser el punto más seguro para un fallo favorable y no ha requerido la derogación del precedente Wolf, el amicus curiae al cual se permitió la participación en los alegatos orales, requirió a la Corte que lo haga. 4

No se violará el derecho del pueblo a que sus personas, hogares, documentos y pertenencias estén

protegidos contra registros y requisas arbitrarias, y no se emitirán órdenes de registro ni de detención sino con causa razonable que esté respaldada mediante juramento o promesa, y que han de describir específicamente el lugar a registrar y las personas a detener o las cosas a confiscar. 5

La cercana conexión entre los conceptos luego incorporados a estas dos enmiendas ha sido notado ya

en 1765 por Lord Camden, en cuyo fallo en el caso Entick v. Carrington, 19 Howell’s State Trials 1029, el caso Boyd se apoyó fuertemente. Lord Camden señaló, en 1073: “Es cierto que la ley no obliga a nadie

a acusarse a sí mismo, pues los medios necesarios para forzar la autoincriminación, impuestos tanto al

los hechos traídos a su conocimiento, esta Corte sostuvo que las doctrinas de tales enmiendas se aplican a todas las invasiones de parte del Gobierno y sus empleados a la santidad de la residencia y la vida privada. No es el acto de romper las puertas ni de revolver los cajones lo que constituye la esencia de la ofensa, sino la invasión del indefendible derecho a la seguridad personal, libertad personal y propiedad privada…Ingresar a una residencia y abrir cajas y cajones constituyen circunstancias agravantes, empero cualquier extracción forzosa y compulsoria de una declaración o la utilización de documentos privados en carácter de evidencia para condenarlo por un hecho punible o para privarlo de sus beneficios, cabe bajo la condena…[de dichas enmiendas] La Corte señaló que las normas constitucionales referidas a la seguridad de la persona deben ser entendidas literalmente…Es deber de los tribunales vigilar los derechos constitucionales del ciudadano, contra cualquier usurpación sigilosa de éstos. En la p. 635. En esta celosa actitud de velar por la integridad de los derechos, la Corte dio vida a la predicción de Madison que tribunales de justicia independientes…resistirán naturalmente cualquier usurpación a los derechos expresamente incluidos en la Constitución a través de la Declaración de Derechos. I Anales del Congreso 439 (1789). En conclusión, la Corte se refirió en forma específica a la utilización de la evidencia recogida como “inconstitucional”. En la p. 638. Menos de 30 años después del caso Boyd, esta Corte, en el caso Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914) sostuvo que la 14ta Enmienda…impuso a los tribunales de los Estados Unidos y a los funcionarios federales, para lo que respecta al ejercicio su poder y autoridad, ciertos límites y restricciones [y]…aseguró para siempre al pueblo, a sus personas, residencias, papeles y demás pertenencias contra todo registro o búsqueda irracional bajo pretexto de ley…y el deber de darle cumplimiento efectivo es obligatorio bajo nuestro sistema federal con el acatamiento a las leyes.

inocente como al culpable serían crueles e injustos por igual, y debe parecer que la búsqueda de evidencia no está permitida en el mismo principio. Aquí, igualmente, el inocente sería confundido con el culpable”.

En las pp. 391-392. Refiriéndose en forma específica a la utilización de evidencia inconstitucionalmente obtenida, la Corte concluyó que Si las cartas y documentos privados pueden ser registrados y utilizados como prueba contra un ciudadano acusado de un hecho punible, la disposición de la 4ta Enmienda que protege su derecho contra búsquedas y registros carece de valor, y, tanto como dicha protección se extienda, podría verse afectada la Constitución. Los esfuerzos de los tribunales y sus funcionarios para imponer una pena al culpable, por loables que sean, no deben ser coronados a través del sacrificio de estos grandes principios establecidos a través de años de esfuerzo y sufrimiento que han resultado en su incorporación a la ley fundamental de la Nación. En la p. 393. Finalmente, la Corte en dicho caso señaló que la utilización de tal evidencia conlleva “una denegación de los derechos constitucionales del acusado”. En la p. 398. Así, en 1914, en el caso Weeks, esta Corte “por primera vez” sostuvo que “en un proceso federal, la 4ta Enmienda impide la utilización de evidencia obtenida en forma ilegal”. Wolf v. Colorado,

supra, en 28. Esta Corte desde entonces ha requerido de los funcionarios federales una adhesión estricta a tal disposición que según entiende esta Corte resulta ser clara, específica y constitucionalmente requerida – incluso si judicialmente implícita – salvaguardia disuasiva sin cuya insistencia la 4ta Enmienda se habría visto reducida a “meras palabras”. Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920) (el magistrado Holmes). Ello significa, simplemente, que “las condenas obtenidas a través de búsquedas ilegales y confesiones forzosas…no deben ser aprobadas por los tribunales…”.

Weeks v. United States, 251 U.S. 385, supra, en 392, y que tal evidencia “no debe ser utilizada para nada”. Silverthorne Lumber Co. v. United States, supra, en 392. En los casos de esta Corte existen ciertas referencias a la regla del caso Weeks como refiriéndose a las pruebas. Empero, el claro e inequívoco lenguaje del caso Weeks – y su posterior paráfrasis en el caso Weeks – en cuanto señala que la regla en cuestión es de origen constitucional, continúa totalmente imperturbable. En el caso Byars v. United

States, 273 U.S. 28 (1927), la Corte en forma unánime declaró que la doctrina [no puede]…ser tolerada bajo nuestro sistema constitucional, que las evidencias descubiertas por un oficial federal al realizar una búsqueda sin orden judicial puede ser utilizada en contra de la víctima de tal procedimiento ilegal donde una impugnación oportuna ha sido interpuesta. En las pp. 29-30 (énfasis suplido). La Corte, en el caso Olmstead v. United States, 277 U.S. 438 (1928), en forma inconfundible enfatizó la regla del caso Weeks:

El sorprendente resultado del caso Weeks y aquellos que lo siguieron fue la declaración amplia que la 4ta Enmienda, aun cuando no se refiera a o a limitar la utilización de evidencia en los tribunales, prohíben en forma efectiva la introducción de evidencia obtenida por funcionarios del Gobierno en violación a la Enmienda. En la p. 462. En el caso McNabb v. United States, 318 U.S. 332 (1943), se realizó la siguiente declaración: [Una] condena en los tribunales federales, cuyo fundamento radica en una evidencia

obtenida

detrimento

las

libertades

consideradas

fundamentales por la Constitución, no puede ser confirmada. Boyd v. United

States…Weeks v. United States…Y esta Corte ha, con fundamentos constitucionales, revocado condenas, tanto pronunciadas en tribunales federales como estatales, cuyo fundamento residía en confesiones “obtenidas de prolongados y reiterados interrogatorios realizados a personas ignorantes y desprotegidas, en cuyas mentes el poder de los oficiales fue ampliamente magnificado…o que hayan sido ilegalmente mantenidas incomunicadas sin aviso a sus amigos o abogados…” En las pp. 339-340. Significativamente, en el caso McNabb, la Corte pasó a formular una regla de pruebas, señalando [e]n la opinión que tenemos del caso, no obstante, resulta innecesario referirnos a la cuestión constitucional, [para]…los principios que rigen la admisibilidad de las pruebas en los procesos penales federales no se han restringido. . . a los que se derivan únicamente de la Constitución. En las pp. 340-341. II En 1949, 35 años después del fallo en el caso Weeks, esta Corte en el caso Wolf v.

Colorado, supra, otra vez por primera vez6, discutió el efecto de la 4ta Enmienda respecto a los Estados a través de la operación de la cláusula del Debido Proceso de la 14ta Enmienda. Señaló la Corte: [N]o nos caben dudas al afirmar que, si un Estado sanciona afirmativamente tal incursión policial en la privacidad, ello sería contrario a la garantía de la 14ta Enmienda.

Véase, sin embargo, National Safe Deposit Co. v. Stead, 232 U.s. 58 (1914), y Adams v. New York, 192

U.S. 585 (1904).

En la p. 28. Sin embargo, tras declarar que la “seguridad” de la privacidad contra la intrusión arbitraria de la policía se encuentra “implícita en ‘el concepto ordenado de libertad’ y como tal, exigible contra los Estados a través de la cláusula del Debido Proceso”, cf. Palko v. Connecticut, 302 U.S. 319 (1937), y anunció que “adhiere firmemente” a la decisión del caso Weeks, la Corte decidió que la regla de exclusión del caso Weeks no podía ser impuesta a los Estados como “un ingrediente esencial del derecho”. 338 U.S., en 27-29. Las razones de la Corte para no considerar esencial al derecho a la privacidad, como un freno impuesto a los Estados a través de la cláusula del Debido Proceso, aquello que décadas atrás se había postulado como una parte integrante de la limitación de la 4ta Enmienda a la invasión federal de la propiedad individual, sirvieron de fondo a consideraciones fácticas. Si bien no son básicamente relevantes para una decisión que la regla de exclusión como un ingrediente esencial de la 4ta Enmienda como un derecho protegido por ésta se aplica a los Estados a través de la cláusula del Debido Proceso, procederemos a considerar la validez actual de los fundamentos de hecho en los cuales se basó el caso Wolf. La Corte en el caso Wolf señaló en primer término que “la contrariedad de percepciones de los Estados” respecto a la adopción de la regla de exclusión del caso Weeks era “particularmente impresionante” (en la p. 29); y, en conexión con ello, que no podía dejar de lado la experiencia de los Estados que consideren la incidencia de dicha conducta por parte de la policía demasiado ligera para solicitar un remedio disuasivo…reemplazando las reglas [estatales] de evidencia. En la p. 31-32. Mientras en 1949, antes del caso Wolf, alrededor de dos tercios de los Estados se oponían a la utilización de las reglas de exclusión, ahora, a pesar del caso

Wolf, más de la mitad de ello desde entonces, sea a través de su Legislatura o decisiones judiciales, han adoptado parcial o totalmente la regla del caso Weeks. Véase, Elkins v. United States, 364 U.S. 206, Apéndice, pp. 224-232 (1960). Significativamente, entre los que siguen a dicha regla se encuentra California, estado que, según su máximo tribunal, se vio obligado a llegar a tal conclusión puesto que los demás remedios han fracasado completamente en asegurar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales…

People v. Cahan, 44 Cal.2d 434, 445, 282 P.2d 905, 911 (1955). En conexión con este caso proveniente de California, notamos que la segunda base elaborada en el caso Wolf en apoyo de su error en dar efecto a la doctrina de exclusión contra los Estados radicó en

“otros medios” que fueron concedidos “al derecho a la privacidad”7. 338 U.S., en 30. La experiencia de California que los referidos remedios han carecido de efecto y han sido fútiles queda apuntalada a través de la experiencia de otros Estados. La obvia futilidad de relegar la 4ta Enmienda a la protección a través de otros remedios ha, por otra parte, sido reconocida por esta Corte desde el caso Wolf. Véase Irvine v. California, 347 U.S. 137 (1954). Igualmente, ha puesto su rostro en contra de aquello que el caso Wolf llamó un “testimonio de peso” del caso People v. Defore, 242 N.Y. 13, 150 N.E. 585 (1926). En dicho caso, el magistrado (por entonces juez) Cardozo sostuvo que “la regla federal en su forma actual es demasiado estricta o demasiado laxa”. 242 N.Y. at 22, 150 N.E. at 588.

