Zócalo 121

Ama g osal a t r a ns pa r e nc i a

De fie nde nde r e c hoal ai nf o r ma c i ó n Te l e v i s a Ne x t e l , po re l t r i p l ep l a y TVAz t e c a , l amá ss a nc i o na dapo re l I FE Co mput a do r a s , fil a nt r o pí ayne g o c i o Do c ume nt a ni nf o r me sa t e nt a do sal al i be r t a ddepr e ns a

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Contenido Mesa de redacción

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Portada / Transparencia

Salinas Pliego reta al Estado

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Transparencia de la definitividad

Cartón de Rapé

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Maquilladito Ernesto Villanueva

Para seguirle la pista

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Relevo en Fiscalía ¿Mejores resultados?

Telecomunicaciones

Transparencia

11 Caso Campeche:

involución en la rendición de cuentas Salvador Guerrero

21 Televisa-Nextel, hacia

el monopolio del triple play

Jenaro Villamil

13 Dientes al IFAI

23 Impugnable, licitación

para preservar el derecho

Eduardo R. Huchim

Perla Gómez

amagos del gobierno a transparencia

Elena González y Viridiana Villegas

www.revistazocalo.com.mx Contacto alternativamedios@prodigy.net.mx http://www.revistazocalo.blogspot.com 2

Zócalo

marzo 2010

Gabriel Sosa

ancha a través de la frecuencia 2.5 Ghz

Gerardo Israel Montes

18 Cuestionan especialistas 27 Avala Cofetel

entre las televisoras

Jaime Hernández Gómez

25 Proponen red de banda

en leyes de acceso a la información

de bandas 1.7 y 1.9: Carpinteyro

16 Avances y retrocesos

30 Hi-tv y el desencuentro

anomalías de TV Azteca

Jaime Hernández Gómez

Director General Carlos Padilla Ríos Edición Elena González Diseño Israel Sánchez Hernández Portada Zócalo Fotografía Cuartoscuro

Comunicación política

32 TV Azteca, la más

sancionada por el IFE

Jaime Hernández Gómez

Redacción Jaime Hernández Gómez, Luis Ángel Hurtado Razo Correción de estilo Eréndira Estrada Lázaro, Matilde González Dávalos Reporteros Balbina Flores Martínez, Primavera Téllez Girón, Atziri Ávila, Víctor Chávez, Viridiana Villegas Hernández, Christian Cedillo Corresponsales José Ferruzca, Europa, Ricardo Martínez, Centroamérica Colaboradores Luis Miguel Carriedo, Graciela Ramírez, Gabriel Sosa Plata, Pablo Arredondo, Francisco Hernández Lomelí, Víctor Becerril, Jorge Pulido, Agustín Pineda, Naief Yehya, Antonio Medina, Raúl Trejo Delarbre, Elvira García, César Amador, Frambel Lizárraga Salas.

Sociedad y medios

35 Computadoras,

Raúl Trejo Delarbre

Google

filantropía y negocio

Libertad de prensa

Internacional

46 Informes documentan

55 Amenaza de huelga

atentados a la libertad de prensa

Balbina Flores Martínez

asoma interés gubernamental

Rogelio Hernández

60 Espíritu de Ley

50 Juárez: violencia e

Ignacio Ruiz / Cuartoscuro

televisiva en México Guillermo Orozco / G. OBITEL México

41 Foro TV,

más de lo mismo

Luis Angel Hurtado

Legislación

43 Relegan diputados

la ley de medios Víctor Chávez

Caricaturistas Rapé, Hernández, Luy, Gallut Comité de Redacción Beatriz Solís, Javier Corral, Jenaro Villamil, José Reveles, Rogelio Hernández López, Luis Miguel Carriedo, Gabriel Sosa Plata.

Consejo Editorial Alma Rosa Alva de la Selva, Javier Esteinou, María Victoria Llamas (†), Carlos Mendoza López, Ernesto Villanueva, Manuel Gutiérrez Oropeza (†), Octavio Islas Carmona.

Televisa, presente

José Reveles

Televisión

incapacidad matan propaganda

39 Ecos de la ficción

Alberto Betancourt

Reseñas de libros

Sociedad

José Ferruzca González

57 ¿Cómo recuperar la 48 Protección a periodistas; voz de Haití?

Productos integrados

en TVE

Internacional

52 Estudio de Amarc;

cinco obstáculos a la diversidad Aleida Calleja

Tesis

63 Industria audiovisual

y TLCAN

Frambel Lizárraga Salas

Aviso En esta edición incluimos el suplemento número 2 de la colección especial para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución mexicana.

Publicidad Joshua Carrasco Danel, Alejandro Sánchez Secretaria Concepción Villegas Circulación Héctor Benítez Velasco Servicio social Miriam Paredes de Jesús, Jocelyn Hernández Pérez Monitoreo Medialog

Zócalo, comunicación, política y sociedad es una publicación mensual editada en México DF, por Proyectos Alternativos de Comunicación, S.A. de C.V., Reserva exclusiva título núm. 04–2000–090816141800–102. Número de certificado licitud de título 12280. Número de certificado de licitud de contenido 8943. Número ISSN 1665–8698. Domicilio: Calzada México Tacuba 235 cuarto piso, colonia Popotla, delegación Miguel Hidalgo. Tels.: 5341 6590 y 5341 6597, alternativamedios@prodigy.net.mx, revistazocalo@ yahoo.com.mx Internet: www.revistazocalo.com.mx. Impreso por imprenta Santiago, Río San Joaquín 436, Col. Ampliación Granada C.P. 11520, México, D.F. Precio por ejemplar: 30 pesos. Suscripción anual: 300 pesos por 12 números. Distribución: Publicaciones CITEM, S. A. de C.V. Tel.: 5238 0200.

En Sanborns en toda la República. En el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro y Guerrero. Registro postal publicaciones PP091056 autorizado por SEPOMEX

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Zócalo

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Mesa de redacción

Salinas Pliego reta al Estado promocionales de los partidos políticos.

Es decir, la televisora se cuida de no ser el blanco de los legisladores, quienes pudieran endurecer las sanciones contra las empresas que soslayan sus obligaciones.

Apenas el 29 de enero pasado el mismo IFE multó a esa empresa con 72 millones 386 mil pesos por no transmitir ocho mil 223 promocionales de las precampañas locales de Coahuila, Tabasco y Yucatán. En menos de un mes el empresario fue multado por 194 millones 786 mil pesos. Aunque no son todas las multas. La empresa acumuló entre abril de 2008 y septiembre de 2009 otras siete sanciones equivalentes a 37 millones 584 mil 164 pesos, según precisa en esta edición de Zócalo nuestro compañero Jaime Hernández Gómez.

Es obvio que Salinas Pliego trata de presionar a la autoridad y al Congreso, aprovechando los comicios estatales de ese año y con miras a las elecciones del

De última hora

Confirman nueva multa a TV AZTECA

E

l Instituto Federal Electoral (IFE) confirmó la multa por 122 millones de pesos a TV Azteca por no trasmitir en 17 de sus repetidoras 16 mil 92 spots durante los procesos electorales de Chihuahua, Puebla, Durango y Zacatecas, según explicó el IFE en su sesión del 24 de febrero. De 2007, cuando se reformó la ley electoral, a la fecha la empresa ha acumulado seis sanciones por la misma falta: omisión de spots, y dos por publicidad a través de terceros.

Con esta multa, la más alta impuesta por el IFE a un medio de comunicación, el adeudo suma la cantidad de 232 millones 970 mil pesos.

Ante los reclamos por la falta de información sobre el estado de las sanciones, el IFE se comprometió a entregar un informe al respecto en su próxima sesión. También dijo que remitió un paquete de 20 sanciones al Sistema de Administración Tributaria para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sea la encargada de cobrar las multas.

Por su parte Televisa mantiene un adeudo por multas del IFE de 14 millones 166 mil pesos.

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2012. No son gratuitas sus frecuentes campañas contra el Sistema de Verificación y Monitoreo del IFE, independientemente de sus insuficiencias.

Frente a ese desafío, es positivo que el IFE haya votado unánime para sancionar al mayor infractor de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión.

Ahora falta saber cuando el IFE o la Secretaría de Hacienda cobrarán esas multas a TV Azteca, pero también a Televisa (debe más de 14 millones de pesos).

Es probable que las sanciones más recientes no sean las últimas aplicadas contra TV Azteca. Por eso resulta necesario que el Congreso y las instituciones electorales exijan el aumento en las multas, más allá del retiro de tiempos de publicidad, que establece el artículo 354 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se incluya la revocación de la concesión como medida ejemplar para el resto de la industria.

Frase del mes

El corrido de Juárez “Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Les dijeron pandilleros a mis hijos asesinados. Es mentira.

Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad y no tenían tiempo para andar en la calle. Lo que quiero es justicia. Póngase en mi lugar, a ver qué siente. Si fuera uno de sus hijos buscaría al asesino hasta debajo de las piedras.”

Luz María Dávila, quien perdió a sus hijos en la matanza de 15 jóvenes el 31 de enero, increpó al presidente Felipe Calderón en Ciudad Juárez el 11 de febrero de 2010.

Ignacio Ruíz / Cuartoscuro

L

a multa más reciente impuesta a Ricardo Salinas Pliego, principal accionista de TV Azteca SA de CV, es la mayor sanción económica aplicada a una empresa de comunicación en la historia de la televisión mexicana, que este año cumple seis décadas.

El monto de la multa es tan alta como el desafío que el empresario le plantea al Estado mexicano, al negarse a transmitir 16 mil 92 promocionales electorales en los estados de Zacatecas, Chihuahua, Durango y Puebla. Aunque los más de 122 millones de pesos de multa (24 de febrero) parecieran no importarle a un concesionario empeñado en violar la ley.

El enorme cúmulo de omisiones cobra mayor preocupación cuando Salinas Pliego, en una actitud pendenciera y revanchista, rechaza transmitir únicamente los spots correspondientes a las autoridades electorales de la federación y de las cuatro entidades, y sí emite los

Cart贸n de Rap茅

Maquilladito

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Para seguirle la pista

A

l cumplirse cuatro años de creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, la Procuraduría General de la República (PGR) designó como su nuevo titular a Gustavo R. Salas Chávez, en sustitución de Octavio Alberto Orellana Wiarco, quien permaneció por tres años al frente de ésta en la más absoluta opacidad.

El actual fiscal, informó la PGR, se desempeñó como Fiscal Central de Homicidio de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) hasta julio de 2008.

Fue coordinador de Asesores en la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delitos Federales; agente del Ministerio Público en el Estado de México; delegado Regional en la Costa Chica y Centro de la Procuraduría de

L

a iniciativa islandesa de Medios Modernos de Comunicación (IMMI, por sus siglas en inglés) será la salvación para un oficio que en los últimos años ha sido golpeado por crisis, guerras y violencia.

La propuesta es impulsada desde varios frentes parlamentarios y por organizaciones como la Icelandic Digital Freedoms Society (Sociedad Islandesa de las Libertades Digitales). Se debatirá entre el 16 y 26 de febrero.

El paquete de modificaciones tiene la intención de crear un ambiente legal atractivo para quienes ejercen el periodismo de investigación, para lo cual establece un marco legal que recoge lo más avanzado de la legislación en otras naciones.

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Relevo en Fiscalía ¿Mejores resultados?

Justicia del Estado de Guerrero y director General del Ministerio Público Federal Antinarcóticos del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas, entre otros cargos públicos.

El amplio currículum del nuevo fiscal no deja de generar expectativas.

La pregunta es ¿con las limitaciones jurídicas y de recursos que tiene la fiscalía podrá abatir la impunidad? Con siete periodistas desaparecidos y cerca de medio centenar de asesinatos, es hora de plantear además de un buen fiscal, mayores atribuciones a la Fiscalía y sobre todo voluntad para

resolver de una vez por todas los agravios a periodistas

Otras ficalías El 14 de febrero, la PGJDF firmó el acuerdo con el que se crea la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Cometidos en Agravio de los Profesionales de la Comunicación.

A finales de enero, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa creó una mesa de atención a periodistas, luego de registrarse el asesinato del reportero José Luís Romero del noticiario Línea Directa.

Las fiscalías se han convertido en una válvula de escape para acallar los reclamos, pero de ahí a que resuelvan las investigaciones hay un largo trecho (Balbina Flores Martínez).

Islandia, más transparente De aprobarse la iniciativa, los periodistas que aborden información delicada podrán publicar sus notas, además de almacenarlas físicamente o electrónicamente.

Así Islandia se perfilaría como el país con la legislación más permisiva en cuanto a libertad de prensa. Entre las modificaciones, destaca la protección de las fuentes anónimas

de información. Respecto al acceso a la información pública y la transparencia, la iniciativa prevé que no exista limitación o restricción alguna. Con esto busca que la excusa de la privacidad se elimine para cualquier información de carácter público (Luis Ángel Hurtado Razo).

Para seguirle la pista

Berlusconi, otra vez en aprietos

S

ilvio Berlusconi, primer ministro italiano y magnate de los medios privados en su país, se encuentra otra vez en la mira. Ministros de Florencia investigan a por lo menos 28 personas supuestamente favorecidas con contratos del gobierno a cambio de favores sexuales con prostitutas. Guido Bertolaso, presidente de la Agencia Italiana de Protección Civil y mano derecha de Berlusconi, figura entre los investigados.

El fiscal Giuseppe Quattrocchi será el encargado de investigar las acusaciones de corrupción que se relacionan

con la construcción de varias obras que nunca se realizaron o quedaron inconclusas en la isla de La Maddalena, ubicada en Cerdeña. Las obras estaban previstas para la cumbre del G-8 realizada en julio de 2009, la cual finalmente se efectuó en la ciudad de L´Aquila.

De los acusados, cuatro han sido arrestados, entre ellos Angelo Balduci, presidente del Consejo Superior de Obras Públicas, y segundo después de Bertolaso.

Ganan cineastas demanda a TV Azteca

T

V Azteca violó los derechos de autor de los cineastas Gabriel Retes y Carlos Carrera en la difusión de las películas BienvenidoWelcome y La mujer de Benjamín, sentenció el juez cuarto de Distrito en Materia Civil, Alejandro Villagómez Gordillo, el pasado 10 de febrero.

Se impuso a la televisora una sanción que representa el 40 por ciento de los ingresos generados por la comercialización de los

espacios durante la transmisión de los filmes y se le ordenó que las transmisiones se hicieran de manera completa, sin alteraciones y con los créditos de sus autores.

La televisora sustituyó escenas sexuales y aquellas en las que se pronunciaban palabras soeces, además cortó fragmentos de otras para introducir anuncios publicitarios, alterando así el contenido de las películas.

Llaman la atención la detención de Balduci y la demanda contra Bertolaso, por la cercanía que tienen con Berlusconi. El mismo Cavaliere anunció a finales de enero que ascendería a ministro a Bertolaso, por los grandes trabajos de recuperación que realizó después de los terremotos en la región de Los Abruzzos.

Por el anuncio de averiguación de que es sujeto, Guido Bertolaso renunció al cargo el 10 de febrero. Sin embargo, Berlusconi no la aceptó, lo que ha suscitado un incremento de las críticas de cara a las elecciones regionales que se realizarán en Italia los próximos 28 y 29 de marzo (Jaime Hernández Gómez).

Para Víctor Ugalde, secretario de la Sociedad Mexicana de Directores, el triunfo no es definitivo porque TV Azteca puede impugnar la decisión. No obstante, la resolución es histórica porque es la primera de ese tipo en América Latina. Sólo en Francia, Italia y Suecia se han pronunciado sobre el tema. La demanda se presentó en 2007 y dos años después se dio la resolución, expresó.

El también director de cine agregó que además se demandó a TV Azteca por no difundir los créditos de los autores, sin embargo en esta situación el juez no les concedió la razón, por lo que impugnarán esa parte de la resolución.

Al mismo tiempo informó que hay un proceso similar en contra de Televisa, pero todavía no finaliza porque la demanda es por 18 películas (Jaime Hernández Gómez).

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Transparencia Ernesto Villanueva

Transparencia de la definitividad

E

n días pasados se supo que la Procuraduría General de la República se manifestó porque la Suprema Corte de Justicia declare constitucional una reforma legal en el estado de Campeche consistente en derogar tanto la consulta directa a la información solicitada, como el preservar como no definitivas las resoluciones del órgano garante de Campeche para que la decisión final corresponda al Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La intervención de la PGR y el sentido de la misma han generado una razonable inquietud acerca de que el sistema de transparencia en México se encuentre en riesgo. Veamos de qué se trata.

Primero. Una de las características procedimentales del derecho de acceso a la información es su “amigabilidad”, que supone poner en práctica el principio de suplencia de la deficiencia de la queja; es decir, que los errores de forma del recurrente de una negativa de acceso a la información sean solventados por el órgano garante para resolver el fondo de la cuestión: si se confirma o se revoca la decisión de la autoridad de no informar.

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y la rendición de cuentas de los funcionarios de este país.

Para el especialista Ernesto Villanueva, ese cambio genera obstáculos a los ciudadanos, debido a que dilata y hace más complejo el proceso de acceso a la información que debe ser expedíto. Por esto, la definitividad de los fallos de los órganos garantes, es necesaria.

La controversia En un acucioso estudio, Perla Gómez Gallardo (El IFAI y la calidad jurídica de sus decisiones. Miguel Ángel Porrúa.

2007) puso en relieve la fragilidad de las resoluciones del IFAI en lo que concierne a su estricta observancia de los principios constitucionales de seguridad jurídica, reconociendo mayor calidad técnica en las resoluciones de jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación que, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los casos en institutos y comisiones, son juzgadores profesionales. No al menos deben aprobar recursos de pericia jurídica y procesal.

Segundo. En Campeche, el 30 de junio de 2009, el Congreso local derogó la consulta directa a la información y preservó la no definitividad de las resoluciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que un grupo de diputados presentó la Acción de Inconstitucionalidad 56/2009 el 18 de agosto para que se declare la invalidez de esas disposiciones de la Ley de Manuel Felguérez, La luz herida

La reforma de ley en Campeche para que las resoluciones de la Comisión de Transparencia del estado puedan ser impugnadas ante un tribunal, y el aval a ese polémico retroceso del procurador general de la República, Arturo Chávez, ha generado un debate sobre si dicha enmienda sienta un precedente contra el derecho a la información

Este presupuesto parte del compromiso del Estado de rendir cuentas, generar retroalimentación informativa con los gobernados y promover la observancia del Estado de Derecho.

La “amigabilidad” del derecho de acceso no debe entenderse, sin embargo, como una autorización para que se ignoren los principios constitucionales de seguridad jurídica, que todo órgano del Estado debe observar, más todavía si realiza funciones materialmente jurisdiccionales.

información forma parte de los estándares nacionales del acceso a la información pública y está prevista en las distintas leyes federales y estatales. Es, además, uno de los mecanismos expeditos y gratuitos del gobernado para examinar, además de ser compatible con lo previsto en el artículo 6º constitucional, inciso IV. Queda claro que los sujetos obligados a informar cuentan con mecanismos de protección de los registros y que, en casos excepcionales, se tiene la precaución de impedir una consulta directa si la propia información corre riesgos, por ejemplo en el caso de documentos históricos o en mal estado. Se trata de la regla general sujeta a razonables excepciones por lo que el acto que reclaman los diputados difícilmente se podrá resolver en beneficio de las personas.

cuando en la relación entre éste y el órgano garante no es eso necesario al existir el principio de suplencia de la deficiencia de la queja. Es lógico que mientras más sencillo sea el procedimiento, mayores posibilidades tiene de ser ejercido por los gobernados.

El segundo problema es la ausencia de “procedimientos expeditos”, como lo ordena el artículo 6º constitucional, al implicar una gran paciencia de las personas para eventualmente acceder a la información. Esto en sí mismo afecta el derecho de acceso a la información garantizado en el segundo párrafo del Artículo 6º Constitucional.

A las pruebas me remito. En Campeche, se pueden citar varios casos que ponen en relieve la lentitud del Poder Judicial local.

Un paso atrás Tercero. El punto relativo a la definitividad de las resoluciones a cargo del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como plantea la reforma legal campechana, implica más problemas que soluciones desde la perspectiva del derecho de acceso a la información. El primero es lo complejo del procedimiento al suponer un conocimiento jurídico del gobernado

En efecto, al hacer una revisión de todos los casos puestos en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia del Estado se tienen los resultados siguientes: 1.- El primer recurso de revisión interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia por la Universidad de Campeche (RR/011/2007) tardó siete meses 23 días y confirmó la resolución

Manuel Felguérez, Transparencia del destino

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.

Los diputados impugnaron los artículos 48, Tercer párrafo; 74 y Tercero Transitorio de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche que establecen: “Artículo 48.- A toda solicitud de información pública deberá recaer una resolución por escrito; en caso de prórroga del término o de negativa de la información, ésta deberá encontrarse debidamente fundada y motivada.

La información se proporcionará en el estado en que se encuentre en los Entes Públicos. La obligación no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante.

“Los documentos en que obre la información solicitada se proporcionarán al interesado en copias fotostáticas. Si los documentos estuviesen digitalizados se podrán entregar al solicitante grabados en medio magnético o enviárselos por correo electrónico.

El derecho a la información no implica el permitir al solicitante la consulta directa del expediente o expedientes en los que se contenga.

“Artículo 74.- Las resoluciones que emita la Comisión podrán impugnarlas los particulares ante la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el juicio de nulidad previsto en el Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado; y las unidades de acceso ante el Pleno del indicado Tribunal, conforme a las disposiciones establecidas en dicho Código para la tramitación del recurso de revisión. En este último caso la Comisión no podrá requerir la ejecución o cumplimento de su resolución hasta en tanto ésta no haya sido confirmada por el Tribunal Pleno.”

Por lo que se refiere al primer punto relativo a la consulta pública, se puede decir que esta vía de acceso a la

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Manuel Felguérez, Clausura de esperanza

inicial del órgano garante de la información campechano.

2.- El siguiente recurso de revisión interpuesto por la Secretaría de Finanzas ante el Tribunal Superior de Justicia tuvo una duración de siete meses 27 días.

3.- El recurso de revisión RR/001/09 interpuesto por la Secretaría de Fomento Industrial y Comercial ante el Tribunal Superior de Justicia contra una resolución del órgano garante lleva exactamente 12 meses sin ser resuelto.

4.- Lo mismo puede decirse del recurso de revisión RR/018/2008 interpuesto por el ISSSTE local que desde hace 16 meses espera su resolución.

Estos tiempos, sujetos a los de la carga del Tribunal Superior, crean incertidumbre sobre la obtención de la información ya que no hay plazos ni términos perentorios, menos todavía expeditos para asegurar el mandato constitucional del artículo 6º.

Cuarto. ¿Qué hacer? No ignoro la molestia creciente en un sector cada vez más vasto de la comunidad jurídica que lamenta que estos órganos garantes puedan eventualmente cumplir con deficiencias los principios del debido proceso y de legalidad que deben ser la 10

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base de actuación de toda autoridad. El artículo 6º constitucional no establece expresamente la definitividad e inatacabilidad de las resoluciones de los órganos garantes, aunque esa es la tendencia en la mayor parte de las leyes vigentes, tanto la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental como más de las tres cuartas partes de las leyes estatales.

