Revista Vivienda Popular N°27 by Vivienda Popular

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Vivienda Popular Unidad Permanente de Vivienda Facultad de Arquitectura | Universidad de la República

Dr. Roberto Markarian Dr. Arq. Gustavo Scheps Orden docente: Arqs. Juan Carlos Apolo, María Mercedes Medina, Francesco Comerci, Salvador Schelotto, Fernando Rischewski Orden estudiantil: Bachs. María José Milans, Andrés Croza, Sofía Ibarguren Orden egresados: Arqs. Néstor Pereira, Diana Spatakis, Alfredo Moreira Dra. Arq. María Lucía Refinetti Martins, Dr. Soc. Álvaro Portillo, Mag. Arq. María del Huerto Delgado, Mag. Arq. Bernardo Martín, Arqs. Duilio Amándola, Raúl Fernández Wagner Arq. Raúl Vallés Ing. Benjamín Nahoum Unidad Permanente de Vivienda Ing. Benjamín Nahoum, Arq. Raúl Vallés Nadia Terkiel Ing. Benjamín Nahoum MASTERGRAF Pagola 1823 Tel. 2203 4760 D.L. 349.879

Las fotos que ilustran los artículos y que no tienen el crédito correspondiente, fueron proporcionadas por los autores o pertenecen a los archivos del Servicio de Medios Audiovisuales (SMA) y de la Unidad Permanente de Vivienda (UPV) Unidad Permanente de Vivienda Facultad de Arquitectura - Universidad de la República Bulevar Artigas 1031 CP 11200 Montevideo, Uruguay Teléfono: 2400 0706 email: viviendapopular2@gmail.com ISSN - 1510-7442

Rector Decano Consejo de Facultad de Arquitectura

Comité Editor

Director Redactor Responsable Realización Comité Ejecutivo Diseño y diagramación Edición Impresión

VIVIENDA POPULAR es una publicación semestral de la Facultad de Arquitectura, UdelaR Está permitida la reproducción total o parcial de los artículos publicados, citando al autor y la fuente. La realización de este número contó con el apoyo de los anunciantes y especialmente de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

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Cien años. Vivienda Social y Facultad 4

PRESENTACIÓN Un diálogo de cien años

TEMA DE TAPA 1965-2015. Arquitectura, vivienda y ciudad en tiempos de lucha. Una visión sesentista Salvador Schelotto

Historia política de la vivienda social en el Uruguay Altaïr Jesica Magri

Los aspectos político-urbanísticos en el estudio de tres casos. La (di)solución de las ciudades Mariana Alberti, Santiago Medero y Juan Mateo Montans 80

INVESTIGACIÓN Veinte años de cooperativas de ayuda mutua. La importancia de los colectivos Lucía Abbadie, Horacio Alvárez, Laura Bozzo, María Calone, Benjamín Nahoum, Lorena Rodríguez, Tania Seré, Cecilia Soria, Susana Torán

Montevideo, 1990-2012. La gestión del suelo en la producción habitacional y sus impactos socio-territoriales María del Huerto Delgado y Raúl Vallés, Benjamín Nahoum, Sharon Recalde, Leonardo Altmann, Alejandro Ramírez 92

OBRAS DESTACADAS Cooperativa “25 de Mayo” Santiago Medero

EXPERIENCIAS RECIENTES Cooperativa COVIFMUSA de Sarandi Grande-Florida. Tradicional + Alternativo Leonardo Pérez

POLÍTICAS Hábitat III. Oportunidades para la participación de la sociedad civil y la academia Graciela Dede e Ivahanna Larrosa Declaración REAHVI. Sobre los incentivos a inversores privados en vivienda social REAHVI

LATINOAMÉRCA Vivienda y tecnología. Actores diversos en contextos dinámicos Gustavo Pelegrin, Laila Fleker, Aurelio Ferrero

MUNDO Modalidades de tenencia segura. Prácticas de dos continentes. Propiedad individual vs. propiedad colectiva. Valor de uso vs. valor de cambio. Marina Lora, Marta Solanas y Esteban de Manuel Jerez

CEDA Mesa abierta con el Plan Juntos Comisión de Vivienda y Territorio | CEDA

Este número

Un diálogo de cien años Este segundo número del año de VIVIENDA POPULAR, tiene como tema central -como no podía ser de otra manera- el centenario de la Facultad de Arquitectura. La oportunidad nos parece adecuada (puesto que somos una revista que trata de reflexionar sobre las dificultades, hallazgos y en general, experiencias, de la vivienda de interés social) para tender una mirada hacia esta última centuria, repasar lo que fue sucediendo en ese campo de la vivienda y en la Facultad, y cómo se fue estableciendo un diálogo entre uno y otra, que, sabemos, ha estado lleno de comunicaciones, de ruidos, y hasta de silencios, como sucedió en los doce años de dictadura que sufrió nuestro país. Esa parte central del número, que intenta dar cuenta de ese diálogo, se estructura a partir

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PRESENTACIÓN

de varios trabajos: Salvador Schelotto, analiza, desde su óptica de investigador y al mismo tiempo actor político, el último medio siglo; Altaïr Magri, desde la sociología y la politología, repasa el período completo, destacando hitos, y Santiago Medero, Mariana Alberti y Juan Mateo Montans, docentes de nuestro Instituto de Historia de la Arquitectura, lo hacen a través de tres casos que ejemplifican las muchas cosas que componen el todo. Consideramos que este material -que no es enciclopédico ni exhaustivo, sino una provocación a pensar el tema- es de enorme interés: por las preguntas que lo motivaron, las respuestas que ensaya, y las nuevas preguntas que plantea; por los vacíos que cubre y por aquellos que revela, y por la cantidad de apasionantes fu-

turos desarrollos que propone, hurgando en la historia de la Facultad y de la vivienda social en nuestro país, procurando entender, a partir del conocimiento del pasado, este hoy, quizás ayudando a trazar líneas para los próximos cien años, tan difíciles de imaginar en un mundo que cambia tan rápidamente que es casi un imposible pensar en términos de plazos muy largos. El número contiene también, por supuesto, las secciones habituales, que invitamos a los lectores a descubrir.

Benjamín Nahoum Redactor Responsable

1965-2015. Arquitectura, vivienda y ciudad en tiempos de lucha

Una visiรณn sesentista Salvador Schelotto

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TEMA DE TAPA

Hace algunos años comenzó a instalarse en cierto imaginario el calificativo de “sesentista” con alguna connotación peyorativa: algo así como entre demodé, peligroso e ingenuamente idealista; y, por supuesto, absolutamente superado. No lo veo así. Cuando Vivienda Popular me propuso proyectar una mirada sobre los últimos cincuenta años, no pude menos que recurrir a las herramientas de lectura de la realidad que nos aportaron los años sesenta, algunas de las cuales siguen siendo válidas para comprender e intervenir en el tiempo presente. En pocas líneas intentaré esbozar los trazos más notorios de ese itinerario de cincuenta años, esa mitad del tiempo total de vida institucional autónoma de la Facultad, en el que se entrecruzan, divergen y a veces convergen líneas e itinerarios diversos: el pensamiento y la praxis arquitectónica; las variadas visiones acerca de la vivienda y la ciudad; los debates

internos de la disciplina y, en general, sus conexiones más amplias en el terreno de la cultura, las artes y el pensamiento de la época, así como con los conflictos políticos, sociales y económicos, el contexto nacional e internacional, las políticas públicas y los diseños institucionales. Es posible comprobar que en cada momento que se desee mirar particularmente, la Facultad no estuvo ajena a ninguno de esos procesos y acontecimientos y procuró ser protagonista en los mismos.

Uno. Tiempos convulsionados, proyectos y esperanzas de cambio El Uruguay vivió tiempos agitados desde mucho antes que se perdiera la institucionalidad democrática. La segunda mitad de los años

sesenta marcó el escenario y la evolución posterior de los hechos, prácticamente hasta el presente. Esta historia que voy a relatar desde mi subjetividad, empieza con el escenario de un país crecientemente convulsionado a raíz del estancamiento productivo, las secuelas de las crisis de posguerra, la desocupación, el empobrecimiento de las clases populares (con expresiones extremas como los llamados “cantegriles”) y la radicalización de las capas medias, la movilización social (fundamentalmente sindical y estudiantil), los ideales de cambio social, la guerrilla urbana y formas de represión hasta entonces desconocidas. En síntesis, un Uruguay que se despertaba del letargo de haberse visto a sí mismo como el país modelo, la Suiza de América, y que empezaba, por una vez, a sentirse latinoamericano.

En lo estrictamente relacionado con la vivienda, esa época quedaría registrada como la época de la Ley de Vivienda (que tuvo como impulsor fundamental al arquitecto Juan Pablo Terra), de la creación de MEVIR y de los Fondos Sociales de Vivienda.

Conjunto de MEVIR en La Paloma. Fotografía de Enrique Alonso. Archivo SMA-FArq.

En lo universitario, no era menor la agitación: la propia Universidad de la República (UdelaR) tenía hacía muy poco -menos de una década- su Ley Orgánica, y había una fuerte preocupación por lo social: una de las principales referencias era la Revolución Cubana, a la que luego se agregó la experiencia de la Unidad Popular en Chile. Obreros y estudiantes, unidos y adelante: muchos sentían y visualizaban a la Universidad como la usina de ideas del cambio social y -por cierto- en alguna medida la idealizaban. Por otra parte, desde el sistema político y las instituciones, en el Uruguay se exploraron algunos caminos de cambio desde la propia estructura del Estado, con ensayos de planificación del desarrollo de inspiración “cepalina” (la experiencia de la CIDE, entre otras contribuciones), propuestas de reforma agraria y modificaciones en la concepción de la política, financiamiento e institucionalidad en materia de vivienda.

Conjunto Intercooperativo “Mesa 2”, 420 viviendas, Montevideo. Foto de Gustavo Castagnello,Archivo FUCVAM.

No obstante ello, las opciones “progresistas” oscilaron entre la reforma y la revolución, con múltiples tonos y matices, incluyendo debates a los cuales nuestra Facultad no estuvo ajena, proceso que fue acicateado sobre todo por el movimiento estudiantil. Fuera de los muros de la Universidad, las expresiones sociales y políticas

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TEMA DE TAPA

de la voluntad de cambio se fueron unificando y cuajaron en la constitución de la central única de trabajadores y la unidad política de la izquierda, mientras los partidos políticos tradicionales se fueron fragmentando progresivamente. A escala nacional, el pleito fundamental entre los sectores conservadores y las aspiraciones de cambio, se fue dirimiendo a favor de los primeros, apoyados en el poder económico y el aparato represivo del Estado. En ese camino se instaló, sobre todo a partir de junio de 1968, el “gradualismo golpista”, sin prisa, pero sin pausa: represión a trabajadores y estudiantes, censura de prensa, militarización de funcionarios públicos, suspensión de libertades y garantías constitucionales, atentados y asesinatos políticos. Proceso que continuó aún en el año electoral (1971) y se consolidó en 1972 con la declaración del “estado de guerra interno”. El golpe de junio de 1973 -con su antesala en febrero y la intervención de la Universidad en octubre de ese año- sólo implicó el broche final a un proceso largamente incubado. Un hito fundamental de la década, y desde ella hasta el día de hoy, lo fue y lo es la Ley Nacional de Vivienda, paradojalmente aprobada en diciembre de 1968, en el contexto de uno de los períodos de mayor enfrentamiento y conflictividad social y política. En ese escenario, el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU, fundado a comienzos de la década), desempeñó un papel fundamental y hasta prohijó la constitución de la propia Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua

(FUCVAM). También otros Institutos de Asistencia Técnica (IAT) se integraron al proceso, destacándose entre ellos el CEDAS. En los hechos, los IAT se convirtieron no solamente en espacios de innovación y experimentación social, sino además en desarrolladores de tecnologías apropiadas para la vivienda social y en particular la autoconstrucción. El sector vivienda del CCU fue un protagonista fundamental, junto con el equipo técnico del CEDAS, de la importante renovación en la producción de vivienda de promoción pública en el período. La producción arquitectónica del momento fue claramente influida por la arquitectura del “Team X” y del llamado “empirismo británico”, y la influencia escandinava en el cooperativismo fue innegable, así como también en la arquitectura “ladrillera” de la época. Muchos profesionales fueron a especializarse en el “Bowcentrum” de Rotterdam (actual Institute for Housing and Urban Development StudiesIHS) y se mantuvo viva una vinculación con Holanda que pervivió aún en plena dictadura. De esa forma, la arquitectura del período vivió una etapa de esplendor, impulsada por jóvenes egresados de la Facultad que proyectaron y construyeron por aquellos años algunos de los complejos cooperativos que son referencia a nivel mundial. En el campo de la arquitectura internacional, impactó en el medio local el X Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos celebrado en Buenos Aires en 1969 bajo la consigna “La

Arquitectura, factor social: la vivienda de interés social”, que permitió plantear debates y encuentros alternativos convocados por el removedor planteo del “interés social de la vivienda”, reuniendo a estudiantes y profesionales críticos del statu quo, reafirmando un concepto esencialmente político de la cuestión de la vivienda. La Facultad, que se había mantenido relativamente al margen de los procesos de discusión e implementación de la Ley Nacional de Vivienda y sobre todo del desarrollo del sistema cooperativo -en particular el de ayuda mutua- dedicó no obstante una atención particular a estos debates. Paralelamente a la acción pública y la producción masiva de vivienda social, algunos arquitectos como Luis García Pardo o Mario Payssé Reyes experimentaron con modalidades constructivas y prototipos de viviendas de bajo costo. En el otro extremo, la generación de piezas urbanas complejas como respuesta a la demanda de vivienda encontró alternativas muy diversas, por ejemplo en el concurso del llamado “Plan Piloto 70”, que finalmente no fue construido.

Dos. La noche más negra y el renacer de la utopía Con el golpe, devino formalmente la dictadura, con todo lo que sabemos: represión y persecución de toda disidencia, más asesinatos políticos y desapariciones forzadas, proscripciones, destituciones y exilios. Desmantelamiento de la institucionalidad e intervención de la Univer-

Conjunto “Malvín Alto”, Promoción Privada. Foto: Fiorella Russo.

sidad. Prohibición a toda forma de organización gremial o política. Censura a la prensa, la música, el teatro y la literatura, aislamiento y empobrecimiento cultural. En lo económico, se impuso la redistribución regresiva del ingreso, la gradual implantación del neoliberalismo por todos lados, y muy especialmente en el campo de la vivienda, con el Estado como mero facilitador de la inversión privada, y una Universidad que estaba tan presa como los universitarios y la ciudadanía toda, en un “insilio” asfixiante. Surgen entonces algunas ideas novedosas: entre ellas, el fallido “Ministerio de Vivienda y Promoción Social”, impulsado por el dictador y su primera dama de facto, que encontró en el Ing. Federico Soneira a su gestor entre 1974 y 1976, consagrando viejas aspiraciones de un catolicismo conservador, integrista y paternalista, del que se vieron cabales representantes. Y con él la idea de la “erradicación” de cantegriles como forma de ocultar y disimular los cinturones de pobreza y precariedad.

En 1976 y tras un intercambio de “memorándums” entre el propio dictador Bordaberry y el Ministro de Economía del momento, Ing. Alejandro Végh Villegas, las Fuerzas Armadas en el poder deciden remover a Bordaberry y “designar” a su sucesor, el Dr. Aparicio Méndez. Esa acción aparentemente anodina y hasta burocrática signó, sin embargo, no sólo el calendario de la posible transición política y los proyectos de perpetuación del poder militar, sino también la política económica y en particular consolidó la reestructuración regresiva de la política y la institucionalidad del sistema público de producción de vivienda. El Banco Hipotecario del Uruguay (BHU) concentró desde entonces -y hasta la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA) en 1990- no solamente las funciones bancarias (créditos hipotecarios para compra, construcción o refacción), sino también la promoción y construcción de vivienda nueva con fondos públicos, en muchos casos facilitando y habilitando el lucro de empresarios a quienes se financió pingües negocios. Los principales canales de producción de viviendas fueron la “promoción pública” (conjuntos habitacionales del BHU, construidos por empresa mediante licitación), la “promoción privada” (en las categorías II, III y IV), e inventos como las “sociedades civiles” para la construcción de viviendas en propiedad horizontal (que en los hechos encubrieron promociones privadas). Por supuesto, para las cooperativas, nada. Los IAT creados por la Ley de Vivienda, fueron suprimidos. La Facultad de Arquitectura de ese tiempo sobrevivió apenas, “intervenida” y desfigurada, desde los masivos alejamientos y destituciones

de docentes y funcionarios en la Facultad por sus “antecedentes” políticos y gremiales, a la expulsión de estudiantes, que se sumó a la prisión prolongada y el exilio de muchos. Y en la vida gremial de los profesionales hasta la tacha de las personas que podrían integrar listas en las elecciones de la Sociedad de Arquitectos (SAU). Esas condicionantes no impidieron acciones y movimientos más o menos clandestinos o visibles, que formaron una densa trama de complicidades entre los actores de la Facultad intervenida (sobre todo estudiantes) y la “Universidad de Extramuros”: cooperativas de apuntes, grupos de estudio y discusión, encuentros sociales y finalmente discusiones abiertas sobre tópicos de alto contenido disciplinar y político. Algunas señales públicas empezaron a emerger, en plena oscuridad. En 1978 Miguel Cecilio publicó en el número 6 de “Cuadernos del CLAEH” un artículo sobre “El proceso de planificación en el sector vivienda”. En 1981 salió el primer número de la revista “Trazo” (luego revista oficial del CEDA) y en 1982, “Diálogo”, a nivel universitario general. Hacia finales de este período emerge el Grupo de Estudios Urbanos liderado por Mariano Arana, que puso en agenda el problema de la ciudad a partir de confrontar con el poder dictatorial en el plano cultural, asumiendo la causa de la conservación del patrimonio arquitectónico y urbano, y en particular las afectaciones a la Ciudad Vieja de Montevideo. Esa prédica rápidamente logró una escucha ciudadana amplia y se extendió a múltiples temáticas vinculadas a la ciudad, la vivienda, el paisaje y las condiciones de vida de la población.

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TEMA DE TAPA Por aquellos años, la especulación inmobiliaria asociada a decisiones de gobierno determinó la expulsión de población de barrios de la ciudad central: Ciudad Vieja, Barrio Sur, Palermo y otros, particularmente de vecinos pobres y sobre todo de población negra que fue violentamente desalojada y “erradicada” de sus enclaves del Medio Mundo y Ansina, entre otros, para poblar viviendas de emergencia en la periferia o amontonarse en “hogares” con intolerables condiciones de vida.

Tres. La difícil transición hacia la democracia, y la década neoliberal La transición democrática no empezó ni terminó el 1º de marzo de 1985, con la asunción del primer gobierno electo (en elecciones condicionadas). La “primavera política” floreció abiertamente en 1983, de la mano de las nuevas expresiones públicas del movimiento sindical, el movimiento estudiantil, las iglesias, las cooperativas de vivienda, el incipiente movimiento en pro de los derechos humanos, y las expresiones políticas semilegales o clandestinas. Fue un tumultuoso afloramiento a la superficie de aquellas corrientes subterráneas que resistieron en forma aislada o vinculada, en las más variadas modalidades posibles, desde el inicio mismo de la dictadura, y que adquirieron mayor potencia a partir del NO en el plebiscito de 1980. Entre 1983 y 1985, la “Intersocial”, con la columna vertebral PIT-ASCEEP-FUCVAM1 consolidó un estado de movilización y plataforma de reivindicaciones populares en la que la agenda emergente de la vivienda ocupó un lugar fundamental, junto con los reclamos básicos de Liber-

Acto del Obelisco, 27 de noviembre de 1983. Foto: levantada de www.flickr.com

tad, Trabajo, Salario y Amnistía, y autonomía y cogobierno. Esa “Intersocial”, eje fundamental de la movilización cívica no partidaria, se conformó como “Intersectorial” al integrarse con los partidos políticos permitidos y no permitidos. El agua estaba llegando a punto de hervor… El segundo Congreso Nacional de Arquitectos, convocado por SAU en noviembre de 1983, tuvo como tema central: “La vivienda”. En ese Congreso, el CCU presentó su famosa ponencia “Cinco años de Política neoliberal de vivienda en el Uruguay: 1977-1982”, en la que se relataba mucho de lo que se recoge en este artículo. El 27 de junio de ese año se celebró el “día del Arquitecto” y el 68º aniversario de la creación de la Facultad, coincidiendo con el acto del Obelisco, y las más de 400.000 personas reclamando “un Uruguay democrático sin exclusiones”.

1 Luego las organizaciones sindicales y de estudiantes serán denominadas PIT-CNT y ASCEEP-FEUU, recuperando los nombres históricos y antes clandestinos, y fusionándolos con los de las organizaciones legales. creadas en la etapa. En su origen, y hasta avanzada la transición, la ASCEEP también integró a las gremiales de estudiantes de Secundaria, UTU, interior y enseñanza privada.

Un hito fundamental de las movilizaciones de 1983-84 fue la masiva “recolección de firmas” organizada a nivel nacional para derogar el luego llamado decreto-ley que imponía el pase compulsivo de las cooperativas de vivienda de usuarios a propiedad horizontal: el régimen había identificado en la propiedad colectiva una razón fundamental de la resistencia social y quiso arrasar con ella, pero no pudo lograrlo.

Reciclaje Casa del Virrey. Fotografía de Silvia Montero, 1990. Archivo SMA-FArq

“Cantegriles”. Foto: Fiorella Russo.

La imperfecta transición a la uruguaya tuvo aspectos negociados y otros impuestos: unos por las limitaciones a los derechos políticos y la tutela militar, otros por la movilización social. En ese contexto dinámico y apasionante emergió una creación inocultablemente uruguaya: la Concertación Nacional Programática (CONAPRO). En ese marco, un enorme y complejo espacio de negociación a múltiple nivel, se discutieron y acordaron innumerables aspectos de la reinstitucionalización y se procuró avanzar en la dirección de construir políticas para un país más democrático, superando las rémoras del pasado2. Dentro de ellas, la temática de la vivienda ocupó un espacio propio, integrando a un ancho abanico de actores sociales, profesionales, políticos y empresariales. A partir del reinicio de la vida institucional, adquirió protagonismo la COVIP (Coordinadora de Vivienda Popular), que integró, además de las organizaciones y federaciones de cooperativas, a sindicatos del sector, gremios estudiantiles como el CEDA y profesionales como la SAU, a sectores como CODECOHA (coordinadora de los conjuntos habitacionales) y MOVIDE (Movimiento Pro Vida Decorosa, habitantes de los asentamientos precarios). El “Plan de la COVIP” fue, por muchos años, una plataforma

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TEMA DE TAPA de demanda ciudadana y propuesta que articuló las reivindicaciones específicas de variados grupos sociales en materia de vivienda y condiciones de vida. Las respuestas desde el Estado entre 1985 y 1990 fueron eclécticas: sin desarmar la centralidad del BHU en la planificación y ejecución de las políticas, se iniciaron algunos caminos nuevos: no insistir con los mega-conjuntos habitacionales de promoción pública o privada (los Euskal Erría o los Malvín Alto), e incluso desarmar el proyectado “Boiso Lanza”; implantar correctamente vivienda social en áreas centrales (CH99, conjunto Barrio Sur, Conjunto Cuareim); iniciar la política de “reciclajes” con financiamiento hipotecario; llamados a PPT (proyecto, precio, terreno) con evaluación de calidad de los proyectos; apoyo a la acción particularizada en Ciudad Vieja y otras áreas patrimoniales. No obstante, las cooperativas, en los hechos, siguieron en el índex, y el acceso a préstamos era el camino del purgatorio. A partir de 1990, con la asunción del primer gobierno del Frente Amplio en el departamento de Montevideo, se inauguró un escenario de “cohabitación” política inédito: un gobierno nacional de coalición de derecha con un único gobierno departamental de izquierda en la capital. En ese marco, en Montevideo se desplegó una política departamental de vivienda y suelo, que se quiso articular con los reclamos de las organizaciones sociales y hacia objetivos urbanos y territoriales. La creación de la Cartera Municipal de Tierras para Vivienda y otros instrumentos asociados, fueron una respuesta a demandas, entre otros, del sector cooperativo.

