Revista Vivienda Popular Nº19

HÁBITAT Y VIVIENDA POPULAR: La mirada de los actores y la nuestra Raúl Vallés, Director

OCT 2009 l 19

FRENTE AMPLIO PARTIDO INDEPENDIENTE PARTIDO NACIONAL Por qué no aparece la opinión del PARTIDO COLORADO CAMBIAR LA LÓGICA Y APRENDER DE LA SOCIEDAD Fernando Zerboni

IMPULSAR EL COOPERATIVISMO Y LA TENENCIA COLECTIVA Ricardo Pisciottano

REVISTA VIVIENDA POPULAR SEGUNDA ÉPOCA OCT 2009 l 19

LA OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS José Ignacio Otegui

UNA VISIÓN DESDE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Mirna Sierra

DOCE MITOS A DEMOLER Y UN NUEVO PARADIGMA. La habitación como necesidad.

El hábitat como satisfactor Jorge Di Paula

EXPLICITAR IMPLÍCITOS. A propósito de la formación y la arquitectura EL ESPACIO PÚBLICO EN CONTEXTOS DE PRECARIEDAD. Seminario Viviendo al Margen II Alina del Castillo, Andrea Francisco

HABITARIO. Nuevos formatos para la Extensión en la Facultad de Arquitectura UPV (Unidad Permanente de Vivienda)

LA CAÍDA DE UN MITO Y PROPUESTAS DE ACCIÓN. Estudio del stock habitacional vacío montevideano Cristina Fynn, Martha Siniacoff, María Rosa Roda, Noemí Alonso, Miguel Meny, Ricardo Martínez, Enrique Machado

PREGUNTAS PARA HACERLE AL CENSO Benjamín Nahoum

farq | uruguay facultad de arquitectura/universidad de la república

ECO-BARRIO. “VILLA CUATRO ÁLAMOS”.

Una experiencia de sustentabilidad en Chile Bernardette Soust

COOPERATIVA COVI2000. Una propuesta sostenible

Unidad Permanente de Vivienda

Hugo Rea

LA PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LAS POLÍTICAS HABITACIONALES EN AMÉRICA LATINA Raúl Fernández Wagner

CIUDAD AFUERA, MERCADO AL CENTRO, VIVIENDA ADENTRO. Fragmentación urbana. El caso de Quito.

Jaime Erazo Espinosa y Oscar Raúl Ospina

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA | NOTICIAS

Vivienda Unidad Permanente de Vivienda Facultad de Arquitectura Universidad de la República Uruguay

REVISTA VIVIENDA POPULAR

Ricardo Muttoni

2010 + 5 POLITICAS DE VIVIENDA PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

universidad de la república

farq | uruguay facultad de arquitectura

Unidad Permanente de Vivienda

Vivienda Popular

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2010 + 5: POLITICAS DE VIVIENDA PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

Vivienda Popular Unidad Permanente de Vivienda Facultad de Arquitectura | Universidad de la República Dr. Rodrigo Arocena

Rector

Arq. Gustavo Scheps

Decano

Arq. Duillo Amándola, Arq. María del Huerto Delgado, Arq. Raúl Fernández Wagner, Arq. Bernardo Martín, Arq. Ricardo Muttoni, Soc. Álvaro Portillo, Arq. Maria Lucía Refinetti Martins Arq. Raúl Vallés Ing. Benjamín Nahoum Unidad Permanente de Vivienda Arq. Paulo González , Ing. Benjamín Nahoum Arq. Raúl Vallés Arq. Paulo González UPG | Horacio Todeschini Ing. Benjamín Nahoum

Comité Editor Director Redactor Responsable Realización Comité Ejecutivo Diseño y diagramación Edición

Autores de los artículos UPV | Unidad Permanente de Vivienda

Fotografía

MASTERGRAF Pagola 1727 Tel. 203 4760 D.L. 349.879

Impresión

VIVIENDA POPULAR es una publicación semestral de la Facultad de Arquitectura-UdelaR Unidad Permanente de Vivienda Facultad de Arquitectura - Universidad de la República Bulevar Artigas 1031 CP 11200 Montevideo, Uruguay Teléfono: 400 0706 email: revista.vivienda.popular@gmail.com ISSN - 1510-7442

La realización de este número contó con el apoyo de los anunciantes y especialmente de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

Imagen de tapa: “pintada sobre muro” Gráfico que ilustra el artículo: COOPERATIVA COVI2000.

Una propuesta sostenible. Hugo Rea

Vivienda Popular

Está permitida la reproducción total o parcial de los artículos publicados, citando al autor y la fuente

este número: editorial tema de tapa

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HÁBITAT Y VIVIENDA POPULAR: La mirada de los actores y la nuestra Raúl Vallés, Director

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FRENTE AMPLIO

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PARTIDO INDEPENDIENTE

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PARTIDO NACIONAL

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Por qué no aparece la opinión del PARTIDO COLORADO

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CAMBIAR LA LÓGICA Y APRENDER DE LA SOCIEDAD Fernando Zerboni

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IMPULSAR EL COOPERATIVISMO Y LA TENENCIA COLECTIVA Ricardo Pisciottano

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LA OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS José Ignacio Otegui

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UNA VISIÓN DESDE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Mirna Sierra

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DOCE MITOS A DEMOLER Y UN NUEVO PARADIGMA. La habitación como necesidad. El hábitat como satisfactor. Jorge Di Paula

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EXPLICITAR IMPLÍCITOS. A propósito de la formación y la arquitectura.

Ricardo Muttoni

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EL ESPACIO PÚBLICO EN CONTEXTOS DE PRECARIEDAD. Seminario Viviendo al Margen II. Alina del Castillo, Andrea Francisco

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HABITARIO. Nuevos formatos para la Extensión en la Facultad de Arquitectura. UPV (Unidad Permanente de Vivienda)

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LA CAÍDA DE UN MITO Y PROPUESTAS DE ACCIÓN Estudio del stock habitacional vacío montevideano. Cristina Fynn, Martha Siniacoff, María Rosa Roda, Noemí Alonso, Miguel Meny, Ricardo Martínez, Enrique Machado.

54 experiencias recientes

PREGUNTAS PARA HACERLE AL CENSO Benjamín Nahoum

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ECO-BARRIO. “VILLA CUATRO ÁLAMOS”.

Una experiencia de sustentabilidad en Chile. Bernardette Soust*

sustentabilidad

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COOPERATIVA COVI2000. Una propuesta sostenible.

Hugo Rea

américa latina

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LA PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LAS POLÍTICAS HABITACIONALES EN AMÉRICA LATINA Raúl Fernández Wagner

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CIUDAD AFUERA, MERCADO AL CENTRO, VIVIENDA ADENTRO. Fragmentación urbana. El caso de Quito. Jaime Erazo Espinosa y Oscar Raúl Ospina

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RESEÑA BIBLIOGRÁFICA | NOTICIAS

enseñanza

extensión investigación

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2010 + 5: POLITICAS DE VIVIENDA PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS

EDITORIAL

HÁBITAT Y VIVIENDA POPULAR: La mirada de los actores y la nuestra Lo hacemos desde el convencimiento que la academia debe promover este tipo de instancias como forma de contribuir al diálogo e intercambio de ideas. Para nuestra Revista y para la Unidad Permanente de Vivienda, ello significa continuar un camino que hemos transitado desde siempre y hoy, en vísperas de una contienda electoral, el tema resulta de particular relevancia.

Hemos solicitado a los partidos políticos con representación parlamentaria actual expresar su opinión al respecto, para lo cual hemos pautado su intervención con una serie de preguntas sobre los principales temas que, a nuestro juicio, deben ser abordados:

1. ¿Cuáles son los grandes problemas a resolver hoy en la situación habitacional de los uruguayos?

2. Las políticas a llevar adelante, ¿deberían ser universalistas o focalizadas, y en este caso hacia qué sectores?

3. ¿Qué rol deberían tener en la solución del problema los distintos actores (empresas, bancos privados, destinatarios, sociedad civil en general, Estado) y qué modalidades de gestión habría que emplear?

4. ¿Qué políticas y acciones deberían implementarse con relación al estoc existente, la construcción de vivienda nueva y los asentamientos irregulares?

5. ¿Qué formas de tenencia impulsaría (propiedad individual, colectiva, arrendamiento, usufructo, etc.) y

qué medidas tomaría para estimularlas?

6. ¿Cómo se aseguraría el acceso al suelo urbanizado y qué políticas deberían seguirse con relación a los terrenos baldíos y viviendas y otras construcciones desocupados?

7. ¿Cuáles deberían ser los mecanismos de financiamiento (préstamos, subsidios, aportes propios, garantías, etc.), en base a qué recursos se implementarían y qué importancia relativa tendrían éstos en el presupuesto nacional?

8. ¿De qué forma podría lograrse que las nuevas acciones contribuyan a la integración socio-territorial y no a la segregación?

En las páginas que siguen aparecen las respuestas correspondientes, siguiendo esta misma numeración, sin quitar ni poner una coma, como corresponde.

Hemos consultado asimismo a referentes de diversas organizaciones sociales y empresariales, para tener su visión al respecto, esta vez con una sola pregunta básica: ¿cómo debería ser la política de hábitat y vivienda en los próximos cinco años?

Nos proponemos, además de formular estas preguntas a los referentes políticos y de la sociedad civil mencionados, no eludir la responsabilidad de dar nuestra opinión al respecto, la cual expresa la agenda de temas-problema sobre la que debe reflexionar el ámbito académico.

Nuestras responsabilidades no son políticas, pero sí lo son el estudio y reflexión sobre “las Políticas de Vivienda”, materia central para la comprensión, la reflexión y la elaboración de propuestas. Estas últimas tres son ineludibles.

Señalemos, para comenzar, algunas premisas que desde nuestro punto de vista son básicas y que deberían orientar y continuar una transformación cualitativa de las políticas, que se ha iniciado, más desde la formulación que desde las concreciones: la descentralización territorial de las políticas; la inclusión social; la integración socio-territorial; las acciones desde la demanda y necesidades de bienes y servicios habitacionales; lo imperioso de una fuerte mejora y aprovechamiento del stock edificado y la participación activa de diversos actores públicos y privados.

En la escala territorial, la propia complejidad de los procesos hace necesario un cambio de abordaje que permita desarrollar áreas de actuación en el territorio, con políticas integrales y desestimando las actuaciones sectoriales y descoordinadas.

Dar prioridad a las políticas de vivienda y hábitat, tendría un impacto en el presupuesto del Estado en general, ya que la falta de políticas pertinentes ha generado mayores problemas y gastos socio-urbanos. Por el contrario las inversiones en hábitat y vivienda desde la equidad territorial y la integralidad, repercuten en menos gastos en otras áreas.

Reclamamos la importancia de una política de suelo activa y con base en la nueva Ley de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible (Nº 18.308 de 2008) impulsando la creación de Carteras de Tierras en todas las Intendencias, con planes de desarrollo integrales, en particu-

Vivienda Popular

En este número de Vivienda Popular nos proponemos aportar al necesario debate acerca de los lineamientos y políticas más adecuadas para enfrentar los problemas de aquellos sectores que tienen dificultades para lograr el acceso y permanencia a un hábitat digno.

lar para las áreas precarias y priorizando la coordinación interinstitucional como base para la eficiencia en las líneas de acción.

Considerar el costo de localización, como un rubro a revalorizar por medio del subsidio al acceso a la ciudad o mediante una activa política pública que jerarquice la función social del suelo urbano, única vía para lograr una mayor equidad habitacional y frenar el exilio urbano y la emigración expansiva que segrega y fragmenta, y donde reclamamos un rol claro del Estado como compensador de desequilibrios.

El tema de la precariedad urbana constituye hoy el mayor déficit de las políticas sociales y no es un problema de vivienda sino de hábitat, donde la “no-ciudad”, es el contenedor de la precariedad habitacional más aguda.