Menos de la mitad de los Estados cuentan con algún tipo de norma que guarde relación directa con las

búsquedas y registros irracionales. Las sanciones punitivas de los 23 Estados que procuran controlar tales invasiones al derecho a la privacidad pueden ser clasificadas de la siguiente manera:

Responsabilidad penal del declarante por solicitud maliciosa de orden judicial. – Código de Alabama, 1958, Tít. 15, § 99; Leyes de Alaska compiladas y anotadas, 1949, § 66-7-15; Leyes revisadas de Arizona, 1956, § 13-1454; Código penal de California § 170; Leyes de Florida, 1959, § 933.16; Código de Georgia Anotado, 1953, § 27-301; Código Anotado de Idaho, 1948, § 18-709; Código anotado de Iowa, 1950, § 751.38; Leyes anotadas de Minnesota, 1947, § 613.54; Código de Montana revisado y anotado, 1947, § 94-35-122; Leyes revisadas de Nebraska §§ 199.130, 199.140; Leyes anotadas de New Jersey, 1940, § 33:1-64; Leyes penales de New York anotadas § 1786, Código de procedimiento penal de New York § 811; Leyes Generales de North Carolina, 1953, § 15-27 (aplicable únicamente a los funcionarios); Código anotado de North Dakota, 1960, §§ 12-17-08, 29-29-18; Leyes de Oklahoma, 1951, Tít. 21, § 585, Tít. 22, § 1239; Leyes revisadas de Oregon § 141.990; Código de South Dakota, 1939 (Supp. 1960), § 34.9904; Código anotado de Utah, 1953, § 77-54-21.

Responsabilidad penal del magistrado que emita una orden judicial sin la correspondiente declaración jurada. -- Leyes generales de North Carolina, 1953, § 15-27; Código anotado de Virginia, 1960 Replacement Volume, § 19.1-89.

Responsabilidad penal del funcionario que intencionalmente exceda las facultades de la orden judicial. -- Leyes anotadas de Florida, 1944, § 933.17; Código anotado de Iowa, 1950, § 751.39; Leyes anotadas de Minnesota, 1947, § 613.54; Leyes revisadas de Nevada § 199.450; Leyes penales de New York § 1847, Código de procedimiento penal de New York § 812; Código anotado de North Dakota, 1960, §§ 12-1707, 29-29-19; Leyes de Oklahoma, 1951, Tít. 21, § 536, Tít. 22, § 1240; Código de South Dakota, 1939 (Supp. 1960), § 34.9905; Código anotado de Tennessee, 1955, § 40-510; Código anotado de Utah, 1953, § 77-54-22.

Responsabilidad penal del funcionario por búsqueda con orden judicial inválida o sin ella. -- Código de Idaho anotado, 1948, § 18-703; Leyes anotadas de Minnesota, 1947, §§ 613.53, 621.17; Leyes anotadas de Montana, 1953, § 558.190; Códigos de Montana revisados y anotados, 1947, § 94-3506; Leyes anotadas de New Jersey, 1940, § 33:1-65; Leyes penales de New York § 1846; Código anotado de North Dakota, 1960, § 12-17-06; Leyes anotadas de Oklahoma, 1958, Tít. 21, § 535; Código anotado de Utah, 1953, § 76-28-52; Código anotado de Virginia, 1960 Replacement Volume, § 19.1-88; Código de Washington revisado §§ 10.79.040, 10.79.045

Sin embargo, la fuerza de tal razonamiento se ha visto viciada en gran medida por decisiones posteriores de esta Corte. Estas incluyen el reciente descarte de la doctrina de la “bandeja de plata” la cual permite la utilización en procedimientos judiciales federal de evidencia recogida en violación a la Constitución por agentes estatales, Elkins v. United

States, supra; la relajación de los requisitos anteriormente estrictos en cuanto a legitimación para impugnar el uso de pruebas así obtenidas, de manera que actualmente el procedimiento de exclusión “en última instancia referidas a las garantías constitucionales” está disponible para cualquiera incluso “legítimamente en las premisas” ilegalmente buscadas, Jones v. United States, 362 U.S. 257 (1960); y, finalmente, la formulación de un método a fin de prevenir el uso de evidencia inconstitucionalmente obtenida por agentes federales por parte de funcionarios estatales, Rea v. United States, 350 U.S. 214 (1956). Habida cuenta que no existe una fórmula fija, nos encontramos reconocidamente con “cuestiones recurrentes relativas a la razonabilidad de los registros”, pero no puede esperarse menos cuando se trata de la Constitución, y, de todas formas, “la razonabilidad cuya determinación corresponde [al Juzgado Federal]…”. United

States v. Rabinowitz, 339 U.S. 56 (1950). Por tanto surge claramente que las actuales consideraciones que apoyan la falla del caso

Wolf en incluir la regla de exclusión del caso Weeks cuando reconoció la aplicabilidad del derecho a la privacidad contra los Estados en 1949, aunque no resulta básicamente relevante para el análisis constitucional, no podría, ahora ser considerada como controlante. III Algunos años después del caso Wolf, en respuesta a una solicitud presentada aquí período tras período a fin que revoquemos la doctrina relativa a la aplicabilidad de la regla de exclusión del caso Weeks, esta Corte indicó que ello no sería realizado hasta que los Estados hubieran “adecuado la oportunidad para adoptar o rechazar la regla [del caso

Weeks]”. Irvine v. California, supra, en 134. Nuevamente, se dijo: Nunca hasta junio de 1949 esta Corte ha sostenido que la prohibición básica de búsquedas y registros sea aplicable a los Estados bajo la 14ta Enmienda.

Ibid. Únicamente en el último período, tras considerar cuidadosamente un reexamen del caso Wolf, supra, la Corte señaló que “los principios rectores” referidos a las búsquedas y registros y el problema de su admisibilidad “parecían claros” (en la p. 212) hasta el anuncio en el caso Wolf “que la cláusula del Debido Proceso de la 14ta Enmienda no requiere por sí misma que los tribunales estatales adopten la regla de exclusión” del caso

Weeks. En la p. 213. Al mismo tiempo, la Corte señaló, que la doctrina constitucional subyacente establecida por el caso Wolf…que la Constitución Federal prohíbe búsquedas y registros irrazonables por parte de funcionarios estatales

ha minado el “fundamento en el cual la admisibilidad de las evidencias obtenidas por los Estados en procesos federales se sustentaba originalmente…”. Ibid. La Corte concluyó que ello, por tanto, obligaba a sostener, a pesar de que eligió el terreno más estrecho en el que hacerlo, que toda evidencia obtenida a través de una búsqueda y registro inconstitucional resultaba inadmisible ante un tribunal federal sin importar su fuente. El día de hoy, una vez más, examinamos la postura constitucional del caso Wolf respecto al derecho a la privacidad frente a irracionales intrusiones de parte del Estado, y, tras una docena de años en nuestros libros, guiados por el mismo venimos a cerrar la única puerta a un tribunal que permanece abierta a las evidencias obtenidas por funcionarios desordenados en flagrante abuso a un derecho básico, reservado a todas las personas como una garantía específica contra tal conducta ilegal. Sostenemos, pues, que toda evidencia obtenida a través de búsquedas y registros realizadas en violación a la Constitución resultan, en virtud de tal autoridad, inadmisible ante un tribunal estatal. IV Desde que el derecho a la privacidad de la 4ta Enmienda ha sido declarado exigible contra los Estados a través de la cláusula del Debido Proceso de la 14ta Enmienda, resulta aplicable a ellos la misma sanción de exclusión utilizada contra el Gobierno Federal. Si ello fuera de otra manera, si no existiera la regla del caso Weeks el seguro contra búsquedas y registros irracionales realizados por funcionarios federales serían “solo palabras” sin valor e indignas de mención en una carta perpetua de inestimables libertades humanas, asimismo, sin esta regla, la libertad frente a las invasiones estatales serían tan efímeras y estarían tan claramente separadas de su nexo conceptual con la libertad frente a todos los medios brutales de coaccionar la obtención de evidencia que merecerían alta consideración de parte de esta Corte como una libertad “implícita en el concepto ordenado de libertad”. Cuando esta Corte sostuvo en el caso Wolf que la Enmienda era aplicable a los Estados a través de la cláusula del Debido Proceso, los casos de esta Corte, como ya lo hemos visto, ha sostenido firmemente que como a los funcionarios federales la 4ta Enmienda incluye la exclusión de evidencia obtenida en violación a sus disposiciones. Incluso el caso Wolf “adhirió resueltamente” a esta proposición. El derecho a la privacidad, una vez admitido como operativamente exigible contra los Estados, no es susceptible de destrucción a través de la erosión de la sanción de la que su protección y disfrute han sido consideradas dependientes en los casos Boyd,

Weeks y Silverthorne. Por tanto, al extender la protección sustantiva del debido proceso a todas las búsquedas y registros constitucionalmente irracionales – estatal o federal – resultaba lógica y constitucionalmente necesaria que la doctrina de exclusión – como una parte esencial del derecho a la privacidad – sea también considerada como un ingrediente esencial del derecho recientemente reconocido en el caso Wolf. En pocas palabras, la admisión del nuevo derecho constitucional en el caso Wolf no puede tolerar consistentemente la denegación de su más importante privilegio constitucional, es decir, la exclusión de las pruebas a cuya entrega se ha forzado al acusado a través de una búsqueda ilegal. Sostener lo contrario, implica reconocer el derecho pero retener sus

privilegios y su disfrute. Solo el año pasado la Corte ha reconocido que el propósito de la regla de exclusión es disuadir – obligar al cumplimiento de la garantía constitucional a través de la única vía efectivamente disponible – removiendo los incentivos para su no cumplimiento.