En la Facultad, el debate se movía. Un primer intento de respuesta a demandas sociales podría situarse en el apoyo a los desalojados de Tres Cruces, como una actividad de militancia y extensionismo universitario a la vez. El CEDA constituyó su “Mesa de Vivienda” y se decidió la creación de la Unidad Permanente de Vivienda. En la controversia disciplinar se incorporó -con delay- la crítica a las ideas de la modernidad y el enfoque del “urbanismo urbano” de la mano de una visión asentada en el análisis urbano y la tipomorfología, de la que el grupo del TIUR (Taller de Investigaciones Urbanas y Regionales), fue una expresión explícita de esa manera de entender a la ciudad y a una forma de proyectarla. En esa Facultad reinstitucionalizada y recuperada por los órdenes, viejos y nuevos Talleres, cátedras e institutos, retomaron la agenda de temas de interés nacional, incluyendo a la vivienda y la planificación urbana y regional, en algunos casos operando en acuerdo con gremios y organizaciones sociales y vecinales, y en otros asesorando al sector público. La institucionalidad de la vivienda encuentra un nuevo cauce, aún débil e incipiente, con la creación por Ley y apoyo de todos los partidos, en el gobierno de Luis Alberto Lacalle, del MVOTMA, cartera ministerial que coexistió con un aún poderoso Banco Hipotecario y que en el terreno de la vivienda tuvo el dudoso honor de desplegar ad infinitum la política de construcción de grupos habitacionales “llave en mano” de Núcleos Básicos Evolutivos (NBE), generadores pocos años después de los más graves problemas y conflictos urbanos, ambientales y de convivencia social hasta entonces conocidos en las periferias de las ciudades de prácti-

2 Buena parte de los compromisos asumidos en el marco de la CONAPRO fueron incumplidos por el primer gobierno democrático. Otros, no obstante, como la liberación de los presos políticos, la restitución de los destituidos, la reinstitucionalización de la Universidad y algunos aspectos parciales en materia de vivienda, llegaron a concretarse.

démico). El Plan de Ordenamiento Territorial 1998-2005 (Plan “Montevideo”), construido con sólidos aportes técnicos y asesoramiento de la Facultad, entre otras fuentes de inspiración, se constituyó en la antesala de la actual legislación urbanística y ambiental de rango nacional.

Facsímil de las tapas de la revista “Trazo”, del CEDA, y primer número de “Vivienda Popular”

camente todo el país: resultado de la aplicación acrítica de las recomendaciones del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y otros organismos internacionales de crédito. Los procesos de construcción de viviendas en modalidad de financiamiento público y producción privada empresarial estuvieron sujetos a los ciclos denominados por Couriel y Menéndez de “boom-crack”, tanto en dictadura como en democracia y evidenciaron las fragilidades de ese modo de producción habitacional. Tales desmanes habitacionales no fueron meros epifenómenos, sino por el contrario, expresiones estructurales, en el campo de la producción de vivienda y hábitat, de las políticas de desregulación y privatizaciones, y en general del neoliberalismo económico y cultural.

Paralelamente, la reestructuración económica, los sucesivos ajustes fiscales y la destrucción del aparato productivo (fundamentalmente de las industrias tradicionales) a favor de la plaza financiera y el país agroexportador, impulsaron, con fuerza hasta entonces desconocida, la migración de la población más vulnerable de las áreas centrales e intermedias y su localización en asentamientos periféricos y áreas rurales, expandiendo la ciudad informal y con ella la precarización habitacional. A mediados de la década de los ´90 se produce un giro copernicano al construirse, desde el ámbito departamental de Montevideo una completa planificación urbana y territorial, a contrapelo de los vientos desreguladores (que tuvieron también sus epígonos en el medio aca-

En paralelo, y con la inocultable intencionalidad de disputar la hegemonía cultural en el propio territorio consolidado de la izquierda, el segundo gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti imaginó el “Plan Fénix” en el área de la Aguada, impulsado institucionalmente desde el BHU y apoyado financieramente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Mal gestionado, pese a sus compartibles intencionalidades urbanas, resultó un fiasco que llegó a la abrupta interrupción y cancelación del crédito comprometido con el organismo internacional. Curiosamente, la polémica interna en el coloradismo Batlle-Sanguinetti a partir de la decisión de construir la “Torre de Antel” en el área del Plan Fénix, pero en forma autónoma al mismo, generó un producto inesperado: el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares (PIAI). Este programa BID, inspirado, como el Fénix, en antecedentes similares en América Latina, estaba dirigido a los asentamientos en suelo público desde una intervención de “mejora de barrios” y no meramente viviendista, sin contemplar la ya desprestigiada idea de “erradicación”. El PIAI tuvo magros resultados en sus primeras etapas, pero inició un camino diferente, pese a estar “alojado” lejos del MVOTMA, dependiendo directamente de Presidencia. La fase final o terminal de este ciclo no puede haber sido más traumática, y es conocida como

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TEMA DE TAPA “crisis del 2002”, secuela más o menos directa de las vulnerabilidades del país y de su sistema financiero, y de la caída de Argentina en 2001, preanunciada desde las crisis de Rusia y de Brasil, y cerró definitivamente un ciclo. Ella mostró los límites y fracasos de la cultura hegemónica neoliberal en lo económico y lo social, con sus secuelas de atraso y exclusión, que impactaron no solamente en los sectores más vulnerables de la sociedad, sino en la sociedad toda, que hasta ahora sigue amortizando esas deudas en términos de violencia social e institucional, segregación, encierro, individualismo y empobrecimiento de las prácticas colectivas, entre ellas, la de la convivencia en los espacios urbanos y en el territorio. El Estado se desplomó a la par del sistema financiero, se realizó un nuevo ajuste fiscal y treparon la inflación y el desempleo. Junto con ello vino la caída de la inversión pública en general, y en particular la inversión en vivienda; y prácticamente la quiebra del BHU. Frente a estos desafíos y problemas, la UdelaR ensayó un esfuerzo de concertación social y política para construir propuestas de salida a la crisis. Más allá del destino de aquellos esfuerzos, vale recordar que en el ámbito de la Comisión Social Consultiva de la UdelaR se instalaron “mesas temáticas” que identificaron problemas y promovieron proyectos, con los magros recursos financieros de la Universidad, para aportar ideas hacia una salida concertada e inteligente a la crisis. La Facultad de Arquitectura tuvo importantes iniciativas y el privilegio de coordinar e impulsar las mesas temáticas de Vivienda, y de Ciudad y Territorio, que desarrollaron propuestas para diversos campos del quehacer, tanto para ámbitos de la ca-

pital como localidades del interior, conjuntamente con organizaciones sociales y empresariales.

rehabilitación y apoyos para el alquiler, constituyen un cambio en el código genético de la política de vivienda y hábitat.

Cuatro. ¿Cambiando el ADN?

La creación de la “Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social” (CIVIS, 2008), una reivindicación largamente reclamada por las organizaciones populares vinculadas a la vivienda, también es un logro del período iniciado en 2005 y que continuó su desarrollo hasta la actualidad, con una tercera renovación de confianza ciudadana en el Frente Amplio, consolidando la “era progresista” pronosticada en 2004 por Garcé y Yaffé. Asimismo, las cooperativas recibieron un nuevo impulso y se desarrollan en todo el territorio nacional, incluso en departamentos que no tenían una tradición previa en esa modalidad. Tales novedades se asociaron al éxito de las políticas públicas para enfrentar la emergencia social y las que implementaron innovaciones que responden a la “nueva agenda de derechos” que todos celebramos. Por otra parte, se abrió un espacio para la construcción y/o reciclaje de viviendas con inversión privada y “renuncia fiscal” canalizada por la ANV a través de una legislación ad-hoc, lo que implica la promoción de algunos miles de viviendas que se incorporan al estoc en localizaciones alineadas con directrices urbanísticas.

En octubre de 2004 el país político realizó un vuelco inédito al darle la presidencia al Dr. Tabaré Vázquez en una “primera vuelta” electoral, con una mayoría parlamentaria asegurada. Ese período de gobierno coincidió con una fase económica de crecimiento sostenido del producto nacional, y habilitó la implementación de importantes reformas estructurales, entre las cuales las más conocidas fueron las de la Salud, con la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y la reforma tributaria, que reimplantó el impuesto a la renta personal. La reforma en el sistema público de vivienda, sin embargo, fue menos percibida y publicitada, pero sus gestores la han referido como un cambio sustantivo en el “ADN” de la misma. Entre otros aspectos, la reforma implicó una reorganización del sistema público, con centro en el MVOTMA, jerarquizando a la DINAVI; la creación de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), la incorporación al Ministerio del PIAI y la coordinación con MEVIR, que fortalecieron una mirada integradora de las políticas públicas y sus diversos instrumentos. El cambio de los criterios de subsidio con recursos de Fondo Nacional de Vivienda (que pasó del subsidio indiscriminado al capital o a las tasas de interés al subsidio a la cuota, con el objetivo de subsidiar adecuadamente a la demanda: las familias), supuso una ganancia en transparencia y efectividad. Esos cambios y la diversificación de instrumentos incluyendo las ayudas a la

Sin embargo, estas buenas noticias se correlacionan con indicadores preocupantes de fragmentación social y desafiliación, pese a los buenos índices económicos: producción, empleo, descenso de la pobreza e indigencia y crecimiento del salario real y la formalización. Esos síntomas preocupantes indican un “malestar en nuestra cultura” que va más allá de la capacidad de consumo o de compra y que evi-

cio académico compartimos las perplejidades y nos hacemos las mismas preguntas. En la Facultad se instaló en el período anterior el Comité Académico “Habitahabilidad”, como instancia transversal de reflexión y producción. En ese marco se impulsaron algunas iniciativas innovadoras de investigación-acción como los proyectos de “Casas Concepto” y “+ Barrio”, así como múltiples proyectos de investigación y desarrollo que intentan miradas nuevas sobre los problemas que nos toca enfrentar. Y las reflexiones sobre la gran escala quieren encontrar explicaciones a la integralidad desde el paradigma de la producción social del hábitat y la interpretación de los fenómenos de expansión periférica desde la conceptualización de “desbordes urbanos”. Jornada Solidaria en cooperativa de ayuda mutua. Foto Archivo FUCVAM. Autor: Gustavo Castagnello.

dencia las insuficiencias de los enfoques economicistas para entender los procesos sociales y el creciente individualismo que erosiona los proyectos colectivos. La declaración, en el gobierno de José Mujica, de la “emergencia habitacional” y la creación del “Plan Juntos” muestran el reconocimiento de la dificultad de llegada de las políticas a algunos núcleos duros de pobreza y exclusión. En lo urbano, se observa la continuidad de la expansión de las ciudades en contextos de estabilidad o decrecimiento demográfico, las nuevas realidades en materia de arreglos familiares y composición de los hogares y los modos del transporte y tecnologías de la información,

los cambios en el mundo del trabajo y las formas de sociabilidad y entretenimiento. La disminución de la participación social organizada y el aislamiento de las personas cuestionan algunos instrumentos antes reclamados. Quedan planteadas interrogantes sobre los caminos a transitar, como por ejemplo el futuro del Plan de Vivienda Sindical impulsado por algunos sectores del PIT-CNT y visto críticamente por otros. El déficit de vivienda -cuantitativo y cualitativo- admite diferentes criterios de cuantificación. Sin embargo, es parte de una cuestión mayor: el déficit de ciudad, sobre el que aún conocemos poco y sobre el que actuamos apenas en sus síntomas. Desde el espa-

Pero las respuestas que se están intentando construir, desde la investigación y la acción, desde los espacios de enseñanza de grado, de posgrado y de actualización, y desde el asesoramiento, requieren más afinamiento y una visión compleja y abarcativa, desde el paradigma del Derecho a la Ciudad y las implicaciones políticas que conlleva. Como dice David Harvey en una entrevista reciente3, “(…) hoy en día muchas ciudades del mundo están desarrollando comunidades aisladas, limitando espacios y paisajes en función de las clases sociales, con un ímpetu muy difícil de contrarrestar”, para agregar más adelante: “los cambios políticos deben operar en una variedad de escalas, no se puede lograr cambios solamente desde lo local. A los geógrafos nos gusta ocupar el concepto del ´salto de escalas´ de los procesos políticos, lo que significa que debes moverte desde una visión lo-

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cal a una metropolitana, desde una visión metropolitana a una nacional y sólo cuando un proceso político ocurre simultáneamente en distintas escalas, podemos esperar que las cosas cambien. Es un principio muy importante, porque mucha gente de izquierda está pensando que los cambios locales son lo único que importa”.

Cinco (coda). … el futuro es nuestro Este artículo, hilvanado a modo de recorrido temporal desde un pasado no tan lejano hasta un presente efímero, no puede cerrarse sin intentar proyectar la mirada hacia adelante, hacia lo que vendrá, los futuros posibles, la mirada de una agenda que se compone de “mejor de lo mismo, y más de lo nuevo”; esto es: de todo lo que se intentó y no se ha podido lograr, y de las nuevas y ambiciosas metas que es necesario proponerse en forma colectiva. Con una política de vivienda consolidada y una institucionalidad acorde, el desafío es cómo sostenerla y avanzar en calidad y adecuación a las necesidades. Consolidar la visión de un sistema urbano habitacional como una expresión de un continuo espacial y funcional, en el que la arquitectura, junto con otras disciplinas, tiene mucho para aportar. En la perspectiva de luchar por asegurar el Derecho a la Ciudad, para todos, sabiendo que una vivienda adecuada es condición necesaria pero en modo alguno suficiente para resolver los problemas estructurales de la pobreza y la exclusión4. El camino nos encontrará construyendo más ciudad y más ciudadanías. Diversas e inclusi-

Cartera de Tierras de la IM. Conjunto cooperativo en Barrio Sur.

vas. ¿Estará culminando, definitivamente, el “ciclo público de la ciudad” como nos plantean Filgueira y Errandonea? ¿Es una tendencia irrefrenable, la de la “destrucción ciudadana”? La sociedad uruguaya necesita respuestas a estas interrogantes Con la mirada enfocada en nuestra Facultad, y frente a las inciertas alternativas de lo por venir, cabe plantearse finalmente aquellas interrogantes que emanan de las necesidades de compromiso disciplinar y de contar con profesionales y universitarios dotados de cabezas bien formadas e informadas, capaces de retomar en clave contemporánea aquellas actitudes de innovación y lineamientos de vanguardia que desde este rincón olvidado del planeta, trascendieron hacia afuera con aportes plurales, originales y pertinentes en relación a la creación del espacio habitable5.

3 Ver: http://marxismocritico. com/2014/11/14/para-erradicar-lasdistinciones-de-clase-hay-que-reorganizarla-ciudad/. Harvey fue propuesto al Doctorado Honoris Causa de nuestra Universidad por la Facultad de Arquitectura. 4 Esta frase no es mía; se la tomo prestada a Lucía Etcheverry. 5 Hasta hoy, el cooperativismo de vivienda en Uruguay es una referencia ineludible a nivel internacional en materia de vivienda social y producción social del Hábitat. Junto con la obra del Ingeniero Eladio Dieste son las expresiones más celebradas y difundidas de nuestra arquitectura fuera de fronteras.

Historia política de la vivienda social en el Uruguay Altaïr Jesica Magri*

* Doctora en Ciencias Sociales, docente e investigadora del Instituto de Ciencia Política-Facultad de Ciencias SocialesUdelaR. Investigadora activa del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

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1. La evolución del concepto “vivienda social” entre 1900 y 1985 El concepto de vivienda social aparece en el cuerpo jurídico en Uruguay en la Ley de Vivienda N°13.728 de 1968 (artículo 26°, que define la vivienda de interés social). Sin embargo, con distintas fundamentaciones y nombres, puede ser rastreado en el proceso institucional desde la década de 1900. En el Uruguay, como en el resto de los países latinoamericanos, las élites comenzaron tempranamente el debate de ideas acerca de la provisión de soluciones mínimas de subsistencia, dando paso a un proceso que se instaló formalmente en las constituciones nacionales

promediando el siglo XX, cuestión que no quita relevancia a la impronta que la matriz antecedente de leyes y planes legó al imaginario social y a las agendas partidarias. A continuación repasaremos sintéticamente algunos mojones del itinerario del concepto vivienda social, la institucionalidad creada para su implementación y la evolución del concepto por el Estado, porque es importante conocer la historia de las ideas en el tema y cómo se construyó la arquitectura institucional a lo largo de poco más de un siglo, donde intervinieron también los grupos sociales, la academia y la industria.

El empuje inicial Las élites políticas e intelectuales latinoamericanas se nutrieron de las ideas positivistas predominantes en Europa entre los siglos XIX y XX, y cabe destacar en ello dos aspectos importantes. Uno, se debatía el lugar que el Estado ocupaba en la provisión de bienes a las llamadas “clases populares”, y dos: hizo carne la idea de que las familias obreras tenían el derecho civil de entrar en la posesión de la vivienda, incorporándose por primera vez la noción del derecho a la propiedad privada de las clases populares. En nuestro país, en la presidencia de Claudio Williman (1907-1911, Partido Colorado-sector Batllismo), surge a iniciativa de un empresario lo-

La idea del Banco Obrero no cuajó, dando lugar a una nueva propuesta batllista de ley de Empréstito de Edificación para Obreros (1911) que siguió la misma suerte que la anterior. La discusión que trabó las iniciativas giró sobre el rol de los privados y del Estado en la provisión de soluciones, argumentándose por la oposición nacionalista y colorada riverista que el mercado no iba a “[…] subordinarse a un espíritu de beneficencia y de pietismo del cálculo de interés […]” (Sesión Cámara de Representantes, Diario de Sesiones, Tomo 208, pág. 86), por lo que la oferta carecería a corto plazo de la calidad prometida y no podría mantener los precios acordados por el alza de los materiales, en aquella época importados3. En la década siguiente, a impulsos de los cambios demográficos y sociales, producto de una incipiente modernización que abarcaba también al hábitat, el gobierno comienza una contundente política de estatizaciones, donde la compra de las acciones del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU)4 en 1912 comienza a definir el rumbo que se seguirá en adelante en el sector vivienda.

La solución estatista de la cuestión social Publicación de la Ley 7395 en el Diario Oficial de 1921. Tomado de www.impo.com.uy

cal, Antonio González Crespo, la idea del Banco Obrero (1907), presentando un proyecto en una combinación de lo que hoy llamaríamos asociación público-privada1 y abriendo oportunidades para la adquisición de viviendas para familias obreras. Un concepto funcional de lo social, más

que de derechos, guiaba en un principio las ideas de las élites progresistas: “[…] que ya es tiempo de preocuparse por mejorar la situación de la clase proletaria en lo que se refiere a ese factor que tanta influencia tiene en la moral y en el desarrollo físico de los elementos productores”2.

La ley de Derecho Social a la Vivienda (N° 7.395 de 1921, conocida como “Ley Serrato”, por el nombre de su impulsor5) puede considerarse como una de las primeras incorporaciones en la emergente función social del Estado de Bienestar. El cambio conceptual comienza a manifestarse. En primer término porque el derecho a la posesión de la vivienda se incor-

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pora como un derecho de ciudadanía. Pero además porque cambia el lenguaje utilizado para referirse a las clases trabajadoras sobre las cuales es necesario legislar, asegurar por la norma sus derechos. No es más “lo popular al cual dar”, sino lo proletario y cuerpo social, reconociendo el estatus del trabajo y el derecho al bienestar de los individuos. Pero también comienzan a introducirse otros tipos de relacionamiento. El concepto de derecho social a la vivienda iba acompañado de otros factores de utilidad de tipo económico y cultural. En lo económico, se relacionaba al empleo, a la producción industrial y la modernización que necesariamente se debía asumir en el marco del impulso del modelo de acumulación capitalista. En lo cultural, la provisión de bienes materiales con contrapartidas de ahorro y cuidado a las buenas costumbres, impulsarían a las familias a cambiar “malos hábitos” por una civilización a la europea que debía sustentar al sistema de acumulación que se afincaba en la dinámica del país. No obstante estos clivajes, la carta orgánica del BHU argumenta en primer lugar la cuestión social en sus principios fundadores, dando paso a cuatro décadas de expansión institucional, traducida en garantías de tipo universal en materia del acceso al bien vivienda. La reforma constitucional de 1934 incorpora al Estado como proveedor de soluciones: “La ley propenderá al alojamiento higiénico y económico del obrero, favoreciendo la construcción de viviendas y barrios que reúnan estas condiciones.” (Constitución de la República, 1934, 1942, 1952, art. 44 y 45).

Sin embargo, finalizando la década de los años treinta, el rendimiento social del Banco es cuestionado por los partidos, surgiendo paralelamente y por primera vez lo que hoy llamaríamos una política focalizada en los grupos de menores ingresos. El Instituto Nacional de Viviendas Económicas (INVE), que operaba en la órbita del Ministerio de Obras Públicas, creado en 1937 por la Ley N° 9.723 para la construcción de viviendas para compra o alquiler, es una respuesta política a la baja eficacia de los programas sociales del BHU que comenzaron a proveer a una incipiente clase media, además de ir transformándose rápidamente en coto de poder político y burocrático6. La provisión de vivienda económica observaba condiciones y contrapartidas para el acceso: también se requería inserción laboral estable, buena moral y familia constituida y ser afiliado al INVE. La vivienda económica estuvo topeada en el precio y el acceso significaba el 10% de los ingresos totales de las familias y exoneración de contribución inmobiliaria en los primeros años. Asimismo, la mujer se convirtió en sujeto de derecho civil y social por herencia indivisible en viudez y sujeto de consentimiento en las transacciones sobre el bien. Otro factor social de importancia fue la construcción no sólo de viviendas sino de hábitat, ya que se crearon en los entornos de los complejos: economatos de consumo, escuelas, liceos y policlínicas, plazas de deportes y promoción a organizaciones civiles de deporte y recreación. INVE construyó 1.510 viviendas entre 1937 y 1942, llegando a la década del sesenta

1 La actual ley de promoción a la inversión privada en Vivienda de Interés Social (“LIVIS”) también fue propuesta por el sector privado. 2 Mensaje del Poder Ejecutivo del 16 de diciembre de 1907. Actas legislativas del 26 de setiembre de 1907, 4° sesión extraordinaria, Tomo 192, pág. 311. 3 Déjà vu en materia de políticas de vivienda, actualmente son similares argumentos que, a diferencia de 1907 no fueron advertidos o tomados en cuenta por los legisladores. (Magri: 2015. Art. en revisión) 4 A su vez creado en 1892 sobre la base de la sección hipotecaria del Banco Nacional, entidad de capitales extranjeros fundada cinco años antes por el español Emilio Reus y que quebrara en aquel año. 5 José Serrato, ministro de Batlle y Ordoñez y primer presidente del estatizado BHU. 6 Hay que recordar que el BHU gozó desde sus inicios de un estatus de autonomía respetable, por su cualidad de servicio descentralizado de la administración central.

La necesaria planificación y su legalización A principios de los sesenta el diagnóstico de la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE: 1965) dejó a la vista los bajos rendimientos del sector estatal en el campo de la vivienda social para grupos de bajos ingresos. “Toda familia debe tener posibilidades reales de satisfacer su necesidad de vivienda adecuada. La solución a los problemas de vivienda debe estar orientada además a estimular el desarrollo de la vida en comunidad a través de servicios comunales apropiados que estimulen la convivencia y den base al sentido de pertenencia de los ciudadanos a una sociedad en desarrollo” (Iglesias, 1966:91).

Conjunto “José Pedro Varela”, programa intercooperativo de ayuda mutua, década del ´70. Archivo SMA-FArq.

con 5.500 soluciones habitacionales en todo el país (viviendas y otras soluciones). En épocas del segundo batllismo (1946) el BHU realineó su oferta lanzando líneas de crédito para vivienda económica. Otras leyes acompañaron rebajando alquileres (1946); congelándolos (1952); otorgando préstamos corporativos para empleados públicos y privados con garantía de las instituciones participantes, con préstamos de hasta el 90% del precio, tasas de interés bajas y préstamos a treinta años. El desborde sin planificación llevó sin embargo al otorgamiento de préstamos para segundas viviendas en balnearios para familias de ingresos medios (1945).

Las décadas entre 1920 y 1950 fueron quizá una etapa donde el concepto de bienestar social y en especial en el sector vivienda con carácter social tuvo mayor expansión y profundización, contabilizándose treinta y dos leyes con destino directo a préstamos, barrios obreros y congelamientos de alquileres. Fue una época donde el concepto social era más abarcativo que lo que hoy significa: social en mitad del siglo veinte definía a la clase baja, media baja y media, mientras que en nuestros días ese concepto está más relacionado al subsidio por pobreza, ingresos insuficientes o vulnerabilidad, indicadores del paquete de atención focalizada.