La ciudad formal le cuesta muy cara a los habitantes informales y la informalidad le cuesta muy cara a la ciudad. Es un problema estructural de nuestra sociedad y no se resuelve desconociendo sus lógicas de producción y reproducción. El fenómeno tiene muchos casos de inviabilidad de localización, pero en su mayoría abarca enormes áreas de expansión residencial espontánea de carácter permanente o de precarización de viejos barrios populares.

Es imprescindible promover la Integración social y urbana desde la consolidación y mejora barrial.

Apoyar la autoconstrucción y autoproducción familiar progresiva, el medio más extendido en la generación de una solución habitacional que, mal que nos pese, se hace sin arquitectos y sin préstamo ni subsidio de nadie, pero con muchos recursos, activos familiares y capital humano.

Para ello se deberá avanzar en la regularización dominial promoviendo la tenencia segura del lote irregular en el marco de la Ley 18.308; producir lotes con servicios; activar los planos económicos diversificados, que nunca se instrumentaron a pesar de que la IMM realizó un olvidado concurso al respecto; consolidar el asesoramiento técnico al autoconstructor, involucrando a la academia como aprendizaje y a la profesión como fuente de trabajo genuino; perfeccionar el micro-crédito; impulsar una revisión normativa, etc.

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Un tema recurrente ha sido siempre el de los

recursos con que se cuenta para el desarrollo de las metas de los Planes Quinquenales de Vivienda. Ya hemos expresado en otras oportunidades, cuando el Consejo de nuestra Facultad solicitó a la UPV opinión al respecto, que sin políticas adecuadas, los recursos por sí mismos no son capaces de generar avances significativos. Si queremos ejemplos de ello, revisemos los períodos de fuerte ejecución en programas inadecuados que todos conocemos como los Núcleos Básicos Evolutivos, que han generado y consolidado enormes desigualdades socioterritoriales. Pero también es cierto que sin recursos, las mejores ideas se transforman sólo en buenas intenciones.

Pensamos que es central considerar una combinación de recursos económicos, financieros y de los pobladores para el acceso y permanencia a la vivienda. Para ello además de un imperioso y significativo aumento de los recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, debería fomentarse fuertemente el ahorro de la familia, así como generar condiciones claras y duraderas para la participación en distintos formatos de la inversión privada. Pero especialmente se debería reconocer, valorar y considerar en los programas, los recursos y activos de las familias autoconstructoras por su enorme potencialidad y la participación en el proceso que genera.

Los cambios en la sociedad, en las pautas de habitabilidad y en la composición de los hogares, han dibujado un mapa heterogéneo y dinámico. Será necesario responder con flexibilidad para que a problemas diferentes se promuevan soluciones diferentes.

Es necesario impulsar soluciones diversas de acceso y permanencia a la vivienda para amplios sectores socioeconómicos y tipos de hogares, que acompasen las transformaciones; los cambios en el mundo del trabajo; la movilidad residencial, y las pautas culturales de las nuevas generaciones, tomando como base la reconstitución del tejido social, integrando grupos heterogéneos: de edades, de etnia, género etc., procurando la integración socio-territorial y evitando la guetización que provocan los programas focalizados.

Es preciso también atender las carencias, potencialidades y características del stock edificado,

asegurando su mantenimiento y readecuación como factor de relocalización y acceso y permanencia de los sectores vulnerables a la vivienda y la ciudad.

Algunos emblemas de la experiencia nacional, como el cooperativismo de vivienda, todavía esperan una revalorización desde el hoy, que recoja su riquísima experiencia. La responsabilidad y oportunidad de prestigiar el sistema cooperativo no es sólo tarea del Estado, que obviamente deberá maximizar recursos para ello, sino de todos y cada uno de los actores que estamos involucrados, que estamos llamados a debatir y reflexionar. Hoy, a cuarenta años de promulgada la Ley Nacional de Vivienda, salvo excepciones, no estamos produciendo propuestas físicas, sociales ni financieras que adecúen el sistema a los desafíos actuales y del futuro, tal como las pioneras en su momento se animaron a producir mediante una actitud transgresora.

Finalmente, desde la academia debemos en primer lugar tratar de centrar el tema. El hábitat residencial humano es ante todo un sistema complejo y como tal, encierra múltiples dimensiones.

El problema de la “vivienda” no se soluciona con “viviendismo”, es decir con lógicas productivistas, economicistas o cuantitativas. La organización espacial del sistema habitacional (tanto en el territorio como en la escala doméstica) es una de las dimensiones, pero es necesario considerar las múltiples áreas que están presentes en el problema: el marco institucional y jurídico; la producción y la gestión; la dimensión económica, y especialmente la social y cultural. El carácter interdisciplinario, aplicable a cualquier situación compleja, aquí es central, tanto para comprender las lógicas que encierra, como para las propuestas de instrumentos posibles.

El desafío deberá ser entonces una mejor y más completa reflexión en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de investigación-acción para la formación de profesionales atentos y responsables, y con visiones y propuestas integrales y no parciales. Desde ese marco conceptual, es que entendemos que debe orientarse el aporte de la Universidad a este debate.

Raúl Vallés, Director

TEMA DE TAPA

Vivienda Popular

FRENTE AMPLIO

1.- En nuestra opinión, los grandes problemas a

resolver hoy en la situación habitacional de los uruguayos son:

a. seguir mejorando en cantidad y calidad de la inversión pública en políticas urbano-territoriales de hábitat; b. fortalecer el desarrollo y coordinación del nuevo sistema habitacional público (MVOTMA-ANVBHU) así como los programas de MEVIR (en lo rural) y PIAI (actuaciones de remediación y prevención sobre los Asentamientos Irregulares); c. mitigar los procesos de segregación y segmentación socio territorial; d. expandir y profundizar el crédito hipotecario; e. redefinir el modelo del accionar de los diferentes actores (públicos y privados) en lo referente a la demanda y a la generación de la oferta de servicios habitacionales y el papel del sector público y privado en el mismo; f. promover la cultura del ahorro, la de honrar el pago de los créditos y la transparencia de la gestión pública; g. promover la participación activa de los destinatarios de los programas de vivienda y hábitat y la convivencia sin discriminaciones en programas colectivos de vivienda; 7

h. realizar las acciones afirmativas necesarias y las articulaciones con otros programas sociales de modo que los sectores de pobreza no sólo accedan, sino que puedan permanecer en una vivienda adecuada.

2.- Las políticas públicas habitacionales deben

ser políticas sociales universales, si bien su cobertura -de acuerdo a los recursos presupuestales- deberá definir una población meta y planificarse en el horizonte de mediano y largo plazo. Deben estar orientadas a garantizar un derecho, y por esto mismo deben tener la posibilidad de dar respuestas iguales en calidad, pero diversas con relación a las características socio-culturales.

Para poder ser eficaces en el proceso de mitigación de la segregación y segmentación socioterritorial, las políticas habitacionales se deben diseñar con una mirada universal, de modo que acceda una población con situaciones heterogéneas a nivel socio-económico y no focalizadas en franjas de población homogéneamente pobre. La priorización será atender a los sectores que han sido históricamente contemplados por la vivienda de interés social, con acciones afirmativas que permitan el acceso a los hogares bajo la línea de pobreza. Esta posición se debe basar en el desarrollo de un importante menú de

programas habitacionales que atiendan tanto el acceso como la permanencia de las familias a los servicios habitacionales.

3.- En cuanto a los roles de los diferentes acto-

res, en el modelo mencionado en la respuesta a la pregunta 1 en el punto e., el papel que se otorga al Estado es la conducción o regulación de un sistema de actores para promover el acceso universal a los bienes y servicios habitacionales: promover la oferta en función de un diagnóstico territorial de la demanda y actuar en forma directa en la construcción de viviendas bajo diferentes modalidades y, a través de diferentes programas, en el otorgamiento de créditos y subsidios a la población que por sus propios medios no puede acceder a una solución habitacional en el mercado.

El sector privado, en la previsibilidad de recursos públicos destinados a subsidios y créditos para el mercado, deberá generar la oferta de viviendas y créditos concurrentes. Sin embargo, el centro de la oferta pública de soluciones habitacionales ha tenido dos actores centrales que determinarán la escala de la producción mediante dos programas: las empresas constructoras, mediante licitación pública, y el cooperativismo, mediante la gestión, el ahorro y la autoconstrucción, ambos en procesos de cambio en función

Vivienda Popular

PARTIDO INDEPENDIENTE

1.- La situación habitacional se ha seguido de-

teriorando en los últimos años, especialmente por la ausencia de una política efectiva y sostenida de ejecución, financiación o promoción de programas de vivienda que sustituyan las unidades obsoletas y apunten a ir, progresivamente, reduciendo el déficit existente.

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2.- Sin perjuicio de los énfasis o planes espe-

cíficos que se implementen para resolver las situaciones de emergencia, sin duda, la política de vivienda debe ser universal, así como lo deben ser las políticas educativa y de salud. La vivienda es un derecho constitucional para todos los ciudadanos y así debe encararse.

El programa de vivienda de un futuro gobierno debe, como condición imprescindible, contribuir a reducir la segregación social, lo que implica una coordinación muy estrecha con las políticas sociales, de empleo y territoriales, particularmente en la capital (entendida como su área metropolitana, sin restringirse a los límites políticos del Departamento), donde estos problemas se manifiestan con mayor agudeza.

Por cierto, los instrumentos deben variar según el sector al cual se dirijan, sin perder de vista la importancia de la integración social. La política de vivienda debe ser un instrumento que contribuya a revertir la aguda fragmentación social que ha ido creciendo en las últimas décadas, y que no ha disminuido con las políticas sociales implementadas en este período.

Pero no deben dejarse de lado las necesidades de las capas medias de la sociedad, pilar fundamental del régimen democrático, que hoy no encuentran ninguna respuesta viable.

3.- Si bien es imprescindible abrir al máximo las

No compartimos, excepto como mecanismos de extrema urgencia para soluciones puntuales y temporales, ni los programas de lotes con servicios ni de regularización de asentamientos en cuanto los mismos impliquen abandonar, aún parcialmente los conceptos mínimos de una vivienda digna.

posibilidades de participación del sector privado en una política de vivienda que abarque a todos los sectores de la sociedad, mediante exoneraciones impositivas, financiamiento y otros instrumentos que la faciliten, la experiencia nacional no es demasiado auspiciosa en ese sentido.

Al menos por un lapso inicial, medianamente prolongado, será el Estado quien deba tomar la iniciativa fundamental en este terreno. Ha llegado el momento de proyectar una nueva gran ley

nacional de viviendas que articule todas las distintas modalidades, sin desperdiciar la enorme experiencia acumulada en el país.

En nuestra opinión no debe descartarse la participación de ningún actor, ni disponer ninguna regla que la dificulte, sino todo lo contrario, pero es responsabilidad del Estado establecer un marco regulatorio que asegure que la producción que se dé cumpla con todas las condiciones mínimas que nuestra sociedad defina para la vivienda.

Las soluciones “de emergencia” deben ser estrictamente eso: para solucionar problemas puntuales, dentro de un marco temporal acotado. Así como una emergencia médica no sustituye a un hospital, ni un programa de verano a una escuela, la producción de viviendas, si ha de contribuir al objetivo de ir disminuyendo la fragmentación social, no puede apartarse de mínimos técnicamente definidos e iguales para todos los habitantes de la República. Esto no implica desconocer las dificultades de todo tipo que se enfrentarán.

En cuanto a las modalidades de gestión, tomando la rica experiencia acumulada, no debe ni descartarse ni exaltarse ninguna por encima de las demás, ya que cada una se adapta a una situación específica. Una cooperativa de ayuda

* La respuesta del Partido Nacional a nuestra encuesta fue remitida con la firma del Lic. Daniel GarcĂ­a Trovero.

(Nota de VP).