La inatacabilidad Existe, empero, una rendija para alguna interpretación jurisdiccional que puede convertirse en jurisprudencia. En efecto, cuando el artículo 6º, en su numeral IV, se refiere a la naturaleza jurídica de los órganos garantes, indica que deben ser “especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.”

El vocablo “autonomía de decisión” parece referirse más bien a las características que en derecho administrativo se reconocen a los organismos desconcentrados y, por supuesto, a los descentralizados, pero no necesariamente implica la inatacabilidad de sus resoluciones. De ahí, por tanto, la intervención jurisdiccional para interpretar el alcance de esta expresión normativa. No obstante, a fin de respetar el

principio de seguridad jurídica previsto en la Constitución y considerando que, por razones políticas que han adquirido carta de naturalización, para ser comisionad@ o consejer@ de los órganos garantes no es necesario ser jurista, sería posible admitir un mecanismo de control constitucional del debido proceso restringido de las resoluciones de las comisiones e institutos de transparencia que pudiera estar sujeto a las siguientes consideraciones: a) Se debe resolver por un juzgador del Poder Judicial de la Federación; b) No debe pronunciarse sobre el fondo, sino sobre la forma para mantener a salvo la definitividad deseada en los órganos garantes; c) Debe estar sujeto a un procedimiento expedito mediante las reformas legales necesarias que así lo aseguren, de suerte que se evite la prolongación al infinito que demerita el derecho de acceso a la información pública, y d) Sólo debería estar legitimado el presidente de la República y los presidentes de cada uno de los Poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos y sus equivalentes en los estados.

Esto en virtud de que, así, no cualquier autoridad pueda hacer valer este mecanismo de revisión. Su uso sería limitado y excepcional por los costos políticos que implica una recurrencia de esta herramienta. De esta suerte, podría armonizarse el expedito acceso a la información de los gobernados con el adecuado respeto a los principios de legalidad y del debido proceso.

Sólo de esta manera podría justificarse una reforma que impactara la necesaria definitividad como regla general de los órganos garantes del derecho a saber.

Pretender hacerlo como al parecer quiere la Secretaría de Gobernación, a tabla rasa y sin ningún matiz, muestra que lo que se busca es restringir, complejizar y, a final de cuentas, cercenar el derecho a saber. evillanueva99@yahoo.com

Iván Stephens / Cuartoscuro

Caso Campeche: involución en la rendición de cuentas

• Salvador Guerrero Chiprés*

E

l veredicto que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la reforma a la Ley de Transparencia en Campeche implica la resolución de un dilema: aceptamos que las resoluciones sobre el derecho de acceso a la información son definitivas y ampliamos el poder de los ciudadanos sobre sus gobiernos, o ratificamos la incipiente aparición de un fenómeno de involución que atenta contra ese poder y favorece a élites regionales.

La autonomía, especialización y definitividad en las resoluciones de los órganos garantes del derecho de acceso a la información son esencia del horizonte democrático que la transparencia ha abierto para utilidad de todas las personas. Otorga continuidad al empeño democratizador de tres décadas de periodistas, investigadores y políticos, quienes construyeron un código de ética en el cual la especialización y autonomía de los organismos de transparencia son indispensables para controlar la corrupción, la opacidad y el silencio de autoridades retrógradas que se niegan a entregar la información pública o simulan cumplir

con este derecho, cuando quieren inhibir a entidades autónomas que se escapan al control de gobiernos y partidos, y al mismo tiempo, son responsables en su pluralidad y en la calidad de su servicio.

A la normatividad original que permitía, desde 2005, que en Campeche un órgano jurisdiccional diferente pudiera revisar las resoluciones relacionadas con la transparencia, la reforma propuesta por algunos legisladores, y que está siendo resistida, añade abiertas regresiones como lo es impedir el acceso directo a los documentos públicos si el solicitante así lo requiere.

De acuerdo con la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, en el caso de Campeche, donde se aprobó que las resoluciones del órgano de transparencia puedan ser revisadas por el Tribunal de Justicia de esa entidad, ocurre “un atentado” a los principios rectores de la transparencia.

Al respecto, de acuerdo con los juristas, el principio de definitividad se utiliza fundamentalmente en el juicio de amparo y en el derecho procesal administrativo.

En el juicio de amparo se habla de principio de definitividad como un requisito de procedibilidad de la pretensión; paralelamente, en el derecho procesal administrativo se considera cuando una resolución para ser impugnada debe haber causado estado.

Ahora bien, en transparencia, una materia relativamente nueva en su normativa y experiencia, se utiliza el principio de definitividad como la imposibilidad jurídica de atacar o impugnar las resoluciones que los órganos especializados emiten a través de medios ordinarios para este fin.

El anterior principio tiene su origen en que el legislador, conciente de los largos tiempos procesales que implican en la emisión de una resolución y en el agotamiento de los medios para su impugnación, a efecto de que la resolución quede firme, imaginó como mecanismo para el acceso y revisión de la información, procedimientos expeditos y sencillos.

Este es el espíritu que se retomó con la reforma del artículo 6 de la Constitución en 2007, el cual marca en su fracción IV lo siguiente: marzo 2010

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Ahora bien, ¿cuál es el escenario jurídico en el que una norma no establece explícitamente el principio de definitivitad? El contraste, como en Campeche, es que se estipula la probabilidad de que las resoluciones emitidas por el órgano especializado en transparencia puedan ser revisadas por un órgano distinto, es decir, impugnadas a través de un medio ordinario, por cualquiera de las partes de las cuales se dirime el acceso a la información.

Artículo 74 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche: Las resoluciones que emita la Comisión podrán impugnarlas los particulares ante la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el juicio de nulidad previsto en el Código de Procedimientos Contencioso-Administrativos del Estado; y las unidades de acceso ante el Pleno del indicado Tribunal, conforme a las disposiciones establecidas en dicho Código para la tramitación del recurso de revisión.

En este último caso la Comisión no podrá requerir la ejecución o cumplimento de su resolución hasta en tanto ésta no haya sido confirmada por el Tribunal Pleno.

Google

… Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.

Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

En ese sentido, las normatividades que regulan el acceso a la información, plasman en su contenido el principio de definitividad antes mencionado.

Es el caso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que en su artículo 59 señala: … Las resoluciones del Instituto serán definitivas para las dependencias y entidades. Los particulares podrán impugnarlas ante el Poder Judicial de la Federación.

Los tribunales tendrán acceso a la información reservada o confidencial cuando resulte indispensable para resolver el asunto y hubiera sido ofrecida en juicio.

Dicha información deberá ser mantenida con ese carácter y no estará disponible en el expediente judicial.

El gobierno Federal, desde su normatividad, estipula claramente el principio mencionado. Candado jurídico que no se posee en la norma de Campeche, y que probablemente sea el laboratorio local para ser replicado a nivel Federal.

Debemos recordar la tentativa de la PGR para que un Tribunal Administrativo revise las resoluciones del IFAI, probabilidad regresiva para el derecho de acceso a la información, denunciada por todos los actores a favor de respetar el derecho de acceso a la información.

Este principio se ha replicado en la normatividad de los distintos estados, como en el DF, el cual en su Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, artículo 88 señala: … Las resoluciones que emita el Instituto serán definitivas, inatacables y obligatorias para los entes públicos y particulares. Los particulares sólo podrán impugnarlas ante las autoridades jurisdiccionales competentes.

El artículo anterior considera que las resoluciones emitidas por el órgano de transparencia en ese estado no son definitivas, ya que a diferencia de las resoluciones a nivel federal o en el DF emitidas por sus respectivos órganos, pueden ser impugnadas. ¿Existe una verdadera controversia entre la norma suprema y la normatividad local al incluirse esta probabilidad de no definitividad?

La Constitución en su artículo 6 señala lo siguiente: La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

En nuestra norma suprema se puede observar que, si bien es cierto el acceso a la información de todo mexicano debe ser por medio de mecanismos expeditos, no se establece que los distintos órganos especializados de los estados deban o no incorporar el principio de definitivita en su normatividad, para a su vez, aplicarla en sus resoluciones.

En ese orden de ideas, a sabiendas de la práctica procesal y los dilatados tiempos que ocupa una resolución en adquirir su carácter de definitiva, el que las normatividades no incluyan el principio de definitividad de sus resoluciones, en mi consideración, sí contraviene la norma suprema, ya que el ciudadano no accedería a la información de manera rápida y expedita, tal y como lo marca nuestra carta magna.

Sin embargo, si se considera una visión estrictamente normativa, el principio de definitividad, al no estar observado en la Constitución, eventualmente puede omitirse de facto o legalmente de acuerdo a la voluntad del legislador de cada estado.

En términos más amplios, deberíamos saber siempre que si bien la soberanía popular está depositada en los congresos de cada estado, aquella que reside en el congreso federal, que ha apostado por la transparencia, con su espíritu y criterio garantista, debe y puede prevalecer en Campeche a favor de la transparencia. salvador.guerrero@infodf.org.mx

* Comisionado Ciudadano del Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal

Dientes al IFAI para preservar el derecho • Eduardo R. Huchim

Cuartoscuro

son los pobres. Díganlo si no, los hombres y mujeres que llegan a la cárcel por robo famélico, es decir que roban por hambre.

El otro motor de la corrupción, la opacidad, es en este país una tendencia connatural al sector público.

Tanto, que fue preciso crear, para combatirla como en muchos otros países, leyes y organismos específicamente encargados de impulsar la transparencia. El gobierno de Vicente Fox, tan criticable por su ineptitud, su frivolidad y su dispendio de multimillonarios excedentes del petróleo, tiene en su escaso haber la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), dotado de autonomía operativa, presupuestaria y de decisión.

Ante las resoluciones del IFAI que han obligado a muchas instancias públicas a entregar información que ellas consideraban reservadas, se ha dado un fenómeno advertido ya por especialistas en este tema: cada vez hay menos constancias escritas de decisiones de gobierno, del ejercicio presupuestal y de reuniones donde se toman acuerdos relevantes. Actas y minutas de importantes juntas del sector público han desaparecido o bien son “rasuradas” para poner la paja y esconder el grano.

Jacqueline Peschard

L

a corrupción es un mal endémico en México que, entre otros daños, erosiona la relación sociedad-gobierno, evita el desarrollo de la democracia y la economía y propicia la denegación de justicia. Los motores más potentes de la corrupción son la impunidad y la opacidad que, si no son frenados a tiempo, la hacen prácticamente imbatible.

De la impunidad se dan pruebas prácticamente todos los días. Antes se decía que sólo los peces chicos caían en las redes de la justicia, pero los peces gordos nadaban en la impunidad con la complicidad de quienes debían ser sus pescadores –policías y jueces-. Ahora quizá la situación se ha agravado: los corruptos grandes y chicos navegan en la impunidad. Casi los únicos peces que pican los anzuelos de la justicia mexicana

Erosión de la autonomía En el actual sexenio, ciertas acciones han puesto en entredicho la autonomía del IFAI. La decisión de incorporar al gabinete federal al entonces presidente del Instituto, Alonso Lujambio Irazábal, es una de ellas, igual que de dos polémicas comisionadas.

Ambos hechos, sin embargo, palidecen junto a lo que se vislumbra como una intención del gobierno de Felipe Calderón, anunciada en enero de 2010 por el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont: sujetar los acuerdos del IFAI a la revisión en una instancia ajena a él: el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), en cuyo seno han surgido actos favorables justamente a la opacidad, al rechazo al escrutinio público. Destaca entre ellos la frívola y temeraria demanda por daño moral que la magistrada Consuelo Villalobos Ortiz entabló contra cinco periodistas que se ocuparon de los procedimientos de responsabilidad iniciados contra varios ex colaboradores suyos por irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la remodelación del edificio del tribunal, cuando lo presidió la mencionada magistrada.

Aduciendo que las supuestas irregularidades se desvanecieron (en una fecha posterior a las respectivas publicaciones), Villalobos pretende una indemnización de 6.5 millones de pesos y, además, intentó silenciar a uno marzo 2010

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El caso Campeche El propio secretario Gómez Mont le confió posteriormente a la actual presidenta del IFAI, Jacqueline Peschard, que el Ejecutivo federal no presentará una iniciativa en ese sentido, pero hay una circunstancia que permite la suspicacia fundada: la Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido insistentemente al Tribunal Fiscal para echar abajo acuerdos del IFAI y, adicionalmente, se ha solidarizado con una medida similar en el estado de Campeche.

La historia del caso campechano es la siguiente: El 30 de junio de 2009, el Congreso de Campeche, dominado por el PRI y con la obvia anuencia del gobernador Fernando Ortega Bernés, aprobó una treintena de reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de ese estado, la principal de las cuales les dio a los particulares y a las autoridades, en el artículo 74, la posibilidad de impugnar las resoluciones de la Comisión 14

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de los demandados mediante medidas cautelares solicitadas al Juzgado 21 de lo Civil- para que no se ocuparan más del asunto. Es decir, una magistrada del tribunal al que se pretende dar la facultad de revisar las resoluciones sobre transparencia, intentó nada menos que la censura previa prohibida expresamente por el artículo 7º de la Constitución.

Pero aunque el TFJFA y sus magistrados actuales fueran un modelo de transparencia y ninguno de ellos intentara poner mordaza a los periodistas, ni aun así sería prudente sujetar a él o a cualquier otra instancia las resoluciones del IFAI, que por su parte debe extremar la calidad jurídica de sus resoluciones, para no ser cuestionado por la autoridad que es impactada con sus dictámenes.

de Transparencia y Acceso a la Información Publica de ese estado. Es decir, si esta comisión le ordena a alguna instancia del sector público entregar determinada información, ésta puede no hacerlo e inconformarse ante el Tribunal Superior de Justicia.

Esa reforma a la ley campechana contraviene flagrantemente las disposiciones constitucionales sobre la materia, ya que el artículo 6º de la Constitución obliga a establecer “mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos” y ordena que estos procedimientos “se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”.

Obviamente, permitir la revisión por parte del Tribunal Superior de Justicia, que no es un organismo especializado, impedirá los procedimientos expeditos, además de que la reforma campechana contraría también el principio de máxima publicidad establecido igualmente por la Constitución. De ese modo, el ciudadano cuya solicitud no le guste a una determinada instancia, se quedará en espera de una información que, después de tanto procedimiento, llegará –si llega- a destiempo.

Defensa de la transparencia En coincidencia con los mencionados criterios, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso campechano interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lo turnó a la ministra Olga Sánchez Cordero el 18 de agosto de 2009. Tres meses después, el 19 de noviembre, la instrucción fue cerrada, a fin de preparar el respectivo proyecto de resolución.

La ministra Sánchez Cordero solicitó a la Procuraduría General de la República su opinión sobre este asunto y, en respuesta, la PGR pidió a la Corte que valide la reforma porque –indicóla Constitución federal no restringe la posibilidad de que las dependencias del gobierno se inconformen con las resoluciones de los órganos de transparencia y, por consiguiente, los estados pueden determinar si establecen mecanismos para impugnarlas.

Era de esperarse esa opinión de la PGR, no sólo porque es una contumaz incumplidora de las resoluciones del IFAI, sino también porque –como lo ha señalado el columnista Miguel Ángel Granados Chapa- esa dependencia “se ha empeñado en arrebatar a las resoluciones del IFAI su carácter de decisiones firmes,

no susceptibles de impugnación ante autoridad alguna” (Reforma, 02/02/2010).

En su informe “Contexto adverso para el acceso a la información en México en 2010”, Article 19 apunta que de las 21 resoluciones del IFAI que la PGR ha impugnado desde la creación del Instituto, en 16 casos el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ha desechado los juicios y admitido cinco cuya resolución está pendiente.

Preocupados por el caso Campeche y también por lo que éste significa respecto de la intención de sujetar las resoluciones del IFAI al Tribunal Fiscal, 11 organizaciones formularon el pasado 29 de enero “un respetuoso llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche”. Al suscribir

la exhortación a la Corte, el Colectivo por la Transparencia, Alianza Cívica, Article 19, el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), Cultura Ecológica, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), DECA Equipo Pueblo, Fundar Centro de Análisis e Investigación, México Infórmate, Sonora Ciudadana y Presencia Ciudadana Mexicana señalaron implícitamente la contradicción del PAN, pues la fracción panista presentó la acción de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada por la mayoría priísta en Campeche, pero en el plano federal, autoridades de un gobierno emanado del mismo partido defienden la reforma y, peor aún, se preparan a promover, en el Congreso de la Unión, una reforma similar a la campechana.

Al margen de la resolución de la Corte, lo cierto es que el IFAI carece de

“dientes” para hacer cumplir sus resoluciones. De ahí que, para evitar reformas regresivas como las de Campeche y desalentar tentaciones como las mencionadas en el ámbito federal, convendría que el Congreso de la Unión legislara para fortalecer las atribuciones de ese instituto y sus similares estatales, dándole al IFAI autonomía constitucional como la del IFE y de la CNDH y facultades para hacer cumplir sus resoluciones.

No sólo importa preservar la definitividad de las determinaciones del IFAI, sino también vigorizarlo y dotarlo de “dientes” efectivos. La transparencia no es un asunto menor ni preocupación de minorías elitistas. Es condición sine qua non para el desarrollo democrático y, particularmente, un antídoto contra la corrupción. omnia08@gmail.com

Derecho garantizado por la Constitución Al garantizar el derecho a la información en su artículo 6º, la Constitución establece que para el ejercicio del acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la

información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

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Avances y retrocesos en leyes de acceso a la información • Perla Gómez Gallardo

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Artículo 6 …Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de estos.

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus

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que deben servir de componentes de estos entes. Posiblemente ahí se dejó ir la oportunidad de consolidar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) como un organismo constitucional autónomo, a efecto de que sea garante no sólo de los casos en que se solicita acceso a la información al Poder Ejecutivo, sino también a los demás poderes y órganos autónomos que conforman al gobierno federal sin soslayar el debate del tipo de sanciones que estos órganos pudieran imponer ante el incumplimiento de sus resoluciones.

A más de siete años de entrada en vigor de las primeras leyes, se reformó la Constitución para adicionar una serie de principios y bases al artículo 6 constitucional para quedar de la siguiente manera: Artículo Único.- Se adiciona un segundo párrafo con VII fracciones al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

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l derecho de acceso a la información en México llegó tarde, con un desfase, comparado con la creación normativa en Europa que data de 1700. En nuestro país se logró la inserción de un par de líneas en la Constitución de 1917, otro tanto en los setenta para que el Estado “garantizara el derecho a la información”, y desde esa época hasta 2002 se comenzó a legislar en la materia, de tal forma que a la fecha ofrece un mosaico heterogéneo en la cuestión regulatoria.

La mal llamada Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental sólo aplica al Poder Ejecutivo, la misma legislación autorizó que los otros poderes y órganos constitucionales autónomos tuvieran su propia legislación, además de cada una de las entidades federativas. La estructura anterior implicaba que para conocer el sistema legal en materia de transparencia y acceso a la información pública en México se revisaran más de 40 disposiciones (entre leyes, reglamentos y acuerdos), que presentan una heterogeneidad de contenidos que diferenciaban la calidad del acceso, de acuerdo con la calidad de contenido de la ley que se aplicara según el estado de la República o el órgano al cual se solicitaba la información.

La divergencia de contenidos se trató de solucionar a través de la reforma al artículo 6 constitucional, y se aprovechó como un mensaje de que el Congreso lograba acuerdos para realizar reformas estructurales. Aquí se precisaron los alcances y características

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derecho a la información pública, a la fecha no existiría en nuestro país. Se logró el primer paso en la generación de estos derechos, que es la existencia formal de las normas que por primera vez obligan a dar respuestas a las solicitudes de información de los mexicanos(as) y no dejarlo con el derecho de petición que ya consagraba nuestra Constitución.

Es bien sabido que “derecho que no se usa, derecho que se pierde”, y el actual reto está en no perder este derecho porque la sociedad no sepa que lo tiene. La apuesta es a la cultura de la transparencia, que incluye difusión, capacitación de funcionarios, órganos garantes autónomos, imparciales y con voluntad para contrarrestar la opacidad del gobierno. El mayor riesgo está en los retrocesos legislativos que se están llevando a cabo, de manera violatoria de la Constitución y contra el espíritu de la reforma, en donde con litigio estratégico se van frenando esos aspectos.

Es momento de campañas en diversas entidades del país, más que alianzas, descalificaciones o guerra sucia en su desarrollo, la principal exigencia a todos los candidatos debe ser la transparencia, y el compromiso puntual de que al llegar al poder una de sus primeras acciones sea la optimización de sus leyes en materia de acceso a la información y el respeto a los órganos garantes de esta materia, mediante la asignación de un presupuesto que no mate por el estómago, así como la elección pública y transparente de los mejores perfiles. De lo contrario, no debe sorprendernos el aumento en el índice de corrupción, pues se evidencia que la simple existencia de las leyes no es la fórmula mágica para combatir este cáncer social. Lamentablemente las normas se elaboran como ejercicios desafortunados de simulación.

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Transitorios Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia, o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después de la entrada en vigor de este Decreto.

Tercero.- La Federación, los Estados y el Distrito Federal deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo. Las leyes locales establecerán lo necesario para que los municipios con población superior a setenta mil habitantes y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal cuenten en el mismo plazo con los sistemas electrónicos respectivos.

Lo inédito de la reforma fue el plazo que se fijó en el segundo transitorio para que en el ámbito de sus competencias se realizaran las modificaciones correspondientes en los ordenamientos. De manera incongruente, este plazo no se cumplió. La incongruencia reside en que para la procedencia de la reforma constitucional se necesita la aprobación con mayoría calificada, no sólo del Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senadores), sino también de los congresos locales, con una mayoría simple. En

realidad, con un mensaje positivo, casi la totalidad del país aprobó la procedencia de la reforma, por lo cual no se explica el incumplimiento de llevar a cabo las adecuaciones a sus leyes en esos términos.

El problema no acaba ahí, el primer plazo que se fijó fue de un año para las adecuaciones y de dos para la implementación del acceso remoto. Las pocas leyes que inicialmente cumplieron con la reforma y las elaboradas fuera de tiempo modificaron de manera irregular el segundo plazo otorgándose otras prórrogas que alargan ese proceso.

En cuanto a la ley federal, el primer intento de reforma nació con una propuesta que fue clasificada como reservada por el propio IFAI en donde se pretendía dar acceso no a la información, sino sólo a documentos.

Afortunadamente, no prosperó, pero a la fecha no se ve un debate serio que impulse la necesaria reforma que resuelva de una vez la naturaleza jurídica del IFAI y lo dote con candados y transparencia en la selección de los comisionados que permita la confianza que da el escrutinio público, el perfil del integrante y la imparcialidad que deberá tener en sus fallos.

Otra de las mayores irregularidades se presenta actualmente con el pretexto de las reformas a las leyes, para dar francos retrocesos en donde es mejor que no toquen la ley, pues con dichas modificaciones se despojarían derechos adquiridos. Casos emblemáticos son el de Querétaro, y actualmente el de Campeche, en los cuales se tuvo que llegar ante el Poder Judicial Federal para detener esa tendencia.