Este informe multisectorial tiene impacto en el sector vivienda, donde se presentan iniciativas parlamentarias para aprobar una nueva ley que plantea diversos cambios dirigidos a la planificación, sobre la base de la cualificación y cuantificación de la demanda. Dos aspectos muy importantes de ella son, por un lado, la clasificación de la demanda por el ingreso y composición de la familia, determinando el tipo de solución adecuada, y por otro, la incorporación de actores alternativos, como el cooperativismo, en especial de autoconstrucción y ayuda mutua, al cual se suma la visión técnica de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República. Este impulso, concretado en la Ley N° 13.728 de diciembre de 1968, trataba de ordenar el marco institucional ya desbordado por el clientelismo particularista y por la elaboración irracional de leyes a medida, sin planificación ni

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cálculo, así como recalibrar el rol del Estado en la provisión de vivienda y aggiornar la oferta a las necesidades de una sociedad que había registrado cambios sustantivos a lo largo del siglo. La ley ratifica la función social de la esfera pública sin perder de vista el rol que juegan estas acciones en el funcionamiento sistémico del Estado, en la producción, el empleo y los equilibrios financieros. El sistema establecido por la nueva ley otorga espacios participativos al cooperativismo, al mercado a través de la financiación y el control públicos (sistema de préstamos a promotores privados) y fiscaliza de manera universal esta función social al proponer el impuesto Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI) con aportes salariales patronales y obreros. La producción de viviendas entre 1968 y 1974 se repartiría básicamente en: un 19.8% sector público; 22.6% sector privado; 20.2% cooperativas de ayuda mutua y 34.7% de préstamos al ahorro (Piotti, 1992:185). Casi del mismo momento es la creación del Movimiento pro Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (MEVIR, ley N° 13.640 de 1967), a impulsos del político y hacendado Alberto Gallinal Heber, que procuraba atender la problemática de los rancheríos rurales y que luego ha extendido considerablemente su acción. En la década de los setenta, la dictadura militar manejó el sector entre disputas de ideas y mecanismos de transacción de tipo populista o de ajustes ortodoxos. El surgimiento y desaparición de un ministerio de vivienda en un corto

Conjunto “Parque Posadas”, Promoción Privada, primeros años de la década del ´70. Foto de Verónica Solana, 2006. Archivo SMA-FArq

plazo es un indicador de las distintas miradas sobre el tema en la cúpula cívico-militar. Los resultados dejan a la vista que las dos corrientes, tanto la que promovía un reforzamiento del equipamiento social como la de la liberalización, convivieron. En el cónclave de San Miguel en 1973, se planificó la construcción de 7.000 viviendas económicas y medias por año, propuesta que se tradujo en cifras bastante menores. Por otra parte, se fortaleció al BHU en combinación con operadores de mercado de la construcción y empresas que actuaban bajo la etiqueta de cooperativas de ahorristas, desinflando progresivamente el factor social de las propuestas.

La vivienda de arrendamiento, a su vez, sufrió un golpe mortal en 1974 con la liberalización de alquileres (Decreto-Ley 14.219), siendo junto a la liberalización de las condiciones de empleo, factores principales en la formación de cinturones de vivienda precaria en los suburbios de la capital y parte del área metropolitana de Montevideo. Por su parte, las cooperativas de ayuda mutua agrupadas en FUCVAM fueron condicionadas con desestímulos administrativos y legales como el no otorgamiento de personerías jurídicas y la suspensión de préstamos (1975) y la obligatoriedad de pasar a propiedad privada individual (Decreto-Ley N° 15.501 de 1983), bloqueando los principios fundantes del cooperati-

vismo y dificultando su operativa. Se pretendió además sustituir las cooperativas por “Sociedades Civiles de propiedad horizontal” (DecretoLey N° 14.804 de 1978), las que terminaron en grandes estafas promovidas por especuladores, como los casos de “Jardines de Dondero” y “Pilares”. El saldo del período muestra el afianzamiento de las ideas neoliberales que se impondrían en las décadas siguientes.

2. La historia reciente: el triunfo del liberalismo en su concepción de lo social En los noventa, el empuje liberal cambió las coordenadas clásicas del sector público. La reforma se apoyó en dos aspectos cruciales: uno fue que la atención a la demanda fue institucionalmente diferenciada por nivel de ingresos7. En más fue atendida por distintas instituciones que asumieron funciones diferenciadas de mercantilización (BHU) y focalización (el nuevo Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, MVOTMA8). El otro aspecto fue la entrada del mercado a ambas formas de atención, como financista y como contratista del Estado para la construcción de vivienda declaradamente denominada “para pobres”. El MVOTMA fue en adelante la institución encargada de la atención focalizada para familias con ingresos menores a sesenta unidades reajustables (UR)9. Así como en otras políticas sociales, en la vivienda el concepto “social” pasó definitivamente a estar vinculado a situaciones de pobreza y/o vulnerabilidad, perdiendo universo y perspectiva. Una vez encasillada la vivienda como

social, no se piensa en calidad y bienestar, sino en una solución rápida, básica y en lo posible barata. Además, la focalización y los planes de cuasi mercado dejaron fuera a los grupos medios, que no podían afrontar el ahorro exigido en unos planes, mientras que como estaban por arriba del umbral de pobreza quedaban fuera de los otros. En el año 2011, esta situación fue percibida por empresarios y gobierno sancionándose la ley de Vivienda de Interés Social (ley N° 18.795, llamada “VIS” o “LIVIS”).

UY 2010/2015: vivienda social y vivienda de interés social: parecido no es lo mismo Como observamos antes, ya en 1907 se planteaban los problemas de provisión cuasi-mercantilizada de vivienda por parte del mercado interno de la construcción y las finanzas. En el año 2011, la ley de VIS, fue implementada como un híbrido que cubriera las necesidades de los grupos que podían aceptar algunos grados de mercantilización en la transacción. Los riesgos ya vistos en 1907 no fueron percibidos con tanta claridad en 2011. Los topes de precios no funcionaron, sólo una cuarta parte de lo construido tiene el precio topeado (MVOTMA: 2014), fundamentando los mismos factores avizorados antaño: suba de costos, precio de la tierra, agregándose un factor nuevo: los ajustes salariales. La VIS toma en Uruguay otro cariz que en el resto de Latinoamérica. En nuestro caso, estos planes van dirigidos a grupos de ingresos bajos, medio-bajos y medios (Ley 18.795, art.

3°, B), en contrario de otros países que definen esta línea para grupos carenciados. La VIS es igualmente una política con matices sociales, más no necesariamente hereda la antigua conceptualización de lo social que se fundó hace casi un siglo, ya que aún con los Fondos de Garantía de Crédito Hipotecario (FGCH) que reducen el porcentaje de entrega previa o ahorro que deben aportar las familias, el rol del Estado es bastante más reducido, vinculándose estrictamente a ese primer escalón de accesibilidad. El proceso posterior de la transacción (a través de privados o público) deja al comprador sujeto a las reglas del mercado en cuanto a cobro de cuotas y ejecución de deudas. Por otro lado, paralelamente continúa la provisión de vivienda focalizada a cargo del MVOTMA con planes subsidiados y administrados por el Estado. Tenemos entonces un doble rol estatal donde se aplican dos líneas: por un lado la “social”, que presenta condiciones de desmercantilización por subsidios o préstamos blandos, y por otro una cuasi política de mercado denominada “de interés social”. Esto significa que la conceptualización acerca del rol estatal mantiene su matriz liberal, aun cuando es necesario reconocer que se ha mejorado en cuanto a la calidad del concepto vivienda económica o social. Los resultados de la VIS todavía son prematuros, queda mucho por debatir porque como afirman Rodríguez y Sugranyes (2004:77): “Una política de financiamiento de vivienda social no es una política social”, porque el Estado ahora promotor abandonó las funciones de planificación, implementación, control de calidad y pre-

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cio, y las evaluaciones de la política respecto a su impacto en la demanda.

3. Reflexiones finales Las políticas sociales han ido mudando su definición a lo largo del tiempo. Empezando como respuesta al liberalismo dominante de fines del siglo XIX se integraron como derecho de ciudadanía social manteniendo ese valor durante varias décadas. Para la vivienda, la historia de las ideas, la encuentra en estas primeras décadas del siglo XXI en el debate de la reconsideración del concepto que desde la perspectiva de la esfera pública, es el derecho a la asequibilidad y accesibilidad. Estos dos conceptos ponen de manifiesto el desplazamiento de una cuestión social que se está mercantilizando progresivamente, porque la naturaleza social de la vivienda está perdiendo peso en las ideas y los debates, transformándose en un componente de transacciones privadas. ¿Qué opciones quedan? La cuestión social de la vivienda tiene que tomar más fuerza desde la sociedad. El cooperativismo debería ser una acción inducida por el Estado, como forma de organización y de productividad, una modalidad que hasta ahora está casi exclusivamente en la iniciativa de las familias auto-nucleadas. La pregunta que ronda el debate, es por qué el Estado promociona alianzas con el mercado otorgando exenciones para construir vivienda de interés social y no lo hace con el cooperativismo que innegablemente tiene una función social en un sentido amplio del término.

Proyecto de “Torres Nuevo Centro”, programa LIVIS, actualmente en construcción. Tomado de www.ebital.com.uy

Bibliografía

7 La diferencia con otras experiencias como el INVE es que el canal institucional era restrictivo. El BHU no atiende, a partir de 1992, solicitudes de familias con ingresos menores a 60 UR, como sí lo hacía antes. 8

Creado en 1990 por ley N° 16.112.

Magri, A. (2015): De José Batlle y Ordóñez a José Mujica. Ideas, debates y políticas de vivienda en Uruguay 1900-2012. CSIC-UdelaR, Montevideo (en prensa). Magri, A. (2015: Déjà vu en construcción de vivienda social en 1907 y 2011 (artículo en revisión). CIDE (1966): Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1965-1974. CECEA, Montevideo. Iglesias, E. (1966): Uruguay: Una propuesta de cambio. Ed. ALFA, Montevideo. Piotti, D (1992): 100 años de historia del Banco Hipotecario del Uruguay. Ed. BHU. Montevideo. Rodríguez, A y A. Sugranyes (2004): El problema de vivienda de los con techo. Revista EURE, v. 30; n° 91, Santiago de Chile.

Equivalente a unos cincuenta mil pesos de 2015, valor muy próximo al de la línea de pobreza para una familia tipo de cuatro integrantes.

Documentos: Actas Legislativas 26 de setiembre de 1907, 4° sesión extraordinaria, Tomo 192, pág. 311.

Los aspectos político-urbanísticos en el estudio de tres casos

La (di)solución de las ciudades Mariana Alberti, Santiago Medero y Juan Mateo Montans*

* Mariana y Santiago son arquitectos y Juan Mateo estudiante avanzado, todos por la FArq-UdelaR. Mariana es maestranda en Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (FArq-UdelaR) y Ayudante del Instituto de Historia de la Arquitectura (IHA); Santiago es maestrando en Historia y Cultura de la Arquitectura y la Ciudad (Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires), Profesor Adjunto del IHA y Profesor Asistente en las cátedras de Arquitectura y Teoría, y Teoría de la Arquitectura. Juan Mateo es Colaborador Honorario del IHA y ganador de la beca Santander 2015 (semestre en la Universidad Técnica de Lisboa).

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¿Qué tienen en común dos conjuntos de viviendas de mediados de la década de 1920, construidos por el Municipio, una zona de Montevideo, y un prototipo de vivienda mínima planteado en los ´90? Si sabemos que esa zona de Montevideo es Malvín Norte, podríamos rápidamente llegar a la conclusión de que el marco común lo brinda el concepto de vivienda “de interés social”. Pero quizás hay más. En los tres casos existía una idea de desarrollo urbano, implícita o explícitamente formulada, y también una concepción sobre cuál debía ser el rol del Estado en la construcción de la vivienda y de la ciudad. Los casos del conjunto “Lafayette” en Peñarol y las viviendas económicas en el Buceo, a mediados de los años ´20, nos permiten entender una de las primeras iniciativas en el campo de la vivienda popular financiada por el Estado.

Las propuestas arquitectónicas y el contexto en el que nacen evidencian un rico campo de discusiones e ideas sobre la casa y la ciudad, a la vez que colocan a los municipios como protagonistas del proceso. El ejemplo de Malvín Norte presenta la particularidad de ser una enorme porción de ciudad con un plan maestro aprobado en los años ´50, y cuyo corazón residía en la vivienda. El plan, en base a “unidades vecinales”, se fue desdibujando rápidamente, pero las intervenciones ulteriores conservaron su idea de relativa autonomía. Si asumimos que, dadas sus condiciones sociales actuales, fue un experimento “fallido”, queda pendiente dilucidar si el “fracaso” se debió a la no continuidad del plan, al olvido de la planificación como modo de conducir el desarrollo, o a deficiencias del

planteo en su origen, que se mantuvieron en las realizaciones posteriores. Finalmente, los Núcleos Básicos Evolutivos (NBE) nos dan una noción del giro de las políticas de vivienda en los años ´90, en particular en relación al papel del Estado. Pero, ¿qué propuesta urbana se desprendía de estas intervenciones? ¿Presentaba cambios respecto a los modus operandi registrados anteriormente? Los tres ejemplos, finalmente, cubren buena parte de la historia de la vivienda en el siglo XX y nos abren preguntas sobre el desarrollo futuro de las políticas habitacionales. A la vez, de forma quizá no central pero tampoco menor, nos dan cuenta del rol de nuestra Facultad en las discusiones y desarrollos sobre la temática.

IMAGEN 1. Conjunto Lafayette. Fuente: Revista Arquitectura (SAU) N° 115, junio de 1927.

Conjuntos Lafayette y Buceo: la política municipal en los años ´20 En las décadas iniciales del siglo XX se concretaron las primeras iniciativas municipales para la construcción de viviendas dirigidas a los sectores de bajos recursos, localizadas en la periferia de la ciudad y en predios del Concejo Departamental de Montevideo (CDM). El conjunto Lafayette en Peñarol y las viviendas económicas en el Buceo, proyectados ambos en la década de 1920 por la División de Arquitectura del CDM, fueron parte de estos inicios. Bajo la dirección del arquitecto Eugenio Baroffio, esa oficina se proponía cooperar con un problema social que ya se entendía de gran trascendencia. Los referidos proyectos presentaban ciertas similitudes, como su implantación en zonas periféricas pero pobladas, cerca de fuentes de trabajo, con infraestructura y buena

conectividad. Sin embargo, plantean algunas diferencias desde el punto de vista arquitectónico y urbanístico. En el caso de Peñarol, en una manzana comprendida entre las calles Lafayette, Tosti, Molke y Camino Edison, se proyectaron veinte “casas económicas”, un “mercadito vecinal” y un edificio para el Concejo Auxiliar. Un espacio común abierto y ajardinado ocupaba el centro de la manzana. Las viviendas estaban organizadas en dos hileras y presentaban accesos independientes desde la calle, un espacio libre al frente y otro en la fachada posterior, destinado a realizar tareas de cultivo. Por otra parte, en un extenso predio frente al cementerio del Buceo, se proyectó en 1921 un barrio jardín conformado por 410 casas económicas y edificios comunes, como escuela, mercado, comercios y lavadero, conectados por sinuosas

vías que acompañaban la topografía del terreno. Las viviendas, distribuidas en forma apareada, contaban con entrada directa desde la calle y disponían de un jardín al frente y otro al fondo destinado al cultivo, al igual que en Peñarol. Las diferencias entre ambas propuestas eran notorias. En el conjunto Lafayette, la disposición de las viviendas y los edificios proyectados, conformaban el borde cerrado de la manzana, definiendo un plano de fachada continuo, rematado en las esquinas por viviendas dúplex con techos a dos aguas. La manzana era reafirmada como unidad urbana, pero se abría su interior, generando un espacio comunitario para sus habitantes. En el conjunto del Buceo, el trazado rompía con la retícula tradicional, con calles curvas que acompañaban la topografía y brindaban múltiples perspectivas y donde las viviendas de un nivel, aisladas o apareadas, se encontraban rodeadas de jardines.

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IMAGEN 2. Planta del conjunto Lafayette. Fuente: Revista Arquitectura (SAU) N° 115, junio de 1927.

En resumen, mientras la primera era más compacta y cerrada en sí misma, como los planteos decimonónicos de pequeñas comunidades, la propuesta en el Buceo proyectaba una menor densidad y estaba más cercana a las propuestas de Unwin y Parker. Igualmente, ambos conjuntos denotan la ideología de reforma de la vida que los inspiraba: el contacto con el verde y con la tierra, la autoproducción y la comunidad, como remedios contra los males de la “gran ciudad”. Aunque entonces Montevideo difícilmente se pudiera comparar con Londres, Berlín, Nueva York o Buenos Aires, sus tasas de crecimiento permitían imaginar una futura metrópolis que preocupaba a intelectuales y sectores dirigentes1.

IMAGEN 3. Barrio jardín del Buceo. Fuente: Revista Arquitectura (SAU) N° 69, agosto de 1923.

En ambos proyectos fue vital la participación del arquitecto Eugenio Baroffio, quien tuvo un rol muy activo con respecto a la problemática de la vivienda social, tanto desde el Municipio como desde la SAU y la Facultad de Arquitectura. Las propuestas en Peñarol y en el Buceo “materializaron sus ideas sobre la habitación y modificaron tanto la estructura urbana tradicional de la ciudad, como las condiciones mínimas de la vivienda en Montevideo”2. Pero, evidentemente, Baroffio participaba de un ambiente general que comenzaba a preocuparse por el rol del Estado en la solución del problema social de la vivienda. En el ámbito disciplinar, los Congresos Panamericanos de Arquitectos fueron relevantes a

1 Por ejemplo, el Anteproyecto del Plan Regulador (1930), liderado por Mauricio Cravotto, preveía una ciudad de tres millones de habitantes. 2 Ana Montoya, “´ Vivienda sana´ como factor de progreso. Ideas del arquitecto Eugenio Baroffio”, en R. Gutiérrez (coord.), Eugenio P. Baroffio. Gestión urbana y arquitectónica 1906-1956, (Buenos Aires: Farq-UdelaR, CEDODAL, 2010).

los efectos de consolidar la temática3. Ya en el primer congreso, celebrado en Montevideo en el año 1920, se incluía el tema “casas baratas urbanas y rurales en América”, que fue objeto de debates y ponencias. A partir de entonces el problema de la vivienda económica se instaló y fue retomado en los sucesivos encuentros, afianzándose la convicción de que el Estado debía asegurar la habitación “higiénica y barata”. Se promovió la construcción de “barriadas pintorescas”, la adjudicación de lotes a la población de bajos recursos y la sanción de leyes que protegieran la propiedad de la vivienda4. Sin duda, este estado de la cuestión contribuyó a la creación de diversos instrumentos legales, comisiones u oficinas especializadas en la temática. Era el caso de la Oficina Técnica de Casas Baratas de la Sociedad de Arquitectos, creada en el año 1926 o la elaboración de las Ordenanzas de Higiene de la Vivienda, en el año 1928. En el ámbito municipal, en las primeras décadas del siglo XX, la Comisión de Casas para Obreros había tenido entre sus cometidos imponer restricciones a los dueños de conventillos y casas de inquilinato, exigiendo mejoras en relación a la higiene y los servicios. Más adelante los debates se centraron en torno al rol del Estado en la producción de viviendas económicas. En este contexto surgieron las propuestas de Peñarol y Buceo, dos conjuntos que, con distintos grados de concreción, forman parte de la ciudad actual. En el caso del Lafayette, el proyecto se materializó prácticamente en su totalidad; en cambio, en el Buceo sólo se concretaron 14 de las 410 casas proyectadas originalmente, desdibujándose el planteo original

de barrio jardín. En el gran predio quedaron sectores libres de edificación, que con los años fueron sumando intervenciones y devinieron en una especie de catálogo arquitectónico que anticipa, en otro punto de la capital, nuestro siguiente episodio.

Malvín Norte: laboratorio de soluciones habitacionales Observemos una foto aérea actual de Malvín Norte. A diferencia de la zona céntrica de la ciudad, con sus manzanas cerradas, nos encontramos aquí con una gran diversidad de morfologías urbanas y de arquitecturas: pantallas bajas y de gran altura, bloques, viviendas en tira, manzanas de escasa densidad, asentamientos irregulares, una Facultad, un instituto de investigación, grandes áreas libres. Ése es el panorama actual: la vidriera de una gran tienda de soluciones de vivienda y planificación. Asimismo, Malvín Norte se ha convertido con el tiempo en un foco de problemática social. ¿Fueron las utopías urbanas, por sus cualidades intrínsecas o por su descoordinación, las responsables del “fracaso”? Esa situación, hasta los años ´50, era muy diferente. En la fotografía aérea de 1942 se puede observar un gran sector ocupado por chacras y rodeado de un tejido de carácter suburbano. El área delimitada por el punteado fue, pocos años después, objeto de un proceso de planificación que pretendía urbanizarla en forma armónica5. En 1950 se le encomendó al arquitecto inglés Elidir Davies6 el expediente urbano de Malvín Norte, el cual implicaba la confección de un informe sobre el uso de la tierra en un sector de

unas 500 hectáreas. A partir de este hecho se desencadenaron una serie de eventos que fueron marcando el desarrollo de esta zona. El informe de Davies concluía que, al sur de Camino Carrasco, la función doméstica era la más adecuada para la zona. El trabajo incluía un plan de urbanización en base a cuatro unidades vecinales con una densidad de 88 habitantes/ hectárea, similar a las que se fijaron para las New Towns inglesas7. Sobre esta base, y reduciendo el área de actuación a 200 hectáreas, la Oficina del Plan Regulador de la Intendencia continuó el estudio bajo la dirección del arquitecto Carlos Clémot. En 1952 se aprobaron los lineamientos preliminares del plan, junto a una serie de regulaciones urbanísticas. Se proponían cinco unidades vecinales y una serie de servicios comunitarios8. Las cinco unidades, tal cual lo indicaba la teoría de Clarence Perry de los años ´20, quedaban definidas por vías de circulación rápida, en tanto en sus interiores el tránsito estaba limitado y había espacios libres para el esparcimiento, comercios y una escuela. Por otra parte, todas ellas compartían un centro cívico situado en el centro del trazado. A su vez, el plan establecía una serie de normativas propias de un suburbio jardín: retiros laterales de tres metros, ocupación del suelo del 50%, terrenos de 400 y 500 m2 y una altura máxima de siete metros9. La propuesta, por tanto, estaba alejada de la doctrina de los CIAM y evidencia el peso de la planificación anglosajona. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la densidad resultante, 100 habitantes/hectárea, era muy superior al prome-

Vivienda Popular

TEMA DE TAPA

3 Congresos Panamericanos de Arquitectos: 1920 (Montevideo), 1923 (Santiago de Chile), 1927 (Buenos Aires), 1930 (Río de Janeiro), 1940 (Montevideo).

IMAGEN 4. Foto aérea, 2015. Fuente: Google Earth (24 de agosto de 2015).

4 II Congreso Panamericano de Arquitectos, en Santiago de Chile. En Arquitectura (SAU), N° 115 (junio de 1927). 5 Los límites de esta área serían las actuales Camino Carrasco, Irún, Mallorca, Isla de Gaspar, rambla Euskal Erria, Hipólito Yrigoyen, Iguá y Dr. Alejandro Gallinal. 6 Arquitecto inglés (1907-1993) con una importante producción arquitectónica privada. Entre los años 1947 y 1949 dictó una serie de conferencias sobre planeamiento urbano en Buenos Aires en el contexto del Estudio del Plan de Buenos Aires. 7 “Estudio según contrato del expediente urbano y urbanización de la zona de Malvín por el Arq. inglés Elidir Davies”, en Memoria 1951-1952 (Montevideo: Departamento de Arquitectura, IMM). 8 “Consideraciones sobre el proyecto aprobado para la zona de Malvín”, en Memoria 1951-1952 (Montevideo: Departamento de Arquitectura, IMM). 9 Aunque se podía llegar excepcionalmente a 22,5 metros en terrenos que tuvieran un frente de 39 metros.

IMAGEN 5. Foto aérea de 1942. Fuente: Memoria 1951-1952. Departamento de Arquitectura de la IMM.

10 Que era de 25 habitantes/hectárea. Ver “Día del arquitecto y mesa redonda sobre ´Montevideo y sus problemas´” (Montevideo: SAU, 1959).