Vivienda Popular

PARTIDO NACIONAL*

El Partido Nacional agradece a la revista “Vivienda Popular” la oportunidad de expresar sus puntos de vista en materia de vivienda, en la medida que son muy escasas las posibilidades de expresión plural en publicaciones como la que nos convoca.

1.

El mayor problema es el acceso y permanencia a viviendas por parte de los sectores populares de más bajos ingresos. Pese a la gran expectativa existente, el gobierno del Frente Amplio fue absolutamente deficitario en el área habitacional y especialmente no instrumentó programa alguno de vivienda para los sectores populares de menor ingreso.

En consecuencia, ante la ausencia de una oferta de “vivienda popular” por parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, los asentamientos irregulares han continuado creciendo en forma exponencial en estos últimos años. Éste es el principal problema a resolver ya que de no revertirse esta situación y según algunas revistas especializadas, en el año 2030 casi el 30% de la población de Montevideo estaría viviendo en un asentamiento.

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En orden de importancia para el Partido Nacional, el segundo gran problema a resolver es la

definición de programas habitacionales específicamente orientados a los jóvenes.

Más allá de estas prioridades es imprescindible desarrollar una política habitacional integral, como lo fue en su momento el Sistema Integrado de Acceso a la Vivienda (SIAV), que atienda las necesidades del conjunto de la población.

2. En el caso de la vivienda, la discusión aca-

démica en política social actualmente en boga entre universalismo y focalización constituye al decir de Carlos Vaz Ferreira, “un paralogismo de falsa oposición”.

Vaz Ferreira comienza Lógica Viva afirmando: “Una de las mayores adquisiciones del pensamiento se realizaría cuando los hombres comprendieran -no sólo comprendieran, sino sintieran- que una gran parte de las teorías, opiniones, observaciones, etc., que se tratan como opuestas, no lo son. Es una de las falacias más comunes, y por la cual se gasta en pura pérdida la mayor parte del trabajo pensante de la humanidad, la que consiste en tomar por contradictorio lo que no es contradictorio; en crear falsos dilemas, falsas oposiciones.”

La política habitacional debe ser universal en

la medida que debe asegurar el acceso a la vivienda a todos los uruguayos. Al mismo tiempo deben llevarse a cabo políticas focalizadas y específicas considerando la población rural, las personas con capacidades diferentes, los jóvenes, etc.

3.

Todos los actores mencionados tienen un importante rol a cumplir según cada grupo social y circunstancia. Los bancos privados pueden cumplir un papel trascendente aportando crédito hipotecario a determinados segmentos sociales de ingresos medios y altos. Obviamente esos mismos bancos seguramente no van a establecer una línea de recursos para financiar la vivienda de los sectores populares de menores ingresos. Allí son los fondos públicos los que deben financiar, por ejemplo el Fondo Nacional de Vivienda, restaurado durante el gobierno del Partido Nacional cuando se creó el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y eliminado por el actual gobierno del Frente Amplio.

Las modalidades válidas de gestión son variables también en función de cada circunstancia: las empresas de construcción privada tienen un rol importante a cumplir en la promoción privada de vivienda para determinados sectores sociales

Vivienda Popular

Por qu茅 no aparece la opini贸n del PARTIDO COLORADO

El 31 de julio VIVIENDA POPULAR envió a las sedes de los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria una carta, entregada en cada caso personalmente por un funcionario de la Facultad de Arquitectura, solicitando la opinión de los mismos sobre cuáles deberían ser la políticas de vivienda social en el próximo período de gobierno, a efectos de incluir su punto de vista en este número. Adjuntamos a esa nota la pauta que aparece en el editorial, a efectos de uniformizar las temáticas tocadas en cada respuesta y tener la seguridad que se trataban todos los puntos que nos parecían esenciales.

Simultáneamente recabamos también la opinión de organizaciones sociales, técnicas y empresariales, en ese caso con la única pregunta de cuáles eran sus expectativas en el tema de las políticas de vivienda social en el próximo período de gobierno.

Las notas a los partidos políticos fueron dirigidas a sus respectivas autoridades: en el caso del Frente Amplio, su presidente, Ing. Jorge Brovetto; en el del Partido Nacional, el presidente de su Directorio, que entonces era el Prof.

Carlos Julio Pereyra; en el del Partido Colorado, su Secretario General, en aquel momento el Dr. Julio María Sanguinetti, y en el del Partido Independiente, el Lic. Pablo Mieres.

Más tarde o más temprano obtuvimos la respuesta del Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Independiente, que figuran antes en esta edición. En el caso del Partido Colorado, nuestros esfuerzos fueron infructuosos: al no recibir la respuesta nos comunicamos con la Secretaría del Partido; a indicación de ésta con la Secretaría del Dr. Sanguinetti, y por sugerencia de la misma con la del candidato presiden-

cial, Dr. Pedro Bordaberry, sin que las llamadas ni los correos electrónicos surtieran el efecto por nosotros deseado: obtener la respuesta de dicho partido.

Lo lamentamos, ya que como dijimos en la nota que enviamos a los cuatro partidos, era “de gran interés para nosotros contar con (esa) opinión, que creemos además será ilustrativa no solo para quienes están involucrados en el tema sino para la población en general en el momento de depositar su voto”.

Benjamín Nahoum Redactor Responsable

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CAMBIAR LA LÓGICA Y APRENDER DE LA SOCIEDAD Fernando Zerboni*

Presidente de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

La Ley de Vivienda de 1968 (Nº 13.728 de 1968) apuntaba justamente a eso, a institucionalizar una política de vivienda. Desgraciadamente los acontecimientos posteriores hicieron de esta ley un instrumento que no dio todos los resultados

Vivienda Popular

*

Definir cuáles son los problemas por los que atraviesa hoy la situación habitacional de los uruguayos seguramente nos llevaría a un debate que no creo sea el fondo de la cuestión, porque no hay duda que el problema más importante de la vivienda en el Uruguay es la ausencia de una política de Estado, destinada a resolver el tema, en el tiempo, a través de los sucesivos gobiernos.

esperados y a su vez se distorsionó el papel de los instrumentos que la propia ley definía como idóneos para resolver el tema. Quizá por eso, lo que habría que comenzar por hacer es rescatar el espíritu de la Ley 13.728 y redefinirlo a la luz de la realidad actual.

Creo que debería haber un plan general de vivienda, dentro del cual se establecieran líneas para dar solución a las diferentes realidades.

Ese plan debería tener una lógica interna distinta a la actual, para definir los diferentes enfoques y habría que pensar en una Política Nacional de Vivienda que cambiara definitivamente los ejes centrales sobre los cuales se piensan las soluciones de vivienda de interés social.

Esa lógica, durante muchos años, fue la de las empresas de construcción. Ellas marcaron el costo de la vivienda y los ritmos de producción. Ha llegado el momento de que esa lógica se establezca sobre la base de la experiencia de las empresas sociales.

Para ello nos parece fundamental, desde esta óptica: a. Reestudiar y redefinir el costo de la vivienda. b. Establecer ese costo a partir de las unidades construidas por las empresas sociales, las cooperativas (en sus diferentes formas), y sobre ello definir cuál sería una ganancia aceptable para las empresas, y no al revés. Y controlar los costos y las ganancias sobre esta lógica. c. Estudiar las opciones de construcción alternativa existentes, apoyándose en los planes piloto que se han llevado adelante. d. Estructurar el Plan de Vivienda sobre la base de respaldar fuertemente la construcción a través de emprendimientos sociales. e. Utilizar la experiencia de las organizaciones sociales precisamente para organizar, en la defensa y preservación de la vivienda, a las familias que la obtengan a través de la producción privada controlada.

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f. Tomar como modelo el trabajo de las cooperativas de ayuda mutua para generar unidades

de producción híbridas Estado-Sociedad. Hoy no existe capacidad de producir vivienda por el Estado, pero sobre la base de empresas con mano de obra cooperativa, se podría usar la infraestructura existente del Estado con este fin.

No habría que licitar, pues sería un emprendimiento estatal. g. Encarar otras acciones relacionadas al mejoramiento del hábitat, contando con el apoyo de las organizaciones sociales: regularización de asentamientos, reparación de viviendas, mejoramiento y complementación, autoconstrucción, etc.

Alguien dijo que “era necesario plantearse transgredir lo posible” para hallar las respuestas a los problemas supuestamente insolubles. Hay que hacerlo.

La tenencia colectiva (derecho de uso y goce de las viviendas, en un régimen de propiedad colectiva), en lo referente a la vivienda de interés social, ha demostrado a lo largo de estos cuarenta años de existencia del sistema, implementado con la Ley de Vivienda, que es la forma en la cual los recursos del Estado mejor se invierten, pues aseguran en el tiempo el mantenimiento de las mismas. Los propios colectivos de vecinos son quienes se han encargado de resolver los vicios de construcción, los deterioros producto del paso del tiempo, la administración y mantenimiento de las áreas comunes, etc.

Sin embargo, sabemos y somos concientes que no todas las personas y familias están dispuestas a participar de complejos de propiedad colectiva, por lo cual creemos que debemos analizar las experiencias de éstos sin preconceptos y rescatar aquellas formas de organización que puedan ser trasladadas a otras experiencias.

No es una novedad, asimismo, que la existencia de una Cartera de Tierras es imprescindible para llevar adelante una política nacional de viviendas. Pero, además, el suelo es un recurso finito y es aquí donde debemos proteger a la población toda de las acciones especulativas y usureras que en torno de la propiedad inmobiliaria, en particular del suelo, son llevadas adelante por el Mercado.

Para ello pensamos que se deben instrumentar por lo menos dos cosas: por un lado asegurarse por parte de Estado disponer de tierras para el desarrollo de la ciudad en un plan global de expansión de la misma; por otro, hacer que aquellos predios que sus propietarios mantienen baldíos, a la espera de mejores precios, aporten fuertemente al Fondo Nacional de Vivienda (FNV). Lo mismo debería suceder con los edificios y fincas desocupadas: gravarlas severamente a efectos que dejen de ser una inversión a la espera de mejores ofertas.

Con respecto a la necesaria integración socio-territorial y a cómo evitar la segregación que se ha producido en todos estos años, creo que el enfoque de la nueva reglamentación de préstamos y subsidios del MVOTMA es un buen punto de partida para comenzar a pensar la integración.

A los recursos del FNV, hoy puede acceder cualquier familia con ingresos líquidos entre 0 y 60 UR. Todas estas familias pueden aspirar a un préstamo, por el mismo monto de dinero. En la medida que ellas tengan diferente capacidad de repago, se las nivela a través de un importante mecanismo de subsidio a la cuota. Creemos que esto ayuda a reconstruir el tejido social y a la integración.

Por supuesto esto sólo no alcanza, pues aún queda por resolver cómo se paga la luz, el agua y cómo se obtienen mejores condiciones laborales, por nombrar sólo algunas cosas fundamentales. Pero la nueva reglamentación tiene un enfoque realmente importante y que se debe pensar en cómo desarrollar.

Los fondos para esto deben buscarse en varios frentes. Además de las propuestas de recursos ya existentes, creo que para respaldar el subsidio a la cuota hay que pensar en proveer al FNV de recursos impositivos sobre la base de redistribución de la riqueza; algunos de ellos, no menores, pueden ser impuestos al juego, al consumo de alcohol, los cigarros, las transacciones inmobiliarias a partir de determinado monto, etc.

IMPULSAR EL COOPERATIVISMO Y LA TENENCIA COLECTIVA Ricardo Pisciottano

Existe en el Uruguay un déficit habitacional endémico que no ha podido ser solucionado desde hace varios años. Paralelamente, la falta de recursos (no volcados), del Fondo Nacional de Viviendas y la casi desaparición del mismo, generan una presión extra, que hace aún más difícil el acceso a la vivienda, en especial de los sectores de menores ingresos.

