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Aleida Calleja
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Esta omisión es de las más graves. El 9 de diciembre venció el término constitucional para que el Congreso aprobara una ley convergente de telecomunicaciones y radiodifusión; sin embargo, la lucha entre los partidos firmantes del Pacto por México por la reforma políticoelectoral, pero sobre todo por la energética, desplazó cualquier intento de avance en las comisiones dictaminadoras, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Como buenos soldados, los legisladores no movieron un dedo en virtud de que el gobierno federal no presentó ninguna iniciativa ni al Pacto ni al Congreso. A pesar de que funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) declararon que la habían entregado al Pacto por México, fuentes cercanas a esa instancia confirmaron
culares lo que abre la puerta a la utilización arbitraria de estas herramientas con un daño grave a la privacidad y seguridad de las personas. 2. Cambios a la Ley de la Propiedad Industrial. La Ley Federal del Derecho de Autor y del Código Penal Federal, presentada en la Cámara de Diputados por el PRI y su líder, Manlio Fabio Beltrones, que en las redes sociales tuvo el hashtag #LeyBeltrones y, bajo el pretexto de la defensa de los derechos de autor, propone castigar las descargas ilegales de internet hasta con seis años de cárcel. La llamada “Ley Beltrones”, muy parecida a la que presentó en 2011 el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Federico Döring, conocida como la SOPA mexicana, contraría lo establecido en la reforma constitucional de telecomunicaciones que garantiza el acceso universal a la red sin injerencias indebidas. Además, corta de tajo la neutralidad de la red contemplada en la iniciativa de la Amedi y contradice de manera flagrante la recién presentada Estrategia Nacional Digital del presidente Enrique Peña Nieto. La iniciativa no avanzó, pero se queda como una alerta para el periodo de sesiones que comenzará en febrero de este año. Tal como está, la iniciativa excluye la propuesta de garantizar la neutralidad de la red para evitar injerencias indebidas y salvaguardar la libertad de información en las redes. 3. Derecho de Réplica. Igualmente, la Cámara de Diputados
á l i s i s
Ley convergente
que no conocen esa propuesta ya que el gobierno la ha guardado celosamente, despertando serias sospechas sobre su contenido. En tanto la atención pública estaba en la crisis del Pacto, por la salida temporal del Partido de la Revolución Democrática, la reforma política -y principalmente la energética- fueron pasando en comisiones una serie de cambios a leyes secundarias, contrarios a los derechos informativos y que estaban garantizados en la iniciativa de ley entregada por la Asociación Mexicana de Derecho a la información (Amedi), que adoptaron como proyecto de ley legisladores de ambas cámaras. Todo pareciera indicar una estrategia de dispersión al mismo tiempo que, mirando en su conjunto los alcances de esas reformas, se prepara a pedazos la ejecución de una contrarreforma de la ley telecom a partir de iniciativas como las siguientes: 1. Código Nacional de Procedimientos Penales. Las organizaciones que protestaron por sus términos usaron en las redes sociales el hashtag #EstadoEspía. El centro del desacuerdo está en la ausencia de salvaguardas para evitar el abuso de técnicas de investigación, tales como la intervención de comunicaciones privadas y la localización geográfica, en tiempo real, de equipos de comunicación móvil. De igual forma, no se considera el control judicial para ordenar la conservación de datos personales en posesión de parti-
An
arios asuntos relevantes sucedieron entre noviembre y diciembre en la agenda de las telecomunicaciones y la radiodifusión, que siempre tienen un alto grado de controversia por los grandes intereses involucrados. La parte más preocupante fue la de las omisiones y aprobación al vapor de varias iniciativas de ley en ambas cámaras, aprobaciones que, de manera directa, tendrán consecuencias en el sector referido.
TELECOMUNICACIONES
Contrarreforma a pedazos
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ENERO 2014
El 9 de diciembre venció el término constitucional para que el Congreso aprobara una ley convergente de telecomunicaciones y radiodifusión.
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aprobó la Ley del Derecho de Réplica que en sus términos simplemente hace inaplicable el ejercicio de este derecho al establecer procedimientos judiciales que sólo alguien con muchos recursos podría llevar. La judicialización del procedimiento en su etapa final, con los plazos establecidos, conllevan el gran riesgo de que cuando un juez emita una resolución, la réplica ya no tenga sentido. Además deja la puerta abierta para que los sujetos obligados (los medios) incumplan los fallos, en tanto que las sanciones no son lo suficientemente fuertes como para inhibir la violación de este derecho. Se llega al colmo de establecer que el peticionario debe pedir al medio de comunicación copia del programa o nota que quiera replicar en lugar de que sea la autoridad judicial la que deba exigirlo como parte de las pruebas para emitir una resolución. La iniciativa quedó pendiente de aprobarse en el Senado, donde la mayoría de las fracciones del PRI y el PAN acordaron no hacerle ningún cambio a la minuta turnada por la Cámara baja.
Ejecutivo invade facultades Dentro del remolino de aprobación de iniciativas, el Ejecutivo también dio la nota al invadir las facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En la semana de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televi-
sión (CIRT), el presidente Enrique Peña Nieto “instruyó” al Secretario de Comunicaciones y Transportes para que con “con pleno respeto a las facultades” del IFT, coordine la entrega de frecuencias de la banda de FM a las emisoras que actualmente están en la banda de AM. Esta vieja demanda de los radiodifusores para que sin más requisito que el pago de una contraprestación se les otorguen frecuencias FM, que se le conoce como radios combo, es una manera injustificada para que los mismos grupos beneficiados acaparen más espectro. La instrucción presidencial contraviene flagrantemente la Constitución que faculta exclusivamente al IFT a administrar, asignar, revocar o prorrogar frecuencias del espectro (artículo 28) con el fin de evitar el uso faccioso y político del Ejecutivo sobre este recurso nacional como tradicionalmente se había hecho. La orden presidencial, en cambio, es producto de la presión de los industriales de la radio. ¿Qué hará el IFT? ¿Acatar la instrucción presidencial o recordarle al Ejecutivo que ya no es su facultad decidir discrecionalmente sobre el espectro? Si bien la aprobación de la reforma constitucional de telecomunicaciones en 2013 abrió una puerta para cambiar de forma radical el
modelo de comunicación en México, la serie de iniciativas antes comentadas y la permanente actitud del Ejecutivo de mantener el control sobre las políticas del espectro, como lo fue también quitarle al IFT la ejecución del apagón analógico para dar paso a la televisión digital terrestre, son antecedentes que dejan un pésimo contexto para las discusiones que deberán darse en 2014 sobre las leyes secundarias en la materia. En la obsesiva y antidemocrática prisa del PAN y del PRI por aprobar la reforma energética, patearon los procesos legislativos indispensables para avanzar en el sector telecomunicaciones y atropellaron sus propios acuerdos. La vorágine legislativa en las últimas semanas de 2013 apenas si dio respiro para articular acciones en contra de tantas iniciativas que más bien parecen una contrarreforma de las telecomunicaciones a pedazos. aleida.calleja@gmail.com @callejag Ilustraciones: óleos de Reinaldo Chávez, de la serie “Abstractos”.