Revista Vivienda Popular N°25 by Vivienda Popular

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Julio 2014

Políticas habitacionales. Aportes en un año para proponer Pobreza, asentamientos y ciudad consolidada Las inundaciones y la Arquitectura España e Italia: Nuevos desafíos habitacionales Obras destacadas: Complejo Bulevar Los estudiantes proponen: “Cooperativas dispersas” CEDA: Comisión de Vivienda y Territorio 1

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Vivienda Popular Unidad Permanente de Vivienda Facultad de Arquitectura | Universidad de la República

Dr. Rodrigo Arocena Dr. Arq. Gustavo Scheps Orden docente: Arqs. Marcelo Payssé, Rafael Cortazzo, Fernando Rischewski, Jorge Nudelman, Marcelo Danza Orden estudiantil: Bachs. María José Milans, Marcelo Martinotti, Luciano Carreño Orden egresados: Arqs. Gricelda Barrios, Néstor Pereira, Guillermo Rey Dra. Arq. Maria Lucía Refinetti Martins, Dr. Soc. Álvaro Portillo, Mag. Arq. María del Huerto Delgado, Mag. Arq. Bernardo Martín, Arqs. Duilio Amándola, Raúl Fernández Wagner Arq. Raúl Vallés Ing. Benjamín Nahoum Unidad Permanente de Vivienda Ing. Benjamín Nahoum, Arq. Raúl Vallés Nadia Terkiel, Elizette Fedullo Ing. Benjamín Nahoum MASTERGRAF Pagola 1823 Tel. 2203 4760 D.L. 349.879

Las fotos que ilustran los artículos y que no tienen el crédito correspondiente, fueron proporcionadas por los autores o pertenecen a los archivos del Servicio de Medios Audiovisuales (SMA) y de la Unidad Permanente de Vivienda (UPV) Unidad Permanente de Vivienda Facultad de Arquitectura - Universidad de la República Bulevar Artigas 1031 CP 11200 Montevideo, Uruguay Teléfono: 2400 0706 email: viviendapopular2@gmail.com ISSN - 1510-7442

Rector Decano Consejo de Facultad de Arquitectura

Comité Editor

Director Redactor Responsable Realización Comité Ejecutivo Diseño y diagramación Edición Impresión

VIVIENDA POPULAR es una publicación semestral de la Facultad de Arquitectura, UdelaR Está permitida la reproducción total o parcial de los artículos publicados, citando al autor y la fuente. La realización de este número contó con el apoyo de los anunciantes y especialmente de la Dirección Nacional de Vivienda del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente

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Políticas habitacionales. Aportes en un año para proponer 4

PRESENTACIÓN

Entre el cambio climático y el paradigmático. La tarea democratizadora de la Arquitectura Andrés Pampillón

TEMA DE TAPA 8

Para pasar de pantalla Raúl Vallés

12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Diez Opiniones Adriana Berdía Susana Camarán Inés Giudice Gonzalo Guevara Altaïr Jesica Magri Pablo Messina - Martín Sanguinetti Gonzalo Morel Salvador Schelotto Juan Carlos Siázaro Eduardo Steffen

Las políticas habitacionales en la ciudad injusta Raúl Fernández Wagner

OBRAS DESTACADAS 72

LOS ESTUDIANTES PROPONEN 78

INVESTIGACIÓN

Cooperativa dispersa (en busca de un nuevo imaginario cooperativo) Maria de los Angeles Bianchi, Cristina Bonifacino, Verónica Iglesias, Cristian Ayala, Rodrigo Erramuspe, Agustin Fiorito, Ivan Lewc y Lucas Rodriguez

CEDA 88

Complejo Bulevar. 1 Y 332 Soledad Patiño

Nace un espacio de trabajo y reflexión Comisión Vivienda y Territorio del Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA)

Pobreza y vivienda en asentamientos y tejido formal Florentino Menéndez con la colaboración de Sol Scavino

Cooperativas de reciclaje por ayuda mutua: ¿una alternativa a la gentrificación? Ibán Díaz Parra y Pablo Rabasco Pozuelo

Vivienda y organización popular. De la crisis institucional a la utopía Marina Lora y Marta Solanas

100

Roma, una pidgin city okupada Adriana Goñi Mazzitelli*

MUNDO

Este número Este número de VIVIENDA POPULAR ve la luz en un momento especial, pasada la primera instancia electoral de definición de los candidatos únicos a la presidencia por cada partido, y cuando, dentro de cuatro meses, todas y todos los uruguayos seremos llamados a decidir qué rumbo queremos que tenga el país en los próximos cinco años. Esto implica elegir entre candidatos, pero también entre partidos y entre programas, y asimismo entre experiencias, porque todos los partidos con opciones reales de ser gobierno ya lo han sido alguna vez (o más de una) en el último cuarto de siglo. ¿Qué papel ocupa en esas decisiones el problema de la vivienda y el hábitat populares, que es la razón de ser de esta revista? Las internas no arrojaron demasiadas luces al respecto, dado que el tema no estuvo en la agenda de la discusión, una agenda por otra parte poco nutrida. Más allá de la propuesta de Luis Lacalle Pou de un

programa de “Asentamientos Cero”, y del planteo de Constanza Moreira de eliminar en el próximo período de gobierno las situaciones de emergencia habitacional, los temas fueron otros y la discusión, cuando la hubo, pasó por otros ejes. Por eso, como hace cinco años, nuestra revista entendió del caso poner el tema sobre la mesa, no analizando los programas de cada partido (varios todavía no los tienen), sino consultando opiniones que nos parecen relevantes, no tanto por el cargo que ocupe o la responsabilidad que tenga cada uno de los consultados, sino por la experiencia que han desarrollado y el lugar desde donde miran el problema. Esas opiniones -diez, componiendo un amplio caleidoscopio- completan el tema de tapa de este número con un artículo de nuestro director, que plantea los temas centrales en debate,

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PRESENTACIÓN

y otro, del investigador argentino Raúl Fernández Wagner, que muestra cómo se enlaza esta temática con los derechos, y cómo cuando el desarrollo de las ciudades es regido por la rentabilidad del capital y no por el interés colectivo, la ciudad se transforma en injusta para grandes sectores de población. La presente edición incluye, además, un artículo de Florentino Menéndez en colaboración con Sol Scavino, que establece relaciones entre la pobreza, los asentamientos y la ciudad consolidada, en la que vive la mayoría de los pobres; otro de Andrés Pampillón, que vincula los recientes problemas de inundaciones en varias localidades con un renovado desafío para la arquitectura; artículos desde España e Italia que describen distintos abordajes posibles para resolver nuevos problemas de las ciudades actuales, y un aporte de estudiantes de la Facultad en el

mismo sentido, resultado del llamado a colaboraciones que hicimos para el número anterior (la publicación de cuyos productos completamos en éste, al tiempo que volvemos a invitar a nuevas y nuevos colaboradores a acercarse a la revista). Inauguramos asimismo la sección “Obras destacadas” en la que, número a número, diferentes colaboradores vinculados al tema de la vivienda y el hábitat elegirán y describirán un programa de vivienda popular que consideren relevante por diferentes motivos, y volvemos a abrir las puertas a las inquietudes del Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA), ahora a través de la creación de su Comisión de Vivienda y Territorio, colaboración que esperamos vuelva a ser cotidiana. VIVIENDA POPULAR

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FotografĂa de Gabriela Torres, SMA-Farq

Para pasar de pantalla RaĂşl VallĂŠs

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TEMA DE TAPA

Este es nuestro primer número del 2014, un año particularmente propicio para el debate y la reflexión que, en el marco de la contienda electoral, es una oportunidad para revisar y proponer, de cara, entre otras cosas, a un nuevo Plan Quinquenal de Vivienda. Ya en 2009, en una situación similar, VIVIENDA POPULAR propuso en su Nº 19, un aporte al debate con su “2010+5. Políticas de Vivienda para los próximos cinco años”. Muchos de los planteos y aportes de entonces coincidieron con el espíritu presente en la redacción del actual Plan Quinquenal (PQ): la necesaria integración socio-territorial; la diversificación de los programas; la cuestión del suelo; el aprovechamiento de y las acciones sobre, el stock edificado y la participación público-privada en la promoción de la vivienda social, entre otras. La reorganización institucional y normativa de los últimos años ha venido pautando y marcando el rumbo de la política pública en materia habita-

cional, apuntando hacia la diversificación de productos y procesos y alentando nuevos formatos. Tal vez lo más llamativo de este último período haya sido la diferencia que se observa entre los marcos de referencia y conceptos manejados en el PQ y los productos que en los hechos se promueven, esto es, entre el discurso y las acciones concretas. Hoy es idea generalizada y unánime en todos los actores del sistema habitacional que la cuestión no es “hacer viviendas solamente”. Este discurso lo ha adoptado tanto la izquierda como la derecha y no poca responsabilidad le cabe a la Universidad sobre esta visión integral y multidimensional de los problemas de habitabilidad de la población. Tal como lo planteábamos en 2009, se trata fundamentalmente de la provisión de bienes y servicios habitacionales. Esta idea sin embargo no ha superado las buenas intenciones y en los

hechos el eje de las políticas se ha centrado en el acceso a y permanencia en una “solución” de vivienda, y con especial énfasis en la tenencia en propiedad. En este contexto y en tributo al cúmulo de reflexiones teóricas, demandas de distintos actores en general y de la academia en particular, y a los textos que las consagran en los últimos dos planes quinquenales, no es explicable ni justificable tal divorcio entre lo declarativo y los productos de dichas políticas. Hablemos claro y mirando los desafíos futuros: tenemos un déficit urbano-habitacional y no sólo de vivienda; tenemos un déficit de habitabilidad y no sólo de habitación; en definitiva, tenemos un déficit en el derecho a la ciudad y en el acceso a los bienes y servicios habitacionales. Lamentablemente hay que volver a insistir en algunos aspectos. En primer lugar, el suelo, y en particular la localización de las acciones. No es

posible avanzar en este aspecto sin una fuerte inversión en suelo para desarrollar las acciones urbano-habitacionales y, junto a ello, un fuerte condicionamiento a los distintos actores que harán uso de ese bien. Ello implica, entre otras cosas, el subsidio a la localización, concepto que, bien aplicado, representa la mejor inversión socio-territorial de las políticas públicas todas (no solamente las de vivienda). Esta idea tan sencilla y a la vez tan postergada se resuelve, entre otras cosas, destinando importantes recursos a la adquisición de inmuebles, tanto públicos como privados, para que eso sea lo que se use. Recursos que deberían ser invertidos antes que la propia política habitacional provoque una inflación en el valor de los mismos. Para muestra baste el efecto producido por la llamada Ley de Vivienda de Interés Social en zonas en que, junto a la bienvenida inversión privada, hubiera sido bueno contar con una previa cartera de inmuebles para su utilización en los programas del PQ. Hoy ese recurso cuesta entre un 60 y un 90% más. En la otra punta de la madeja, se ha impulsado, por la vía de los hechos, una preocupante expansión de nuevas áreas urbanas (injustifica-

ble en nuestro medio y condiciones urbano-demográficas), fundamentalmente en programas de muy baja densidad de ocupación del suelo y débil capacidad de configuración urbana, que vienen presionando fuertemente tanto a la OSE (responsable de la extensión de redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable), como a los gobiernos departamentales en todo el país, para la generación de suelo “apto”. El resultado es previsible: mayor costo ciudad, mayor segregación socioterritorial. El esfuerzo por la innovación en tecnologías alternativas a las tradicionales ha relegado a un segundo plano a la cenicienta de la vivienda social -el proyecto de arquitectura, el proyecto urbano-, desconociendo su capacidad de generar renovación y calidad en el espacio habitable, tanto doméstico como urbano. En efecto, consideramos que es erróneo pensar que las tecnologías y solamente las tecnologías pueden aportar alguna diferencia cuantitativa o cualitativa. No se advierte que es el proyecto, y fundamentalmente las condiciones en que se desarrolla y alienta la innovación, el fomento a la calidad y la evaluación integral previa, las que pueden promover un salto cualitativo. Por el contrario,

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TEMA DE TAPA

en el programa que razonablemente mayor porcentaje de recursos acumula, el cooperativismo de vivienda, son cada vez más exitosas las fórmulas que repiten hasta el cansancio propuestas que ya no responden más que a los archivos CAD preexistentes y al recurso fácil de “recorto y pego”, mientras que son escasas (y valientes) las que buscan verdaderas alternativas. La gran herencia de la precariedad e informalidad urbana y habitacional de los ´80 y ´90 ha venido siendo abordada con persistencia pero con cierta dispersión institucional, ya que varios actores públicos abordan el mismo problema. Esto todavía permanece como gran desafío a superar, y allí está una de las claves para futuras propuestas. En todo caso, frente a la consolidación de amplias zonas de origen irregular, se abre un campo programático que deberá atender la brecha en infraestructuras y servicios; el desafío de la mejora progresiva; la densificación asistida, y la integración socioterritorial. Hay esfuerzos significativos en la promoción de nuevos programas como la vivienda en arrendamiento o la compra de vivienda usada. También resulta positiva la búsqueda de inversión del sector privado aunque, más allá que se trata de

“procesos de mediano y largo plazo”, se confirman por ahora las dudas sobre el impacto en el acceso real de los sectores destinatarios. De todas maneras, se cumple uno de los objetivos principales: concentrar los recursos del PQ en los programas destinados a la población más necesitada. Esto último no debería soslayar el hecho que, por el aumento del costo de la construcción, los recursos en dólares (moneda en la que se suele medir porcentajes de PBI) destinados al actual Plan Quinquenal, tienen un poder de producción menor al del plan anterior, circunstancia que pone una alerta hacia la planificación de un nuevo quinquenio. Hemos igualmente avanzado mucho en estos años respecto de modalidades propias de décadas anteriores y no sólo cuantitativamente sino en lo cualitativo. Pero justamente esa experiencia acumulada va limitando los márgenes de error y de experimentación. Junto al desafío de la propuesta será necesaria una rápida evaluación para acelerar e impulsar procesos y dispositivos que se mostraron exitosos y desestimar aquellos que francamente no son una buena alternativa.

Diez opiniones

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TEMA DE TAPA

VIVIENDA POPULAR recogió diez opiniones de diferentes actores del quehacer de la vivienda. Algunos de ellos ocupan cargos institucionales, gremiales o políticos, pero en todos los casos lo que refleja la respuesta es solamente su propia opinión. Tratamos que este caleidoscopio incluyera diferentes disciplinas, posiciones políticas y, sobre todo, lugares desde donde se mira el problema. Lo que sigue, que constituye un mosaico plural, refleja las diversidades, pero también muchos acuerdos.

Las preguntas base realizadas fueron: 1. ¿Cuál es, a su juicio, el principal logro y la mayor carencia de la actual política de vivienda y hábitat en el Uruguay? 2. ¿Qué líneas de acción considera que deben ser priorizadas en el próximo Plan Quinquenal? 3. ¿Cómo compatibilizar los planes de vivienda con un crecimiento armónico y sustentable de las ciudades? Las presentaciones que hacemos a pie de páginas son mínimas, y solamente para que el lector ubique a quien opina.

Adriana Berdía*

1. Creo que varios son los logros y varias las carencias: en cuanto a los primeros, se ha consolidado un marco institucional; saneado el Banco Hipotecario del Uruguay; continuado las líneas de actuación entre las últimas dos administraciones; se han generado nuevos instrumentos para acceso a los préstamos al sistema cooperativo de vivienda, clarificando la cantidad de préstamos anuales; se ha desechado los Núcleos Básicos, tendiendo en lo que es producción pública a una vivienda digna y acorde a lo establecido por la Ley 13.728.

* Asistente social, funcionaria municipal encargada de la coordinación del Proyecto de Renovación Urbana de la Intendencia de Montevideo y docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR.

Entre las carencias: el Banco Hipotecario se ha transformado en un banco financiero más, perdiendo su rol de Banco de Fomento; sigue siendo prioritario el tema de la propiedad privada tanto del suelo como de la vivienda; no están aún reglamentados aspectos importantes de la Ley de Ordenamiento; se han incentivando cooperativas de propietarios y no se ha dado incentivos al sistema de usuarios, que es para mí lo único que en una sociedad mercantilizada sostiene el

valor de uso por encima del valor de cambio de la vivienda. Cuesta además incorporar el tema de lo urbano-habitacional, terminando, a pesar de los discursos, en medir logros por cantidades. Si bien la pobreza y la precariedad no se resuelven sólo por la política de vivienda, las malas políticas de vivienda contribuyen a consolidarla y tuvimos muchas décadas de malas o ausentes políticas habitacionales. Queda en el debe absolutamente el tema del arrendamiento, ya que no alcanza con la generación de una garantía, necesaria pero insuficiente, sino porque se corte el lucro en materia de alquileres y se entienda que al igual que en el trabajo no se trata de un contrato entre iguales sino, que un sector está más desprotegido que otro. 2. A partir de lo anterior, creo que debe profundizarse el apoyo y financiamiento a las cooperativas de vivienda de usuarios, sean por ahorro previo o por ayuda mutua; esto implica revisar formas de gestión, de acceso y también de asesoramiento.

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TEMA DE TAPA DIEZ OPINIONES

Otros temas que es necesario abordar son una política de alquiler protegido o arrendamiento social; políticas más proactivas desde el Estado sobre suelo, y fundamentalmente cambios que permitan migrar desde el centro total en la propiedad privada, a modelos de priorización del valor social del suelo, como existen en otros países, no socialistas precisamente, sino del capitalismo central y otros de América Latina. Se necesita además volver a tener un Banco de Fomento en materia habitacional, donde lo que prime sea el derecho a la vivienda por encima de la protección del sistema financiero.

agua, saneamiento y luz; transporte adecuado, y condiciones de habitabilidad de las viviendas), lo cual implica en muchos casos la permanencia en el lugar de las familias transformando en ciudad digna lo que hoy es una urbanización precarizada. 3. Fundamentalmente a partir de políticas sobre el suelo urbano con eje en el valor social del suelo; actuar sobre el transporte; impedir el crecimiento sobre las zonas rurales, y que el acceso a viviendas dignas sea en propiedad, uso y goce o alquiler.

Asumiendo que la precariedad urbano-habitacional es mucho más que un problema de acceso a la vivienda, sino que conlleva aspectos propios de la precariedad de la actual fase del modo de producción capitalista (y, por lo tanto, llegó para quedarse), es necesario delimitar aquellos aspectos que hacen a la necesidad de un derecho de carácter universal (acceso a los servicios básicos:

Susana Camarán*

1. Un logro importante ha sido el enfrentar el problema desde varios ángulos: la demanda es muy variada y eso hace que se deba atacar el tema por varios flancos. Siento que la oferta se ha adecuado más a las necesidades de la gente y se han podido generar cambios respecto a la tradicional “oferta de receta”. El subsidio de los alquileres y el subsidio a la cuota en los préstamos del Ministerio de Vivienda han sido logros muy importantes. Asimismo, la puesta en el mercado de edificios y viviendas que estaban en estado de abandono, por medio de créditos especiales, ha sido igualmente un acierto, ofreciendo oportunidades a familias que no encontraban una puerta que golpear.

* Educadora preescolar y popular, militante social, cooperativista de vivienda por ayuda mutua de usuarios, Alcaldesa del Municipio “E”.

Se han hecho varios realojos de vecinos que vivían en asentamientos y casas precarias. En la capital el Ministerio ha interactuado con la Intendencia y los Municipios, esto ha hecho que la cercanía del gobierno de los municipios incidiera fuertemente; en la mejora de la gestión de soluciones, y en el control de las políticas hacia la gente que recibía las casas. El realojo con componente de ayuda mutua, como el llevado adelante en el caso

de “Candelaria”, aunque sea en un porcentaje pequeño, genera un mayor involucramiento de los vecinos con el esfuerzo que implica la construcción de sus casas (no “llave en mano”, como si fueran simples compradores del mercado). Importante ha sido también el plan “Juntos”, aún con sus limitaciones. Gracias a él, muchas familias que vivían en una condición muy mala han mejorado grandemente sus vidas; también aquí se ha involucrado a los propios beneficiarios en el trabajo de obra para levantar sus viviendas. Otro acierto ha sido, no sin desencuentros, el que haya muchas cooperativas de vivienda en construcción; si bien no tengo cifras, me parece un avance importante, junto con las negociaciones por deudas y reglamentos con las cooperativas. Finalmente, señalo la continuación del estudio de miles de carpetas de deudores en diferentes complejos habitacionales, que ha clarificado bastante esa terrible problemática, que por omisión de los compradores y del propio Estado, en el cumplimiento de sus deberes, se ha convertido en un tema complicado.

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2. En cuanto a las carencias, destacaría principalmente el hecho que si bien se ha trabajado muy duro, los recursos presupuestales, no han sido, en primer lugar, del volumen que estas tareas requieren, y luego diría que la carencia de una ventanilla única a nivel nacional para gestionar y bajar líneas concretas para la solución del tema vivienda (aun contando a la creada Agencia Nacional de Vivienda), ha conspirado contra la obtención de mejores resultados. Pienso que la poca difusión de las acciones del gobierno e intendencias en el tema vivienda es una carencia que cuesta caro. Es necesario generar un impacto en el tema vivienda, similar al del “Plan Ceibal”, por ejemplo; la emergencia habitacional, aparte de ser declarada, debió ser respaldado su encare con cifras de inversión más significativas. 3. Urge tener en cuenta a los ciudadanos que quedan siempre en el limbo, ciudadanos que trabajan dentro de la formalidad, cuyo salario es elevado para ser tenido en cuenta en estos planes, pero es bajo y no tiene capacidad de ahorro para lo que exige el mercado. En ese sentido, esto que es un debe, es una necesidad imperiosa a corregir.