No han existido recursos suficientes para la vivienda de interés social en ninguna de las administraciones pos-dictadura. Por otra parte, los créditos en moneda extranjera, con los consabidos contratiempos en caso de “disparadas cambiarias”, hacen que solamente un pequeñísimo grupo de uruguayos pueda tomarlos y además con plazos cortos que minimicen los riesgos para el tomador del mismo.

Ordenando estos “datos de la realidad”, podemos concluir que los grandes problemas que existen hoy a nivel de la vivienda en el Uruguay son:

Presidente de la Federación de Cooperativas de Vivienda FECOVI (Cooperativas de Ahorro Previo).

- inexistencia de créditos accesibles para la inmensa mayoría de los uruguayos; - muy poca inversión estatal; - falta de políticas de Estado que garanticen a todos los involucrados líneas claras de acción; - crisis del B.H.U; - falta de una política de tierras por parte del gobierno y de las distintas Intendencias.

Vivienda Popular

*

Básicamente estos factores han colaborado a generar una presión “extra” en los precios de los inmuebles y, como consecuencia, en los arrendamientos. Esta problemática ha ido “empujando” a un número creciente de compatriotas a agruparse en los penosos asentamientos que han ido creciendo sistemáticamente, mas allá de las distintas políticas habitacionales aplicadas para lograr su disminución.

Los asentamientos, si bien su única causa no es el déficit habitacional, tienen el problema de la vivienda a nivel nacional como una de las razones básicas del fenómeno, y ésta no desaparece si no se considera la temática de la vivienda en forma global. Creemos que es claro, también, que si no atacamos el problema en forma general, corremos el riesgo de solucionar un problema hoy acá, y que se repitan mañana otros similares en otras zonas.

Como después de un terremoto, en donde hay que socorrer rápidamente a los más damnificados y tomar medidas de emergencia, en la vivienda hemos convivido en los últimos años con este tipo de políticas. Nuestra Federación, FECOVI, entiende que ya es hora de planificar medidas de fondo y, sobre todo, políticas de vivienda a largo plazo: políticas de Estado, que trasciendan las distintas administraciones; políticas estatales serias y sostenibles.

Esto generaría, además, una transparencia en los precios de la vivienda, que hoy están sumamente influenciados por la falta de soluciones. Si bien el Estado debe garantizar constitucionalmente la vivienda a todos sus ciudadanos, es indiscutible que determinados apoyos (por ejemplo subsidios), deben estar enfocados a la construcción de viviendas para los sectores más débiles. De todas formas el control y la planificación deben, necesariamente, abarcar todo el espectro social.

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Por razones obvias, entendemos prioritario impulsar decididamente la tenencia colectiva de la vivienda. Dejar de lado la rica experiencia de las Cooperativas de Usuarios en el Uruguay, valorada internacionalmente, sería un error mayúsculo. Esa experiencia demuestra fehacientemente que el control del usuario y el involucramiento

colectivo, permiten obtener mejores resultados constructivos, y además economizar recursos.

Por otra parte, el sistema cooperativo ha demostrado que su potencialidad traspasa la etapa de la construcción en sí misma, para generar otros fenómenos más ricos e importantes, a nivel tanto de la construcción social, como la ciudadana.

Entendemos que no se debe continuar con el esquema del cooperativismo para pobres. En ese sentido, es imprescindible el apoyo más decidido y a una franja mayor de usuarios, subiendo los topes de ingresos del núcleo familiar, limitados increíblemente para el sistema cooperativo, pero no así para otros préstamos estatales.

FECOVI entiende como muy positiva la creación de carteras de tierras a nivel de las distintas Intendencias y del propio Ministerio; no obstante, es imprescindible profundizar y generalizar esta política de tierras por parte de organismos públicos, que debe contar además con la participación de los usuarios, por ejemplo a través de las Federaciones de Cooperativas.

Son fundamentales también los incentivos estatales a las distintas políticas focalizadas de vivienda. Existen experiencias claramente exitosas en este sentido. Señalemos solamente a título de ejemplo el impulso a los reciclajes de las viejas viviendas en las zonas del Cordón, Palermo, Barrio Sur y Parque Rodó. En este mismo sentido, ha sido muy importante, el establecer impuestos que desestimulan la supervivencia de baldíos y edificaciones inapropiadas.

FECOVI ha participado en procesos concretos de recuperación de áreas deprimidas de la ciudad, transformándolas radicalmente en algunos casos; concretamente, y a modo de ejemplo: la construcción de las cooperativas COVISUR en la Rambla Sur entre Julio Herrera y Obes y Florida.

Es también notorio el trabajo conjunto del sistema cooperativo, el M.V.O.T.M.A. y la Intendencia de Montevideo, en procesos graduales como la repoblación de la Ciudad Vieja, lo que ha permitido la construcción de varias cooperativas de usuarios y está planificado el continuar construyendo en esta zona. Esta política conjunta

permite un repoblamiento concreto de la Ciudad Vieja, que la simple construcción de edificios no garantiza en absoluto. En especial, teniendo en cuenta que de otra forma la mayoría de las unidades construidas han sido destinadas a empresas o escritorios profesionales.

Otro tema prioritario es el de las garantías, más allá de la famosa ley de Fortalecimiento del B.H.U., que estableció la imposibilidad para éste de otorgar préstamos colectivos, concretamente al sector cooperativo. Este tema se ha transformado en un círculo vicioso y de resultados siniestros, ya que los préstamos, tanto privados como a nivel estatal, se han reducido a un grupo muy minoritario de familias que tienen las garantías personales suficientes, dejando de lado a la mayoría del país.

Para solucionar esto bastaría impulsar decididamente la creación de un Fondo de Garantía inmobiliario, al cual pudiesen acceder todas las familias. Esto incluso permitiría la financiación de créditos a tasas bastante más accesibles, a un grupo mucho mayor de familias, e incluso la participación de entidades privadas.

En la actualidad, sólo ese pequeño grupo tiene las garantías solicitadas y puede acceder a un préstamo hipotecario que le permita solucionar más razonablemente su situación habitacional, en tanto la gran mayoría, al no tener esas garantías, no accede a créditos y presiona aun más al alza las pocas soluciones a las que se puede acceder, incluidos obviamente los arrendamientos de las viviendas más humildes.

Por último, entendemos fundamental retomar la cultura del ahorro. Luego de décadas en las cuales se fue incrementando el número de uruguayos que tenían su “cuenta en el B.H.U.”, se produjo el crack del Banco y con él la ruptura de una tradición largamente cultivada, que luego es muy difícil retomar. Es fundamental una política seria y a largo plazo para poder ir recreando esta cultura del ahorro, pieza fundamental de las futuras políticas de vivienda.

LA OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS José Ignacio Otegui*

Vivienda Popular

* Presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay.

Seguramente el problema mayor que presenta hoy la situación habitacional de los uruguayos son los asentamientos. El fenómeno, con causalidad múltiple, no se detuvo. En todo caso aminoró su ritmo, pero se consolidó. El escaso y caro financiamiento a las franjas de ingresos medios y las múltiples imposiciones tributarias y previsionales, son elementos que atentan contra la facilidad de acceso a la vivienda, sea esta nueva o usada. Debemos entender de una buena vez que nuestro país está cubierto de diagnósticos, más o menos razonables, en diversas áreas, pero con muy pocas políticas de largo aliento.

Las políticas a llevar adelante, según el segmento a intentar resolver deberían no ser excluyentes. Las políticas focalizadas pueden ser instrumentadas, evaluadas y eventualmente corregidas con mayor rapidez. Parece además, por lo menos criterioso, aplicarlas en aquellos casos en que se han generado fenómenos que necesitamos entender y atender con urgencia, pero que aspiramos a que no continúen en crecimiento.

Las políticas generales, a su vez, deberían estar encaminadas a lograr facilitar el acceso a la vivienda y propender a la movilidad según cambian los requerimientos familiares, a los segmentos de ingresos bajos y medios. Si estas medidas son eficaces no parece razonable implementar medidas focalizadas.

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que es peor, no aceptar que existan visiones diferentes. En todo caso existe sí una necesidad común: la vivienda.

razonable evitar la utilización del suelo no urbanizado, pero siempre lo realmente estructurador es rellenar la trama urbana.

Con relación al stock existente, parece razonable tender a rellenar los huecos y evitar el vaciamiento de la trama urbana. No existen castigos tributarios marcados frente a la propiedad vacía por un tiempo prolongado, se castiga a la propiedad alquilada con impuestos que se terminan trasladando al usuario, no existen incentivos que permitan reciclar viviendas viejas y en pésimo estado, multiplicando el número de unidades. Esto además debería ser selectivo por barrios o zonas.

Es posible la utilización de estructuras existentes como base para redefinir su destino a vivienda y servicios. En todo caso pasa por interactuar con sus tenedores actuales, en general acreedores hipotecarios de empresas fundidas y/o propiedades estatales en sus más diversas formas.

Las zonas turísticas deberían ser objeto de una política totalmente diferente a lo anteriormente señalado. No existe ningún incentivo potente para la construcción de vivienda nueva dirigida a familias con ingresos medios o bajos; quienes construyen hoteles y casinos, sí los tienen. La vía impositiva es la única palanca que puede mover el problema, pero debe ser en forma explícita y no encubierta.

Los asentamientos irregulares deben ser incorporados a la trama de servicios y reincorporada su población a la vida ciudadana cotidiana.

Debería existir una acción más firme para evitar que el fenómeno se multiplique.

La forma razonable de actuar es la interacción fluida y en lo posible coordinada de todos los involucrados: empresas, bancos privados, destinatarios, sociedad civil en general, Estado. Los roles deberían estar vinculados a la real capacidad de respuesta, basados en las fortalezas individuales de cada uno de los nombrados.

En cuanto a las formas de tenencia de la vivienda, no creo que se deba impulsar una forma en particular. Deberíamos aceptar que el menú de opciones sea tan vasto como posible cada uno de ellos. Es en realidad cada familia la que debería tomar la opción que más le sirva en un momento determinado. Sin rigideces o exclusiones impuestas.

Sin duda, ningún actor en forma aislada o en una suma parcial de esfuerzos y sobre todo visiones, logrará un efecto sostenible y contundente. Es un error común el suponer que los ciudadanos tienen una única visión sobre este tema. O lo

En cuanto al acceso al suelo urbanizado y las políticas que deberían seguirse con relación a los terrenos baldíos y viviendas y otras construcciones desocupadas, vale todo lo expresado antes. En referencia al suelo urbanizado parece

Respecto a los mecanismos de financiamiento, cualquiera a proponer debe presuponer la aceptación de que los préstamos se deben pagar.

En buen romance, si se intenta generar un mecanismo que dilate o condicione el pago, está destinado al fracaso. O que otro pague en forma directa o indirecta. Siempre hemos sido partidarios de los subsidios explícitos y no ocultos. Y el aporte propio debe ser un elemento necesario, siempre.

Con relación a los recursos, la deuda pública interna, los fondos de las AFAPs y los fondos de la banca, al igual que los fondos de inversores privados, están. Si no fluyen es porque la experiencia referida al financiamiento directo a la vivienda de estos segmentos de ingresos no es buena. Los dineros del Fondo Nacional de Vivienda son los únicos que pueden ser utilizados sin que ello implique su retorno al propio Estado.

Somos partidarios de utilizarlos en las franjas más vulnerables y mientras permanezcan en esa situación.

Finalmente, para lograr la integración socio-territorial y no contribuir a la segregación, debería evitarse la extensión territorial de las ciudades, fomentando la vida en los barrios por la reincorporación de viviendas y servicios a la vida cotidiana, interrumpiendo así el proceso de generación de nuevos asentamientos. Castigando desde el punto de vista impositivo aquello que se desea evitar y fomentando igualmente en la dirección que se desea llevar.

Mirna Sierra*

Las políticas de vivienda deberían formar un cuerpo coherente desde donde se abarcaran las distintas problemáticas, en el marco más amplio del Hábitat. En nuestro país hay problemas de alojamiento y también de urbanización. Estos temas que son reconocidos en todos los ámbitos especializados, no han sido encarados con políticas coherentes.