Izquierda: IMAGEN 6. Plan para Malvín Norte: delimitación de las unidades vecinales. Fuente: Memoria 1951-1952. Departamento de Arquitectura de la IMM. Derecha: IMAGEN 7. Trazado de calles y servicios del Plan para Malvín Norte. Fuente: Memoria 1951-1952. Departamento de Arquitectura de la IMM.

dio de las áreas suburbanas10 y que el propio plan sostenía la necesidad de superar esta densidad a los efectos de una explotación racional de los servicios. Esto atenuaba pero no eliminaba el carácter anti-metropolitano de la propuesta general. En 1955, el INVE compró diez hectáreas en el área destinada a la Unidad Vecinal N° 3. Se presentó entonces el proyecto para el Barrio N° 16, del arquitecto Héctor Iglesias Chávez, al oeste de la actual calle Hipólito Irigoyen. Éste consistía en un conjunto de ocho bloques paralelos de tres niveles, que contrastaban con el proyecto de ciudad jardín preexistente. Aun así, el conjunto reconocía y se enmarcaba en el plan, al crear elementos de conexión con el futuro centro cívico, como la calle diagonal que lo atravesaba11. Por otra parte, se mantenía o apenas aumentaba la densidad propuesta originalmente. Estos años coincidieron con un empuje muy fuerte de la idea de planificación y de la necesidad de

abordar el problema de la vivienda. La Facultad de Arquitectura se convirtió entonces en un actor relevante, iniciando investigaciones y asesoramientos, y coordinando con los actores públicos. Asimismo es difícil, si no imposible, trazar con claridad los límites entre la academia y los organismos públicos, pues los protagonistas muchas veces coincidían en ambas funciones. En el caso de Malvín Norte, quienes actuaron en la época se reducen a un círculo de arquitectos muy cercanos entre sí, que eran parte de diferentes organismos estatales y también de la Facultad: Américo Ricaldoni al frente de la Dirección del Plan Regulador y profesor de Teoría, Clémot e Iglesias por parte del INVE y ambos docentes en el Taller Altamirano, que luego sería el Taller Serralta. Precisamente, la figura de Serralta aparecía en 1959 cuando ganó, junto con Clémot -el proyectista del plan- el concurso del Hogar Estudiantil, en un terreno de cinco hectáreas propiedad de la Intendencia, en el cual se había proyectado la

Unidad Vecinal N° 3. El programa del concurso rompía con los lineamientos del plan, sin embargo también en el Hogar se mantenía la idea del futuro centro cívico, hecho evidente en los planos de ubicación de la propuesta ganadora12. Por su parte, el INVE continuaba con la construcción de viviendas. En 1962, al oeste del Barrio N° 16, se implantaron bloques en tiras de cuatro niveles. De aquí en más, el ya algo desdibujado plan desapareció, y fue reemplazado por la construcción de conjuntos de carácter relativamente autónomo. En 1970 se comenzó a construir el conjunto VICMAN (Vivienda Cooperativa Malvín Norte). El proyecto, de Alfredo Nebel Farini y Eladio Dieste, proponía, en el área anteriormente delimitada para la Unidad Vecinal N° 1, una serie de bloques de cuatro niveles con una cuidada distribución en el terreno. El conjunto presentaba una buena calidad arquitectónica, pero ignoraba el plan maestro. Asimismo, bajo esta misma forma de operar en base a conjuntos pretendidamente

Vivienda Popular

TEMA DE TAPA

autónomos, en la década de 1980 se concretaron dos proyectos de gran peso en el entorno: el conjunto Malvín Alto (1980-82), compuesto por cinco bloques-pantalla de catorce niveles cada uno y el complejo Euskal Erria (1980-84), conformado por tres conjuntos habitacionales que sumaron un total de 3644 viviendas agrupadas en bloques de once niveles. Ahora bien, la idea de relativa autonomía no era ajena al concepto de unidad vecinal, todo lo contrario; en estos grandes conjuntos se lograba también, por la inclusión de una serie de servicios como mercados o escuela. Lo que difería evidentemente, era la tipo-morfología y la densidad13. Las propuestas de Euskal Erria y Malvín Alto se producían, por otra parte, en un momento en el cual, a nivel internacional, ese tipo de resolución estaba cuestionada por numerosos estudios arquitectónicos y sociológicos. Desde mediados de los años ´80, este laboratorio (fallido) de vivienda que fue Malvín Norte cerró sus puertas. Los únicos crecimientos significativos correspondieron a asentamientos precarios. Abandonado por el mercado y por el Estado, sólo quedaba la administración de una prolongada crisis.

Núcleos Básicos Evolutivos: cambios en la política de vivienda en los ´90 El último caso seleccionado corresponde a los años ´90 y representa un cambio significativo con respecto a las políticas de vivienda adoptadas en el país. Los NBE surgieron en un contexto en el que confluyó el ya crónico déficit habitacional de

IMAGEN 8 – Conjunto N° 16 del INVE, arquitecto Héctor Iglesias Chávez. Fotografía de Archivo SMA-FArq.

los sectores de más bajos recursos, con un cambio en la gestión del Estado, que aplicaba nuevos criterios basados en las “redes políticas”14. Este concepto, proveniente de la ciencia política, describe una gestión pública compuesta por varios actores con funciones de poder variables y donde los intereses de cada uno adquieren un plano de mayor importancia15. Esta “red política” se contraponía con el modelo anterior, en el cual el Estado ejercía un poder central y era entendido como único proveedor directo de bienes y servicios. En este marco, el papel de las empresas privadas y las organizaciones no gubernamentales comenzaba a ser más activo en lo que refería a la gestión e implementación de las políticas diseñadas en el ámbito estatal16. Partícipes de las mismas ideas, los organismos crediticios internacionales (Banco Mundial, BID, PNUD) efectuaban “recomendaciones” que po-

11 Arquitectura (SAU), N° 233 (octubre de 1956). 12 Jorge Nudelman, Tres visitantes en París: Los colaboradores uruguayos de Le Corbusier. Tesis de Doctorado (Madrid: ETSAM, 2013). Nudelman también realiza un análisis arquitectónico del Barrio N° 16 proyectado por Iglesias Chávez. 13 En el caso de Euskal Erria, la densidad aproximada es de 550 habitantes/ hectárea. 14 Federico Traversa, “El papel del Estado en los Policy Networks: la gestión del Ministerio de Vivienda en el Uruguay (1990-2000)”. Revista Uruguaya de Ciencia Política N° 14 (2004). 15 E. H. Klijin, “Redes políticas públicas: una visión general” (Londres: SAGE, 1998). 16

Traversa, Op. Cit.

el hecho de que los conjuntos no se planearon con áreas comunes, sino con una lógica de “ciudad tradicional”, con manzanas fraccionadas en lotes individuales que invertían la lógica de los “grandes conjuntos” y de muchas cooperativas.

Imagen 9. Vista aérea, con dos de los conjuntos Euskal Erria, VICMAN y uno de los bloques de Malvín Alto. Fotografía de Rodolfo Martínez, 2000. Archivo SMA-FArq.

nían el acento en la emergencia habitacional de los sectores de menores recursos y fomentaban la participación activa de las empresas privadas en la implementación de las políticas de vivienda. Estas recomendaciones fueron tomadas por el entonces flamante Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA). La solución a la que se apeló fueron los NBE, que consistían en unidades unifamiliares de 30m2, ubicadas en terrenos de no menos de 100m2 y programadas para crecer mediante la autoconstrucción17. La presión de las empresas privadas llevó a privilegiar esta solución de obra

nueva por sobre los subsidios para la compra de vivienda usada18. Esto, sumado a la concepción de los NBE como unidades unifamiliares aisladas, tuvo repercusiones urbanas como la consolidación de las periferias urbanas, generalmente con escasos servicios e infraestructura. Desde el punto de vista morfológico, los conjuntos fueron implantados acompañando los trazados preexistentes, con una densidad de aproximadamente 50 viviendas/hectárea (unas 200 personas/hectárea). Si estos conjuntos se analizan al día de hoy, se hace difícil su reconocimiento, debido a las alteraciones que han sufrido por parte de los usuarios. Esto se refuerza por

Desde su puesta en práctica, los NBE han sido estudiados desde diversos enfoques: constructivo, sociológico, antropológico, arquitectónico. La Facultad de Arquitectura ha llevado a cabo buena parte de ellos, como los elaborados por el Instituto de la Construcción, que develaron varias fallas constructivas y resultados globales peores en comparación con las cooperativas de vivienda19. A su vez, la cátedra de Sociología Urbana ha realizado estudios sobre el crecimiento y la apropiación de los NBE con conclusiones relativamente positivas, encontrando que un 75% de los casos estudiados había evolucionado según lo previsto20. Asimismo, investigaciones antropológicas fuera del ámbito de nuestra Facultad como las de la antropóloga Sonnia Romero, centrada en los crecimientos y apropiación del entorno, llegaron a similares conclusiones, destacando aspectos que repercutieron positivamente en los beneficiarios, como la conexión al sistema institucional, el fortalecimiento de los lazos familiares o el aumento de la búsqueda laboral21. Sin embargo, tampoco debe ignorarse la considerable sustitución de población producida, según advierten los referidos trabajos. El Partido Nacional (PN) fue entre 1992 y 2005 el principal responsable de la política de fomento de los NBE. A pesar del cambio de partido polí-

Vivienda Popular

TEMA DE TAPA

tico en el poder desde 1995, conservó la titularidad del MVOTMA, probablemente convencido del impacto social de sus políticas. En un artículo publicado en esta revista, Daniel García Trovero, en representación del PN, afirmaba que era un mito la idea de que la realización de conjuntos habitacionales en las periferias urbanas constituye per se un factor de segregación social. Adjudicaba la principal causa de este flajelo a la educación y defendía, con correcciones, el programa de NBE. Mencionaba, asimismo, la existencia de casos exitosos de integración urbana en el interior y criticaba el desmantelamiento del sistema sin proponer una alternativa22. Efectivamente, la asunción del Frente Amplio en 2005 significó el fin de un programa muy criticado desde la izquierda política y desde influyentes organizaciones sociales. Además de las críticas relacionadas a los aspectos técnicos y urbanos, se contraponía esta modalidad a la del sistema cooperativo, entendiendo a los NBE como un sistema estatal-mercantil y las cooperativas como una producción social opuesta a la lógica del mercado. Las medidas tomadas desde 2005 han mostrado, sin embargo, distintas facetas, y el apoyo a las grandes empresas privadas no ha estado fuera de la mesa. Finalmente, la consolidación de la periferia en la capital y en múltiples ciudades del interior evidencia que, desde los lejanos años ´20 del siglo pasado, la solución de la vivienda popular también ha significado en buena medida “la disolución de las ciudades”, una especie de irónico homenaje a las ideas de Bruno Taut.

IMAGEN 10. Evolución material de dos conjuntos de NBE entre el año 2000 y 2015. Fuente: Google Earth. (21 setiembre de 2000, 13 de julio de 2015, 23 de mayo de 2001 y 16 de julio de 2015).

17 Su metraje implicó una modificación de la Ley de Vivienda de 1968 por no cumplir con los mínimos por ésta estipulados (Ley 16.237, aprobada en enero de 1992). 18 19

Traversa, Ibíd.

Alonso, Bozzo, Calone, Cánepa, Gonnet, Fynn, Nahoum, Recalde, Rodríguez, Torán. “Evaluación integral de quince sistemas constructivos. ¿La tecnología es la solución?”, en Vivienda Popular N° 21 (setiembre de 2011).

20 Crossa y Gutiérrez, “Crecimiento y apropiación de los Núcleos Básicos Evolutivos”, en Vivienda Popular N° 3 (julio de 1998). 21 Sonnia Romero, “Relocalización urbana y descompensación social en el Montevideo contemporáneo”, en Vivienda Popular N° 4 (diciembre de 1998). El artículo en un resumen de un proyecto CSIC I+D realizado entre 1994 y 1996. 22 Daniel García Trovero, “Hábitat y vivienda popular: la mirada de los actores y la nuestra. Partido Nacional”, en Vivienda Popular N° 19 (octubre de 2009).

Veinte años de cooperativas de ayuda mutua

La importancia de los colectivos Lic. Antrop. Lucía Abbadie, Soc. Horacio Alvárez, Arq. Laura Bozzo, Arq. María Calone, Ing. Benjamín Nahoum, Ec. Lorena Rodríguez, Arq. Tania Seré, A. S. Cecilia Soria, Arq. Susana Torán*

* Los autores agradecen especialmente la colaboración de la Arq. Giovanna Tedros, Mag. Psic. Nicolás Rodríguez, Psic. Jorge Larroca y Bach. Martín Tansini.

Vivienda Popular

INVESTIGACIÓN

El presente artículo expone resultados de la investigación “El impacto habitacional del cooperativismo de vivienda de usuarios por ayuda mutua: producción, usos y apropiación del hábitat en sectores de bajos ingresos”, desarrollado por un equipo de docentes del Instituto de la Construcción-Facultad de Arquitectura y de la Unidad de Estudios Cooperativos-Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio-UdelaR, con el apoyo de docentes del Centro Universitario de Paysandú. El trabajo (2013-2015) fue financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica dentro del Programa Vinculación UniversidadSociedad y Producción y tuvo el aval de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). El estudio consistió en la evaluación física, social y económica de 15 cooperativas (franjas III y IV de la Reglamentación 1993, y R 2008), de Salto, Paysandú, Canelones y Montevideo, lo que incluyó la inspección física de las viviendas, entrevistas a los cooperativistas y sus técnicos asesores, análisis de información se-

cundaria de la Agencia Nacional de Vivienda y de una encuesta realizada a cooperativistas por estudiantes de la Facultad de Psicología. Si bien el estudio de la muestra significó un importante esfuerzo, y para algunos temas fue considerablemente ampliada con datos de FUCVAM y otras fuentes, dada la cantidad de variables en juego resultó pequeña para extraer conclusiones generalizables. Por ello, más que relaciones causa-efecto, si las hubiera, las conclusiones apuntan a identificar tendencias, que estudios ulteriores más amplios y específicos podrán validar o no.

Los aspectos sociales La evaluación de la experiencia del cooperativismo de vivienda por ayuda mutua (CVAM) no debe perder de vista su carácter de movimiento; en la investigación realizada, en particular, siendo la FUCVAM la contraparte, las cooperativas estudiadas pertenecen a la Federación y esto les da particularidades que no tienen otras, a las que no podrían aplicarse las mismas conclusiones.

La mayoría de las cooperativas escogidas construyeron a partir de 2000, bajo la reglamentación de 1993 (R 1993), en condiciones que la Reglamentación 2008 (R 2008) alteraría radicalmente, especialmente la reducción notoria de los tiempos y la previsibilidad del proceso que las cooperativas enfrentan a la hora de constituirse. En cambio, en la R 1993, los tiempos imprecisos y los trámites en el entorno de los 10 años (plazos: 5 a 11) generaron en los padrones sociales importantes cambios, dejando en absoluta minoría a los fundadores. Los procesos se caracterizan entonces por la variación de la integración de los grupos, permaneciendo constantes el terreno y la personería jurídica, como plataforma de los mismos, por ello esos procesos se estabilizan muy poco antes de obtener el préstamo. Las familias transitan por el grupo haciendo aportes que se incorporan al mismo: tiempo, dinero, competencias, pero pocas de ellas pueden efectivamente usufructuar los resultados. Éste es un elemento de sostenibilidad del sistema en esas condiciones, ya que si los des-

COOPERATIVAS

COVIBLAP

INCHALÁ

30 DE SETIEMBRE

COVIMAG 3

COFEVI

COVIN 1

COVIDEC

COVICIVI 3

COVIETEX

COVIFUSAP

ICOVI

COVIPAY

COVITER 2

COVIAM 96

COVIPASO

ORIGEN INFORMACIÓN

N° de socios/viviendas

BHU-ANV

Las Piedras

Mvdeo

Pay

Mvdeo

Salto

Can

Mvdeo

Salto

Mvdeo

Pay

Mvdeo

FUCVAM

Reglamentación

1993 F. III

1993 F. IV

1993 F.IV-V

1993 F. IV

2008

1993 F. IV

2008

1993 F. IV

Elaboración propia s/datos BHU-ANV

Instituto asesor

COVIMA

HacerDesur

COVIMA

CCU

COVIMA

IPAC

INTEC

CAEESU

CCU

IPAC

COVIMA

CCU

INVIPO

ITACOVI

INVIPO

BHU-ANV

Fecha escritura

29/12/98

18/03/05

16/10/05

17/09/07

14/01/00

30/06/05

09/07

27/06/05

29/01/03

04/10

09/10

04/10

06/10

11/05/98

BHU-ANV

Inversión UR corrientes/ vivienda

1375

2117

1861

1607

1592

2022

1927

1857

2033

1934

1708

1556

1619

1685

1546

Elaboración propia s/datos BHU-ANV

Inversión UR de marzo 93 /vivienda

1493

1909

1662

1454

1354

1751

1765

1719

1850

1629

1502

1560

1621

1676

Elaboración propia s/datos BHU-ANV

Inversión UR / m2 construido

17,62

30,22

24,96

25,47

19,41

31,37

29,85

25,35

29,03

28,73

23,14

24,19

29,03

27,42

24,91

Elaboración propia s/datos BHU-ANV

Inversión UR de marzo 93 /m2 construido

19,14

27,25

22,29

23,04

20,01

27,16

27,34

22,27

24,54

27,48

22,08

23,35

27,96

26,36

27,02

Elaboración propia s/datos BHU-ANV

Plazo previsto (meses)

Elaboración propia s/datos BHU-ANV

Plazo real (meses)

Elaboración propia s/datos BHU-ANV

Avance en porcentaje por la preobra

2,5

1,1

0,6

7,7

2,8

–

1,1

–

6,2

–

6,7

7,6

3,7

0,6

16,1

Elaboración propia s/datos BHU-ANV

Viviendas por oficial contratado

6,0

5,4

4,8

4,7

4,2

3,5

5,2

6,9

2,3

s/d

Elaboración propia s/datos BSE

Pagos BSE/rubro previsto Leyes Sociales

1,18

1,39

1,17

1,13

1,31

1,19

1,10

1,42

1,34

s/d

Elaboración propia s/datos BSE y BHU

Horas semanales de ayuda mutua

21,26,30

20,24

16,21

21 y más

Información coooperativas

Número de dormitorios (2-3-4) en %

22-78-0

21-79-0

0-100-0

59-37-4

0-90-10

0-100-0

85-15-0

74-20-6

45-55-0

Recaudos

Alturas edificatorias (1N/2N/3N/4N/más de 4N)

2y1

Recaudos

Densidad edificatoria (viviendas/hectárea)

259

–

267

382

102

Recaudos

Crecimientos previstos

Recaudos

Patologias humedades

Relevamiento

Localidad

0-100-0 12-73-15 48-52-0

0-100-0 33-54-13 0-100-0

Vivienda Popular

INVESTIGACIÓN

gastes provocados por el tiempo de espera, los esfuerzos y las concomitantes bajas, no fueran compensados por nuevos asociados que se integran al acercarse el préstamo, los proyectos sucumbirían por la deserción. Esto podría cuestionarse desde el punto de vista individual, pero para el sistema es una condición de sobrevivencia; los avances realizados no se pierden, y siempre algún grupo logrará capitalizarlos, construir y habitar. El abandono de los proyectos es muy minoritario en el CVAM: si un proyecto declina, generalmente lo retoma otro grupo de personas, apropiándose de él y modificándolo a su imagen, pero dándole continuidad. La variación del grupo implica también una autoselección, pues sostener los requisitos de aporte de dinero y sobre todo trabajo, no es para todos los que originalmente se acercan a las cooperativas por necesidad de vivienda. Si bien están claras las condiciones y reglas a seguir, cuando se incrementa el rigor en su cumplimiento y cesan las tolerancias iniciales, aumentan las bajas por no poder o querer asumir responsabilidades. Mayoritariamente esto sucede en el trámite, pero marginalmente también, en etapas tardías de la obra y en la convivencia. El tiempo de espera es largo (sobre todo en la R 1993), pero no pasivo: tiempo de militancia, de esfuerzo no reductible a términos económicos. La capitalización de esas horas sería sólo un escaso reconocimiento a la contribución para hacer realidad el proyecto: gestiones, cuidado del terreno, movilizaciones, jornadas solidarias en otros grupos, pre-obra (no toda

certificable, pero esencial) financiada con fondos generados por el colectivo, aparecen en el relato de los grupos. La postura es hacer lo que se requiera, aun si no es formalmente exigible. Entre esas tareas de pre-obra encontramos ejemplos interesantes de recuperación del entorno tales como limpieza de terreno y entubamiento de cañada en un predio “inhabitable”; demoliciones; desmonte de terreno; recuperación de materiales en casos de fincas preexistentes -realizadas a veces sin condiciones de seguridad adecuadas por falta de recursos-; apertura de calles, o asumir parte del costo de extender el saneamiento. Algunas correlaciones identificadas. Se detectaron problemas en la etapa de obra (desfinanciamientos, relación con el personal contratado, detención de las obras), respecto a alguna o algunas de las siguientes situaciones: 1. Vínculo conflictivo con el Instituto de Asistencia Técnica (IAT). Relaciones dañadas por el retaceo de información económica a los asesores; ignorar su opinión en la contratación de capataz o subcontratos, o en cuanto a la cantidad necesaria de obreros. O por los apremios de los IAT a los grupos para tomar decisiones; presentación de proyectos no adecuados a las posibilidades y aspiraciones del grupo; carencias en el trabajo social, así como errores técnicos no asumidos y/o subsanados. Estas dificultades crean falta de confianza en el relacionamiento y llevan a decisiones desacertadas por parte de la cooperativa o del IAT.

2. Alta conflictividad interna asociada a luchas de poder que crean bloques o bandos. Esto se agudiza con la existencia de relaciones de parentesco en el grupo, la ocupación del terreno por varios núcleos antes de la obra, o una convivencia previa conflictiva en el mismo barrio, en condiciones de segregación socio territorial. La falta de confianza y la condición “fija” de los antagonismos dificulta los procesos saludables en la toma de decisiones, afectando la reflexión conjunta, al no haber diálogo. 3. Relación débil o conflictiva con FUCVAM. Cuando no existe un espacio de militancia y/o vínculo fuerte en la Federación, las cooperativas tienden a verla como algo distante, útil puntualmente pero no sienten pertenencia, no se sienten “parte de” y entonces no capitalizan ese apoyo. Se observa también una relación entre el manejo adecuado de los recursos, la realización de mejoras y el cumplimiento de los plazos, con las variables que siguen, además de la ausencia de los factores de cuidado antes mencionados: 1. Grupos con líderes positivos, convencidos de la eficiencia del modelo, formados en tal sentido y con capacidad de conducción para ello, con militancia activa en FUCVAM. 2. Altos niveles de autoexigencia y cumplimiento de normas, disposición militante por buena parte del grupo y voluntad de aportes al colectivo, en tiempo sobre todo, aunque no arrojen un beneficio inmediato o individual.

3. Conocimiento en construcción en el grupo o disposición al aprendizaje. No siempre los grupos que obtuvieron buenos resultados contaban con conocimientos previos, pero sí con una importante voluntad de aprendizaje.

autonomía presente en estos proyectos. En la mayoría de los casos el aporte familiar excede las 21 horas de trabajo, se realizan jornadas obligatorias los fines de semana y mayor cantidad de horas semanales en algunos períodos.

Influencia de la cultura organizacional: lugar central del aprendizaje y sus elementos facilitadores. La militancia es una categoría relevante en los grupos estudiados; es importante asimismo la cultura organizacional, en la que la pertenencia a FUCVAM constituye un rasgo identitario, por el que el esfuerzo, y hasta el sacrificio, forman parte del perfil valorado del cooperativista-militante, destacándose la dignidad de lo logrado con esfuerzo y los sacrificios se evocan con orgullo, en el contexto de un discurso sin consideraciones de costo-beneficio.

La capitalización de todo el trabajo aportado daría un considerable incremento del valor de la vivienda, dificultando tanto la devolución al socio saliente como la incorporación de los nuevos, generalmente trabajadores, que no pueden afrontar ese monto. Por ello algunos colectivos no capitalizan los aportes adicionales, privilegiando el proyecto por sobre el interés personal. Esto fue relevado en investigaciones anteriores, y en el presente estudio identificamos opciones individuales en este sentido.