Hay que operar fuertemente en el tema de viviendas abandonadas y ruinosas, o que están fuera del mercado, para incorporarlas como sea a la oferta. Se debe terminar con los realojos en bloque. Una verdadera inclusión implica terminar con la estigmatización, y eso se puede lograr aplicando algunas de las buenas prácticas que se han experimentado en los países socialistas de Europa (exoneración impositiva, en todo complejo habitacional; prever un porcentaje de viviendas para grupos socioeconómicos de ingresos menores; subsidios diferenciales, etc.). Algunas cosas se han iniciado, pero se deben profundizar. A mi criterio es evidente que la ciudad no se puede seguir extendiendo, esto la encarece y profundiza el vaciamiento de algunas zonas. Por ello ha sido apropiada la decisión de construir en altura para el mejor aprovechamiento del suelo y debe continuarse en esa línea.

Inés Giudice*

1. a) El posicionamiento del MVOTMA como rector de la política habitacional, articulando el sistema público (DINAVI, ANV, BHU, MEVIR y PMB-PIAI), definiendo sus especificidades dentro de su marco normativo y conjugando acciones hacia una política pública de alcance universal: cambio de un estado “facilitador” a otro con políticas para mejorar las condiciones de vida de la población y reducir las desigualdades; b) la incorporación del “enfoque de derechos” en el Plan de Vivienda, considerados como eje transversal de planes y programas, y asociando directamente derecho a la vivienda y a la ciudad;

* Profesora de Filosofía y Licenciada en Sociología, vinculada durante mucho tiempo a instituciones de promoción y desarrollo y organizaciones sociales, funcionaria del Servicio de Tierras y Vivienda de la Intendencia de Montevideo desde 1990 e integrante del equipo de asesores/as de la Dirección Nacional de Vivienda del MVOTMA desde 2005.

c) definición y consolidación de nuevos instrumentos. Se retomaron las propuestas básicas de la ley del 68, creando el “subsidio a la cuota”, una ayuda que se ajusta -con ciertos parámetrosa las condiciones familiares y acompaña sus trayectorias, revisándose en plazos prudenciales para decidir si se mantiene o ajusta; definiendo el “producto” vivienda como un bien de calidad, no ya la “vivienda mínima”, desarrollando una pres-

tación deseable por sectores medios y mediobajos, los zurcidores de integración social; priorizando “la adecuada localización de las viviendas” con accesibilidad a los servicios necesarios, y reforzando la idea de “esfuerzo propio” (ahorro o trabajo), que recoge aspectos culturales y prácticas de solidaridad y asociación entre sectores socio-económica y culturalmente heterogéneos, que, sin idealizaciones, tienen en el cooperativismo de vivienda autogestionario, posibilidad de aprendizajes más allá de la solución habitacional; d) la implementación de un menú de alternativas para las distintas demandas: garantía de alquiler, extendiendo la de la Contaduría a otros sectores; los programas de rehabilitación urbana con préstamos para refacción y ampliación en convenios con intendencias; el impulso sostenido a las cooperativas de vivienda; la construcción de vivienda nueva para activos y pasivos en zonas consolidadas: el programa de autoconstrucción en terreno privado (más exitoso en el Interior) o en terreno público en convenio con las intendencias; el programa “Más Oportunidades”

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con base en la ley de inversiones privadas en vivienda de interés social; el arrendamiento con opción a compra; las readecuaciones de deuda de viviendas administradas por la ANV; las experiencias con tecnologías alternativas y los mecanismos para validarlas; las construcciones en madera; el plan de relocalización de asentamientos en terrenos inadecuados; los programas de vivienda nucleada y productiva de MEVIR; el mejoramiento de asentamientos en tierra pública en convenio con las intendencias y el apoyo con una prestación en mejora habitacional a los programas prioritarios dedicados a la mitigación de la pobreza extrema. (Cercanías, Uruguay crece contigo y Jóvenes en Red). 2. Continuar con las líneas actuales, enfatizando en : a) elaborar un programa para incorporar fincas abandonadas en proyectos de vivienda e inclusión social para las familias ocupantes; b) redoblar esfuerzos para colaborar en erradicar la pobreza o vulnerabilidad extremas dentro de un plan integral de acceso a mejoras habitacionales, al sistema de protección social y al mundo del

trabajo; c) continuar las desafectaciones y otros mecanismos para incorporar inmuebles a la Cartera del MVOTMA; d) continuar el proyecto DINAGUA-DINAVI-OSE de saneamientos alternativos en localidades sin acceso al tradicional. En suma, continuar propiciando oferta en cantidad y diversidad, ampliando la cobertura de la política. 3. Hemos crecido con el mito de Maracaná, que en lo urbano se expresaba en la ciudad equilibrada o integrada. Ciertamente, las ciudades y la sociedad uruguaya de la primera mitad del siglo XX contaban con mayores niveles de integración, tolerancia y movilidad social ascendente. Hoy hemos reducido sensiblemente la pobreza y la indigencia, pero vivimos en una sociedad fragmentada y en ciudades social y ambientalmente complicadas, imagen de la desigualdad inherente a las sociedades capitalistas en sus diferentes estadios o modelos. “Dime dónde vives y te diré quién eres”, es el lema de esa segregación, y el esfuerzo debe centrarse en mitigarla.

Para ello, debe darse continuidad a la elaboración de planes de ordenamiento territorial como ha liderado la DINOT a partir de la LODTS y seguir definiendo las acciones en vivienda en forma consistente con ellos. Priorizar los programas de reutilización de las áreas consolidadas de las ciudades, con mecanismos atractivos para la redensificación; construir alternativas habitacionales para población heterogénea mediante el subsidio a la cuota. Y un plan integral a 2030 para erradicar la pobreza urbana extrema, rehabilitando periferias críticas, con alternativas habitacionales en y fuera de estos barrios y oportunidades de empleo para personas no calificadas, especialmente mujeres y jóvenes.

Gonzalo Guevara*

1. Es difícil en pocas líneas poder realizar una evaluación mínimamente seria de la política de vivienda y hábitat, sin caer en las simplificaciones de los “titulares”, ya que el tema y la diversidad de los programas tienen complejidades específicas.

de ciudad: ciudad de barrios y vecindarios, en tanto ámbito democrático generador de tramas de integración social. Un artículo de la Soc. Carmen Midaglia (Brecha, febrero 2012) me parece sumamente inteligente e ilustrativo al respecto.

Creo que tanto por parte del MVOTMA como de la ANV se están impulsando muchos y diferentes programas, con sus luces y sus sombras. Sin duda se está dando respuesta en algunos casos a sectores que realmente lo necesitan, por ejemplo el desarrollo importante de algunos programas cooperativos (no todos), programas de Recuperación de Barrios, etc.

2. Sin duda, el rumbo de cualquier política de vivienda debiera tener la mirada en la solución de la vivienda, pero también y no en menor medida, en la calidad de la ciudad generada, en tanto ámbito de integración democrática. Por tanto, se deben reinsertar las políticas de vivienda como políticas urbanas de integración, que apuesten a la recuperación de la ciudad, tanto en las áreas centrales como en los tejidos intermedios.

También creo que, más allá de lo declarativo, en la confección específica de los programas, parece primar la cantidad de viviendas a realizar, sin valorar, (o aún a veces despreciando) la calidad arquitectónica y urbana que esos programas generan.

* Arquitecto, asesor de cooperativas, de ayuda mutua y especialmente de ahorro previo.

Esto me parece un error, porque uno de los dramas de nuestra sociedad hoy es la grave fractura social y cultural, que sin duda va de la mano de la fractura urbana, y las políticas de vivienda son imprescindibles en la construcción

Dentro de ese marco y con una mirada crítica en la propuesta arquitectónica y urbana, creo deben mantenerse la diversidad y flexibilidad de programas, adecuados específicamente a las diferentes problemáticas sociales. Por la brevedad del espacio quisiera resaltar solamente algunas necesidades:

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- Resolver urgentemente las emergencias, que aún demasiadas situaciones marginales plantean en torno a la vivienda y los servicios mínimos, pero cuidando que no se consolide la exclusión sociourbana, y trazando políticas definitivas de vivienda e integración urbana de impacto; - Mantener el impulso dado al sector Cooperativo de Vivienda, tanto de Ayuda Mutua como de Ahorro Previo, valorando especialmente las cooperativas de usuarios, dado que estos programas a lo largo de más de cuarenta años, desde la Ley del ´68, han demostrado ser importantes instrumentos para las transformaciones urbanas, y catalizadores de procesos de integración social. - Recuperar las bases éticas y solidarias que la Ley 13.728 planteó para el sistema de vivienda, en especial el espíritu de ese instrumento inteligente que era el FONAVI, concebido como un fondo de la sociedad toda, al que ella aportaba un porcentaje de sus ingresos y permitía prestar dinero para la vivienda con un interés bajo (tasa de interés del 2% para la administración del fondo, y no con el interés bancario como se plantea actualmente), lo que generaba cuotas bajas,

maximizando la aplicación del Fondo a la construcción y minimizando la política de subsidios. 3. La tasa de crecimiento demográfico del Uruguay es muy baja, por tanto los planes de vivienda pueden insertarse dentro de las estructuras urbanas existentes, sin generar explosivos crecimientos periféricos como en otras ciudades latinoamericanas. La expansión actual del Área Metropolitana de Montevideo es resultado de una mala aplicación de políticas urbanas en torno a la construcción de vivienda, generando crecimientos injustificados y lo que es más grave, generando en muchos casos no-ciudad. Las políticas de vivienda deben ser actores principales en la recuperación y revitalización de la ciudad existente, aplicando políticas urbanas que recuperen los tejidos de las áreas centrales e intermedias de la ciudad.

usuarios como una forma sutil de control sobre el valor de la tierra, lo que permite el afincamiento de sectores medios interactuando con otros grupos, y conformando esa ciudad de diversidades por fuera de la “lógica inmobiliaria”, lo cual es sin duda construir ciudad integrada. Hace ya mucho tiempo que instituciones del Estado y la Intendencia de Montevideo, con su Cartera de Tierras, han realizado grandes esfuerzos para recuperar esas áreas centrales, con programas cooperativos para sectores medios. Creemos que estos programas deben estimularse, porque son parte imprescindible para la construcción de una ciudad democrática e integradora de procesos sociales y culturales.

Lo que debe preocuparnos es que la aplicación de las políticas urbanas y de vivienda no genere migraciones desde barrios que se plantean como heterogéneos en su composición social, para lo cual la Ley 13.728 planteó el sistema de

Altaïr Jesica Magri*

Con la salvedad que, necesariamente, mi visión es la de una politóloga, y por lo tanto no me siento con derecho a recomendaciones técnicas que no están en mis conocimientos, aquí van las respuestas.

* Doctora en Ciencias Sociales, especialización en Ciencia Política por la UdelaR e investigadora del Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR, con numerosos trabajos y publicaciones sobre el tema vivienda.

1. Debería distinguirse ambos campos de políticas porque la realidad que vivimos así lo indica: las políticas de vivienda y las políticas de hábitat, naturalmente tendrían que caminar juntas pero no es así. Las primeras tienen mayor atención en cuanto al proceso de reforma institucional y sus políticas desde el año 2008. Ha sido un logro segmentado, porque si bien se generó un campo de atención para grupos medios que no tenían cobertura desde hace décadas, otros segmentos sociales siguen poco atendidos, manteniendo una demanda insatisfecha con vulnerabilidad social. Por otro lado, la renuncia fiscal en la “vivienda social” es sólo para el mercado, dejando de lado otros tipos de organización civil y eso puede distorsionar el objetivo de la política si no se “domestica” a un mercado con cada vez más capacidad de influencia.

El segundo campo, el del hábitat, considero que es un ítem muy pobre aún en la orientación y acciones de los gobiernos. Si se observan las seis líneas estratégicas del último Plan Quinquenal, los objetivos anuncian construcción de hábitat, pero las líneas de acción privilegian la variable vivienda, siendo el hábitat y su asociado, el ordenamiento territorial, componentes secundarios. Un factor de peso (negativo) es que todavía -aunque ha habido esfuerzos- se sigue sin una coordinación eficaz entre niveles de decisión gubernamental. Otro factor, que deviene del anterior, es que generalmente se piensa en hábitat para Montevideo, sin considerar que el Área Metropolitana de Montevideo sobrepasó la dimensión del hábitat de la capital, y otro tanto podría decirse de otros puntos de aglomeración urbana en el país (Este, Litoral). 2. Primera: compatibilizar las cuatro áreas del MVOTMA en función de una visión integral, sin privilegiar factores que necesariamente deben estar integrados. Ordenamiento Territorial, Vivienda, Ambiente y Recursos Hídricos hacen, todos ellos, al hábitat sustentable y sostenible.

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Segunda: fomentar la asociación civil/social para evolucionar en ciertos segmentos de la vivienda. Las cooperativas deben contar con iguales privilegios que el mercado para la construcción de vivienda. A la vez, éstas son naturalmente constructoras de hábitat por sus características. 3. Una pregunta que cabe realizarse es qué idea tiene/n el/los gobiernos en la relación viviendaciudad/hábitat, o también, por qué no existe una política de Estado respecto a esta relación, como dije anteriormente. A mi entender, hay dos tendencias contrapuestas que siempre han estado presentes en los gobiernos, que pueden resumirse en cómo se concibe el desarrollo urbano y en especial con el componente vivienda: el desarrollo “de” la ciudad y el desarrollo “en” la ciudad. El primer concepto supone que la ciudad se debería desarrollar en forma armónica y sustentable, y que los planes de vivienda estén en sintonía con un diseño urbano que no distinga por zonas en auge y zonas en depresión (social, económica), porque ya no corresponde hablar de periferias a secas, también éstas han evolucionado.

El segundo concepto, a mi entender el prevalente, significa planificación y acciones que segmentan la ciudad y estratifican a la sociedad de acuerdo a su capacidad para residir en alguna de esas partes. Partes que son creadas respondiendo a una orientación y a respectivos modelos alineados al sistema de acumulación del capitalismo (en cada época éste “modeló” el sistema urbano y social). Si partimos de que estas tensiones están presentes, los discursos y los planes pueden terminar en direcciones opuestas. Lo que se necesita, es un sinceramiento de qué se quiere desde las élites políticas acerca de lo urbano y su estructura habitacional, esto es: una política de Estado que trascienda a los gobiernos, donde éstos no vayan respondiendo coyunturalmente para poder acceder exitosamente a la inserción sistémica de la economía global.

Pablo Messina-Martín Sanguinetti*

Mucho se ha hablado de las mejoras en política de vivienda, pero en estas breves líneas preferimos ahondar en lo que falta. Además del déficit cuantitativo -mayor o menor según el enfoquetrabajos recientes, basados en el enfoque de derechos, muestran que 33% de los hogares uruguayos no tiene acceso a una vivienda digna según la define el marco normativo en nuestro país. Este guarismo, lejos de ser de máxima, es de mínima, ya que las Encuestas de Hogares no permiten captar ciertos problemas de “hábitat” que nuestras normas consideran.

* Licenciados en Economía. Docentes de la UdelaR y asesores de organizaciones sindicales.

Hay una premisa básica: no hay reconocimiento sin redistribución. Esto quiere decir que un problema se lo asume como tal, si además de lo discursivo, se sustenta con recursos. El presupuesto ha mejorado, pero esta mejora en dólares -importante- no resulta tan grande cuando se mide “en ladrillos”. La evolución de los costos de la construcción es una de las causas explicativas pero no la única. Actualmente, el presupuesto anual en vivienda ronda el 0,5% del PBI mientras que algunas recomendaciones de la

UNESCO giran en torno al 2,5% del PBI. O sea, no pueden achacarse los magros resultados en vivienda al costo de la construcción, sino más bien, a la insuficiencia presupuestal. En el marco de la Reforma Tributaria de 2007, el impuesto afectado a la financiación del Fondo Nacional de Vivienda dejó de operar y el Fondo pasó a financiarse con Rentas Generales. A nuestro entender, eso implica un avance porque los tributos “afectados” dan menos margen de política. No obstante, para el caso de la financiación del FONAVI implicó legitimar una pérdida de recursos que venía operándose desde los ´90. El compromiso del Ejecutivo de ajustar el FONAVI con la evolución del IMS se cumplió, pero ejercicios realizados por nosotros dan cuenta de que de haberse mantenido la financiación “tripartita”, los recursos actuales serían al menos un 48% mayores. Asimismo, no sólo importa cuánto se gasta, sino cómo o en qué. Respecto al cómo, hay una forma de gastar que no suele entenderse como tal

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que son las exoneraciones tributarias. El instrumento “vedette” en política de vivienda está siendo la Promoción de Inversiones en Vivienda de Interés Social. Nuestros cálculos arrojan que la exoneración es de un 19% del precio final de venta, otras estimaciones rondan el 17%. Si bien es difícil estimar qué pasaría sin la existencia de la ley -ya que es probable que hubiera menos construcción y oferta que la actual- también es cierto que se está renunciando a recursos, para solucionar problemas de vivienda vía mercado, con productos que por sus costos, distan de satisfacer a los sectores populares. Además, en las zonas delimitadas para la intervención de dicha ley, los precios de las transacciones inmobiliarias parecen indicar cierto encarecimiento, lo que implica hacer más costoso aún, para el Estado, el acceso a tierras para otras políticas de vivienda.

distintas modalidades- son las que en promedio muestran “mejor calidad de la vivienda” ya que no se presentan prácticamente viviendas precarias o modestas. Parecería que la participación directa en la resolución de los problemas de vivienda por sus futuros usuarios, permite mejores resultados en cuanto a calidad, y lo más importante: mira la vivienda como valor de uso y no de cambio. Éste es un ejemplo tangible de larga data en nuestro país, que permite pensar direcciones distintas en el destino de los recursos.

Por último, analizando en qué se gasta, vale la pena estudiar algunos datos del Censo. En particular, las cooperativas de vivienda -en sus

Gonzalo Morel*

1. Creo que la incorporación de opciones de acceso a la vivienda que no impliquen la propietarización del bien (como garantía y subsidio de alquiler) es una línea interesante. Se debería desarrollar más, asegurando condiciones para la generación de oferta de vivienda de renta, que haga los precios de alquiler o leasing accesibles a la población objetivo. Parecería que la otra herramienta interesante, que es la ley de promoción privada para vivienda social, se ha desviado hacia sectores solventes de la demanda. La mayor carencia que veo es la dispersión de agencias y programas dedicados a diferentes aspectos de la vivienda social, pero sin una concepción integrada del acceso por parte de la población, ni una visión coherente (muchas veces claramente contradictoria), que constituya un sistema. Además, dentro de la multiplicidad de alternativas, hay poco espacio para que sea la familia la que elija dentro de una variedad de opciones equivalentes.

* Arquitecto, docente de la Facultad de Arquitectura-UdelaR, integrante del instituto “Ciudad y Región”.

2. Los aspectos prioritarios para un nuevo plan creo que serían:

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- Incorporar la variable territorial en las políticas de vivienda. - Priorizar la inserción urbana de las viviendas y la sostenibilidad socio-espacial de las ciudades como aspecto central. - Universalizar el acceso al apoyo estatal, evitando los desvíos y la incidencia indebida de grupos de presión. Facilitar una mayor participación y capacidad de decisión a las familias y a la sociedad civil. - Recomponer el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización, y hacer explícitos todos los recursos invertidos en vivienda social (subsidios, créditos, gastos operativos y financieros). - Ampliar el espacio para la producción de vivienda con iniciativa del sector privado, tanto con promotores comerciales como de la sociedad civil organizada, a la que se le transfieran recursos y competencias.

de desarrollo urbano de las intendencias. La implantación de las viviendas, la escala, la relación con los tejidos consolidados, son parte esencial de la calidad de vida de las familias. En esta coordinación, las intendencias deberían asumir un rol proactivo, poniendo a disposición suelo urbanizado, en concordancia con sus planes de desarrollo y la optimización del uso de los activos instalados. Por otro lado, generando una mayor oferta de opciones de promoción y financiamiento, más allá de la forma de agrupamiento, modo de gestión o ubicación territorial. Asimismo, entiendo esencial para la sostenibilidad urbana, la intensificación de los tejidos y la mezcla de grupos sociales y de usos en un mismo territorio. Para esto hay varios aspectos a modificar e incorporar a los programas existentes, en cuanto a cartera de tierras, imaginario urbano de los usuarios, modos de gestión, promoción y financiamiento, cambios en la ley de PH, etc. Hay experiencias piloto que incorporan algunos de estos aspectos, pero sin la continuidad necesaria para un impacto tangible y sostenido.

3. Por un lado las agencias de vivienda social deberían coordinar sus acciones con los planes

Salvador Schelotto*

1. Con la relatividad del caso apunto como principal logro, entre muchos, la continuidad y coherencia de las políticas y lineamientos de acción diseñados e implementados desde 2005, que lograron discontinuar y revertir orientaciones de políticas y situaciones anteriores claramente inconvenientes (entre tantas, aquella fascinación por los “núcleos básicos evolutivos”). Como la mayor carencia, señalo los déficit de calidad y la insuficiencia en la integración de las acciones en materia de vivienda con las intervenciones efectivas en el contexto urbano que la comprenden, así como la persistencia cultural de un enfoque reduccionista de la cuestión de la vivienda “social”, desapegado de las consideraciones contextuales y de entorno físico y social, muchas veces deudor de las urgencias y las presiones de la demanda.

* Arquitecto, ex Director de Planeamiento Urbano de la Intendencia de Montevideo y ex Decano de la Facultad de Arquitectura, UdelaR.