* Arquitecta, representante de los institutos de asistencia técnica en la Comisión Asesora de Vivienda de DINAVI.

Si las Intendencias compran tierras, no están en general dispuestas a subsidiar, con lo cual muchos de los predios y/o construcciones se tornan inaccesibles para los sectores medios y bajos a los que atiende el Estado. Por su parte el MVOTMA decreta que solamente se destinará al terreno el 10% del valor de tasación, sin considerar como inversión las obras internas de adecuación de los predios. Por lo tanto, los conjuntos chicos

Vivienda Popular

UNA VISIÓN DESDE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS

Agradezco la invitación que me realizara VIVIENDA POPULAR y contribuyo con algunas reflexiones personales, fruto de tantos años de trabajo y participación en los distintos ámbitos relacionados con el tema. Aclaro que esta opinión es a título personal, ya que el Plenario de Institutos no tiene una organicidad que permita emitir juicios sobre aspectos tan diversos.

Seguramente muchos de mis colegas coincidirán y otros tendrán matices o simplemente discreparán.

que son aptos para las zonas más densificadas, difícilmente lleguen a dicho valor.

Los sectores con mayor poder adquisitivo no están interesados o incentivados a ocupar -por ejemplo en Montevideo- barrios como La Comercial, La Aguada, La Blanqueada o aún la Ciudad Vieja. No hay interesados para la ex Fábrica de Alpargatas o para lo que se construyó del Plan Fénix. Fue necesario que el BHU abriera llamados a sus ahorristas para encontrar esos interesados .Sería bueno saber si hubo pérdidas en estas transacciones.

Con relación al estoc existente, tengo la impresión que se está actuando en el sentido de utilizar lo construido y no utilizado. En el caso de las viviendas vacías en predios centrales, es posible tomar acciones de acuerdo con los propietarios, ofreciendo préstamos para reciclar (como ya se hizo en alguna oportunidad) con la obligación de multiplicar las unidades.

También se puede hacer una política de compras o de expropiaciones.

Para hablar de asentamientos necesitaría más que unas pocas líneas. Cuando en nuestro país teníamos “cantegriles”, era un problema enorme, doloroso y hasta humillante para la sociedad. Estaba limitado prácticamente a Montevideo. Hoy le cambiamos el nombre y lo integramos como parte del “paisaje” común a toda Latinoamérica ¿en un “fenómeno” social, cultural, consecuencia de la crisis, etc., etc.?

Se ha invertido mucho en diagnósticos. Desde mi punto de vista, el asentamiento surge como una respuesta a un problema económico de las familias. La vivienda es cara, los alquileres son caros, el acceso a soluciones estatales no es fácil y es escaso, o tiene demasiados requisitos.

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En la ecuación económica de una familia, el no tener que aportar para la vivienda, hace la diferencia entre comer, educarse, vestirse, movilizarse, etc. o no hacerlo. Después llega la

adaptación a lo que se tiene, construcciones precarias con los mismos problemas de hacinamiento, salubridad y muchas veces la pérdida de valores y de ambiciones que a todos nos son caros y en los que se forman las nuevas generaciones. Ese dinero que no se gasta se integra a los recursos corrientes de la familia: no hay que disponer de ingresos para la vivienda, se busca entonces la consolidación y la mejora.

La solución para los asentamientos es evitar que se reproduzcan, e ir eliminándolos, integrando a las familias a la sociedad, no segregándolas.

Para eso, junto con las políticas de empleo, educación y salud, hay que hacer planes decentes de vivienda y también ofrecer lugares disponibles a quienes estén mejor dispuestos a los cambios. Es inaceptable contar a la población de los asentamientos como un problema aparte de los déficits de vivienda. No son distintos: son las mismas familias que podrían formar una cooperativa o acceder a un plan de construcción subsidiada del MVOTMA. El dinero que se ha invertido en infraestructura en los asentamientos, ha alimentado en parte a empresas que a la menor dificultad dejan los trabajos sin terminar o mal realizados, y se las arreglan para volver con una nueva extensión del contrato. Muchas veces lo que queda son las mismas viviendas precarias, con los mismos problemas de salubridad y hacinamiento, pero con una calle, un cable, luz pública de la que pronto se “colgarán” y muchas veces un saneamiento que termina en algún cauce de arroyo porque no existe la obra para conectarse.

Es cierto que hay algunas buenas experiencias, pero reconozcamos que no se atacó el problema de la vivienda, del hacinamiento, del confort. Y esto no se soluciona con chapas nuevas ni con “casitas de muñeca“ de madera. Estas soluciones no son dignas de una sociedad progresista. ¿Qué hay que hacer? Facilitar, construir, reconstruir, asesorar, e ir eliminando lo insos-

tenible, como se hizo con los asentamientos añejos del Arroyo Miguelete o del Arroyo Carrasco. Se puede si se admite que quienes habitan y engrosan los asentamientos son ciudadanos como todos.

La vivienda debe estar en las prioridades de cualquier gobierno. Debe haber préstamos y no veo por ahora que no sean de otra fuente que el MVOTMA para los sectores menos favorecidos.

Con subsidios y siempre con retorno. La vivienda tiene un costo económico importante y la sociedad toda hace un sacrificio para posibilitar los préstamos. Quien la usufructúe debe aportar por ella, mantenerla como un bien social o si es propia por su valor económico.

También los servicios deben pagarse. UTE Y OSE deben tener políticas claras al respecto .Es preferible cobrar una tarifa subsidiada y tener la seguridad de que algo tan peligroso como la energía eléctrica está en condiciones, que hacer la “vista gorda” a las “colgadas”. Lo mismo para OSE, con las pérdidas y el mal uso. Pero eso son políticas sociales, no empresariales.

Creo firmemente que cuando hablamos de subsidiar, esta carga debe hacerse desde toda la sociedad, pero con la participación de los distintos organismos: Intendencias, UTE, OSE y BPS, coordinando con el MVOTMA. Finalmente, una percepción que me preocupa: cuando Juan Pablo Terra creó e impulsó la Ley Nacional de Vivienda, logró unificar los planes que desde distintos organismos y grupos de presión lograban el acceso a la vivienda. Se logró un cuerpo coherente, que no ha sido sustituido pero sí enmendado reiteradamente, perdiendo el sentido inicial .Tengo esta percepción porque veo que periódicamente se firman convenios con distintos grupos para el financiamiento. Estos esfuerzos dispersos no ayudan ni a la integración socio-territorial, ni al mejor uso de los recursos,-

ENSEÑANZA

La habitación como necesidad.

El hábitat como satisfactor

DOCE MITOS A DEMOLER Y UN NUEVO PARADIGMA* Jorge Di Paula

Vivienda Popular

* Parte de la ponencia presentada por el autor en la XIV Reunión de ULACAV, llevada a cabo en 2008 en Buenos Aires, con la organización de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires.

La ponencia completa, puede consultarse en los anales de dicho evento.

Si se pretende enfrentar la problemática habitacional de las áreas urbanas latinoamericanas en la formación universitaria en su complejidad, ella debería tener un tratamiento similar a la problemática educacional o a la de la salud. Así como la de la salud no involucra sólo a los médicos, ni la de la educación a los maestros, tampoco la problemática de la habitación involucra sólo a los arquitectos. Salud, educación y habitación, en efecto, son servicios prestados por diferentes actores, desde los privados familiares hasta los públicos ministeriales o municipales, o los comunitarios por vía de asociaciones y cooperativas.

Y ello ocurre en diferentes recintos o espacios acondicionados, desde la simple y gratuita sombra de un árbol, hasta las actuales metrópolis, si nos remitimos a las áreas urbanas.

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Pero si a nadie se le ocurre atender la salud o la educación, construyendo sólo recintos especializados para curar la enfermedad o para “curar” el analfabetismo, muchos reducen la necesidad habitacional a la construcción de casas. Este reduccionismo, que es admisible cuando nos enfrentamos a la satisfacción de la necesidad habitacional de la demanda solvente, es profundamente equivocado cuando se trata de los sectores de bajos recursos, que no pueden resolver su problema de hábitat sin ayuda del Estado: los pobres, definidos operativamente en cada con-

texto histórico, de acuerdo a conceptos que han ido evolucionando desde la carencia de bienes hasta la carencia de titularidades, capacidades o poder, cuantificadas por la Línea de Pobreza, las Necesidades Básicas Insatisfechas, el Índice de Desarrollo Humano, o cualquier otro indicador adecuado a ese objetivo.

Antes de entrar en lo sustantivo, es decir en las premisas de la inserción, nos parece necesario cuestionar la mitología que subyace en la mayoría de nuestras Facultades de Arquitectura sobre lo que es la problemática habitacional de los sectores populares.

Primer Mito: la Vivienda Popular es un objeto Si bien la Vivienda de Interés Social -concepto acuñado en la era del Estado de Bienestar- diseñada en los Institutos Públicos de Vivienda, construida por Empresas Constructoras, generó la idea de que el referente empírico de las políticas era la vivienda tipo de la clase media (pero de menor área, de menor calidad, más lejana en la ciudad, más barata, sin participación posible del proletariado a quien iba destinada y llave en mano, entregada al final del proceso) la realidad mostraba que la inmensa mayoría de las nuevas viviendas en América Latina y el Caribe, eran gestionadas por los propios usuarios, sin apoyo

técnico ni financiero y muchas veces en forma irregular en lo jurídico y urbanístico.

Este sector mayoritario de productores de vivienda y ciudad, constituye el meollo de la problemática contemporánea de la habitación. No es un problema de la gente, ni de las casas: es un problema de la relación entre el habitante y lo habitado.

Segundo Mito: la Vivienda Popular es un concepto vagamente definido y muy cargado de connotaciones ideológicas La Vivienda Popular o la Producción Social del Hábitat (PSH) son definiciones que hacen referencia a un sector de la realidad que queremos conocer. La vaguedad de la definición podría extenderse a otro concepto fuertemente vinculado a la vivienda popular: el de Pobreza. Sin embargo nadie descarta el concepto de pobreza porque esté cargado de significaciones ideológicas. La Vivienda Popular, como antes la Vivienda de Interés Social, la Vivienda Barata, la Vivienda Económica, la Vivienda Obrera, etc., fueron definiciones técnico-ideológicas, sin que por ello hayan dejado de tener validez operacional o no se pudiera encarar científicamente su conocimiento y su implementación.

A propósito de la formación y la arquitectura

EXPLICITAR IMPLÍCITOS Ricardo Muttoni

“Aprendizaje es experiencia, lo demás es información”

Vivienda Popular

Albert Einstein

riqueza, o… ¿entre la libertad y el despotismo?

En materia de vivienda popular se han hecho muchas cosas, pero creo que hay mucho más para hacer. Podríamos decir que en América Latina más del setenta por ciento de las viviendas fueron construidas sin la intervención del arquitecto, y Uruguay no es una excepción.

La Universidad de la República, a la cual tantos le debemos tanto, tiene la responsabilidad de asegurar la formación de los profesionales, la generación de conocimientos y la difusión y extensión de los mismos. Tantas responsabilidades, sumadas a un funcionamiento autónomo y cogobernado, han generado una dinámica muy reflexiva pero muy lenta y con poca capacidad de dar respuestas oportunas a las necesidades del país que la acuna y la financia.

Esta Universidad, que jugó papeles muy importantes en momentos críticos, tomando postura en apoyo de los trabajadores y los sectores populares, hoy está como paralizada. Los sucesivos gobiernos, a quienes confrontaba, la fueron controlando por medio del presupuesto y en determinado momento por la represión lisa y llana. Esa Universidad tenía una sensibilidad.

Hoy parecería que tiene otra.