La transparencia y el acceso a la información llegó tarde a México, pero ahora el reto está en conservar este derecho. Está claro que si la autoridad hubiera sabido lo que daba con estas leyes el Ma

indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

perla.uam@gmail.com

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Cuestionan especialistas amagos del gobierno a transparencia • Elena González y Viridiana Villegas

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ese a que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, rechaza públicamente que el gobierno pretenda modificar la ley de transparencia federal para admitir impugnaciones a las resoluciones que obligan a funcionarios a entregar información requerida por ciudadanos, sus propios colaboradores lo desmienten.

Inclusive el diputado y ex compañero de partido Javier Corral califica esas intenciones como “inconstitucionales”.

Especialistas de la UNAM y del Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE) cuestionan, además, los amagos explícitos del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, quien a través de un comunicado exhortó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a avalar una reforma a la Ley de Transparencia de Campeche -en curso de revisión-, para que permita que las resoluciones del órgano garante sean revisadas por el Tribunal Superior de Justicia del estado, además de negar la consulta directa a los documentos oficiales.

Y es que, mientras Gómez Mont niega el amago, hasta subalternos suyos lo confirman. Durante el seminario “Retos para la consolidación del Derecho a la Información”, la comisionada para el Desarrollo Político de la Secretaría de Gobernación (Segob), Blanca Heredia, reconoció que la dependencia revisa algunas posibles reformas con el IFAI. “Hay un problema en el hecho de que 18

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un funcionario público se vea obligado por una resolución a entregar una documentación que otra norma le impide difundir”, justificó.

El integrante del CIDE, Mauricio Merino, presente en el mismo seminario, fue tajante: “Existe una contradicción en el gobierno de Felipe Calderón, una hipocresía. En un asunto tan delicado el propio Presidente debería salir a fijar una postura”.

Iniciativa anónima El ambiente en torno a este debate se enrareció aún más cuando empezó a circular una iniciativa anónima donde se planteaba una reforma similar a la de Campeche a nivel federal.

Entrevistada en el mismo espacio de análisis, la comisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jacqueline Peschard, explicó que la inquietud del organismo que

preside no quedó disipada con la negativa de Gobernación: “Estuvo circulando la versión de una iniciativa de reforma, sin firma de nadie; eso desató nuestra preocupación, porque lo que plantea ese proyecto es que fueran recurribles las resoluciones, los fallos del IFAI. Le pedimos al gobierno que lo aclarara y tuvimos una respuesta del secretario de Gobernación, quien negó la intención de hacerlo. Lo declaró públicamente durante un seminario que tuvimos en la Cámara de Diputados.

“Después vino un alegato de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de una acción de inconstitucionalidad a la ley de transparencia en Campeche.

Lo que queda claro es que el abogado de la Nación considera que está bien esa reforma. Los alegatos del procurador están ante la Corte, y ese es un pronunciamiento muy claro de parte del gobierno federal que está avalando ese tipo de reformas. En caso de que la Corte avale la reforma, sentaría un precedente. Yo estoy convencida, porque así alcanzó a ver, que la Corte va a decir que no es constitucional, pero finalmente quien tiene la palabra es el órgano jurisdiccional”.

Ante este planteamiento, el secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar, advirtió que “en estos casos no hay confusión, ya que por encima de cualquier norma secundaria se encuentra la Constitución, que establece en su artículo

Escenario peligroso: Eleael Acevedo, presidente de Amepi El presidente de la Asociación Mexicana de Comisiones y Organismos Estatales para el Acceso a la Información Pública (Amepi), Eleael Acevedo Vázquez, advirtió que la reforma a la Ley de Transparencia de Campeche no sólo es equivocada, sino “un botón de muestra de cómo el tema llega a escenarios peligrosos, como la posición del procurador general de la República, Arturo Chávez.”

Instó a la ciudadanía para sostener los órganos garantes de la transparencia e impulsar la creación de un Estado democrático.

Eleael Acevedo Vázquez “Lo que falta es profundizar los escenarios, multiplicarlos para mantenerlos en la agenda política. El tema no es definitivo, no ha concluido y está en riesgo. Además, debe generarse mucha opinión pública para evitar y elevar los costos políticos de cualquier regresión”.

El dirigente de la Amepi resaltó la falta de rendición de cuentas que hay por parte de los legisladores: “Los hemos dejado aislados; toman decisiones, aprueban procesos legislativos notoriamente inconstitucionales y antidemocráticos… pero como no hay una revisión social de su comportamiento, hacen lo que quieren”.

“La reforma en Campeche es notoriamente inconstitucional (porque no le puedes dar facultades de revisión a otro órgano distinto a los órganos garantes), uno asumiría que pudo haber presentado una controversia constitucional con la ley, pidiendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que la declare constitucional, cuando -ante la opinión calificada, académica, política-, no es así”, agregó. (Christian Cedillo) Cristian Cedillo

6º el principio de la máxima publicidad de la información pública”.

En una consulta que realizó Zócalo con especialistas y legisladores que participaron en el seminario, coincidieron en que la reforma legal en Campeche es inconstitucional y resta autonomía a la Comisión de Transparencia, además de mermar el derecho a la información y la rendición de cuentas de los gobernantes.

El diputado panista Javier Corral consideró que la reforma en Campeche “es muy delicada, porque contradice los principios constitucionales establecidos en el artículo 6º, fracción cuarta. Este precepto configura un órgano definitivo en materia de resoluciones en acceso a la información pública gubernamental, al hablar de un órgano especializado; por lo tanto, no es ésta la característica principal que cumplen los tribunales administrativos. Además, dificultaría el derecho de acceso, sería un retroceso porque enviaría los casos a procesos judiciales que son muy largos, perdiéndose el derecho de que la información solicitada se reciba de manera expedita”.

El constitucionalista Miguel Carbonell coincidió con Corral en que la reforma en Campeche viola la fracción IV del 6º constitucional: “El hecho de que los órganos o sujetos obligados puedan poner un recurso ante la jurisdicción contenciosa administrativa, hace que el procedimiento de acceso a la información sea no idóneo, no expedito, sino que lo retrase indebidamente, y en ese sentido viola la fracción cuarta del párrafo segundo del artículo 6º”. Advirtió que ampliar esa reforma a nivel federal “no sólo dañaría la autonomía del IFAI, sino que además, sería una vulneración al derecho fundamental de acceso a la información”.

Respecto a la pregunta de qué pasaría si los órganos que regulan el acceso a la información fueran regidos por otro ente Carbonell respondió: “Creo que una cosa es que el Poder Judicial pueda revisar resoluciones de los órganos garantes

christiancedillol_82@yahoo.com

cuando los ciudadanos se inconforman, y otra que el Estado -que no es titular de derechos fundamentales- se defienda frente a los jueces, ese es el matiz”.

Acerca de la intención del procurador Arturo Chávez el doctor Diego Valadés contestó: “Lamentablemente, en ese punto también está equivocado (el gobierno federal), digo también porque se ha equivocado en otros aspectos. Dudo que una reforma de ese género pasara.

Tendrían que reformar la Constitución, porque sería inconstitucional si sólo estuviera en la Ley”.

Carbonell recordó la renuencia de la PGR en los temas de transparencia: “La PGR ha mantenido una actitud adversa, renuente, contraria a la transparencia no solamente en este tema, sino en otro mucho más fundamental: el de las

averiguaciones previas ya concluidas, respecto de las cuales yo no tengo ninguna duda de que son información pública, por lo que se tiene que dar inmediatamente la información a quienes la soliciten. La PGR ha mostrado una enorme renuencia; empujó la reforma al Código Federal de Procedimientos Penales del artículo 16 de forma indebida, lo aprobaron, pero a mí me parece que es claro que ese artículo viola la Constitución”.

Jacqueline Peschard advirtió que de concretarse una modificación a la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, el Instituto “buscaría interponer una acción de inconstitucionalidad frente a esa ley, y pediría el respaldo de la sociedad y de los actores que han sido aliados naturales de la transparencia”. marzo 2010

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Comisionados se inconformarían Zócalo realizó una consulta entre los comisionados de transparencia de diferentes estados de la República para conocer el impacto, a escala nacional, de la reforma de ley en Campeche. Sin embargo, tanto el comisionado presidente en esta entidad, Gonzalo Bojórquez Risueño, como su homólogo de Puebla, Samuel Rangel Rodríguez, declinaron responder.

Distrito Federal, Oscar Guerra Ford El caso Campeche representa un retroceso en materia de acceso a la información que afecta el derecho de los ciudadanos.

El comisionado en la capital del país señaló que están pendientes de hacer las adecuaciones al artículo 6º constitucional: la posible o no autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI): incluir a los partidos políticos; determinar cómo actuará el IFAI, si sólo sigue siendo órgano garante del Ejecutivo o se podrán integrar otros órganos; puntualizar el tema de los datos personales sobre los cual todavía no hay ley, y si se van a sumar asuntos del sector privado”.

Guerra Ford adelantó que comisionados de diferentes estados harán una declaración conjunta sobre el caso Campeche ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “No queremos que vaya a cundir el ejemplo y, si llegara a pasar la reforma, luego quieran adoptarla algunos congresos estatales y gobernadores”.

Querétaro, Javier Rascado Pérez “La especialización es uno de los criterios que motivó al constituyente permanente para la creación de estos órganos garantes, por lo que pretender que una ulterior instancia revise sus resoluciones rompería dicho principio, ya que esta segunda instancia adolecería de la especialización mencionada.

Consideró que “Si bien es cierto que la Procuraduría tiene facultad para promover acciones de inconstitucionalidad contra ordenamientos que presuntamente son violatorios del texto constitucional, también lo es que expresamente no se le faculta para la emisión de dichos exhortos. Por ello, y atendiendo al principio de legalidad en que la autoridad solamente puede realizar aquello para lo que está expresamente facultado, me quedan dudas en cuanto a la validez que dicho acto pueda tener”.

Veracruz, Luz del Carmen Martí Capitanachi Se limita la autonomía del órgano garante. “En el Estado de Campeche, en el artículo 74 de su ley, en junio de 2009 se 20

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otorga a las autoridades el derecho de recurrir a la resolución del órgano garante, lo cual contraría el espíritu de la reforma al artículo 6° constitucional que habla de procedimientos expeditos ante un órgano especializado e imparcial y con autonomía operativa, de gestión y decisión.

Otro peligro es que este ejemplo se replique en otros estados, sobre todo en aquellos que no cuenten con autonomía constitucional. En todo caso, es contrario a lo logrado en todos estos años en materia de transparencia; sería un claro retroceso”.

Oaxaca, Genaro Víctor Vázquez Colmenares “El Poder Legislativo Federal aprobó una ley de transparencia que defiende principios de autonomía, imparcialidad, especialidad, expeditez, máxima publicidad, etcétera, y años más tarde los pretende eliminar.

Sobre la intervención de la PGR, consideró que atendiendo al principio de la división de poderes consagrado en el artículo 49 de la Constitución Federal, así como a la autonomía con que cada uno de ellos ejerce sus atribuciones, este exhorto debió evitarse ya que el asunto corresponde al Poder Judicial Federal y no al Ejecutivo, siendo la SCJN la instancia que resolverá conforme a Derecho”.

Durango, Mario Humberto Burciaga Sánchez El caso de Campeche y Querétaro son reformas abiertamente agresivas. “Considero preocupante que algunos estados no hayan cumplido su obligación de reformar sus leyes de transparencia y acceso a la información pública, acordes con el mandato constitucional”.

Esta iniciativa puede operar como un nuevo candado, como un nuevo tropiezo del libre derecho ciudadano a la información pública y a la exigencia de rendición de cuentas a sus gobernantes, advirtió.

Hidalgo, Flor de María López González La ley federal va a supeditarse a un órgano que es sujeto obligado, no goza de autonomía como instituto, y de esta manera los órganos no responden a las consignas directas o indirectas de los órganos de autoridad, que actúan de manera profesional y constitucional y de una restarían autonomía al órgano garante de acceso a la información.

Además, sería un retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas. gogoelena@hotmail.com star_sailor8228@hotmail.com

Telecomunicaciones

Televisa-Nextel, hacia el monopolio del triple play Jenaro Villamil

objetivo político que de competencia.

Fue una demostración de fuerza para reafirmar que ellos se consideran los dueños del triple y del cuádruple play, sin importar que para ello hayan logrado un distanciamiento de Telefónica Movi Star y una franca ruptura con Telmex-Telcel.

El problema no es de eficacia comercial o de calidad tecnológica. El punto sustancial es la facilidad con la que Televisa transita de monopolio de la televisión abierta y restringida, a monopolio que busca acaparar, condicionar o realizar prácticas dominantes en el mercado del triple play.

confirma lo que no han querido ver los organismos reguladores: la empresa que dirige Emilio Azcárraga Jean actúa como monopolio, condiciona como monopolio, presume como monopolio, intimida como monopolio, pero no se le reconoce esta condición. Incluso, reclama subsidios fiscales.

El problema fundamental es que en medio de la peor crisis financiera y económica del país, el Estado mexicano decidió exentar a Televisa y a su socio Nextel del pago de derechos por el usufructo de un bien público que es el espectro para la telefonía celular.

El Cinismo ¿De qué manera explicarán los diputados y senadores que aprobaron exentar hasta por cinco mil 600 millones de pesos por el pago de derechos a los “nuevos jugadores” de la telefonía celular cuando Televisa ya oficializó que cuenta con casi mil 500 millones de dólares para comprar el 30 por ciento de la compañía telefónica Nextel si ganan la polémica licitación de la banda 1.7 Ghz, ideal para los servicios de cuádruple play (video, audio, internet y telefonía)?

El contraste entre los argumentos que se esgrimieron para justificar un privilegio fiscal de ese tamaño y la soberbia de Televisa para doblegar al Congreso, a la Comisión Federal de Competencia, a la SCT y mandarle el mensaje a la Cofetel de que esa nueva banda será suya, sólo

Se dijo una y otra vez que el transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos no tenía “ninguna dedicatoria” y hasta Televisa publicó un desplegado para desmentir a los diputados Javier Corral, Armando Ríos Peter, José Narro y a la mitad de la bancada del PAN en el Senado, encabezada por Santiago Creel, que criticaron una medida de esta naturaleza. Ahora queda muy claro que se trata no sólo de subsidiar a un

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o le ha ido muy bien a Televisa con su anuncio de adquirir hasta 37.7 por ciento de la compañía telefónica Nextel. Los mercados bursátiles reaccionaron muy distinto a la complacencia de la Comisión Federal de Competencia y de las autoridades de la Cofetel, que orientaron la licitación de la banda 1.7Ghz a favor del nuevo monopolio en ciernes.

Apenas el 18 de febrero, los analistas de Banco Santander y UBS Investment Research afirmaron que bastaba con una simple alianza comercial y no con el anuncio de la absorción de una parte de la telefonía que cuenta con tres millones de clientes en el país.

Nymia Almeida, analista de Moody’s Inverstors Services, declaró que “Televisa enfrentará algunos retos, entre ellos, la pequeña participación en el mercado de Nextel de México y la presencia de competidores sustancialmente más grandes y con más fondos”.

Las acciones de Televisa en la bolsa de valores no aumentaron sustancialmente.

El miércoles 17 de febrero, el mismo día que la Cofetel informó que sólo 17 compañías, de un total de 93 que se inscribieron para la licitación de las bandas 1.9 y 1.7 para telefonía convergente con triple play, compraron las bases, la calificadora Standard and Poor’s mantuvo la calificación de los bonos de deuda de Televisa.

Ante este panorama, es claro que el anuncio de Televisa tenía más un

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industria del espectáculo, el futbol profesional y no tiene rival en su estrategia de mercadotecnia política.

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La “cláusula Angoitia” El artífice de esta expansión de Televisa hacia el mercado de telecomunicaciones –antes reservado al monopolio de Telmex- es su vicepresidente de Finanzas, Alfonso de Angoitia. El lunes 15 de febrero, en rueda de prensa telefónica, De Angoitia confirmó lo que sus competidores Iusacell y MVS han documentado en sus demandas de amparo en contra de la licitación de la banda 1.7 Ghza: Televisa considera que esta concesión le corresponde.

emitió la Cofetel están claramente direccionadas para que el consorcio entre la televisora mexicana y la telefónica de origen norteamericano se queden hasta con 80 Mhz de la banda 1.7Ghz. Ninguno de sus otros competidores –Iusacell, Telcel, MVS, Telefónica- puede aspirar a la mayor parte de este pastel.

Angoitia se ha hecho famoso por negociar las adquisiciones y compras de acciones de otras empresas por una cláusula que ordena la secrecía de las negociaciones hasta en tanto no se aseguren las condiciones favorables para el consorcio televisivo.

Estamos ante el surgimiento de un megapoder, tal como lo señaló Proceso en su edición de la segunda quincena de febrero, que tiene todo a su favor: unos legisladores que le garantizan privilegios fiscales, una Secretaría de Hacienda que cabildea a su favor, un órgano regulador de antimonopolios que simplemente no ve lo que para todos es un hecho -el predominio absoluto de Televisa en las concesiones-, una Cofetel que emite bases favorables para los intereses del consorcio y una clase política intimidada y desesperada por aparecer en la pantalla del monopolio para que no veten sus aspiraciones y la fantasía de algunos intelectuales que pretenden encontrarle, ahora sí, bondades a una compañía que siempre ha actuado monopólicamente.

El asunto no es de maquillaje o de crear canales como Foro TV para lavarse la cara ante un sector crítico. El fondo del asunto es de estructura de poder. Mientras no se democraticen los contenidos, las concesiones y las telecomunicaciones, el megapoder seguirá absorbiendo lo que quiera, incluyendo la fibra óptica de la CFE. Goog

monopolio en televisión abierta sino de subsidiar su ingreso al mercado de la telefonía móvil.

Un ejemplo de esta situación es la autorización en un tiempo récord que le otorgaron los integrantes de la Comisión Federal de Competencia a Televisa para adquirir el 30 por ciento de la compañía Nextel-México, con el argumento de que “implica la asociación de dos empresas enfocadas a mercados distintos”, que no generará prácticas monopólicas.

El organismo que encabeza Eduardo Pérez Motta simplemente no tomó en cuenta que para analizar los nuevos mercados convergentes (telecomunicaciones y medios electrónicos) es importante tomar en cuenta la condición monopólica de Televisa en materia de publicidad y de producción y distribución de contenidos audiovisuales. Televisa posee el 68 por ciento de las concesiones en materia de televisión abierta, concentra el 75 por ciento de la publicidad en medios electrónicos, tiene cuatro “canales espejos” que el Estado le otorgó sin pago alguno hasta el 2021 y ha frenado la posibilidad de que exista una competencia real en esa materia. Televisa controla ya más del 55 por ciento del mercado de la televisión restringida -a través de Cablevisión y sus socias Cablemás, TVI y Megacable-, impone sus condiciones para cumplir con las reglas del must carrier y el must offer, pero esa situación parece no ser una práctica preocupante para el futuro de la convergencia tecnológica.

Por si esto no bastara, Televisa tiene 130 permisos para centros de apuestas, posee el 25 por ciento de una empresa de aviación, controla las agencias publicitarias, el mercado discográfico, la

De Angoitia afirmó que la adquisición del 30 por ciento de Nextel México, con posibilidad de incrementarla 7.5 por ciento más, “está sujeta a la condición de que ganemos la licitación y que Nextel tenga frecuencias para ampliar sus servicios. Entonces, si no fuera exitosa la propuesta que vamos a presentar en la licitación, no haríamos ya el negocio, y quedaríamos las dos partes libres a partir de ahí”.

En otras palabras, si la licitación no es para la sociedad Nextel-Televisa, el multicitado anuncio de la adquisición es puro aire. Sin embargo, De Angoitia no admitió -quizá porque nadie se lo preguntó- que las bases de la licitación que

jenarovi@yahoo.com.mx

Impugnable, licitación de bandas 1.7 y 1.9 Mhz: Carpinteyro

Jaime Hernández

• Jaime Hernández Gómez

Conocedora de los intereses y presiones que se generan en el pujante negocio de las telecomunicaciones, la ex subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Purificación Carpinteyro Calderón, asegura en entrevista que las bases de licitación para la banda 1.7 Mhz son impugnables y que fueron redactadas para favorecer la entrada de Televisa. Además cuestiona la integridad moral de tres de los cinco comisionados de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, y asegura que TV Azteca, al comercializar Hi-tv, “está dando la muestra” de que sí hay espectro radioeléctrico para más cadenas de televisión. La especialista advierte también: se nos acabó el sexenio para combatir los monopolios.

-¿

Qué está en juego en las licitaciones de las bandas 1.9 y 1.7 que realiza la Cofetel?

- Ambas están diseñadas para brindar servicios móviles. En la 1.9 ya operan empresas como Telcel, Iusacell y Movistar, y provoca que esté congestionada por el número de usuarios que manejan sus llamadas por esas frecuencias. Para evitarlo, las empresas deben invertir en más equipo, pero al mismo tiempo aumentan las tarifas; en cambio, si obtienen más frecuencias seguramente reducen los costos. La 1.7 está diseñada para servicios de banda ancha; una mayor velocidad y capacidad de transmisión de datos.

Sin embargo, quien gane estas bandas deberá realizar mayores inversiones en infraestructura.

- ¿La 1.7 está diseñada para que entre un nuevo competidor?

- Se ha mencionado que ese nuevo competidor es Televisa; sin embargo, conociendo lo puntual que es, en términos de rendimientos financieros, es muy difícil que comience desde cero ya que necesita invertir miles de millones de

dólares en infraestructura para competir y tener posibilidades de robar usuarios a quienes ya tienen años en el mercado, como Telcel y Movistar.

- ¿Por eso compra Nextel?

- Eso sí tiene sentido, porque puede aprovechar la infraestructura que ya tiene Nextel, y la cartera de clientes de esta empresa que se constituye principalmente por personas de alto poder adquisitivo.

Eso le conviene a Televisa en su objetivo de comercializar servicios de televisión móvil a través de la banda ancha.

- ¿Las bases están diseñadas para Televisa?

- No hay un documento que lo pruebe; sin embargo, la lógica y las evidencias así lo indican. Las bases de la licitación de las frecuencias de la 1.7 están diseñadas para que entre un nuevo competidor y los más viables son Nextel y Televisa, porque actualmente tienen menos frecuencias y con el anuncio de la compra hay una mayor lógica de rendimiento financiero. Además, con la exención fiscal, Televisa tendrá recursos suficientes para comprar Nextel o por lo menos una parte de ella.

Purificación Carpinteyro

- ¿Las impugnaciones que se han realizado pueden anular la licitación?

- Hay elementos que generan incertidumbre y que son suficientes para impugnar las licitaciones. El problema con MVS radica en que el gobierno no le ha refrendado las concesiones que tiene en la banda 2.5, porque no sabe a qué precio hacerlo; por eso espera la licitación para conocer el monto a cobrar. Eso no le conviene a MVS, pues con ello seguramente tendrá que pagar un precio más alto; por eso prefiere que primero se le den sus refrendos y luego se realice la licitación. En caso que se le otorgue el amparo que ha presentado, puede derribar todo lo que se habría avanzado en el proceso de la actual licitación.

Además, no hay suficiente claridad en los criterios para determinar a los ganadores de las licitaciones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la marzo 2010

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resolución en torno a la acción de inconstitucionalidad sobre la llamada Ley Televisa, determinó que para el refrendo de la concesión de una estación de radio y televisión no sólo se debe tomar en cuenta el factor económico, sino criterios subjetivos como la calidad de la programación, lo cual puede ser susceptible de favoritismos.

- ¿Cómo evitar las impugnaciones?

- Cuando ocupé el cargo de subsecretaria busqué llegar a un acuerdo con los potenciales interesados para permitir la participación sin que se interpusiera algún tipo de impugnación, y a su vez el gobierno garantizaría un proceso limpio y transparente. Considero que ahora el gobierno ha actuado de forma autoritaria sin consultar a todos los actores.

- ¿Entonces primero debe legislarse el refrendo en la Ley Federal de Radio y Televisión?

Creo que aun cuando hubiera una legislación que tratara de resolver el vacío que dejara la resolución de inconstitucionalidad del artículo 16 de dicha Ley, va quedar la dudar de cuál es la interpretación correcta. Si se legislara por el refrendo sujeto a las condiciones y al pago de la contraprestación, la pregunta sería si eso es válido conforme a los criterios de la Corte.

- Además, los comisionados han sido muy cuestionados.

- Fuera de José Luis Peralta y Ernesto Gil Elorduy, los demás están súper cuestionados. Por ejemplo, la declaración de Rafael del Villar cuando le dijo a Carmen Aristegui: “Fíjese que si lo firmé pero no me di cuenta ni como lo hice”, me pareció bastante bizantina. ¡Por amor a Dios!, creo que hacer una declaración como esa ya es lo suficientemente absurdo.

Pero ¿Qué hay detrás de eso?, porque ir a confesarse de esa manera significa que lo que hay es todavía peor. En el caso del Gonzalo Martínez Pous, el fue el autor del reglamento que quitaba facultades a la Cofetel y se las concedía a la Secretaría 24

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de Comunicaciones y Transportes, y lo hizo en la administración de Luis Téllez.

- ¿Qué opina de la licitación del par de fibras oscuras de la CFE? - Me parece una mala broma. La CFE tiene mínimo 18 hilos y ha mencionado que para los servicios que brinda requiere de seis, por lo que es contradictorio que esté licitando solamente dos. Si en verdad se quisiera abrir la competencia y generar una espina vertebral de comunicaciones en el país, dado que hoy en día las telecomunicaciones son lo que fueron las carreteras en el siglo pasado, se deberían licitar por lo menos otros seis hilos.

- ¿Por qué licitan sólo dos fibras?

- Para satisfacer las críticas, pero sobre todo las necesidades de operadores como Telefónica y Televisa que dependen en gran parte de las redes de Telmex y que estuvieron cabildeando la licitación.

- ¿Considera que Telefónica y Televisa ganarán la licitación?

- Hoy en día Telmex es la que tiene la red nacional, pero varias empresas tienen porciones de redes. Avantel (hoy Axtel), Alestra y Telefónica tienen lo que se denomina el triángulo de oro: México, Guadalajara y Monterrey. Avantel tiene hasta Yucatán y Bestel (comprada por Televisa) tiene desde el Pacífico Norte hasta el Centro. Lo que se pretende con la licitación es completar las redes de estas empresas.

- ¿A la actual administración le ve cualidades para impulsar reformas que rompan con los monopolios?

- Recuerdo que alguien me dijo que al ex presidente Adolfo Ruiz Cortines le preguntaron si los medios se venden, y él respondió: se rentan. Hay un doble juego. En la medida que sólo hay dos jugadores en los medios masivos es muy fácil que los poderes del Estado los presionen o que éstos condicionen su estancia en el poder. En México ambas cosas han sucedido, y ese es el gran problema que debe ser resuelto, pero lamentablemente ya se nos acabó el sexenio.

- Usted publicó en Reforma que la principal molestia de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión para cambiar la ley de medios en diciembre fue por la propuesta de de reducir de 800 a 400 Mhz el espacio entre las radios en FM. - Sigo creyendo que es la esencia del tema. El punto más crítico es que, al disminuir la separación que hay entre las estaciones, donde antes solamente había dos ahora puede haber tres, entonces no habría excusas para oponerse a la entrada de nuevos competidores.

- ¿Y eso es viable?

- Así está en el resto del mundo.

- ¿Y en la televisión, hay espacios para una nueva cadena?

- La digitalización permite que en el mismo espacio por el que se transmite un canal analógico hoy se puedan enviar ocho señales de televisión, y no se necesita que la población tenga monitores digitales pues existen las cajitas decodificadoras. La muestra la está dando TV Azteca con Hi-tv. Existe espacio, lo que no hay es voluntad política y capacidad del Estado de hacer que los intereses generales se sobrepongan a los particulares que hoy detentan de forma oligopólica las concesiones.

- ¿Por qué renunció a la Subsecretaría de la SCT? - En buena medida por las presiones de las empresas que sintieron amenazados sus intereses por mi forma de pensar; inclusive contribuyeron a generar desgaste e intrigas palaciegas, que dan para escribir una novela de terror, para mermar mi credibilidad frente al presidente de la República, además de mi confrontación directa con el ex secretario Luis Téllez.

Ante tales condiciones, me di cuenta de que la parálisis en que se encuentra el sector no iba a terminar si la encabezaba yo, y tampoco se trataba de permanecer en una posición por seguir con el hueso político porque esa no soy yo. jaihergom@gmail.com

Proponen banda ancha en 2.5 Ghz con WiMax • Gerardo Israel Montes

en condiciones adecuadas de velocidad de despliegue, no lo comparto”, por el contrario, debe ser “un modelo donde el gobierno establezca con toda claridad los objetivos de inversión”.

Concesionarios de 2.5 Ghz En el estudio se plantea que en el actual sexenio el modelo más viable en el corto plazo es el aprovechamiento de la banda 2.5 Ghz con tecnología WiMax.

improcedente de las prórrogas solicitadas por MVS sobre sus concesiones en Guadalajara y Monterrey, argumentando que el proceso de solicitud de prórroga no se hizo en tiempo y forma.

“La Cofetel propuso desde 1996 adoptar el modelo irlandés de juntar en un solo concesionario los 190 Mhz de la banda en cada localidad”, precisa el estudio, con el fin de dar viabilidad económica a los concesionarios de la banda mediante la prestación de servicios de TV restringida que estuvieran en posibilidad de competir exitosamente con los servicios ofrecidos por la industria de televisión por cable.

La dependencia consideró que al mantenerse juntos los 190 Mhz, se minimizarían interferencias perjudiciales, política que contrastaba con la adoptada por Estados Unidos de dividir la banda hasta entre ocho concesionarios por localidad.

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a banda ancha es esencial para lograr un mayor impulso económico y de fortalecimiento democrático en las sociedades modernas.

En el estudio “Necesidad de despliegue de una nueva red de banda ancha en México”, de Rafael del Villar Alrich, Eduardo Martínez Chombo, Everardo Quezada González y Arcelia Rodríguez Aguirre, se afirma lo anterior y se propone el despliegue de una nueva red de banda ancha inalámbrica con amplia cobertura nacional.

En México, el gobierno federal trazó como objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 alcanzar a finales de la actual administración una penetración de banda ancha de 22 por ciento, pero es probable que esa meta no se cumpla, consideran especialistas.

Para lograr ese objetivo, plantean tanto fortalecer la participación del Estado como fijar nuevos compromisos de cobertura para los concesionarios, en especial, atender al 100 por ciento de las zonas rurales de entre 500 y 30 mil habitantes, que en total suman 16 mil 445 localidades.

“No es el mercado únicamente el que va a dictar el despliegue de la banda ancha” en el país, sostiene Rafael del Villar, comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), en entrevista con Zócalo. “Ese modelo, basado en una creencia de que el mercado va a llegar a dar el servicio de banda ancha

En la actualidad, son diez los concesionarios de 2.5 Ghz: David Arvizu, Rubén Bazán, Raúl Aréchiga, Megacable, Hermanos Esper, Ultravisión, Grupo RGT, Francisco Aguirre, Telecomarca y Multivisión.

Esta última empresa, que preside Joaquín Vargas, posee casi la totalidad de esta banda, con 190 Mhz de espectro: 80 por ciento tiene vigencia hasta 2020 y el restante 20 por ciento ya se venció. Esto originó un conflicto legal entre la empresa y la Cofetel, organismo que el 10 de diciembre de 2008 resolvió (con la firma de tres de los cinco comisionados: Héctor Osuna, Ernesto Gil Elorduy y José Luis Peralta Higuera) notificar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lo

Compromisos de cobertura Ante la importancia social, económica y democrática que significa la utilización de la banda de 2.5 Ghz en la ampliación de la cobertura y la competencia en la provisión de los servicios de banda ancha, la nueva “red” que proponen los coautores del estudio pretende, para conseguir los objetivos de cobertura en las 16 mil 445 localidades de entre 500 y 30 mil habitantes, establecer un compromiso claro de los concesionarios.

Esta nueva red está diseñada para que en el tercer año de operación alcance una marzo 2010

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cobertura nacional que incluya 89 por ciento de la población del país: “(…) cubriendo en el primer año el 100 por ciento de la población urbana densa planeada; 50 por ciento de la urbana y 25 por ciento de la rural. En el segundo año se cubriría el 100 por ciento de la población urbana y 50 por ciento de la rural, y en el tercer año el 100 por ciento de la población total planeada. El despliegue de la red podría iniciar en abril de 2010”.

La red ofrecería servicios de banda ancha móvil y telefonía móvil, que “consiste en un acceso amplio e irrestricto a los contenidos disponibles en internet a distintas velocidades y sin restricciones de tráfico a cambio de una renta mensual fija”, indica el estudio.

“Ciertamente, el exigir que la red cubra las 16 mil 445 localidades, o un número cercano de localidades rurales en el corto plazo, puede hacer inviable el plan de negocios. No obstante, es fundamental establecer que una parte muy im portante del despliegue ocurra los primeros años, de tal manera que no haya duda sobre el buen uso del bien público que constituye el espectro radioeléctrico”, agrega el análisis.

Ante el posible incumplimiento de estas obligaciones por parte del operador de la red, prosigue, el gobierno federal estaría en posibilidad de exigir su cumplimiento “o incluso de revocar concesiones otorgadas, evitándose que el espectro quede en manos privadas que no lo explotan por muchos años”.

Los autores recomiendan que previo al otorgamiento de las concesiones se garanticen condiciones indispensables para el cumplimento de dichas obligaciones.

“En particular, y previo al refrendo y autorización para la prestación de servicios adicionales para la provisión de servicios de banda ancha en la banda de 2.5 Ghz, sería conveniente que los solicitantes de la concesión muestren señales claras de su capacidad e interés en el despliegue amplio de la red”.

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David Arvizu Rubén Bazán Raúl Aréchiga Megacable Hermanos Esper

Ultravisión Grupo RGT Francisco Aguirre Telecomarca Multivisión

Concesionarios de BRS (Antes MMDS) en México Para dar viabilidad al proyecto sugieren constituir un consorcio de inversionistas regionales y nacionales, operadores junto con los concesionarios actuales de la banda y proveedores de equipo que tengan como objetivo cubrir las obligaciones de cobertura: “El refrendo y la autorización para la prestación de servicios adicionales en la banda de 2.5 Ghz tendría justificación sólo cuando se hayan aceptado las obligaciones de cobertura y se haya creado el consorcio que dé viabilidad a la nueva red de banda ancha”, advierten.

Respecto de la contraprestación que recibiría el gobierno por el espectro concesionado, el estudio señala que ésta debe ser congruente con la cobertura establecida, ya que al incrementarse la cobertura de zonas urbanas a rurales se reduce la rentabilidad financiera de una red.

Convendría entonces que “el gobierno reciba dicha contraprestación a través de acciones de la compañía. Esta opción le permitiría a los concesionarios disminuir la necesidad de financiamiento y los gastos en los primeros años. Asimismo, el gobierno recibiría el pago en efectivo de la contraprestación cuando venda su participación accionaria.

“Como consecuencia de la participación del gobierno, el financiamiento requerido para el proyecto se reduciría

entre 13 y 43 por ciento, según el valor que se le asignara al espectro. Por ejemplo, si al espectro se le asignara un valor de 600 millones de dólares, el financiamiento requerido disminuiría de 2 mil 570 millones de dólares a un mil 771 millones de dólares, o sea, 31 por ciento”.

Busca negociación exitosa Rafael del Villar, comisionado de la Cofetel, sostiene que esta nueva red se debe aprovechar al máximo para poder prestar servicios de internet fijos y móviles. “Esto no significa que toda la banda deba quedarse en manos de consorcios en los cuales participen los concesionarios actuales, pero sí que el gobierno alcance una negociación exitosa con los 10 concesionarios que cumpla con los objetivos de despliegue. Si la logramos, podremos contar en los próximos años con una nueva red muy importante”.

De lo contrario, Del Villar no descarta que el Estado rescate las frecuencias: “Es un panorama complejo. Yo propongo preguntarle a los concesionarios si quieren o no colaborar con el Estado.

Si no quieren colaborar, que el Estado exija en el corto plazo el rescate de las frecuencias, porque éste es un bien del Estado, no de ellos; es un bien que tienen concesionado”. gerardoisrael@yahoo.com.mx

Avala Cofetel anomalías de TV Azteca • Jaime Hernández Gómez

considera que “la resolución de la Cofetel es una burla porque no tomaron en cuenta las pruebas de sus propios peritos, quienes determinaron que los canales digitales no pueden ser visualizados en cualquier televisión digital, y sólo consideraron un modelo especial de receptor de televisión que presentó TV Azteca, en donde sí se puede ver, pero es un modelo especial que se comercializa para fines distintos”.

Para el doctor Raúl Trejo Delarbre, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, “la resolución confirma la mimetización de los integrantes de la Cofetel, o de la mayoría de ellos, a los intereses de las empresas a las que se supone deberían regular. Primero habían dicho que con el servicio de Hitv, TV Azteca incum- Héctor Osuna plía las leyes, y ahora cambiaron de opinión. Le deben una explicación a la sociedad”.

Uso del espectro El problema se relaciona con la transición de la televisión analógica a la digital que inició en 2005 y se espera que finalice en 2021, cuando se realice el apagón analógico. Para este proceso el Estado mexicano dotó de canales espejo a las empresas de televisión para profundizar

en las pruebas experimentales. A TV Azteca, el 31 de mayo de 2005, le proporcionó los canales 24 y 25.

La ventaja de las señales digitales, en comparación con las analógicas, son la calidad de imagen y menos campo en la banda de frecuencia para su transmisión, por lo que en el mismo espacio donde se transmite un canal analógico (6 Mhz) pueden enviarse varias señales digitales. Con esto la audiencia tendrá mayor variedad de contenidos.

Naverrete considera que TV Azteca comete varias infracciones legales: a) uso del canal espejo para la transmisión de señales distintas a las establecidas en el Acuerdo de la TDT; b) uso de un estándar distinto al establecido en la TDT, y c) comercialización de los canales digitales porque no son señales abiertas.

El primer cuestionamiento se refiere a que en el “Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital terrestre y se establece la política para la transición en México”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2004, se advierte que el canal digital que se otorga a cada televisora debe transmitir “la misma programación que se difunde en el canal analógico”. No obstante, TV Azteca, a través de la venta de Hi-tv, transmite 11 adicionales.

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a Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (Canitec) impugnó, el pasado 28 de enero, la resolución de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) en la cual resolvió que la emisión de transmisiones simultáneas a través de Hi-tv de Televisión Azteca no infringe la ley en la materia.

La resolución de Cofetel es producto del procedimiento administrativo iniciado el 14 de mayo de 2009 -después de la confrontación entre el periódico Reforma y TV Azteca por el caso-, para conocer si la comercialización del sistema denominado Hi-tv, la televisora del Ajusco violaba la Ley Federal de Radio y Televisión, en particular los criterios para la transición hacia la televisión digital terrestre (TDT) en México y los títulos de refrendo de las concesiones de la misma televisora.

TV Azteca, además de transmitir las señales de los canales 7 y 13, difunde 11 canales adicionales, que comercializa vendiendo un decodificador (Hi-tv) -en tiendas Elektra, Unefon, Wal-Mart y Aurrera-, con el cual se convierte la señal digital en analógica.

Los comisionados José Ernesto Gil Elorduy, Gonzalo Martínez Pous y José Luis Peralta votaron a favor de Tv Azteca, mientras que los otros dos estuvieron en contra: Héctor Osuna Jaime y Rafael del Villar Alrich.

Alejandro Naverrete, director general del Centro General de Innovación en Telecomunicaciones de la Canitec,

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se publicó en Estados Unidos el 29 de julio de 2008”, agrega Naverrete.

Sin embargo, para el perito de la Cofetel, “las características del sistema de video, comprensión de video o AVC están determinadas en el estándar ATSC A/72 y son aplicables al estándar ATSC A/53.

Pero no forman parte del mismo porque éste utiliza de manera oficial el sistema de compresión de video MPEG-2”.

El experto indica que el estándar que adoptó México con el Acuerdo de la TDT es el ATSC A/53 y por ello la mayoría de los televisores digitales comercializados en México no pueden codificar señales enviadas por Hi-tv, que utiliza otro formato de comprensión.

A pesar de lo dicho por su propio perito, la Cofetel afirma en su resolución que el Acuerdo de la TDT menciona que el modelo ATSC A/53 debe ser flexible con el propósito de aprovechar al máximo sus ventajas, así como las de su futuro desarrollo y crecimiento. Por ello concluye que, a pesar de que el formato de comprensión que utiliza TV Azteca está definido para un estándar diferente, no contraviene el Acuerdo porque aprovecha al máximo las ventajas que ofrece el estándar tecnológico.

Ante ello, Alejandro Naverrete plantea: “¿De qué sirve que se emita un acuerdo donde se define el estándar, si un radiodifusor al que no le interesa utiliza otro estándar hace lo que se le da su regalada gana?

Con esto no estamos diciendo que ese acuerdo es inmutable, que está grabado en piedra o que no deba modificarse, sino que mientras esté vigente se debe respetar como cualquier otra norma que expida el gobierno”.

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El servicio de Hi-tv resultó de la como Hi-tv, aunado a la cobertura que contratación de tecnología a la empre- tiene la televisión abierta en la población sa suiza Nagravisión, que (94 por ciento) los usuarios posibilita que las señales podrán tener acceso a más puedan comprimirse y información y contenidos, transmitirse en una misma lo cual fortalece el pluralisfrecuencia (televisión mulmo en la sociedad”. ticanal). Por eso, a través de Alejandro Naverrete sus canales digitales 24, 25 destaca que el Acuerdo de y 26 de la banda UHF, TV la TDT “señala claramente Azteca, además de transmique en el canal digital se tir de manera obligatoria debe transmitir la misma los canales 7, 13 y 40, in- Alejandro Naverrete programación que en el cluye seis señales adicionaanalógico. Entonces, a la les en el 24, cuatro en el 25 y cuatro hora que TV Azteca agrega más señales más en el 26; en total, 14 canales. de televisión, viola esa disposición”.

Entre los argumentos sobre la lePara Trejo Delarbre, Hi-tv va en galidad de Hi-tv se alega que para la contra de lo establecido por la Suprema transmisión de los canales adicionales Corte de Justicia de la Nación (SCJN), no se utilizan frecuencias secundarias y en la resolución de la acción de inconsademás se transmiten los canales 7, 13 titucionalidad interpuesta contra la Ley y 40 con la calidad que se exige en el Televisa de 2007. En su veredicto, la Acuerdo de la TDT. Corte declaró inconstitucional el artíSin embargo, según Marco Antonio culo 28 de la Ley Federal de Radio y Delgado Mercham, perito de la Cofetel Televisión porque permitia el uso de citado en la resolución de dicho orga- los concesionarios de los canales ananismo, para poder difundir las señales lógicos, para brindar servicios adicioadicionales TV Azteca “tiene que re- nales de telecomunicaciones con el ducir la tasa de transmisión de bits al simple hecho de presentar una solicitud a mínimo necesario para transmitir con la Cofetel. el formato de alta definición”, es decir, la calidad en la imagen de los canales Un estándar diferente ofrecidos es la mínima permitida. Otra La segunda infracción ocurre cuando impugnación se refiere a la probable TV Azteca, para la trasmisión de los violación del artículo 22 de la Ley Fe- canales adicionales, deral de Radio y Televisión, que indica: utiliza un estándar “No podrán alterarse las características tecnológico distinde la concesión o permiso sino por re- to al señalado en el solución administrativa en los términos Acuerdo de la TDT, en lugar de aplicar de esta ley.”

La Cofetel resolvió que con la emi- el A/53 de la Adsión de canales adicionales “no se mo- vanced Television difican las características técnicas de Systems Comittee las estaciones autorizadas para prestar (ATSC), utiliza el el servicio de radiodifusión concesio- A/72. “La ventaja Raúl Trejo nado”. Consideró que las acciones de que proporciona el TV Azteca “son legales” y, al contrario, A/72 es la comprensión avanzada de vi“mediante el uso de los decodificadores deo mediante el formato MPEG-4 que

Señal encriptada La tercera impugnación se refiere a que con Hi-tv el servicio que ofrece TV Azteca no es de radiodifusión, sino de telecomunicaciones, ya que para acceder al servicio se debe adquirir el decodificador, cuyo costo es de 2 mil pesos y, además, como utiliza un estándar diferente las señales no pueden ser decodificadas en la mayoría de los televisores digitales.

Al respecto, la Cofetel resolvió que los canales adicionales constituyen un servicio de televisión abierta porque no utilizan una frecuencia diferente a la asignada y son gratuitos.

Empero, de acuerdo con Alejandro Navarrete, en la comercialización de Hi-tv, antes de la demanda el televidente, tenía que comprar el aparato y al instalarlo había que insertar una tarjeta (smart card), después llamar a un número telefónico para que la activaran y si se retiraba la tarjeta la señal se borraba, lo cual significa que venía encriptada y para acceder a ella se debía adquirir el codificador con la tarjeta.

“Cuando empieza todo el asunto de la denuncia y se inicia la investigación por parte de la Cofetel y la SCT, TV Azteca deja de encriptar la señal. Ellos, vía remota, desactivaron el sistema que se conoce como CAS (Sistema de Acceso Condicionado)”, precisa Navarrete.

El especialista de la Canitec se pregunta: “¿Por qué sin la caja no se podía ver la señal? Justamente -responde- porque al usar un estándar de televisión diferente al autorizado, los aparatos de televisión digital no captan la señal porque no están hechos para ese estándar”.

No obstante, en la resolución de la Cofetel se establece que se hicieron las pruebas con un televisor Sony Bravia, modelo KDL-32-LL150, que desplegó las señales de televisión sin necesidad del convertidor.

Al respecto, Navarrete explica: “Sólo el modelo en que se hizo la prueba tiene la capacidad de recibir la señal en ese estándar, pero se comercializa en Estados Unidos para fines distintos. El problema es que 99 por ciento de los receptores de televisión digital que se han vendido no lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo TV Azteca puede decir que lo que están brindando es un servicio de radiodifusión de libre recepción si yo tengo una televisión digital en la que no se ve?”