Elkins v. United States, supra, en 217. Ciertamente, no tenemos conocimiento de ninguna restricción similar a la rechazada el día de hoy, que condicione el cumplimiento de cualquier derecho constitucional básico. El derecho a la privacidad, no menos importante que cualquier otro de los derechos cuidadosa y particularmente reservados al pueblo, se situaría en marcado contraste con el resto de los derechos declarados como "básicos para una sociedad libre”. Wolf v.

Colorado, supra, en 27. Esta Corte no ha dudado en hacer cumplir contra los Estados tan estrictamente como lo hace contra el Gobierno Federal los derechos de libertad de expresión y de prensa, los derechos de aviso, y a un juicio público y justo, incluido el derecho a no ser condenado a través de la utilización de una confesión obtenida en forma coercitiva, por lógicamente relevante que sea y sin tomar en cuenta su fiabilidad. Rogers

v. Richmond, 365 U.S. 534 (1961). Y nada podría ser más cierto que, cuando una confesión forzada está involucrado, "las normas pertinentes de la evidencia" no prevalezca sin tener en cuenta "la incidencia de tal conducta por la policía", ligera o frecuente. ¿Por qué no podría aplicarse la misma regla a lo que es equivalente a un testimonio coercionado a través búsquedas e incautaciones de bienes, papeles, efectos, documentos, etc.? Sostenemos que, al igual que con relación al Gobierno Federal, la 4ta y 5ta Enmiendas, respecto a los Estados, la libertad frente a las inconscientes invasiones a la privacidad y la libertad frente a condenas basadas en confesiones forzosas disfruta de una “íntima relación”8 en la perpetuación de los “principios de humanidad y libertad civil [asegurados]…solo tras años de lucha”. Bram v. United States, 168 U.S. 532 (1897). Éstos expresan “frases complementarias del mismo propósito constitucional de mantener inviolables amplias áreas de la privacidad personal”. Feldman v. United States, 322 U.S. 187 (1944). La filosofía de cada Enmienda y de cada libertad es complementaria a, aun cuando no dependiente, las demás en su esfera de influencia – el fin último que juntas aseguren en cada ámbito que ninguna persona será condenada con base a pruebas inconstitucionales. Cf. Rochin v. California, 342 U.S. 165 (1952). V Por otra parte, nuestra decisión que señala que la regla de exclusión es parte tanto de la 4ta Enmienda como de la 14ta Enmienda no constituye únicamente un dictado lógico de 8

Comparar los casos Waley v. Johnson, 316 U.S. 101 (1942), y Chambers v. Florida, 309 U.S. 227

(1940), con los casos Weeks v. United States, 232 U.S. 383 (1914), and Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25 (1949).

casos anteriores, sino igualmente deriva del sentido común. No existe antagonismo entre la Constitución y el sentido común. Ahora, un fiscal federal no puede utilizar una evidencia ilegalmente obtenida, empero, un fiscal estatal al otro lado de la calle puede, aun cuando supuestamente se encuentre cubierto por las mismas disposiciones de las mismas Enmiendas. Así, el Estado, admitiendo evidencia ilegalmente obtenida, alienta la desobediencia hacia la Constitución Federal a cuyo cumplimiento está obligado. Además, como se dijo en el caso Elkins, “la real esencia de un sano federalismo consiste en evitar conflictos innecesarios entre los tribunales estatales y federales”. 364 U.S., en 221. Tal conflicto, en lo sucesivo innecesario, se presentó en este mismo período en el caso Wilson

v. Schnettler, 365 U.S. 381 (1961), en el cual a pesar de la promesa del caso Rea, hemos dado pleno reconocimiento a nuestra práctica al respecto negándonos a restringir el testimonio de un funcionario federal ante un tribunal estatal con relación a una evidencia obtenida por éste en cumplimiento de sus labores. Sin embargo, el doble estándar reconocido hasta el día de hoy pone en práctica dicha tesis. En los estados que no cuentan con regla de exclusión, los funcionarios federales, siendo humanos, pueden ser invitados a, y nuestros casos así lo indican, cruzar la calle hasta el despacho de un fiscal estatal con su evidencia inconstitucionalmente obtenida. Un proceso penal que tenga por base tal evidencia se realiza, pues, ante un tribunal estatal en total contravención a la obligatoria 4ta Enmienda. Si los frutos de un registro inconstitucional resultaban admisibles tanto en los tribunales estatales como federales, tal incentivo a la evasión ha sido eliminado antes. No es necesario reconciliar los casos Rea e Schnettler, puesto que cada uno destaca las peligrosas incertidumbres de nuestro, hasta ahora, enfoque ambivalente. La cooperación federal-estatal en la solución de un hecho punible bajo estándares constitucionales debe ser promovida, aunque sólo sea por el reconocimiento de su obligación ahora mutua de respetar los mismos criterios fundamentales en sus enfoques. “Sin embargo, por mucho que en un caso particular, la insistencia sobre tales normas puede aparecer como un tecnicismo que conduce a beneficiar a una persona culpable, la historia del derecho penal demuestra que la tolerancia de métodos de atajo en el cumplimiento de la ley perjudica su eficacia perdurable”. Miller v. United States, 357 U.S. 301 (1958). Negar atajos a una sola de la partes cooperantes en el cumplimiento de la ley, tiende a originar legítimas sospechas de “acuerdos de trabajo” cuyos resultados resultan igualmente contaminados. Byars v. United States, 273 U.S. 28 (1927); Lustig v.

United States, 338 U.S. 74 (1949). Hay quienes digan, como lo hizo el magistrado (por entonces juez) Cardozo, que, bajo nuestra doctrina constitucional de exclusión, “el criminal debe quedar libre porque la policía cometió un error”. People v. Defore, 242 N.Y. at 21, 150 N.E. at 587. En algunos casos, eso sin lugar a dudas vendrá a ser el resultado9. Pero, como se ha dicho en Elkins, 9

Como es siempre el caso, no obstante, los requerimientos procesales estatales que rigen la

presentación y trámite de impugnaciones constitucionales directa o colaterales a los procesos penales deben ser respectados. Notamos, por otra parte, que la clase de condenas estatales posiblemente afectadas por la presente decisión cuanta con un margen relativamente estrecho cuando se lo compara

“existe otra consideración – el imperativo de la integridad judicial”. 364 U.S., en 222. El criminal queda libre, si así debe ser, pero es la ley la que lo pone en libertad. Nada puede destruir un gobierno tan rápido como su incapacidad para observar sus propias leyes, o peor, su indiferencia ante su misma existencia. Y como el Sr. Magistrado Brandeis, en disidencia, lo señaló en el caso Olmstead v. United States, 277 U.s. 438 (1928): Nuestro Gobierno es el potente, el maestro omnipresente. Para bien o para mal, instruye a todo el pueblo a través de su ejemplo…Si el Gobierno rompe la ley, alimenta su incumplimiento, e invita a todo hombre a convertirse en la misma ley; invita así a la anarquía. Tampoco puede suponerse a la ligera que, como cuestión práctica, la adopción de la regla de exclusión encadena a la aplicación de la ley. Únicamente el año pasado, esta Corte consideró expresamente tal disputa y sostuvo que “evidencia pragmática de una especie”, en sentido contrario no faltaba. Elkins v. United States, supra, en 218. La Corte sostuvo Los tribunales federales por sí mismo han operado bajo la regla de exclusión del caso Weeks durante casi medio siglo; y no se ha sugerido que el Federal Bureau of Investigation10 haya dejado de ser efectivo, o que la administración de la justicia penal en los tribunales federal se haya visto interrumpida. Además, la experiencia de los estados es inexpresiva…El movimiento hacia la regla de exclusión se ha detenido, pero resulta aparentemente inexorable.

Id. en 218-219. El innoble atajo hacia la condena que aún se permite a los Estados tiende a destruir todo el sistema de restricciones constitucionales sobre el cual descansan las libertades del pueblo11. Habiendo reconocido que el derecho a la privacidad protegido por la 4ta Enmienda resulta aplicable a los Estados, y que el mismo deba verse asegurado a través del derecho a ser protegido contra invasiones rudas de la privacidad por parte de funcionarios estatales cuenta, pues, con origen constitucional, ya no podemos permitir que este derecho siga siendo una promesa vacía. Considerando que es aplicable de la misma manera y con iguales efectos que los demás derechos básicos protegidos por la cláusula del Debido Proceso, ya no podemos permitir que éste resulte revocable al con los casos Burns v. Ohio, 360 U.S. 252 (1959); Griffin v. Illinois, 351 U.S. 12 (1956) y Herman v.

Claudy, 350 U.S. 116 (1956). En estos casos, se suscitó la misma discusión mostrándose infundada al final. En todo caso, más demora en alcanzar el resultado actual no podría tener otro efecto que en el compuesto de las dificultades. 10

Véanse las declaraciones del señor Hoover, Director del Federal Bureau of Investigation, FBI Law

Enforcement Bulletin, septiembre de 1952, pp. 1-2, citadas en Elkins v. United States. 364 U.S. 206 (1960), nota 8. 11

Cf. Marcus v. Search Warrant, post, p. 717.

capricho de cualquier agente de policía el cual, en nombre de la ley, escoja suspender su disfrute. Nuestra decisión, fundada en la razón y en la verdad, no otorga a los individuos más que aquello que la misma Constitución le asegura, al oficial de policía no más que aquello que a lo cual el cumplimiento honesto de la ley le permite, y a los tribunales, la integridad judicial tan necesarias para la recta administración de justicia. Se revoca el fallo de la Corte Suprema de Ohio y se devuelven los autos para un nuevo pronunciamiento acorde con lo aquí expuesto.

Revocado y reenviado. Así se ordena. Earl Warren, Tom Campbell Clark, Hugo Lafayette Black, Felix Frankfurter, William Orville Douglas, John Marshall Harlan, William J. Brennan Jr., Charles Evans Whittaker, Potter Stewart. _____________________ EL SR. MAGISTRADO BLACK, concurre con el resultado: Durante alrededor de cincuenta años, a partir del fallo de esta Corte en el caso Weeks v.

United States,1 los tribunales federales han denegado la admisión de evidencia obtenida contra un acusado de sus papeles y efectos a través de “búsquedas y registros irrazonables” en violación a la 4ta Enmienda. En el caso Wolf v. Colorado, en 1948, sin embargo, la Corte sostuvo que al procesar un delito estatal en un tribunal estatal, la 14ta Enmienda no impide la admisión de evidencia obtenida a través de una búsqueda o registro irracional2. Adherí a tal conclusión con el siguiente razonamiento: Por las razones indicadas en mi voto disidente en el caso Adamson v.

