Otro día más en la oficina

Desde que en octubre de 2014 el juez Eloy Velasco diese luz verde al operativo policial para destapar la Trama Púnica, Valdemoro vive de escándalo en escándalo. La operación convirtió al municipio en el eje de la corrupción de la Comunidad de Madrid, implicando a políticos y trabajadores municipales a partes iguales. Mientras el Ayuntamiento se convertía en uno de los más endeudados de toda España, sus dirigentes se dedicaban a cobrar comisiones ilegales a través de contratos públicos.

En este tiempo Valdemoro no ha dejado de copar titulares por cuestiones tan dispares como el tanatorio, el contrato de basuras, la moción de censura, la contratación o no de espías y las nuevas imputaciones por supuestos cobros indebidos. Una lista de problemas que parece que no tiene fin y que siguen cayendo como un jarro de agua fría en los valdemoreños, que llevan casi diez años empapados por una mala gestión de los recursos públicos que no merecen.

Parece que este goteo constante es ya la norma dentro del Consistorio, donde el último caso parece casi haber pasado desapercibido a pesar de su trascendencia. En un ayuntamiento como el de Valdemoro en el que la deuda financiera alcanza los 27 millones de euros, las arcas municipales han dejado de ingresar 3,6 millones de euros en multas y sanciones. Y todo por pura desidia: no hay ninguna empresa que se dedique a enviar las notificaciones municipales porque la gestión del servicio no se ha renovado desde que el contrato acabase hace años.

Unos y otros se pasan la patata caliente sobre su responsabilidad. El Gobierno de Ciudadanos que asegura que la cifra es mucho menor, pero no es capaz de especificar una cantidad exacta echa la culpa a los técnicos municipales, que tenían orden de licitar un nuevo contrato. Estos, por su parte, argumentan que “la falta de medios personales y materiales para llevar a efectos las funciones reservadas” ha impedido que el servicio volviese a estar en funcionamiento durante todo este tiempo.

¿Quién tiene razón? Ninguna de las partes. El Gobierno era perfectamente conocedor de la situación y no actuó como sí hizo con la recaudación de impuestos, para la que lanzó un contrato menor con el que asegurarse que una empresa hiciese llegar los recibos a los vecinos. Los trabajadores municipales, por su parte, pudieron dar parte con mucha más antelación a las administraciones superiores o a la prensa para que ocurriera lo que ha pasado, que la situación está camino de enmendarse nada más hacerse pública.

La solución, en cualquier caso, llega tarde ya que muchas de las multas han caducado. La empresa más importante del municipio y que más cuesta a los vecinos, el Ayuntamiento de Valdemoro, vuelve a demostrar que no está a la altura de las circunstancias. Y lo peor es que parece que a muchos ni siquiera les importa.