REFLEXIONES FINALES

Si bien la utilización del Índice de Capacidad Municipal en la Gestión del Riesgo de Desastres (que busca dar cuenta de la compleja realidad que subyace a la gestión de riesgos a nivel local) corresponde a un ejercicio teórico que requiere perfeccionarse, resulta útil para adentrarse en una problemática sobre la cual hay pocos datos y mediciones escasas, que además aparecen dispersas. Como tal, este índice se muestra particularmente útil para visualizar las distintas estrategias que cada municipio ha adoptado para resguardar la seguridad de sus habitantes, las que, cabe decir, adoptan matices y énfasis distintos en cada uno de ellos, ya que implican una particular movilización de recursos en distintas fases del ciclo del desastre.

En términos generales, el índice muestra que es el municipio de Chañaral el que presenta una mayor capacidad de gestión en materia de riesgos, pues logra articular y poner a disposición el conjunto de recursos, competencias y habilidades con los que cuenta, para el desarrollo, implementación y ejecución de estrategias y acciones en pos de la reducción de los riesgos y de un manejo más eficiente y eficaz de las emergencias y desastres. Asimismo, los resultados muestran que una mayor capacidad de gestión no necesariamente se condice con una mayor disponibilidad de recursos, como muestra el caso de Copiapó, municipio que en la región es el que cuenta con mayor cantidad de funcionarios y recursos financieros, y donde se manifiesta, además, dado que la ciudad es capital regional, una mayor concentración de oportunidades y servicios. Con todo, es necesario considerar que al tener una gran cantidad de población en relación a otros municipios, se trata de una administración de alta complejidad, lo que muchas veces desemboca en ejercicios de priorización que dificultan la gestión en materias específicas. Pese a ello, igualmente los resultados muestran que se trata de una problemática que es necesario abordar dadas las características del territorio en el que se encuentra.

Al desglosar los resultados del índice por dimensiones se observa con claridad cuáles son los

énfasis que cada municipio ha generado en cada una de ellas. Algunos de estos gobiernos locales han puesto mayor esfuerzo en las acciones de reducción del riesgo y otros, por su parte, se han volcado al manejo de las emergencias. De esta forma, es posible observar que luego de los desastres ocurridos entre 2015 y 2017 los municipios muestran enfoques de gestión distintos, donde algunos, como Tierra Amarilla, han avanzado en un modelo de gestión principalmente reactivo, es decir, centrado en la movilización de recursos que se despliegan en forma inmediatamente posterior a la ocurrencia de un evento. Por otra parte, municipios como Chañaral y Diego de Almagro han comenzado a transitar hacia una gestión que intenta corregir aquello que no ha funcionado en el pasado; es decir, han adoptado medidas y acciones para reducir los riesgos ya existentes. Sin embargo, ninguno de los municipios de la muestra ha tenido la capacidad de desplegar un modelo prospectivo, basado en la adopción de medidas y acciones que derivan de un ejercicio de planificación comunal en el que se consideran nuevas condiciones de riesgo.

Esto es fundamental, ya que el estudio ha permitido visibilizar que, a nivel general, tanto el riesgo de desastres como su adecuada gestión no son un tema priorizado por los gobiernos locales en el devenir del desarrollo de las comunas de Atacama. Se trata de una señal preocupante dado que la región, junto con presentar un perfil de siniestralidad permanente y variable, posee niveles de vulnerabilidad social significativos, los que aumentan la probabilidad de que ante la ocurrencia de un evento, los impactos sobre las comunidades sean importantes. De esta forma, al no contemplar dicha configuración del riesgo en la planificación y ordenamiento territorial, no se lograrán reducir los niveles de exposición de las comunidades y, más aún, es probable que el modelo de desarrollo poco sostenible genere la configuración de nuevos riesgos en el territorio.

Debido a lo anterior es fundamental que los municipios de la región de Atacama transversalicen sus modelos de gestión del riesgo, transcendiendo con ello un tipo de respuesta centrado exclusivamente en el manejo de la emergencia. Para ello es fundamental abordar los niveles de pobreza y desigualdad, principalmente en lo que respecta a la distribución equitativa de las oportunidades. Lo anterior pasa también por pensar el desarrollo territorial desde las coordenadas del desarrollo sostenible, donde el desempeño económico, dimensión insoslayable de todo proceso de este tipo, considere como fundamental el bienestar de las comunidades y tome en cuenta el perfil de siniestralidad de la región y el actual contexto de cambio climático. En esa línea, es fundamental el robustecimiento de los gobiernos locales en torno a la GRD no sólo por medio de la adquisición de más y nuevos recursos sino también a través de una articulación y movilización más eficiente de aquellos con los que ya cuentan, para lo cual es necesario que los municipios comprendan la importancia del rol que tanto los gobiernos locales como las

instituciones privadas y la comunidad cumplen en esta materia.

Así, los indicadores que se contemplan en este estudio dan luces de aquellos factores que es necesario reforzar para aumentar la capacidad de GRD de los municipios. En este caso no basta solamente con incorporar la dimensión del riesgo en los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial, sino que también es indispensable avanzar hacia una gestión lo más descentralizada posible. Para ello es fundamental instalar en los gobiernos locales las capacidades técnicas que se requieren para alcanzar este objetivo, como la creación de unidades especializadas en gestión de riesgos a nivel local. Asimismo, el manejo de una realidad que trasciende el accionar del gobierno local requiere partir por mejorar los mecanismos de comunicación y gestión de la información, ya sea por medio de la difusión del plan comunal de protección civil como a través del ejercicio y fortalecimiento de sistemas de alerta y evacuación con enfoque territorial y comunitario, sobre todo en los sectores rurales de cada municipio.

Por último, una de las dimensiones más relevantes a ser reforzadas es la participación comunitaria en todo el ciclo del manejo del riesgo, ya que ésta implica un potencial alto para el mejoramiento de la gestión del riesgo en lo local. Es primordial que los municipios sean capaces de vincular a la comunidad y aprovechar sus propios recursos, ya sea a través de (i) la conformación de monitores o encargados comunitarios en GRD de los territorios; (ii) la identificación del riesgo incorporando los saberes locales; (iii) la creación de planes de alerta y evacuación coordinados y ejecutados en conjunto; y (iv) la generación de espacios donde la comunidad participe activamente del devenir del desarrollo comunal.

Lo anterior resulta un elemento insoslayable en los procesos de gestión del riesgo debido a que sólo a través de una participación activa y vinculante es posible la implementación de un marco de actuación basado en principios de confianza y corresponsabilidad. Las comunidades, ante una emergencia, son capaces de movilizar un amplio repertorio de recursos, gatillando respuestas pertinentes y oportunas que tienen un fuerte sustento en sus redes de solidaridad y cooperación. Éstas no son fáciles de construir, sobre todo tomando en cuenta que el marco de actuación regular de las instituciones públicas, además de reproducir relaciones de asistencia que perpetúan el malestar subjetivo de quienes sufren una catástrofe, invisibilizan a este actor clave en la implementación de soluciones de corto, mediano y largo plazo. Estudios cualitativos realizados en forma posterior a la catástrofe de 2016 han mostrado que las propias comunidades se transforman en elementos fundamentales en la restitución de funcionamientos que les son valiosos. Así, “la columna vertebral de un plan de gestión del riesgo a escala local, debe instar al desarrollo de estrategias colectivas como respuesta al nuevo perfil de siniestralidad regional” (FSP, 2017; 115).