Y como comentario general, asumiendo que los propósitos y las intenciones declaradas son absolutamente compartibles -y los recursos asignados siempre menores que las necesidades a atender- señalo que es absolutamente necesa-

rio el ejercicio de identificar cómo aplicar y ejecutar bien esos recursos escasos, de modo eficaz y eficiente, para producir las transformaciones deseadas sin generar, a su vez, externalidades o efectos contrarios a los buscados. 2. Precisamente, hacer énfasis en todo cuanto contribuya a fortalecer y priorizar aquellas líneas que aporten a integrar las acciones en materia de hábitat residencial con las intervenciones en materia de suelo, de infraestructura y de equipamiento urbano, así como profundizar en la coordinación interinstitucional, afirmando la transversalidad de las políticas y acciones que converjan en el territorio (sociales, económicas, culturales, educativas, institucionales), de modo de consolidar los resultados. Y a la vez, en términos de territorios, priorizar las intervenciones en la ciudad existente, de modo de optimizar el uso de infraestructuras, tejidos y espacios urbanos, apostando a fortalecer las capacidades físicas y espaciales instaladas, aprovechando recursos disponibles y actualmente con baja utilización. Promover la intensificación de los

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tejidos residenciales, procurando alcanzar mayores densidades habitacionales y de población en las áreas ya urbanizadas, y la mayor diversidad/ mixtura de usos y social. Desalentar toda acción pública y/o privada que suponga la extensión del suelo urbanizado, con fines residenciales. 3. Se trata de una cuestión mal resuelta en nuestra praxis a nivel nacional. Se continúa con la implementación y habilitación de acciones e iniciativas en materia de “vivienda” disociadas y aun contrapuestas respecto a las directrices y previsiones aprobadas en materia de planificación y ordenamiento urbano y territorial. Esto podría superarse si se lograra una aplicación integral de la legislación vigente (ley 18.308, de Ordenamiento y Desarrollo Territorial Sostenible, entre otras), completando su reglamentación y fortaleciendo las capacidades institucionales para poder así desarrollar y sobre todo para poder gestionar bien los instrumentos que ella instituye, implementando una mayor integración sistémica de las acciones públicas en materia de vivienda -en los diferentes niveles de gobierno-

con la planificación y con las múltiples acciones que éstos impulsan en materia territorial. Dentro de este punto, en la medida en que uno de los problemas más graves de nuestros entornos urbanos sigue siendo la presión por extender la superficie urbanizada y ocupar territorios más extensos con bajísimas densidades y escasa calidad, estimulando la precarización, debe ser priorizada la consideración del suelo urbano como bien público social, a partir de la función social de la propiedad territorial, cuyo manejo es una cuestión de gobierno (“bien común”). Con esta visión, e integrando los esfuerzos públicos con la participación social de actores institucionales, sociales y empresariales, es posible instrumentar intervenciones con sentido redistributivo que incorporen valores a promover, como lo son la calidad urbano-arquitectónica y la innovación, conjugándolos con la sustentabilidad económica y social.

Juan Carlos Siázaro*

1. Han sido logros: normalizar la acción ministerial, dirigiendo la rehabilitación como una forma de reducir el déficit; profundizando la política de subsidios; sustituyendo las artificiales y no sustentables rebajas colectivas de cuotas; incorporando la política de alquileres más accesibles para jóvenes familias, y para núcleos monoparentales de tercera edad, descomprimiendo la demanda más urgente de cupos de nueva vivienda.

* Arquitecto, asesor durante más de tres décadas de cooperativas de ayuda mutua y ahorro previo en Paysandú, donde fue Jefe de la Regional del Centro Cooperativista Uruguayo.

Y considero carencias: A) PIAI-reasentamientos: no se logró romper el círculo vicioso “hogarentorno”, creando programas más chicos (mediante una “dispersión habitacional”); B) Falta reasegurar la debida función de algunos IAT (por confusión de roles), sin exceder sus atribuciones y su imprescindible independencia respecto a proveedores y sub-contratistas; y ajustar la autogestión (frente a indebida delegación de decisiones o no funcionamiento de sus órganos estatutarios de contralor) en algunos programas que han generado perjuicios a sus aspirantes; C) Interferencia de entidades privadas (promotoras de “habitaciones precarias” y hasta de “estadísticas propias”), sin concierto ni coordinación con

los programas oficiales; D) Insuficiente legislación en materia de voluntariado profesional. 2. Debería incluirse la financiación de la adquisición de tierras (con la participación municipal); aumentar los cupos anuales para financiar cooperativas; instituir planes que incluyan el fortalecimiento de las Escuelas como centros sustentantes de los proyectos PIAI impulsando: inclusión, sentido de pertenencia y empoderamiento, contracíclicos o reductores de la tolerancia barrial hacia el delito. 3. En el crecimiento de las ciudades intervienen: A) los gobiernos departamentales legislando en materia de urbanismo y edificación (en el marco de leyes vigentes); B) agentes privados (cooperativas u otros emprendedores) ubicándose donde les es posible o conveniente, y: C) el gobierno nacional, proporcionando la financiación. No alcanza con las disposiciones urbanísticas (zonificaciones, directrices departamentales, etc.) porque los usuarios son los que disponen de los recursos monetarios y actúan en función

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de ellos. El gobierno nacional, en la actualidad, no financia compras de predios ni decide sobre las ubicaciones (siempre que se encuadren en las directrices departamentales). Para articular y concretar esa forma de crecimiento, sería necesario: I. Los gobiernos departamentales podrían agregar a sus prerrogativas legales y constitucionales, otras acciones (también legales) como un mayor condicionamiento en materia de fraccionamientos, para optimizar el “rendimiento” de los servicios en determinadas zonas urbanas1, con el agregado de apoyo de recursos centrales, en la medida que, para todos, se alivia “el costo urbano”. II. El MVOTMA tendría que destinar ciertas partidas de su presupuesto para financiar adquisiciones de predios2. El Art. 81 de la Ley Nº 13.728, en la redacción dada por el Art. 1° de la ley 16.237, prevé, en efecto, la potestad de financiar compras de predios, además de los ya conocidos destinos para préstamos de construcción3.

III. De este modo, con ambas acciones concertadas, se ordenaría el crecimiento, y su sustentabilidad se fortalecería porque habría fondos (municipales o nacionales) “sobrantes”, de la no afectación a extensiones inapropiadas de redes públicas o dotación innecesaria de equipamientos urbanos. No se trata de sustituir el libre juego de la oferta y la demanda, sino de incorporar a él, algunas acciones oficiales con sentido equilibrador en el aspecto urbano y social.

1 En Fray Bentos, en 1972, nos tocó vivir una experiencia concreta: el gobierno departamental decretó un “Área de Desarrollo Urbano Preferencial”, con prohibición de fraccionamientos menores y otras condicionantes urbanísticas. De ese modo, los propietarios solamente podían vender esos predios baldíos a emprendimientos de vivienda colectivos, abatiendo sus precios y logrando un mayor rendimiento del equipamiento urbano existente o a construirse. Así, de haberse persistido, se hubiera contribuido a regular el crecimiento ordenado de esa ciudad. (Ref.: Arq. Omar Britos, a cargo de las áreas de arquitectura y urbanismo en aquel entonces). 2 A partir de 1973, y por la iniciativa conjunta de las cooperativas sanduceras y el Centro Cooperativista Uruguayo, se logró que la entonces DINAVI, y luego el BHU, fueran adquiriendo grandes predios en Paysandú, que fueron vendidos luego a aquellas organizaciones (e incluso destinados a programas habitacionales del propio BHU). Ello provocó un ordenado crecimiento urbano que hoy es valorado por técnicos y políticos. (Ref.: artículo en libro “Una historia con quince mil protagonistas. Las Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua Uruguayas”, editado por Junta de Andalucía e Intendencia de Montevideo, 2ª. Ed. 2008). 3 El inciso final de ese artículo dice: “El fondo creado por esta norma se destinará a la ejecución de la política de vivienda, a la adquisición de tierras, a la realización de servicios de infraestructura urbana y de servicios comunitarios mínimos”.

Eduardo Steffen*

1. Desde mi punto de vista, sin lugar a dudas, el principal logro de la actual política de vivienda es la concreción de la Ley 18.795 de Promoción de Vivienda de Interés Social (VIS) reglamentada en octubre de 2011. En efecto, en algo más de dos años hay más de ocho mil viviendas ingresadas para su aprobación en la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), que se encuentran en diferentes etapas del proceso, lo que ha sobrepasado las expectativas que se tenían por parte del gobierno, que preveía la construcción de seis mil en el quinquenio. Esta Ley ha incentivado a los promotores a efectuar emprendimientos en zonas de la ciudad en las que el capital privado no invirtió durante decenios y cuya revitalización es especialmente importante desde el punto de vista urbanístico, ya que poseen todos los servicios. Se está dando solución entonces a la necesidad de vivienda de un sector de la población con ingresos medios.

* Arquitecto, empresario vinculado casi medio siglo a la Promoción Privada y Secretario General de la Asociación de Promotores Privados del Uruguay (APPCU).

Por su propia estructura la Ley 18.795 no es capaz de resolver el problema habitacional de los sectores medio-bajos y bajos de la población. Ahí creo que está la mayor carencia de la actual polí-

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tica de vivienda, que no ha incentivado eficientemente mecanismos que hagan accesible la vivienda a los deciles de ingresos familiares más bajos. 2. En cuanto a la Ley 17.895, visto que el 75 % de los emprendimientos se promueven en zonas donde no existe tope de precio de venta, estimo que se debería extender esta modalidad a todo su ámbito de aplicación, es decir a todo el país, exceptuando desde luego las zonas costeras. En segundo lugar, y siempre dentro de la VIS, crear zonas de preferencia, en coordinación con las Intendencias, en las cuales se den mayores beneficios a los adquirentes (subvención en la tasa de interés, exoneración durante un lapso de 10 años de la contribución inmobiliaria y tributos domiciliarios) de manera que los beneficios puedan llegar a sectores de menores ingresos. Por otro lado, incentivar la política de vivienda cooperativa y la ayuda mutua, dando mayores exoneraciones fiscales a la construcción que se efectúa bajo esta modalidad.

Pero existen sectores para los cuales ninguna de estas modalidades puede llegar y ahí es donde se debe concentrar la inversión de los recursos limitados que posee el Estado. 3. Compatibilizar los planes de vivienda con un crecimiento armónico y sustentable de las ciudades es un ideal que hemos perseguido desde siempre quienes nos hemos interesado en este tema. Sería fácil decir que las Intendencias tienen la potestad de la planificación territorial conjuntamente con el MVOTMA y que de ellos depende que se cumpla este objetivo. Creo sin embargo que ese objetivo no es ajeno a la instrumentación de políticas económicas que prevean los altibajos de los ciclos económicos y que no pasemos de tener un sector que ocupaba a 20.000 trabajadores en el año 2002 a uno que le da empleo a 70.000, como está ocurriendo en este momento, si de esta manera podemos evaluar la actividad de la construcción.

Las políticas habitacionales en la ciudad injusta Raúl Fernández Wagner

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La urbanización capitalista La tasa de urbanización mundial ha aumentado dramáticamente, mientras las relaciones de producción e intercambio capitalistas se imponen dominantes, a tal punto que: “la ciudad adquiere un rango destacado en el proceso de acumulación capitalista” (Harvey, 2003) y el modo en que este proceso se sustenta lo hace basado “en el individualismo y la consecuente juridicidad que otorga a la propiedad privada y la persecución de rentas, un estatus privilegiado”. El formalismo jurídico de la propiedad privada del suelo es un proceso relativamente reciente (no más de 200 años) (Congost, 2007), cuya consolidación abarca desde mediados del Siglo XIX hasta los del XX, pero toma verdadera escala en la reciente expansión mundial, con la caída del sistema soviético y la entrada en las for-

mas occidentales de producción y consumo de grandes países asiáticos. Se da entonces una transformación donde países con sistemas de propiedad colectiva, comunitaria u otras formas ancestrales, organizan rápidamente un mercado del suelo, desarrollando un proceso de urbanización explosiva, con booms de los mercados inmobiliarios y enormes ganancias por rentas urbanas extraordinarias. La expansión mundial de la “urbanización capitalista” acrecienta su incidencia social al conjugarse con el avance global del neoliberalismo y poco después ya se comprueba que juntos constituyen el fenómeno más preocupante respecto a cambios negativos en las condiciones de vida y el ecosistema. Esta brutal y nueva escala de los procesos territoriales ha llevado a que el debate académico y la lucha social se centren en la cuestión de los derechos y en su dimensión espacial.

Se pone así en foco el análisis de la articulación compleja entre propiedad privada del suelo y modo de producción y apropiación de rentas por los propietarios, con énfasis en el marco institucional, que otorga resguardos jurídicos para que ésta sea la forma dominante en la producción del espacio. En el estadio actual de la urbanización “los inalienables derechos de la propiedad privada y la tasa de ganancia se sobreponen por sobre cualquier otro tipo de derechos que podrían concebirse como inalienables” (Harvey, 2003). La expansión global capitalista se asocia entonces a una extensión y profundización de las transacciones en “libre mercado”, con sociedades dominadas por la acumulación del capital vía intercambio en él e inevitables consecuencias sociales por el hecho que el libre mercado no es justo ni perfecto, pues: “nada es más desigual que el tratamiento igualitario de los desiguales”

(que es precisamente lo que el libre mercado hace, con lo que) “incrementa la desigualdad mediante el intercambio igualitario” (Harvey, 2003). Toma forma así la ciudad injusta, como una maquinaria que bajo formas legales excluye, segrega, fragmenta y oprime mediante las relaciones mercantiles. La ciudad se convierte así exactamente en lo contrario que se suponía: la posibilidad de acceder a los servicios complejos y cualificados de lo urbano y en consecuencia, un sistema virtuoso de integración y promoción económica, social y de democracia, para grandes grupos de población.

Espacio y neoliberalismo La expansión planetaria y la profundización de los alcances culturales del capitalismo en los últimos treinta años, están signadas por el desarrollo y/o imposición del neoliberalismo, concepción ideológico-política que es la más sofisticada y descarnada de las políticas antidemocráticas, supresoras de derechos y contrarias a la vida misma, destacándose la importancia que tiene en ello la dimensión espacial. El neoliberalismo logra instalarse como un proyecto normativo y constructor de otras relaciones sociales y por tanto espaciales, y las transformaciones territoriales de las últimas tres décadas muestran cómo la escala urbana ha venido constituyendo un registro espacial muy importante para el neoliberalismo, lo que se expresa de diferentes formas pero siempre se acompaña de procesos de desresponsabilización y desdemocratización ciudadana.

El mejor ejemplo de ello es que en el marco del neoliberalismo se alentó una gobernanza urbana basada en la competencia entre ciudades y/o entre partes de una misma ciudad, para “atraer” inversión de la economía global. Planes estratégicos y otras herramientas se usaron para facilitar la inversión externa en los territorios; privatizaciones, desregulación pública, concesiones graciosas para percibir rentas extraordinarias, autolimitaciones del poder público y/o incluso resignación de derechos ciudadanos en el uso y ocupación del espacio. Esto tuvo lugar en un escenario de desregulación de los mercados y financiarización de la economía, que posibilitó la emergencia de nuevos actores y nuevas instituciones que en forma sistemática redujeron la autonomía política y la gobernanza urbana1. Es notable lo sucedido con la privatización de servicios y empresas públicas o su reconversión en sociedades público-privadas, que hizo que la provisión de servicios estuviera basada en la capacidad adquisitiva de la población, vulnerando sus derechos al pasar de usuario con derechos a cliente, acrecentando enormemente las desigualdades sociales y territoriales. Lo más dramático ha sido la arrasadora capacidad (en tiempo y escala geográfica) del mercado inmobiliario para modelar el espacio urbano, que implicó toda resignación o la vulneración (cuando existían marcos jurídicos definidos) de la planificación territorial basada en principios distributivos y uso racional del suelo, para pasar a centrarse en megaproyectos propuestos por los inversores. Este proceso de “desplanificación” ha

menoscabado el control público de la producción y transformación del espacio urbano. Las “burbujas inmobiliarias” y sus efectos perversos, se basan en la existencia de territorios y reglas “liberadas”, que producen monoproductos que cuestionan la diversidad y riqueza de la vida urbana, con consecuencias sociourbanas muy negativas2. Los modelos económicos que han prevalecido desde los ´80 se basaron en reformas de los regímenes de administración y gestión de los bienes y servicios urbanos y habitacionales, que han estado compuestos por: a) un amplio despliegue, crecimiento y empoderamiento de las empresas globalizadas en el negocio inmobiliario; b) la expansión de los derechos de propiedad; c) la inversión inmobiliaria globalizada en el mercado de la vivienda y las garantías (securitización) y la promoción de una “sociedad de propietarios”; d) el reordenamiento del suelo en las ciudades y los barrios marginales que generan hipervalorizaciones; e) el nuevo rol (facilitador) del Estado en el área de la vivienda, y f) el efecto de la globalización de los migrantes y refugiados como demanda. La idea que los mercados pueden regular racionalmente la producción de vivienda, así como el papel cada vez mayor de la inversión en ella en un sistema financiero integrado a nivel mundial dio lugar a la formulación de políticas públicas que alejan cada vez más al Estado de la esfera social. El neoliberalismo tiene una concepción claramente estructurada sobre los modos de producción y gestión del espacio urbano y residencial. Su resultado es que las ciudades de América Latina se han poblado de periferias residenciales

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Asentamientos en bañados de Carrasco, Fotografía Servicio de Medios Audiovisuales-Farq

segregadas comandadas por las “rentas hedónicas” mientras las nuevas formas de producción del espacio residencial son fuertemente direccionadas por la “securitización territorial” que inducen los mercados, como bandera de ventas. Ello refuerza las diferencias socioespaciales, reflejadas en ciudades fragmentadas que favorecen los enclaves fortificados, muros, segregación física, etc. Lo que Soja (2001) denomina “geografía carcelaria” se compone también del incremento de la “securitización dispar” de zonas protegidas por policías públicas o privadas, o cámaras que acentúan diferencias en la ciudad dividida. En la sociedad estadounidense es común que las prácticas espaciales de la “home defense” se basen en el emprendedurismo que el neoliberalismo propicia. Ellas configuran un sujeto ansioso, inseguro y crecientemente enojado, que

demanda “seguridad absoluta como derecho”. Esa neurotización hace que existan ciudadanos que reclaman derechos, pero temen a la democratización, a la convivencia con los diferentes y produce en términos espaciales una urbanización por “enclaves” autosegregados que llegan a plantear su completa autonomía política en términos territoriales, dando forma modo al súmmum anarquista de la utopía privatista, que en EE.UU. se denomina precisamente: “privatopía”. El neoliberalismo, al tiempo que propone murallas desarrolla una ruptura de la horizontalidad keynesiana (de los derechos de segunda generación), propiciando un rol focalizado de toda acción estatal, que produce que se recalibre en forma multiescalar su compromiso social y defensa de derechos; ejemplo, el incremento de las políticas contra la inmigración y la “población en

1 La Relatora Especial de ONU sobre el Derecho a la Vivienda Raquel Rolnik sostiene: “En un contexto de globalización de los mercados de vivienda y finanzas inmobiliarias y de políticas de ajuste económico, las ciudades se han vuelto incosteables para sus habitantes de más bajos ingresos y, cada vez más, para los grupos de medianos ingresos. (…) El mercado se ha convertido en la institución reguladora (…), mientras que el Estado ha ido abandonando la gestión de la vivienda de protección oficial. Esto ha contribuido a que se arraigue la idea de que la vivienda es una simple mercancía y un activo financiero, y a que se descuiden los demás aspectos del derecho a una vivienda adecuada”. (Rolnik, 2009). 2 En España, la financiarización del mercado de hipotecas y el traspaso de responsabilidades del Estado a los inversores (potestades de planificación y uso del suelo), desataron una sobreproducción habitacional que generó serios problemas ambientales y urbanos, además de la desposesión de los deudores morosos mientras miles de viviendas están vacías. En México, esas “libertades” consumieron la tierra ejidal y hay más de 5 millones de viviendas vacías.

“situación de calle”, que promociona una nueva forma de “ciudadanía ilegal” alimentada por expresiones xenofóbicas y discriminatorias. También debe analizarse la acción del neoliberalismo respecto a los desalojos forzosos, que son claras violaciones de los derechos humanos. Partiendo de situaciones que se analizaban como particulares de cada ciudad, se tomó consciencia de su alcance general, mundial. Un reciente reporte asegura que “Los desalojos forzosos causados por el mercado se han incrementado en todo el mundo, con efectos devastadores para millones de niños, mujeres y hombres” (IHR, 2011). La responsabilidad de la construcción colectiva de lo urbano ha sido debilitada grandemente, dejando a cada ciudadano a su suerte, con una desdemocratización de los espacios urbanos y el acentuamiento de la desigualdad espacial. Ello implica un gran desafío para lograr avances en términos de justicia espacial, pues la capacidad de gobierno de las ciudades se debilita al incrementarse las formas espaciales de la ciudad fragmentada. En este proceso, burbujas inmobiliarias y expansión de los mercados habitacionales se asocian con la expansión del mercado informal del suelo, el cual no es causado por la pobreza, sino consecuencia de ella (Smolka, 2007). La pérdida de la autonomía política del gobierno urbano y la disminución de sus capacidades de decisión en favor de las fuerzas del mercado, contrarias al desarrollo de políticas urbanas con objetivos igualitarios, redunda en la impotencia o complicidad (según el caso) del gobierno urbano frente a las fuerzas

que subordinan el bien común a las tasas de ganancia. Para llegar a esto fue necesaria una “despolitización” del abordaje de las inequidades socioespaciales, para evitar que se adjudique la responsabilidad a fallas políticas y/o sistémicas, y en cambio se transfiera a los comportamientos individuales. El mayor éxito del neoliberalismo fue aumentar el control del excedente en el proceso de urbanización por parte del capital financiero.