Los grupos más autoexigentes generalmente tienen fuertes liderazgos, a veces asociados a la actividad gremial y coinciden con un importante rendimiento del trabajo en obra. También suelen asociarse con una menor tolerancia a la permanencia de familias con dificultades para el cumplimiento: expulsiones directas por esta causa, o presiones para abandonar el proyecto, a través de penalizaciones. En algunos casos, esto conduce a una evaluación cuidadosa para el ingreso, que se hace selectivo. Esto puede tener un correlato en los resultados de la obra (menores tiempos, mejoras) pero no puede aseverarse que se deba a esa mayor exigencia. Las significaciones sociales poderosas que sostienen el esfuerzo son inseparables de la

Se observa que las recomendaciones de FUCVAM son adaptadas a la dinámica o conformación del grupo: hay plasmada cierta forma de autonomía, porque el grupo reinterpreta las normas y las aplica según su criterio y en función de su situación. No vimos patrones claros entre mejores resultados y mayores niveles educativos. Los grupos mejor integrados, con un funcionamiento más solidario, logran un desempeño mejor mediante un intenso aprendizaje: de los técnicos, de los capataces, de otras cooperativas, de la militancia, superando así sus debilidades. Encontramos sí alguna asociación entre las dificultades organizativas y de gestión en el caso de un grupo de origen territorial homogéneo, con un trayecto de segregación socio territorial de la mayoría de sus integrantes, agudizadas en

obra y convivencia por “arrastrar” conflictos originados antes del comienzo del proyecto común. Finalmente, encontramos una acusada tendencia a la contratación de trabajo, y “en negro” para la realización de la Ayuda Mutua (9 casos en 15, desde poco hasta ampliamente), excepto cuando las orientaciones de FUCVAM se asumen radicalmente, en casos de fuerte identificación con el movimiento. La R 2008 y su impacto. Al eliminar las franjas, se habilita mayor heterogeneidad en los grupos, pero otras de sus disposiciones atentan contra esto; así, el restringir el número de dormitorios según la fotografía del grupo familiar al presentarse el anteproyecto constituye un desincentivo a la incorporación de familias que aspiran a crecer, o con niños que necesitarán pronto dormitorios diferenciados según el propio criterio oficial. En una perspectiva de vivienda para toda la vida, y con los sacrificios que implica, esto excluye del sistema a familias con otras posibilidades, aunque pudieran tener perfil y vocación cooperativista. De este modo se afecta un elemento fundamental de la conformación social de los grupos: la autoselección de los colectivos, al sobredimensionarse el elemento económico, que en definitiva es el que abre otras posibilidades; se atenta contra la riqueza y diversidad de los grupos, aunque se busque lo contrario. La normativa debería respetar los rasgos distintivos del movimiento cooperativo, su autonomía y los márgenes de libertad para los procesos selectivos que posibiliten una convivencia

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INVESTIGACIÃ&#x201C;N

armónica. Ya el techo de 60 UR para el ingreso es una restricción discutible, que siempre se burló y se burla, en pro de mantener asociados valiosos, pero esta posibilidad no existe para la asignación de dormitorios. Se contribuye así a la homogeneización, al integrarse sólo a los que no pueden aspirar a otra cosa, alejando a quienes traen consigo otras posibilidades económicas, pero también un capital cultural y educativo que los grupos siempre han sabido aquilatar, junto a la voluntad de aprendizaje y la vocación militante, para superar carencias.

Los aspectos físicos Los conjuntos estudiados emplearon sistema “tradicional” y tipologías diversas, con distintos modos de cerramiento: muro simple o doble; cubierta pesada o liviana. Las tipologías son de planta baja (tres), dúplex (diez), apareadas o en tira, y dos de los casos son viviendas en altura. En las dúplex, los espacios de relación están en PB y los dormitorios en PA; en cinco casos hay cocinas en PB y baños en PA y cuatro tuvieron opción de baño en PB. La evaluación, al ser pos-ocupación, recoge otras variables importantes como la ejecución en obra y posteriormente el uso, las mejoras y el mantenimiento realizado. Se destaca el rol que juega el diseño y el papel del usuario, hacedor y gestor de su propio proyecto, que influye notoriamente en el resultado físico, mejorando la calidad de la vivienda sin incrementar costos.

En cuanto al mantenimiento de las viviendas y de los espacios colectivos, el grado de organización alcanzado influye de manera muy positiva, contribuyendo a apoyar o mitigar las situaciones de dificultades y realizándose el mantenimiento en colectivo. Existen patologías que parecen provenir de la ejecución de las obras: 1. En la instalación sanitaria, por el control escaso o discontinuo, o la poca calificación de la mano de obra. En esto es fundamental que el capataz y los operarios especializados cumplan eficazmente el rol asignado, tanto en capacitar a los socios, como en la supervisión del trabajo contratado. Debe darse importancia a la capacitación previa a la obra, para mejorar el desempeño en ésta, sin perjuicio que las tareas especializadas debe realizarlas personal idóneo. 2. En la ejecución de puntos de encuentro de cubierta y chimenea, cuando existen, por su defectuosa resolución o la dificultad de su ejecución, problema que puede presentarse en cualquier obra, no importa su magnitud. Es importante trabajar sobre detalles constructivos exhaustivamente explicitados, para que el usuario interprete la práctica del buen construir. 3. En el cierre del ducto para una chimenea que se anula posteriormente, que debe preverse y explicitar cómo debe realizarlo el usuario, lo mismo que en los cambios de ubicación de la estufa autorizados por la cooperativa-. Entre los problemas relacionados con el diseño están:

1. la resolución inadecuada de juntas en medianeras, que no son protegidas en las fachadas, posibilitando ingreso de agua, depredación por animales, etc., o con cierres en cubierta no bien diseñados o realizados; 2. diseño de muros exteriores o cubiertas, cuya transmitancia térmica no contempla el riesgo de condensaciones. Si bien el reglamento aprobado por la IMM para los edificios de vivienda para reducir la demanda de energía, rige desde el año 2009, no se exigió su cumplimiento a las cooperativas de la R 1993. Respecto a problemas relacionados con el terreno, se detectaron fisuras que denotarían movimientos de la cimentación, que pueden haber sido causados por el apoyo sobre rellenos, cambios de cimentación, soluciones diferentes de cimentación en el mismo bloque o tira, etc. Una patología corriente es la aparición de humedades localizadas en encuentros entre elementos constructivos, solucionadas luego de la ocupación o que subsisten todavía. Los endeudamientos por la obra en algunos casos han llevado a realizar sacrificios en la calidad para equilibrar presupuestos, pero también hay conjuntos en los que se pudo realizar mejoras con base en los ahorros practicados o por la compra de materiales con precios más bajos. Respecto a las tipologías, algunos ejemplos muestran la dificultad de adaptación para responder a las necesidades: hay proyectos que no permiten realizar crecimientos, aunque en otros los mismos se facilitan al estar previstos por el

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INVESTIGACIÓN Desviación de plazo real/previsto vs. plazo previsto proyecto, evitando que se realicen en desmedro del espacio libre previsto en el terreno.

Los aspectos económicos Las principales conclusiones en este aspecto son las siguientes:

Plazo real vs. número de viviendas

- Hay una diversidad importante de plazos de obra, y desvíos, que reflejan, o una imprevisibilidad en estos programas mayor que la habitual, o una planificación monitoreo-evaluación-ajuste ineficiente. - Prever plazos más extensos y supuestamente “prudentes”, reduce los apartamientos pero no mejora los plazos, que en los últimos años parecen extenderse. - De los programas de la muestra planificados a 24 meses, el 70% lo cumplió con un retraso no mayor a 3 meses y un 50% lo cumplió estrictamente o lo redujo. - Los mayores apartamientos en general corresponden a proyectos más complejos o donde hubo errores. - Esto reafirma que es posible realizar los programas en 24 meses, evitando sobrecostos por prolongación de plazos (se prueba que al pasar de 24 a 36 meses, el costo aumenta un 15%, con lo que la cooperativa pierde el ahorro generado por la ayuda mutua). En cambio es difícil bajar sensiblemente los 24 meses. Por ello la reglamentación debería impedir que se planifique a plazos muy cortos o muy largos.

- En las cooperativas que se obtuvieron datos, los aportes al BPS fueron 10 a 40% más que lo previsto (lo que debe cubrirse ahorrando en otros rubros), por errores de presupuestación o bajo rendimiento de los contratados: por problemas propios, de apoyo de la ayuda mutua, o ambos. - Si bien se estudiaron cooperativas con préstamos comparables de la R 1993 y R 2008, la diferente evolución UR/ICC, y la no previsión de este fenómeno en la R 1993, hacen que a valores constantes los montos de inversión/m2 difieran hasta un 40%; los valores más bajos corresponden a obras con más m2/vivienda y los más altos a los de la R 2008 y los de la R 1993 con problemas en su desarrollo. - Si se analizan las inversiones por vivienda en lugar de por metro cuadrado, resultan menos penalizados los conjuntos de la R2008, que están obligados a construir menos metros cuadrados, reduciendo los baratos. Es necesario reconsiderar esta estrategia, que busca economías disminuyendo áreas, sin lograrlo, porque se reducen las de costo mucho menor.

se mantiene el valor por metro cuadrado, cuando el área que se agrega es de costo menor.

riaciones de costos regionales, además, son otro factor de desajuste.

- Casi todas las cooperativas de la muestra recibieron un préstamo de valor real mayor que el correspondiente a la fecha de la reglamentación, de modo que estuvieron sobre-financiadas. Ni esto ni lo contrario puede suceder hoy, al actualizarse el préstamo por UR/ICC al escriturar.

- Hoy existen nuevos requisitos (mayor aislación, seguridad en la obra, prevención contra incendios) sin aumentos en los VT totales, por lo que deben redistribuirse entre los otros rubros. Se exige además, para los grupos de más de 20 viviendas, construir un salón comunal, imprescindible para la cooperativa, pero no financiado.

- Los desfinanciamientos producidos en algunos casos estudiados no se explican por aspectos económicos de tipo estructural, pues el sistema de reajuste y corrección por mayores costos, funciona bien en general. Debe pensarse, entonces, que hay problemas de gestión y asesoramiento que pueden transformar incluso herramientas muy positivas, como el anticipo, en potenciales riesgos, por su incorrecta utilización.

- El acceso y pago del terreno se solucionan con las Carteras de Tierras, aunque a veces los terrenos adjudicados tienen problemas (infraestructuras incompletas, problemas de subsuelo o niveles), que exigen a los grupos importantes inversiones. El sistema de Montevideo y otros departamentos de apoyarse en FUCVAM como contraparte, parece mejor que la adjudicación individual de CIVIS.

- Por el contrario, una de las virtudes comparativas de la R 1993, era dejar a las cooperativas la opción entre construir más metros cuadrados con terminaciones más sencillas, o la contraria.

- La aplicación al sistema cooperativo de indicadores correspondientes a otras formas de producción, puede causar distorsiones; así, el ICC, elaborado a partir de los costos de empresas montevideanas de cierta escala, no refleja los costos de una cooperativa pequeña del interior, del mismo modo que el IMS, cuya base son los salarios en empresas de cierto tamaño, no traduce las posibilidades de un cuentapropista o un trabajador zafral.

- Los valores de tasación de la R2008, discriminados por dormitorios, sub-financian la vivienda de 2 D y sobredimensionan su incorporación, pues

- En el caso del ICC, que refleja sólo costos de construcción y no el costo de la tierra, también distorsiona si es el indicador exclusivo. Las va-

- Igual que para edificar en altura, haría falta un “subsidio de localización”, para, sin restar dinero a la obra, acceder a mejores ubicaciones. Y permitir que la diferencia en menos al tope del 10% del precio del terreno, pueda pasarse a obra, dado que en general, el valor bajo del terreno se asocia a uno alto de la infraestructura. - Respecto al pago de cuotas, el subsidio parece funcionar bien, aunque su alto costo cuestiona su sostenibilidad y darle fuerza de ley fortalecería su continuidad; sin embargo, las familias no subsidiadas pagan más que con la reglamentación anterior, al aplicarse intereses más altos que los de mercado.

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- Se siguen aplicando cargas sociales (IVA a materiales, adicional para financiar la Caja de Profesionales), no justificadas en un programa de interés social, lo que tiene un efecto inflacionario sobre las cuotas e incrementa las necesidades de subsidio.

2. Las normas pueden operar como “facilitador” o “complicador”, creando obstáculos o encauzando los procesos. A siete años de vigencia, es oportuno evaluar la R 2008, para analizar sus fortalezas y dificultades, y aplicar los ajustes necesarios. Por ejemplo:

- Como hemos señalado en trabajos anteriores es necesario, al analizar la afectación del ingreso considerar, junto a la cuota de préstamo el costo de los servicios y el mantenimiento, tan importantes como aquélla.

-los sorteos sin duda son un procedimiento cristalino, pero, al realizarlos indiferenciadamente entre todas las cooperativas presentadas, llevan a apresurar procesos si la suerte llega muy rápido o a causar desaliento y desintegración cuando su falta se repite; por ello debería buscarse que, sin perder la transparencia, se tuviera en cuenta la antigüedad;

Consideraciones generales Es posible formular, además, algunas consideraciones importantes que atraviesan todos los aspectos, y que surgen de los casos analizados o de propuestas hechas en su momento por FUCVAM o los IAT o que provienen de la propia experiencia personal de los investigadores. 1. La autogestión es clave en el buen desempeño del modelo cooperativo y sus logros materiales, económicos y sociales. Tratándose de colectivos casi siempre sin una historia previa como tales, ni una aptitud, experiencia o formación para esa función, la capacitación es fundamental. Por ello debe ser asumida como tarea central por todos: la propia cooperativa y sus socios, las federaciones, los IAT, los contratados, y la propia institucionalidad.

-la asignación de dormitorios por una “fotografía” fija al final del trámite, contradice la voluntad de la ley de contemplar especialmente a las parejas jóvenes y desestimula el ingreso a una cooperativa, sobre todo a quienes tienen otras posibilidades; -si bien las cooperativas numerosas pueden plantear dificultades en la participación, las muy pequeñas tienen menor potencialidad y a veces problemas de funcionamiento orgánico. Pueden ser una alternativa para terrenos de gran interés urbano y pequeña dimensión (aunque esto podría solucionarse con “cooperativas dispersas”, implantadas en terrenos próximos pero no contiguos) pero debería estimularse las composiciones más equilibradas;

programas de menos viviendas y muy buenos negocios los de muchas. Para no quitar recursos a las obras, las diferencias en más podrían subsidiarse; -el fin del asesoramiento con el de la obra (salvo la responsabilidad decenal por vicios ocultos) deja a las cooperativas sin apoyo técnico en la etapa, crucial e inédita, de la convivencia. El asesoramiento, sobre todo en lo social y para el mantenimiento, debería prolongarse por un plazo razonable. 3. La capacidad de las cooperativas para generar y sostener iniciativas de impacto colectivo debería contribuir al esfuerzo por defender el ambiente, en particular sustituyendo fuentes tradicionales de energía por otras no contaminantes y renovables; para ello deberían establecerse estímulos a la protección contra el cambio climático, como usar dichas energías, mejorar aislaciones, usar materiales menos contaminantes, etc. 4. El ingreso de un nuevo socio a una cooperativa habitada de usuarios es un problema aún no resuelto, porque requiere un esfuerzo económico inalcanzable para una familia del mismo sector social. Eso está produciendo una “gentrificación” en las cooperativas, con una fuerte repercusión social. Por ello es muy importante crear canales de financiamiento para acceder a esos cupos.

-los honorarios deberían revisarse para evitar que sean insostenibles para los IAT los

Montevideo, 1990-2012

La gestión del suelo en la producción habitacional y sus impactos socio-territoriales Mag. Arq. María del Huerto Delgado y Arq. Raúl Vallés (Responsables) Ing. Benjamín Nahoum, Mag. Arq. Sharon Recalde, Arq. Leonardo Altmann, Esp. SIG Alejandro Ramírez*

*Los autores agradecen a todos los estudiantes que colaboraron en la investigación a través de tesinas o pasantías, así como a todos quienes aportaron información.

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Este artículo presenta los principales resultados de un proyecto de investigación y desarrollo apoyado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica-UdelaR, desarrollado en la Unidad Permanente de Vivienda-FArq, entre 2013 y 2015.

Introducción El territorio es el sistema resultante de la interacción entre una sociedad y el espacio que habita, producto de su relación histórica y multidimensional. El desarrollo principalmente físico de un territorio, una ciudad, dependerá básicamente del rol que en la gestión del suelo asuman tres actores centrales: el Estado, el Mercado y la población. Los resultados serán diferentes según quién de ellos lo gestione y las lógicas con que actúe. El Estado buscará asegurar la satisfacción de las necesidades de habitar de la población y facilitar el acceso a

una localización adecuada a los sectores menos favorecidos, pero también suele concebir la producción habitacional como fuente de empleo e inversiones; para el Mercado, el suelo urbanizado y la vivienda son negocio y reserva de valor; por su parte, para la población destinataria, la ciudad es la expresión de su derecho a un lugar para vivir, aunque con frecuencia lo materialice precariamente. A lo largo del tiempo estas lógicas se encuentran y desencuentran en el territorio, generando ciudades integradas, armónicas e inclusivas, o ciudades fragmentadas, conflictivas y excluyentes, las que a su vez han promovido el desarrollo de sociedades y modos de habitar diferentes. Por ello el recurso suelo, y más específicamente el suelo urbanizado, bien escaso, limitado y caro, es vital para las políticas públicas de vivienda, y su uso eficiente mejora sustancialmente los resultados de éstas. Su localización y cali-

dades urbanas (infraestructuras, equipamientos y servicios) aportan a la calidad de vida y contribuyen o no a la integración socio-territorial. Nuestra investigación analizó la gestión del suelo en las políticas habitacionales implementadas en Montevideo entre 1990 y 2012: cuáles fueron los instrumentos jurídicos e institucionales que les dieron soporte; qué resultados físicos e impactos socio-morfológicos provocaron en las propias realizaciones y sus entornos, en las familias, los vecinos y la ciudad, así como qué ciudad se genera en ausencia de acción estatal. Se profundizó en el análisis diacrónico de la producción habitacional pública y datos sociodemográficos, globalmente para Montevideo, y luego profundizando en seis zonas: dos centrales, dos intermedias, y las restantes periféricas. Se observó cómo las políticas públicas crean ciudad, y también cómo incide la inacción de un Estado al que suplantan otros actores. Las

Montevideo, intervenciones urbano habitacionales segĂşn DINOT y ubicaciĂłn de las zonas de estudio particularizado

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acciones determinan qué ciudad resulta (conjuntos de núcleos básicos evolutivos [NBE], viviendas cooperativas, asentamientos irregulares, grandes conjuntos), pero también la ciudad fomenta o inhibe determinadas acciones: por el costo del suelo, su propiedad o la presencia o no de servicios urbanos.

Acerca del marco temporal y territorial La ciudad se forma en el espacio y durante el tiempo, por lo cual era necesario definir el territorio y lapso a investigar. El estudio, inicialmente 1990-2012, se extendió finalmente a casi 30 años para tomar como mirada inicial la del censo de 1985, referencia socio-demográficohabitacional más cercana que se debió asumir como punto de partida. Las “fotografías” que muestran los censos permitieron establecer cómo fueron evolucionando población, hogares y viviendas, y comparar con lo que ocurría con el parque habitacional y la ciudad. Se definieron así tres grandes sub-períodos: • entre los censos de 1985 y 1996, con dos hitos fundamentales: la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA-1990) y la Cartera de Tierras de la Intendencia de Montevideo (IM-1990)1; • entre el censo de 1996 y el “conteo” de 2004 (fase preparatoria del Censo 2011), donde se destacan el Plan Montevideo, de Ordenamiento Territorial de la IM (POT), el Plan “Fénix” para La Aguada y el Plan “Bruno Mauricio de Zabala” para Ciudad Vieja, estos últimos interinstitucionales;

• uno final, que enlaza el conteo 2004 con el Censo 2011-2012, e incluye la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (LOTDS-2008), la creación de la Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interés Social del MVOTMA (CIVIS-2008), la creación de la Agencia Nacional de la Vivienda (ANV2008), una nueva reglamentación de préstamos a cooperativas (2008), la instrumentación del tercer nivel de gobierno en el país (2010) y la aprobación de la Ley de Promoción de la Vivienda de Interés Social (2011). La otra gran definición a hacer era qué universo territorial se abarcaría. La mirada global sobre Montevideo era imprescindible para la perspectiva general, pero su estudio detallado era inabarcable; por ello se resolvió profundizar el análisis en seis zonas de estudio particularizado, cuya escala permitiera hacer investigación específica y trabajo de campo complementario. En esas zonas se definieron a su vez tramos para estudiar su morfología urbana. Para seleccionar esas seis zonas se empleó la tradicional lectura de ciudad por áreas de densidad y centralidad urbana (zonas central, intermedias y periféricas) procurando contrastar pares en cada una, y definiendo contornos de superficie suficiente para que confluyeran allí acciones de distinto tipo. Para definir las zonas, además de considerar la división por barrios y segmentos censales del INE, se valoró la diversidad de situaciones urbanas; la intensidad de las acciones habitacionales; la relevancia en el proceso urbano de densificación, consolidación o expansión; la representatividad en el tipo y cantidad de acciones de políticas públicas; el

1 Pese a su nombre, la Cartera se integra con terrenos con o sin edificaciones, por lo que también ha sido importante en programas de reciclaje.

Ejemplo de ficha de caracterizaciรณn de zona

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predominio de zonas antes poco estudiadas pero con clara presencia o ausencia de intervenciones públicas, y la variación de población y vivienda sin explicación aparente por las políticas públicas. En cada zona se analizó la variación de población, hogares y viviendas entre censos; la producción habitacional pública y privada (formal e informal); se relevaron infraestructuras y servicios, y se estudiaron las variaciones del tejido urbano, en base a fotografías aéreas de distintos momentos. Toda esa información se volcó a una base de datos georreferenciada (SIG) creada especialmente. Las zonas analizadas fueron:

a. En áreas de periferia o de borde: Zona 1: Melilla-Lezica-Colón: área de borde, al NW, con tejido consolidado y tradicional, en la que en períodos recientes se intensificaron acciones habitacionales públicas y privadas, formales e informales, producidas al interior del tejido tradicional existente, densificando muy lentamente su estructura sin generar dinámicas expansivas. Zona 2: Piedras Blancas-Bella Italia: área de reciente expansión sobre la antigua interfase urbano-rural, con crecimientos en completamiento de grandes lotes. Pese a la calidad precaria del espacio público, infraestructuras y servicios, a partir de los ‘90 se insertan allí varios programas públicos de vivienda social, principalmente de NBE, cooperativas de vivienda, y últimamente obras por empresa “llave en mano”.

b. En áreas intermedias: Zona 3: Cerrito: caracterizada por una topografía singular, por sus pendientes pronunciadas, predominando el uso residencial con tipos representativos como el “plano económico”2 y la vivienda unifamiliar modesta, y construcciones en uno y dos niveles. Pese a la buena dotación de servicios e infraestructuras y buena accesibilidad, tiene muy baja dinámica de acciones habitacionales en el período estudiado. Zona 4: Cilindro-Villa Española-Flor de MaroñasCastro Castellanos: zona intermedia de gran dinámica urbana, en particular en el período; su estructura física presenta una trama irregular con amanzanados tradicionales combinados con supermanzanas. Muestra una mezcla de industrias de diversa escala, instalaciones logísticas y comerciales, pero predomina el uso residencial. Ha recibido numerosas acciones habitacionales públicas en el período, a partir de las Carteras de Tierras, y también algunos asentamientos irregulares. c. En el Área Central Zona 5: Tres Cruces-La Comercial: zona central consolidada hacia principios del S. XX, en la segunda expansión de Montevideo. En el período estudiado sufrió grandes cambios en su estructura y dinámica urbana, por las importantes tensiones inmobiliarias generadas por el enclave de infraestructuras y servicios de primer orden. Registró un incremento de población no explicado por la acción de políticas públicas, predominando los programas de inicia-

2 Plano Económico: nombre con que se suele referir al Programa de la I M que otorga planos tipo de vivienda económica y exonera determinados tributos.

tiva empresarial con fondos públicos o no, con construcción de obras por reciclaje de vivienda estándar3, programas PPT4 y edificios en altura. Zona 6: Ciudad Vieja-Barrio Sur: central por excelencia, de valor y protección patrimonial, incluye al centro fundacional, con su tradicional estructura en damero y manzanas compactas de borde cerrado; el Barrio Sur es posterior y su estructura física de calidad algo menor. Ambas zonas se caracterizan por reunir actividades residenciales, comerciales e institucionales, y fueron objeto de diversas políticas públicas de vivienda e instrumentos de ordenamiento territorial en el período.