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Art. 2 Ley 12.549, Orgánica de la Universidad de le República: “Fines de la universidad (…) Le incumbe asimismo, a través de todos sus órganos, en sus respectivas competencias, acrecentar, difundir y defender la cultura; impulsar y proteger la investigación científica y las actividades artísticas y contribuir al estudio de los problemas de interés general y propender

a su comprensión pública; defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático - republicana de gobierno1 .

La coyuntura social, política y económica actual está pidiendo una respuesta acorde a los cambios que se están procesando. Muchos sectores de nuestra Universidad están dando respuesta a las necesidades que el país plantea: tal es el caso de Extensión Universitaria, así como de algunas cátedras, institutos y otros, que hacen su esfuerzo preocupándose por disminuir la inequidad de nuestros compatriotas. Pero creo que para potenciar estos esfuerzos, que responden a distintas miradas de la realidad, se deberían explicitar implícitos, implícitos que nos confunden.

Existen varios Uruguay dentro del Uruguay.

Pero parecería que la Universidad construyó un Uruguay hipotético que en realidad no contempla las diferencias. Siempre sostuvimos que el desarrollo de la ciencia y la técnica no es inocuo.

Las políticas de ciencia y tecnología tienen una intencionalidad. Pueden estar dirigidas al desarrollo de conocimientos que beneficien a la mayoría de la población o a los propietarios de los medios de producción. Parecería que la cuestión está entre la acumulación o la distribución de la

En la década del ´70 surgieron programas masivos de construcción de viviendas financiados con fondos creados con esos fines. Fue la época de los conjuntos habitacionales, como el de La Matanza en Argentina. Hoy, se le llama “Fuerte Apache”, zona roja por excelencia. Este modelo, que surgía de propuestas exclusivamente arquitectónico-urbanísticas, no dio los resultados esperados. Tampoco fueron solución las propuestas neoliberales de núcleos básicos o lotes con servicios con las que, Banco Mundial o BID mediante, se trató de resolver el problema de vivienda a los sectores de “alto riesgo”, esta vez con inversiones mucho menores pero con resultados igualmente malos.

En ninguno de los dos casos se tuvo en cuenta la complejidad que tiene un programa de vivienda para los sectores de menores ingresos. No pueden existir programas de vivienda exclusivamente con una visión sectorial. La pobreza debe ser abordada con programas integrales y por lo tanto interdisciplinarios. No estoy negando las propuestas arquitectónicas en sí mismas, sino la concepción de los programas de vivienda que proponen resolver este problema exclusivamente con arquitectura y construcción.

En Uruguay y como alternativa a estas propuestas, surgió el modelo cooperativo. Más allá de las limitaciones que este modelo tiene, son infinitamente superiores los resultados. La diferencia fundamental entre los programas mencionados y el cooperativismo es que éste parte

1 El resaltado en itálicas es nuestro.

Seminario Viviendo al Margen II*

EL ESPACIO PÚBLICO EN CONTEXTOS DE PRECARIEDAD * Seminario Interáreas desarrollado en el primer semestre de 2009 en la Facultad de Arquitectura - UdelaR. Participaron como Docentes: Jesús Arguiñarena, Alina del Castillo, Andrea Francisco, Paulo González, Enrique Neirotti, Norma Piazza, Álvaro Trillo y Raúl Vallés, y como invitados: Sebastián Aguiar, Pablo Cruz, Cecilia Lombardo, Edgardo Martínez, Ricardo Muttoni, Salvador Schelotto y Rosana Sommaruga.

Alumnos: Laura Acosta; Inés Aguirre; Kamila Ahuntchain, Analía Aispuru; Leandro Alegre; Ángel Armagno; Lucía Báez; Leandro Baptista; Silvana Barreiro; Aníbal Bartulis; Ana Bene; Camila Bentancur; José Berta; Natalia Campos; Mariela Cañarte; María Carabajal; Mauro Carballal; Marina Carbone; Nicolás Carril; Andrea Charbonier; Lucía Chirico; Florencia Correa; Ignacio De Los Campos; Patricia Díaz; Emiliano Etchegaray; Cecilia Fernández; María Fernández; Sebastián Fernández; Ornella Franchi; María Galmarini;

Fiorella Galvalisi; María Gepp; Diego González; María Grisi; Marcos Guaraglia; Santiago Hernández; Tatiana Hirsch; María Ibáñez; María Lancieri; Mariana Lasa; Felipe Lessa; María Llambías; Rodrigo Maestro; Felipe Magnone; Líber Marichal; Diego Martínez; Paola Monzillo; Noelia Moratorio; María Mullin; María Nan; Yamiles Núñez; Martín Olivera; Elisa Pascual; Ignacio Percovich; María Pereira; Lucía Pereira; María Pesce; Sofía Pirotto; Marcos Ponce; María Recchi; Juan Ribeiro; María Rivero; María Rovelli; Paola Russi; Martín Saavedra; María Saldain; Mariana Salgueiro; Juan Salmenton; Lucía Sanson; Andrea Scalone; Adriana Spielman; Macarena Trías; Ignacio Tuduri; Rafael Vanerio; Marcelo Zorrilla De San Martín; Fernanda Veloso y Martín Vera.

Vivienda Popular

Alina del Castillo, Andrea Francisco

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“(…) el espacio público es un componente fundamental para la organización de la vida colectiva (integración, estructura) y la representación (cultura, política) de la sociedad, que construye su razón de ser en la ciudad, y es uno de los derechos fundamentales en la ciudad: el derecho al espacio público como derecho a la inclusión.” 1 La conformación territorial de la periferia de Montevideo responde a una dinámica de ocupación del suelo que no obedece a las lógicas de la ciudad formal; estas modalidades de ocupación constituyen verdaderos subsistemas de gestión y producción del hábitat a través de los cuales

se accede, por ocupación de hecho o por una transacción informal, a un suelo en condiciones precarias de habitabilidad, sea por problemas ambientales o por la ausencia de infraestructura, de servicios y de equipamiento urbano.

En los contextos de precariedad de la periferia urbana, el espacio público, tal como lo entendemos en la ciudad formal, destinado, proyectado y equipado para la vida colectiva, es prácticamente inexistente. Sin embargo, en función de las condiciones de precariedad de la vivienda, la presión de uso sobre los espacios libres es sensiblemente mayor y tiene otras connotaciones que en otros contextos.

La consigna “Viviendo al Margen” supone comprender las lógicas diferentes de producción y reproducción del hábitat en los contextos de precariedad, las múltiples causas que la provocan y el marco de complejidad que es necesario entender para elaborar reflexiones y propuestas desde el ámbito académico.

1 Carrión, Fernando; Espacio público: punto de partida para la alteridad; FLACSO-Ecuador.

EXTENSION

Nuevos formatos para la Extensi贸n en la Facultad de Arquitectura

HABITARIO UPV (Unidad Permanente de Vivienda)*

Vivienda Popular

* Este articulo fue elaborado por Alina del Castillo y Andrea Francisco.

Habitario es un programa de extensión impulsado desde la Unidad Permanente de Vivienda (UPV), que se propone abordar los problemas de la precariedad urbana y habitacional en sus diferentes escalas y dimensiones, articulando prácticas integrales en el territorio.

En acuerdo con los lineamientos de la Reforma Universitaria en curso, el Programa Habitario se constituirá en el marco de procesos de enseñanza activa a partir del abordaje interdisciplinario de problemas de alto interés social.

Está concebido como una plataforma de carácter permanente, capaz de gestionar demandas, insumos, propuestas y acciones desde y hacia el medio en el que actúa, promoviendo la más amplia participación de equipos docentes de la Facultad y de la Universidad en general, en los proyectos impulsados.

Recientemente el Consejo de la Facultad aprobó esta iniciativa, respaldando así la etapa de ajuste del programa, que se encuentra actualmente en curso.

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El Programa “Habitario” parte del reconocimiento de la extensión como un proceso dialógico de intercambio de conocimientos y capacidades con la población, en el cual la enseñanza y la investigación se resignifican en el abordaje de problemas reales de interés

para la sociedad: el estudiante encara problemas no estructurados previamente, obligándose al desarrollo de herramientas y estrategias originales; afloran nuevas demandas de conocimiento que re-orientan la investigación; surgen temas de reflexión e insumos diversos para ser abordados en cursos de grado y posgrado; se produce nuevo conocimiento a partir de la interacción entre conocimiento académico y saber popular; se disparan procesos colectivos tendientes a la mejora de la calidad de vida de la población, y se profundiza el compromiso de la Universidad con la sociedad que la sostiene.

Para lograr una colaboración efectiva entre la comunidad y los equipos universitarios, es necesario consolidar espacios de intercambio de carácter permanente, que aseguren la continuidad de los procesos sociales desencadenados por las intervenciones, evitando la frustración de las expectativas generadas. Por eso Habitario se propone como una plataforma capaz de articular los tiempos curriculares con los de los procesos sociales, mediante una estructura docente operativa, que gestione y canalice las demandas emergentes en la comunidad y articule proyectos a mediano y largo plazo, en los cuales los equipos estudiantiles se renueven cíclicamente, en régimen de pasantía, con créditos aplicables al currículo de grado y

promoviendo la participación amplia de equipos docentes de la Facultad y de la Universidad en los proyectos impulsados.

El interés por las problemáticas derivadas de la precariedad urbana y la producción informal del hábitat, surge de la identificación de procesos socio-urbanos que nos involucran como ciudadanos y nos competen como arquitectos, y de la convicción que es necesario profundizar el tratamiento de estos temas en la Facultad de Arquitectura.

La incorporación formal de estos contenidos en la formación de grado y la reflexión sistemática sobre las posibilidades de nuestro campo disciplinar para incidir en estos procesos, abren el camino al desarrollo de nuevas herramientas y estrategias creativas de intervención. Ellas deberían nacer de la especificidad de nuestro campo de conocimiento y desde allí aportar a un abordaje interdisciplinario de la problemática, superando la tendencia a abordar estos temas con modalidades de pensamiento y metodologías propios de otras disciplinas.

En este sentido, creemos que es necesario profundizar la aplicación de nuestra herramienta más específica, el pensamiento proyectual, para interpelar estas realidades descubriendo sus potenciales de transformación, inventando otros escenarios posibles y organizando las variables

INVESTIGACION

Estudio del stock habitacional vacío montevideano

LA CAÍDA DE UN MITO Y PROPUESTAS DE ACCIÓN*

* El presente trabajo fue presentado y expuesto por sus

autores en el Seminario Regional “Aportes para el diagnóstico habitacional”, organizado por la Dirección Nacional de Vivienda con el apoyo de la Intendencia Municipal de Montevideo y llevado a cabo el pasado 29 de julio.

Vivienda Popular

Cristina Fynn, Martha Siniacoff, María Rosa Roda, Noemí Alonso, Miguel Meny, Ricardo Martínez, Enrique Machado.

Introducción El Intendente Municipal de Montevideo, Dr. Ricardo Ehrlich, creó por Resolución Nº 3290 de 2006 un Grupo de Trabajo de Stock Habitacional, integrado por funcionarios de diversas reparticiones municipales y distintas disciplinas, cuyo principal objetivo era asesorar a la Administración respecto a la definición de las políticas habitacionales orientadas a la utilización del stock habitacional vacío, tanto público como privado.

El Grupo de Trabajo está integrado por la Lic. Cristina Fynn, Coordinadora (División Planificación Estratégica); la Ing. Agrim. Martha Siniacoff (Servicio de Catastro y Avalúo); la Arq. María Rosa Roda (Unidad Plan de Ordenamiento Territorial); la Arq. Noemí Alonso (Servicio de Tierras y Vivienda); el Lic. Miguel Meny (Unidad de Estadísticas); el Ing. Agrim. Ricardo Martínez (Unidad de Fotogrametría y Otras Técnicas) y el Dr. Enrique Machado (Asesoría Jurídica).