Los derechos, el derecho a la ciudad Frente al proceso capitalista que deconstruye el sentido de lo que la ciudad ha implicado para la vida humana, confluyen líneas de pensamiento asociadas a los procesos de lucha social y política, que encuentran a la academia y los movimientos sociales unidos en torno al “derecho a la ciudad”, luchando por un mayor control sobre la producción y utilización del excedente, y por instituir la gestión democrática y la participación en un marco de vigencia de derechos. Lefebvre, probablemente influenciado por el Mayo del 68, escribe “El derecho a la ciudad”, que se transformará en un hito para la teoría urbana y factor de influencia en los análisis de la geografía urbana, particularmente en autores como Harvey y Soja, constituyendo la referencia del uso de ese concepto y de las discusiones sobre la “justicia espacial”. Lefebvre abre la puerta a una más profunda y compleja comprensión de la producción del espacio, particularmente en la “reproducción de las relaciones sociales de producción” con referencia a las percepciones y

prácticas espaciales, punto crucial que refiere a que “el espacio es un producto social o una construcción social compleja (basada en los valores y la producción social de significados) que afecta las prácticas espaciales y las percepciones”. Sostiene que la producción social del espacio urbano es fundamental para la reproducción de la sociedad y en consecuencia para el capitalismo y por tanto está comandada por las clases hegemónicas como forma de reproducir su dominación. “El espacio producido también sirve como una herramienta de pensamiento y de acción (...); además de ser un medio de producción es también un medio de control, y por lo tanto de la dominación, del poder” (Lefebvre, 1968). Esto se relaciona con la idea de Gramsci que el control social se mantiene no sólo por la violencia y la coacción política y económica, sino ideológicamente, mediante una cultura hegemónica en la que los valores de la burguesía se convierten en los del “sentido común” para todos. Así se desarrollará un consenso donde la clase obrera identificará su propio bien con el bien de la burguesía, por lo que estará más propensa a ayudar a mantener el statu-quo en lugar de cambiarlo por la vía revolucionaria. Lefebvre sostuvo que todas las sociedades –y todos los modos de producción– producen un determinado espacio, su propio espacio. Entonces, cualquier “existencia social” que aspira a ser declarada real, pero que no produce su propio espacio, sería una entidad extraña, una abstracción incapaz de escapar de lo ideológico. Por ello, cuando se retoma el punto de partida fundamen-

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tal de la teoría de Lefebvre, es porque en sus escritos se reconocen las bases para el análisis crítico de las tendencias regresivas en los procesos de desarrollo urbano. Justamente, como las consecuencias del neoliberalismo (desigualdad, privación de derechos) provocan una preocupación generalizada, los científicos sociales vienen desarrollando un importante trabajo teórico y empírico, mientras los movimientos sociales que se manifiestan en las ciudades vienen utilizando el concepto del “derecho a la ciudad”3. Movimientos que han partido de luchas basadas en identidades específicas de la diferencia (como origen étnico, clase, sexualidad, género, edad, discapacidad, personas sin hogar), desarrollan reclamos por la justicia económica, ambiental, social y territorial. Las dimensiones que adquiere la lucha social así como la investigación teórica y empírica, aborda temas como el pleno ejercicio de la ciudadanía para todos los habitantes de zonas urbanas y las luchas por el uso del espacio público. Se alienta una emancipación urbana basada en garantías para la participación política y de la comunidad y la gestión democrática en el destino de las ciudades. Las iniciativas para un mayor bienestar colectivo de la población urbana comprenden el transporte público (ciudades accesibles); los derechos al agua y al suministro de los recursos o del medio ambiente; de la salud; la preservación ambiental y patrimonial; el acceso a la información pública; el derecho de la mujer a la ciudad; los de los inmigrantes, así como los de asociación, reunión, expresión y uso democrático del espacio público.

Proyecto de viviendas Nostrum Plaza. Fotografía tomada de http://bit.ly/1ma8LyW

También derechos relacionados con la planificación urbana; el desarrollo urbano sostenible y equitativo; la función social del uso del suelo; el derecho a la tierra urbana que incluye regularizar las ocupaciones de poblaciones carentes, y también los procesos del mercado o de renovación urbana que producen gentrificación y/o desplazamientos de población. Estas dimensiones muestran que la relación entre las categorías de espacios sociales y humanos es vital, especialmente con las categorías de clase, raza y género. “El espacio social no es simplemente la consecuencia de la división del mundo en categorías sociales, sino que es constitutiva de las categorías sociales” afirma Lefebvre. Si lo que somos está ligado con el lugar, no sólo es que habitamos una ciudad dividida, sino que la ciudad dividida nos habita.

3 El Habitat International Coalition (HIC) junto a organizaciones sociales de base, lideró el embate contra las posiciones conservadoras de los gobiernos que no estaban dispuestos a reconocer derechos espaciales, particularmente el derecho a la vivienda, en los debates previos a la cumbre de Habitat II (Estambul, 1996), utilizando -e instalando- ese concepto.

derechos individuales, y el peligro de cooptación de las campañas separadas para los derechos distintos. También el riesgo de simplificar en exceso, como se tomó incluso de las palabras de Lefebvre, cuando argumentó que el “Derecho a la Ciudad” es el derecho a “la vida urbana, a la centralidad renovada, a los lugares de encuentro e intercambio, a los ritmos de vida y la utilización del tiempo, permitiendo el uso total y completo de momentos y lugares...” significado que Harvey (2008) amplía señalando que el concepto de Lefebvre “no es simplemente un derecho de acceso a lo que ya existe (en la ciudad), sino (…) a cambiarlo siguiendo el deseo de nuestro corazón.” Proyecto de viviendas en bañados de Carrasco, Fotografía Servicio de Medios Audiovisuales-Farq

Sundstrom (2003) sostiene que transformar las categorías sociales pasa por transformar el espacio social. Cuando se agrupa personas por categorías, se realiza espacialmente: si se agrupa por raza, se tendrán espacios racializados, y dado que nuestro espacio nos habita, cuando se divide espacio no se puede dejar de inscribir y producir categorías e identidades asociadas a esas divisiones: con espacios racializados se tendrán diferencias por raza. Respecto a puntos como los incluidos en algunas cartas por el derecho a la ciudad, como la de HIC o la europea (Saint Denis, 2000), Peter Marcuse (2010) sostiene que “hay una diferencia entre los derechos en las ciudades (en plural) y el derecho a la ciudad (en singular)” y alerta sobre el riesgo de simplificar en exceso cómo se dividen los

El derecho a la ciudad, difuso y colectivo (como el derecho al medio ambiente), implica un proceso de construcción de conocimiento sobre la ciudad y también una búsqueda relacionada con la lucha social por el desarrollo de ciudades más justas y equitativas.

Justicia espacial Un interesante encuentro entre los campos del análisis jurídico y espacial se ha desarrollado recientemente, bajo la creciente influencia de los avances en el campo de los derechos humanos, influenciando enormemente el pensamiento espacial -propio de la arquitectura, el urbanismo y la geografía urbana- de un modo que permite romper las ataduras de las nociones “cartográficas” del espacio como mero contenedor de las actividades humanas.

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En este marco es donde la espacialidad de la justicia y la injusticia está siendo considerada –aún incipientemente– en el campo teórico-conceptual y también en los procesos de lucha social por mayor justicia y democracia, creciendo los intentos de vincular sus diferentes dimensiones con los marcos jurídicos del desarrollo urbano –considerados determinantes– asociados al desarrollo de instrumentos específicos, para regular la producción y consumo del espacio urbano.

recursos: acceso al trabajo, educación, salud, poder político e incluso estatus. Esto tiene una correlación con una más amplia injusticia social, pues no puede ser aislada de la construcción social -y sus logros de justicia social- en el tiempo. A su vez, los aspectos espaciales de la injusticia social en muchos casos la refuerzan, como es el típico ejemplo de las políticas habitacionales, que no siempre –o sólo en parte– operan en términos de mejora social.

Pensar en términos de justicia espacial enriquece la comprensión teórica de ciertos fenómenos de la urbanización contemporánea y abre nuevos análisis y una mejor transición con la experiencia de las luchas territoriales, permitiendo desentrañar claves en términos de justicia y democracia de estos fenómenos que no siempre son claras. Toda noción de justicia es naturalmente presentada con una necesaria condición de universalidad; el problema es que el nivel de abstracción que la formulación tiene, provoca una dificultad adicional para aplicar a situaciones concretas.

Existe una tradición en la geografía urbana para el desarrollo de cartografías sobre la desigualdad espacial. Se suelen distinguir tres dimensiones: a) el espacio absoluto, referido a una definida posición (inmodificable) en un sistema coordinado; b) el espacio relativo, referido a las distancias a un punto de referencia común en tiempo y espacio; y: c) el espacio relacional, referido a la posición respecto a espacio simbólico importante para determinadas personas o grupo social.

Soja (2008) sugiere que el pensamiento crítico espacial debe apoyarse en tres principios: a) la espacialidad del ser humano (somos seres espaciales así como temporales y sociales); b) la producción social del espacio: el espacio es socialmente producido y por lo tanto puede ser socialmente cambiado; c) la relación dialéctica espacio-sociedad (el espacio modifica lo social así como lo social modifica lo espacial).

No obstante, existen controversias sobre la noción de justicia espacial. Algunos autores europeos no aceptan todos sus alcances, señalando que esta noción está particularmente desarrollada en la urbanización y las políticas neoliberales americanas, pero debe considerarse de otra forma en el contexto europeo. Sin embargo, el actual desmontaje del Estado de Bienestar europeo y el ruinoso desarrollo de las políticas y prácticas urbanas que progresivamente vulneran derechos, generan un fuerte debate sobre el tema.

Una clara dimensión de la injusticia espacial es la distribución desigual en el espacio de los

Harvey (2008) plantea a su vez que la injusticia espacial es intrínseca al sistema capitalista, in-

justo en sí mismo, y que cualquier intento de ir a sociedades más justas, fracasa en el contexto capitalista; toda búsqueda de avanzar en justicia en la ciudad capitalista sin cambios estructurales, será inviable. Destaca que es necesario un cierto pensamiento utópico para promover cambios y se pregunta qué exigirían los movimientos urbanos y periurbanos de oposición. Seguramente, el control democrático sobre la producción y utilización del excedente, del que el proceso urbano es un canal esencial de uso. Por ello ese control es constitutivo del derecho a la ciudad. En la historia capitalista parte del plusvalor ha sido gravado fiscalmente, como en Europa en las fases socialdemócratas, pero el actual proyecto neoliberal procura la privatización de ese control.

La reforma urbana El proceso de urbanización profundamente desigual influencia a movimientos sociales y la academia en el desarrollo de un pensamiento crítico. Mongin (2006) afirma que “la lucha por el espacio urbano es hoy el equivalente a la lucha de clases del Siglo XIX” y Harvey (2008) advierte que nos encontramos en un proceso de acumulación capitalista donde “el espacio tiene un significado especial, dado que este proceso de acumulación sólo es posible mediante la desposesión”, aludiendo a la restricción, mediante diversas formas, de los derechos de apropiación y uso del espacio urbano. Esto se asimila a la noción de “expoliación urbana” que definiera Kowarick (1979, 1996) analizando las metrópolis brasileñas.

Proyecto de Hyatt Montevideo.

El incremento de las injusticias e incluso los conflictos territoriales conducen al resurgimiento de planteos sobre la necesidad de una “reforma urbana”. Ese debate en América Latina no es nuevo. Hardoy y Moreno (1973) ya lo planteaban, dadas las características del desarrollo económico de la región y el acelerado proceso de urbanización, en diálogo con los procesos de reforma agraria y lo realizado entonces por la Revolución Cubana. Afirmaban: “Los procesos de reforma agraria y de reforma urbana no constituyen un fin en sí mismo. Su objetivo primordial es la mejor integración de los grupos sociales urbanos y rurales a través de un proceso real de democratización del poder del estado”. Y advertían: “El concepto de reforma urbana (…) ha sido, empero, deformado teórica y legislativamente, confundiéndolo intencionalmente ya con un plan de viviendas de interés social, ya con normas legislativas que instrumentan controles de los precios de la tierra urbana o de

los arrendamientos, ya con un mecanismo para absorber la plusvalía creada por las obras públicas. Esta confusión es producto de la apropiación ideológica del concepto por quienes desean instrumentar políticas que superen los conflictos coyunturales manteniendo intactas las causantes estructurales.” Esto también se discutía en Colombia y Brasil donde, en 1997 y 2001 respectivamente, se realizarían importantes reformas legislativas, con los movimientos sociales enarbolando la bandera de la reforma urbana. La Reforma Urbana se entiende hoy como un proceso emancipatorio que debe restituir derechos territoriales, sobre un territorio que ya está regulado, pero no por el Estado. En ausencia de un marco de derecho a la ciudad y leyes de ordenamiento territorial, las fuerzas del mercado asumen un papel determinante en la regulación de la producción, apropiación y distribución del suelo, desplazando a la actuación del Estado.

La lucha por la reforma urbana procura la conformación de un marco jurídico donde derechos que hoy se encuentran subordinados, que contemplan intereses sociales, ambientales y culturales de las personas, de la comunidad y de la ciudad en su conjunto, sean considerados fundamentales por encima del derecho de propiedad, cuyo contenido es exclusivamente determinado por los intereses económicos de quienes buscan transformar la ciudad en escenario para la especulación y las ganancias individuales sin límites, creando así ciudades crecientemente excluyentes, que profundizan la segregación, caras e ineficaces, y que propician la injusticia y/o la ilegalidad. El eje de esta lucha está en la confrontación de la visión que se centra en la defensa de la propiedad individual absoluta en detrimento de otras formas restrictas o colectivas de derechos reales de propiedad. Modificar esto implica reformas legislativas que configuren otras prioridades del Estado, para que objetivos de inclusión social, integración territorial y sustentabilidad ambiental, pasen de derechos nominales a derechos efectivos. Para ello hay que vencer una fuerte tradición del legalismo que ve al derecho como un sistema objetivo, neutro y ahistórico, en que la ley es sólo un mecanismo de resolución de conflictos, en una tradición del formalismo jurídico que impide interpretaciones judiciales progresistas y provoca decisiones socialmente comprometidas con

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Bibliografía

otros valores y principios. Un proceso de reforma jurídico-urbanístico que corporice el derecho a la ciudad, debe sustentarse sobre otros principios, como la función socioambiental de la propiedad y de la ciudad, expresada en el concepto que el urbanismo es una función pública en el más amplio de los sentidos, lo cual enfrenta la realidad actual del desarrollo urbano, determinado solamente por los derechos individuales, que se ponen por encima de los derechos del Estado. Es imperioso revalorizar la planificación y la gestión urbana, para lo cual el principio estructurante del marco jurídico debe ser la indisociabilidad entre derecho y gestión urbana, permitiendo agrupar derechos colectivos interrelacionados: el derecho al planeamiento urbano (o sea, a vivir en ciudades planificadas, donde las cargas y beneficios de su construcción estén repartidos justamente); el derecho social a la vivienda; a la preservación ambiental; el que determina que las plusvalías urbanísticas son un bien social, y el derecho a la regularización dominial. Esas reformas jurídicas deben apoyarse en otras, políticas y legislativas, a darse en marcos locales o regionales y al menos en base a tres puntos: a) la afirmación del derecho a una amplia participación popular en la gestión de las ciudades; b) la descentralización participativa de los procesos de toma de decisiones, tanto en ciudades intermedias, como en los complejos casos metropoli-

tanos, con los consabidos problemas jurisdiccionales; y: c) la creación de un nuevo marco para que las relaciones con los intereses privados (empresariales, cooperativos o de la economía social) se desarrollen con transparencia y conforme a los principios centrales de esta reforma. Las actuales concepciones hacen que el valor social del uso del suelo se restrinja, afectando la capacidad estatal para lograr un desarrollo urbano más equilibrado e incluyente; por ejemplo, la idea obsoleta que el derecho de construir es accesorio al de propiedad, impide al Estado resarcirse por las valorizaciones extraordinarias dadas por la inversión pública, como si las ganancias que se obtienen por cambios en las normas urbanísticas fueran derechos adquiridos por los propietarios. El desarrollo residencial urbano está hoy conducido por poderosas fuerzas económicas y sociales que –legitimadas en términos políticos– imponen al resto de la sociedad una ciudad, una espacialidad, insoportablemente injustas. Por ello, la lucha emancipatoria por el derecho a la ciudad y la búsqueda de una nueva forma de justicia (espacial) demanda de nosotros construcción de conocimiento y un gran compromiso con el desarrollo de lucha social que pueda confrontar con el rumbo que tienen las actuales condiciones del desarrollo de la urbanización capitalista.

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FotografĂa de Andrea Sellanes, SMA-Farq

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FotografĂa de Gabriela Torres, SMA-Farq

Un estudio sobre Montevideo y su área metropolitana

Pobreza y vivienda en asentamientos y tejido formal Florentino Menéndez, con la colaboración de Sol Scavino*

*Florentino es licenciado en Sociología de la UdelaR, con diplomas en Investigación de Mercados y en Análisis de Datos Demográficos. Sus trabajos más conocidos sobre vivienda son “Condiciones de Vida en Montevideo”, realizado en el marco del INE, y Vivienda, en coautoría con Jack Couriel, para la colección Nuestro Tiempo. Sol es licenciada en Sociología. Trabaja en el Instituto Nacional de Estadística y en el Equipo de Sociología de Género del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales-UdelaR, siendo esta última área de estudio en la que se especializa.

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INVESTIGACIÓN

Este artículo describe la situación social y de vivienda de pobres y no pobres de Montevideo y su área metropolitana1 en 2013. Fue elaborado utilizando datos de la Encuesta Continua de Hogares. En él se presta especial atención a la localización de las familias en asentamientos irregulares2 o en el tejido residencial formal. Enfatizaremos en la situación de los pobres del tejido formal, ya que con frecuencia quedan invisibilizados, pues muchas veces se identifica pobreza con asentamientos. Pero la pobreza del tejido formal no puede ni debe ser olvidada: triplica en número a la de los asentamientos, de los cuales es su principal nutriente. Se estima que en años de gran crecimiento de los asentamientos (fines de los ochenta y década del 90) un 70% de los migrantes provino de la propia ciudad (Álvarez, 2000; Álvarez, 2011; Amarante & Caffera, 2003). En ocasiones lo hizo mediante ocupaciones organizadas, en ocasiones mediante la incorporación progresiva de familias (“goteo”).

No es suficiente con que haya pobres en el tejido formal para que haya fuertes desplazamientos hacia los asentamientos: hace falta, además, que esos pobres tengan un cierto grado de convicción que si ocupan no serán desalojados. Es necesaria al menos una cierta aceptación y apoyo estatal, explícito o implícito, a las ocupaciones irregulares: es el Estado el que puede proveer de agua, electricidad, tolerancia judicial (Álvarez, 2012a). Esta aceptación existió en épocas de máximo desarrollo de los asentamientos, pero ha ido desapareciendo. Los asentamientos ofrecen muy malas condiciones de vida en múltiples sentidos. Es notoria la peor condición de las viviendas, de sus entornos y servicios, que incrementan los problemas de salud entre sus habitantes y derivan en jornadas de trabajo perdidas, que a su vez significan más pobreza (Chiesa et al., 2012). Pero no es sólo esto: según Kaztman, Filgueira y Errandonea (2005), las personas que viven en asentamientos

1 En este trabajo se sigue la definición de área metropolitana del INE, que consiste en el conjunto de áreas amanzanadas de Canelones y San José sitas dentro de un radio aproximado a 30 km trazado desde el centro de Montevideo. 2 Se entiende por asentamiento irregular a los agrupamientos de más de diez viviendas, ubicados en terrenos públicos o privados, construidos sin autorización del propietario en condiciones formalmente irregulares, sin respetar la normativa urbanística.

Fotografía de Silvia Montero, Servicio de Medios Audiovisuales-Farq

tienen mayores dificultades para conseguir empleo por varias razones: a) tienen pocas posibilidades de interactuar en sus barrios con personas que ofrezcan fuentes de información y contactos útiles para la obtención de empleos; b) sufren discriminación por la mala imagen de sus lugares de residencia; c) viven en barrios de alta densidad de precariedades, en donde a menudo cristalizan subculturas delictivas que ofrecen modelos alternativos a los del trabajo para satisfacer las aspiraciones de consumo. y: d) no ven en sus barrios modelos de rol exitosos en donde el esfuerzo laboral se vea adecuadamente recompensado. También según Kaztman et al. (2005), cuanto más pobre es el vecindario, habitualmente es mayor la situación de inseguridad, y cuanto más bajo el clima educativo en el barrio, mayor la probabilidad de deserción del sistema educativo.

Los asentamientos son también problemáticos para el Estado, que ve cómo pierden densidad de población barrios consolidados, con la consiguiente dilapidación de infraestructuras y viviendas, y cómo la ciudad se extiende de manera inconveniente, con elevados niveles de segregación residencial. A esa extensión anárquica deberá seguir, tarde o temprano, la prolongación de las infraestructuras viales, de evacuación de excretas, redes de alimentación de agua y energía eléctrica, entre otras, con los correspondientes costos de inversión inicial, de funcionamiento y conservación. Por otra parte, las viviendas construidas en localizaciones particularmente inadecuadas (terrenos inundables, contaminados por plomo, etc.) deberán ser realojadas. Todo esto genera problemas urbanos y económicos enormes.

Por todo lo anterior, se torna imprescindible tener muy presente la situación de los otros pobres, los pobres del tejido formal, de forma de poder llevar políticas preventivas que minimicen nuevos desplazamientos.

Pobres según ingresos en asentamientos y en el tejido formal El 14,4% de las personas que viven en Montevideo y su área metropolitana son pobres: los ingresos de sus hogares no alcanzan la llamada línea de pobreza (monto mínimo necesario para comprar una canasta alimentaria y otra no alimentaria de bienes y servicios básicos)3 (Tabla 1). De quienes viven en asentamientos es pobre el 49,6%, y de quienes viven en el tejido formal es pobre el 11,3%. En los asentamientos se concentra la pobreza.

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INVESTIGACIÓN Tabla 1 Personas, por condición de pobreza, según localización de la vivienda (Porcentaje por fila) Total

No pobre

Pobre según ingresos

Total

100,0

85,6

14,4

Asentamiento

100,0

50,4

49,6

Tejido formal

100,0

88,7

11,3

Fuente: Elaboración propia en base a INE - ECH 2013

Tabla 2 Personas, por condición de pobreza, según localización de la vivienda (Porcentaje por columna) Total

No pobre

Pobre según ingresos

100,0

Asentamiento

8,1

4,8

28,0

Tejido formal

91,9

95,2

72,0

Total

Fuente: Elaboración propia en base a INE - ECH 2013

El 8,1% de las personas vive en asentamientos y el 91,9% vive en el tejido formal (Tabla 2). La gran preponderancia del tejido formal hace que allí residan la mayoría de los pobres. De cada 100 pobres, 72 residen en el tejido formal y 28 en asentamientos. En definitiva: los asentamientos son el lugar donde la pobreza está más concentrada; pero zes el tejido formal el que acoge, en forma más difusa, a tres de cada cuatro pobres.