Enunciando conclusiones Como ya se dijo, la ciudad es el resultado de las múltiples acciones del Estado, el Mercado, y la población que la habita-vive: es la huella de lo que hace la gente, desde diferentes lugares, intereses, roles y necesidades, y con distintas herramientas, atribuciones, obligaciones y objetivos. En una investigación sobre las políticas públicas y su repercusión en el territorio, la huella a seguir era fundamentalmente la del Estado. Éste la deja por acción (buena, regular o mala), o por omisión, abandonando lugares que son ocupados por otros actores, de modo formal o informal. Las lógicas de actuación de cada actor impactan de diferente manera en el entramado socio-urbano y determinan qué ciudad resulta:

integrada o fragmentada; compacta o dispersa; barrios de NBE, conjuntos habitacionales o cooperativas de vivienda que se integran o separan del entorno en que se insertan; asentamientos irregulares; densificación (formal e informal) en lotes de la trama urbana formal. • Sobre los instrumentos de gestión del suelo, los actores y su incidencia en los procesos urbano-habitacionales. El rol del Estado es relevante en el desarrollo socio-espacial de la ciudad, pues es quien fija reglas y alienta o pone límites a los otros actores. Puede asumir un papel sólo de control, estableciendo normas e interviniendo para evitar excesos, o adoptar una actitud proactiva, con directrices precisas y poniendo en práctica una planificación y acciones directas. Por ello sus recursos principales son la normativa, que orienta la acción de los restantes actores, y la intervención directa, que complementa o suple lo que éstos no hacen, por falta de capacidad o interés. En el período estudiado se promulgaron dos instrumentos jurídicos que, con sus reglamentaciones y leyes derivadas, son de los más importantes en las últimas décadas: el Plan Montevideo y la LOTDS, que incluyen directivas para el fraccionamiento de tierras, la urbanización y la planificación territorial. Entre los instrumentos de promoción e incentivos fiscales están las exoneraciones tributarias; los estímulos para utilizar el estoc habitacional o el suelo servido existentes, y la penalización de su no uso, uso inadecuado o abandono (proyecto de ley de “fincas abandonadas” a estudio del Parlamento

Nacional, Ley de Promoción de la Vivienda de Interés Social de 2011, Oficinas de Rehabilitación de la IM). Algunos de estos instrumentos son asimismo programáticos, como los dos primeramente citados o las Carteras de Tierras. En muchos de los programas públicos analizados la asignación de suelo fue determinada por la oferta privada, que generó tierra urbanizada en zonas que no contaban con adecuados servicios e infraestructuras. La IM a través de su Cartera de Tierras ha modificado en parte esta realidad al integrar fincas y terrenos propios recuperados del abandono y la ocupación, o adquiridos especialmente, y otorgarlos a familias de bajos ingresos (especialmente cooperativas de vivienda). Sin embargo, se continúan adquiriendo terrenos que deben ser urbanizados. Asimismo la creación de la CIVIS es importante si bien aún no ha incidido en los procesos de gestión del suelo, ya que no se ha efectivizado en cantidad significativa el suministro de predios. Por su parte, la generación espontánea de asentamientos irregulares ha provocado la ocupación de terrenos en condiciones precarias de localización, características ambientales, inexistencia de servicios e infraestructuras y difícil accesibilidad, que a veces terminan siendo consolidados y regularizados por el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB, ex PIAI). • Sobre la producción habitacional pública y sus efectos sobre la expansión, densidad, morfología y consolidación urbanas. La producción pública en muchos casos ha contribuido a ex-

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pandir la ciudad en su periferia, al igual que los asentamientos irregulares, reproduciendo tejidos de escasa densidad, monótonos y repetitivos. En general la urbanización de estas áreas es simultánea o posterior, no llegando a consolidarlas al faltar equipamientos e infraestructuras básicos: veredas, alumbrado, arbolado. En cambio, en el caso de proyectos en zonas centrales se ha logrado aumentar la densidad y aprovechar los activos instalados. No hay un uso intensivo del suelo destinado a vivienda social al no construirse el máximo permitido, permaneciendo un remanente de suelo con capacidad ociosa. Parecería apropiado complementar la normativa edilicia fijando mínimos a construir, para optimizar el recurso. Zona 1

Observando todo el período de estudio, se verifica una evolución de las políticas en la búsqueda de respuestas ajustadas a las necesidades reales, lo que tiene incidencia también en la ciudad que genera o en la que se implanta. A principios del período el satisfactor habitacional era casi solamente la vivienda nueva, que para las franjas socioeconómicas más bajas se traducía en conjuntos numerosos, de viviendas muchas veces incompletas (NBE), generando ciudad nueva no consolidada, con carencia en infraestructuras y servicios, los que iban llegando luego, a veces gracias a los reclamos. En los sucesivos planes quinquenales se multiplicaron los satisfactores, proponiéndose programas habitacionales distintos y específicos a la necesidad y posibilidad de los usuarios. Así,

en los programas de asentamientos, hoy se incluye en la relocalización la opción de compra de vivienda usada, lo que coadyuva a densificar la cuidad existente y no seguir extendiéndola. Asimismo, aunque se continúa produciendo vivienda social en grandes predios de la periferia, en ellos se diversifican los programas, procurando mayor heterogeneidad, tanto en la constitución física como social, y proveer servicios previo a la construcción o por lo menos preverlos desde su origen, dotando a esos conjuntos de calidades urbanas que los integren al entorno. • Sobre la participación de los destinatarios y las calidades urbano-habitacionales que resultan

3 La vivienda estándar, también conocida como “casa patio”, es la tipología típica de principios del S. XX, con dormitorios, baño y cocina organizados en torno a uno o más patios. 4 Modalidad de licitación pública para vivienda, donde las empresas ofertan “Precio, proyecto y terreno”.

Con relación al proyecto la situación es algo mejor, y sobre todo en las cooperativas, existe capacidad de decisión, aunque matizada por las posibilidades del terreno, las dificultades económicas, la normativa, y el propio asesoramiento técnico. En el caso del autoconstructor individual, aunque teóricamente es más libre, impera un importante marco de restricciones, sobre todo económicas, y la falta de asesoramiento genera un uso inadecuado de los recursos, conduciendo a soluciones habitacionales con problemas de implantación y/o constructivos.

de las políticas. En las localizaciones periféricas se generan tejidos urbanos no integrados a la trama, inacabados, que no logran consolidarse y ofrecen precarias condiciones de habitación; en las intermedias hay un bajo aprovechamiento del suelo al irse a densidades bajas o medio bajas, mientras que en las céntricas los conjuntos implantados contribuyen a la reconfiguración urbana al densificar población y vivienda. Los diferentes sistemas de producción tienen distintas relaciones con los destinatarios y por tanto con la elección del suelo utilizado: hay sistemas en que aquellos están predeterminados y tienen cierta participación decisoria, y sistemas en que son meros receptores de lo que deciden y planifican otros. Dentro de los primeros se incluyen: cooperativas de ayuda mutua y de ahorro y préstamo; Fondos Sociales; Sociedades Civiles de Propiedad Horizontal, Grupos

SIAV, y préstamos individuales para adquirir o construir viviendas. En los segundos: construcción por empresas, “PPT” y programas en que el Estado hace el proyecto y/o pone la tierra, y luego adjudica las unidades a través de postulaciones o por el Banco de Previsión Social (viviendas para pasivos). Podrían considerarse casos intermedios los realojos, con destinatarios predeterminados pero que no participan de la programación ni la ejecución de la obra, aunque tienen cierta posibilidad de aceptación o rechazo. Respecto al suelo, casi siempre los destinatarios son simples tomadores de decisiones ajenas, salvo las modalidades del primer caso, aunque los reales grados de libertad son discutibles, pues en definitiva el destinatario sólo decide sobre lo que ofrecen Estado o Mercado.

• Sobre los impactos de la producción habitacional espontánea y/o informal. Dado que ella está asociada a precariedad constructiva, casi total prescindencia de las normas de edificación y falta de acceso a infraestructuras, su calidad urbano-habitacional es deficitaria. La falta de orientación y asesoramiento en la construcción espontánea de ciudad genera un déficit de habitabilidad urbana, con inadecuada implantación y trazado de los asentamientos, frecuentemente en sitios con problemas ambientales. En las zonas estudiadas, los asentamientos crean una disfunción urbana manifestada en altos déficit de calidad en el espacio público y el acceso a servicios. La precariedad y espontaneidad se presenta en los “asentamientos irregulares” y también, y de forma mayoritaria, al interior de la estructura urbana, como densificación informal del lote formal, disminuyendo las calidades urbano-habitacionales de muchos barrios tradicionales y populares.

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INVESTIGACIÓN

• Sobre los procesos de producción de hábitat social y los de desarrollo local. La problemática habitacional y el desarrollo local, requieren la concertación y articulación de políticas y recursos nacionales y locales, y la participación activa de los actores públicos, sociales y privados involucrados. Pero ésta no parece ser la lógica de los Planes Nacionales de Vivienda, cuyas realizaciones y líneas programáticas se plantean a nivel nacional, con acciones similares para territorios diferentes5. Otras veces las acciones se coordinan entre gobierno central y local, como en el caso del PMB y la regularización de asentamientos; la población destinataria tiene un rol activo, pero su involucramiento y compromiso, y la articulación con los demás actores locales (vecinos del barrio, otras instituciones locales) no siempre se da. Estas acciones, además, por mucho tiempo se focalizaron en mejorar las infraestructuras del asentamiento, dejando de lado la integración social y económica de la población destinataria y su inclusión en procesos de desarrollo local. Un ejemplo interesante de mejoramiento integral de calidad de vida, en lógica de desarrollo local, son los programas de la IM que buscan articular los distintos actores presentes en un territorio, haciendo converger líneas de acción (en lo físico, en lo social, en espacios de integración urbana, en aspectos económicos), como el Plan Integral Cuenca de Casavalle6. • Sobre limitantes y potencialidades de herramientas jurídicas y normativas. A nivel nacional y departamental existen normas que facilitarían

Zona 2

adquirir terrenos para vivienda social, pero presentan dificultades o no se han utilizado. Es el caso de figuras que ya existían o que fueron incluidas en la LOTDS, como la expropiación por incumplimiento de deberes territoriales o el derecho de preferencia de las Intendencias.

En resumen La investigación mostró que lentamente se ha ido avanzando, pero aún queda mucho por hacer para que la producción habitacional contribuya a un desarrollo equilibrado, donde el territorio sea el articulador y las acciones sean integrales, considerando las dimensiones sociales, económicas, ambientales, políticas y culturales, que hacen a la calidad de vida urbana y el desarrollo de una sociedad.

5 Esto se incrementó en los ‘90 con la modificación del Artículo 121 de la Ley de Vivienda, que daba injerencia en los Planes de Vivienda, a los gobiernos departamentales. 6 Cabe aclarar que el Plan Casavalle atiende la problemática socio-habitacional de una zona que en décadas anteriores se vio impactada por la masiva implantación de vivienda de interés social destinada a los sectores más pobres de la población.

Cooperativa “25 de Mayo” Santiago Medero*

* Santiago Medero es arquitecto (FArq-UdelaR) desde 2009. Trabaja actualmente como profesor adjunto en el Instituto de Historia de la Arquitectura y como asistente en las cátedras de Arquitectura y Teoría, y Teoría de la Arquitectura I.

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OBRAS DESTACADAS

Autor: Centro Cooperativista Uruguayo. Proyecto: Arq. Mario Spallanzani. Dirección de Obra: Arq. Leonardo Pessina. Fecha: 1966-1970 (proyecto y gestiones de financiamiento 1966-1967; obra 1968-1970), Ubicación: Calles 19 de Junio y República Argentina, villa 25 de Mayo, departamento de Florida. El 16 de setiembre de 2015, en un acto realizado en la ciudad de Florida, se nombraron cinco obras como Monumento Histórico Nacional (MHN). Entre ellas se encuentra la cooperativa “25 de Mayo”, ubicada en la localidad homónima, a unos quince kilómetros de la citada capital departamental1. El marco y el motor de esta declaratoria fue un trabajo realizado por el Instituto de Historia de la Arquitectura de nuestra Facultad, en convenio con la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación. Se trató de un exhaustivo relevamiento y valoración de la arquitectura del Uruguay comprendida entre 1925 y 1980 y culminó con

un listado de 123 bienes propuestos para ser declarados como MHN y más de 600 para buscar otras figuras de protección patrimonial, nacionales o departamentales.2 En el caso de 25 de Mayo, se trata, junto a COSVAM en Salto y Éxodo de Artigas en Fray Bentos, de una de las tres primeras cooperativas de vivienda realizadas en el país, bajo el sistema de ayuda mutua. El proyecto arquitectónico es de 1966 –previo a la aprobación de la Ley de Vivienda– y fue realizado por el arquitecto Mario Spallanzani. Pero tan importante como el proyecto fueron las gestiones previas necesarias para su construcción y posteriormente la experiencia inédita de una obra con ayuda mutua. El promotor de la obra fue el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU), una organización no gubernamental fundada en 1961. En 1965 el CCU había creado su Sector Vivienda e inmediatamente comenzaron a gestarse los primeros grupos cooperativos.

1 La hoy villa 25 de Mayo suele asociarse también al nombre del paraje donde fue fundada, “Isla Mala”, que era asimismo su primera denominación. La localidad adopta el nombre de “25 de Mayo” por ley 6.196 en 1918 y es declarada villa en 1985. 2 El trabajo fue realizado por Laura Cesio (coordinadora general), Mariana Alberti, Christian Kutscher, Santiago Medero y Mariana Ures. En su primera etapa contó además con la participación de Daniela Fernández y Elina Rodríguez, mientras en la etapa final se incorporó Juan Salmentón.

Figura 1. La obra en construcción. Fotografía: Archivo CCU.

En el caso de 25 de Mayo, se trataba de usuarios de origen rural, la mayoría peones tamberos. Dados los magros ingresos de los cooperativistas, la capacidad para devolver un préstamo (el CCU contaba entonces con un fondo rotatorio financiado por iglesias alemanas) era muy limitada sino inviable. Esto llevó a los gestores, dentro de los cuales estaban los arquitectos Saúl Irureta y Miguel Cecilio y la asistente social Daisy Solari, a explorar so-

luciones a través de una línea de financiamiento estatal. Según el arquitecto Cecilio, “(…) El INVE tenía un convenio con el BID que le permitía realizar mil viviendas, y sin embargo no podía concretarlo, por dificultades para constituir la contraparte de financiamiento nacional que se exigía”3. Esto llevó al CCU a proponer el sistema de construcción por ayuda mutua precisamente como esa contraparte, junto con los aportes que pudieran realizar otros organis-

mos, como las intendencias (por ejemplo, cediendo los terrenos). La ayuda mutua fue esencial en la cooperativa 25 de Mayo e incluso, según Spallanzani, su porcentaje en el financiamiento total superaba a otras cooperativas contemporáneas. Por ello fue una realización con una contribución fundamental de sus usuarios y donde las mujeres trabajaron a la par de los hombres.

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OBRAS DESTACADAS

Figura 2. Cooperativistas realizando viguetas. Fotografía: Archivo CCU.

La tecnología utilizada debía, evidentemente, adaptarse a estas circunstancias. El arquitecto Spallanzani, junto al ingeniero Luis Eduardo Zaffaroni, tomó un par de decisiones clave en este sentido. Por un lado, se trabajaría con tecnología tradicional, dado el conocimiento previo que los usuarios tenían de ella. Por otro, se decidió la creación de elementos prefabricados que se pudieran almacenar y utilizar cuando fuera necesario. Estos elementos serían

realizados también por los usuarios, siempre bajo supervisión técnica. Se crearon entonces losetas de cerámica armada y viguetas de hormigón armado, para conformar las cubiertas, y bloques de cemento para levantar los muros portantes. Para las losetas, Spallanzani y Zaffaroni tuvieron como referencia las que entonces el ingeniero Alberto Ponce experimentaba en sus cursos de construcción de la UTU.

3 Cecilio, Miguel, Cooperativas de vivienda en Uruguay. Medio siglo de experiencias, Montevideo: Facultad de Arquitectura, 2015.

Figura 3. Planta del conjunto. Archivo CCU.

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OBRAS DESTACADAS

Figura 4. Maqueta que muestra la distribución de la vivienda. Archivo CCU.

La cooperativa se encuentra en una de las macro-manzanas rectangulares que conforman la estructura de peine de la villa, a pocos metros de las vías del tren y de la calle principal. La disposición de las viviendas es bastante particular, con un esquema radial que da como resultado terrenos individuales de planta trapezoidal que se ensanchan hacia el fondo. Esto conjugaba la aspiración de los cooperativistas, de contar con espacios generosos, con un frente compacto que minimizaba el costo de la infraestructura (calles y redes)4. Previo a ello, ya se había decidido que se iba a responder mediante viviendas individuales y aisladas, por adaptarse mejor a las costumbres y necesidades de los futuros usuarios. De hecho, el tipo de las viviendas tuvo como una de sus referencias a las tradicionales viviendas rurales, que separan nítidamente la

zona de dormitorios del espacio social (cocina, comedor, estar). En las viviendas de la cooperativa 25 de Mayo, un corredor compacto vincula ambos sectores. La ventaja era que, a diferencia de las casas rurales, los servicios higiénicos se encontraban en el interior de la vivienda. Por otra parte, el tipo propuesto preveía la posibilidad de crecimiento en el sector dormitorios. Al día de hoy, las viviendas de la cooperativa se conservan en muy buenas condiciones, producto sin duda del cuidado de los usuarios (quienes en muchos casos han mejorado sus condiciones económicas respecto a las de 1966). Muchas han sido repintadas, agregando nuevos colores a la paleta blanca original; también se han realizado pérgolas y aleros para enmarcar los accesos y otras obras menores. Ninguna de ellas ha afectado negativamente el carácter del conjunto, y son producto

4 En este sentido la disposición parece explotar principios similares a los utilizados por Alvar Aalto en las plantas “en abanico” de algunas de sus propuestas arquitectónicas como la Aalto-Hochhaus en Bremen, de 1958-1962, entre otras.

Figura 5. Una vivienda hoy. Fotografía: Silvia Montero, 2011. Archivo SMA-FArq.

Figura 6. Patio trasero de una de las viviendas. Fotografía: Silvia Montero, 2011. Archivo SMA-FArq.

de la apropiación de los usuarios. También se mantiene en buen estado y sin modificaciones significativas el espacio público delimitado por los frentes de las viviendas orientadas hacia el centro de la “manzana”, conformado básicamente por un pavimento de ladrillos y equipamiento de iluminación. En resumen, el valor de este conjunto de viviendas reside en su condición de testimonio de los primeros conjuntos cooperativos del Uruguay, realizado bajo la modalidad de ayuda mutua, un sistema solidario que ha dado cobijo luego a decenas de miles de uruguayos de sectores humildes y que sigue vigente hoy día. Incluso, fue en este preciso lugar donde se fundó, el 24 de mayo de 1970, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM). Por otra parte, se consideran aportes valiosos la solución de implantación dada por el arquitecto Spallanzani, el estudio técnico llevado a cabo para su realización (donde participó también Zaffaroni) y la solución de la tipología de vivienda.

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OBRAS DESTACADAS

Fig. 7. El espacio en común en la actualidad. Fotografía: Silvia Montero, 2011. Archivo SMA-FArq.

Fig. 8. El espacio en común y un grupo de viviendas. Fotografía: Silvia Montero, 2011. Archivo SMA-FArq.

Agradecimientos A Mario Spallanzani por la información brindada. Al Centro Cooperativista Uruguayo y al Servicio de Medios Audiovisuales de la Facultad de Arquitectura por las fotografías de la obra.

Cooperativa COVIFMUSA de Sarandi Grande-Florida

Tradicional + Alternativo Arq. Leonardo Pérez*

* Arquitecto, Director de obra del Centro Cooperativista Uruguayo (CCU) desde 2011. Vinculado a la vivienda de interés social desde 2006, realizó trabajos para el MIDES (Programa de Mejoramiento del Hábitat), fue asesor del Departamento de Apoyo Técnico de FUCVAM, y realizó trabajos interdisciplinarios para el realojo de asentamientos de la Comuna Canaria (Dirección de Vivienda) y proyectos para programas PIAI en Canelones.

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EXPERIENCIAS RECIENTES

Ubicada al norte de la ciudad de Sarandí Grande, en el Departamento de Florida, sobre el límite de la trama urbana con la zona rural, se encuentra COVIFMUSA (Cooperativa de Vivienda de Funcionarios Municipales de Sarandí Grande), una cooperativa de viviendas por ayuda mutua, compuesta por treinta unidades, veintisiete de ellas dúplex y tres de un nivel, más un Salón de Usos Múltiples. Las viviendas se encuentran distribuidas en nueve tiras, diseñadas de tal manera que permitan el mayor aprovechamiento del terreno. El proyecto arquitectónico presentado a la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) se desarrolló utilizando el sistema “tradicional”: cimentación con pilotines; pilares, vigas y losas de hormigón armado; tabiques interiores de ladrillo bolseado, y cerramientos exteriores con doble pared de ladrillo y cámara de aire.

El tiempo que transcurrió para que la ANV estudiara el proyecto ejecutivo, aprobara la resolución ministerial, asignara el gasto y fijara fecha de escritura, fue de aproximadamente un año y tres meses. Durante ese período se siguió analizando con la cooperativa la mejora del procedimiento constructivo, con la intención de incorporar sistemas semiprefabricados que posibilitaran ahorrar tiempo y mano de obra contratada, lo que se traduce directamente en el abaratamiento de la obra. Para ello se solicitaron presupuestos a distintos proveedores locales y de Montevideo para evaluar la viabilidad de incorporar alternativas al proyecto, comparando los costos con los ya asignados en el presupuesto presentado a la ANV. Estudios realizados por nuestro instituto, el Centro Cooperativista Uruguayo (CCU), en obras en ejecución y terminadas, han arrojado que la relación en los porcentajes de inciden-

cia de la mano de obra y los materiales en el costo total, ha variado. En períodos anteriores a diciembre 2012 se estableció que los materiales insumían en promedio el 62% del costo global de la obra, mientras que a la mano de obra más leyes sociales correspondía el 38% restante. Hoy, finalizando 2015, se estima que la mano de obra más leyes sociales ha llegado a incidir más de un 48% del costo global, además de ser cada vez menos calificada. Este hecho obliga a los Institutos a rever los proyectos y los sistemas constructivos que se vienen utilizando en las cooperativas, tratando de reducir la cantidad y el tiempo que la mano de obra contratada está presente en la obra, por considerarla un insumo muy heterogéneo, variable y costoso: heterogéneo, debido a lo dificultoso de establecer rendimientos medios y calidad de terminación consensuados entre los técnicos y los contratados; insumo variable, de-

pendiente de la oferta y demanda del mercado; costoso, debido a los aumentos importantes de salarios que se han producido en la industria de la construcción en los últimos años. Hay que señalar que esos aumentos no se reflejan inmediatamente en el valor de la Unidad Reajustable (UR), lo que lleva a desfasajes financieros en las cooperativas, que deben liquidar sueldos y aportes con aumentos que no son incluidos en los montos liberados por la ANV para esos meses, sino dos meses después; asumiendo esa diferencia financiera, íntegramente, la cooperativa. También es importante tener en cuenta que la incorporación de sistemas semiprefabricados en las cooperativas de ayuda mutua debe ser muy bien estudiada, ya que el fuerte de los cooperativistas es la obra “tradicional”, siendo excepcional el manejo de otros sistemas más industrializados. Existen alternativas que no difieren sustancialmente de lo tradicional, pero que aceleran el proceso constructivo y que son fácilmente apropiables por la ayuda mutua; y también otras más complejas, que de a poco se han ido incorporando, como es el caso del armado de aberturas de aluminio, escaleras metálicas, yeso, etc. También la localidad juega un papel muy importante a la hora de elegir el sistema constructivo, ya que éste se debe adecuar a la mano de obra y materiales disponibles en la zona. Aunque pueda parecer sorprendente, en Sarandí Grande es muy común el uso del sistema “Steel Framing”1, asociado a viviendas de nivel económico, medio y alto, por lo que no resultó

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difícil convencer a la cooperativa de incorporarlo a la obra. Más aún, algunos integrantes de la cooperativa trabajaban en el mercado con estos materiales, por lo que resultó un sistema familiar y confiable para ser utilizado en la obra, además de ahorrar parte del trabajo especializado necesario para su colocación. El proveedor local del sistema colaboró activamente, por otra parte, en la cuantificación de los materiales y el asesoramiento a la coope-

rativa, además de facilitarles los pagos, lo que terminó de cerrar la ecuación para que fuera viable su incorporación a la obra. Sin embargo, este sistema aún no cuenta con el Documento de Aptitud Técnica (DAT) otorgado por la ANV, por lo que no se pudo incorporar integralmente a la obra, debiendo realizarse un “mix” con el sistema tradicional. En la misma línea, se evaluó la posibilidad de sustituir las losas de hormigón armado por un

1 El “Steel Framing” es un sistema constructivo liviano y en seco, compuesto por un entramado de perfiles de acero galvanizado conformados en frio y un sistema multicapa de aislaciones y revestimientos interiores y exteriores. Surge como variante de los sistemas livianos de madera como el “Balloon frame” y el “Platform frame”, que comparten el mismo concepto de entramando estructural con uniones.