California, 322 U.S. 46 (1947), estoy de acuerdo con la opinión de la corte en que la prohibición de la 4ta Enmienda relativa a “búsquedas y registros irrazonables” es aplicable a los Estados. En consecuencia, opinaría que el fallo debería revocarse en caso de pensar que la 4ta Enmienda no solo prohíbe “búsquedas y registros irrazonables”, pero también, por sí misma, impide el uso de evidencia ilegalmente obtenida. Empero, estoy de acuerdo con lo que parece ser una simple implicación de la opinión de la Corte en que la regla

232 U.S. 383, resuelto en 1914.

338 U.S. 25.

federal de exclusión no constituye una orden de la 4ta Enmienda, sino que tal regla constituye una creación judicial que puede ser negada por el Congreso3. Sigo sin estar persuadido que la 4ta Enmienda, por sí misma, resulte suficiente para impedir la utilización de evidencia contra un acusado que haya sido obtenida de sus papeles y efectos en violación a sus disposiciones. Puesto que la 4ta Enmienda no contiene una disposición que excluya en forma expresa la utilización de dicha evidencia, mantengo serias dudas en que tal cuestión pueda ser inferida de nada más que la disposición relativa a búsquedas y registros irrazonables. Reflexionar acerca de este problema, sin embargo, a la luz de los casos presentados ante esta Corte desde el caso Wolf, me ha llevado a concluir que, cuando la exclusión de las búsquedas y registros irrazonables de la 4ta Enmienda, es considerada en forma conjunta con la prohibición de autoincriminación de la 5ta Enmienda, emerge una base constitucional que no solo justifica, sino que exige la aplicación de la regla de exclusión. La cercana relación entre la 4ta Enmienda y la 5ta Enmienda, tal como se aplica al presente problema4, ha sido ampliamente reconocida y, ciertamente, ha constituido el fundamento expreso de la decisión tomada por esta Corte en el caso Boyd v. United States5. Aquí, la Corte trató en forma completa esta relación y se declaró incapaz de percibir la manera en la cual la incautación de un libro privado o papeles pertenecientes a una persona a fin de utilizarlos como evidencia en contra suya difiere sustancialmente de obligar a una persona a declarar contra sí misma6. Con base en tal razonamiento el Sr. Magistrado Rutledge sustentó su opinión disidente en el caso Wolf7. Y, no obstante haber rechazado tal argumento en ese tiempo, su fuerza, al menos en lo que a mí respecta, ha devenido convincente gracias comprensión más completa del problema planteado a través de los recientes casos analizados. En el análisis final, soy de opinión que la doctrina del caso Boyd, aunque tal vez no es requerida por el texto expreso de la Constitución, interpretada en forma estricta, se encuentra ampliamente justificada desde un punto de vista histórico, sólidamente basada en la razón y enteramente consistente con lo que considero el enfoque adecuado para encarar 3

Id. en 39-40.

La interrelación entre la 4ta Enmienda y la 5ta Enmienda en este punto, por supuesto, no justifica una

interpretación estrecha de alguna de estas enmiendas con relación a áreas en las cuales operan en forma separada. Véase Feldman v. United States, 322 U.S. 487 (voto disidente); Frank v. Maryland, 359 U.S. 360 (voto disidente). 5

116 U.S. 616.

Id. en 633.

338 U.S. en 47-48.

la interpretación de la Declaración de Derechos – un enfoque muy bien expuesto por el Sr. Magistrado Bradley en el caso Boyd: Las previsiones constitucionales relativas a la seguridad de la persona y la propiedad han de ser interpretadas en forma liberal. Una interpretación literal les priva de la mitad de su eficacia, y lleva a una depreciación gradual del derecho, como si consistieran más en sonido que en sustancia. Constituye un deber de los tribunales proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos de cualquier intrusión sigilosa contra los mismos8. El caso Rochin v. California9, que resolvimos tres años después del caso Wolf, autenticó, creo, la solvencia de la postura expresada por los Sres. Magistrados Bradley y Rutledge con relación a la interrelación entre la 4ta Enmienda y la 5ta Enmienda como fundamento del requerimiento de la exclusión de las evidencias inconstitucionales. En el caso Rochin, tres oficiales de policía, actuando sin orden judicial ni causa probable, ingresaron a la residencia de Rochin a fin de realizar una búsqueda, y echaron abajo la puerta del dormitorio en el cual se encontraban Rochin y su esposa. Al ingresar al mismo, se observaron que Rochin se llevaba a la boca y tragaba dos pequeñas cápsulas. Inmediatamente lo detuvieron y esposándolo lo condujeron a un hospital, donde tales cápsulas fueron recuperadas a través de un lavado estomacal. La investigación demostró que las cápsulas contenían morfina, y tal evidencia fue utilizada como base para su condena ante un tribunal estatal. Cuando se objetó la validez de tal condena ante esta Corte, nos vimos ante un ejemplo casi perfecto de la interrelación existente entre la 4ta Enmienda y la 5ta Enmienda. Sin embargo, cada miembro de esta Corte que participó en la decisión del caso reconoció dicha interacción y se basaron en ella, al menos en alguna extensión, al justificar la revocación de la condena de Rochin. La mayoría, aun cuando se cuidó atentamente de no mencionar la disposición de la 5ta Enmienda que señala que no “se podrá obligar a nadie

116 U.S. en 635. Tal como lo expone la Corte, el enfoque del Sr. Magistrado Bradley con relación a la

interpretación de la Declaración de Derechos proviene directamente del espíritu con el cual la gran carta de libertad fue ofrecida para su adopción en la sala de la Cámara de Representantes por su redactor, James Madison: Si ellas [las primeras diez enmiendas] fueran incorporadas a la Constitución, los tribunales de justicia independientes se considerarán a sí mismos en forma peculiar como los guardianes de tales derechos; serán un baluarte impenetrable contra cualquier asunción de poder de parte del Legislativo o del Ejecutivo; resistirán con naturalidad cualquier invasión contra tales derechos expresamente estipulados en la Constitución a través de la Declaración de Derechos. I Anales del Congreso 439 (1789) 9

342 U.S. 165.

a testificar contra sí mismo”, demostró al menos que no desconocía la existencia de tal provisión, indicando: Las confesiones forzosas ofenden al sentido de juego limpio y decencia de la comunidad…Ello implicaría poner en ridículo a la responsabilidad que el curso de la historia depositó sobre esta Corte para sostener que, para condenar a una persona, la policía no puede extraer por la fuerza lo que se encuentre en su mente pero sí lo que se encuentra en su estómago10. Los métodos utilizados por la policía fueron entonces, de acuerdo con la mayoría, “demasiado cerca de la rueca y del tornillo como para permitir una diferenciación constitucional”11 y la condena fue revocada bajo el fundamento que estos métodos violaban la cláusula del Debido Proceso de la 14ta Enmienda pues el trato acordado a Rochin fue una suerte de “cargo de consciencia” una “ofensa al sentido de justicia” y falta al “respeto merecido por la decencia de la conducta civilizada”12. Adherí a la revocación de la condena del caso Rochin, pero con el argumento que la 14ta Enmienda hace aplicable la prohibición de autoincriminación de la 5ta Enmienda a los Estados y que, dado su alcance amplio antes que restringido, esta norma impide la introducción de esta “cápsula” de evidencia tanto como habría prohibido el uso de palabras que Rochin pudiera haber sido coaccionado a pronunciar13. Al arribar a esta conclusión, cité y me basé en el caso Boyd, la doctrina constitucional que consideré, necesaria, para fundar mi posición en este caso. Allí, sin embargo, este punto de vista se encontró definitivamente en minoría, siendo que únicamente el Sr. Magistrado Douglas y yo rechazamos este estándar flexible e incierto del test del “shock de consciencia” utilizado por la opinión mayoritaria14. Dos años después de Rochin, en el caso Irvine v. California15, una vez más debimos decidir acerca de la validez de una condena basada en evidencia obtenida de manera claramente inconstitucional y podría decirse que chocante para la conciencia. Los cinco votos redactados por esta Corte en dicho caso demuestran que la absoluta confusión e incertidumbre generadas por los casos Wolf y Rochin. En su voto concurrente el Sr.

Id. en 173.

Id. en 172.

Id. en 172, 173.

Id. en 174-177.

Véase el voto concurrente del Sr. Magistrado Douglas, en id. 177-179

347 U.S. 128.

Magistrado Clark enfatizó la insatisfactoria naturaleza del “test del shock de consciencia” creado por la corte, afirmando que tal test genera tal incertidumbre e imprevisibilidad que sería imposible predecir – más que por conjeturas – cuan descarada debe ser la invasión a la privacidad en orden a permitirle resguardarse en los brazos protectores de la Constitución. En verdad, el resultado práctico de tal enfoque ad hoc es simplemente que, cuando cinco Magistrados se vean lo suficientemente indignados por la acción de la policía local, puede revertirse una condena y un hombre culpable puede ser liberado16. Solo una cuestión ha derivado con total claridad del caso Irvine – que siete magistrados rechazaron el estándar constitucional del “shock de consciencia” enunciado en los casos

Wolf y Rochin. Empero, incluso esto no redujo la confusión en esta área de la ley, pues siguió la existencia de precedentes mutuamente inconsistentes, junto con la inhabilidad de la Corte para alcanzar una mayoría clara en el caso Irvine, dejó la situación tan incierta como lo había sido antes17. Finalmente, el día de hoy, aclaramos tal incertidumbre. Tal como entiendo la opinión de la Corte del día de hoy, una vez más rechazamos el confuso estándar del “shock de consciencia” de los casos Wolf y Rochin y, en su lugar, revocamos esta condena estatal con fundamentos en la precisa, inteligible y muy predecible doctrina constitucional enunciada en el caso Boyd. Adhiero totalmente a lo expresado por el Sr. Magistrado Bradley respecto a que las dos Enmiendas en las cuales se basa la doctrina del caso Boyd son de vital importancia en nuestro esquema de libertad y que ambas requieren una interpretación amplia antes que una restrictiva. Los tribunales de la nación deben conocer con la mayor seguridad el alcance que cubren. La opinión de la corte, desde mi punto de vista, disipa tal duda e incertidumbre en este campo del derecho constitucional, y estoy convencido, por éstas y otras razones que debemos apartarnos de puntos de vista previos, para aceptar como obligatoria en este caso estatal la doctrina del caso Boyd y adhiero íntegramente al fallo que está de acuerdo con tal doctrina constitucional.

Hugo Lafayette Black _____________________ EL SR. MAGISTRADO DOUGLAS concurre con el resultado: Aun cuando haya adherido a la opinión de la Corte, he de agregar algunas palabras. Este caso penal se inició a raíz de un registro ilegal. La policía ingresó en una residencia por vía de la fuerza y tomó documentos que, posteriormente, fueron utilizados para obtener la condena de la ocupante de la misma.