Naverrete también cuestiona que “únicamente se basó en la prueba en un solo receptor digital, y no en otros 50 modelos cómo debió hacerlo. Analizó sólo el modelo que presentó TV Azteca, y dijo: ‘Como en este sí se ve, entonces no hay ningún problema’. La verdad, es una burla descarada la resolución que presentó Cofetel”.

Televisa puede imitar Ante el silencio de Televisa, se puede interpretar que esa televisora no ha cuestionado la resolución porque también puede aprovechar la coyuntura para hacer lo mismo con los canales digitales que posee. Al respecto, Navarrete plantea: “La pregunta sería, ¿y por qué no? No lo ha hecho, porque Televisa es accionista de empresas de televisión de paga (Cablevisión y Sky) y entonces no tiene necesidad de hacerlo; pero si lo hace TV Azteca es una invitación a que lo haga cualquier otro operador de televisión abierta, pero no se trata de que alguien haga lo que quiera”.

Raúl Trejo advierte que la resolución de la Cofetel constituye una oportunidad para el gobierno federal de aplicar la ley que la misma Cofetel y TV Azteca no han aceptado. De hecho, afirma, tiene la capacidad de reformar el Acuerdo de la TDT para precisar de mejor manera lo que se puede o no se puede hacer con los canales digitales concesionados. jaihergom@gmail.com

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Hi-tv y el desencuentro entre las televisoras • Gabriel Sosa Plata

H

i-tv se ha convertido en la manzana de la discordia entre las dos principales televisoras del país, porque detrás de la autorización o no de este servicio hay una gran cantidad de recursos en juego y un modelo de negocios para su desarrollo en México.

Como se sabe, Hi-tv es la marca de un servicio multicanal de unas 20 señales diferentes, que se transmite a través de los canales digitales asignados a Tv Azteca. Para tener acceso al servicio, es necesario adquirir un “equipo sintonizador” que se conecta al televisor analógico o digital. También hay algunos modelos de televisores digitales que ya tienen capacidad para recibir las señales sin necesidad de la caja sintonizadora. En ambos casos, la antena aérea es imprescindible.

Las transmisiones experimentales del servicio comenzaron a finales de 2008, pero fue hasta febrero que Hi-tv se dio a conocer. Desde entonces, tanto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) como la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) sabían lo que estaba haciendo la televisora y permanecieron en silencio. La situación, incluso, fue advertida por diversos columnistas. Pero las autoridades reaccionaron hasta que el tema ocupó la primera plana del periódico Reforma, el 11 de mayo de 2009.

Quizás presionados por la polémica del momento, la Cofetel analizó el caso en una larga sesión y “resolvió iniciar procedimientos administrativos para la 30

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posible imposición de sanciones” a la televisora “por presuntas violaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión por prestar sin autorización servicios distintos a los autorizados en su título de concesión y en el Acuerdo para la Transición a la Televisión Digital Terrestre”. Paralelamente “emitió una opinión favorable” a la SCT “para el inicio del procedimiento de sanciones a dichas empresas, por posibles violaciones a sus títulos de concesión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones” (Comunicado de prensa 7, 15 mayo 2009).

En contra de su primera opinión, la Cofetel resolvió, en otra larga sesión llevada a cabo el 11 de diciembre de 2009, que siempre no hubo elementos para sancionar a TV Azteca y en el documento en el que se dio a conocer dicha decisión parecía existir un ánimo festivo.

Además de los cambios de criterio a los que nos tiene acostumbrados el órgano regulador, hay un hecho que no podemos pasar inadvertido: el voto de Rafael del Villar, quien, se asegura, presentará un documento en el que expondrá los argumentos técnicos y jurídicos del por qué Hi-tv es ilegal. El acta, por cierto, tampoco fue firmada por el presidente de dicho órgano, Héctor Osuna.

Uno de los aspectos que más se discutieron fue que TV Azteca utiliza el estándar A/72 de ATSC y no el A/53, que es el que oficialmente se eligió en México.

Es un tecnicismo que para los televidentes es irrelevante, pero que en materia de

normatividad técnica y homologación de equipos (los receptores incluidos) es fundamental, tal como se describe en el acta de resolución de la Cofetel, misma que en unas semanas pasó de ser pública y disponible para todos, a reservada hasta que concluya el proceso legal.

Es evidente que tanto Televisa como sus socios de la Cámara Nacional de la Industria de las Telecomunicaciones por Cable (Canitec) están muy molestos con la decisión de la Cofetel porque, en caso de prosperar, el desafío de TV Azteca llevaría a modificar sus estrategias comerciales y de desarrollo en la televisión de paga ante la “gratuidad” del servicio de su competidor y obligaría a la misma Televisa a hacer algo similar en sus canales digitales. Es una afectación de millones de dólares.

Presiona Televisa El emporio de Azcárraga Jean, como todos sabemos, promovió una reforma a legislación sobre medios, conocida como “ley Televisa”, que buscaba, sobre todo, que los concesionarios de televisión abierta ofrecieran servicios adicionales de tele-comunicaciones en bandas atribuidas a radiodifusión (una especie de televisión de paga,

descarga de películas y otros servicios adicionales a la televisión abierta), pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que eran inconstitucionales los artículos relacionados con esa posibilidad convergente (los artículos 28 y 28-A). Fue entonces que incrementaron su participación en las telecomunicaciones, en particular en la televisión de paga al adquirir TVI y Cablemás, que junto con la presencia que ya tenía con Cablevisión y el sistema de televisión satelital, Sky, la convirtieron en la principal operadora de la televisión de paga en México.

Por lo anterior, la posibilidad de ofrecer muchos canales en un sistema de televisión abierta y gratuita afecta a Televisa y sus socios, por eso se incrementó el cabildeo y la presión en las semanas siguientes contra la SCT para impedir que Hi-tv siga adelante, con el argumento, ahora, de que viola la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Al cierre de esta edición, algunos columnistas de negocios habían anticipado que la SCT tendría una opinión distinta de la Cofetel y que iniciaría un procedimiento de sanción a TV Azteca, que incluiría la incautación de equipos y el inicio de la revocación de sus canales digitales en la banda UHF por violaciones a la legislación vigente. Esta acción se suma a una serie de decisiones de la dependencia (como la revocación de los canales 46 y 52 a Cablevisión y MVS, respectivamente, y la sanción a Telmex por incumplimiento de sus compromisos en interconexión) para demostrar, según se ha dicho a través de los mismos columnistas, que en el sector no hay favoritismos o negociaciones bajo la mesa, sino un apego al marco legal vigente.

Si la SCT decide sancionar a Hi-tv será al mismo tiempo un nuevo capítulo de las diferencias entre la dependencia que encabeza Juan Molinar y la Cofetel, y un elemento más que agudizará la guerra TelevisaCanitec contra Tv Azteca.

De hecho, a mediados de febrero, Elektra Milenio (Tv Azteca) anunció que demandó por daño moral a la Canitec, debido a que ésta publicó un desplegado en el que acusa a la empresa de Grupo Salinas de incurrir en un delito al vender el equipo Hi-tv. El abogado del grupo, Salvador Rocha Díaz, dijo que la empresa exigió ante el juzgado noveno civil radicado en la ciudad de México que la Canitec repare el daño con una indemnización económica, así como la publicación de una disculpa en la que admita que incurrió en calumnias, además de dar a conocer por el mismo medio la sentencia del juez.

Además de esta demanda, se debe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el litigio relacionado con el registro de “servicios de valor

agregado” (como podría ser Hi-tv) que solicitó TV Azteca, pero que le fue negado por la Cofetel porque las concesiones que tiene la televisora son para la transmisión de televisión abierta (radiodifusión) y no para la prestación de servicios de telecomunicaciones. La decisión que al respecto tomen los ministros de la Corte será fundamental para el futuro del servicio multicanal.

Sigo convencido de que Hi-tv es un servicio ilegal, pero que se ha podido prestar gracias a la ambigüedad y lagunas del Acuerdo de Política de Televisión Digital (del 2 de julio de 2004), el cual fue impulsado principalmente por Televisa. La paradoja de esto es que con la invalidez, además, de los artículos mencionados (el 28 y el 28-A de la Ley Federal de Radio y Televisión), se generó el efecto boomerang hacia la televisora de Chapultepec. En todo caso, el desafío de TV Azteca debe dar lugar para poner al día la normatividad técnica y jurídica de la televisión digital y abordar de una manera seria el desarrollo de esta tecnología. gsosap@gmail.com

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Comunicación política

TV Azteca, la más sancionada por el IFE • Jaime Hernández Gómez

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“El secretario ejecutivo no ha querido darnos el informe, seguramente tendrá sus razones, pero lo más seguro es porque no se ha cobrado nada. No se trata de perdonar a los medios, se trata de imponer una sanción sólida porque, si no, luego se cae y quedas en ridículo, pero si la pones, cóbrala”, aseguró el consejero.

El monto que debe Televisa por multas hasta la fecha asciende a 14 millones 166 mil pesos y TV Azteca, con la sanción reciente, debe 109 millones 970 mil pesos (lo cual representa el 1.24 por ciento del total de sus activos, que en diciembre de 2008 sumaban, según su declaración financiera, 8 mil 849 millones de pesos). Esto sin contar con la sanción que se anunció, al momento del cierre de este artículo, por parte del IFE de otros

122.4 millones por no transmitir 16 mil 92 promocionales de las precampañas locales de Chihuahua, Durango, Puebla y Zacatecas.

Zócalo solicitó información en el Servicio de Administración Tributaria de la SHCP sobre el proceso de pago, sin embargo la administradora de información de dicha dependencia negó los datos, argumentado que se lo prohibía el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.

El presidente del Comité de Radio y Televisión del IFE, el consejero Arturo Sánchez, indicó que el informe de pagos se solicitó en la reunión del Consejo General del 29 de enero y después en la reunión del Comité de Radio y Televisión el 8 de febrero.

Google

U

na histórica multa de 72 millones 386 mil pesos le impuso el Instituto Federal Electoral (IFE) a TV Azteca, el pasado 29 de enero, por no trasmitir 8 mil 223 promocionales correspondientes a las precampañas locales de Coahuila, Tabasco y Yucatán. Esta es la mayor sanción derivada de la reforma electoral de 2007, que obligó a todas las estaciones de radio y televisión a transmitir los promocionales ordenados por el Instituto, utilizando los tiempos del Estado.

La sanción se definió por mayoría de consejeros. Sólo Marco Antonio Gómez Alcántar, Virgilio Andrade y Francisco Guerrero votaron en contra después de un intenso debate sobre el dilema de obedecer o no la suspensión provisional de la resolución que ordenó un juez, ante el cual TV Azteca interpuso un amparo.

Con la multa, TV Azteca se convierte en el medio más sancionado por sus reiterados incumplimientos de las normas electorales. Sin embargo, queda en duda la eficacia de las sanciones, porque ni el IFE, ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como última instancia, han podido cobrar las multas aplicadas a Televisa y TV Azteca.

En entrevista con Zócalo, Marco Antonio Gómez Alcántar, consejero del IFE, informó que desde hace seis meses solicitó a la Secretaría Ejecutiva del mismo Instituto un informe sobre la cantidad pagada por Televisa y TV Azteca de las sanciones impuestas.

Marco Antonio Baños

Argumentos de Tv Azteca La sanción de 72 millones 386 mil pesos impuesta el 29 de enero constituye la suma de 13 procedimientos sancionadores, siete correspondientes a la no transmisión de promocionales en la precampaña de Coahuila (del 13 al 27 de agosto de 2009), dos a las precampañas en las elecciones locales de Tabasco (10 de julio al 4 de agosto) y cuatro a las de Yucatán (5 al 10 de enero de 2010).

De acuerdo con el consejero del IFE Marco Antonio Baños, la sanción impuesta parece haber tenido efecto positivo en la conducta de la televisora porque los recientes monitoreos que se han realizado sobre las precampañas

Las conductas de TV Azteca que generaron la multa histórica Conducta

Elección/ entidad/ Periodo

Emisoras

No transmisión de promocionales

Coahuila Local Precampaña

XHHE-TV canal 7 XHLLO-TV canal 44 XHGZP-TV canal 6 XHHC-TV canal 9 (+) XHGDP- TV canal 13 XHMLA-TV canal 11 XHPNG-TV canal 6

No transmisión de promocionales

Tabasco Local Precampaña

No transmisión de promocionales

Yucatán Local Precampaña

Sanciones

Total

(724) (466) (522) (490) (504) (447) (309)

$5,777,922.22 $3,718,938.88 $4,165,850.00 $3,910,472.22 $4,022,200.00 $3,567,308.33 $2,465,991.66

$27,628,683.31

XHVIH-TV canal 11 (+) XHVHT-TV canal 6 (+)

(1644) (1503)

$6,560,016.66 $5,997,387.50

$12,557,404.16

XHVAD-TV, canal 10 XHDH-TV canal 11(+) XHKYU-TV canal 4 (+) XHMEY-TV canal 7

(408) (394) (402) (410)

$8’139,783.60 $7,860,528.00 $8’020,266.80 $8,180,005.60

$32,200,584.00

13 canales

$72,386,671.4

$72,386,671.47

Total

Promocionales no transmitidos

Fuente: Elaborado con base en la resolución del IFE.

llevadas a cabo en Yucatán ya muestran válido porque, entre otros factores, no una regularización en la transmisión de indica quien lo hace y cómo lo realiza, los promocionales. y d) solicitó un derecho de audiencia “Los procedimientos sancionadores para que, debido a sus características tienen el objetivo de corregir conductas técnicas especiales, se le realizara una que infrinjan la norma. Si alguna con- pauta especial, como se hizo con Radio cesionaria o permisionaria no transmi- UNAM, pero no se le otorgó. te los promocionales de los partidos políticos se genera inequidad en la contienda electoral y cuando no transmite los de las autoridades electorales contribuye a una falta de orientación para el ejercicio de los derechos políticos”, explicó el consejero.

TV Azteca mencionó que no transmitió los promocionales debido a que: Marco Gómez, a) cuenta con dos cadenas nacionales de televisión (7 y 13) que se En la resolución del IFE se indica transmiten desde la Ciudad de México que el primer argumento es insostenible y no tiene capacidad técnica para blo- porque en las precampañas aludidas TV quear las señales ubicadas en los estados Azteca no transmitió sus promocionay transmitir los spots de las elecciones de les, pero sí los de partidos políticos. De dichas entidades; b) bloquear sus seña- los 8 mil 223 spots no transmitidos, 7 les es un derecho y no una obligación; mil 746 corresponden a los de la autoric) el monitoreo que realiza el IFE no es dad electoral, es decir el 94 por ciento.

Sobre este tema, Gómez Alcántar explicó que para determinar el monto de las sanciones no sólo se debió tomar en cuenta los promocionales no transmitidos por la televisora, sino las inversiones de TV Azteca para poder cumplir con sus obligaciones que son en promedio mil 500 millones de pesos.

Al respecto, el consejero Marco Antonio Baños indicó que las inversiones de TV Azteca no deben ser excusa para incumplir con sus obligaciones.

“Televisa también ha invertido en ello, pero sobre todo el Estado Mexicano invirtió más de 25 millones de dólares para instalar la infraestructura que le permite operar el nuevo modelo de radio y televisión.”

El segundo argumento de TV Azteca tampoco se sostiene porque la Constitución y el Código Electoral señalan que las estaciones de radio y televisión están obligadas a transmitir las pautas que emita el Instituto. Además, los resultados que arroja el sistema de monitoreo del IFE fueron validados por el marzo 2010

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Tribunal Electoral del Poder Sanciones del IFE a TV Azteca después de la reforma electoral de 2007 Judicial de la Federación como Fecha de resolución Motivos Sanción instrumento permitido para la 20/04/2008 No transmisión de promocionales (tiempos ordinarios) $2,000,000.00 imposición de sanciones a los medios de comunicación.

24/03/2009 No transmisión de promocionales (SKY) $2,000,000.00 En cuanto al alegato de la 29/03/2009 No transmisión de promocionales (Precampañas federales) $2,000,000.00 televisora para que se le paute 15/05/2009 No transmisión de promocionales (Caso SLP) $1,664,164.00 de manera especial como a Radio UNAM, en marzo de 2009, 26/07/2009 Publicidad a través de terceros (Revista Cambio) $4,000,000.00 la situación es diferente porque 28/07/2009 No transmisión de promocionales (Caso SKY) $21,920,000.00 esta última emisora es permisionaria y, además, como privi02/09/2009 Publicidad a través de terceros (Revista Vértigo) $4,000,000.00 legia la difusión de la cultura, 29/01/2010 No transmisión de promocionales (Tabasco, Coahuila y Yucatán) $72,386,671.47 transmite programas de dura$109,970,835.47 ción continua de una o más Total horas (conciertos musicales, Fuente: Elaborado con base en la resolución del IFE. obras de teatro), por lo que es imposible transmitir los promocionales el cual ordena no hacerse justicia por 2009 transmitieron los promocionales como lo mandata el IFE. Por ello cumpropia mano, y pasar por alto el manen más del 95 por ciento podrían exple una pauta especial. dato de un tribunal constitucional que presar su inconformidad ante una deinvestiga si hay o no violación de garancisión del IFE de acatar una resolución Amparo, el debate tías individuales.” que no es procedente.

El mayor debate entre los consejeros Para el consejero Marco Antonio “Incluso diría que la resolución suselectorales en torno a la resolución del Baños no se aceptó la orden del juez pensiva que ordenó la juez tiene que ser 29 de enero, no se dio sobre el monto porque, de acuerdo a la ley de amparevisada en un procedimiento ante el de la sanción, sino a la orden de susro (artículo 73, fracción VII), dicho Consejo de la Judicatura Federal, porpensión provisional de la resolución, instrumento no procede en materia que no tiene competencia para emitir que recibió el IFE el 28 de enero y que electoral y porque la orden de suspenuna resolución de esa naturaleza, menos emitió un juez ante el que TV Azteca sión del juez fue dirigida al director en un procedimiento de orden público interpuso un amparo, en el que alegó de Prerrogativas y Partidos Políticos que tiene como propósito garantizar exque el IFE no le respetó su garantía y no al Consejo General del IFE, el presamente el principio de equidad de de audiencia. cual debe determinar el sentido de la contienda,” indicó el consejero.

La mayoría de los consejeros descala resolución.

En opinión de Pedro Salazar, inveslificaron las razones del juez para dar Gómez Alcántar aclaró: “No comtigador de la UNAM, “la ley de amparo entrada al amparo interpuesto por la parto los razonamientos jurídicos de es clara: el amparo es improcedente en televisora en contra del procedimiento la juez al emitir la suspensión promateria electoral, así que lo que debe sancionador del IFE, sin embargo cuavisional, pero lo cierto es que en una preocuparnos no es la estrategia de la tro (Macarita Elizondo, Marco Antonio orden que está vigente, el IFE tiene televisora (ya que está en su derecho y Gómez, Virgilio Andrade y Francisco obligación de acatarla aunque esté mal. forma parte de su cuestionable relación Guerrero) coincidieron en que, sin imPorque el ejemplo que estamos dando con la legalidad), sino la admisión de portar ese problema, el IFE debe acatar como órgano ciudadano es una locura: dichos recursos por parte de algunos la orden y no emitir una resolución has¡Señores, incumplan los mandamienjueces. Esperemos que la Suprema Corte, por lo que hace al fondo y a la ta no estar resuelto el amparo. tos de un tribunal cuando estos no improcedencia, y el Consejo de la JudiEn la discusión del tema, la conseson justos!” catura, por lo que se refiere a las responjera Elizondo mencionó: “Comparto Para el consejero Baños, la principal sabilidades, intervengan para impedir y la postura de diferir la discusión de la consideración para no aceptar la sussancionar este fraude a la ley.” resolución, porque el IFE no puede pensión es que la gran mayoría de los jaihergom@gmail.com estar eximido del estado de derecho, concesionarios que en las elecciones de 34

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Sociedad y medios

Computadoras, filantropía y negocio Raúl Trejo Delarbre

OLPC y Classmate Propietario de Telmex y Telcel, entre otras empresas, hacia 2007 se calculaba que Slim tenía una fortuna de 60 mil

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L

as computadoras no resuelven todas las carencias de la educación. Pero hoy en día es prácticamente imposible pensar en una educación integral donde no se incluya el aprendizaje en y para las computadoras. Así se reconoce en prácticamente todo el mundo. Pero en México la adquisición de computadoras no ha sido prioridad para el gobierno ni para la sociedad.

Los proyectos para dotar de equipos de cómputo a los niños y jóvenes aún son aislados e insuficientes. En varios países latinoamericanos, como Uruguay, entre otros casos, propuestas como One Laptop Per Child (OLPC, o Una Computadora por Niño) han sido estratégicos. En México, la adquisición y distribución de tales equipos ha resultado más limitada y ha estado a cargo del sector privado. El gobierno mexicano, aunque cuenta con proyectos para utilizar ordenadores en la escuela, se ha mantenido reacio a comprometerse con iniciativas para entregar computadoras que los niños y jóvenes puedan utilizar en sus casas. En contraste con ese abandono, los proyectos del empresario Carlos Slim para destinar computadoras a niños y jóvenes han sido expresiones de filantropía pero, también, acciones para apuntalar sus negocios dentro y fuera de México.

millones de dólares. Tanto la compañía telefónica, como el Grupo Carso que es el controlador de sus empresas y él mismo, tienen fundaciones a través de las cuales se han desarrollado proyectos relacionados con la computación para niños.

A comienzos de agosto de 2007 Slim anunció que donaría un millón 250 mil computadoras portátiles: 250 mil en lo que faltaba de ese año y el resto en 2008.

Todo ese equipo, se dijo entonces, sería del modelo portátil diseñado por el proyecto OLPC e implicaría un gasto de 70 millones de dólares tan solo para la primera remesa de un cuarto de millón de equipos (es decir, el empresario mexicano esperaba pagar 280 dólares por cada

computadora). Poco después, Slim y sus empresas comenzaron a adquirir computadoras Classmate, de Intel, y a diferencia de la cifra inicialmente anunciada el primer lote de ordenadores XO de OLPC fue de 100 mil aparatos.

Slim optó por dividir sus adquisiciones entre los dos proyectos internacionales de computadoras de bajo costo que compiten en el mercado educativo.

El primero de ellos es la OX diseñada por el grupo OLPC, que encabeza el investigador Nicholas Negroponte, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y que en 2005 se propuso desarrollar una pequeña computadora que, al venderse en gran escala, no costaría más de 100 dólares. El precio se ha marzo 2010

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Préstamos, no obsequios En contraste con los principios del proyecto OLPC que considera indispensable que cada niño tenga su propia computadora, Slim dona la mayor parte de esas computadoras portátiles a bibliotecas y centros de educación comunitarios. En las primeras se prevé que además de libros, esos equipos sean ofrecidos en préstamo a domicilio. Y por otra parte, Slim y sus fundaciones construyen en zonas marginadas un centenar de “Casas Telmex” destinadas a ofrecer educación, aparentemente complementaria a la escolarizada. Cada uno de esos establecimientos tendría varias docenas de computadoras.

Las carencias de México en materia de desarrollo informático no son menores. Aunque tiene una de las 15 economías más grandes del mundo de acuerdo con su producción, las desigualdades escinden al país. Entre 2000 y 2009 el porcentaje de mexicanos con acceso a Internet aumentó del 6 por ciento al 28 por ciento aproximadamente. Se trata de un crecimiento importante, pero todavía siete de cada 10 habitantes en este país se encuentran al margen de los beneficios de la sociedad de la información.

La utilización de nuevas tecnologías es mayor entre niños y jóvenes que en el resto de la población. En México, a finales de 2008 había aproximadamente 36

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quedado en el doble de esa cantidad pero ha resultado suficientemente atractivo para interesar en países de África y América Latina.

Más tarde, como resultado de diferencias de diseño tecnológico pero también de comercialización entre las corporaciones que respaldaban a Negroponte, la empresa Intel, fabricante de procesadores, puso a circular la computadora Classmate con mayores recursos informáticos, pero también de mayor precio.

Carlos Slim

13 millones de niños entre 6 y 11 años, de los cuales la tercera parte son usuarios de computadoras. Ese porcentaje se duplica entre los mexicanos de 12 a 17 años, que constituyen alrededor de 13 millones y medio: de ellos casi nueve millones, es decir, el 66 por ciento, son usuarios de computadoras.

El avance en el uso del ordenador ha sido considerable, pero se le puede mirar de dos maneras. El enfoque optimista, conduce a reconocer que hay casi 13 millones y medio de niños y jóvenes de entre seis y 17 años que utilizan computadora. En 2001, los mexicanos de esa edad que tenían acceso al ordenador eran menos de cinco millones y medio. El enfoque suspicaz obliga a reconocer que, junto a esos avances, todavía hay amplias franjas de la población mexicana sin ese recurso. Casi la mitad de quienes se encuentran en ese rango de edad carece todavía de acceso a la computadora. Y cabe subrayar que alrededor de una tercera parte de los usuarios de computadora en México no tiene conexión a Internet.

Sin proyecto educativo En ese contexto se puede aquilatar la importancia que tienen proyectos de apoyo al desarrollo informático como los que patrocinan el empresario Carlos Slim y sus corporaciones. Cualquier respaldo al uso de computadoras resulta plausible.

Más aún, ante la inexistencia de una política de Estado para extender el empleo de nuevas tecnologías, particularmente en los segmentos más desprotegidos, económicamente, de la población, los esfuerzos privados son significativos aunque no relevan al gobierno de sus responsabilidades incumplidas en ese terreno.

Por otra parte, la ausencia de un proyecto pedagógico que acompañe a la adjudicación del equipo de cómputo e incluso su segregación respecto de las actividades escolares, puede conducir a desaprovechar todas sus posibilidades.

La adquisición de computadoras por parte de Telmex, así como la edificación de las casas que llevan el nombre de esa empresa, se ha desarrollado con más parsimonia que la inicialmente prevista. En el transcurso de 2008 se inició la construcción de 20 de esas instalaciones con la expectativa, según dijo la empresa telefónica, de llegar a un centenar en 2010. La primera de esas casas fue abierta en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en enero de 2008, con 190 PCs de escritorio y 90 portátiles. En febrero se inauguró otra en Naucalpan, Estado de México, con 170 equipos de cómputo.

Las computadoras disponibles en las Casas Telmex son, indistintamente, modelo XO del proyecto OLPC y Classmate, de Intel. Además de las que destinan a esos sitios, Slim y sus empresas han adquirido laptops de las mismas marcas para donarlas a varias escuelas.

En julio de 2008 Slim recibió en México a Craig Barrett, presidente de Intel, para anunciar la adquisición de 100 mil ordenadores Classmate; 80 mil serían distribuidos en “más de mil 400

Desigual infraestructura En México casi cuatro de cada 10 escuelas primarias carecen de computadoras y solamente 27 por ciento de ellas tiene acceso a Internet. Durante el ciclo escolar 2007-2008, el 62 por ciento de las escuelas primarias contaba con al menos una computadora. Ese recurso existe en

60 por ciento de las escuelas de carácter público, pero estaba presente en 90 por ciento de los planteles privados.

Cabe subrayar que cuando nos referimos a la educación básica en México estamos hablando de un universo de casi 21 millones de estudiantes. En primaria, siempre para el ciclo escolar ya mencionado, había en números redondos 14 millones 654 mil estudiantes. En secundaria, seis millones 116 mil. Esos niños y jóvenes estudian en un total de 131 mil 922 escuelas. Dotar a esos planteles de equipos de cómputo significa una tarea mayúscula para un país que destina a los estudiantes de primaria un gasto público de mil dólares anuales por alumno y de mil 500 para los estudiantes de secundaria.

entidades más prósperas, 73 por ciento y 86 por ciento de las escuelas primarias disfrutan, respectivamente, de equipo de cómputo. En la ciudad de México, donde se concentra buena parte de la actividad económica y política del país, el 97 por ciento de las escuelas primarias cuenta con equipo de esa índole. El 54 por ciento de las primarias de Nuevo León tiene acceso a Internet, pero en Guerrero solamente el cuatro por ciento de las escuelas de ese nivel cuenta con dicho recurso.

Para qué sí, para qué no En México, las computadoras fabricadas por proyectos como OLPC han sido distribuidas a escuelas y centros digitales, en contradicción con el propósito de volver a cada niño propietario de su propio ordenador. Siempre será mejor que los niños tengan acceso a la computadora aunque no les pertenezca, pero esa singularidad incorpora un matiz que distingue a la experiencia mexicana reciente de otros casos en América Latina y el resto del mundo.

La idea de que la computadora basta para que el niño despliegue sus capacidades creativas y se apropie del más variado conocimiento, aún es experimental y tiene rasgos discutibles. Tener una suerte de confianza ciega y acrítica en la capacidad educadora y transformadora de las laptops, puede llegar a ser tan fundamentalista como rechazar, sin más, el uso de computadoras en la formación de niños y jóvenes. Hay experiencias, atractivas pero posiblemente un tanto idealizadas, como la del científico en la India que en 1999 colocó una computadora adosada a una pared en un barrio pobre y observó la reacción de los niños que, sin experiencia previa, aprendían solos a utilizarla y a navegar en Internet.

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escuelas públicas de nivel medio” en distintos estados de México y el resto en Centroamérica, donde Telmex y sus filiales también tienen negocios.

Así por ejemplo, en Durango, Telmex entregó dos mil 100 computadoras XO y Classmate a 46 escuelas (20 primarias y 26 secundarias). En esa asignación fueron beneficiadas las escuelas cuyos alumnos obtuvieron mejores calificaciones en la prueba Enlace, el examen nacional de conocimientos en matemáticas y lengua española. En las primarias, cada computadora sería utilizada por cinco niños y en las secundarias, por ocho cada una.

En Nicaragua, por otra parte, la empresa América Móvil Enitel, filial del consorcio telefónico, propiedad de Slim, anunció la donación de tres mil computadoras a escuelas de ese país. El obsequio se entregaría en lotes de 15 computadoras por escuela, “para un total de 85 mil niños beneficiados”.

El periódico de ese país El Nuevo Diario comentó: “Lo que se desconoce del proyecto local es que si en realidad estas 200 escuelas estarán conectadas a internet, un valor asociado que no menciona por su parte el gobierno nicaragüense. Sin internet estas computadoras pueden emplearse, pero su uso se limitaría”. Y tiene razón.

Ese parque computacional está distribuido “igual que casi todo en el país” de manera insuficiente y desigual. En las regiones más pobres, las carencias que ya existen en otros ámbitos se reproducen en el equipamiento escolar.

Frente al promedio nacional de 62.5 por ciento de escuelas con computadoras, en el estado de Chiapas solamente 19 por ciento de las primarias tiene computadora y en Guerrero 25 por ciento. En cambio en Jalisco y Nuevo León, que se encuentran entre las

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Ensayos como ese permiten constatar la capacidad intuitiva de los niños para apropiarse de las nuevas tecnologías pero ello no indica, necesariamente, que sean también capaces de obtener, sin orientación previa, conocimientos científicos y humanísticos y mucho menos producirlos, al menos en los términos en los que resulta deseable que aprendan, entiendan y aprehendan la realidad.

Entregarles a los niños la computadora sin mayor orientación ni planeación equivale a dejarlos recorrer, sin más guía que su sensibilidad y el azar, los pasillos de una enorme biblioteca: algunos encontrarán libros que les resulten atractivos, otros más deambularán sin provecho. Los niños que obtendrían mayor beneficio de esa visita a la hipotética biblioteca serían aquellos que ya tuviesen gusto y habilidad en la lectura.

En palabras del mexicano Alejandro Pisanty, el proyecto OLPC “puede marcar un parteaguas en la educación si su inserción se acompaña de una transformación radical del modo de hacer las cosas en la escuela, o sumarse a la montaña de fierros y plástico de las revoluciones desperdiciadas. ¿Van a estar los maestros, los padres de familia, las escuelas, todo el entorno, a la altura requerida para aprovechar las oportunidades que tecnologías como ésta proveen? Los niños y jóvenes, sí”.

La computadora integrada al trabajo regular en la escuela puede contribuir a un aprendizaje no sólo de los conocimientos formales, sino de una nueva manera de entender, informarse y relacionarse con los demás. Pero ello requiere tanto de programas informáticos dedicados a respaldar la enseñanza curricular como de una cabal capacitación de los profesores y, de ser posible, también de los padres de familia. En los diversos usos que están recibiendo en América Latina proyectos del corte OLPC, hay de todo: aprovechamiento en el aula o 38

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al margen de ella, imbricación o disociación respecto de la enseñanza formal, ordenadores propiedad de los niños o solamente en préstamo y de uso esporádico. En el caso mexicano, a pesar de la cuantiosa inversión que supone la adquisición de varios centenares de miles de computadoras portátiles, podemos identificar un muy precario respaldo institucional, académico e incluso social y familiar al empleo de esas laptops para niños. trejoraul@gmail.com

Fuentes consultadas - AP (2007, 2 de agosto) “Dotará Slim de computadoras portátiles a escuelas públicas”. El Universal, México.

- El Nuevo Diario (2008, 17 de agosto). “Primeras OLPC para escuelas nicaragüenses”. Managua, Nicaragua.

- Fundación Carlos Slim A.C. (2008, 23 de julio). Boletín sobre casas Telmex, en http://www. carlosslim.com - Gaucín, Rosy (2008, 28 de octubre). “Escuelas marginadas tendrán tecnología de punta”. El Siglo de Torreón.

- INEGI (2005). II Conteo de Población y Vivienda. Resultados definitivos.

- INEGI (2008). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.

- Mitra, Sugata y Vivek Rana (2001). “Children and the Internet. Experiments with minimally invasive education in India”. The British Journal of Educational Technology, Vol. 32, No. 2.

- Piscitelli, Alejandro (2006). “La nueva infraestructura del conocimiento”. Gobierno digital. Buenos Aires, no. 7.

- Pisanty, Alejandro (2008, febrero-marzo) “¿Qué se debe articular en una ‘agenda digital’ para México?”. Política Digital. Número 42.

- SEP (2008, octubre). Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales Cifras. Ciclo Escolar 2007-2008.

- Teléfonos de México (2008, 30 de octubre). Boletín informativo sobre casas Telmex, en http:// www.telmex.com.mx Este texto actualiza un fragmento del ensayo “Un niño para cada computadora” que aparece en Roberto Balaguer Prestes, compilador, Uruguay: Una computadora para cada niño. Plan Ceibal. Los ojos del mundo en el primer modelo OLPC a escala nacional. Pearson, Montevideo.

Productos integrados

Ecos de la ficción televisiva en México • Guillermo Orozco / G. OBITEL México*

telenovela Alma de Hierro (Televisa 2008-2009) o las agencias Ford en Hasta que el dinero nos separe, también de Televisa (2009), han sido las estrategias que encarnan y colorean al brand placement a la mexicana. Esta tendencia global de “naturalización” de la publicidad comercial en la misma trama de los programas, en las pantallas mexicanas es ahora imitada por una “naturalización” de la propaganda política. Un ejemplo de esto ocurrió en la telenovela La fea más bella (Televisa 20062007) donde en uno de sus diálogos con sus amigas “la fea” cándidamente recomendó votar por el entonces candidato del PAN a la presidencia, Felipe Calderón.

El gobernador de Jalisco, el panista Emilio González, patrocinó con 30 millones de pesos la producción de la telenovela Las tontas no van al Cielo (Televisa 2008-2008) a cambio de mencionar rincones y lugares emblemáticos de Guadalajara. Otro ejemplo de la “naturalización” de la propaganda turística -política, como escenario de la trama novelística. Esa tendencia continúa, aunque de manera más evidente y explícitamente vinculada a la promoción, no sólo de lugares geográficos y candidatos, sino de políticos en el ejercicio del poder, como en Pasión Morena (TV Azteca 2009), en donde los personajes

mencionan las obras que el gobernador de Chiapas, Juan Sabines de la Coalición Por el Bien de Todos, ha realizado durante su gobierno.

Este giro en la propaganda política, que va de “naturalizar” opiniones partidarias o favorables a candidatos en tiempos de elecciones en el mismo diálogo entre personajes, a la naturalización de logros y avances de un gobernador en funciones, tiene otro significado. ¿Estaríamos hablando de una propaganda política estatal y ya no sólo partidaria? Tendencia explicable y quizá motivada por los cambios y candados en la regulación de la publicidad política marcados por el IFE como parte de la reciente reforma política.

Las empresas de medios, los candidatos políticos y los políticos en funciones saben que la ficción seduce y ejerce una influencia ideológica en sus audiencias.

Si no fuera así, no habrían convocado y escogido a los principales actores de telenovelas (en lugar de a líderes políticos) como Lucero y Eduardo Yáñez para que desde la pantalla “nos hablaran” a todos los televidentes en 2008, para levantarnos el ánimo frente a la crisis económica que arreciaba y recordarnos lo grandiosos que somos como mexicanos, para que no dejáramos de “echarle ganas”.

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a ficción como género narrativo y televisivo (telenovelas, series, dramas) se ha entendido como aquello que “no es real, pero que podría serlo”. Y es, en su virtual anclaje con una realidad y su habilidad técnico-estética de dramatizar las emociones y pasiones de sus personajes, donde surge su fuerza expresiva y capacidad de reconocimiento que tantas lágrimas y emociones arranca a sus audiencias.

En los últimos tres años, sin embargo, la ficción en las pantallas mexicanas, especialmente en el formato prototípico de telenovela, ha experimentado cambios importantes y desbordado esa comprensión genérica de la ficción: mezclando en ella de manera cada vez más atrevida otros géneros y formatos programáticos, como el reality, el humor, la publicidad y la propaganda política.

La publicidad mediática y la mercadotecnia exacerbadas, fenómenos prácticamente universales en la televisión mexicana, han tenido un creciente protagonismo en las telenovelas, desde Rebelde transmitida por el Canal 2 de Televisa (2006-2007) cuya campaña mercantil inundó las tiendas con fotos estampadas en diversos productos de consumo.

Por otra parte, la colocación de marcas y servicios entre los productos de uso normal entre personajes, cada día es más usual. A veces una sola marca domina la escena, como los productos lácteos Nochebuena en Destilando Amor (Televisa 2007-2008). Otras veces la ubicación de los personajes en lugares marcados por algún producto, como Fud en la

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Todo apunta a que en el 2010 seguiremos viendo una creciente transferencia de propaganda abrupta y fallidamente regulada por el IFE, a una en formatos de ficción, astutamente producida por Televisa y TV Azteca, legalmente escurridiza y desapercibida por casi todos los televidentes, pero quizá mucho más efectiva.

Ideología, en telenovelas Durante el 2009 las telenovelas mexicanas, además de naturalizar a la publicidad y la propaganda, estuvieron “fijando la agenda” ideológica nacional, ya que introdujeron explícitamente temas y propusieron posicionamientos frente a ellos, como no se acostumbraba en este formato de ficción. Entre otros ejemplos, vale destacar por su trascendencia ideológica y política el tema de la “pena de muerte y su legitimación”, en la telenovela Destilando amor (Televisa 2008), el caso de las “bodas gay” y el tema de la ley que permite el aborto en el Distrito Federal en la telenovela ya citada de Alma de Hierro, el caso de la versión oficial sobre el “avionazo de Mouriño” en la telenovela de TV Azteca Secretos del Alma (2008-2009), la “promoción electoral al PVEM” dentro de la telenovela Un gancho al corazón (Televisa 2009) o el controvertido fenómeno de la “renta de vientre” en Mujer comprada (TV Azteca 2009).

Ante la evidencia de estos y otros ejemplos registrados desde 2007, y que continuaron en 2009 casi como regla, eliminando lo atemporal e ingenuamente romántico al modelo tradicional prototípico del melodrama televisivo “a la Televisa” donde no se hacía referencia alguna de país. La tendencia que se aprecia ya en las telenovelas actuales, tanto de esta empresa como de TV Azteca, si bien no incluye, ¿haría falta? referencias explícitas sobre México, si hay propuestas especificas sobre ciudadanía que incluyen conductas, derechos, obligaciones y valores 40

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Telenovelas en 2009 Nombre 1 Sortilegio 2 Hasta que el dinero nos separe 3 Atrévete amar 4 Corazón Salvaje 5 Mar de amor 6 Verano de amor 7 Camaleones 8 Mi Pecado 9 Los exitosos Pérez 10 Pasión Morena 11 Mujer Comprada 12 Pobre Diabla 13 Eternamente tuya 14 Vuélveme a querer

Empresa Televisa Televisa Televisa Televisa Televisa Televisa Televisa Televisa Televisa Tv Azteca Tv Azteca Tv Azteca Tv Azteca Tv Azteca

ciudadanos. Todo esto en su conjunto difícilmente podría ser considerado casual o como un mero resultado espontáneo de las narrativas telenovelescas dentro del intercambio “natural” en la trama a lo largo de los capítulos.

Esa “nueva o neo telenovela” que en el 2007 y 2008 sobretodo, se propagó como idea de cambio desde Televisa y que fuera tan criticada por columnistas en diversos periódicos, al parecer dejó de ser dramas con mensaje positivo o moraleja, para convertirse en historias con proposiciones ideológicas particulares abiertas, por lo general conservadoras y favorables a intereses concretos acordes a poderes fácticos, incluidos los mismos mediáticos.

Al inicio del 2010 es posible decir que la tendencia que caracteriza en su conjunto a la ficción televisiva mexicana actual es cada vez más su incursión explícita a un realismo particular, con todo lo que eso supone en la construcción misma de la ficción, tanto como de su incidencia interesada en la cotidianidad y en las creencias de los televidentes mexicanos. El riesgo y el abuso estarían en que a los televidentes no se nos advierte desde la pantalla de las intenciones que se persiguen con los cambios de perspectiva introducidos, ni mucho menos de los intereses concretos a los que responden.

Lo anterior es un cambio muy significativo, especialmente considerando que

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Status Concluyó Al aire Al aire Al aire Al aire Concluyó Concluyó Concluyó Al aire Concluyó Al aire Al aire Concluyó Concluyó

las telenovelas mexicanas se concebían como un formato melodramático emblemático de la producción televisiva de este país y Latinoamérica. Muy probablemente seguiremos apreciando en las pantallas nacionales la producción de telenovelas con un paulatino abandono de criterios esencialmente culturalistas, hasta cierto punto asépticos políticamente, a favor de criterios cada vez más mercantiles, por una parte y por otra, cada vez más explícitamente políticos. La coyuntura nacional sobre el control de los spots para los partidos está resultando un buen caldo de cultivo para una intensificación de propaganda televisiva, no explícita, sino naturalizada en las narrativas de la ficción. La ficción más que nunca se consolida como una otra manera de contar e influir la realidad. gorozco@cencar.udg.mx *El Proyecto Iberoamericano de Observación de la Ficción Televisiva, constituido como OBITEL en 2005, cuenta con capítulos nacionales en seis países latinoamericanos, además de España, Portugal y Estados Unidos donde las cadenas televisivas producen programación de ficción en español. En su fundación se consideró importante hablar de un “ámbito iberoamericano” debido al creciente interés de diferentes estados nacionales por hacer confluir en esa dimensión una serie de políticas de producción, intercambio y creación mediática y artística y por supuesto mercantil, distintiva, que podría llegar a constituirse en un ámbito de influencia geopolítica, mediática y cultural importante.

Televisión

Foro TV, más de lo mismo • Luis Ángel Hurtado Razo

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Manuel Enríquez Salazar

l mejor estilo Televisa, el Grupo Televisa desperdiciaba un nicho arranque de las transmisiones de mercado televisivo. Con este proyecto de su nuevo canal de noticias Azcárraga Jean retoma las aspiraciones de fue más estrategia publicita- su padre de tener un canal 100 por cienria, que innovación en contenidos edi- to noticioso, después del fracaso de ECO toriales. Viejo y caduco estilo donde la que concluyó sus emisiones el 17 de abril critica y el contexto están casi ausentes. de 2001, porque representaba un costo de En sus primeros días al aire, los conte- operación de 22 millones de dólares por nidos de Foro TV no son muy diferentes 3.5 millones de dólares de ingresos. a los que transmiten en distintos horarios los canales 2, 4, 5 y 9. Y no podría ser de A falta de periodistas, Brozo El programa de poco contenido y otra manera, porque la empresa no buscará mejorar la programación en un canal mucho albur del payaso metido a periode señal restringida y restarle audiencia dista Brozo (Víctor Trujillo), será transmitido por Foro TV. De lunes a viernes, al que más la tiene: Canal 2. de 7 a 8 de la mañana, Casi un mes duró la reaparece El Mañanero, campaña publicitaria de después de su salida del Foro TV por la red social aire en 2004. Un clon de Twitter, en la que Emilio la versión de hace cinco Azcárraga Jean prometió años: misma estructura, un canal diferente, en alunúmero de integrantes sión a como se editorializan y, como en todo lo que las noticias en los canales produce Brozo, una inabiertos. Sin embargo, alfaltable carga de misogigunos programas son exacnia denigrante contra la tamente iguales a sus vermujer, que cumple el pasiones anteriores. pel de edecán-secretaria Foro TV inició transmi- Florence Toussaint y modelo, a la que le llasiones con una barra de diez programas, las 24 horas de los 365 días ma La Riata. El Mañanero es el noticiero del año, a través de Canal 115 de Cable- matutino con que Foro TV compite en la visión y Sky. Este canal, especializado en televisión por cable.

Albur, falta de seriedad en la presennoticias y análisis, contará con programas de sátira política, cultura, economía tación de las noticias, necedad del cony mesas de discusión. Figuran en su lista ductor que interrumpe a los panelistas o de participantes personalidades como invitados y lenguaje soez, son ingredientes Denisse Dresser, León Krauze, Nico- de este programa, aun cuando se anunlás Alvarado, Leo Zuckermann, Ignacio ció que tendría un formato diferente. Tal vez los directivos del canal se referían a Marván y Jorge Castañeda, entre otros.

la duración de tan sólo una hora, pero El Mañanero, que pretende ser un espacio de análisis y reflexión, al carecer de profundidad, por ausencia de expertos en los temas, retoma el cariz de divertimento para el espectador.

Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros de Televisa, consideró que una forma de legitimarse ante un sector importante de la sociedad -que en 2006 vetó de sus hogares a Televisa al observar la exclusión del entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador (AMLO)- era invitar a un colaborador cercano al tabasqueño, Ignacio Marván, quien participará en “El Mañanero” .

La presencia del director de la División de Estudios Políticos del CIDE a este programa no es fortuita, recordemos que Brozo instrumentó la celada mediática, en “El Mañanero”, al enjuiciar a René Bejarano por los videoescándalos y tachar de corrupto al gobierno de AMLO. En entrevista para Zócalo, la especialista en medios de comunicación Florence Toussaint opinó sobre Foro TV: “No aprecio nada nuevo desde el punto de vista informativo. Me parece que se trata de conseguir cierta credibilidad incluyendo a personajes de otros ámbitos, como Canal 11 y 22, o el periódico Reforma.

“Me hubiera gustado realmente presenciar algo diferente, pero no lo veo. Y bueno, algo que me parece lamentable es que se reedite a Brozo, quien no es periodista sino un cómico, y además un cómico muy sexista, porque las mujeres que aparecen en sus programas no hablan, no tienen ideas propias y son la clásica y marzo 2010

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típica mujer-objeto. Algunos valen la pena, los de debate, siempre y cuando haya un invitado que tenga opiniones interesantes, e informado”.

-¿Foro TV será una opción diferente a la que fue ECO en su momento?

-Sí, es diferente, aunque no sé si mejor; o sí, me quedaría con ECO. -Es competencia para Milenio TV? -Le están apostando a ser competencia de Milenio TV y lo pueden conseguir por una razón: Televisa es el grupo de medios más fuerte del país y, evidentemente, puede llegar a más gente de anunciarse en la señal abierta. Además, tiene otra serie de fases, incluso financieras, que pueden hacer posible que desbanquen a Milenio.

Agenda pública se transmite de lunes a viernes (20 horas), es una especie de propuesta mea culpa de la televisora para resarcir a los televidentes de los numerosos programas que todos los años emite al país y que podrían encasillarse como telebasura.

Es conducida por José Carreño, coordinador del Área de Periodismo, del

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Programa Comunicación, Derecho y Democracia de la Universidad Iberoamericana y ex director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República en la administración de Carlos Salinas de Gortari.

Sobre los medios, es una sección de Agenda pública, pensada para discutir el tratamiento a la noticia en algún medio de comunicación. El concepto es novedoso y representa una oportunidad para analizar el comportamiento de los medios.

Sin embargo, Carreño dedica este espacio a analizar sólo la programación del nuevo canal, como un “contralor interno de contenidos”, o en el mejor de los casos analiza noticias meramente llamativas y de bajo impacto en la política nacional, como las declaraciones del director técnico de la Selección Nacional de Futbol, y omite asuntos fundamentales de la agenda nacional.

“Es hora de opinar” Leo Zuckermann, quien ha colaborado en el programa Entre tres, de TV Azteca,

conduce en Foto TV “Es hora de opinar”, departiendo con Javier Tello, Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser, Andrés Lajous y Gerardo Esquivel, de lunes a viernes, de 10 a 11 de la noche.

Al abordar el 18 de febrero el tema de la visita del Felipe Calderón a Ciudad Juárez, Zuckermann olvidó su papel de conductor y decidió participar en el debate rompiendo el equilibrio informativo: “No sé le puede decir a un Presidente que no es bienvenido al asumir una postura en favor del combate a la delincuencia”, dijo.

Leopoldo Gómez, encargado del proyecto Foro TV, seleccionó a colaboradores o ex colaboradores de empresas afines a la televisora. Por esa razón, esta búsqueda de legitimidad debe ser cuestionada. ¿Por qué no sé invitó a colaboradores de medios como La Jornada, El Financiero o El Universal? Tal vez porque estas personas podrían incomodar a Azcárraga Jean. pakal_@hotmail.com

Legislación

Relegan diputados la ley de medios • Víctor Chávez

En su capítulo de Justicia, los panislegislativo tradicionalmente productivo -del 1º de febrero al 30 de abril-, tas impulsan “la protección a la labor peya que del 1º de septiembre al 15 de riodística, para lo que propone reformas diciembre la discusión se centra en el a la Ley Sobre Delitos de Imprenta”, que paquete económico del año siguien- consiste sólo en “reformar, actualizar y te, que contiene el Presupuesto de empatar” la Ley de Imprenta con el CóEgresos y la Ley de Ingresos de la Fe- digo Penal Federal, en el sentido de dederación y hace difícil la inclusión de rogar la clasificación de la difamación y la injuria como delito grave. otros temas.

Con este paquete “haremos un llaIncluso, a seis meses de actividades, la actual LXI Legislatura apenas instaló mado a la Fiscalía Especial de la PGR el 18 de febrero la Comisión Especial de y a su titular, para que se pongan las Seguimiento a las Agresiones a Periodis- pilas”, dice “En el Código Federal ya está derogatas y Medios de Comunicación que, en teoría, preside ya la diputada federal del do, pero en la Ley de Imprenta todavía no lo está y es la actualización que haremos”, PAN, María Yolanda Valencia Vales. explicó la diputada La legisladora yucaValencia Vales. teca lamentó “la falta de Sobre las reformas interés” de los grupos en materia políticoparlamentarios, ya que electoral, la legisladespués de seis meses hasdora indicó que el ta ahora se definieron sus propósito de la reforintegrantes para formar ma electoral de 2007 parte de esta Comisión fue lograr el acceso Especial. Lo anterior, exequitativo de los parplicó, hizo caer ya al protidos a dicha prerropio Poder Legislativo en gativa, sin la onerosa un “desacato” a su propia erogación de recurLey Orgánica.

María Yolanda Valencia sos que marcaron a La superficialidad en el PAN los procesos electorales más recientes, El pliego legislativo presentado por la utilizando los tiempos que ambos mediputación de Acción Nacional inclu- dios (radio y TV) tienen la obligación ye, en su capítulo de Político-Electoral, de otorgar al Estado mexicano. “reformas a la Ley Federal de TelecomuPor ello, añadió, el IFE se ha connicaciones, de Radio y Televisión y del vertido en la última autoridad para la Cofipe, así como descongelar la Ley Fe- administración de dichos tiempos del deral de Derecho de Réplica.

Estado para sí, para los partidos políticos PAN de Yucatán

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nmersas en una anticipada guerra electoral, entrampadas en el debate de las polémicas alianzas partidistas y alejadas de todo acuerdo políticolegislativo, las diversas fracciones parlamentarias que integran la Cámara de Diputados relegaron cualquier actualización y perfeccionamiento del marco normativo en materia de medios de comunicación, que garantice la protección de la labor de los periodistas en México, no obstante las crecientes agresiones y asesinatos de comunicadores presuntamente por el crimen organizado, y del silencio, omisión, complicidad e ineficiencia de las autoridades locales y federales.

A pesar de los incesantes discursos de campaña, los legisladores no consideran la búsqueda de instrumentos legales para lograr la equidad en el acceso a los medios electrónicos, una ley antimonopolios, ni la transparencia en el otorgamiento de las concesiones a particulares.

Integrantes del PRI, PVEM, Partido del Trabajo, Nueva Alianza y Convergencia ignoraron el tema en sus agendas legislativas para este periodo ordinario de sesiones.

Sólo PAN y PRD se disponen, con timidez, a abrir el debate, aunque con versiones contradictorias, ya que una agenda se aprobó en sus reuniones plenarias y otra se publicó en los medios impresos.

Con ello, y debido a los 15 procesos electorales que habrá este año, los diputados federales dejarán ir un periodo

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referencia a los temas del referéndum, plebiscito, revocación de mandato y la iniciativa popular precisan que para ello es indispensable “promover la democratización de los medios de comunicación para garantizar que la ciudadanía cuente con información plural y tenga derecho a participar en éstos y de réplica”.

El resolutivo de Zacatecas dice así: “En lugar de esa versión amañada del referéndum, nosotros proponemos involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones fundamentales del Estado, a través de un auténtico referéndum, que sirva para refrendar o rechazar leyes y reformas fundamentales que apruebe el Congreso de la Unión; a través del plebiscito, de la revocación de mandato y de la iniciativa popular, impulsando para ello la democratización de los medios de comunicación para garantizar que la sociedad cuente con información plural y de calidad y tenga garantizado el derecho a participar en los medios y su derecho de réplica”.

No obstante, la vocera de la bancada del partido del Sol Azteca, Leticia Quezada, sostuvo en entrevista, que en su agenda no se perfilaban reformas en esta materia, sino que apenas En el PRD, a última hora se considera la propuesta de la creación Aunque no fue parde un consejo ciudate de los resolutivos y A pesar de los incesantes dano de protección a temas aprobados en periodistas y medios discursos de campaña, su reunión plenaria en de comunicación.

Zacatecas, al final el los legisladores no Esta figura, expliconsideran la búsqueda grupo parlamentario có, estaría represendel PRD logró colar de instrumentos legales tada por ciudadanos el tema en su agen- para lograr la equidad destacados, intelecda publicada en meen el acceso a los medios tuales, autoridades y dios impresos. cuerpos policiales “con Reformas concretas electrónicos, una ley capacidad de reacción en materia de medios antimonopolios, ni la inmediata”; es decir, de comunicación o de transparencia en el “equipos especiales” protección a los comu- otorgamiento de las que brinden segurinicadores no figuran, concesiones a particulares dad a los periodistas y sino que cuando hacen sus familias.

ejercicio del derecho de réplica frente a los medios de comunicación social”.

Asimismo, “los partidos políticos, los precandidatos y candidatos podrán ejercer el derecho de réplica que establece el primer párrafo del artículo 6o. de la Constitución respecto de la información que presenten los medios de comunicación, cuando consideren que la misma ha deformado hechos o situaciones referentes a sus actividades.

“Este derecho se ejercitará sin perjuicio de aquellos correspondientes a las responsabilidades o al daño moral que se ocasionen en términos de la ley que regule la materia de imprenta y de las disposiciones civiles y penales aplicables”.

A pesar de su argumentación, la diputada Valencia aclaró que la protesta de esta Ley de Derecho de Réplica “no está considerada porque está pendiente”. Y tan es así que en la agenda definitiva que se publicó no aparece.

Cuartoscuro

federales y locales, así como para otras autoridades electorales.

“La tarea de administrar los tiempos de medios electrónicos a los partidos políticos ha generado constantes disputas”. Por ello, “fomentaremos y fortaleceremos el ejercicio de la libre expresión e información de los ciudadanos en los temas político-electorales del país, eliminando la disposición que censura a los ciudadanos para formar parte activa de los acontecimientos políticos nacionales a partir de informar sobre las Leticia Quezada distintas ofertas políticas, independientemente del medio por el que se realice”.

Por tanto, “propondremos reformas a la Constitución y al Código de Procedimientos Electorales”.

En cuanto al derecho de réplica, expuso que “tiene que ver con que toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio, a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.

Subrayó que “en caso de que la estación (de radio o TV) estime que la aclaración solicitada es improcedente, el interesado tendrá a salvo sus derechos para recurrir a las vías jurisdiccionales correspondientes.

“Cualquier persona estará en posibilidad de replicar informaciones que resulten contrarias a sus legítimos derechos. La ley establecerá las reglas para el

El PVEM, en bajo perfil En el caso de los “verdes”, si bien en su agenda inicial daba a conocer un apartado en Comunicaciones, en la definitiva que publicó ya no existía.

El concepto establecía: “Incluir en el marco legal vigente disposiciones que se orienten a promover o estimular el despliegue de infraestructura de banda ancha, sobre todo en zonas con baja o nula penetración, así como otras medidas que permitan un desarrollo ordenado del mercado de banda ancha”.

Sobre el mismo tema, el diputado del PVEM Rodrigo Pérez-Alonso González, en su calidad de presidente de la Comisión Especial de “Acceso Digital”, explicó que esta propuesta busca “un mayor despliegue” del servicio “triple play” -internet y banda ancha que incluye alta tecnología para información en video, telefonía, entre otras- en las regiones rurales, en zonas marginadas.

Explicó que la Secretaría de Economía tiene un programa denominado Prosoft, que se encarga del impulso de programas de software a través de microempresas, y al cual el Ejecutivo federal destinó un monto de 388 millones de pesos.

Sin embargo, los legisladores, con el impulso del PVEM y de esta Comisión Especial, aprobaron un aumento al

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Con ello, indicó, se pondría en práctica un proyecto que ha sido experiencia exitosa en países como Bolivia. No obstante, admitió que es una propuesta que apenas se va a conversar con otros grupos parlamentarios.

Rodrigo Pérez-Alonso

presupuesto de 300 millones, por lo que se autorizaron 688 millones de pesos.

Dijo que la finalidad de este capítulo de Comunicaciones en la agenda del PVEM es demandar que las autoridades federales liciten más de dos hilos de fibra óptica, ya que dos no alcanzan para la demanda en el país. vicchavez2@gmail.com

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Libertad de prensa

Informes documentan atentados a la libertad de prensa • Balbina Flores Martínez

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os embates a la libertad de prensa en México se agravaron en 2009, señala el Centro de Periodismo y Ética Pública (Cepet) en su informe anual “Gobierno y narco, la lucha por imponer la agenda periodística”, que contabilizó 140 agresiones contra periodistas y medios de comunicación, además de acciones generalizadas contra el gremio de distintas regiones.

Las entidades que encabe­zan la lista de agresiones contra trabajadores de los medios, según Cepet, son Oaxaca, 17 casos (12.14 por ciento); Veracruz, 15 (10.71 por ciento); Chihuahua, 15 (10.71 por ciento); Distrito Federal, nueve (6.42 por ciento) y, Tamaulipas, siete incidentes (5 por ciento). Estas cifras confirman lo observado por 46

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el organismo en 2008, en lo que se refiere al creciente riesgo para los profesionales del oficio en varios estados de la República Durante 2009 la organización registró 13 asesinatos de informadores de distintos medios. Aclara que en seis de estos casos -de Luis Daniel Méndez Hernández, Carlos Ortega Samper, Martín Javier Miranda Avilés, Ernesto Montañez Valdivia, Fabián Ramírez López y José Emilio Galindo- “no cuenta con elementos suficientes que permitan concluir que el crimen estuvo vinculado directamente con su trabajo (sin que esto sea excluyente de que la línea de investigación pueda consoli­darse), de modo que no están considerados dentro del total de ataques registrados contra la libertad de expresión y el derecho a la información de este informe”, precisa.

Sobre la violencia contra periodistas, señala: “Los ataques del crimen organizado son los que mayor impacto tienen en la percepción de indefensión de los comunicadores y la zonas de riesgo, pero el escenario de las agresiones está en otro lado distinto a las fuerzas de seguridad del Estado y grupos del narcotráfico”: en las autoridades, sobre todo del ámbito municipal, en provincia.

El reporte advierte sobre la complicada relación entre periodistas y fuerzas del orden, por la escasa comprensión de los integrantes de los cuerpos policíacos acerca del trabajo informativo, y por otra parte, la permanencia de los cacicazgos locales que consideran la crítica a sus

gestiones como un elemento que pone en riesgo su proyecto político personal y hacen uso de los cuerpos de seguridad pública municipal, ministerios públicos y juzgados locales como instrumentos de intimidación o ajuste de cuentas de funcionarios.

Precisa que en “uno de cada tres ataques contra periodistas están involucrados elementos uniformados o con placa, cuyas acciones implican violencia física, amenazas y detenciones ilegales, además de despojo y daño del equipo de camarógrafos y reporteros gráficos y la pérdida irre­mediable del material registrado”.

En este rubro, menciona como agresores en 50 casos a fuerzas del orden o seguridad; funcionarios o ex funcionarios, 36; en 10 se desconoce; en 17, particulares, y en 12 el crimen organizado; ocho, sindicatos y agrupaciones políticas y, siete, militantes o agrupaciones políticas, entre otros.

Otro aspecto importante que retoma el informe es el perfil de las víctimas. El número más alto es de reporteros, 75 casos; camarógrafos y fotógrafos, 38; medios de comunicación, 19, y editores, jefes de información y directores, 18; conductores de espacios periodísticos en radio y TV, siete; voceadores, seis; caricaturistas, cinco; medios comunitarios dos y, sin definir, 11.

El informe refiere que, a diferencia del primer trimestre del año, en los siguientes se observó “un repunte en las acciones del narcotráfico y el crimen organizado en general, tendientes a

amedrentar a periodistas y medios de comunicación”, y narra diversos hechos en los que se atentó contra medios, entre otros, el ataque a las instalaciones de Televisa Monterrey, el 6 de enero; el 8 de agosto al edificio de El Siglo de Torreón, en Coahuila; el 7 de septiembre al periódico RíoDoce, en Culiacán Sinaloa, con una granada de fragmentación, y señala que “estos no fueron los únicos intentos en que los grupos delincuenciales trataron de imponer una agenda informativa a los medios”.

Violencia e indiferencia Otro documento, el Informe 2009, Entre la violencia y la indiferencia, de Article 19 y el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), destaca que durante el sexenio de Vicente Fox Quesada (20002006) se cometieron 25 homicidios de periodistas, mientras que en los primeros tres años de la administración de Felipe Calderón Hinojosa se han perpetrado 22.

El documento refiere que durante 2009 “se registró no sólo un incremento de las agresiones a periodistas respecto de años anteriores, sino que se deterioraron de manera preocupante las condiciones para su ejercicio en varios estados de la República”. Señala que “durante 2009, Article 19 y Cencos registraron y confirmaron 244 agresiones a la libertad de expresión en el marco del ejercicio periodístico”.

Al desglosar sus estadísticas, el Cencos informa de “11 homicidios de periodistas, de los cuales 70 por ciento están ligados al ejercicio de la libertad de expresión y su desempeño periodístico”. Apunta que los comunicadores “cubrían la fuente policiaca en cuatro de los casos, mientras que tres de ellos trataban cuestiones políticas del ámbito local o estatal, los restantes, realizaban una cobertura general de información.”

En el rubro de amenazas indica, alrededor de 70 por ciento las motivaron los contenidos publicados, y se refiere

a quienes cubren las fuentes política y policiaca.

De las 23 detenciones conocidas, indica el informe, cinco fueron cometidas presuntamente por elementos del Ejército Mexicano y 18 por policías municipales y estatales, lo que sitúa el problema de estas agresiones en los abusos y arbitrariedades que cometen policías y funcionarios del ámbito local.

Un total de 109 agresiones fueron catalogadas por las organizaciones “como físicas o materiales”, más de la mitad se asestaron a reporteros y reporteras en el ejercicio de su labor.

Con relación a los presuntos responsables, ambas organizaciones refieren que en 65.57 por ciento de éstas los responsables son funcionarios públicos y sólo en 6.15 por ciento son agresiones que se imputan a actores del crimen organizado, lo que contradice el discurso del gobierno mexicano al aseverar que “una de las mayores amenazas que enfrenta México en materia de derechos humanos, y en particular en materia de libertad de expresión, proviene del crimen organizado”. En 7.79 por ciento los presuntos responsables corresponden a partidos políticos y en 14.34 por ciento no se logró determinar la autoría, revela el informe.

Otro aspecto tiene que ver con el perfil de los sujetos que fueron agredidos y su desempeño. Si bien en su mayoría son periodistas (83.61 por ciento), también se consuman acciones contra los medios, y trabajadores (5.74 por ciento), entre las que destacan las mujeres, que representan 25.23 por ciento de las personas agredidas.

Sobre los medios de comunicación, indica, “siguen siendo los medios escritos los más agredidos, con 75 por

ciento; en la categoría de radio destacan siete a radios comunitarias”. Gran parte de estos embates fueron motivados, según el informe: por los contenidos publicados, en 43.62 por ciento, y en 53.91 por ciento sucedieron durante el desarrollo de la labor informativa.

En el balance 2009 sobre la respuesta del Estado mexicano a la problemática que enfrenta la libertad de expresión y de prensa en México, Article 19 y Cencos indican que el año pasado el Estado pudo propiciar cambios o señales de disposición política para atenderla, pero no fue así.

Los múltiples llamados y recomendaciones de organismos internacionales y de la sociedad civil no fueron escuchados, en pocas palabras, “imperó la inacción, simulación y silencio”, que se tradujo en “la aprobación parcial para un marco jurídico adecuado, recomendaciones que carecen de cumplimiento, la permanencia de la Fiscalía que incumple la función de investigar y la falta de una legislación que federalice las agresiones a la libertad de expresión”, entre otras.

Un apartado final del informe plantea la importancia del papel de los empresarios de la comunicación en la protección del ejercicio periodístico, principalmente “la necesidad de un mayor esfuerzo y compromiso de los medios de comunicación para proveer a las y los periodistas de medidas efectivas de seguridad para el desempeño de su trabajo”. Destaca también algunos retos pendientes del Estado mexicano, entre ellos, la concreción de las visitas oficiales de las relatorías de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de las Naciones Unidas. floresbalbina@hotmail.com

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Protección a periodistas; asoma interés gubernamental

Archivo Zócalo

• Rogelio Hernández López

Alberto Brunori

E

l gobierno de Felipe Calderón ya tomó tres decisiones que podrían proteger a los profesionales de la prensa, pero dos las maneja con sigilo. Tras muchos reclamos y exigencias, el gobierno federal anunció, a principios de febrero, tres decisiones para afrontar los riesgos de muerte o agresiones extremas a los periodistas, especialmente en las zonas de violencia.

La primera fue nombrar a Gustavo Salas Chávez fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR), quien es tercero en el cargo, y cuyo perfil aún desconocemos para pensar si podrá cumplir con la tarea. Las otras dos decisiones no se han hecho públicas.

Sin embargo, Calderón decidió crear un Comité Interinstitucional en el que intervendrán tres secretarías y la PGR, 48

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así como establecer un mecanismo de medidas cautelares y resguardo, similar al que opera en Colombia.

Lo anterior fue analizado en la sede cultural Tlatelolco de la UNAM, el 11 y 12 de febrero, durante el diálogo “Hacia un mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de los derechos humanos”, convocado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ACNUDH) en México, la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Seriedad La calidad de los cerca de 80 asistentes al encuentro semi privado y discreto, de bajo perfil mediático, su composición y la actitud asumida, anunciaron un trabajo serio.

Presididos por el responsable de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Segob, José Antonio Guevara B., dialogaron operadores en derechos humanos de esa dependencia y de las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Seguridad Pública (SSP), lo mismo que de la PGR, el alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Alberto Brunori, así como auxiliares, expertos en el tema y defensores sociales.

Acudieron el visitador responsable del Programa de Atención a los Derechos de los Periodistas, Andrés Calero Aguilar; el secretario técnico, Luis Ortiz Monasterio, y el ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva; así como representantes

de ocho comisiones estatales de derechos humanos.

Las organizaciones civiles y consultores defensores de la libertad de expresión y de periodistas tuvieron presencia por medio de Darío Ramírez, de Artículo XIX; Roberto Rock, de la Sociedad Interamericana de Prensa; Mike O´Connor, de Comité para Protección de Periodistas de Estados Unidos; Robert Shaw, de Internacional Media Support; Balbina Flores, de Reporteros Sin Fronteras; Brisa Maya, del Centro de Comunicación Social, y Elia Baltasar, del Centro de Periodismo y Ética Pública.