Caracterización de la población pobre y no pobre, según vivan en asentamientos o en el tejido formal A continuación se mostrarán algunos rasgos demográficos y sociales de la población de Montevideo y su área metropolitana. Anticipamos la conclusión:

hay más homogeneidad en la situación de los pobres que en la situación de los asentados irregulares. Dicho de otra manera: los pobres de los asentamientos se parecen más a los pobres del tejido formal que a los no pobres de los asentamientos. Los hogares con más integrantes son los pobres, estén en asentamientos o no. Los hogares pobres de los asentamientos son los más numerosos (media de 4,5), seguidos de los pobres del tejido formal (4,1) y de los no pobres de los asentamientos (3,2) (Tabla 3). Entre los no pobres del tejido formal, el promedio baja a 2,7. El mismo fenómeno, analizado desde otras cifras: el porcentaje de hogares con 7 o más miembros es máximo en hogares pobres, ya sean de asentamientos o del tejido formal (14,4 % y 11,5%). En cambio, entre los no pobres las cifras son mucho menores: 3,0% en asentamientos y 1,1% en el tejido formal.

3 La línea de pobreza utilizada es establecida según la Metodología 2006 del Instituto Nacional de Estadística.

Tabla 3 Características de la población pobre y no pobre según lugar de residencia (asentamientos o tejido formal) Pobres en asentamientos

Pobres en tejido formal

No pobres en asentamientos

No pobres en tejido formal

Integrantes por hogar (media)

4,5

4,1

3,2

2,7

Hogares con 7 o más miembros (%)

14,4

11,5

3,0

1,1

Hasta 14 años

43,7

39,4

25,2

17,1

De 15 a 59 años

52,0

54,5

63,4

61,6

60 o más años

4,3

6,1

72,0

21,2

61,71

50,63

27,17

22,96

Activos

58,5

59,5

69,3

65,7

Desocupados

16,2

17,3

7,3

5,7

Empleados

49,0

49,2

64,2

61,6

Tramos de edad (%)

Índice del número de niños (de 0 a 4 años) por mujer fecunda(15 a 49 años)(x 100) Tasas de actividad, empleo, desocupación y no registro al BPS (%)

No registro ante el BPS

61,5

57,4

26,6

15,7

Personas de 16 años o más sólo con primaria completa o menos (%)

49,8

42,9

40,4

19,7

Rezago entre niños que concurren a la escuela (%)

23,2

15,6

12,6

4,8

Fuente: Elaboración propia en base a INE - ECH 2013

Los hogares pobres son los que tienen mayores porcentajes de menores de edad. En efecto, el 43,7% y el 39,4% de los integrantes de los hogares pobres de asentamientos y del tejido formal tiene 14 años o menos, frente al 25,2% y al 17,1% de los no pobres de asentamientos y del tejido formal. De forma esperable, las mujeres pobres (en asentamientos o en el tejido formal), son quienes muestran mayor número de hijos por mujer fecunda. La situación laboral de los pobres de los asentamientos y del tejido formal es muy similar entre sí en cuanto a tasas de actividad4, desocupación5, empleo6 y no registro al BPS (actividad: 58,5 y

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Fuente fotográfica Servicio de Medios Audiovisuales-Farq

59,5%; desocupación: 16,2 y 17,3%; empleo: 49,0 y 49,2%; no registro ante BPS: 61,5 y 57,4%). Como indicador de muy bajo nivel educativo, utilizamos la cantidad de personas de 16 años o más que no superan la enseñanza primaria. Los más bajos niveles educativos se ven entre los pobres, asentados o no. Los no pobres de los asentamientos tienen un nivel educativo ligeramente superior, según este indicador, al de los pobres del tejido formal. Con el rezago educativo7 se repite el fenómeno.

Situación de la vivienda Luego de haber presentado algunas de las características de la población que vive en el tejido formal y en los asentamientos, pasaremos a ver algunos rasgos destacados de la situación de la vivienda. Comencemos por la tenencia. De los grupos considerados, la situación de los pobres del tejido formal es la más insegura. En este grupo los porcentajes de propiedad son los menores (rondan el 33,7% sumando propietarios de vivienda y terreno, hayan terminado de pagar o no); los porcentajes de inquilinos los mayores (23,6%), y también los porcentajes de ocupantes sin permi-

4 Se entiende por tasa de actividad el porcentaje de personas de 14 años o más que trabajan o están desocupadas en el período de referencia de la Encuesta Continua, sobre el total de personas de 14 años o más. 5 Se entiende por tasa de desocupación el porcentaje de personas que no están trabajando en el período de referencia por no tener trabajo, pero que están buscando activamente un empleo remunerado, sobre el total de personas activas (ocupadas y desocupadas). 6 Se entiende por tasa de empleo el porcentaje de personas de 14 o más años de edad que trabajan durante el período de referencia, o que no trabajan por estar de vacaciones, por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa del mal tiempo, averías producidas en las maquinarias o falta de materiales o materias primas, pero tienen empleo, sobre el total de personas de esa edad. 7 Se entiende por rezago educativo la situación de los niños que tienen dos o más años de edad en exceso por sobre la edad teórica de inicio del año lectivo correspondiente. Por ejemplo, tiene rezago un niño de 8 o más años que cursa primer año de escuela, ya que este debería iniciarse con 6.

Tabla 4 Características de las viviendas en relación a la población pobre y no pobre según lugar de residencia (asentamientos o tejido formal) Pobres en asentamientos

Pobres en tejido formal

No pobres en asentamientos

No pobres en tejido formal

Tenencia de la vivienda (agrupada) Propietario, está pagando

0,0

3,4

0,0

10,4

Propietario, ya pagó

0,0

21,1

0,0

46,8

Propietario solo de la vivienda, está pagando

1,2

0,3

1,2

0,3

Propietario solo de la vivienda, ya pagó

82,0

8,8

86,7

2,4

Ocupante con permiso

13,8

37,3

9,1

17,2

Inquilino

1,3

23,6

1,5

22,4

Ocupante sin permiso

1,7

5,6

1,4

0,5

Casa

89,5

65,1

92,4

57,6

Apartamento o casa en complejo habitacional

0,0

7,9

0,0

8,8

Apartamento en edificio de altura

0,0

2,4

0,0

22,0

Apartamento en edificio de una planta

10,4

24,4

7,6

11,4

Local no construido para vivienda

0,1

0,2

0,0

0,1

No necesita reparaciones

14,0

21,1

29,7

59,1

Problemas leves y moderados

47,6

46,5

47,1

32,3

Problemas graves

38,4

32,4

23,3

8,7

Hacinamiento

27,1

17,3

6,5

1,1

Porcentaje de hogares con eliminación inadecuada de excretas

79,5

42,5

77,0

24,5

Porcentaje de hogares con abastecimiento inadecuado de agua

12,6

5,5

3,7

1,2

Porcentaje de hogares sin alumbrado eléctrico

0,3

0,4

0,0

0,1

Tipo de vivienda

Estado de mantenimiento de la vivienda

Fuente: Elaboración propia en base a INE - ECH 2013

Nota 1: siguiendo a Casacuberta (2006, p.23), para la clasificación del estado de mantenimiento se consideraron problemas moderados (a) puertas o ventanas en mal estado, (b) grietas en pisos, (c) poca luz solar y (d) escasa ventilación; problemas moderados (a) humedades en techos (b) goteras en techos (c) caída de revoques en paredes o techos (d) cielorrasos desprendidos, y (e) humedades en los cimientos; y problemas graves (a) muros agrietados (b) inundación cuando llueve (c) peligro de derrumbe. Nota 2: para la confección de esta tabla se consideró hacinado un hogar en el que vivían más de dos personas por habitación, excluyendo baño y cocina.

Nota 3: en este trabajo se entiende por eliminación inadecuada de excretas toda aquella que en zonas rurales se realiza mediante entubado hacia el arroyo o por superficie, y en zonas urbanas, que no sea hacia red cloacal general. Nota 4: en este trabajo se considera abastecimiento inadecuado aquel que (a) en zonas urbanas no sea de OSE o no llegue por cañería hasta dentro de la vivienda o (b) en zonas rurales no sea de OSE o de pozo surgente protegido o no llegue por cañería hasta dentro de la vivienda.

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so (5,6%). Asimismo es máximo el número de ocupantes con permiso (Tabla 4). A la luz de las cifras anteriores, si consideramos tenencia segura la propiedad sólo de la vivienda en los asentamientos (de hecho, si un asentamiento no es desalojado en su inicio es casi imposible que lo sea luego), se tiene que los mayores porcentajes de inseguridad en la tenencia se dan entre los hogares pobres del tejido formal. Los ocupantes con permiso dependen de la buena voluntad del dueño de la vivienda y ésta puede acabarse. Los ocupantes sin permiso están expuestos a desocupación vía judicial. Y hogares pobres, inquilinos, de no mediar fuertes subsidios, arriesgan tener dificultades para pagar alquileres, servicios de la vivienda e impuestos municipales. La tenencia insegura de la vivienda por los hogares pobres del tejido formal, colaboró en el pasado de manera muy relevante para explicar el crecimiento de los asentamientos: esta tenencia insegura continúa presente.

mientos (38,4% de problemas graves según la definición utilizada), seguida de la de los pobres del tejido formal (32,4%). Éstos están peor que los no pobres de los asentamientos (23,3%). La peor situación de hacinamiento se da entre los pobres que viven en asentamientos (27,1%). Es seguida por la de los pobres del tejido formal (17,3%) y, en tercer lugar, por la de los no pobres de los asentamientos (6,5%). En lo que respecta al acceso a la eliminación de excretas, la peor situación se ve en los asentamientos: el 79,5% de los asentados pobres y el 77,0% de los no pobres no tienen eliminación adecuada de excretas. La situación es bastante mejor en el tejido formal, aunque hay marcadas diferencias entre los pobres (42,5% de eliminación inadecuada) y los no pobres (24,5%). En cambio, en cuanto a los abastecimientos de agua y de electricidad, los pobres del tejido formal están en peor situación que los asentados.

Respecto al tipo de vivienda, la gran mayoría de los pobres de Montevideo y su área metropolitana viven en casas, y en menor medida en edificios de una planta. Los edificios en altura, habitados en su gran mayoría por no pobres, están exclusivamente en el tejido formal. Las peores situaciones de mantenimiento de las viviendas se dan entre los pobres de los asenta-

Porcentaje de personas pobres por CCZ

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Porcentaje de personas en asentamientos por CCZ

Tabla 5 Localidades y CCZ donde se concentran la pobreza y los asentamientos Los pobres del tejido formal se concentran en CCZ y localidades donde hay elevados porcentajes de personas en asentamientos irregulares (Tabla 5). Así, el CCZ 10, con el mayor porcentaje de pobres en el tejido formal, ocupa el cuarto lugar en la lista de asentados. En abierta oposición, el CCZ 5, con sólo un 0,7% de personas pobres, prácticamente no tiene personas asentadas. Muchos de los pobres del tejido formal viven próximos a asentamientos, por lo que están sujetos a problemas similares a los de éstos: cercanía a arroyos contaminados, basurales, problemas de acceso a transporte, lejanía de centros comerciales, dificultades laborales por la propia discriminación barrial.

Porcentaje de personas que viven en asentamientos y de personas pobres, según CCZ (en Montevideo) o localidades (en la periferia)

Personas en asentamientos (%)

Personas pobres en tejido formal (%)

CCZ 10

17,9

27,5

CCZ 18

19,9

25,3

CCZ 17

36,4

24,4

CCZ 11

11,4

22,7

CCZ 9

18,4

20,9

CCZ 13

6,0

17,2

CCZ 14

10,2

17,1

CCZ 12

15,9

15,0

CCZ 6

4,2

10,5

Área Metropolitana

3,3

9,0

CCZ 16

0,0

5,0

CCZ 15

0,0

3,4

CCZ 8

2,1

3,2

CCZ 3

0,0

3,1

CCZ 1

0,0

3,0

CCZ 4

0,0

1,6

CCZ 2

0,2

1,1

CCZ 7

0,0

1,0

CCZ 5

0,2

0,7

Fuente: Elaboración propia en base a INE - ECH 2013

Nota: los CCZ y el área metropolitana están ordenados por orden decreciente según su porcentaje de pobreza en el tejido formal.

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Reflexiones finales Este trabajo intentó brindar información relevante sobre la población de Montevideo y su área metropolitana, su vivienda y su territorio según cuatro grupos: pobres de asentamientos, pobres en el tejido formal, no pobres en asentamientos y no pobres en el tejido formal.

El movimiento de pobres del tejido formal hacia los asentamientos alcanzó sus picos hacia fines de los ´80 y en la década de los ´90, y requirió para efectuarse un cierto apoyo o al menos una cierta tolerancia del sistema político. Este apoyo o tolerancia hoy no existe o está muy disminuido. Bibliografía

Trató de contribuir a la visibilización de la población pobre del tejido formal (tres de cada cuatro pobres). Su situación, si bien es mejor que la de los pobres de los asentamientos, es con frecuencia igual o peor que la de los no pobres en los asentamientos. Y los no pobres en los asentamientos son casi la mitad de los asentados (49,6%).

Desde 2005 no hay registro de grandes ocupaciones de terrenos. Pero vista la problemática aquí planteada, no es de descartar que haya habido y continúe habiendo densificaciones de los asentamientos existentes. Tampoco son de descartar nuevos intentos de formación de asentamientos: de hecho, al momento de cerrar este artículo, a fines de abril de 2014, se produjo de una ocupación de tierras en el departamento de Salto.

Un rasgo particularmente negativo en la situación de los pobres del tejido formal es la inseguridad en la tenencia de su vivienda: ocupantes con y sin permiso, propietarios que no terminaron de pagar sus viviendas e inquilinos, sumados, alcanzan al 70% de los hogares.

Para minimizar nuevos desplazamientos, tan problemáticos para quienes se desplazan como para el Estado, y por razones de estricta justicia social, son necesarias políticas específicas de vivienda para estos pobres que son la mayoría, aunque su visibilidad limitada nos lleve a olvidarlo.

Algunas de estas formas de tenencia no tendrían por qué ser particularmente inseguras: por ejemplo la situación de inquilino, pero lo son en situaciones de pobreza (muchas veces el pago se hace difícil o imposible, de no mediar importantes subsidios).

Álvarez Rivadulla, M. (2000). La desafiliación resistida. Recuperado de www.ucu.edu.uy/ Álvarez Rivadulla, M. (2011). The evolution and dynamics of land squatting in Montevideo, Uruguay. Recuperado de http://www.rc21.org/conferences/amsterdam2011/ edocs2/Session%2029/RT29-2-Rivadulla.pdf Alvarez Rivadulla, M. (2012a). Clientelism or something else? Squatter’s politics in Montevideo. Recuperado de http://www.urosario.edu.co/urosario_files/c7/ c7a8f63d-d715-4b6c-9d95-224876473046.pdf Álvarez Rivadulla, M. (2012b). Invasiones de Tierra y la Izquierda en la Ciudad. Montevideo 1984 – 2011. Recuperado de http://www.scielo.cl/pdf/revcipol/ v32n2/art04.pdf Amarante, V. y Caffera, M. (2003). Los factores determinantes de la formación de asentamientos irregulares. Un análisis económico. Recuperado de: http://www. um.edu.uy/docs/revistafcee/2003/facoresdeterminantesAmaranteCaffera.pdf Casacuberta, C. 2006. Situación de la Vivienda en Uruguay. Recuperado de: http://www.ine.gub.uy/ enha2006/ENHA_Vivienda_%20Final_Corr.pdf Chiesa, V.; Debellis, M.; Katzkowicz, S.; Laureiro, P.; Macari, A.; Menéndez, F.; Perez, J. (2012). Montevideo 2010: La dimensión ambiental de la pobreza urbana, Montevideo. PNUD-PNUMA Iniciativa de Pobreza y Medio Ambiente. ISBN: 978-92-990064-3-6. Kaztman, R., Filgueira, F y Errandonea, F (2005). La ciudad fragmentada. Respuesta de los sectores populares urbanos a las transformaciones del mercado y del territorio en Montevideo. Recuperado de: http:// www.estudiosdeldesarrollo.net/coleccion_america_latina/ciudades_latinoamericanas/c6.pdf

Cooperativas de reciclaje por ayuda mutua: ¿una alternativa a la gentrificación? Ibán Díaz Parra y Pablo Rabasco Pozuelo*

* Ibán es Doctor en Geografía por la Universidad de Sevilla, en la que ha ejercido labores docentes, al igual que en la de Cádiz y actualmente cursa una beca posdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México; investiga la segregación socioespacial, los procesos de gentrificación y los movimientos sociales urbanos. Pablo es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Córdoba (España), investigador en arquitectura social, autogestión ciudadana, espacio público e historia del Movimiento Moderno en la arquitectura. Dirige un proyecto sobre arquitectura y ciudad en el ámbito de los estudios poscoloniales entre África y España.

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Gentrificación y rehabilitación La expansión de las ciudades en el siglo XX, especialmente en su etapa asociada a la alta modernidad y al desarrollismo, trajo consigo el problema del abandono paulatino de los centros urbanos, el desprecio de su contenido simbólico, su descapitalización y su despoblamiento.

revalorización del patrimonio y de los espacios centrales, empezando por Europa y EEUU. En América Latina, la conservación del patrimonio también ha ido ganando peso, especialmente desde la década de los noventa. Así, de forma diversa, la mayoría de gobiernos de la región ha intervenido sus principales enclaves históricos durante los últimos veinte años, con la vista puesta en el turismo y en el sector inmobiliario.

Durante décadas, los barrios centrales de las grandes ciudades latinoamericanas, desinvertidos y abandonados, han tendido a convertirse en enclaves propios de los grupos más pobres y vulnerables. En no pocos casos se han transformado en tugurios marginales asociados a actividades de carácter irregular, como la prostitución, la toma de edificios abandonados, la economía sumergida, etcétera.

Aunque en general estas intervenciones traigan repercusiones positivas para la economía local, esos procesos no están exentos de crítica y contradicciones. Las consecuencias sociales de la revalorización de los espacios centrales han sido seguidas, con pocas excepciones, del desplazamiento de la población en situación de exclusión y del aburguesamiento residencial.

No obstante, desde la década de los setenta, nuevas ideas en el urbanismo y la arquitectura, y nuevas condiciones objetivas, condujeron a una

Aunque el término es importado de otros contextos y todavía poco utilizado, la gentrificación parece definir un proceso lo suficientemente ge-

neral como para explicar, al menos, parte de lo que está sucediendo en estos sectores (Checa, 2011; Contreras, 2011; Salinas, 2011). Las intervenciones recualificadoras se han desarrollado en un contexto marcado por las políticas neoliberales, donde el Estado juega un papel subsidiario respecto del capital privado. En este contexto, la rehabilitación de sectores degradados parece identificarse plenamente con la gentrificación. Ante la puesta en valor de un enclave, son las propias dinámicas del mercado de suelo las que se encargan de provocar la eliminación y desplazamiento de usos y residentes populares. En este marco, la particular iniciativa de las cooperativas de reciclaje por ayuda mutua en Montevideo, exportada más tarde a Buenos Aires, a priori, parece combinar de forma exitosa rehabilitación, protección del patrimonio y mantenimiento del carácter popular en las zonas centrales. De esta forma, es pertinente preguntarse

hasta qué punto estas fórmulas podrían suponer un tipo de revitalización urbana aplicable a una variedad de casos, eludiendo las consecuencias sociales regresivas de la gentrificación.

Las cooperativas de reciclaje como forma de mantener a la población originaria A principios de los noventa, la situación edilicia en los barrios históricos de Buenos Aires y Montevideo era de envejecimiento y subutilización. El proceso estaba asociado al deterioro progresivo y a las viviendas desocupadas, con un perfil social de extrema pobreza y situaciones habitacionales precarias: conventillos y edificios tomados. Con la llegada al gobierno de la Intendencia de Montevideo del Frente Amplio, surgió la idea de aplicar la tradición de las cooperativas de vivienda por ayuda mutua a la recuperación integral de los barrios históricos (VV.AA., 1997a). Las primeras iniciativas de este tipo en Ciudad Vieja fueron “MuJeFa”, cooperativa de mujeres solas jefas de hogar, en 1990-91, y COVICIVI, poco después. Desde un principio, se persiguió que las cooperativas estuvieran compuestas por gente de la zona, ya que el objetivo declarado era mantener a los vecinos tradicionales en el barrio –en aquel momento, el deterioro y la ruina de la edificación se planteaban como la principal causa de desplazamiento–. De igual modo, los desplazamientos

de esta población al extrarradio de Montevideo venían precedidos de una serie de experiencias fracasadas, que derivaron en núcleos de segregación donde se multiplicaron los conflictos, causados en parte por una mínima integración en el tejido urbano y sus servicios básicos. Para impulsar estas experiencias, la Intendencia facilitó la financiación y cedió varias parcelas, algunas de las cuales se encontraban tomadas de forma irregular. El resto de proyectos que fueron sucediéndose presentaron un esquema parecido, siendo la mayoría de los miembros de las cooperativas, habitantes del barrio y con una baja estabilidad laboral (VV.AA., 1997b). Hoy son más de dos decenas las cooperativas por ayuda mutua en Ciudad Vieja, terminadas, en construcción o en proyecto. No obstante, el sistema de reciclajes no ha funcionado igualmente bien para todos los grupos. Así, se ha dado el caso de cooperativas creadas con grupos vulnerables de la zona, que han tenido grandes dificultades por la insolvencia económica de sus miembros. Por otro lado, los ocupantes irregulares desplazados por los procesos de rehabilitación, en su mayor parte, han carecido de los recursos y la disciplina para integrarse en las cooperativas en curso. Tampoco está del todo exenta la posibilidad de aburguesamiento de las cooperativas. El sistema de ayuda mutua es un obstáculo para las clases medias a la hora de entrar en el grupo

Fig.1- Edificio tomado en la Ciudad Vieja de Montevideo

inicial en este tipo de proyectos, pero pueden costear su ingreso en la medida en que surjan vacantes a posteriori. A su vez, la política de vivienda impulsada por la Intendencia para Ciudad Vieja ha abandonado en parte el discurso de la permanencia de los vecinos con bajos recursos. Así, algunas de las más recientes iniciativas se dirigen a la introducción de grupos diversos, como es el caso de la cooperativa de vivienda gay o las viviendas para

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estudiantes o profesionales jóvenes en inmuebles rehabilitados de propiedad municipal. Por su parte, en Buenos Aires, el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) fue una experiencia directamente influenciada por la federación que agrupa a las cooperativas de ayuda mutua uruguayas de usuarios (propiedad colectiva), FUCVAM, y las iniciativas de reciclaje. Dicha experiencia tuvo su origen en la década de los noventa, en el histórico barrio de San Telmo. En aquel momento, la presión que suponía el desarrollo de Puerto Madero y, en general, la revalorización del centro histórico, supuso el acicate para su constitución. El objetivo era reivindicar el derecho a la ciudad de los grupos más humildes, frente al desplazamiento provocado por la revalorización de los enclaves centrales (Díaz, Lourés y Agulles, 2001). La organización se ha ido construyendo a partir de cooperativas de familias que no pueden acceder al mercado de la vivienda. En la práctica, las intervenciones se han centrado en edificios de titularidad pública abandonados, ocupados previamente por familias con escasos recursos. El MOI creó hasta quince cooperativas en la década de los noventa, involucrando a unas seiscientas familias, pertenecientes a clases de ingresos bajos u obreras. Gran parte de los proyectos se frustraron por el desalojo, pero otros conseguirían fructificar, es-

pecialmente en el contexto de la crisis económica y política de 2001. Las leyes 341/00 y 964/02 de Emergencia y Autogestión del gobierno de Buenos Aires, fueron una clara concesión a los movimientos sociales, en un contexto de auge de los mismos. El MOI buscaba un marco normativo que contuviera y financiara las cooperativas autogestionarias y esta nueva legislación posibilitaba la compra directa de suelo urbano por las mismas y facilitaba la financiación y la asistencia técnica. No obstante, con el tiempo, el gobierno local ha intentado limitar su alcance sociopolítico, haciendo que sus destinatarios fuesen estudios de arquitectura. Aunque una parte importante de los procesos iniciados por el MOI acabó con el desalojo de los edificios, otra parte de las familias que se vieron involucradas han solucionado sus problemas de habitabilidad, en algunos casos en los edificios que ocupaban mediante la compra de inmuebles de propiedad pública, en otros mediante la compra de parcelas distintas. Todas tenían una posición relativamente central, aunque fuera de la vorágine especulativa de San Telmo y de las zonas más revalorizadas e intervenidas.

