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Criticada permanentemente por la oposición política por su virtual inexistencia, al no emitir alguna sentencia durante 20 años por compra de votos, el actual titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales asegura que el organismo vive “un giro importante en su labor”, luego de la reforma de 2014, cambio que no otorgó a la institución las atribuciones suficientes que permitan castigar los perennes delitos que persigue con su raquítico presupuesto de 160 millones de pesos anuales. Sólo 16 estados del país tienen su Fiscalía para atender delitos en comicios, advierte. Carlos Padilla Ríos
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urante muchos años, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) estuvo relegada o rezagada respecto al desarrollo del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral (INE), y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), admite Santiago Nieto Castillo, pero con la reforma electoral de 2014 asegura, la institución tuvo “una transformación muy importante”: se le otorgó competencia para conocer temas de fiscalización; delitos cometidos por servidores públicos vinculados al manejo de programas sociales, así como la posibilidad de intervenir en denuncias contra órganos electorales locales. Ahora, afortunadamente, la Fiscalía dio un giro importante en su labor, insiste y agrega: Hasta antes de 2014 el 92 por ciento de los asuntos investigados por la Fepade estaban relacionados con la alteración del Registro Federal de Electores, como usurpación de identidad para obtener credenciales de elector verdaderas con datos falsos. A partir de 2014, con el nuevo sistema procesal penal acusatorio, el 86 por ciento de los casos de nuestra materia están
POLÍTICA ÍTICA
JUNIO 2017
CULTURACULTIU
La compra de votos debe tipificarse como delito grave para evitar impunidad: Santiago Nieto Castillo
relacionados con los procesos electorales. De las poco más de 2 mil 500 carpetas de investigación que hoy en día tenemos, al menos mil 400 están relacionadas con dos delitos: la compra de votos y el condicionamiento de programas sociales. Por ejemplo, el primer caso que logramos judicializar fue la compra de votos en Yucatán, donde una señora cometió el ilícito afuera de una casilla. Se le vinculó a proceso y terminó, en virtud de ser una primo delincuente y por sus condiciones económicas, sentenciada a realizar trabajo comunitario. Son las reglas del nuevo sistema penal acusatorio. Los casos en Chiapas y Colima fueron muy relevantes. El secretario de Desarrollo Social del gobierno colimense coaccionó a sus subordinados y condicionó los programas sociales a cambio de votos. En Veracruz se giraron ocho órdenes de aprehensión contra funcionarios del ex gobernador Javier Duarte y ya hay cuatro autos de formal prisión. También investigamos a los delegados de
Sedesol, tanto en Veracruz como en Quintana Roo. Esa es la parte central de las actividades de la Fepade. De acuerdo con la interpretación de Santiago Nieto, con el nuevo modelo de comunicación política, aprobado en la reforma electoral del 2007, “los recursos que los partidos políticos, ya no dirigieron a los medios de comunicación masiva los canalizaron otra vez a la compra de votos y al condicionamiento de programas sociales, como mecanismos para coaccionar o presionar la libertad del sufragio, sobre todo en regiones marginales”. Todos los partidos políticos tienen denuncias por condicionamiento de programas sociales, agrega. “Aunque encontramos tres elementos importantes de esa compra: realizados por partidos políticos que están en el poder municipal, estatal o federal. Se efectúa en entidades o regiones con alta marginación como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde hay una relación directa entre el condicionamiento de programas