Id. en 138.

Véase igualmente United States v. Rabinowitz, 339 U.S. 56, 66-68 (opinión disidente).

La misma residía con su hija, una adolescente de quince años, en el segundo departamento de un dúplex en Cleveland. Alrededor de la 1.30 por la tarde del día 23 de mayo de 1957, tres agentes de policía arribaron a su residencia. Pulsaron el timbre, y la recurrente, asomándose a la ventana, les preguntó qué necesitaban. De acuerdo al testimonio posterior, los agentes llegaron a su casa gracias a una fuente confidencial según la cual en su residencia se escondía una persona buscada para ser interrogada a raíz de un bombardeo reciente1. A una pregunta formulada por la recurrente, éstos respondieron que únicamente deseaban hablar con ella y que no indicarían el objeto respecto al cual deseaban charlar. La recurrente, que había contratado a un abogado en el marco de un litigio civil pendiente, señaló a los agentes que contactaría con éste a fin de indagar si debía o no permitirles la entrada. Con el consejo de su abogado, ésta señaló que únicamente les permitiría pasar en caso que contaran con una orden judicial válida. Durante dos horas y media, la policía sitió la casa. A las cuatro en punto, su número se incrementó hasta llegar a siete. El abogado de la recurrente se presentó en el lugar y uno de los agentes señaló que ahora contaban con una orden judicial, empero, se negó a exhibirla. Por el contrario, dirigiéndose a la puerta trasera, el oficial primero trató de derribarla a puntapiés, y, cuando tal intento se mostró infructuoso, éste rompió el vidrio de la puerta y la abrió por la parte de adentro. La recurrente, que se encontraba en las escaleras que conducían a su residencia requirió ver la orden judicial, empero el oficial se negó a exhibirla, no obstante, agitó un papel ante su rostro. Ésta lo tomó y lo escondió dentro de su vestimenta. El agente de policía la tomó, recuperó el papel, y la esposó a otro agente. La misma fue conducida escaleras arriba y puesta en la recámara más amplia del departamento en cuya cama fue obligada a sentarse. Mientras tanto, los demás agentes ingresaron a la residencia y realizaron una minuciosa búsqueda en cada una de las cuatro habitaciones del departamento así como en el sótano de la casa. Los testimonios con relación a este punto no resultan contradictorios. El enfoque de los policías, su larga espera del lado policías, su larga espera en el exterior de la residencia, observando cada puerta; la llegada de refuerzos armados con un papel2; su ingreso a la

Esta “fuente confidencial” señaló a la policía, en la misma comunicación, que “había gran cantidad de

parafernalia política oculta en la casa”. 2

La pretendida orden judicial ha desaparecido del caso. El Estado no realizó intento alguno por

demostrar su existencia, su emisión o contenido, ni en la audiencia preliminar correspondiente a la moción para suprimirla ni en el juicio. La Corte Suprema de Ohio señaló:

casa; reteniendo a la recurrente y esposándola; numerosos agentes revisando cada cuarto y mueble o utensilio mientras la misma se hallaba sentada, una prisionera en su propia habitación. Existe un conflicto directo en el testimonio, no obstante, con relación al lugar en que fue hallada la evidencia que sirvió de base a la condena. Para comprender el significado de este conflicto, hemos de entender que el presente caso se fundamenta en la posesión con pleno conocimiento3 de cuatro pequeños panfletos, un par de fotografías y un pequeño lápiz garabateado – a los cuales se atribuyó el carácter de pornográficos. Según los agentes de policía que participaron en la búsqueda, estos artículos fueron hallados, algunos en los armarios y otros en una maleta ubicada bajo su cama. Según la recurrente la mayor parte de ellos fueron hallados en una caja de cartón guardada en el sótano; y una en la maleta ubicada bajo su cama. Todo este material señaló la recurrente – y una amiga de ésta – eran chucherías pertenecientes a un huésped reciente, un hombre que se marchó de pronto a New York siendo detenido allí. Según la lectura que de la ley realizó la Corte Suprema de Ohio bajo la cual se imputaron los cargos a la recurrente, ésta resulta culpable sin importar la veracidad o no de la historia. La Corte Suprema de Ohio confirmó la condena aun cuando ésta se basó en documentos obtenidos a través de una búsqueda ilegal. Al respecto, en Ohio, la evidencia obtenida a través de una búsqueda no autorizada es admisible en un proceso penal, siempre que no haya sido obtenida “de la persona del acusado a través de la utilización de fuerza bruta en contra del mismo”. State v. Mapp, 170 Ohio St. 427, 166 N.E.2d at 388, syllabus 2; State

v. Lindway, 131 Ohio St. 166, 2 N.E.2d 490. Esta evidencia, no obstante, resulta inadmissible en un proceso federal. Weeks v. United States, 232 U.S. 383; Elkins v. United States, 364 U.S. 206. Por lo expuesto en el ultimo fallo citado, la 14ta Enmienda…impuso a los tribunales de los Estados Unidos y a los funcionarios federales, para lo que respecta al ejercicio su poder y autoridad, ciertos límites y restricciones…

Existen, en autos, dudas considerables con respecto a si realmente existió una orden judicial para registrar la residencia de la acusada…Efectivamente…no existe orden judicial alguna que autorice la búsqueda…de cualquier “libro, dibujo [o] fotografía lasciva” 170 Ohio St. 427, 430, 166 N.E.2d 387, 389 (énfasis suplido). 3

El Código Revisado de Ohio en el §2905.34 dispone: Nadie podrá, con pleno conocimiento…tener en su posesión o bajo su control libros obscenos u oscuros [o]…figuras…” “Quien viole esta norma será multado con menos doscientos y no más de dos mil dólares o con pena privativa de libertad no menor a uno ni mayor a siete años o ambos.

Id. 391-392. Sin embargo, se sostuvo que la evidencia obtenida (en este caso documentos y correspondencia) de una residencia sin una orden judicial no resultaba admisible en un proceso federal. En el caso Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25, sostuvimos que la 4ta Enmienda era aplicable a los Estados a través de la cláusula del Debido Proceso de la 14ta Enmienda. Empero, la mayoría señaló que la regla de exclusión del caso Weeks no constituía un requerimiento hecho a los Estados, sino que éstos estaban en posición de aplicar las sanciones de su elección. Esta postura tuvo los votos para llevarse el día. Sin embargo, con todo el debido respeto, no constituyó la voz de la razón o de los principios. Como se dijo en el caso Weeks, si la evidencia es tomada en violación a la 4ta Enmienda puede ser utilizada contra un acusado, “su derecho a ser protegido contra tales búsquedas y registros carece de valor, y… bien podría ser excluida de la Constitución”. 232 U.S., en 393. Cuando permitimos a los Estados otorgar sanción constitucional a este “negocio en mal estado” de entrada ilegal a una residencia (por utilizar la expresión del Sr. Magistrado Murphy en el caso Wolf v. Colorado, en 46), privamos a la 4ta Enmienda de mucha fuerza significativa. Existen, por supuesto, otros remedios teóricos. Una constituye una acción disciplinaria dentro de la jerarquía del sistema de policía, incluido el procesamiento del agente de policía por hechos punibles. Así, como lo dijo el Sr. Magistrado Murphy en el caso Wolf v. Colorado, en 42: El auto-escrutinio constituye un noble ideal, empero su exaltación alcanza nuevos horizontes cuando esperamos que un Fiscal se procese a sí mismo o a sus subordinados por bien demostradas violaciones a la cláusula de búsqueda y cateo durante un procedimiento fiscal ordenado por él o por sus asociados. El único remedio que queda, en caso de no requerirse la exclusión de la evidencia, radica en una acción por prevaricación promovida por el dueño de la casa contra el agente que haya ofendido. El Sr. Magistrado Murphy demostró cuan onerosa y difícil vendría a ser para el ciudadano promover tal acción, y cuan magro el alivio en caso de triunfar el ciudadano. 338 U.S. 42. La verdad es que acciones promovidas contra los oficiales que realicen búsquedas y registros ilegales son solamente remedios ilusorios. Sin acción judicial que torne aplicable la regla de exclusión aplicable a los Estados, Wolf

v. Colorado, en forma práctica, redujo las garantías contra las búsquedas y registros ilegales a “letras muertas”, como lo sostuvo el Sr. Magistrado Rutledge en su voto disidente. Véase 338 U.S. en 47. El caso Wolf v. Colorado, supra, fue resuelto en 1949. El resultado inmediato fue una tormenta de controversias constitucionales que únicamente viene a concluir el día de hoy. Creo que el presente es un caso apropiado con el cual dar por concluida la asimetría

introducida al derecho a través del caso Wolf. Véanse, Stefanelli v. Minard, 342 U.S. 117;

Rea v. United States, 350 U.S. 214; Elkins v. United States, supra; Monroe v. Pape, 365 U.S. 167. Éste es un caso apropiado pues los hechos que presenta demuestran – tal como los demás – la casual arrogancia de aquellos que cuentan con el poder sin límites para invadir nuestras residencias y catear nuestras personas. Igualmente es un caso apropiado en el más estrecho y técnico sentido. Las cuestiones de la ilegalidad de la búsqueda y la admisibilidad de la evidencia han sido presentadas a los tribunales estatales, y fueron debidamente analizadas aquí de acuerdo con la regla práctica aplicable4. La cuestión fue expuesta en el recurso, en el sumario jurisdiccional y en el memorial del recurrente con relación al fondo5. Cierto es que el argumento fue mayormente dirigido a otra cuestión planteada por el caso, empero ello casi siempre es así. Véase Rogers v. Richmond, 365 U.S. 534. Por supuesto, un defensor ferviente de una posición siempre cree que, si tan solo tuviera una oportunidad adicional para presenter un argumento, su postura prevalecería. Empero, sometida a la dirección de la discresión de un tribunal, todo argumento debe al fin arribar a un término. Esto es especialmente cierto en cuanto a un tema sobre el cual esta Corte dijo el año pasado que “los argumento de los antagonistas y protagonistas han sido tantas veces planteados que prácticamente no requieren de elaboración”. Elkins v. United States, supra, 216. Por otra parte, de continuar Wolf v. Colorado en total vigencia alimenta la indecorosa cuestión del tipo al que se refirió el caso Wilson v. Schnettler, 365 U.S. 381. Si la evidencia, inadmisible ante los tribunales federales, viene a ser admisible ante los tribunales estatales existirá un “doble estándar” el cual, como lo hace notar la Corte, lleva a “acuerdos de trabajo” que, socava la política federal y reduce en algunos aspectos el cumplimiento de la ley con relación negocios turbios. La regla que apoya esta práctica no tiene a la fuerza de la razón de su parte.