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Para cumplir con el objetivo perseguido, se procuró identificar el stock habitacional vacío, a efectos de cuantificarlo; conocer su distribución espacial en el territorio; caracterizarlo desde el punto de vista edilicio (área, destino, antigüedad, estado de conservación, categoría

constructiva), y analizar su situación desde la perspectiva jurídico-notarial (titularidad, deuda municipal, existencia de embargos judiciales).

Según la información proveniente de la Fase I del Censo 2004 del INE, en Montevideo existen 57.000 fincas vacías. La referida información se encuentra agregada por Segmentos Censales. Para poder individualizar la ubicación precisa de cada una de dichas fincas, insumo esencial para el Grupo de Trabajo, se ensayaron diversas metodologías: I: Se partió del supuesto que debía existir una correlación importante entre la variable “deuda municipal” y la condición de “vacío” de un inmueble. Al conocer la ubicación espacial de los inmuebles deudores municipales, se realizaron relevamientos de campo en algunos Segmentos Censales con un número importante de inmuebles deudores y además con un significativo número de inmuebles vacíos.

Como conclusión de los relevamientos, surge que la correlación entre inmueble vacío e inmueble deudor es muy baja (28%). Podría pensarse por tanto que los inmuebles vacíos no necesariamente son deudores, por lo que se descartó este método de búsqueda.

II: La IMM dispone de la información del con-

sumo promedio anual de agua por padrón, por lo que se realizó un relevamiento en una zona testigo, de los inmuebles que registraron un consumo promedio anual de agua menor a un metro cúbico, en el supuesto que ése podría ser un buen indicador de la condición de “vacío” de un inmueble. No obstante, surge del relevamiento que en un alto porcentaje el bajo consumo se explica por situaciones de irregularidad en la conexión de OSE y no porque la finca estuviese desocupada, por lo que este indicador tampoco resultó efectivo.

III: Luego de una gestión con la Dirección, se accedió a la información primaria del relevamiento del INE, sujeta al secreto estadístico, donde se individualizan por la dirección identificada en el trabajo de campo, todos los inmuebles caracterizados como vacíos. No obstante, realizados relevamientos muestrales en dos zonas testigo, se concluye que el porcentaje de inmuebles que se mantienen desocupados es bajo (48%), lo que puede deberse a una mala calidad en los datos o bien a que la situación desde el 2004 al momento de nuestro relevamiento, comienza a mostrar signos de revertirse.

IV: Se seleccionó como experiencia piloto un sector del área del “Plan Especial Goes” y se realizó un relevamiento exhaustivo de todas las

PREGUNTAS PARA HACERLE AL CENSO

Vivienda Popular

Benjamín Nahoum

Para el próximo año está fijada la realización del VIII Censo Nacional de Población, IV de Hogares y VI de Viviendas, que esta vez se realiza catorce años después del anterior, llevado a cabo en 1996. Vuelve así a no cumplirse la deseada periodicidad de diez años (sólo una vez satisfecha hasta ahora), al decidirse que se postergaría cuatro años el relevamiento para hacerlo coincidir con el de otros países de la región.

Es cierto que en 2006, cuando hubiera correspondido realizar el Censo, se hizo una versión especial de la Encuesta Continua de Hogares que se efectúa anualmente, la que recogió también información sobre vivienda: tan especial fue esa encuesta que se la llamó “Ampliada” para distinguirla de las ordinarias, y efectivamente la información que suministró fue bastante mayor que la de la clásica ECH. Pero encuestas son encuestas y censos son censos y realmente se corren serios riesgos tratando de extraer de una la información que debe dar el otro1 (y recíprocamente).

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La instancia a cumplirse en 2010 es muy importante, no sólo porque permitirá actualizar la información sobre la demografía y el parque habitacional del país, luego de casi tres lustros, sino porque en estos años se ha instalado una serie de polémicas, que tienen su sustento, en buena

parte, en la falta de información sobre algunos temas. Tres de las más importantes de esas polémicas refieren a las viviendas desocupadas, la magnitud del déficit cuantitativo y la territorialización de la demanda.

Sobre las primeras, falta un conocimiento adecuado de cuántas son realmente las viviendas desocupadas, en qué estado se encuentran, por qué están vacías y hasta de si realmente están desocupadas2. Respecto del déficit cuantitativo, si bien en los últimos tiempos los estudios han arrojado cifras que varían entre las cincuentasesenta mil y las ochenta-cien mil viviendas, se ha discutido también si ésta es su verdadera medida y hasta algún estudio reciente ha concluido, con bases metodológicas distintas, que habría un superávit de oferta con relación a la demanda3. Y en cuanto a la territorialización, los estudios en general arrojan resultados globales, que no aportan elementos suficientes para una toma de decisiones más fina.

Dado que resolver estas cuestiones es esencial para una correcta planificación de las políticas de vivienda, resulta claro el interés de tratar que el Censo 2010 aporte las informaciones que permitan dilucidarlas: algunas de ellas se levantarán simplemente actualizando los datos, pero otras requerirán formular nuevas preguntas, y

1 Ver nuestra nota “¿Sin Censo en 2006? Para no cometer un error” en VIVIENDA POPULAR Nº 15 de junio 2005.

2 En esta misma edición se incluye un artículo sobre el trabajo realizado por un conjunto de técnicos de la Intendencia Municipal de Montevideo, que revela que un alto porcentaje de las viviendas que el Censo Fase I de 2004 catalogaba como desocupadas, cuatro años después no lo están; a similares conclusiones llega un trabajo aún en proceso de Carlos Casacuberta y Álvaro Echaider contratado por el Ministerio de Vivienda (ver también información al respecto en www.mvotma.gub.uy/DINAVI, Seminario Regional “Aportes para el Diagnóstico Habitacional”).

3 Esta cuestión también fue debatida en el seminario antes citado, y las presentaciones se encuentran en la misma página web. Entre las distintas estimaciones del déficit cuantitativo se encuentran las siguientes: CIDE 1965: 85.000 unidades (con datos del Censo ´63) Terra 1969: 120.000 (proyección en base a los mismos datos) II Congreso SAU 1983: 100.000 (Censo ´75) COVIP (Coordinadora de Vivienda Popular, integrada por organizaciones sociales) 1985: 103.000, con base en los mismos datos Plan Quinquenal del MVOTMA 1995-99: 80.000 (estimación 120.000 para el año 2000) Szalachman 1998: 59.000 (con base en datos de la Encuesta de Hogares 1994) Nahoum 1998: 60.000 (con base en los datos del Censo ´96) Di Paula 1999: 100.000 (íd.)

Kok 2003: 64.000 (íd.)

Nahoum 2005: 80.000 (con base en datos del Conteo ´04) Casacuberta 2006: 40.000 ( base: Censo ´96) Casacuberta 2006: superávit de 7.000 unidades (base: Conteo ´04)

EXPERIENCIAS RECIENTES

Una experiencia de sustentabilidad en Chile

ECO-BARRIO “VILLA CUATRO ÁLAMOS” Bernardette Soust*

Vivienda Popular

* La autora es estudiante de la Facultad de ArquitecturaUdelaR; el presente trabajo es parte de la pasantía que desarrollara en el periodo octubre 2008-julio 2009 en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Marsella, Francia y el Estudio Domene, Salón de Provence de dicho país (equipo conformado por ingenieros ambientales y urbanistas, especializado en la gestión de la energía, las energías renovables y la calidad ambiental en los edificios). Este trabajo formó parte de una recolección de experiencias y buenas prácticas sobre los “eco-barrios” construidos en el mundo en clima mediterráneo, en el marco del asesoramiento de dicho Estudio al plan urbanístico Euromediterranée, Marsella.

Plano de ubicación de la villa Cuatro Álamos en relación a la ciudad de Santiago de Chile.

Situación preexistente Leyenda:

1. Colegios 2. Terreno municipal 3. Estacionamiento 4. Cancha de fútbol 5. Sede Junta Vecinal 6. Sede “CEIBO” 7. Áreas verdes 8. Multicancha 9. Iglesia 10. Jardín infantil 11. Espacios sin uso definido 12. Caminares Chile Deportes

La Comuna de Maipú1, con sus habitantes, y el Centro Cultural, Social y Ambiental “Ceibo”, junto a una estudiante de la licenciatura de Ecología y paisaje de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central de Chile, la Bach. María Inés Díaz, llevan adelante desde diciembre de 2007 la puesta en práctica de un proyecto de un “eco-barrio” en la periferia de la ciudad de Santiago de Chile.

Como dice Luis Marques, vecino representante del Centro “Ceibo”: “Éste es un proceso, que por lo menos tardará una generación en consolidarse, ya que es un cambio cultural profundo, que 59

1 Comuna perteneciente administrativamente a la Provincia de Santiago de Chile; integra la Región Metropolitana de Santiago.

SUSTENTABILIDAD

Una propuesta sostenible

COOPERATIVA COVI2000 Hugo Rea*

Vivienda Popular

* Hugo Rea Riveiro es arquitecto, socio Integrante del Instituto de Asistencia Técnica CAEESU, y responsable del proyecto arquitectónico y director de obra de la cooperativa Covi2000. Es especialista en Sistemas de Gestión Ambiental y metodologías de Producción Limpia. El presente trabajo fue elaborado y discutido con la cooperativa, y en especial con su presidente, Víctor Rodríguez, y el Capataz de Obra, José Durán.

Introducción El trabajo que se desarrolla a continuación refiere a la experiencia en la construcción sostenible de viviendas para la cooperativa de ayuda mutua “Covi2000”. La base de este trabajo se desarrolla sobre el concepto más amplio de sostenibilidad, abordando el estudio del proyecto a partir de la definición dada por la ONU: “Es cubrir las necesidades de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Definición según la COMISON BRUNDTLAND, 1987.Informe socio-económico, ONU 1987).

COVI2000 es un proyecto de adaptación sostenible, puesto que el proyecto arquitectónico no fue concebido a tales efectos en la etapa de diseño, o sea, referido desde el proceso del proyecto, tanto arquitectónico como social.

La base fundamental de este desarrollo está dada en la aplicación de Metodologías Limpias, esto es, teniendo en cuenta la Minimización en el uso de los Recursos No Renovables.

65

dormitorios. El terreno en el cual se implanta el proyecto consta de 7900 m2, del cual el 25% es de ocupación edificada.

Estrategias de Sostenibilidad Estas estrategias se basaron en detectar oportunidades de mejora sostenible, sobre la base del desarrollo de cuatro canales de actuación: - Gestión de Energía - Detectar proyectos de eficiencia energética basados en estrategias de Arquitectura Pasiva.

- Generación de energía alternativa como por ejemplo Colectores Solares, etc.

- Gestión de agua - Analizar el consumo por usos y definir medidas alternativas de suministro de agua, que no fuera a través de OSE, a los efectos de minimizar el uso de ésta para actividades secundarias.

La Cooperativa

- Gestión de residuos - Definir procedimientos para su categorización y segregación adecuadas, basándose en las siguientes prioridades: Minimizar-Reducir/ Reciclado-Reutilización/Disposición Final.

Covi2000 es una cooperativa de Ayuda Mutua de usuarios. Son cincuenta viviendas en tira, desarrolladas en dúplex, de dos, tres y cuatro

- Gestión del territorio. Éste es un vector importante y nuevo de análisis, donde se visualiza el relacionamiento del proyecto arquitectónico ha-

LATINOAMERICA

LA PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LAS POLÍTICAS HABITACIONALES EN AMÉRICA LATINA* Raúl Fernández Wagner**

** Profesor Asociado en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires.

Vivienda Popular

* Ponencia presentada en el XIII Encuentro de la Red ULACAV y V Jornada Internacional de Vivienda Social, “El Derecho a la Ciudad y a la Vivienda. Propuestas y Desafíos en la Realidad Actual”, Octubre 2007, Valparaíso, Chile.

