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Aleida Calleja
V
Esta omisión es de las más graves. El 9 de diciembre venció el término constitucional para que el Congreso aprobara una ley convergente de telecomunicaciones y radiodifusión; sin embargo, la lucha entre los partidos firmantes del Pacto por México por la reforma políticoelectoral, pero sobre todo por la energética, desplazó cualquier intento de avance en las comisiones dictaminadoras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Como buenos soldados, los legisladores no movieron un dedo en virtud de que el gobierno federal no presentó ninguna iniciativa ni al Pacto ni al Congreso. A pesar de que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) declararon que la habían entregado al Pacto por México, fuentes cercanas a esa instancia confirmaron
culares lo que abre la puerta a la utilización arbitraria de estas herramientas con un daño grave a la privacidad y seguridad de las personas. 2. Cambios a la Ley de la Propiedad Industrial. La Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, presentada en la Cámara de Diputados por el PRI y su líder, Manlio Fabio Beltrones, que en las redes sociales tuvo el hashtag #LeyBeltrones y, bajo el pretexto de la defensa de los derechos de autor, propone castigar las descargas ilegales de internet hasta con seis años de cárcel. La llamada “Ley Beltrones”, muy parecida a la que presentó en 2011 el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, conocida como la SOPA mexicana, contraría lo establecido en la reforma constitucional de telecomunicaciones que garantiza el acceso universal a la red sin injerencias indebidas. Además, corta de tajo la neutralidad de la red contemplada en la iniciativa de la Amedi y contradice de manera flagrante la recién presentada Estrategia Nacional Digital del presidente Enrique Peña Nieto. La iniciativa no avanzó, pero se queda como una alerta para el periodo de sesiones que comenzará en febrero de este año. Tal como está, la iniciativa excluye la propuesta de garantizar la neutralidad de la red para evitar injerencias indebidas y salvaguardar la libertad de información en las redes. 3. Derecho de Réplica. Igualmente, la Cámara de Diputados
á l i s i s
Ley convergente
que no conocen esa propuesta ya que el gobierno la ha guardado celosamente, despertando serias sospechas sobre su contenido. En tanto la atención pública estaba en la crisis del Pacto, por la salida temporal del Partido de la Revolución Democrática, la reforma política -y principalmente la energética- fueron pasando en comisiones una serie de cambios a leyes secundarias, contrarios a los derechos informativos y que estaban garantizados en la iniciativa de ley entregada por la Asociación Mexicana de Derecho a la información (Amedi), que adoptaron como proyecto de ley legisladores de ambas cámaras. Todo pareciera indicar una estrategia de dispersión al mismo tiempo que, mirando en su conjunto los alcances de esas reformas, se prepara a pedazos la ejecución de una contrarreforma de la ley telecom a partir de iniciativas como las siguientes: 1. Código Nacional de Procedimientos Penales. Las organizaciones que protestaron por sus términos usaron en las redes sociales el hashtag #EstadoEspía. El centro del desacuerdo está en la ausencia de salvaguardas para evitar el abuso de técnicas de investigación, tales como la intervención de comunicaciones privadas y la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil. De igual forma, no se considera el control judicial para ordenar la conservación de datos personales en posesión de parti-
An
arios asuntos relevantes sucedieron entre noviembre y diciembre en la agenda de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que siempre tienen un alto grado de controversia por los grandes intereses involucrados. La parte más preocupante fue la de las omisiones y aprobación al vapor de varias iniciativas de ley en ambas cámaras, aprobaciones que, de manera directa, tendrán consecuencias en el sector referido.
TELECOMUNICACIONES
Contrarreforma a pedazos
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