Fig.2- Covicivi 1, Ciudad Vieja. Fig.3- El nuevo desarrollo de Puerto Madero

Intervención urbanística, desplazamiento y aburguesamiento Más allá de las cooperativas por reciclaje, la apuesta por la recualificación de los lugares centrales ha implicado formas de intervención

edificios tomados por el subproletariado urbano, siendo notorio el caso de antiguos hoteles abandonados de la zona. Son más de doscientas familias ocupantes las que fueron desalojadas en procesos judiciales progresivos y realojadas “a diez quilómetros de Ciudad Vieja” (Nahoum, 2010).

Fig.4-San Telmo, enclave turístico.

diversas. Así, desde los ‘90, en San Telmo se realizaron mejoras sobre el espacio público y se potenció el enclave comercial y hotelero, dirigido en gran parte al turismo, lo que habría contribuido a atraer la inversión privada (Girola, Yacovino y Laborde, 2011). Ya desde mediados de la década de los ochenta, se iniciaron acciones privadas de rehabilitación de lofts y viejas casonas, por parte de particulares de sectores medios (Díaz, Lourés, Rodríguez y Devalle, 2003). Por su parte, en Montevideo, el programa de reciclaje (rehabilitaciones) del Banco Hipotecario (estatal) supondría un estímulo al aumento de habitantes de los sectores medios en Ciudad Vieja que, al mismo tiempo,

en los últimos diez años, había perdido más del 20% de su población, fundamentalmente la más pobre (Di Paula, 2007). De forma simultánea a la promoción de estos espacios centrales, se produjo una creciente criminalización de los ocupantes de edificios, desalojos y persecución policial. En San Telmo, a principios del siglo XXI, se produjo el desalojo de los edificios tomados de mayores dimensiones, saldándose con el desplazamiento de más de un centenar de familias pobres (Díaz, Lourés, Rodríguez y Devalle, 2003). De forma similar, en la Ciudad Vieja de Montevideo en los noventa se inició el desalojo de

La segunda etapa, en curso, se inició con la reactivación económica a partir de 2003, ligada al boom turístico y al nuevo dinamismo del mercado inmobiliario. Los agentes privados lideraron un proceso de rehabilitación de la edificación y de apertura de nuevos negocios, marcado por la consolidación de San Telmo como enclave turístico (Girola, Yacovino y Laborde, 2011) y, por su lado, en Ciudad Vieja, entre 2003 y 2005, se implementaron diversos programas de intervención integral, combinando microcréditos con inversiones en rehabilitación. Se intervinieron fachadas y se reformaron y peatonalizaron varias calles, permitiendo la proliferación de locales gastronómicos y tiendas para turistas. Al mismo tiempo, empezaron a establecerse estudios de artistas, talleres y galerías en el entorno del renovado mercado de abasto. Como comentan Berdia y Roland (2008) en la Ciudad Vieja “se ha logrado recuperar una identidad que la hace atractiva a las inversiones de capital” y aunque el aburguesamiento y la tematización no son tan notorios como en San Telmo, es evidente que sigue el mismo camino que el centro histórico de Buenos Aires.

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movimientos sociales consiguen pequeñas victorias, instrumentalizando la maquinaria del Estado para eludir las dinámicas perversas de mercado. No obstante, hay que considerar la posibilidad de estar focalizando casos con un peso relevante, pero con una capacidad de expansión limitada.

Fig.5-Mercado gourmet en Ciudad Vieja de Montevideo.

Los centros históricos se han tugurizado en un contexto en el que nadie quería vivir en ellos. No obstante, en el momento en el que comienza a haber una demanda, la lógica del mercado implica cierta sustitución de población. Además, la posibilidad de realización de las potencialidades de los centros urbanos empuja a los gobiernos a forzar desplazamiento de usos y perfiles sociales que desvalorizan y generan rechazo en otros grupos sociales solventes. Visto esto, la gentrificación parece inevitable ante ciertas condiciones favorables.

¿Revitalización sin gentrificación? Si bien, en comparación con otros casos de Europa o EEUU, los procesos de gentrificación en los centros de Buenos Aires y Montevideo no son tan evidentes, no deja de existir un cierto aburguesamiento residencial, en el que están implicados el desarrollo de un mercado inmobiliario dirigido a clases medias y el desplazamiento de población (notoriamente del subproletariado urbano). Frente a esto, las experiencias del MOI y de las cooperativas de reciclaje del centro de Montevideo han permitido que sectores de bajos ingresos accedan a una vivienda digna fuera de las lógicas propias del mercado. En ambos casos, los

Es indudable que dentro de los poderes del Estado, con la voluntad política suficiente, sería posible realizar una renovación urbana y una revitalización de los barrios históricos de las grandes ciudades sin provocar desplazamiento ni aburguesamiento residencial. No obstante, las iniciativas presentadas, a pequeña escala, no pueden combatir dinámicas estructurales del mercado de suelo. Por eso, hay que tomarlas como experimentos que podrían tener una gran relevancia en otro marco, un contexto de control social efectivo del suelo urbano que no se da por el momento. Si no es así, puede caerse en el clásico error de volcarse en salvar un edificio mientras se pierde el resto del barrio.

Bibliografía Berdía, A. y Roland, P. (2008). “El centro histórico de Montevideo: de la iniciativa social al liderazgo institucional”, Centro Histórico, nº 2. Checa, M. (2011). “Gentrificación y cultura: algunas reflexiones”, Biblio 3W, nº 914, vol. 15. Contreras, Y. (2011). “La recuperación urbana y residencial del centro de Santiago: Nuevos habitantes, cambios socioespaciales significativos” Eure, nº 112, vol. 37. Díaz, F., Lourés, M. L. y Agulles, J. M. (2001). “Ciudad, democracia y movimientos sociales: el Movimiento de Ocupantes e Inquilinos (MOI) de Buenos Aires”. VIII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles, Madrid, 13, 14 y 15 de noviembre. Madrid, Consejo Español de Estudios Iberoamericanos. Díaz, F., Lourés, M. L., Rodríguez, M. C. y Devalle, V. (2003). “Las políticas de recualificación urbana en la ciudad de Buenos Aires”. Reis. Revista Española de Investigaciones Sociológicas, nº 103. Di Paula, J. (2007). “Expansión, segregación y gentrificación urbana en América Latina. El caso uruguayo”. Participación en el Doctorado de Urbanismo de la Universidad III. Roma. On line: <http://www. universidadur.edu.uy/reahvi/paginas/ponencias/pdf/ ulacav_4.pdf> Girola, M., Yacovino, M. y Laborde, S. (2011) “Recentrando la centralidad: procesos de recualificación urbana y espacio público en la ciudad de Buenos Aires desde una perspectiva etnográfica”. Cuaderno urbano. Espacio, cultura y sociedad, nº10, vol. 10. Nahoum, B. (2010). “Pobres y zonas centrales: problema y solución”. Vivienda Popular, nº 20. Salinas, L. A. (2011). “La gentrificación en el contexto latinoamericano”. X Actas del Coloquio y jornadas de campo de Geografía Urbana. Oviedo, Santander, Bilbao. VV. AA. (1997a). “Reciclaje autogestionario. Un nuevo camino de acceso a la vivienda popular”, Vivienda Popular, nº 1. VV. AA. (1997b). “Una nueva alternativa: los reciclajes autogestionarios. De la intervención puntual a la acción barrial”, Vivienda Popular, nº 2.

Entre el cambio climático y el paradigmático. La tarea democratizadora de la Arquitectura Andrés Pampillón *

* Andrés Pampillón es sociólogo, docente e investigador de la Facultad de Arquitectura-UdelaR, candidato a magister en Ordenamiento Territorial en la misma casa de estudio.

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Dos personas navegan en kayak por un curso de agua que parece tener buen caudal para tales fines. Pasan por delante y saludan a la cámara. Es pleno verano y el senido común nos dice que la imagen corresponde a una de las tantas notas periodísticas sobre la temporada estival y las diferentes formas de pasarla bien en vacaciones. Pero no.

No. En realidad se trata de gente que navega por un canal abierto sobre la Avenida Giannattasio. La que sería la principal arteria vial y estructuradora de la llamada Ciudad de la Costa y demás localidades vecinas, se transformó en un curso de agua navegable, a partir de las intensas y persistentes lluvias ocurridas al inicio del mes de febrero pasado. Obviamente, no se trata de un diseño urbano de carácter anfibio, lo que podría ser algo verdaderamente innovador en la materia, sino justamente de las funestas consecuencias de la ausencia de planificación en la conformación de ese agregado residencial, en inesperada combinación

con un volumen de precipitaciones que saturó todas las previsiones y mecanismos de drenaje. La magnitud de dichos eventos confirma para algunos los diagnósticos relativos al cambio climático en ciernes, mientras que para otros tan sólo son mínimas alteraciones en los ciclos naturales. Sea como sea, lo cierto es que tienen efectos concretos en la vida de las personas que habitan esos territorios. Más allá de estas discusiones, que exceden nuestros conocimientos, lo cierto es que esos sucesos climáticos pusieron en evidencia, y en primera plana de la opinión pública, las deficien-

cias territoriales y habitacionales que emergen de las singularidades bajo las cuales se generó la lógica de localización residencial que caracterizó los desarrollos inmobiliarios de la última fase de expansión metropolitana sobre la costa Este. Formas de ocupación del suelo que en absoluto son un fenómeno novedoso en el país y menos aún en la región. Por el contrario, es una situación de la que deriva un ámbito territorial y un modelo de implantación con causas y consecuencias bien conocidas, estudiadas y diagnosticadas por la academia y diversos actores avezados en la materia.

La Ciudad de la Costa se encuentra ubicada a orillas del Río de la Plata entre el arroyo Carrasco y el arroyo Pando. Es considerada una extensión de la ciudad de Montevideo formando parte de su área metropolitana. Fue declarada ciudad el 19 de octubre de 1994, su rápido crecimiento la ha transformado en la segunda ciudad más poblada del país (Censo de 2011).

Verdad colectiva

Espejos de agua

En este sentido, tal vez lo que sí sea verdaderamente nuevo sea el estatus de verdad colectiva que adquirieron los severos problemas estructurales y funcionales que dicha “urbanización” arrastra, desde la explosión demográfica de su génesis como área dormitorio de la capital. Precariedad urbana que terminó por salir a flote tras los referidos episodios climáticos.

Al respecto también es necesario recordar que el mismo escenario se generó hacia el frente costero Oeste de Montevideo, en el corredor de expansión metropolitano sobre Ruta 1, donde el fenómeno socio-territorial es el mismo, aunque protagonizado por lo general por sectores de población en condiciones de mayor y muy severa vulnerabilidad económica y social, que no suelen tener tanta cobertura mediática, salvo en la crónica policial.

El volumen y caudal de las aguas que la anegaron dejaron en evidencia las severas falencias de esa mega-operación inmobiliaria, que propulsó formas patológicas de implantación sobre médanos y bañados costeros. Todo desarrollado tras el influjo de una oferta basada en el loteo sin planificación y mínima inversión, sin respuesta pública, bajo un contexto político territorial anestesiado por una demanda cautiva, tras la creciente necesidad de costos habitacionales más bajos. E incluso, en no pocos casos, tras el embrujo de la promesa publicitada de residir en un suburbio verde y natural.

de esta compleja situación habitacional, pues pone en evidencia el carácter estructural y la gravedad del escenario que enfrentamos. El “estado fallido” de estas expansiones urbanas, con relativa independencia del sector socioeconómico de los afectados, dejó de ser visto a nivel de la opinión pública como un problema solamente referido a la pobreza. La inundación ya no es sólo cosa de pobres, de gente sin un buen trabajo ni una casa linda y bien decorada, sino que afecta a vastos sectores de clases medias, con otras dotaciones de recursos económicos y culturales.

Ventanas de oportunidad La inundación masiva de calles y viviendas, los problemas de escurrimiento, la saturación de las napas, los problemas heredados de la implantación irracional de las construcciones dentro del lote, sumados a las consabidas dificultades de equipamiento e infraestructuras urbanas, hicieron caso omiso de las diferencias de clase, invadiendo el espacio doméstico de unos y otros. Esta generalidad e indiferenciación social del problema, es quizás una externalidad positiva

No ahondaremos aquí en el diagnóstico ni en los detalles de las posibles soluciones, ya que lejos está de nuestra área de especialización. Simplemente nos interesa llamar la atención sobre la oportunidad más que propicia que este perjuicio generalizado supone. Una oportunidad para establecer una agenda que permita orientar el saber y el trabajo arquitectónico hacia toda esa masa de demanda insatisfecha de servicios profesionales.

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A nivel disciplinar y académico se abre una instancia para desarrollar líneas de investigación aplicada, orientando el diseño proyectual a encontrar soluciones efectivas para esa amplia gama de situaciones, cuya característica común es la inundabilidad y la falta de drenajes adecuados. Tras las aguas, quedaron de manifiesto múltiples patologías edilicias y de implantación, no sólo a nivel urbanístico de infraestructuras y equipamientos, sino al interior del lote. Se requiere intervenir en todas las escalas, desde las dimensiones que necesariamente suponen un abordaje a nivel del gobierno departamental y nacional, a otras a nivel micro, caso a caso, donde desplegar el arsenal técnico del profesional particular.

Necesidad y trabajo Allí surge la necesidad de una arquitectura reparatoria y defensiva sobre lo construido, con foco en las fallas originadas por una incorrecta implantación en el terreno, que hicieron caso omiso de las curvas de nivel, junto a patologías constructivas de todo tenor.

El nuevo escenario requiere de una arquitectura que entienda los nuevos regímenes pluviométricos, que dejan caducos aquellos que generaron las técnicas para aprisionar y contener esos navegables caudales de agua. Bajo estas nuevas coordenadas climáticas esto parece una tarea imposible o al menos demasiado costosa. Todo parece indicar que se deben adoptar estrategias y dispositivos que permitan un eficiente encauce de dichas corrientes. Las nuevas soluciones de-

El carozo del asunto

berían además ser en general de bajo costo y en etapas, para que las familias puedan afrontarlas. Esta línea de trabajo que emerge tras la inundación es entonces una oportunidad para democratizar y ampliar el público que consume Arquitectura. Es lo que se llama generar público o demanda, en sectores nada acostumbrados a pensar la construcción de sus viviendas a partir del proyecto y el asesoramiento arquitectónico, por considerarlo algo en extremo oneroso.

Evolución demográfica de Ciudad de la Costa

La Arquitectura, en general, para el gran público es una actividad vinculada estrictamente a los segmentos más pudientes, o aspirantes a serlo, lo que restringe fuertemente las posibilidades de trabajo del profesional y refuerza una distorsión epistemológica con efectos múltiples sobre la enseñanza, el aprendizaje y la aplicación del saber arquitectónico.

1963

1975

1985

1996

2004

2011

4. 392

19 .482

34.483

66. 402

83. 888

112. 449

Llegamos así al núcleo de nuestro argumento, surgido a partir de la imagen de esos vecinos navegando por la Giannattasio. Un clic que nos permita salir de lugares comunes, enfrentar nuevos desafíos proyectuales, constructivos y tecnológicos, que permita un abordaje integral de soluciones complejas, con aplicaciones puntuales y específicas, sobre lo ya construido. Otro aspecto a considerar en los problemas de escurrimiento y canalización lote adentro, es que éstos no se solucionarán totalmente con los proyectos de saneamiento e infraestructuras que a nivel macro se planifican para la zona, partes de las cuales ya están en ejecución. Estas soluciones de saneado, pavimentación y canalización puede incluso que ahonden los problemas a nivel del lote individualmente considerado, pues en general todas las soluciones sobre las redes viales tienden a elevar el nivel de calle, con lo cual, los problemas de evacuación y drenaje al interior del lote pueden verse incrementados. Este nuevo escenario, entonces, supone un amplio nicho de trabajo e investigación a todos

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INVESTIGACIÓN

los niveles y desde los más diversos ámbitos de la Facultad de Arquitectura, para intentar dar respuestas efectivas a los diversos problemas edilicios y de implantación de las viviendas en terrenos bajos, arenosos y anegables. Esta línea de trabajo permitiría introducir a la vez un amplio programa de propuestas para orientar recursos intelectuales, pedagógicos y profesionales hacia segmentos de población que históricamente han prescindido de los mismos.

Dos tradiciones Y, por último, es también una oportunidad para vincular más estrechamente dos tradiciones: por un lado la extensa cultura de autoconstrucción y de la edificación en etapas (aunque sin proyecto y creciendo en virtud de las necesidades habitacionales del hogar) con el gran bagaje técnico y disciplinar acumulado bajo el rótulo de Arquitectura. Este encuentro seguro enriquecerá a ambas tradiciones, y como disciplina aplicada, nos enfrenta al desafío de ofrecer soluciones a precios que esos segmentos puedan solventar, con el

beneficio a mediano y largo plazo de ampliar la cartera potencial de clientes y democratizando el conocimiento. En suma, no son pocos los aprendizajes que todos podemos extraer de esta situación. Ni que hablar de la contundente confirmación de los serios prejuicios y costos adicionales (económicos, políticos y emocionales) que implica el hecho de urbanizar a partir de la sola posibilidad de fraccionar sin el más mínimo plan.

Fotografía de Rodolfo Martínez, SMA-Farq

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FotografĂa de Gabriela Torres, SMA-Farq

Complejo Bulevar. 1 y 332 ** Soledad Patiño***

* VIVIENDA POPULAR comienza con esta nota, una serie en la cual, número a número, profesionales y referentes del sector de la vivienda y el hábitat, señalarán una obra de vivienda “de interés social” que les parezca especialmente relevante, desde el punto de vista arquitectónico y urbano (pero no sólo desde ellos), explicarán por qué, y la describirán sintéticamente. Nota de VP. ** Complejo intercooperativo de viviendas realizado por el sistema de Ahorro Previo. 1974, Montevideo. Instituto asesor; Centro Cooperativista Uruguayo. Arquitectos proyectistas y directores de obra: Ramiro Bascans, Thomas Sprechmann, Héctor Vigliecca y Arturo Villaamil. *** Soledad Patiño es arquitecta, egresada de la Universidad de la República en el año 2008 y actualmente Docente de Proyecto de la Facultad de Arquitectura desde el año 2009. Los gráficos que acompañan el artículo también fueron realizados por la autora a partir de originales cedidos por las cooperativas del Complejo.

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OBRAS DESTACADAS*

Toda obra arquitectónica se inscribe temporal y físicamente en un contexto nacional e internacional. Todo arquitecto se inscribe temporal y físicamente en un contexto profesional y personal. Desde ese encuadre, es posible comprender el carácter de una obra; mirar y construir un relato. Pero, como todo encuadre es un recorte, deja cosas afuera. “La otra apuesta fundamental de este conjunto es la flexibilidad funcional. Se dispusieron una serie de elementos fijos (circulaciones horizontales y verticales, accesos a media altura desde el ascensor, doble orientación y núcleos sanitarios) en torno a los cuales se modelaron diversas organizaciones funcionales de acuerdo con las posibilidades o necesidades de los propietarios. La opción tecnológica (estructura vista de hormigón y cerramiento de ladrillo) determinó en parte los aspectos formales de los edificios, en los que se detectan rasgos brutalistas y ciertas influencias británicas, procedentes en especial de las new towns de los años sesenta, aunque forzadas hasta límites difíciles de imaginar en los conjuntos ingleses.” 1

Partiré aquí de lo que podemos ver con nuestros ojos. Me detendré en la forma arquitectónica y en el contexto físico inmediato en el que se inserta; en el conjunto y no en la unidad; en las relaciones y no en las partes; en la escala. El Complejo Bulevar está compuesto por 332 viviendas. 332 unidades se apilan hasta 12. 42 tipologías se repiten hasta 332. 332 viviendas se ordenan en 650 habitantes por hectárea. Toda obra de arquitectura es un sistema de relaciones, por lo que podríamos afirmar que las partes son tan importantes como su vínculo. Y que el conjunto vale lo mismo que la unidad, aunque los números digan lo contrario; que 332 es distinto a 1. Esta relación entre 332 y 1 se vuelve significativa cuando 1 tiene que ver con uno que es quien lo percibe, y cuando 1 es tu casa en 332. Así entra en juego la escala. ¿Pero es posible que 1 sea igual a 332? 1 es una unidad y 1 es un conjunto. Entonces 1 depende de cómo se mide y cómo se mire. Para que un

1 “Densidad y flexibilidad Complejo Bulevar Artigas, Montevideo, Uruguay” en AV. Monografías de Arquitectura y Vivienda. Número 13. América del Sur. Director Luis Fernando Galiano. Editorial AVISA (Arquitectura Viva S.A), Madrid, 1998.