1. Política social y política de vivienda. Breves notas históricas La pobreza urbana emerge como cuestión socialmente problematizada a partir del proceso de urbanización acelerada de las principales ciudades europeas, que trajo consigo pestes y crisis sociales, resultado de las deplorables condiciones de vida de los trabajadores en las ciudades.

La maduración del capitalismo industrial (que asoció mecanización y venta libre del trabajo) atravesaría crisis económicas cíclicas, propias del patrón de industrialización liberal, las que se conjugarán con la organización obrera y la extendida lucha social de fines del Siglo XIX y principios del XX. Será determinante la funcionalidad estructural de la fuerza de trabajo en la reproducción del capital, lo que demandará progresivamente la intervención del Estado.

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Las políticas sociales surgirán precisamente de dicha contradicción. Sus inicios estarán dados por las primeras regulaciones del trabajo en el contexto del liberalismo del Siglo XIX, ejercidas más como concesiones (a fin de contener la extendida protesta social) que como derechos, y muy lejos aún de constituir garantías asociadas a la condición de ciudadanía (Pisarello 2001): esto se dará recién con la consolidación de los primeros dispositivos de “seguridad social”, los seguros de salud pensión y vejez, de 1890.

Aquí se sientan las bases de lo que Robert Castel (1997) denomina “Estado Social”, y lo que para él constituye “una mediación en el conflicto capital-trabajo”. Recién con posterioridad a la crisis del ´30, y los intentos totalitaristas de la Segunda Guerra, madurará el pacto entre capital y trabajo, en el marco del acuerdo fordistakeynesiano, el cual avanzará legislando constitucionalmente hacia un sistema de derechos asociados a la condición de ciudadanía. Por encima de una política asistencial del Estado (destinada a los “inválidos”, a quienes sólo pueden subvenir las condiciones básicas de existencia con ayuda), se desarrollará un sistema de políticas sociales en tres dimensiones: una política del trabajo, una política de los servicios universales y una política de provisión pública de infraestructuras sociales.

La primera se corresponderá con la extensión del trabajo asalariado en el capitalismo industrial, desarrollando tanto regulaciones sobre los contratos de trabajo, como garantías sobre las irregularidades del ciclo económico (desempleo) y los riesgos individuales de la vida laboral activa (accidentes, enfermedad, vejez y muerte).

La política de servicios universales, que ya tenía antecedentes importantes un siglo antes, a partir del Estado de Bienestar (en Europa) alcanzará el carácter de verdaderamente universal asocia-

da a una nueva definición de ciudadanía. Los sistemas educativos reforzarán así su carácter de socialización cultural e instrucción técnica al servicio del sistema productivo. Los sistemas de salud pública tendrán como función garantizar la higiene pública y la prevención de epidemias, mediante un mínimo accesible de prestaciones y cuidados sanitarios a los individuos.

La política de provisión pública de infraestructura social (vivienda, agua potable, saneamiento, transporte y seguridad) con antecedentes desde la segunda mitad del Siglo XIX, cuando el Estado enfrentara las recurrentes pestes y epidemias, desarrollaría a su vez en nombre del higienismo, las primeras intervenciones en gran escala en el ambiente construido. En el contexto fordistakeynesiano, una política sobre la dotación y acceso de la población a las condiciones físicas del hábitat, será un factor clave en la reproducción cultural y económica de los individuos, funcional al sistema productivo, tanto sea en términos de “eficiencia de una fuerza de trabajo bien alojada”, como de salvaguarda de las inversiones en soportes durables y suelo urbano.

Se reconoce a la política social -como la desarrollada en los países europeos en este momento- como un conjunto de intervenciones que la sociedad realiza sobre sí misma, mediante la intervención institucional del Estado, a fin de

Fragmentación urbana. El caso de Quito

CIUDAD AFUERA, MERCADO AL CENTRO, VIVIENDA ADENTRO*

* El presente artículo es un resumen de una investigación más extensa realizada por los autores. Como corresponde a un trabajo académico, tiene numerosas y rigurosas referencias a las fuentes de las que se han tomado ideas o informaciones, cuya inclusión en el artículo haría que éste tuviera una extensión y una lectura incompatibles con el carácter de nuestra revista. Por esa razón se han suprimido las referencias intercaladas en el texto, figurando todos los autores y trabajos correspondientes en la extensa bibliografía que figura al final del artículo. (Nota de VIVIENDA POPULAR)

** Oscar Raúl Ospina es Politólogo por la Universidad Nacional de Colombia y Máster en Desarrollo Local y Territorio por FLACSO Ecuador, así como investigador independiente de temas urbanos y de mercados inmobiliarios en particular; Jaime Erazo Espinosa es Arquitecto por la Universidad Técnica Particular de Loja y Máster en Desarrollo Local y Territorio por FLACSO Ecuador, actualmente es investigador del Programa de Estudios de la Ciudad de Quito, Ecuador; y de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Centros Históricos, OLACCHI.

Vivienda Popular

Jaime Erazo Espinosa y Oscar Raúl Ospina**

Ciudad afuera: contexto urbano transformado En el contexto latinoamericano de los ´40, las relaciones citadinas entre la modernización, la industrialización y el progresivo distanciamiento del Estado con los ahora llamados gobiernos locales, marcaron la hoja de ruta y formaron los patrones socioespaciales de lo que sería la estructura urbana de aquel período1. A partir de los ´90, la literatura registra los amplios procesos que transformaron funcionalmente nuestras ciudades, cambios referidos principalmente al paisaje urbano y la conectividad, causados por las olas de inmigración que, presas por las marcadas desigualdades regionales provocadas por el distanciamiento del Estado, llegaron especialmente atraídos por la primacía de las capitales. Su arribo acrecentó la demografía, superpobló y heterogeneizó asentamientos, replegó a las clases medias y altas, y formó cinturones marginales al interior de los cuales se forjaron algunas de las más exitosas estrategias colectivas de sobrevivencia, acceso y gestión de suelo urbano de calidad y vivienda adecuada. Si bien no todos los patrones estructurales se vieron afectados por estos procesos, algunos sí llegaron a transformarse2.

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Esta transformación fue calificada a menudo como fragmentación urbana o diferenciación funcional y es la que a finales del siglo XX, caracterizó a las urbes y generó áreas vigiladas, residenciales o no, como un nuevo orden espacial, cuyo desarrollo se vio proliferado por

los procesos y modelos de suburbanización, fomentados por el repliegue de los grupos con mayores ingresos3. Desde entonces, la ciudad concebida como el espacio de la libertad empezó a diluirse; sus habitantes, confrontados con múltiples inseguridades, se adaptaron a las constantes crisis y al caos diario4 . Así, después de pasar por murallas, blindajes, muros, fragmentos, fortificaciones y cárceles, esta ciudad que dilata algunas fronteras y se dispersa por el territorio, está afuera y aún no tiene nombre.

Se expande con contrastadas densidades y lo hace sin brújula, sin estrategia esencial; pues lo que marca las directrices son los intereses y actuaciones de su mercado inmobiliario privado, su irregularidad y sus relaciones altamente politizadas. Mientras tanto, su población replegada y marginada continúa, de forma acelerada, con flexibles instrumentos de planificación y sin considerar la localización dominante, sino la que supla necesidades5, ocupando difusamente el suelo suburbano disponible, los radios de influencia, los espacios centrales y cualquier parte que sirva para construir los tipos de proyectos del orden espacial vigente. Dos de éstos son los conjuntos cerrados, producto del “urbanismo de las afinidades” 6 y los Grandes Proyectos Urbanos7. Afuera, también la ciudad simplifica y aglutina los significados y trayectorias del “proyecto urbano” y da los apoyos normativos necesarios para justificar las globalizadas vías de beneficio que caracterizan al capitalismo actual.

1 Entre otros, estos patrones fueron: contrastes centro-periferia, zonificación de la riqueza, cinturones de clase media, y consolidación de centros históricos.

2 En Quito, la transformación de los patrones ofertantes de vivienda caracterizó a la urbe de dos formas: concentrándola en departamentos del casco citadino e introduciéndola, junto con terrenos de urbanizaciones, en los valles aledaños y el sur de la ciudad.

3 En general, se pueden explicar dos modelos de suburbanización: el anglosajón, donde se presenta un continuo campo-ciudad y el mediterráneo, donde existe un corte entre la ciudad y los suburbios. Estos modelos han experimentado evoluciones, por ellos se señalan tres tipos morfológicos: periurbanización, difusión reticular y superposición de ambos estilos.

4 El “estrés espacial” es la señal que muestran los habitantes, cuyos espacios son percibidos como llenos de conflictos o cuya delimitación frente a otras zonas no es clara.

5 En especial aquella que facilite el desplazamiento hacia las centralidades de la ciudad y evite vulnerabilidades; es decir, la cercana a vías rápidas de circulación (con vehículos privados) e imaginada como segura.

6 Para Maristella Svampa, es la “desincorporación” de los sectores medio-altos, que parten a la búsqueda de las ventajas que garantizan la homogeneidad residencial y una sociabilidad del “entre nos” que afirma la reproducción de un determinado estilo de vida.

7 Aparecen en el último cuarto del siglo XX, generando espacios excluidos y excluyentes de la realidad urbana donde se insertan. Se destacan por sus barreras físicas y simbólicas, tienen diferentes usos: ocio, comercio, residencia, trabajo, etc.

HÁBITAT Y VIVIENDA POPULAR: La mirada de los actores y la nuestra Raúl Vallés, Director

OCT 2009 l 19

FRENTE AMPLIO PARTIDO INDEPENDIENTE PARTIDO NACIONAL Por qué no aparece la opinión del PARTIDO COLORADO CAMBIAR LA LÓGICA Y APRENDER DE LA SOCIEDAD Fernando Zerboni

IMPULSAR EL COOPERATIVISMO Y LA TENENCIA COLECTIVA Ricardo Pisciottano

REVISTA VIVIENDA POPULAR SEGUNDA ÉPOCA OCT 2009 l 19

LA OPINIÓN DE LOS EMPRESARIOS José Ignacio Otegui

UNA VISIÓN DESDE LOS INSTITUTOS TÉCNICOS Mirna Sierra

DOCE MITOS A DEMOLER Y UN NUEVO PARADIGMA. La habitación como necesidad.

El hábitat como satisfactor Jorge Di Paula

EXPLICITAR IMPLÍCITOS. A propósito de la formación y la arquitectura EL ESPACIO PÚBLICO EN CONTEXTOS DE PRECARIEDAD. Seminario Viviendo al Margen II Alina del Castillo, Andrea Francisco

HABITARIO. Nuevos formatos para la Extensión en la Facultad de Arquitectura UPV (Unidad Permanente de Vivienda)

LA CAÍDA DE UN MITO Y PROPUESTAS DE ACCIÓN. Estudio del stock habitacional vacío montevideano Cristina Fynn, Martha Siniacoff, María Rosa Roda, Noemí Alonso, Miguel Meny, Ricardo Martínez, Enrique Machado

PREGUNTAS PARA HACERLE AL CENSO Benjamín Nahoum

farq | uruguay facultad de arquitectura/universidad de la república

ECO-BARRIO. “VILLA CUATRO ÁLAMOS”.

Una experiencia de sustentabilidad en Chile Bernardette Soust

COOPERATIVA COVI2000. Una propuesta sostenible

Unidad Permanente de Vivienda

Hugo Rea

LA PERSPECTIVA DE DERECHOS EN LAS POLÍTICAS HABITACIONALES EN AMÉRICA LATINA Raúl Fernández Wagner

CIUDAD AFUERA, MERCADO AL CENTRO, VIVIENDA ADENTRO. Fragmentación urbana. El caso de Quito.

Jaime Erazo Espinosa y Oscar Raúl Ospina

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA | NOTICIAS

Vivienda Unidad Permanente de Vivienda Facultad de Arquitectura Universidad de la República Uruguay

REVISTA VIVIENDA POPULAR

Ricardo Muttoni

2010 + 5 POLITICAS DE VIVIENDA PARA LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS