LA CÁMARA DE CUENTAS PIDE ESTUDIAR LA VUELTA DEL CERCANÍAS

En diciembre de 2013, la Comunidad de Madrid cerró el ramal de 15 km que conectaba San Martín de la Vega con Pinto a través de la línea C-3a de Cercanías. Casi diez años después, la Cámara de Cuentas ha puesto el foco en este y en otros proyectos similares puestos en marcha por el Gobierno del Partido Popular que acabaron en el limbo.

En un informe publicado el 30 de diciembre, el ente apunta que “tanto en inmovilizado material terminado como en curso existen activos correspondientes a actuaciones o proyectos de infraestructuras interrumpidos, sobre los que sería necesario realizar una evaluación de la situación en la que se encuentran y, en su caso, proceder a la dotación de una provisión por deterio-

El Ayuntamiento de San Martín de la Vega instará a la Comunidad de Madrid a que derogue la denominada "Ley Uber", impulsada por el Gobierno regional para asegurar que los VTC puedan seguir operando ro o llevar a cabo su regularización”. Para la Cámara de Cuentas “se hace necesario el seguimiento de esta inversión para garantizar su viabilidad y puesta en funcionamiento o, en caso contrario, proceder a su regularización”.

Entre esas inversiones no solo se encuentra la línea de tren de San Martín de la en la región. La corporación municipal aprobó una moción del PSOE “en defensa del servicio público del taxi”.

El partido considera que “ley Uber” es inconstitucional y vulnera las competencias municipales. “Las

Vega sino también la que debía conectar Móstoles Central con Navalcarnero, así como el anunciado metro de Torrejón de Ardoz y el proyecto de construcción de la carretera M-203. Las obras de todas estas infraestructuras comenzaron en los gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza

Aguirre, pero nunca llegaron a concluir o actualmente se encuentran desmanteladas. ¿Su coste? Más de 350 millones de euros.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han asegurado que “se está evaluando qué hacer” con la línea de tren de San Martín de la Vega y Torrejón de Ardoz. En cuanto a la conexión ferroviaria entre Móstoles y Navalcarnero, el Gobierno dice haber ofrecido la obra al ministerio después de que Aguirre decidiese asumir el coste de los trabajos a pesar de ser una competencia estatal. En cualquier caso, el equipo de la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha aclarado que actuará “siempre teniendo en cuenta criterios de eficiencia económica y rentabilidad socioeconómica de la inversión”. RAÚL MARTOS autorizaciones para realizar transporte urbano deben ser tramitadas por los ayuntamientos, no por la Comunidad de Madrid como prevé esta normativa”, defenden.

"Queremos dar voz a los taxistas de San Martín de la Vega que nos han manifestado el problema que esta ley supone para ellos", exponen desde el Gobierno, denunciando los "conocidos" incumplimientos que hacen muchos VTC en la localidad.

G. DÍAZ