Complejo Bulevar sea igual a una vivienda tendríamos que dividir 1 entre 332. Avancemos. 1 conjunto: Complejo Bulevar, se dispone en el sitio siguiendo el eje Norte-Sur del Bulevar Artigas, en dos bloques aparentemente paralelos. 1 dividido 2 = 2. 2 bloques de 210 metros de largo se flexionan en el centro compositivo y simbólico del conjunto: el espacio comunitario. Cuanto mayor es la distancia con respecto al centro en el eje Y, mayor es la distancia entre ellos en el eje X. 2 bloques son 4 volúmenes. 2 dividido 2 = 4 4 volúmenes se recortan por sistemáticos retranqueos que modifican el plomo de las superficies verticales. 4 volúmenes son 12 fracciones. 4 dividido 6 = 12 12 fracciones se conectan con 18 torres externas de circulación que marcan el ritmo y definen el acceso a cada vivienda. 12 fracciones son 30 franjas. 12 dividido 9 = 30. 30 franjas se traban con 132 pilares de la grilla tridimensional que conforma la estructura. 30 franjas son 156 módulos. 30 dividido 33 = 156.

Ahora superpongamos todas las capas. 1 conjunto, 2 bloques, 4 volúmenes, 12 fracciones, 30 franjas, 156 módulos y agreguemos 228 columnas de ventanas y en hiladas de ladrillos. Así 1 conjunto, se divide una y otra vez recursivamente hasta tender a 332 y perceptivamente a uno. Pero prestemos atención al sujeto ¿Dónde se ubica? ¿Cuál es su plano de referencia? Viene desde la calle, atraviesa un hueco de dos metros de altura, cruza el bloque 1 y llega al patio. Se aproxima al centro, sube cuatro escalones y se detiene debajo del techo de ocho metros de altura que liga los bloques y cubre los espacios comunitarios. Viene desde la calle, decide subir una de las escaleras hasta la calle corredor a dos metros setenta de altura. Camina hacia el centro mientras el techo sube y baja: de dos a siete, de siete a dos, de dos a doce. Sube otra escalera hasta la pasarela a 4 metros de altura que liga los volúmenes de 22 y 34 metros de altura, y de nuevo debajo del techo se detiene. Desde ese lugar ve su casa: 1 en 332.

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OBRAS DESTACADAS

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OBRAS DESTACADAS

Cooperativa dispersa en busca de un nuevo imaginario cooperativo Maria de los Angeles Bianchi, Cristina Bonifacino, Verónica Iglesias, Cristian Ayala, Rodrigo Erramuspe, Agustin Fiorito, Ivan Lewc y Lucas Rodriguez *

* Los autores son estudiantes de la Facultad de Arquitectura-UdelaR. El trabajo fue desarrollado en el marco de la materia opcional “Las cooperativas de vivienda en el Uruguay del Siglo XXI. Una mirada desde el proyecto” (2013)

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LOS ESTUDIANTES PROPONEN

Abordaje teórico La presente propuesta se orienta a la búsqueda de una nueva concepción cooperativa –entiéndase también, nuevas prácticas y consecuentes cambios en el imaginario colectivo– poniendo en cuestión aspectos tanto funcionales administrativos como resultados arquitectónicos, sociales y urbanísticos. Busca, mediante el esbozo de una propuesta en concreto, evaluar las transformaciones que se pueden dar en varios estratos. La propuesta debe ser considerada como un planteo teórico metodológico, el desafío es tomar del cooperativismo de hoy la gestión cooperativa y disgregar el edificio para disponerlo, disperso, en las áreas hoy vacías. Existen diversos niveles de aproximación:

- a nivel arquitectónico: la propuesta se basa en un razonamiento que entiende la dispersión arquitectónica y la resolución proyectual de casos particulares, como potencial integrador y mejor solución para atender la contextualización y grado de relacionamiento que un edificio de menor escala genera con la ciudad, comparándola con las grandes implantaciones edilicias de cooperativas que terminan generando una mayor fractura en términos ya no solo sociales sino también arquitectónicos; - a nivel de la implantación urbana: el planteo pretende dar solución al problema del vaciamiento de las áreas centrales, proyectando soluciones dispersas que llenen los vacíos de padrones individuales y moderen la construcción de conjuntos de vivienda en la periferia. Fundamentalmente se entiende oportuno ocupar sectores ya estructurados de la ciudad y cortar con la lógica intervención-estructuración, pensando en cuánto más cuesta llevar los servicios y las infraestructuras luego que los habitantes ya se apropiaron de un determinado territorio. En síntesis, la idea impulsora de esta reflexión es desincentivar la expansión de la mancha urbana hacia la periferia (sin infraestructuras ni servicios) para densificar las áreas consolidadas bien servidas: ciudad densa = ciudad sostenible;

- a nivel social: se pone en cuestión la conciencia cooperativa y se plantean algunas preguntas que incitan a la reflexión sobre aspectos en concreto de esta realidad. Se plantea y se vuelve necesario cuestionarse, específicamente, el habitar cooperativo y su escala de implicancia. Esto asociado a la disolución de los límites que llevan a confundir entre escalas diversas lo cooperativo de lo colectivo en su talante más amplio. Así, como plantea el Dr. Eduardo Álvarez Pedrosian en su presentación en la mesa de debate (Vivienda/ciudad: modalidades de intervención/potencial de la vivienda colectiva en la construcción de ciudad/el problema del suelo): “¿Todo lo que es entre todos es bueno? ¿Qué es el todo? El todo no deja de ser una parte de las partes”. Este aporte despierta, en definitiva, el deseo de explorar los límites del cooperativismo a nivel social y proponer, si se quiere, una democratización del concepto cooperativista que alcance a la sociedad entera. Como expresa el Arq. Jorge Di Paula en “Los impactos de las políticas habitacionales de la última década en la forma urbana metropolitana de Montevideo”, bajo el título “Cambios en el tejido social” (VIVIENDA POPULAR N° 8): “La ciudad se fragmenta, no sólo en los aspectos formales (ruptura morfológica y tipológica) sino

también en los contenidos sociales (“ghettos”, “cottolengos”, etc.)”. Esta propuesta, en cambio, busca (entre otras cosas) contribuir a la no fragmentación del territorio mediante la disposición dispersa de la cooperativa, conservando el trabajo colectivo que arme los vínculos de solidaridad entre los vecinos de la sociedad en conjunto. Poner en cuestión la correspondencia gestión cooperativa-habitar cooperativo.

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LOS ESTUDIANTES PROPONEN

COOPERATIVA EN RED Estrategia de actuación/logística: I. Definición de un “centro” Terreno que concentra: - en una primera etapa, la gestión y la producción común del conjunto de las cooperativas (optimizar recursos y acelerar el montaje y la fabricación en cadena). - en una segunda etapa, un proyecto colectivo de “plaza cubierta y espacio de recreación”, de uso de la toda la comunidad (el espacio público de la cooperativa como un lugar de identidad para el cooperativista pero fundamentalmente con el valor agregado de que se abre hacia al resto del barrio, y no genera –sino todo lo contrario– una cooperativa como ghetto urbano). II. Definición de un “radio de acción” Conjunto de padrones en red integrados por: - estructuras existentes (cáscaras). - terrenos vacantes (vacíos).

COOPERATIVA HOY

COOPERATIVA PERIFERIA

COOPERATIVA NUEVO MODO INTERVENCIÓN

COOPERATIVA CENTRO

III. Definición de una tecnología “base” A utilizar en búsqueda de una determinada imagen arquitectónica deseada, que tenga las características fundamentales de: - un fácil montaje y transporte. - un mantenimiento sencillo. - la posibilidad de producir en serie.

Esquema Logístico / Especialización funcional:

RR R RR R

1. Elección de un centro (obrador), terrenos vacantes y un radio de acción (escala-barrio).

2. Definición de grupos de trabajo (especializados). Cooperativistas + grupo técnico.

3. Actuación especializada en cíclo, padrón a padrón.

4. Obtención de viviendas dispersas.

5. Aporte de espacio público al barrio (integración social). El obrador se convierte en espacio para uso del barrio en general.

6. Aplicabilidad del esquema en red.

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LOS ESTUDIANTES PROPONEN

La propuesta / El sitio:

I. DEFINICIÓN DE UN “CENTRO”

TERRENO 1 CÁSCARA TERRENO 9 CÁSCARA TERRENO 7 VACÍO

TERRENO 5 CÁSCARA TERRENO 6 VACÍO

II. DEFINICIÓN DE UN “RADIO DE ACCIÓN”

TERRENO 8 VACÍO

TERRENO 4 VACÍO

TERRENO 2 VACÍO

TERRENO 3 VACÍO

TERRENO 1 “CENTRO” [ETAPA 2: ESPACIO COLECTIVO A NIVEL BARRIAL] + ESPACIO PUBLICO espacio cooperativo transformado Cooperativas Dispersas

DISPERSAR + ENSAMBLAR TERRENO 2 Demostrar la relación de la obra con el concepto, dentro de la obra misma.

2 viviendas duplex 1 dormitorio. 2 viviendas duplex 3 dormitorios. 2 viviendas duplex 2 dormitorios.

SUM + servicios comunes

SIMBIOSIS Asociación de varios individuos con el fin de recibir un beneficio mutuo

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LOS ESTUDIANTES PROPONEN TERRENO 4 N

Planta baja

Planta nivel 1

VOLUMEN PROPIO: 106.4m² x 9m = 957m VOLUMEN APROPIABLE: 345.3m² x 9m = 2175.39m³ VOLUMEN TOTAL: 3132.39m³

UNIDAD MÍNIMA

3m 3m

3 m3 = 27 m3

Planta nivel 2

El volumen total de posible intervención surge de la suma del volumen construido del propio terreno más el volumen de aire que queda entre las construcciones de los padrones linderos y la altura máxima según normativa.

De este volumen total se destina 50% al desarrollo de la vivienda 30% espacio abierto o cerrado de apropiación de la cooperativa y circulaciones (EAC) y un 20% de vacío. VIVIENDA =1566.20m³ EAC= 939.72m³ VACÍO=626.47

La unidad mínima se define por un cuadrado de 3m de lado por 3m de altura (27m³) este terreno en particular se desprende que tenemos 116 EXPANDIR + AIRE unidades mínimas para utilizar en el desarrollo del proyecto.

3³ x 2 = 54m³

3³ = 27m³

DESARROLLO DE LA VIVIENDA VIVIR

SERVIR

TRABAJAR + VERDE

EXPANDIR + AIRE

Total por vivienda: 108+54+27+27=216m³ Como hay 1566.20m³ destinados a vivienda: 1566.20/216 = 7 viviendas aproximadamente si tomamos la unidad de mayor volumen.

3³ x 4 = 108m³ 34 = 81m³

3³ x 2 = 54m³

3³ = 27m³

3³ = 27 m

TERRENO 4 ALGUNAS POSIBLES COMBINACIONES DE UNIDADES MÍNIMAS PARA EL DESARROLLO DE LA VIVIENDA

Planta baja

SERVIR 3³ x 2 = 54 m³ Planta nivel 1

VIVIR 3³ x 4 = 108 m³ EXPANDIR + AIRE 3³ = 27 m³

Planta nivel 2

espacio apropiación

TRABAJAR + VERDE 3³ = 27 m³

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LOS ESTUDIANTES PROPONEN

Reflexiones finales Consideramos relevante, dejar planteadas ciertas interrogantes que suscite en quién analice este trabajo, el interés de reflexionar en el modo de habitar de la actualidad (y en qué estamos pensando para lo que vendrá). - ¿De qué manera influye (beneficios y limitaciones) la normativa vigente en las soluciones arquitectónicas y urbanísticas que se están planteando para generar ciudad ? - ¿Qué papel desempeña cada uno de los actores involucrados en el sistema cooperativo, y qué nuevos roles (o reformulación de ellos) deberían desempeñarse para que la gestión sea realmente efectiva? - ¿Cuáles son las tecnologías más apropiadas para este tipo de proyectos cooperativos, y cómo es posible la buena capacitación de los involucrados?

- ¿Cuál es el tipo de convivencia y relacionamiento con el otro que vivimos hoy, y cómo esa forma de habitar se ve influenciada por el tipo de ciudad que estamos construyendo? - ¿Qué pensamiento crítico se está generando en nuestros ámbitos de estudio y de trabajo para aspirar a una ciudad más eficiente y democrática? Creemos que lo importante a destacar en este planteo, es que no existe una única imagen aplicable de igual modo a todos los barrios: la fuerza del planteo a nuestro juicio radica en la adaptación al contexto en que se inserta la vivienda: el diálogo entre la propuesta arquitectónica y su entorno, en el más amplio sentido. Para que eso sea posible, será necesaria una gran variedad de soluciones para cada caso en particular; una de esas soluciones es la que planteamos para esta zona, tal vez reproducible (o tal vez no...) en otras situaciones urbanas.

Nace un espacio de trabajo y reflexiรณn Comisiรณn Vivienda y Territorio del Centro de Estudiantes de Arquitectura (CEDA)

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LA PÁGINA DEL CEDA

“Los habitantes volverán a asumir la actitud primordial de la autodeterminación del propio ambiente y de la recuperación del instinto en la construcción de la propia vivienda y, por tanto, de la propia vida. El arquitecto, en tanto que artista, deberá cambiar de oficio: dejará de ser constructor de formas aisladas para convertirse en un constructor de ambientes totales, de escenarios de un sueño diurno. De este modo la arquitectura pasará a formar parte de una actividad más amplia y, al igual que las demás artes, desaparecerá en provecho de una actividad unitaria que considerará el ambiente urbano como el terreno relacional de un juego de participación.” Francesco Careri, Walkscapes (los destaques tipográficos son nuestros)

Breve Presentación A fines del año pasado, después de acontecido el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura (ELEA) en nuestro país, surgió entre distintos compañeros del CEDA la preocupación de no contar con un espacio de constante reflexión de los estudiantes sobre las problemáticas de la demanda de vivienda digna y su correlación con el medio. De allí es que nace entonces la iniciativa de hacer lugar a este ámbito y fundar, plenario por medio, la Comisión de Vivienda y Territorio del Centro de Estudiantes, para que se aboque en

primera instancia a continuar algunas de las experiencias de los talleres de acción urbana del ELEA, pero que pueda a su vez, a través de los sucesivos trabajos, elaborar reflexiones, desde la praxis y la experiencia de las actividades llevadas a cabo, en torno a una temática de relevancia nacional y fuerte compromiso social. La Comisión estará convocando a la brevedad a participar de sus actividades, por lo que todos aquellos interesados serán más que bienvenidos a sumarse al trabajo y hacer aportes.

Sobre el trabajo a desarrollar por la Comisión “Los proyectos nunca están completos. La arquitectura es la activación de redes de intercambios ecosociales en espera. Un grupo de aves, la lluvia, una conversación humana o el paso de un auto son fenómenos cotidianos que posibilitan la arquitectura y que la conectan con amplios ciclos planetarios y eventos cotidianos de manera simultánea. La arquitectura es fuerza relacional y actividad pasajera. Viene y se va. Más que estilo y vanguardia es configuración abierta, que da un paso atrás y espera el contacto con diversos grupos humanos y no humanos. Es contacto y desgaste.” Felipe Mesa, Notas abiertas y redundantes para una arquitectura ecosocial

“El proyecto arquitectónico no es un objeto acabado y cerrado. Es un ir haciéndose, un acontecimiento abierto y una configuración ecosocial. Por ello ciertas arquitecturas corrientes están cargadas de complejidad, diversidad material y social. Como arquitectos hacemos parte de un proceso pero no somos ese proceso. Únicamente inferimos en etapas concretas de la arquitectura y ellas no son ni las primeras ni las últimas. Una arquitectura activa puede tener cambios, puede modificarse y variar.” Felipe Mesa, Arquitectura Configuración Las notas arriba citadas sirven para enmarcar el punto de partida de esta Comisión: atañe a la arquitectura, tanto el objeto arquitectónico en sí (la resolución proyectual y material), como el modo en que se gestiona (la inclusión, el acuerdo, la par-

ticipación, la interacción, el proceso y el compromiso de todos los actores sociales involucrados). Asumimos, por ende, que el éxito de cualquier propuesta arquitectónica depende entonces de distintas variables: su diseño, su ejecución final, el proceso, los actores involucrados en todas las etapas del proyecto y ejecución, el desempeño a posteriori, y por último la capacidad de esa arquitectura de poder ser conjugada de tantas diversas maneras como el usuario quiera o requiera. Pero la capacidad de apropiarse del espacio que el cómo se gestiona la arquitectura genere, y con ello la noción de comunidad que pueda también producirse, tienen igualmente gran relevancia cuando hablamos, entonces, de que un proyecto de arquitectura actúa en distintas dimensiones (que bien pueden hasta exceder su

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LA PÁGINA DEL CEDA

Fuente fotográfica: Comisión Difusión. XXII ELEA MVD 2013

propia especificidad), pero en el cual el proyecto y su gestión se vuelven un eslabón más. Una de las actividades concretas que pretendemos retomar son las jornadas solidarias con el Plan Juntos. Después del trabajo durante el ELEA, donde la experiencia resultó bien grata, queremos brindar al estudiante y a todo aquel que quiera sumarse, la posibilidad de aprender desde el contacto directo, desde la praxis, desde el involucramiento, para paralelamente poder reflexionar sobre el rol de la arquitectura en planes que aborden la emergencia de vivienda, el rol del estudiante universitario, y lo fundamental de la forma de gestión del plan. También se pretende retomar el contacto con la Unidad Permanente de Vivienda (UPV) de la Facultad y trabajar entre otras cosas sobre el

Cooperativismo de Vivienda. Ahondar y continuar con las reflexiones que salieron a luz entre los estudiantes en conjunto con los ponentes en las tertulias del ELEA sobre la revista “Vivienda Popular” y sobre el Cooperativismo. Se pretende trabajar en una modalidad donde praxis, experiencia concreta y reflexión vayan de la mano, evitando alejarse de las distintas dimensiones del problema u objeto de estudio desde una reflexión meramente teórica y conceptual. Por lo cual, la dinámica planteada será en torno a actividades puntuales atadas a procesos de discusión y elaboración de propuestas. Todo aquel que quiera sumarse a la iniciativa puede escribirnos a cedaparatodos@gmail.com. Agradecemos a la revista por el espacio y esperamos contar con tu participación.

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FotografĂa de Andrea Sellanes, SMA-Farq

Vivienda y organización popular. De la crisis institucional a la utopía Marina Lora y Marta Solanas *

* Arquitectas y españolas, integrantes del colectivo sevillano Habitares, que impulsa procesos cooperativos de vivienda y ciudad y la gestión social del hábitat en Andalucía. Marina es máster en Gestión Social del Hábitat y en Ciudad y Arquitectura Sostenible, y miembro del grupo de investigación ADICI de la Universidad de Sevilla; Marta también máster en temas vinculados a la vivienda social, es investigadora y militante de espacios sociales, participa en 15M-Vivienda en Sevilla y en la Asociación Arquitectura y Compromiso Social.

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Las “corralas”, en España, son ocupaciones colectivas de edificios de viviendas que permanecían vacíos. Su titularidad la ostentan bancos e inmobiliarias beneficiados por los procesos especulativos llevados a cabo con el sector de la construcción en el país. En Sevilla, la corrala pionera fue la Corrala Utopía, que habitó desde el 17 de mayo de 2012 hasta el 6 de abril de 2014 un edificio de 36 viviendas en el barrio de La Macarena. Por un lado estas iniciativas han sido una forma de visibilizar la crisis habitacional, poniendo rostro a las dificultades de una parte importante de la población, que no podía acceder de ninguna manera a una vivienda, al tiempo que se señalan algunas del casi millón de viviendas vacías con las que cuenta la región de Andalucía. Por otra parte, mediante la acción, se muestra una propuesta alternativa de acceso a la vivienda demanera colectiva. Además de todo esto, que no es

17 de mayo de 2012: se hace pública la ocupación colectiva.

poco, se recuperan para el uso de la ciudadanía, aquellos sectores de la ciudad que la especulación inmobiliaria había destinado al vacío. Un mes después del desalojo de “Utopía”, consideramos que las instituciones no han sabido responder al reto que les planteaba la sociedad. El marco político que ha englobado el proceso contenía variadas posiciones ideológicas; un gobierno local de derechas (Partido Popular, PP, gobernante), que se manifestó siempre en contra de la ocupación del edificio, y un gobierno regional formado por una coalición de la izquierda neoliberal (PSOE) y la izquierda que se aglutina en Izquierda Unida (IU), esta última a cargo de la Consejería de Vivienda y en principio más favorable a la determinación de las familias. Sin embargo, no han sabido encontrar el espacio para implementar políticas alternativas de vivienda. Y tampoco han sabido leer la oportunidad que se les ofrecía, con los movimientos sociales, para generar y hacer prevalecer propuestas que diversifiquen el acceso a la vivienda, tan necesarias en un sistema donde casi el 80% se basa en la propiedad individual.

Enero de 2014: Se interpela al gobierno regional, con la petición de expropiación del edificio. 11 de Enero de 2013: Cartel Manifestación apoyo a la Corrala Utopía.