William Orville Douglas. _____________________

La Regla 10(2)(c) de las Reglas de la Corte Suprema de los Estados Unidos disponen: El

recurso

apelación…deberá

exponer

las

cuestiones

presentadas

por

mismo…Únicamente las cuestiones así presentadas y allí contenidas serán consideradas por la Corte. 5

¿La conducta de la policía al buscar los libros, papeles y fotografías presentadas por la Fiscalía como

evidencia, violan la 4ta Enmienda, la 5ta Enmienda y la sección 1 de la 14ta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos?

Declaración del SR. MAGISTRADO STEWART: Estando totalmente de acuerdo con la Parte I del voto disidente del SR. MAGISTRADO HARLAN, no me referiré a la cuestión constitucional de fondo que la Corte resuelve el día de hoy. Sin embargo, me inclinaría por revocar el fallo impugnado en el presente caso, pues estoy persuadido que la previsión del §2905.34 del Código Revisado de Ohio, en el cual se basó la condena de la recurrente, no resulta, en palabras del SR. MAGISTRADO HARLAN, “consistente con los derechos de libertad de pensamiento y expresión asegurados que la 14ta Enmienda protege contra toda intrusión estatal”.

Potter Stewart. _____________________ EL SR. MAGISTRADO HARLAN con adhesión de los SRES. MAGISTRADOS FRANKFURTER y WHITTAKER, en disidencia: Al revocar la jurisprudencia del caso Wolf, la Corte, en mi opinión, ha olvidado el sentido de la restricción judicial el cual, observando debidamente al principio del stare decisis, constituye uno de los elementos a ser considerados para decidir si un precedente anterior de esta Corte debe ser dejado sin efecto. Aparte de ello, creo igualmente que la regla del caso Wolf representa una doctrina constitucional más sólida que la que ahora la reemplaza. I De acuerdo a la exposición que la Corte hace del caso, podría pensarse que la cuestión central, si no la principal, planteada en la presente apelación radica en si la evidencia ilegalmente obtenida por el Estado resulta constitucionalmente admisible en un proceso tramitado ante un tribunal estatal, una cuestión que, obviamente, nos pondría ante la necesidad de reexaminar el caso Wolf. Sin embargo, esa no es la situación. Porque, a pesar de que la cuestión se planteó de hecho aquí y más adelante entre los puntos subordinados del recurrente, la nueva y esencial cuestión tratada por la Corte en esta apelación consiste en si el §2905.34 del Código Revisado de Ontario, que penaliza la mera posesión con conocimiento de materiales obscenos1, y según el cual la recurrente ha sido condenada, es consistente con los derechos de libertad de pensamiento y expresión asegurados que la 14ta Enmienda protege contra toda intrusión estatal2. Esta fue la cuestión principal

Las partes esenciales de la ley están trasncriptas en la nota 1 a la opinión de la Corte. Ante, p. 643.

En su nota 3, ante, p. 646, la Corte, al parecer, ha puesto de cabeza la importancia relativa de la

dependencia del recurrente en los diversos puntos planteados por él en esta apelación.

resuelta por la Corte Suprema de Ontario3, la cual fue expuesta en la Declaración Jurisdiccional de la recurrente4, y fue fundamentada5, y alegada ante esta Corte6.

Véase 170 Ohio St. 427, 166 N.E.2d 387. Habida cuenta de la inusual provisión de la Constitución de

Ohio que requiere “la concurrencia de, al menos, todos menos uno de los magistrados” de la Corte Suprema de Ohio para que una ley estatal pueda ser declarada inconstitucional (excepto cuando una afirmación o declaración de inconstitucionalidad sea pronunciada por la Corte de Apelaciones de Ohio). Const. de Ohio, Art. IV, §2, la Corte Suprema estatal se vio compelida a confirmar la constitucionalidad del §2905.34 aun cuando, de hecho, cuatro de los siete magistrados, consideraban a dicha norma como contraria a la 14ta Enmienda. 4

Con relación a la sustancialidad de las cuestiones federales planteadas en la presente apelación, la

Declaración Jurisdiccional de la recurrente contiene lo siguiente: Las cuestiones federales planteadas por la presente apelación resultan sustanciales por las siguientes razones: La ley de Ohio según la cual fue condenada la recurrente viola el derecho sagrado a poseer y controlar la propiedad, a la cual le fue dada un carácter inviolable por la Constitución Federal. El derecho de los individuos a leer, creer o no creer, y a pensar sin supervisión gubernamental constituye una de nuestras libertades básicas, empero, dictar a adultos que libros ha de poseer dentro de su propiedad parece constituir una clara infracción a los derechos constitucionales del individuo. (Voto disidente del Magistrado Herbert, Apéndice “A”). Muchas condenas han seguido a la de la recurrente ante los tribunales de Ohio con base a la misma disposición legal. A menos que esta Honorable Corte analice esta cuestión y determine de una vez por todas que tal norma es inconstitucional tal como lo afirma la recurrente, existirán numerosas apelaciones. Cuando los §§2905.34, 2905.37 y 3767.01 del Código Revisado de Ohio [las dos últimas disposiciones proveen excepciones al alcance del §2905.34 y disposiciones conexas de las leyes de Ohio relativas a la obscenidad] son leídos en conjunto…obviamente contravienen a las disposiciones constitucionales Federales y Estatales; a través de condenas basadas en las leyes aquí involucradas, y en la manera en que ha sido condenada se ha denegado a la recurrente el debido proceso legal; una sentencia de 1 (uno) a 7 (siete) años de pena privativa de libertad por una alegada violación de esta inconstitucional disposición del Código Revisado de Ohio priva a la recurrente de su derecho a la libertad y la búsqueda de la felicidad, lo cual es contrario a las disposiciones constitucionales federales y estatales, en circunstancias que ella misma no puso en movimiento, y es una pena cruel e inusual infligido a su contrario a las Constituciones Estatal y Federal. 5

El memorial de la recurrente no requiere la revocación del precedente Wolf. Amén de ello, la misma ni

siquiera cita el caso. El memorial del recurrido simplemente se apoya en el caso Wolf para alegar que la determinación del Estado respecto a que la condena de la recurrente no se encuentra viciada por la admisión de evidencia obtenida a través de una búsqueda o registro realizada en forma ilegal por la policía. El memorial de la American Civil Liberties Union y de la Ohio Civil Liberties Union, en carácter de

amicus curiae, en uno corto párrafo conclusivo de su alegato, “solicitó” a la Corte el reexamen y revocación del precedente del caso Wolf, empero sin argumentarlo. Citaré la totalidad de esta parte de su memorial:

Ante este estado de cosas, creo necesario señalar que cinco miembros de la Corte simplemente “han acordado” revocar el precedente del caso Wolf. Con todo el debido respecto a la opinión mayoritaria, y reconociendo que el principio del stare decisis conlleva un distinto peso en el examen constitucional que aquel con que cuenta en una decisión que no reviste carácter constitucional, no encuentro justificación alguna en el presente caso que haga apropiado el reexamen del caso Wolf. La acción de Corte carece de soporte en la regla que señala que una decisión en materia constitucional debe evitarse siempre que sea posible. En efecto, para revocar el precedente del caso Wolf, antes que analizar la validez del §2905.34 del Código Revisado de Ohio, simplemente escogió entre dos cuestiones constitucionales. Aún más, sostengo que la misma se inclinó por la más difícil y menos apropiada de las dos. La ley de Ohio la cual, tal como ha sido interpretada por la Corte Suprema estatal, sanciona la posesión o control de material obsceno, sin que a ello obsten las razones de tal posesión o control (en este punto no existen excepciones aplicables)7, y sin que importe si el acusado cuenta con algún argumento razonable que permita desvincularlo de tal material una vez conocido su carácter obsceno8, ciertamente presenta una cuestión constitucional que a la

Este caso presenta la cuestión de si la evidencia obtenida en una búsqueda o registro ilegal puede ser constitucionalmente utilizada en un procedimiento penal tramitado ante instancias estatales. Somos conscientes de la opinión sentada por esta Corte en el caso Wolf

v. Colorado, 338 U.S. 25. Nuestro propósito a través del presente párrafo es solicitar respetuosamente a la Corte el reexamen de la cuestión y la conclusión que el concepto de libertad que se asegura a las personas a través de la cláusula del debido proceso de la 14ta Enmienda necesariamente requiere que la evidencia obtenida en forma ilegal, no es admisible en procedimiento penales tramitados ante instancias estatales. 6

El abogado de la recurrente durante los alegatos orales, tal como en su memorial, no requirió la

revocación del precedente del caso Wolf. Asimismo, cuando fue presionado a través de preguntas de parte de los magistrados si, en efecto, solicitaba se deje sin efecto el citado precedente, el mismo expresó que actuaba con tal propósito. 7

2905.37 PUBLICACIONES LEGÍTIMAS NO OBSCENAS. Los arts. 2905.33 a 2905.36, inclusive, del Código

Revisado de Ohio no afecta a la enseñanza en Facultades de Medicina legalmente constituidas, la publicación de libros estándares de medicina, así como a los médicos o farmacéuticos en el ejercicio regular de su negocio, y tampoco afectan a la publicación y distribución de obras de arte de buena fe. Ninguna de los artículos especificados en los arts. 2905.33, 2905.34 y 2905.36 del Código Revisado deben ser considerados como obras de arte a menos que el mismo sea creado, publicado y distribuido a través de una asociación para el desarrollo del arte que haya demostrado que su propósito no contraviene a las disposiciones de los arts. 2605.06 al 2609.44, inclusive, del Código Revisado, y que no cuente con fines de lucro. § 3767.01(c). Este artículo y los artículos 2905.34…2905.37…del Código Revisado no afectan…a ningún diario, revista u otras publicaciones clasificadas como de segunda clase por la oficina de correos. 8

La Corte Suprema de Ohio, en su interpretación del §2905.34, vinculante para nosotros, se negó a

importar cualquier otra excepción que aquellas expresamente proveídas por la ley. Véase nota 7, supra.

vez es mucho más simple y de menor alcance que la cuestión resuelta el día de hoy por la Corte. Desde mi óptica, la justicia habría sido hecha igualmente en este caso sin revocar un fallo en el cual la administración de la justicia penal de diversos estados se ha apoyado durante largo tiempo. Siendo que de los términos de la petición incoada y que ahora analizamos no se desprende que se nos haya requerido examinar la cuestión de la validez del precedente del caso

Wolf, creo que el caso de autos nos proporciona una ocasión singularmente inapropiada para reconsiderar dicha decisión, en caso que ello resulte verdaderamente posible. Incluso el más somero examen revelará que la doctrina del caso Wolf ha sido de continua importancia para la administración de la justicia penal de los Estados. Sin embargo, ciertamente a consecuencia de su aspecto de “no exclusión”, el caso Wolf no hizo sino articular la por entonces existente asunción entre los Estados que los casos federales que apoyaban la regla de exclusión no obligan a los Estados, pues de su interpretación de las disposiciones de la Constitución Federal, la 4ta Enmienda y la 5ta Enmienda no se aplican a los Estados.

People v. Defore, 242 N.Y. 13, 20, 150 N.E. 585, 587. Esto, por supuesto, no refleja la plenitud de esa continua dependencia, sostengo que, durante los últimos tres períodos, por ejemplo, la cuestión de la inadmisibilidad de la evidencia ilegalmente obtenida por los estados se ha presentado en alrededor de quince ocasiones por período en los casos

in forma pauperis que resolvemos en forma sumaria. Esto indicaría que la cuestión que ahora decidimos bien puede tener ramificaciones prácticas indeseables con relación a los casos estatales que desde hace largo tiempo se apoyan en el caso Wolf, y que habiendo determinado la necesidad de su reexamen no nos habrían faltado oportunidades de hacerlo en el futuro. La ocasión que la Corte ha tomado aquí es en contexto del caso en el cual la cuestión fue planteada y no argumentada del todo sino en forma extremadamente tangencial. La imprudencia de revocar el precedente del caso Wolf sin un argumento completo se ve agravada por la circunstancia que el mismo constituye un precedente relativamente reciente (1949) al cual tres miembros de la actual mayoría de la Corte han adherido en una u otra ocasión, una, con explícitos recelos9. Creo que nuestra obligación para con los

No obstante, sostuvo que “si alguien observa un libro y lo encuentra obsceno él es inmediatamente, bajo esta legislación, culpable…”. 9

Véase Wolf v. Colorado, 338 U.S., en 39-40; Irvine v. California, 347 U.S. 128. En el último caso, resuelto

en 1954, el Sr. Magistrado Jackson, redactando en nombre de la mayoría, señaló (en la p. 134): “Pensamos que el precedente del caso Wolf no debe ser revocado, por las razones que éste persuasivamente expone”. Comparar con Schwartz v. Texas, 344 U.s. 199 y Stefanelli v. Minard, 342 U.S.

Estados, a quienes venimos a imponer esta nueva regla, tal como la obligación de adherir ordenadamente a nuestros propios precedentes requiere que busquemos ayuda en el adecuado planteamiento de los argumentos que lleven a la resolución de una importante cuestión. Ciertamente nunca ha sido postulado del poder judicial que la mera alteración de la disposición, o en la composición de la Corte, constituya una garantía suficiente para proceder a la anulación deliberadamente decidida de una regla de derecho constitucional. Así, si la Corte debiera reconsiderar el caso Wolf, soy susceptible a creer que pronto se nos habría presentado una oportunidad apropiada en cual contáramos con el beneficio de unos argumentos debidamente presentados. En todo caso, al menos, el presente caso debió ser calendarizado para una nueva ronda de alegatos, ante la inadecuada presentación de los argumentos que recibimos con relación al caso Wolf. Para todos los efectos y propósitos, la presente acción de la Corte llevó a la revocación sumaria del precedente del caso Wolf, sin habérselo argumentado. Me veo obligado a decir que lo que ha sido hecho no lleva a promover el respeto ni por el procedimiento de adjudicación de la Corte ni por la estabilidad de nuestras decisiones. Habiendo sido incapaz, no obstante, de persuadir a ninguno de los miembros que formaron la mayoría a tomar un curso procesal distinto, ahora me referiré a la cuestión de fondo del presente caso. II El argumento esencial de la mayoría contra el caso Wolf es la proposición de que la regla del caso Weeks v. United States, 232 U.S. 383, que excluye en casos penales federales la utilización de evidencia obtenida en violación a la 4ta Enmienda, deriva no del “poder de supervisión” de esta Corte respecto del sistema judicial federal, sino de un requerimiento constitucional. Esto es así pues nadie, supongo, vendrá a sugerir que la Corte posee algún tipo de poder de supervisión respecto de los tribunales estatales. Aunque mantengo considerables dudas con relación a la solvencia de esta proposición fundamental de la mayoría, cf. Wolf v. Colorado, 338 U.S. en 39-40 (voto concurrente), asumo que para el presente propósito, la regla del caso Weeks es de “origen constitucional”. El punto central de la opinión mayoritaria en el presente caso radica en el siguiente silogismo: (1) la regla que excluye en los casos penales federales la evidencia que haya sido obtenida de una búsqueda o registro ilegal es “parte integrante” de la 4ta Enmienda; (2) el caso Wolf sostuvo que la “privacidad” asegurada contra la acción federal por la 4ta Enmienda se encuentra también protegida contra la acción estatal a través de la 14ta

117, en los cuales se discutió el caso Wolf el cual no fue desaprobado de manera alguna. Véase

igualmente Pugach v. Dollinger, 365 U.S. 458, el cual se fundó en el caso Schwartz.

Enmienda, y (3) por tanto, resulta “lógica y constitucionalmente necesario” que la regla de exclusión del caso Weeks sea igualmente aplicable a los Estados10. Este razonamiento se sustenta en última instancia en la errónea premisa que, siendo que el caso Wolf incluyó a los Estados como parte del “concepto ordenado de libertad” incluyó en la 14ta Enmienda, el principio de “privacidad” contenido en la 4ta Enmienda (338 U.S en 27), por lo que éstos deben seguir todas las configuraciones de la 4ta Enmienda que hayan sido desarrolladas en los particulares precedentes federales por lo cual éstos han de ser igualmente señalados como parte de la “libertad ordenada” y como tal oponible a los Estados. Desde mi punto de vista ello no es así. Nunca se enfatizará suficientemente que aquello que fue reconocido en el caso Wolf no fue que la 4ta Enmienda, como tal, es aplicable a los Estados como una faceta del debido proceso, una visión de la 14ta Enmienda que, como se declaró en el mismo caso Wolf (338 U.S. en 26), se encuentra desacreditada desde hace largo tiempo, sino al principio de privacidad “que constituye el centro de la 4ta Enmienda” (Id., en 27). No sería apropiado esperar o imponer alguna equivalencia precisa, ya sea en cuanto al alcance del derecho o los medios de su aplicación, entre los requerimientos de la 4ta Enmienda y la 14ta Enmienda. Para la cuarta, al contrario de lo que se dijo en el caso Wolf de la decimocuarta, no solamente establece un principio general; sino que es una orden particular que tiene su origen en un contexto legal preexistente el cual debe ser construido tanto a través la interpretación de las decisiones como de las leyes. Así, incluso en un caso que ha presentado simplemente la cuestión de si una particular búsqueda o registro ha sido constitucionalmente “irracional” – es decir, una acción de indemnización por daños y perjuicios contra la policía estatal – no seríamos fieles a la 14ta Enmienda en caso de limitarnos a extender el alcance del principio general de privacidad individual en un proceso construido sobre precedentes federales basados en la 4ta Enmienda. Empero, en esta instancia más de lo que está involucrado, ya que aquí no estamos revisando la determinación de que la acción de la policía estatal resultaba constitucionalmente permisible (desde que el tribunal estatal asumió que evidentemente no lo era), sino la determinación que la recurrente ha sido declarada culpable en forma correcta por una conducta que, para lo que importa, el Estado puede sancionar constitucionalmente. Habida cuenta que no existe la mínima sugerencia que la política de Ohio es “afirmativamente sancionar…la intrusión policial en la privacidad” (338 U.S. en 28), comparar Marcus v. Search Warrants, post, p. 717, lo que ahora la Corte hace es imponer a los Estados no solo sustanciales estándares federales con relación a “búsqueda y registro”, sino también los remedios básicos federales con relación a la violación de tales estándares. Pienso que resulta totalmente claro que la regla de exclusión del caso

En efecto, solo cuatro miembros de la mayoría apoyan este razonamiento. Véase pp. 685-686, infra.

Weeks es más que un remedio que, al penalizar la mala conducta oficial pasada, tiene como objetivo disuadir la misma en el futuro. Si de mí dependiera no impondría a los Estados esta regla de exclusión federal. Las razones señaladas por la mayoría para, súbitamente, dar la espalda al caso Wolf me parecen notablemente poco convincentes. Primero, se ha dicho que “el contexto fáctico en el cual se basó el caso Wolf” ha cambiado, en efecto más Estados siguen ahora la regla de exclusión del caso Weeks que los que lo hacían al tiempo que el caso Wolf ha sido decidido. Aun cuando ello sea verdad, un reciente estudio indica que, actualmente, la mitad de los Estados aún adhieren a la regla de no exclusión del common law, Maryland aún la retiene para los delitos graves. Berman and Oberst, Admissibility of Evidence Obtained by an Unconstitutional Search and Seizure, 55 N.W.L.Rev. 525. Empero, en todo caso, ciertamente todo ello excede este punto, tal como la mayoría parece reconocer. Nuestra preocupación radica, como lo fue en el caso

Wolf, no en la deseabilidad de tal regla, sino solamente en la cuestión si los Estados son constitucionalmente libres para seguirla o no según su propia determinación, y la relevancia de la disparidad de puntos de vista entre los Estados con relación a este punto simplemente radica en el hecho de que la sentencia en cuestión es discutible. Por otra parte, el hecho principal en el cual se apoya la mayoría, en lugar de prestar apoyo a lo que se está haciendo ahora, pone aparte la necesidad de sustituir la acción del Estado voluntaria con la compulsión federal. La preservación de un balance óptimo entre la responsabilidad federal y estatal en la administración de la justicia penal requiere paciencia de parte de aquellos que a los que les gustaría ver que las cosas se mueven más rápido entre los Estados a este respecto. Los problemas de aplicación de la ley penal varían sustancialmente de Estado a Estado. Un Estado, al considerar la totalidad de su ordenamiento legal, puede concluir la necesidad de abrazar la regla del caso Weeks resulta de la falta de adecuación o no disponibilidad de otros medios para cumplir con los principios constitucionales sustanciales

involucrados.