La visión de los cooperativistas Somos Yesika y Adriana, representantes de la cooperativa COVIFMUSA, fundada el 27 de diciembre de 2006 por funcionarios municipales de Sarandí Grande. El día 27 de diciembre de 2012, seis años después de su fundación, salimos sorteados y el 31 de marzo del 2014 escrituramos el préstamo con la ANV. Como cooperativistas queremos trasmitir brevemente nuestra experiencia en el proceso de obra. Comenzamos a construir el 2 de mayo de 2014, hasta ahí la idea de construcción de nuestra cooperativa era la tradicional, es decir hormigón armado y mampostería, luego se nos plantea por parte del Instituto la alternativa de utilizar un sistema mixto. La utilización del sistema de construcción y estructuras de nuestras viviendas, haría que la misma sufriera variaciones en la parte de entrepiso, cubiertas y paredes internas. Estas modificaciones se fueron dando a medida que avanzábamos en dicha obra. Las variantes fueron comentadas, argumentadas y votadas en nuestras asambleas. La primera opción a la que se accedió fue el cambio de las losas de hormigón, por bovedillas y viguetas en entrepisos y cubierta, lo cual, nos resultó una muy bue-

na experiencia, ya que la misma era fácil de colocar, rápida y mucho más práctica para nosotros. También nos sirvió mucho para nuestro avance de obra, ya que es un sistema muy estructurado y eficaz. La segunda opción fue la de utilizar el sistema de “Steel Framing”, el cual en nuestra localidad es muy usado en estos últimos años para la construcción total de las casas. Además se cuenta con un proveedor cerca en nuestra localidad, así como también, la ventaja de tener en el grupo un cooperativista que maneja muchos conocimientos con respecto a la colocación del mismo. También lo positivo de esta instancia de obra, fue que esta última opción nos brinda muy buena aislación tanto para el frío como para el calor, lo cual hemos comprobado en casas en las que las placas de yeso ya fueron colocadas. Hoy llevamos un año y cinco meses de esta experiencia nueva. ¿Qué les podemos contar? No mucho, lo vamos experimentando día a día. Y no sabemos aún en esta instancia, si se avanza o no. Esperamos lo deseado por todos: lograr nuestro sueño de la vivienda y que esta experiencia sea positiva. Y les contaremos lo real al término de la obra.

sistema semiprefabricado de viguetas y bovedillas, que fácilmente fuera apropiable por la ayuda mutua. Es así que se sustituyen las losas intermedias y las cubiertas superiores por este sistema, ahorrando jornales de carpinteros, herreros y, sobre todo, costos asociados a encofrados y apuntalamientos. Rápidamente la ayuda mutua se adaptó al sistema, logrando ahorrar mucho tiempo y dinero en su ejecución. De esta forma se desarrolló un híbrido entre sistemas tradicionales y semiprefabricados que proporcionó un ritmo de obra satisfactorio, permitiendo hasta el momento cumplir los plazos de obra establecidos, mejorar la calidad de las terminaciones, mayores prestaciones térmicas, rapidez en la colocación de las instalaciones, etc. Lamentablemente, la imposibilidad de utilizar íntegramente el Steel Framing determinó que la estructura y la cimentación se debieran calcular para soportar los entrepisos y techos tradicionales de viguetas y bovedillas, aumentando las secciones innecesariamente, cuando este sistema reduciría sustancialmente las cargas totales, generando un ahorro importante en esos rubros. Desde el punto de vista de la programación de la obra, se debió ajustar la distribución de algunos rubros. A diferencia de la obra tradicional, donde en muchas ocasiones la ejecución del

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rubro hormigón y mampostería se desarrollan paralelamente, en este caso ello no fue posible, por lo que se debió culminar el hormigón armado antes de comenzar con el Steel Framing, ya que éste se sujeta a la estructura de hormigón; esto enlenteció la entrada de otros rubros asociados al levantamiento de muros, como ser el amure de aberturas, aislaciones térmicas y acústicas, instalaciones eléctricas y sanitarias.

La redistribución de rubros, por su parte, generó un cierto atraso al promediar la obra, que se viene mitigando mes a mes al comenzar con la tabiquería liviana y todos los rubros relegados. Se prevé, según cronograma, terminar la obra en abril del 2016, por lo que aún resta una evaluación final completa de las alternativas adoptadas. Sin embargo, hasta ahora el resultado es satisfactorio.

Hábitat III

Oportunidades para la participación de la sociedad civil y la academia Graciela Dede e Ivahanna Larrosa*

*Las autoras son arquitectas. Graciela está especializada en derecho a la vivienda adecuada y a la ciudad, y en la incorporación del enfoque de Derechos Humanos en las políticas públicas, y es consultora en temas habitacionales: Ivahanna está especializada en Derechos Económicos, Sociales y Culturales y trabaja a nivel internacional, coordinando los esfuerzos de una coalición para el acceso a esos derechos.

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POLÍTICAS

A un año de la realización de la Tercera Conferencia Mundial de Naciones Unidas (ONU) sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III)1 en Quito-Ecuador en Octubre de 2016, avanzan los preparativos y la movilización de diferentes actores.

nueva conferencia como oportunidad para poner en agenda desafíos que tanto movimientos sociales como organizaciones de la sociedad civil y la academia, han identificado como vitales para mejorar las condiciones de vida tanto en el ámbito urbano como en el rural.

En un artículo previo2 invitábamos a reflexionar colectivamente sobre lo que esta nueva edición de la Conferencia Mundial representa, como oportunidad para revisar los Planes de Acción derivados de las dos conferencias anteriores (1976, 1996) y su nivel de implementación. Nos preguntábamos cuáles son las problemáticas que aún persisten sin ser abordadas y cuáles son las nuevas demandas que emergen, considerando que millones de personas alrededor del mundo enfrentan la exclusión y la falta de acceso a la vivienda adecuada, al suelo y a condiciones necesarias para una vida digna. También invitábamos a considerar esta

Es fundamental tomar en cuenta el contexto en que se realizará esta nueva edición de la Conferencia Hábitat, pues será la primera luego de la adopción de la nueva Agenda del Desarrollo por parte de los países miembros de la ONU, que se operacionaliza a través de los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)3 cuyo horizonte es 2030. Para muchas organizaciones sociales, el proceso de adopción de esta agenda concluye con un gusto amargo, pues la construcción de las nuevas metas fue poco participativa (aunque más abierta que las anteriores Metas de Desarrollo del Milenio) y deficitaria en el enfoque de derechos humanos.

1 https://www.habitat3.org/the-newurban-agenda/about 2 Revista Vivienda Popular No 26, julio 2015 3 http://www.un.org/ sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals/

Si nos descuidamos, este proceso, al igual que otros, pueden parecer lejanos e incluso considerarse como compartimentos estancos. Pero las tomas de decisiones a nivel global, donde tanto actores estatales como privados tienen relevancia, estarán permeadas por estos acuerdos. Por ello es vital que la sociedad civil organizada y la academia continúen con su rol de incidencia y vigilancia de los compromisos asumidos y sobre todo de las obligaciones existentes de los Estados.

Entre las instancias oficiales generadas se pueden destacar: • Presentación de Informes: ONU solicitó a los países que presentaran sus informes sobre la implementación de la Agenda Hábitat II (junio/2014).

Algunos apuntes sobre el Proceso

• Reuniones Preparatorias: se realizaron tres reuniones, llamadas Pre-Conferencias (Prepcom)4, donde se advierte un involucramiento dispar por parte de los gobiernos en este proceso preparatorio. La sociedad civil ha podido elevar algunas de sus preocupaciones y demandas5.

En cuanto a Hábitat III, los preparativos continúan su curso, con participación dispar de los distintos actores involucrados, y desde la sociedad civil organizada aún no hay certeza de la incidencia que podrá conseguirse hacia el final del proceso y durante la conferencia.

• Procesos de diálogo: ONU-HABITAT ha elaborado, con la colaboración de las agencias del sistema de la ONU y otros expertos, 22 documentos para la discusión, agrupados en 6 ejes temáticos. Aún se encuentran abiertos a contribuciones6.

ONU-HABITAT, agencia especializada en la temática, plantea el proceso preparatorio con la misma lógica que otras cumbres similares: se generaron varias instancias y documentos, y se solicitaron insumos sobre todo de los Estados miembros del sistema de ONU, quienes deben entregar informes nacionales (incluyendo gobiernos municipales) sobre su cumplimiento de los compromisos asumidos en Hábitat II y sucesivos Foros Urbanos de la ONU.

• Procesos Regionales: las Oficinas de la ONU han sido encomendadas a elaborar informes regionales. En el caso de América Latina la CEPAL se encuentra abierta a recibir contribuciones desde la sociedad civil, lo que también alienta la elaboración de informes alternativos.

• Expertos: la Relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Vivienda Adecuada, estará presentando un informe ante la

Asamblea General de la ONU en Octubre de 2015. Para ello solicitó a los gobiernos información relevante, mediante un cuestionario7. Desde la Sociedad Civil, uno de los actores relevantes es la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC)8 quien -con la participación de sus miembros- viene desarrollando y proponiendo distintas actividades enfocadas en este proceso y tendientes a poner en agenda las consideraciones de los grupos sociales y de los habitantes más afectados por los procesos urbanos y de deterioro del hábitat. En este marco, la participación de las organizaciones de la sociedad civil ha sido importante pues ha llevado adelante eventos autogestionarios y Foros Paralelos. Sin embargo, la capacidad efectiva de incidencia es siempre limitada por los propios esquemas que la ONU implementa, ya que tiene mayor relacionamiento con los gobiernos, y en los últimos eventos una mayor participación de las corporaciones (sector privado), con el objetivo -según se argumentade lograr mayor cohesión público-privada para enfrentar los retos de una mayor urbanización9. Estos procesos urbanos están marcados por desigualdades que prevalecen y se agudizan, como claramente se refleja en las deficientes condiciones de habitabilidad que sufren proporciones muy importantes de población según

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cada país, donde el disfrute de los Derechos Humanos y concretamente el derecho a una vivienda adecuada, está afectado negativamente por las condiciones de pobreza y exclusión.

Oportunidades y desafíos

Se han identificado una serie de carencias que la agenda hacia Hábitat III presenta en términos sustantivos, entre ellas:

Durante el Proceso. Aún se está a tiempo para incidir en mayor medida en la agenda de la cumbre y sobre todo en los resultados de las discusiones e informes que se analizarán. Ahora es el momento para exigir a las autoridades nacionales y locales de los distintos países un involucramiento efectivo que aborde los retos de avanzar hacia una realización de ciudad y espacio rural, donde las personas sean el centro del desarrollo.

• Se ha reducido la Agenda de Hábitat III al ámbito urbano. Aún falta la incorporación del enfoque de derechos humanos (derecho a una vivienda adecuada, derecho a la Ciudad, etc.) y es débil la referencia a grupos con situaciones particulares o afectados de manera diferencial (por ejemplo derechos de las mujeres, indígenas, campesinos, etc).

HIC está lanzando un cuestionario para conocer cómo está el proceso preparatorio hacia Hábitat III en cada país, saber en cuántos países se han instalado los Comités Hábitat (oficiales) y si se han elaborado los informes sobre el cumplimiento de la Agenda de Hábitat II, con participación de la sociedad civil tal como se recomienda11.

• Aún son escasas las referencias conceptuales a la producción social del hábitat.

Como mencionábamos antes, existe la posibilidad de incidir en el informe regional de CEPAL rumbo a Hábitat III y de participar en un informe alternativo sobre los temas de interés a nivel regional, así como realizar contribuciones en la elaboración de documentos de análisis y propuestas sobre las demandas de grupos específicos, que enfrentan desigualdades estructurales y/o históricas y quienes además tienen un acumulado sobre su propia experiencia.

Algunas carencias identificadas en el proceso hacia la Cumbre10

• Existe necesidad de mayores espacios de participación de la sociedad civil. • Es fundamental asegurar que el desarrollo de la Agenda Hábitat tenga recursos para ser monitoreada luego de su adopción (compromisos de seguimiento, metodologías, indicadores, etc.)

4 https://www.habitat3.org/the-newurban-agenda/preparatory-committee 5 http://www.hic-al.org/noticias. cfm?noticia=1781&id_categoria=19 6 https://www.habitat3.org/the-ewurban-agenda/policy 7 Para ver una lista relevante de países y respuestas, consultar: http://www.ohchr.org/ EN/Issues/Housing/Pages/ HabitatIIIandtheNewUrbanAgenda.aspx 8 Coalición Internacional para el Hábitat (HIC) http://www.hic-al.org/noticias. cfm?noticia=1766&id_categoria=19 9 Tomado de Informe realizado por Annelise Meléndez Lundgren (Red Hábitat), La Paz-Bolivia. 10

Idem

https://habitat3hic.wordpress. com/2015/01/14/questionnaire-onhabitat-iii-cuestionario-sobre-habitat-iiiquestionnaire-sur-habitat-iii/

CelebraciĂłn del DĂa Mundial de los Sin Techo 2015 en Montevideo. Foto archivo FUCVAM. Autor: Gustavo Castagnello

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POLÍTICAS

Otra de las iniciativas de HIC, es la invitación a conformar Comités Populares12 hacia Hábitat III, donde se generen estos aportes y se trabaje en conjunto, para asegurar que quienes no han sido escuchados hasta ahora, podrán hacerlo en una articulación participativa13. Durante el mes de octubre 2015 y en el contexto del Día Internacional del Hábitat, varias organizaciones sociales en la región latinoamericana han lanzado estos Comités14. En Uruguay, FUCVAM15 inauguró la conformación del mismo con un evento en su sede social. En definitiva, el desafío en el proceso en marcha, es poder incidir la agenda con una perspectiva de derechos humanos, pues los compromisos que de ella saldrán son generados esencialmente en el proceso preparatorio que posteriormente la cumbre formalmente adoptará Durante la cumbre. La conferencia abre una serie de oportunidades tales como participar en las actividades paralelas de la sociedad civil en ocasión de Hábitat III, aportando propues-

tas de una agenda alternativa que incorpore la perspectiva de derechos humanos y con ella las demandas reales de personas afectadas por los fenómenos que se intentan corregir; y por otro lado, presenciar e incidir en la propia cumbre, para defender un abordaje social de los fenómenos urbanos y del hábitat en general, así como asegurarse que se definan mecanismos de seguimiento de lo que allí se acuerde. Después de la cumbre. El desafío mayor será la vigilancia y el seguimiento para exigir a los Estados el cumplimiento de lo que acordaran como parte de la nueva Agenda resultante de Hábitat III, así como otros compromisos mencionados antes y relacionados a la producción del hábitat. Porque el acceso a una vivienda adecuada, el disfrute de la ciudad, así como el acceso equitativo a recursos y medios de vida son en definitiva derechos humanos consagrados y ratificados por los estados hace más de 50 años, y que nos toca día a día reivindicar, para su cumplimiento efectivo.

12 http://hic-al.org/eventos. cfm?evento=1887&id_categoria=1 13 http://hic-al.org/eventos.cfm?a nio=2015&mes=9&dia=1&evento=0& id_categoria=1 14 http://www.weeffect.org/es/en-elmes-de-habitat-conformacion-de-comitespopulares/ 15 Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua http://www.fucvam.org.uy/

Declaraciรณn REAHVI

Sobre los incentivos a inversores privados en vivienda social

Vivienda Popular

POLÍTICAS

La Red Temática de Asentamientos Humanos, Hábitat y Vivienda (REAHVI) de la Universidad de la República, integrada por docentes de distintos servicios de la UdelaR interesados en la referida problemática, en acuerdo con la misión que da a la Universidad el Art. 2 de su Ley Orgánica, de “contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender a su comprensión pública” expresa su preocupación por el desarrollo que ha venido tomando el sistema de producción de viviendas implantado a partir de la Ley N° 18.795 de agosto de 2011, que exonera impuestos a los inversores privados para la construcción de viviendas de interés social. Nos parece sumamente importante que se busque aunar todos los esfuerzos y aportes

posibles para la solución del grave problema de la vivienda, y en ese sentido creemos muy oportuno que se procure utilizar con ese fin las potencialidades de la inversión privada. Para ello se ha diseñado un sistema en el que el Estado realiza también un significativo esfuerzo, renunciando a aplicar impuestos a las inversiones que se hagan en materia de vivienda de interés social. Esa renuncia ha sido evaluada por un reciente informe periodístico del semanario “Brecha”, basado en información de la Agencia Nacional de Vivienda, en más de seiscientos millones de dólares, que sería el monto de la exoneración que recibirán las trece mil viviendas a construirse por este sistema por medio de programas ya aprobados. Ese monto aumentará, naturalmente, en la medida que se sigan aprobando programas.

Nuestra preocupación se asocia al hecho que las viviendas que se están produciendo por este sistema alcanzan precios que las colocan muy por encima de los sectores de ingresos bajos, medio bajos y medios, a quienes deberían estar destinadas según los objetivos que la propia ley 18.795 se plantea (art. 3°). En efecto, aún las viviendas con precio topeado, que son el 25% de los nuevos programas, alcanzan precios del orden de los U$S 90.000 para las de dos dormitorios y U$S 120.000 para las de tres.

tual, esos ingresos corresponden al 10% más rico de la población, por lo que se deja afuera no sólo a las familias de ingresos bajos, medio bajos y medios, sino también a las de ingresos medio altos y aún altos. Nos preguntamos: ¿tiene sentido que el Estado haga un esfuerzo tan importante, para favorecer una vez más a los sectores más pudientes y no a aquellos que requieren de su auxilio? Y esos sectores, ¿aspiran a este tipo de vivienda y en los lugares que se está construyendo?

Si admitimos, como lo hace la Ley de Vivienda, que no debe afectarse al pago de la misma más del 20% del ingreso familiar, ello significa que una familia que aspire a adquirir una de estas viviendas de dos dormitorios debe tener un ingreso mensual de $ 95.000 para poder pagar la cuota mensual de $ 19.000 resultante, en las condiciones de crédito del Banco Hipotecario del Uruguay, (25 años de plazo, 6% de interés anual en unidades indexadas) y la que postule a una unidad de tres dormitorios, deberá tener un ingreso de $119.000, ya que la cuota será de casi $ 24.000 por mes. En la situación ac-

Por otro lado, se argumenta que esta ley está llevando a que los inversores privados, que habitualmente construyen en zonas de alto costo del suelo, ahora extiendan su actuación a barrios que, aun contando con todos los servicios, no son los más apetecibles para las familias de alto poder adquisitivo. Esto, que sin duda es positivo porque revitaliza zonas de la ciudad hasta hoy dejadas de lado, entraña sin embargo el riesgo, al ser las construcciones de alto precio, que en esas zonas se produzcan procesos de gentrificación (sustitución de la población original por otra de mayor poder

adquisitivo). En efecto, se están insertando en barrios como Cordón Norte, La Comercial, La Blanqueada y otros, construcciones de condiciones y precio totalmente distintas a las que los caracterizan. Ello podría generar un aumento de todos los costos (empezando por los del suelo, alquileres y viviendas) y se corre el riesgo que termine desplazando a la actual población residente. Extraña, además, que otorgándose estos beneficios a empresarios privados, que en el ejercicio legítimo de su tarea invierten en busca de ganancias, no se extiendan los mismos a programas de indiscutible interés social, como los del Plan “Juntos”, las cooperativas de vivienda o los realojos que realizan los gobiernos departamentales, que deben pagar íntegramente las cargas impositivas que aquellos exoneran y que, aun así, construyen a valores mucho menores. Por todo lo expuesto creemos que es imprescindible una urgente evaluación de estos programas, que permita transparentarlos, esclareciendo cuáles son sus costos reales, cuál es el

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POLÍTICAS

margen de ganancia que se obtiene, adónde van a parar las exoneraciones que realiza el Estado, y quiénes son los que están adquiriendo las unidades construidas. A esos efectos ofrecemos nuestra colaboración desde la Universidad para ayudar a esa evaluación, que debe realizarse de la manera más clara y abierta posible, y cuyos resultados deben ser de público conocimiento.

Por la Red Temática de Asentamientos Humanos, Hábitat y Vivienda (REAHVI)- UdelaR: Dra. Alejandra Lorenzo Vázquez Coordinadora Montevideo, 19 de octubre de 2015

Vivienda y tecnología

Actores diversos en contextos dinámicos Gustavo Pelegrin, Laila Fleker, Aurelio Ferrero*

* Los autores son argentinos. Gustavo es Licenciado en Relaciones Internacionales, becario CONICET y doctorando en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, así como docente adscripto en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba (FAUD-UNC); Laila es arquitecta, becaria CONICET, doctoranda en Arquitectura por la FAUD-UNC y docente adscripta de la misma; Aurelio es arquitecto, investigador Independiente y Director de CONICET CEVE, así como Profesor titular de las cátedras “Problemática de la Vivienda Popular” y “Hábitat en riesgo”, de la FAUC-UNC.

Vivienda Popular

LATINOAMÉRICA

El Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE) es un centro de investigación y desarrollo tecnológico en el campo habitacional. Fue fundado en 1967 en Córdoba, Argentina y depende del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y de la Asociación de Vivienda Económica (AVE). El CEVE tiene por misión institucional mixta, tanto la investigación y desarrollo. como la acción directa e indirecta. La acción directa, refiere a la transferencia en el campo habitacional y la acción indirecta, al asesoramiento, la capacitación y la incidencia en el diseño de políticas públicas. La dimensión política de la problemática interdisciplinaria del hábitat popular lo llevó a orientar sus recursos, esfuerzos y voluntades hacia el desarrollo de tecnologías constructivas y de gestión, que

propendieran a fortalecer las estrategias puestas en práctica por parte de los sectores populares, convocando a la participación activa de hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad, articulando la necesidad de vivienda con la generación de trabajo. Entre los desarrollos tecnológicos que el CEVE ha puesto a disposición de las comunidades y demás actores involucrados en la resolución de la problemática habitacional se encuentran modelos de gestión innovadores así como alternativas tecnológicas-constructivas. Estas formas de conjugar elementos socio-técnicos, fueron formuladas por un grupo de personas en un momento histórico determinado, en que valoraron la situación económica, momento político y una necesidad humana (cobijo), bajo

determinadas condiciones de contexto para su vinculación, que lo condicionaban pero también lo posibilitaban. En la actualidad resulta de interés el hecho de que la experiencia institucional se encuentra en una etapa de reflexión, con nuevas preguntas y a través de nuevas generaciones, procurando adecuarse a una época de revisión de los paradigmas vigentes. Es a partir de estos análisis contextuales e interactorales que se pueden explorar y explotar aquellos factores que han posibilitado el acercamiento de soluciones habitacionales a población muy diversa pero con necesidades afines. Entre los casos más recientes se pueden citar las transferencias tecnológicas realizadas al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación Argentina a través del componente de

Emplazamiento de los proyectos Puesto Viejo, Rio Cuarto, La Plata y Gral. Rodríguez).

capacitación del programa “Ellas Hacen”1, las transferencias a la empresa cementera Holcim Argentina y la capacitación y transferencia al Instituto Municipal de Vivienda de la ciudad de Rio Cuarto (Córdoba, Argentina). Cada uno de estos casos presenta condiciones diversas en cuanto a su situación urbana, las escalas de intervención, y las interrelaciones entre actores involucrados y los roles que ellos desempeñan.

En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, el CEVE realizó sucesivas capacitaciones dirigidas a las mujeres beneficiarias del programa social “Ellas Hacen”, para la fabricación y el montaje de componentes constructivos, con tecnologías de los sistemas UMA y BENO. Se realizaron en la Municipalidad de General Rodríguez (conurbano bonaerense) y en la Ciudad de La Plata, capital de la Provincia de Buenos Aires.