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Adjudicación de viviendas públicas en alquiler: responder a la demanda estructurada no es una utopía La adjudicación de viviendas públicas en alquiler, a través de los Registros Municipales de Demandantes de Vivienda, deja sin resolver cuestiones cualitativas de diversa índole. Se tratan las necesidades habitacionales de la población como una suma de problemas individualizados, y se desvincula la vivienda de las relaciones que establecen entre ellas las personas que las habitan, dificultando su desarrollo personal y colectivo. 6 de Abril de 2014: la policía desaloja el edificio de “Utopía”.

A pesar que durante dos años desde la Consejería se aseguraron soluciones a las familias, tras la orden de desalojo hemos visto la incapacidad de la administración para dar respuesta a estas iniciativas manteniendo su carácter colectivo. Por otro lado, el realojo temporal de una parte de las familias en viviendas destinadas a cubrir situaciones de emergencia, dio lugar a una crisis política que estuvo a punto de romper la coalición de gobierno. En los medios de comunicación se desvió el debate hacia la adjudicación de viviendas y la existencia de listas de espera, de manera que lo único que se cuestionaba era si las familias eranlo suficientemente pobres para tener derecho a un alojamiento social.

Con el trasfondo del asalto a la propiedad privada, incluso tras el desalojo, se ha atacado a las personas que tuvieron el valor de organizarse para resolver su problema. Los responsables políticos lanzan a la sociedad el mensaje que la única salida es la espera paciente de la solución que definan las instituciones. En esta situación aún no se ha sabido encontrar una respuesta que albergue el proceso colectivo llevado a cabo. Esto nos lleva a la búsqueda de otras experiencias cercanas que pudieran servir de referencia para superar la barrera del acceso individual.

Pongamos que hablo de Madrid... de los barrios en remodelación al reto de la gestión cooperativa. A finales de los ‘80, en Madrid estaba prácticamente concluido el proyecto de remodelación de barrios, donde se construyeron más de 40.000 viviendas de promoción pública para los trabajadores, en su mayoría inmigrantes extremeños y andaluces. Hasta entonces estos barrios se conformaban de casas y chabolas de autoconstrucción, carentes de las condiciones mínimas de habitabilidad, y no contaban con las infraestructuras ni los equipamientos necesarios. La lucha de los vecinos, organizados en asociaciones vinculadas entre los distintos barrios, hizo posible que el proyecto fuera prioritario para la Administración y que además atendiera a los criterios que los vecinos reivindicaban.

propiedad de la Comunidad Autónoma. Sin embargo saben de las debilidades que ha tenido la gestión pública de la vivienda en alquiler. Por esto las asociaciones de vecinos lanzan una propuesta que supone un reto tanto para las administraciones, como para los propios demandantes implicados: Cooperativas de Jóvenes para la Gestión de Vivienda Social en Alquiler. Esto supone que los colectivos organizados aportan sus capacidades para optimizar la gestión, a la vez que caminan hacia la construcción de sociedad planteada.

Colonia San José. Vallecas, Madrid.

Tras el logro de esta empresa les surge un nuevo problema a resolver: el alojamiento de la generación que había crecido durante el periodo de la remodelación y ahora estaba en edad de emanciparse. Con lo aprendido, se plantean dos criterios fundamentales para resolverlo: La importancia de que los jóvenes también puedan permanecer en sus barrios y que la solución permita en su desarrollo seguir construyendo sociedad y aportando valores en su entorno. Los vecinos confían en lo público y apuestan por que se mantenga un parque social de vivienda

Fruto de la cooperación entre las Asociaciones de Vecinos, la Consejería de Política Territorial y la Consejería de Educación, se elabora en 1989 un “Plan de Vivienda Joven”, donde se diversifica la oferta de acceso a la vivienda pública en torno a los siguientes objetivos: 1. Promocionar un abanico de viviendas asequible. 2. Priorizar el régimen de alquiler sobre el de venta. 3. Situar el alojamiento de los jóvenes en su medio. 4. Adecuar el modelo de vivienda mediante la innovación tipológica. 5. Ofrecer una visión comunitaria del alojamiento. En este marco se define un modelo de cogestión donde la cooperativa de viviendas se hace cargo del edificio de titularidad pública, mediante un convenio con la Administración. Esto implicaba que debía encargarse de la distribución de las viviendas entre sus socios, del uso y manteni-

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miento de todo el edificio –incluyendo los locales y las zonas comunes–, así como del pago del alquiler total del conjunto. Por su parte la Dirección General de la Juventud establecía los criterios mínimos que debían cumplir las cooperativas para ser homologadas y poder acceder a este programa: 1. Que los socios cooperativistas fueran en su totalidad personas entre 18 y 30 años en el momento de inscribirse en la cooperativa. 2. Que las viviendas vayan a ser domicilio habittual del socio que la ocupe y que éste además no disponga de ninguna otra en propiedad o en usufructo. 3. Que los ingresos no excedan de 3,5 SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Entre las cooperativas homologadas, se daría prioridad según los siguientes criterios: - Cooperativas en régimen de alquiler. - Cooperativas cuyos socios procedan de un mismo barrio y pretendan permanecer en él. - Cooperativas que buscan emplazarse en cascos históricos. - Cooperativas que surjan o estén vinculadas a proyectos asociativos de carácter social o cultural de jóvenes. - Cooperativas que incluyan entre sus socios a jóvenes inmigrantes o familias monoparentales.

En este caso vemos cómo se puede atender y regular el acceso a la vivienda a partir de la demanda organizada de un grupo de personas, las cuales teniendo vínculos previos entre sí, no sólo quieren mantenerlos, sino que además se proponen desarrollarlos al tiempo que resuelven sus necesidades comunes de alojamiento. Estamos ante una respuesta dada por la Administración Pública a un caso de demanda estructurada, que como tal, entendieron que no podía seguir los mismos parámetros que se definían en el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda para la demanda individualizada. Colonia San José. Vallecas, Madrid.

Porque ésta es la hora y el mejor momento... La Corrala Utopía ha sido un intento de encontrar una respuesta colectiva a la necesidad común de vivienda de las vecinas que la habitaban. Una oportunidad de incorporar los procesos colectivos a las políticas socio-habitacionales, intento que debemos aprovechar. Desde nuestro planteamiento: el acceso, la producción y la gestión colectivas de la vivienda y los barrios se producen en base a valores de cooperación, solidaridad, responsabilidad y compromiso, que se seguirán desarrollando entre las personas que participan de alguna forma del

proceso. Los efectos de la experiencia repercuten en el entorno inmediato, pero también en la sociedad al estarse generando un bien común. El caso analizado de la experiencia madrileña es un ejemplo de cómo podemos replantear la adjudicación de viviendas, de modo que se abra el espacio para responder a otras realidades que ya existen.

Roma, una Pidgin City Okupada Adriana Goñi Mazzitelli*

* Adriana Goñi Mazzitelli, montevideana, es antropóloga cultural, Doctora en Planificación Urbana y Territorial e investigadora Post-Doctorado al Laboratorio di Arti Civiche, Dipartamento di Studi Urbani, Università degli Studi Roma Tre e integrante de la Agencia Nacional de Investigación Científica e Innovación y de la red REAHVI de UdelaR.

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¿La ocupación ilegal de espacios sin uso por inmigrantes es un camino hacía la renovación de los barrios en la ciudad? En este artículo procuramos analizar cómo, en Roma, estos asentamientos favorecen nuevas formas de ciudadanía y de ciudades más equitativas.

En la ciudad de Roma, las migraciones internacionales han crecido en los últimos años, produciendo varios fenómenos urbanos interesantes para la reflexión. En nuestra investigación-acción, como Laboratorio de Arte Cívica1 y Departamento de Estudios Urbanos, nos ocupamos de lo que llamamos la Pidgin City2, es decir la ciudad que está emergiendo de los squats de inmigrantes y de su interacción con los barrios ya consolidados de la capital italiana. Para entender la construcción de la Pidgin City hay que liberarse del miedo a equivocarse, y disponerse a errar deliberadamente, para estar disponibles para participar en las interacciones nuevas. Encontramos en las prácticas informales de las ocupaciones de Roma la fuente de un cambio más profundo que el de la renovación física de espacios abandonados. La diversidad cultural de los ocupantes, su forma de apropiarse el espacio y el desarrollo de sus actividades en el entor-

no inmediato regeneran los barrios, hacen surgir de nuevo relaciones de vecindad en partes de la ciudad donde éstas habían desaparecido. Este fenómeno de “liberación” de espacios abandonados de las metrópolis en el siglo XXI nos parece una clave interesante para interpretar la realidad social de una ciudad insurgente y plural.

Una red de espacios rebeldes con vocación pública Las ocupaciones organizadas y sistemáticas de inmuebles vacíos por familias de todo el mundo llevan más de diez años, en el caso de Roma, desde que los movimientos de lucha por el derecho a la vivienda, en particular el Colectivo ACTION Diritti in movimento, el Coordinamento di Lotta per la casa, y los Blochi Precari Metropolitani, abrieran su lucha a familias inmigrantes en estado de extrema necesidad habitacional y de pobreza.

1 http://www.articiviche.net Laboratorio Dirigido por Francesco Careri, Università degli Studi Roma Tre. 2 “La palabra pidgin deriva de la incorrecta pronunciación que los chinos hacían del inglés business, y que había obligado a los ingleses a decir “pidgin” en lugar de business, cuando querían comerciar con ellos, cambiando el propio lenguaje para hacerse comprender. Para hablar pidginhay que entrar en el error, estar dispuestos a equivocarse deliberadamente, y a no querer corregir y determinar las cosas, sino dejarse llevar por lo imprevisible”. (F. Careri, A.Goñi Mazzitelli, “Dalla Torre di Babele a Pidgin City” en A.Cancellieri, G.Scandurra “Tracce urbane, alla ricerca della Città”, Ed. F.Angeli 2012, Italia.

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Estos movimientos están constituidos por activistas sociales, que en los años ‘70 iniciaran las batallas por el derecho a la vivienda. Con el tiempo, a las familias italianas en asentamientos informales le fueron dadas casas populares en las periferias, construidas en altos edificios que seguían las tendencias del Movimiento Moderno en arquitectura y que crearan nuevos barrios marginales como El Corviale, Morandi, Serpentone, entre otros. El movimiento en los años ‘90 encontró un nuevo desafío con las familias de inmigrantes, y una nueva generación de activistas, guiados por los más antiguos, que comienzan a ocupar en forma organizada varios edificios abandonados. Muchas de estas familias inmigrantes vivían en asentamientos informales, incluso debajo de puentes y pasajes de autopistas, otras habían perdido el trabajo y pasaban de una situación de bienestar a una precariedad no prevista, quedando sin casas populares y sin apoyos estatales, por lo tanto con un destino incierto. Hoy en día el movimiento cuenta con muchos inmigrantes que luchan por sus derechos en primera persona. La metodología de ocupación que el movimiento ha desarrollado permite re-construir un mapa de los espacios abandonados de la ciudad, en particular de los bienes abandonados debido a la especulación edilicia, aquellos confiscados

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a la mafia, o el patrimonio público vacío. Luego se pasa a estudiar sistemáticamente cuáles son los inmuebles más convenientes para ocuparlos para uso residencial. En los años 2000 los movimientos de lucha por la vivienda han logrado negociar con el gobierno de la ciudad para que cediera inmuebles o tratara con los propietarios para no desalojar a los ocupantes. No son reconocidos oficialmente, pero el Consejo Municipal de Roma, una o dos veces al año, hace un encuentro entre movimientos y Municipio, que realiza una deliberación donde se tratan varios casos de ocupación juntos, pactando el otorgamiento de cuatro o cinco años de permiso para esas residencias. Estas poblaciones no sólo ocupan los espacios, sino que crean “condominios mestizos”, es decir lugares donde se experimentan formas de vida comunitarias y multiculturales, que se dan reglas internas propias de convivencia. Asimismo, de nuestra investigación se evidencian tres fases en este proceso: la primera es cuando se ocupan los inmuebles; son los primeros años, en los que se crea la comunidad interna y se defienden de los posibles desalojos. Las ocupaciones varían según la dimensión del inmueble ocupado: pueden ser pequeñas, con unas 15 familias, o edificios enormes con hasta 120 familias.

La segunda fase, que los transforma en lugares de renovación para los barrios, es luego de unos tres años de ocupación, cuando en muchos espacios se comienzan a abrir a actividades públicas que las comunidades internas deciden realizar como una forma de reconocimiento a la sociedad y al Estado que les permite estar en estos inmuebles para resolver su problema de vivienda. Por último, la tercera fase es la de procurar tener un rol activo en los cambios del propio barrio, y de la propia ciudad. Aquí, como Universidad, es donde entramos al proceso de entender en qué forma estas ocupaciones pueden participar en la transformación y planificación de la ciudad que está alrededor de ellas. En particular, seguimos la experiencia de algunas ocupaciones, mapeando las redes asociativas y de espacios públicos en los barrios, para entender cómo se propone la ocupación al interior del tejido urbano.

Ocupaciones como alternativa a las desigualdades sociales y la segregación urbana Muchas de estas ocupaciones se encuentran en el día de hoy en lugares centrales de la ciudad, o al interior de barrios, revolucionando el concepto de segregación urbana espacial de las clases desfavorecidas, que son expulsadas en general hacia las periferias, o fuera de la ciudad.

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El tejido urbano consolidado, gracias a sus servicios, tiene la capacidad de crear nexos entre los distintos grupos, y generar valores de pertenencia barrial para los inmigrantes de las ocupaciones. La adscripción identitaria personal se conforma gracias a las relaciones que se establecen en la vida cotidiana en los barrios3: vemos que los niños van a la escuela, las madres se hacen conocer en los mercados locales, los hombres en los bares y se comienzan a percibir cambios en la dinámica de la vida cotidiana del barrio. Esto contribuye a una nueva configuración identitaria “polifónica”4, llena de colores, sabores e idiomas diversos en las calles. Fotografía de Maria Rosa Jijon.

Los emigrantes traen consigo una capacidad de transformación informal de la ciudad, es decir la capacidad de desarrollar actividades de socialización, allí donde no estaba previsto y modificar el espacio público. La ciudad de Roma posee muchos de estos “vacíos urbanos” que han sido abandonados y dejados desiertos por las costumbres individualistas del consumismo en los nuevos estilos de vida urbanos occidentales. Esta capacidad de transformación informal ha hecho revivir lugares públicos, medios de transporte urbanos, y ha creado nuevos comercios étnicos dedicados a la nueva ciudad. La informalidad de estos usos transforma un espacio verde abandonado en el parque donde almuerzan los

3 García Canclini, Néstor. 2005. La antropología urbana en México, México: Ed. Fondo de Cultura. 4 Canevacci, Massimo, La città polifonica, saggio sull’antropologia della comunicazione urbana. 1997. 2a edición.

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domingos los peruanos, o un viejo edificio en una ocupación con una sala de Té de Marruecos5, o un parking en un mercado temporal improvisado, a precios accesibles y con productos típicos, al que llegan buses internacionales que vienen del Este de Europa, por ejemplo, que se activan en un determinado día en un determinado lugar.

Metropoliz, una ex-fábrica ocupada

Ocupación habitacional “Metropoliz”, Workshop MapIt planificación participativa de los espacios, fotografías de Matteo Micalella

Nuestra investigación en los últimos dos años en Roma se ha concentrado en una ex-fábrica abandonada, situada en la Vía Presnestina, una de las arterias de comunicación más importantes de la ciudad. El barrio donde se encuentra es una zona con un gran orgullo “obrero”, por haber sido una de las áreas más industrializadas de la región. La fábrica fue ocupada por el movimiento Blochi Precari Metropolitani6 en el 2009; son noventa familias, que luego de dos años, han obtenido la residencia allí, lo cual es para ellos un gran triunfo desde el punto de vista político. Aquí están naciendo un idioma y un espacio Pidgin donde coexisten personas provenientes de Perú, Santo Domingo, Marruecos, Túnez, Eritrea, Sudán, Ucrania, Polonia, Rumanía e Italia, y donde han sido incluidos también cien Roms (gitanos) provenientes de Rumanía, que han rechazado vivir en los containers de los “Pueblos

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de la Solidaridad y Centros de Agregación Rom”7 que les propone el Municipio de Roma. Cuando se llega a Metropoliz, parecería entrar en un barrio o mejor una “vecindad”; donde cada uno se encontró un lugar y se han autoconstruido las casas, divididas por las calles de circulación preexistentes de la fábrica. Muchos de los grupos tienden a recrear sus espacios de sociabilidad llamándolos también con nombres conocidos de su cultura de origen. Por ejemplo La Casbah, donde varias familias de Marruecos construyeron sus casas, o la Plaza Perú, mostrando la importancia para los peruanos del espacio público, y creando un “enclave”, llamando poco a poco a más integrantes de las familias peruanas para ocupar las casas alrededor de la “plaza”. Por otro lado encontramos, separado con un muro, más allá de la fábrica, la “ciudad rom” o gitana, como la han llamado a su interior. La “ciudad rom” es un gran galpón en cuyo interior las familias se han autoconstruido las casas; tiene una gran porción de terreno delante y detrás, donde se realiza acopio de materiales de reciclaje. El trabajo de estas familias es muy similar al de los clasificadores de residuos de Latinoamérica: van a buscar el material en la mañana y en la tarde las mujeres ayudan a sus maridos a separar el cobre y otros materiales de los cables.

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En los extremos más alejados de la fábrica están los ocupantes italianos, que han sido desalojados de la ciudad por no poder pagar el alquiler. Sus casas son réplicas de los apartamentos modernos y en algunas ocasiones son los que más “sufren” el estar en la ocupación, por ejemplo las familias con niñas pequeñas, que sienten las burlas de los amigos de escuela. Pero poco a poco se han integrado y las niñas se divierten con sus amigas peruanas al interior de la fábrica.

El desafío: la Reactivación Cultural y Social Urbana dando espacio a lo inesperado Por su fisonomía singular, Metropoliz ha sido objeto de varios proyectos artísticos que también han creado una economía alternativa, por ejemplo un set cinematográfico, que le ha dado una relevancia y visibilidad en la ciudad, con artistas de gran nombre que vienen a usar los sugestivos espacios de la fábrica para realizar sus instalaciones y performances8. Metropoliz no es un caso aislado. Al interior de la ciudad de Roma existen muchas ocupaciones con características diversas9, que están ofreciendo a los ciudadanos espacios públicos nuevos donde desarrollar una reactivación cultural y social urbana.

Apoyar desde la Universidad este movimiento de lucha por la vivienda para recuperar edificios y espacios públicos antes abandonados y ahora ocupados, significa apoyar una oportunidad estratégica, en la lógica de actuar contra la segregación física y las desigualdades sociales crecientes. Con las ocupaciones se densifica la ciudad y se trabaja en la integración y en la intercultura, dando la posibilidad a las poblaciones de auto-organizarse y reinventarse fuera de las lógicas establecidas. Desde el punto de vista de la planificación, esta experiencia contribuye a desarrollar programas alternativos al crecimiento urbano basado en la especulación edilicia y la “cementificación” del Agro Romano en periferias anónimas. Ésta es una elección también política: unirse a una batalla por el derecho a la ciudad, a la vivienda, a los servicios urbanos, a la mixtura cultural, y al ganar y ejercer los propios derechos de ciudadanía.

5 Pissano Margherita, Ri-abitare la città. Sottrazione, re-invenzione, auto-organizzazione. In Cellamare, Carlo, Progettualità dell’agire urbano. Ed. Carocci. Italia, 2011. 6 Movimiento de lucha por los derechos de la vivienda, que se transforma en movimiento contra la precariedad del trabajo, y por la reutilización del patrimonio público abandonado de la ciudad. 7 Son centros creados por los gobiernos de derecha e izquierda de la ciudad en los últimos años para concentrar a los roms y sacarlos de los asentamientos informales de la ciudad. Han tenido varias denuncias de Amnistía Internacional y de la Comisión Europea, por ser lugares no adaptados para la vida de niños y familias (www.21luglio.com).

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CONVOCATORIA A ESTUDIANTES

CIERRE

a presentar artículos para su publicación en REVISTA VIVIENDA POPULAR VIVIENDA POPULAR convoca nuevamente a estudiantes de la Facultad de Arquitectura a presentar trabajos para su publicación en el N° 26 de la revista, a editarse en el mes de noviembre próximo. Los artículos deberán versar, como siempre, sobre aspectos vinculados con la temática de la revista: la vivienda de los sectores de la población de bajos ingresos. Los aspectos tratados podrán ser proyectuales, tecnológicos, constructivos, económicos, de gestión o cualquier otro que tenga interés académico y social. Se podrán presentar trabajos realizados en un marco curricular o especialmente para su publicación en la revista. En principio, en el N° 26 se publicarán dos trabajos. De ser seleccionados más de dos para su publicación, los mismos podrán incluirse en el o los números siguientes, o en la página web de la Facultad, en la sección de la revista (http://www. farq.edu.uy/publicaciones/vivienda-popular/). Los trabajos a publicarse serán seleccionados por el Comité Editor de la revista, integrado por los Arqs. Raúl Vallés (Director de la revista), Duilio Amándola, Bernardo José Martín y María del Huerto Delgado, el Dr. en Sociología Álvaro Portillo y el Ing. Benjamín Nahoum.

Los artículos deberán tener una extensión máxima de ocho mil caracteres con espacios y podrán acompañarse con cuatro o cinco ilustraciones. En casos especiales, podrán aceptarse trabajos con más ilustraciones pero menos texto. En caso que las ilustraciones incluyan texto, el mismo deberá tener el tamaño adecuado para leerse correctamente en el formato de la revista. El no sobrepasar la extensión indicada es una condición importante para la publicación. Los proponentes podrán sugerir una diagramación tentativa del artículo, pero la versión final de la misma será realizada por la diagramación de la revista. Las imágenes deberán ser entregadas en escala de grises y con una definición de 300 dpi en tamaño real y deberán venir en archivo de imagen independientemente del archivo de texto. Los trabajos se recibirán en la Unidad Permanente de Vivienda, en horas de la mañana, o por correo electrónico a la dirección de la revista, hasta el 30 de setiembre de 2014. Las dudas o consultas pueden ser dirigidas a: viviendapopular2@gmail.com VIVIENDA POPULAR

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