Otro,

igualmente

solícito

respecto

los

derechos

constitucionales, puede escoger perseguir un propósito a la vez, permitiendo a toda la evidencia relevante para obtener una condena ser presentada ante un tribunal penal, y tratando con las infracciones constitucionales con otros medios. Otro más puede considerar que la regla de exclusión un remedio demasiado áspero y listo, el cual sólo llega a intrusiones inconstitucionales en la persecución penal de las víctimas. Además, otro Estado tras experimentar con la regla del caso Weeks por un tiempo puede, a causa de experiencias insatisfactorias con ésta, decidir volver a la regla de no exclusión. Y así por delante. Desde el punto de vista de la permisibilidad constitucional de imponer al Estado una dirección u otra, no veo por qué “el tiempo ha dado la espalda” a las consideraciones que llevaron al Sr. Magistrado Cardozo, a la sazón juez presidente de la Corte de Apelaciones de New York, a rechazar en el caso People v. Defore, 242 N.Y. 13,

la regla de exclusión del caso Weeks. Para nosotros, la cuestión permanece, como siempre ha sido, una del poder estatal, no una de emitir un juicio sobre la sabiduría de un tribunal estatal u otro. En mi opinión, esta Corte debió seguir absteniéndose de encadenar a los Estados con una regla inflexible que podría impedirles hacer frente a sus propios problemas peculiares en aplicación de la ley penal. Además, se nos dice que imponer la regla del caso Weeks a los Estados tiene “muy buen sentido”, pues ello promoverá el reconocimiento por parte de los funcionarios estatales y federales de su “mutua obligación de respetar los mismos criterios fundamentales” en la aplicación de la ley, y evitará “conflictos innecesarios entre los tribunales federales y estatales”. No obstante, la mayoría ahora encuentra incongruente la diferenciación que realiza el caso Wolf entre las demandas de "libertad ordenada", como aspectos del derecho fundamental de la "privacidad" y los medios para asegurarla entre los Estados. Esta percepción, siendo tanto una cuestión sensible para nuestro sistema federal y un sonado reconocimiento de la lejanía de esta Corte de particulares problemas estatales, constituye, según mi entender, la fuerza de dicha decisión. Un enfoque que considera a la cuestión como una destinada a lograr la simetría procesal o la búsqueda de la conveniencia administrativa con toda seguridad desfigura los límites de las funciones de esta Corte con relación a los tribunales federales y estatales. Nuestro rol al dictar la regla del caso Weeks y sus extensiones en casos tales como Rea, Elkins y

Rios11 fue muy distinto al que ahora se ejerce. Ahora, al implementar la 4ta Enmienda, venimos a ocupar la posición de un tribunal que cuenta con la responsabilidad última de desarrollar los estándares y procedimientos de administración judicial dentro del sistema judicial que preside. Venimos a revisar procedimientos estatales cuyas medidas han de ser tomadas no contra las específicas y sustantivas órdenes de la 4ta Enmienda, sino dentro de los contornos flexibles de la cláusula del debido proceso. No creo que la 14ta Enmienda faculte a esta Corte a moldear los remedios estatales para asegurar el derecho a la libertad frente a las “intrusiones arbitrarias de la policía” a fin que éstos sigan sus propias nociones de cómo deben hacerse las cosas, como, por ejemplo, lo hizo la Corte Suprema de California en el caso People v. Cahan, 44 Cal.2d 434, 282 P.2d 905, con relación a los procedimientos ante los tribunales de California, o como lo hizo esta misma Corte en el caso Weeks con relación a los tribunales federales inferiores. Una condena estatal viene ante nosotros como un producto completo de la soberanía del sistema judicial. Típicamente, un caso será juzgado ante un juzgado de primera instancia, y revisado ante una instancia final de apelación, y no más. En el caso relativamente raro que accedamos a revisar una condena en lo que atañe a cuestiones vinculadas con el debido proceso, tratamos con un producto terminado en cuya creación no tenemos intervención, y nuestro deber, lejos de constituir un gran supervisor, se restringe, por 11

Rea v. United States, 350 U.S. 214; Elkins v. United States, 364 U.S. 206; Rios v. United States, 364

U.S. 253.

decirlo

términos

generales,

verificación

que

proceso

haya

sido

constitucionalmente justo. Las particularidades del juicio, las cuales en todo sistema jurídico maduro variarán en gran medida y detalle, son únicamente de competencia de los Estados. No veo la manera en que pueda decirse que un juicio sea injusto por la sola razón que el Estado haya determinado que la evidencia pueda ser considerada por el juzgador de los hechos, sin que importe la manera en que ésta haya sido obtenida, en caso que ello resulte relevante a la cuestión de la que se ocupa el juicio, para la culpabilidad o inocencia del acusado. Por supuesto, un tribunal puede utilizar sus procedimientos como cuestiones incidentales para la persecución de otros fines distintos a la corrección de resoluciones de las controversias ante sí. Tal es, así, la regla del caso

Weeks, pero si el Estado no escoge utilizarlo en sus tribunales de esta manera, no creo que esta Corte esté facultada a imponer este procedimiento harto debatido en sus tribunales, sin que importe lo eficaz que pueda considerarse a la regla del caso Weeks a fin de salvaguardar derechos constitucionales. Finalmente, es necesario señalar que la revocación del precedente Wolf se apoya en la doctrina de que la admisión como evidencia de una confesión involuntaria vuelve constitucionalmente inválida a una condena estatal. Siendo que tal confesión a menudo puede ser completamente fiable, y por tanto de gran relevancia para la cuestión discutida en el juicio, el argumento prosigue, esta doctrina se encuentra ampliamente asegurada en distintos precedentes que señalan que la manera de su obtención, y no solo su relevancia, es lo constitucionalmente significativo para que el juicio pueda ser tenido por justo. Considero que esta analogía no se ajusta a la verdad. La regla de la “confesión forzosa” ciertamente no señala que ninguna declaración obtenida en forma ilegal pueda ser utilizada como prueba. Supongo que una declaración cuya obtención se procura durante un período de detención ilegal (McNabb v. United States, 318 U.S. 332) resulta, tanto una prueba obtenida en infracción a la ley, como ilegal, empero esta Corte en forma consistente se ha negado a revocar condenas pronunciadas sobre la base de tales declaraciones. No obstante, al parecer la Corte dejó en reposo el mismo argumento ahora expuesto por la mayoría cuando, en el caso Lisenba v. California, 314 U.S. 219, un caso relativo a una confesión obtenida por el estado en forma forzosa señaló (en 235): Debe asumirse que el trato dispensado al recurrente [por la policía]…lo privó de su libertad sin ajustarse al debido proceso, y que el recurrente podría haber contado con alivio preventivo de haber tenido ocasión de acceder a un tribunal para buscarlo. Empero, los actos ilegales cometidos en el curso de la obtención de la confesión…no proporcionan una respuesta a la cuestión constitucional cuya resolución se nos requiere…El fundamento de su agravio radica en la injusticia de la utilización de sus confesiones, y lo ocurrido durante su obtención es relevante únicamente cuando se refiere a tal cuestión.

(Énfasis suplido). El punto, así pues, debe ser que, al sernos requerida la exclusión de una declaración involuntaria de un acusado, no nos encontramos ante un remedio apropiado ante la actuación de la policía, sino ante algo considerado como el núcleo central del nuestro concepto de proceso judicial justo. El supuesto operativo de nuestro sistema procesal es que El nuestro es un sistema acusatorio opuesto a un sistema inquisitivo. Tal ha sido la característica del sistema de justicia penal anglo-americano desde que éste se apartó de las prácticas heredadas de la Cámara Estrellada del continente en la cual el acusado era interrogado durante horas sin término.

Watts v. Indiana, 338 U.S. 49. Véase Rogers v. Richmond, 365 U.S. 534. Las presiones realizadas a fin de llevar a un acusado a efectuar una confesión, al contrario que una violación inconstitucional a la privacidad, no, aparte de la utilización de la confesión durante el juicio, necesariamente implica violaciones independientes a la Constitución. Lo crucial es que la defensa, a la que el acusado tiene derecho en el juicio, no se torne una formalidad vacía a causa de las declaraciones que haya realizado éste, el cual siento entonces “un prisionero…[ha sido] llevado a elaborar el instrumento de su propia condena”. 2 Hawkins, Pleas of the Crown (8th. Ed., 1824), c. 46, §34. Que esto es un

derecho procesal, y que su violación ocurre al momento en que su impropiamente obtenida confesión es admitida en el juicio, es manifiesto. Ya que sin este derecho, todas las cuidadosas garantías elaboradas alrededor del testimonio, sea el del acusado o el de un testigo, vendrían a ser formalidades vacías en un procedimiento en el cual la prueba más completa de culpabilidad, una confesión, ha sido obtenida con el placer sin supervisión de la policía. Esto, y no el acto de disciplinar a la policía, al igual que ocurre con la evidencia ilegal, constituye la base real que lleva a la exclusión de una declaración de un acusado que le fuera extraída. En suma, considero que la analogía con la confesión resultante de la coerción se muestra como un fuerte argumento en contra de lo actuado por la Corte en el día de hoy. En conclusión, debe notarse que la opinión mayoritaria en el presente constituye, en efecto, un fallo únicamente en lo que respecta a la revocación del precedente del caso

Wolf y no en cuanto a la razón fundamental a través de la cual cuatro miembros de la mayoría han alcanzado tal resultado. Mi colega el Sr. Magistrado BLACK no está dispuesto a suscribir dicho punto de vista relativo a que la regla de exclusión del caso Weeks deriva de la 4ta Enmienda en sí misma (véase ante, p. 661), empero adhiere a la opinión mayoritaria sobre la premisa que su fin puede ser alcanzado llevando a la 5ta Enmienda

al auxilio de la 4ta (véase ante, p. 662-665)12. Al respecto, únicamente necesito exponer que cualquiera sea la validez de la correlación 4ta-5ta que el caso Boyd (116 U.S. 616) encuentra, véase 8 Wigmore, Evidence (3d ed. 1940), §2184, recientemente hemos reiterado de nuevo la doctrina de larga establecida de esta Corte que el privilegio de la 5ta Enmienda contra la autoincriminación no es aplicable a los Estados. Véase Cohen v.

Hurley, 366 U.S. 117. Lamento el hecho de encontrar tan poco inteligente en principio y tan inoportuna la política de una decisión motivada por el alto propósito de aumentar el respeto a los derechos constitucionales. Empero, en último análisis, creo que la Corte puede elevar el respeto a la Constitución únicamente si respeta rígidamente las limitaciones que la Constitución le impone, y respete asimismo, los principios inherentes a su propio procedimiento. En el presente caso, creo que ambos han sido excedidos, y nuestra voz se ha mostrado como la voz del poder, y no la voz de la razón.

John Marshall Harlan, Felix Frankfurter, Charles Evans Whittaker.

Mi colega el Sr. Magistrado STEWART concurre con la Corte bajo argumentos que nada tienen que ver

con el caso Wolf.