En cuanto a General Rodríguez, según el Censo 2010, la localidad cuenta con 87.491 habitantes, y con un parque habitacional de 31.222 viviendas. En esta localidad se capacitó a las mujeres en la construcción de placas BENO, y en el montaje in situ de las estructuras UMA y las placas BENO. Las placas BENO fueron realizadas en el ex frigorífico municipal, y el montaje de ellas, en un terreno municipal cedido

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para la construcción de 12 viviendas con este sistema. Entre los actores involucrados en este proceso, se pueden nombrar a las titulares del programa “Ellas Hacen” agrupadas en cooperativas de treinta integrantes; la Municipalidad, que intervino como unidad ejecutora, y el Centro de Referencia (CDR), como apoyo técnico y social a las beneficiarias del programa. La ciudad de La Plata contaba hacia el 2010 con una población de 649.613 habitantes y un parque habitacional de 265.677 viviendas (INDEC, 2010). En abril de 2013 esta ciudad sufrió una gran inundación que dejó alrededor de 56.000 viviendas afectadas2. En este contexto, y a través de la transferencia de la tecnología constructiva del CEVE en vinculación con el Programa “Ellas Hacen”, se construyeron 30 viviendas en terrenos afectados por dicho suceso y 352 viviendas en terrenos del Estado para relocalización de familias, de las cuales 40 aproximadamente se construirían con los sistemas BENO y UMA. El sistema constructivo funciona sobre todo como articulador de múltiples actividades de capacitación en las que han participado unas 1800 mujeres agrupadas en cooperativas, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) como apoyo técnico en terminaciones constructivas e instalaciones, y el Ministerio de Desarrollo Social a través de profesionales y técnicos como apoyo al proceso. En el caso de Holcim SA, se realizó el diseño e implementación de un proyecto habitacional para la localidad de Puesto Viejo, Jujuy, provincia localizada al norte de Argentina donde existe una planta de fabricación de cemento. Esta localidad contabilizaba 4.132 habitantes hacia

el año 20103. En este caso se transfirió el sistema constructivo UMA y BENO para la construcción de componentes para treinta viviendas y además se está llevando cabo un modelo participativo y co-gestionable que involucra, además de Holcim y CEVE, a las familias destinatarias de las viviendas, representantes del municipio local, así como ONG vinculadas a lo ambiental y asociaciones civiles de la región. La ciudad de Rio Cuarto, se encuentra a su vez en la provincia de Córdoba, región centro del país. El censo 2010 indica que para ese año se contabilizaban 158.298 habitantes y un parque habitacional de 63.141 viviendas. En este caso, el CEVE realizó un convenio con el Instituto Municipal de Vivienda para la construcción de un prototipo de vivienda construido con el sistema UMA, y placas de techo MAS con sus correspondientes viguetas premoldeadas. Para llevar a cabo el prototipo se capacitó a dos cooperativas de trabajo, una que realizaría los componentes constructivos en una planta productora, y otra cooperativa que realizaría el montaje in situ de dichos componentes. El prototipo se construyó en un predio destinado a loteo constituido en el marco del Plan Municipal “2000 Viviendas” y el programa municipal “Mi Lugar Mi Sueño”4. Una vez finalizado dicho prototipo, se lleva adelante la fabricación de una serie de estructuras para la construcción de 45 viviendas a realizar en el marco de dicho plan. Sin embargo el contexto en que se llevaron a cabo estas últimas transferencias difiere sustantivamente de los contextos en que se formularon

1 Se trata de “cooperativas destinadas a ejecutar obras en sus comunidades, tales como instalaciones de redes y cañerías para la provisión de agua, electricidad, albañilería, acondicionamiento de lugares públicos o recuperación de espacios verdes. La iniciativa prioriza a aquellas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad, como madres de familias numerosas, con hijos con discapacidad, o víctimas de violencia de género. Por esta tarea, reciben un ingreso y la capacitación necesaria para asociarse y realizar sus labores. Además, las cooperativistas deben finalizar estudios primarios o secundarios y cursar talleres de alfabetización en caso de que no sepan leer y escribir. También las hacemos partícipes de capacitaciones en género, prevención de la violencia, y salud sexual y reproductiva, entre otras.” Recuperado el 4 de septiembre de 2015 de: https://www. desarrollosocial.gob.ar/ellashacen 2 Morosi, P.(7 de Abril de 2013) La catástrofe deja pérdidas en La Plata por $ 4000 millones. Diario La Nación. Versión Digital. Recuperado el 4 de Septiembre de 2015 de: http://www.lanacion.com. ar/1570435-la-catastrofe-deja-perdidas-enla-plata-por-4000-millones 3 http://www.municipios.jujuy.gov.ar/ Municipios_2.html 4 “El Plan Municipal ´2000 Viviendas´ tiene como objetivo cubrir a todos aquellos que demanden un techo y cuenten con terreno propio. Es un Plan que prioriza la construcción de viviendas en grandes superficies, dando así continuidad a la entrega de terrenos ´Mi Lugar Mi Sueño´” Recuperado el 4 de septiembre de 2015 de: http://www.2000viviendas.com.ar/

Tecnologías constructivas: BENO, UMA, premoldeados.

dichas tecnologías. Si bien en mayor o menor medida, la insatisfacción de las necesidades habitacionales de las sociedades latinoamericanas ha persistido, hay una serie de aspectos contextuales propios del desarrollo socio-habitacional, que han variado significativamente. Entre los tipos de cambios más notorios podemos citar: • En relación a los actores involucrados en la producción habitacional (municipios, estados provinciales y el Estado nacional, empresas, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, movimientos sociales, instituciones aca-

démicas, entre otros): los roles que juegan en función de la redefinición de sus intereses con ajuste a cambios societales; la redefinición de su ámbito de intervención en función de sus capacidades presentes y oportunidades a futuro, y los modos de relacionamiento entre ellos en torno a la producción habitacional -problematización, planificación, ejecución, evaluación, mantenimiento e integración urbana. • En relación al campo interdisciplinar del hábitat social: la definición misma del ámbito de validez de la problemática habitacional y particularmen-

te el lugar que se le reconoce a los usuarios finales, tanto a nivel individual como colectivo, en las dimensiones constructiva, urbana, jurídica, social, sanitaria, laboral, entre otras. • Respecto a la producción de conocimiento: la relación entre el sistema de ciencia y técnica y la redefinición de su ámbito de validez y competencias, sobre todo en relación con las problemáticas sociales y la posibilidad de integrar saberes para diagnosticar problemas y articular propuestas. Si bien en el quehacer de esta institución se han adoptado criterios de trabajo

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LATINOAMÉRICA que tienen que ver con principios que se intentan sostener, también se tiene en cuenta que los sistemas constructivos no existen en el vacío y las tecnologías no constituyen soluciones si no se insertan en el marco de esquemas de gestión adecuados a la detección y caracterización del déficit habitacional y a los actores involucrados, sus recursos, y su posicionamiento frente a la problemática. Por ello, reflexionando acerca de la identidad de la institución (objetivo-misión-valor) y el rol que desempeña en la producción y divulgación de conocimiento sobre la temática, nos encontramos frente a la necesidad de preguntarnos acerca de nuestras propias experiencias en base a tres criterios que sirven de marcadores para indicar esos cambios de contexto, a saber: • Replicabilidad: cabe preguntarse si las experiencias anteriores se pueden replicar al preguntarnos si interactuamos con los mismos actores del pasado. Para ello se trata de establecer qué es lo que cada uno de ellos, en cada momento histórico y coyuntura particular, define como su campo de intervención válido, cuál es el interés principal que persiguen, y cómo construyen sus relaciones al interior del campo de la producción habitacional. • Sustentabilidad: resulta relevante indagar acerca de cómo se van a articular los recursos e intereses de los actores involucrados en función de la posibilidad autónoma del usuario final de construir, mantener lo construido y avanzar en la integración urbana. • Pertinencia: implica la necesidad de preguntarse acerca de las capacidades de las institu-

ciones que trabajan desde la Ciencia y Técnica para la inclusión social, de diagnosticar y articular las diferentes necesidades y capacidades de los actores a los fines de proponer desarrollos tecnológicos y de gestión adecuados. Los desarrollos tecnológicos y de gestión propuestos por el CEVE desde 1967 han sido tanto testigos como partícipes de dinámicas de cambios que, con mayor o menor velocidad y profundidad, han mostrado una gran variabilidad en el rol que han desempeñado los municipios, los estados provinciales y el Estado nacional, variando en sus concepciones en relación a las funciones de provisión, articulación y representación de necesidades y soluciones habitacionales. Del mismo modo, grandes empresas se han planteado su rol en la producción habitacional o planificación urbana, así como las organizaciones de la sociedad civil han sido testigos y partes en esos cambios de contexto. Por ello, a 48 años de la creación del CEVE, sigue siendo relevante la atención a las dinámicas de cambio social para las que habrá de adaptar sus desarrollos en materia de producción y transferencia de conocimiento para la inclusión social en el ámbito del hábitat popular. Su eficacia y flexibilidad depende de las capacidades de interpretar los cambios de contexto con arreglo a la coyuntura en que se pretende incidir. Éste constituye el rol indelegable de una institución que no sólo contribuye al desarrollo de nuevos conocimientos y técnicas, sino que también tiene contacto con los actores que lidian a diario con la problemática interdisciplinaria del hábitat popular.

Bibliografía BOURDIEU, P. (2014), Las estrategias de la reproducción social, Buenos Aires, Siglo XXI Editores INDEC (2010), Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación. Instituto Nacional de Estadística y Censos. República Argentina. MAX-NEEF, M. (1994), Desarrollo a escala humana: conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones. Barcelona, Icaria Editorial.

Modalidades de tenencia segura. Prácticas de dos continentes

Propiedad individual vs. propiedad colectiva. Valor de uso vs. valor de cambio. Marina Lora, Marta Solanas y Esteban de Manuel Jerez*

* Los autores son españoles. Esteban es Dr. Arquitecto, Profesor Titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y responsable del Grupo de Investigación ADICI, enfocado a la Producción y Gestión Social del Hábitat. Marina y Marta son integrantes del colectivo sevillano Habitares, que impulsa procesos cooperativos de vivienda y ciudad y la gestión social del hábitat en Andalucía. Marina es arquitecta y máster en Gestión Social del Hábitat y en Ciudad y Arquitectura Sostenible, y miembro del grupo de investigación ADICI; Marta también es máster en temas vinculados a la vivienda social, investigadora y militante de espacios sociales, participa en 15M-Vivienda en Sevilla y en la Asociación Arquitectura y Compromiso Social.

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Cooperativa el Molino, filial del MOI. Buenos Aires, Argentina

Una cooperativa de vivienda es una asociación jurídica formada para procurar a sus miembros, de forma continuada y segura, el acceso a viviendas y espacios comunitarios. La organización colectiva permite a las cooperativas autopromover -sin ánimo de lucro- conjuntos habitacionales manteniendo el control a lo largo del proceso y optimizando los recursos de las personas involucradas. Se pueden abordar por tanto proyectos más complejos que los que se lograrían de manera individual, y las viviendas resultan más asequibles y de mayor calidad. Cuando ya se ha edificado -o rehabilitado- el conjunto habitacional, se puede hacer su división en propiedad horizontal y que cada vivienda pase a ser propiedad de cada una de las personas socias, o se puede mantener en su totalidad como propiedad de la cooperativa, adquiriendo los miembros un derecho de

uso y disfrute sobre la vivienda que habitan y una participación sobre la propiedad colectiva. También existen modalidades de vivienda cooperativa en las que una tercera entidad es copropietaria o propietaria total del conjunto y los miembros de la cooperativa están en régimen de alquiler en sus viviendas Por lo tanto, aunque las cooperativas de vivienda se basan en la gestión colectiva, en la práctica se desarrollan distintas modalidades de tenencia: (A) las cooperativas de propiedad individual, donde las familias se unen para promover y una vez finalizadas las viviendas se realiza la división en propiedad horizontal del conjunto y cada miembro pasa a ser propietario de una de ellas; (B) las cooperativas de propiedad colectiva, donde la cooperativa es dueña del conjunto residencial y los miembros ocupan las viviendas, con un derecho de uso y disfru-

te, y son dueños de acciones en la cooperativa; (C) las cooperativas de propiedad comunal, donde la cooperativa es copropietaria del conjunto residencial junto a una tercera entidad y los miembros tienen un contrato de alquiler con la cooperativa, mientras que la acción que poseen en la cooperativa tiene un valor simbólico; (D) las cooperativas de alquiler, donde el conjunto habitacional pertenece a un tercero que se lo cede a la cooperativa para su gestión y administración durante el tiempo y en las condiciones que se determinen mediante contrato, y la cooperativa alquila las viviendas a sus socios.

A. Las cooperativas de propiedad individual Las cooperativas de propiedad individual son aquellas que se forman para construir o rehabilitar viviendas que posteriormente adjudican a

Covine 8. Montevideo, Uruguay

sus socios en régimen de propiedad horizontal. Podríamos considerar este tipo como cooperativas de construcción de viviendas, puesto que finalizada la obra, la cooperativa en la mayoría de los casos deja de existir, en la medida en que su objetivo se ha cumplido. Cuando se traslada la propiedad individual a los miembros de la cooperativa, las viviendas pueden ser posteriormente vendidas al precio que el mercado permita. Esto da la posibilidad de obtener plusvalías sobre el coste real de las viviendas, lo que las hace atractivas como bien de inversión y en gran medida objeto de prácticas especulativas.

Cooperativa Trabensol. Senior cohousing en Madrid, España.

el de la mayoría de los países de Europa, se distribuye la tenencia de las viviendas entre casi un 90% de viviendas en propiedad frente a un 10% de alquiler. La falta de opciones ha impedido el acceso a la vivienda a amplios sectores de población y ha provocado el sobreendeudamiento de una gran parte de los hogares. Ante este panorama, durante los últimos años, grupos de personas y distintas organizaciones, tomando como referencia las experiencias de otros países, están desarrollando diferentes alternativas habitacionales, entre ellas las cooperativas de propiedad colectiva.

B. Las cooperativas de propiedad colectiva Esta modalidad es la propia de países como España, donde las políticas públicas de vivienda han fomentado la propiedad individual como estímulo del mercado inmobiliario. En el sistema residencial español, en clara diferencia con

Son aquellas en las que la cooperativa mantiene en el tiempo la propiedad colectiva del conjunto habitacional. Por cada vivienda hay una persona socia de la cooperativa, la cual

es propietaria de una cantidad determinada de “partes sociales” o participaciones sobre el valor total del conjunto habitacional. La relación de los habitantes con su vivienda se establece en un contrato de uso y disfrute, que tiene duración ilimitada. Tanto el derecho de uso como las participaciones se pueden heredar y transferir a terceros1 según las condiciones que en cada caso establezcan las leyes, los estatutos internos u otras regulaciones que le atañan. La propiedad colectiva, además de suponer un elemento de unión entre los miembros, pretende evitar la mercantilización de las viviendas y mantener su concepto como valor de uso a lo largo del tiempo. Al no ser los habitantes propietarios de las viviendas, éstos no las pueden vender; la capitalización patrimonial está limitada, lo que significa que el valor que se recibirá por las participaciones equivale a lo que se pagó por ellas: la aportación inicial, si la

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hubiera, las cuotas mensuales de amortización del préstamo, más el valor de la mano de obra (si se ha hecho ayuda mutua o autoconstrucción); las mejoras hechas a la vivienda pueden o no considerarse en función de la cooperativa. Este valor se actualiza según el índice de la inflación o de los salarios, de acuerdo al caso. Como claras referencias de este tipo tenemos el modelo Andel de Dinamarca y las cooperativas uruguayas, con su reflejo en la experiencia del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) en Argentina, y en otras en distintos países de la región. Pero en general es el que suelen adoptar los modelos de cohousing en Europa, que se extienden tanto por los países nórdicos como por Reino Unido, Francia o Alemania. También en España están emergiendo experiencias de cooperativas de propiedad colectiva. Los primeros casos son del tipo senior cohousing2: la Cooperativa Los Milagros3 en Málaga y la Cooperativa Trabensol4 en Madrid, pero además están surgiendo otras de carácter intergeneracional, como la Cooperativa Sostre Civic5 y la Cooperativa la Borda6 en Barcelona, la Cooperativa Entrepatios7 en Madrid o Copepaviví y Habitares8 en Sevilla. Sin embargo, la falta de apoyo institucional con la que aún se encuentran, dificulta que sea una opción habitacional más extendida.

C. Las cooperativas de propiedad comunal Las cooperativas de propiedad comunal son una modalidad que combina a un tiempo la propiedad colectiva y el alquiler. La coopera-

Colonia San José de Vallecas. Madrid, España.

tiva que lo ocupa comparte la propiedad del inmueble con otra tercera entidad, que puede ser la administración pública, una asociación, u otra cooperativa. Esta entidad comparte a su vez la propiedad de otros inmuebles con cada una de las cooperativas que los ocupan. La cooperativa toma las decisiones sobre el funcionamiento del inmueble y alquila las viviendas a sus socios, mientras que la entidad copropietaria se reserva aquellas que tienen que ver con el mantenimiento del sistema cooperativo, como el derecho a veto en la venta de las viviendas o los inmuebles. Además esta entidad recauda de cada cooperativa cierta cantidad económica que pasa a un fondo común y que se destina, entre otras cosas, al apoyo de nuevas iniciativas. A diferencia de las cooperativas de propiedad colectiva, en las que se puede limitar la evolu-

1 En el caso uruguayo la transferencia la hace la propia cooperativa. Quien se retira devuelve la vivienda y se le reintegran a cambio sus partes sociales; la cooperativa incorpora entonces otra persona como socia, la que debe integrar en un plazo determinado el capital social que tenía el anterior titular. 2 En los senior cohousing se busca recrear un vecindario que fomente la cooperación, socialización y soporte mutuo. Se trata de un conjunto habitacional con abundancia de espacios comunitarios, habitado por personas mayores de 60 años, que quieren mantener su autonomía y compartir servicios y actividades. Más información en: http://www.arquypielago. com/revistamargenes/jubilares-envejecerentre-amigos/ 3

http://residencialsantaclara.es/

http://trabensol.org/

http://www.sostrecivic.org/es

http://www.laborda.coop/?lang=es

http://entrepatios.org/

https://habitarescoop.wordpress.com/

Si la cooperativa se disuelve, tiene que transferir el inmueble a otra cooperativa o entidad sin ánimo de lucro, que tenga objetivos y principios similares, de forma que las viviendas siempre queden para el común (fuera del mercado). Casos representativos de esta modalidad son las cooperativas-asociaciones Almene de Dinamarca, el cluster de cooperativas de Radical Routes9 en Reino Unido o las proyectos del Mietshäuser Syndikat10 en Alemania.

Cooperativa Cornerstone, filial de la cooperativa matriz Radical Routes. Leeds, Reino Unido.

ción del valor de las participaciones y por tanto la capitalización del patrimonio, en esta modalidad simplemente no hay capitalización patrimonial. La aportación inicial en el caso de existir, se realiza en concepto de capital social de la cooperativa y las cuotas que se pagan mensualmente son en concepto de uso o alquiler de la vivienda y por tanto no son retornables. Aunque las personas socias son copropietarias del conjunto habitacional, la participación que poseen tiene un valor simbólico, por ejemplo de un euro. Una vez amortizada la hipoteca, el capital excedente de los importes que se continúan recaudando con las rentas se puede derivar al Fondo Común.

Las asociaciones Almenen son entidades sin ánimo de lucro, promotoras y propietarias de conjuntos habitacionales. Los habitantes de las viviendas de esos conjuntos residen en régimen de alquiler, a la vez que son copropietarios -en régimen de propiedad colectiva- de las asociaciones a las que estas viviendas pertenecen. El sector Almene tiene un fuerte apoyo en la administración pública estatal y municipal, a cambio de lo cual se sujeta a una estricta regulación y supervisión. Supone el 20% del parque de viviendas de Dinamarca, con unas 550 asociaciones y 7.000 conjuntos habitacionales. Casi todas las asociaciones son miembros de la Federación Nacional de Asociaciones. Por su parte, tanto las cooperativas de Radical Route como los proyectos del Mietshäuser Syndikat tienen un fuerte arraigo en el activismo social y no cuentan con ningún apoyo específico de la administración pública. Cada proyecto o cooperativa es independiente, pero todos están unidos a través de una entidad de coordinación, que establece mecanismos para apoyar las nuevas iniciativas y vela porque las viviendas y los inmuebles no

lleguen nunca al mercado, de forma que sean utilidad común.

D. Las cooperativas de inquilinos Son aquellas en las que la cooperativa no es la propietaria del inmueble, sino que la titularidad está en manos de un tercero. Éste puede ser un propietario particular, una asociación sin ánimo de lucro, una empresa privada o una administración pública. La cooperativa establece una relación contractual donde se determinan los aspectos que quedan bajo su responsabilidad en relación a la gestión, uso y mantenimiento del conjunto habitacional, incluyendo las viviendas, los locales sociales y comerciales, los garajes y el resto de espacios que contemple. También se fija la renta que la cooperativa habrá de pagar a la otra parte. Las personas socias ocupan las viviendas bajo el régimen de alquiler y la cuota mensual que se abona va para ese concepto, además de cubrir el coste del mantenimiento y los servicios que se dispongan. Por lo tanto, los miembros no adquieren participaciones sobre el valor del inmueble, aunque sí se les puede requerir una aportación inicial al capital social de la cooperativa, que sirva como seguro ante impagos o reparaciones en la vivienda. Un buen ejemplo de este tipo son las Cooperativas Juveniles de gestión de Vivienda Pública en Alquiler conformadas a principio de los años ´90 en Madrid. La Empresa Pública de la Vivienda de la Comunidad de Madrid (IVIMA), construyó dos promociones con un total de 498

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viviendas que cedió a cuatro cooperativas juveniles mediante un contrato de gestión11. Una variante de esta modalidad sería la que se desarrolla como masovería urbana, donde la cooperativa ocupa un edificio en malas condiciones de habitabilidad y realiza un acuerdo con la propiedad para rehabilitarlo a cambio de poder permanecer en él durante un periodo de tiempo, mediante cesión del inmueble.

Algunas controversias SUSI, asociada al Mietshäuser Syndikat. Friburgo, Alemania

La imposibilidad de disponer de la vivienda con total libertad como un único propietario o no poder apropiarse de los beneficios de la evolución del valor de la vivienda en el mercado, son cuestiones que antes o después generan controversias en muchas de las cooperativas en que esto sucede. En bastantes casos se genera una lucha de fuerzas entre el grupo que quiere mantener la propiedad colectiva y el valor de las participaciones equivalente a los costes reales, y los miembros que quieren, o bien realizar la división horizontal del inmueble y tener todos los derechos sobre una vivienda, o al menos asimilar el precio de venta de las participaciones a los precios del mercado. Más allá de quienes ven en la propiedad colectiva una merma de sus intereses personales, estarían también en esa línea los gobiernos liberales y conservadores que ven cómo estos modelos entran en fuerte contradicción con el sistema capitalista. Así, además de conducir la mayor parte de sus políticas de vivienda hacia el fomento de la propiedad individual, también

implementan medidas que socavan otros regímenes de tenencia. Entre ellas están las dirigidas a la privatización del parque de viviendas públicas, cooperativas, o gestionadas por entidades sin ánimo de lucro, o la liberalización de precios de venta regulados, como los de las partes sociales de las cooperativas. Las fórmulas que se han mostrado más resistentes a los intentos de mercantilización de las viviendas, son aquellas en las que el papel de la administración pública y de cada cooperativa se ve complementado por el de otros actores reguladores o simplemente presentes, que de una u otra manera, velan para que las viviendas mantengan su valor social. Podemos referirnos en ese sentido al papel de FUCVAM en Uruguay o de las asociaciones Almene en Dinamarca, donde al apoyo y la regulación institucional se superpone un sistema de organización y gestión social multinivel: conjunto habitacionai/federación/asociación.

http://www.radicalroutes.org.uk/ http://www.syndikat.org/de/

11 Ver en el número 25 de esta revista: Lora, M; Solanas, M (2014): “Vivienda y organización popular. De la crisis institucional a la utopía”.

Mesa abierta con el Plan Juntos Comisiรณn de Vivienda y Territorio | CEDA

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El pasado viernes 2 de octubre, la Comisión Vivienda y Territorio realizó la primera actividad del ciclo “Nuestra formación y los problemas socio-habitacionales”, bajo el nombre “Mesa abierta con el Plan Juntos”. En dicha actividad participaron integrantes del Comité de Habitahabilidad y de la Unidad Permanente de Vivienda de nuestra Facultad, que junto a estudiantes involucradas, presentaron experiencias anteriores desarrolladas a partir de la academia, vinculadas a nuestra temática de interés y en similar escala. Desde el Plan Juntos participaron, por su parte, Leonardo Palmer, coordinador del área de voluntariado del Plan y Jesús Arguiñarena, docente de nuestra Facultad y asistente técnico del Plan Juntos.

A todos ellos queremos agradecerles por hacer posible esta fusión que inspiró proactividad, responsabilidad, creatividad y conciencia real como estudiantes universitarios. En la jornada, se realizaron dos talleres de sensibilización en torno al voluntariado y tuvimos resultados fructíferos, como consecuencia del mucho entusiasmo compartido. Así, pudimos cumplir con el objetivo primordial, el de formar un equipo de trabajo para asistir al Plan Juntos, una brigada, con la que ya el pasado 17 de octubre comenzamos a trabajar en el barrio de Casavalle en tareas como llenado de plateas, bolseado de paredes y pintura. El acercamiento al Plan en esta actividad resultó un nexo entre los estudiantes, varios interesados y esta oferta espontánea en nuestra

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formación, una oferta alternativa y concreta para, como venimos alegando en números anteriores, trabajar en pro del intercambio en la especificidad de la materia.

La brigada constituida está abierta a todo estudiante y usualmente estamos trabajando los sábados en la mañana, sin ser excluyente la participación en otros días y horarios.

Reiteramos que la vía de contacto para informarse, participar en la misma y/o en la comisión es viviendayterritorioceda@gmail.com, o acercarse los viernes a las 19 hs en el local del CEDA.