del Gobierno Federal,
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Nación (SCJN), que ordena al Legislativo expedir la ley reglamentaria del Párrafo VIII del Artículo 134 Constitucional, podría llegar a su fin, lo cual permitirá regular la publicidad gubernamental y sentar las bases de una relación distinta entre medios y poder político. La discrecionalidad en el otorgamiento de los recursos, que en ningún caso se corresponde con el impacto social, la pertinencia del medio o una evaluación del costo-beneficio, ha indicado desde hace tiempo que los principales vicios identificados en la relación sistema mediático-sistema político prevalecen y, en el caso de la esfera federal, se intensifican. Basta con observar un ejemplo. La administración de Enrique Peña Nieto ha ejercido hasta principios de este año un total de dos mil 253 millones de pesos en publicidad oficial vía internet, lo cual significa un 6.21 por ciento del total de medios. Dicho gasto aumentó 35.5 por ciento respecto de 2013, primer año del sexenio, pasando de 471 millones de pesos (mdp) a los 639 mdp, de acuerdo con el informe más reciente de la organización civil Fundar, agrupación que junto con Artículo 19 promovió el amparo que dio paso al fallo histórico de la Corte. El gasto en medios digitales entre 2013 y 2016 representa cinco veces menos que lo erogado en medios televisivos y tres veces menos que lo destinado a radiodifusoras, pero es el triple de lo destinado al cine, según expone Fundar en el estudio “Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del Gobierno Federal de 2013 a 2016”.
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ecir que el sistema mediático mexicano padece una enfermedad severa en materia comunicacional, cuyo síntoma más evidente es un extendido clientelismo producto de la aplicación discrecional de recursos publicitarios públicos, no es decir algo nuevo. Aunque sí muy grave. No era nuevo tampoco en el año 2015 (ver revista Zócalo No. 188) cuando hicimos un análisis al respecto y utilizamos para ello una metodología basada en la observación de un fenómeno de supeditación del sistema mediático al sistema político mexicano, que nos permitió detectar cómo el principal receptor en ese momento- de recursos estatales en materia de publicidad, el periodista capitalino Joaquín López-Dóriga, establecía como su principal fuente de información aquella surgida de las estructuras comunicativas del mismo gobierno. Pese a la dificultad que implica observar y documentar los efectos más claros de esa supeditación medios-poder político, por la opacidad y naturaleza ambigua de esa dependencia, pudimos señalar, podemos hacerlo ahora, que ciertos grupos mediáticos nacionales, se convirtieron en aliados del régimen, para construir hegemonías y mantenimiento del status quo. La concentración de las tareas de planear, autorizar, coordinar, supervisar, ejecutar y evaluar el gasto publicitario total del gobierno en una sola instancia, dependiente de la Secretaría de Gobernación, ha tenido un efecto adverso, que sin embargo hoy, a la luz de la histórica decisión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
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Alejandro Cárdenas y Luis Guillermo Hernández
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privilegios a ciertos medios también en internet
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Gasto publicitario