Asimismo, concurrieron organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos de Chihuahua, Baja California, Sonora, Morelos y Guerrero.

Sin periodistas En contraste, era notable la ausencia de periodistas en un encuentro convocado para protegerlos. Una excepción, Juan Miguel Sánchez, del diario Al momento, de Iztapalapa.

La violencia en Colombia Invitados de honor fueron Rafael Bustamente, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior; Luis Alfonso Novoa, consultor del ACNUDH; el periodista Carlos Cortés y el activista Jaime Prieto, integrantes todos ellos del Programa de Protección de Colombia.

De su experiencia destaca: -La violencia y asesinatos en Colombia fueron más crudos y extendidos, con

Protección a periodistas “Creado en 2000, el Comité de Protección a Periodistas y Comunicadores Sociales fue parte de una serie de comités para atender poblaciones en riesgo. Según el Ministerio del Interior, en ocho años hubo 673 periodistas protegidos. En 2007 fueron 116 los profesionales beneficiados.

Carlos Cortés contrastó los resultados: “No hay manera de saber realmente cuántas vidas se salvaron o cuántas agresiones se evitaron”. Los asesinatos de periodistas en Colombia disminuyeron mas no desaparecieron: en 1989 fueron 12; en 2002, 10; en 2003, tres; en 2004, seis; en 2005, 2006 y 2007 tres en cada uno; en 2008, dos; en 2009, nueve, y en lo que va de 2010, dos.

Discusión para México El segundo día se dedicó a un mecanismo de protección para México. Dos documentos circularon discretamente con visiones casi similares. Uno, originado entre abril y octubre de 2008 por Artículo XIX; el otro, presentado por la Segob, y ambos coincidentes en que el Comité sea un instrumento del gobierno federal -con Segob, SRE, SSP y la PGR-, pero acompañado en las decisiones de organismos civiles y periodistas y organizaciones públicas no jurisdiccionales de derechos humanos.

Difieren en que se atienda por igual a periodistas y defensores de los derechos humanos (Segob) o sólo a los periodistas (Artículo XIX) y en el cual

Balbina Flores M.

más fuentes de agresión y más poblaciones afectadas.

- Un informe de la Fundación por la Libertad de Prensa en Colombia reveló que entre 1986 y 1996 fueron asesinados 55 periodistas por razones de oficio. El año más crítico fue 1989, con 12 asesinatos. Ejercer el periodismo era la profesión más arriesgada del mundo.

De derecha a izquierda, Agnieska Raczynska, Minerva Martínez, José A. Guevara, Alberto Brunori, Luis Ortiz Monasterio y Darío Ramírez

participen o no autoridades y organismos públicos y civiles de los estados de la República. Ninguno propone la inclusión de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación.

Posición inesperada A pesar de la discusión seria y prolongada, al final del diálogo se advertían oquedades en el diseño del mecanismo, ante lo cual se presentó el posicionamiento del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión (FNPLE) firmado por Balbina Flores, Rogelio Hernández López y la abogada Eréndira Cruz Villegas. Ellos recordaron que el 10 de diciembre del 2009 se notificó públicamente la creación del FNPLE, integrado por los sindicatos de trabajadores de La Jornada, Notimex, Nacional de Redactores de Prensa, de El Sol de Puebla y Radio Educación; además de periodistas de la revista Contralínea y otros en lo individual, a quienes se han adherido profesionales de la revista Zócalo, la Fundación Manuel Buendía y Comunicación e Información de la Mujer, AC. Explicaron que “este frente surgió como una necesidad ante las numerosas agresiones a periodistas que en diez años han convertido a este país en uno de los más peligrosos para ejercer esta profesión”, y manifestaron que propugnan por que este instrumento reúna las siguientes características: - Que ahora sí quede claro, y públicamente establecido, el compromiso del gobierno federal.

- Que en el diseño de este mecanismo ahora sí se convoque como interlocutores a los periodistas.

- Que este mecanismo se acompañe de un programa integral que, además de la protección ante riesgos, defina claramente que toda agresión a periodistas (amenazas, asesinatos y desapariciones), sea investigada a fondo y sancionados los autores materiales e intelectuales y con dispositivos claros de reparación del daño a las víctimas y sus familias, pues sólo esto puede revertir las condiciones de impunidad que prevalecen desde al menos hace nueve años.

- Que este instrumento sea un interlocutor capaz de definir políticas públicas de defensa e impulso de la libertad de expresión en la pluralidad y la libertad.

- Es indispensable que se involucre en este proceso la participación de otras instituciones del Estado, como los poderes Legislativo y Judicial para que respalden, con leyes y procuración de justicia, sus tareas.

- Es necesario generar dispositivos claros para la interacción de las entidades de la República Mexicana para que se establezca la corresponsabilidad.

El representante de la Segob invitó al Frente de Periodistas a incorporarse al diseño y asumió la coordinación de las siguientes discusiones que se reanudarían, dijo, en dos semanas. rogeliohl@yahoo.com.mx ).

Sinopsis de la relatoría que el autor entregó a sus colegas, promotores del Frente Nacional de Periodistas por la Libertad de Expresión.

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Sociedad

Juárez: violencia e incapacidad matan propaganda José Reveles

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derechos humanos, a familiares de las víctimas mortales de 19 días antes, a representantes de la sociedad civil. Autoridades y empresarios, ponentes “a modo” rigurosamente seleccionados para evitar disidencias y estridencias debatían sobre programas contra la criminalidad desde una burbuja en donde los protagonistas cotidianos de Juárez, los que sufren las consecuencias de las políticas cupularmente diseñadas, no tuvieron cabida. Era una “asamblea domesticada”, como la calificó Julio Hernández López en La Jornada.

En este escenario, montado al gusto y comodidad del Ejecutivo, alcanzó a colarse Hugo Almada a la mesa de seguridad, y pidió que haya indicadores certeros de que disminuye la violencia en los próximos cien días. Calderón no se comprometió: “Qué más quisiera yo que pudiéramos tener resultados inmediatos”, respondió.

Hay una gran diferencia entre la hiperactividad propagandística de los inicios de la “guerra al narcotráfico” que comenzó en Michoacán, tierra de Calderón, ya que mucho antes de esos cien días había partes oficiales sobre decomisos de droga, destrucción de plantíos, aprehensión de presuntos narcotraficantes y supuesto control de la violencia.

Pero ocurre que Juárez se le fue de las manos al gobierno, al grado de que hay más de un millar de quejas por violaciones del Ejército Mexicano a la ciudadanía, incluyendo asesinatos, detenciones Ignacio Ruíz / Cuartoscuro

D

esde hace por lo menos un año llamé a Ciudad Juárez “ciudad mártir”, porque allí se enseñoreó una violencia ciega, irracional, que convirtió al viejo Paso del Norte en el sitio más peligroso del mundo, en donde en 2009 se cometió un tercio de todas las ejecuciones registradas en México.

En vez de ser abatidas, la criminalidad y la violación a los derechos humanos crecieron en forma exponencial a partir de que llega- Luz María Dávila increpa a Felipe Calderón ron allí miles de soldados, a los que se ordenó sustituir solo mediáticamen- en la lucha antinarco, lo que equivalía a te, pues en vez de tropa comenzaron a reconocer tres años de guerra fallida. ocupar Juárez miles de elementos de la Pero en vez de “desfacer el entuerto” PFP, que no son sino militares y marinos inicial, con nuevas declaraciones y actravestidos de policías federales para pa- ciones el gobierno federal mostró una trullar zonas comerciales y brindar segu- insensibilidad varias veces reincidenridad a restaurantes y centros nocturnos, te, obstinada, autoritaria, excluyente, y para establecer retenes “aleatorios” o mó- terminó causando más víctimas, ahora viles en busca de gente armada. entre los periodistas que hacían su traJuárez no se merece tanto horror como bajo en las afueras del hotel en donde el que hizo crisis el 30 de enero cuando se celebraba el foro “Todos somos Juáun comando cobró la vida de 15 jóvenes rez. Construyamos la ciudad”. Daniel en una fiesta en Villas de Salvárcal.

Domínguez y Oscar Amaya, de Radio Con frases irresponsables y desin- 860; Carlos Moreno y Miguel Lozano, formadas, en un primer momento el de Radio Net 1490; David Fuentes, de presidente Felipe Calderón atribuyó las Canal 5 y corresponsal de Notimex; Vemuertes a un conflicto entre pandillas, rónica Castillo y Elizabeth Flores fueron con lo cual victimaba por segunda vez hostigados y golpeados, se les despojó de a los jóvenes, algunos de los cuales eran cámaras fotográficas y de video, grabaalumnos de excelencia. Pasaron casi tres doras, radios y celulares. semanas sin que el gobierno lograra reEl lema del foro era, en sí mismo, una componer su propia imagen. Pidió per- burla cruel aquel miércoles 17 de febrero. dón a las familias, quiso endulzar su dis- A “Todos somos Juárez” se impidió explícurso y anunció un cambio de estrategia citamente la entrada a activistas por los

Respuesta mediática Aunque al final el gobierno federal regateó la ayuda, dejándola en unos 650 millones de pesos, tuvo que responder al reto y enviar a Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, a pavimentar el camino para la visita de Calderón. Después fueron el propio presidente y otros miembros de su gabinete a Juárez, con cartera abierta y dispuesta para programas de salud y tratamiento de adicciones (310 millones de pesos), educación (hasta 280 millones) y otros rubros.

Era como una auto-convicción de que con dinero e inversiones tardías podría lavarse la conciencia un gobierno omiso durante un trienio de estrategia fallida.

Autocomplacientes, secretarios de Estado se reunieron con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores y anunciaron que en Ciudad Juárez se echó a andar un “plan piloto”. Si funciona, será aplicado en todo el país. Lo inconcebible es que esta política se anunciara a más de la mitad del sexenio.

La recomposición del modelo de guerra al narcotráfico y la delincuencia organizada –si es que las intenciones del gobierno son reales, bien analizadas, de búsqueda profunda de resultados, apoyadas en la experiencia internacional- implicará de todas maneras fuertes inversiones. Si solamente

en una ciudad como Juárez la asignación detenerlos. Así las ejecuciones, los “lede recursos federales llegará seguramente vantones”, el secuestro y otros delitos a mil millones (no se contabilizó aún la permanecen en la impunidad. Ni simovilización de policías y elementos de quiera es posible determinar si fueron tropa), ¿cuánto se requerirá en las 32 en- obra y gracia de las autoridades o de tidades del país? Hay que disponer de un grupos incontrolados que hacen su neojo avizor, pues todo ello se aprueba e in- gocio fingiendo ser autoridad. vierte en una coyuntura electoral en más de la mitad de los estados del país, clave además para lo que ocurrirá a nivel presidencial en 2012. ¿Cómo garantizar la autonomía de los presupuestos en seguridad o en recomposición del tejido social respecto del clientelismo electoral? ¿Cómo observar ajenas a los pactos y componendas de un pragmatismo extremo Recreación de la violencia entre partidos -reforma fiscal verCiudad Juárez está a un paso de alsus alianza en Oaxaca, por ejemplo, ya confesados públicamente- la asignación canzar el índice de homicidios por cada presupuestal y el reparto de miles de mi- cien mil habitantes que envenenó a llones de pesos con el pretexto de reparar Medellín, Colombia, en 2001, en plelos daños causados por la absurda estrate- no auge del narco asociado a la política, a la guerrilla, a los paramilitares y la gia oficial anticrimen?

Cuando la “madre coraje” Luz María economía colombiana en su conjunto.

Según análisis del diario Milenio, en Dávila se paró enfrente del presidente y su esposa Margarita Zavala para decirle Juárez ocurrieron 757 por ciento más que no era bienvenido en Juárez, porque muertes que el promedio nacional. Hasu política solamente ha causado dolor blaba de 2008, con 12 ejecutados en el entre los mexicanos y porque si se hu- país, contra 101 por cada cien mil habiera tratado de un hijo suyo hubiera bitantes en Juárez. La cifra absoluta y el buscado a los culpables hasta debajo de porcentaje crecieron aún más en 2009 las piedras, estaba siendo portavoz de la y entonces el gobierno federal puso los ojos en esa frontera acosada. ciudadanía de Juárez y de todo el país.

Como dijo el experto Edgardo BusEn efecto, el modelo anticrimen de esta administración simplemente no fun- caglia: mientras no ocurran crímenes cionó. Por el contrario, exacerbó la vio- fuera de serie (como la masacre coleclencia y la inseguridad y está propiciando tiva de jóvenes en Ciudad Juárez) o la aparición de un fenómeno indeseable: mientras no sean secuestrados los hijos el paramilitarismo. Basta ver el cúmulo de la élite política y económica, miende crímenes que se han cometido por tras no se hagan estallar coches bomba personas no identificadas, lo mismo ci- dentro o frente a sus clubes exclusivos, viles que utilizando uniformes de milita- los aliados en la cúpula no entenderán res o policías federales. Todos transitan y que urge un combate integral y no cosactúan encapuchados. Nadie puede saber mético contra la delincuencia, no imsi son personal pagado por el gobierno o porta si se pierde en los negocios que sicarios disfrazados e impunes que ope- tienen alguna conexión con circuitos ran en ciudades, en el campo, en carrete- ilegales de dinero. jreveles@prodigy.net.mx ras y en comunidades sin que nadie logre marzo 2010

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Ignacio Ruiz / Cuartoscuro

arbitrarias, allanamientos, torturas, secuestros y cientos de desaparecidos.

Cuando todavía las familias no enterraban a sus muertos (jóvenes estudiantes con su futuro truncado por las balas), ya asomaba el aprovechamiento político de la tragedia: vimos el espectáculo de una medición de fuerzas locales y federales para llevarse la medalla de la atención al daño irreparable. Dio un paso adelante el gobernador José Reyes Baeza al anunciar el traslado de la sede de los poderes del estado de Chihuahua a Juárez, al mismo tiempo que reclamaba tres mil millones de pesos para “reconstruir el tejido social” y para atender las demandas de una sociedad agraviada.

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Internacional

Estudio de Amarc; cinco obstáculos a la diversidad Flickr

• Aleida Calleja

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a diversidad y pluralidad en los modelos mediáticos constituyen un indicador sustancial del grado de respeto a la libertad de expresión y el derecho a la información, y por ello en diversas partes del mundo conforman una agenda central de discusión pública, sobre todo en referencia a los marcos jurídicos que los regulan y las políticas públicas aplicadas por los Estados.

Recientemente se reformó en España la Ley de Radio y Televisión, y en la región latinoamericana, desde el año pasado, se discute el mismo tema en países como Ecuador, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Chile, Paraguay y Brasil. Éste último realizó en diciembre la Conferencia Nacional de Comunicación con 52

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diversos sectores sociales, empresariales y políticos.

Como parte de este debate internacional, el Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe presentó en noviembre de 2009, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los resultados de la investigación “Las mordazas invisibles. Nuevas y viejas barreras a la diversidad en la radiodifusión”1, que revisa las regulaciones en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, México, Perú, Uruguay, Venezuela y algunos países de Centroamérica, con el fin de que dicha comisión haga un estudio sobre la compatibilidad de dichas leyes con el

artículo 12 de la Convención Americana y los artículos 12 y 13 de los principios de Libertad de Expresión, y establezca las recomendaciones pertinentes cuando éstas los vulneren.

El estudio detecta barreras que obstaculizan la diversidad y la pluralidad en la radiodifusión regional con los abusos en la administración de las frecuencias de radiodifusión que tienen como consecuencia el silenciamiento de voces diversas, entre las que se encuentran las emisoras comunitarias y otras de carácter no comercial, e incluso muchos medios comerciales locales y regionales, situación que beneficia a unos pocos empresarios y grupos económicos y propicia la concentración en unas cuantas manos.

Puntos clave Las regulaciones y prácticas administrativas que permiten esta situación constituyen violaciones a la libertad de expresión e información. Los puntos nodales que se identificaron en los resultados de este estudio son: 1. Procedimientos para el otorgamiento de concesiones. Los procedimientos para el uso de frecuencias se han convertido en las más importantes barreras de acceso a la radio y la televisión y, por tanto, en mecanismos indirectos que limitan la libertad de expresión. Se trata de legislaciones 1. El estudio, que abarca hasta 2008, se puede consultar en: http://legislaciones.amarc.org/

que establecen expresamente procedi- para perpetuar a amigos del gobierno o a mientos, requisitos o criterios que im- poderes fácticos en el uso de las frecuenpiden el acceso a determinadas personas cias, consolidando el desigual reparto del o sectores sociales o no garantizan la espectro y la concentración oligopólica igualdad de oportunidades, o bien, de o monopólica de medios. En el caso de mecanismos poco transparentes y dis- la evaluación de una solicitud de renocrecionales, sin reglas de juego previas vación, no es suficiente que la emisora precisas para el otorgamiento o eventual dé cuenta del cumplimiento de aspectos renovación de las concesiones. Algunas administrativos, económicos y técnicos, de esas reglas tienen que ver con la capa- sino también del efectivo cumplimiento cidad económica como variable única o de su responsabilidad social y el respedeterminante al utilizar la subasta o lici- to a la libertad de expresión e información, tación económica u otros criterios don- que son asumidos al obtener el uso de de la capacidad financiera del interesado la frecuencia. es el factor único o fundamental para Un aspecto clave es la renovación auotorgar frecuencias. tomática en tanto puede convertirse en 2. Restricciones indirectas por condi- una barrera para la diversidad y el pluciones de uso discriminatorias. El estudio ralismo en la radiodifusión, violentanrevela la existencia de legislaciones que do los estándares mínimos de libertad establecen limitaciones previas, arbi- de expresión. trarias y discriminatorias en cuanto a En sistemas de medios tan inequitacontenidos, potencia de las emisoras, tivos como existen en América Latina, la cobertura territorial, cantidad de cana- renovación sin una evaluación del cumles disponibles o acceso a fuentes de fi- plimiento debido de los compromisos nanciamiento, entre otras. Estas normas asumidos por el radiodifusor cristaliza obstaculizan el libre desempeño de me- las situaciones de concentración indebidios de carácter no lucrativo gestionados da o el reparto desigual del espectro, por por organizaciones sociales de distinto definición de carácter limitado, lo que tipo. También se obserimplica que su ocupava en el impedimento La regulación de las ción es una barrera para de acceder a una diverla entrada de nuevos sidad de fuentes econó- concesiones de radio usuarios y hace infrucmicas para sustentar su y TV se realiza tuoso cualquier intento funcionamiento, como mayoritariamente desde de garantizar la diversila prohibición de que los gobiernos y a través dad y el pluralismo en empresas comerciales o los medios, al impedir públicas emitan publi- de los ministerios la apertura a la comrespectivos u organismos cidad en las emisoras. petencia y a una mayor 3. Renovación y re- dependientes de estos, diversidad de operavocación de las concesiodores, protegiendo a y no por organismos nes. Cuando no existen los que ya están sólo reguladores reglas claras acerca de porque llegaron antes. los mecanismos para independientes.

4. Diseño instituciola renovación y revocanal. La regulación de ción, se favorece la arbitrariedad admi- las concesiones de radio y TV se realiza nistrativa que puede ser usada para si- mayoritariamente desde los gobiernos y a lenciar voces disidentes con el gobierno través de los ministerios respectivos u orde turno, o bien, y en sentido opuesto, ganismos dependientes de estos, y no por

organismos reguladores independientes.

Cuando estos existen, el Poder Ejecutivo se reserva potestades claves como otorgar o revocar las autorizaciones.

Los casos latinoamericanos analizados respecto del diseño institucional para regular las concesiones de radiodifusión muestran ciertos rasgos compartidos:

a. La falta de autonomía real y, por tanto, dependencia institucional y/o de facto del Poder Ejecutivo, salvo excepciones. b. La permeabilidad a las influencias de los grupos de presión con captura por parte de los regulados, en ocasiones por complicidad y otras veces por su integración o potestades que los hacen vulnerables. c. La ausencia o debilidad de controles activos del debido uso del espectro. d. La ubicación institucional y una formación técnico-profesional de sus funcionarios dificulta la comprensión de los fenómenos sociales, culturales y relacionados con los derechos humanos que implican también los medios de radiodifusión. e. Una normativa que habilita su actuación muy discrecional que, como se ha mencionado antes, conlleva frecuentemente al abuso de poder. f. La falta de transparencia y mecanismos de rendición de cuentas, por marzo 2010

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Se antoja complicado que este año pueda darse una reforma en materia de medios electrónicos, especialmente por la cantidad de procesos electorales en el país, circunstancia que normalmente detiene a los partidos políticos en la materia, por estar capturados también por el poder fáctico de los medios. Sin embargo, en caso de darse una discusión, el Congreso debe garantizar una legislación democrática, moderna y plural: Un órgano regulador independiente con candados que eviten su captura por parte de los regulados, que tenga decisiones imparciales y autónomas.

La diversidad en la propiedad y modalidad de los medios, reconociendo al sector comercial, estatal-público sin fines de lucro y comunitario-social sin fines de lucro en condiciones de equidad.

Esto significa que los medios no lucrativos tengan acceso a las frecuencias en igualdad de oportunidades, sin criterios discriminatorios de potencias, tecnologías y recursos económicos, por lo que se les debe permitir realizar actividades económicas en tiempo aire para su desarrollo y permanencia. En el caso de las comunidades indígenas, establecer un régimen simplificado de acceso a las frecuencias.

Reglas de competencia y antimonopólicas para revertir la concentración de medios, incluyendo tanto la propiedad horizontal como la cruzada, sobre todo por los actuales servicios convergentes producto de la tecnología digital.

Definir mecanismos que garanticen el acceso y migración de los medios comunitarios y estatales a las nuevas tecnologías y a los retos que plantea la convergencia de medios y la digitalización de los soportes analógicos.

Flickr

ejemplo, la opacidad o directamente el ocultamiento de información respecto de los variados procedimientos regulatorios o bloqueos al acceso a la información respecto de la propiedad de los medios. g. La ausencia de mecanismos e instancias institucionales de participación ciudadana y fiscalización social.

5. Concentración. América Latina es uno de los continentes que presenta los mayores índices de concentración de medios. Esta característica reafirma la vigencia de las advertencias y puntualizaciones de diversos organismos internacionales y de derechos humanos respecto de cómo incide negativamente en el pluralismo y la diversidad y, por tanto, se convierte en una restricción determinante para la libertad de expresión.

La concentración de la propiedad de los medios es solamente uno de o monopólica, haciendo utópico cuallos procesos preocupantes, pero tan o quier objetivo de promover y garantizar más grave es la centralización y homo- la diversidad y el pluralismo en la radio geneización de contenidos de uno o va- y la televisión. rios grupos económicos dominantes a través de cadenas y repetidoras, aunque Las mordazas mexicanas estén a nombre de titulares diferentes. El caso mexicano presenta la mayoría de Las carencias, vulnerabilidad o compli- las barreras para la diversidad y pluralidad en la radiodifusión. En cidad de los organiscuanto a la concenmos reguladores y de tración de medios, es aplicación explican en América Latina es uno uno de los países más gran medida la falta de los continentes que escandalosos; el Estade controles efectivos presenta los mayores para el cumplimiento índices de concentración do, tanto en su instancia ejecutiva como en de la normativa antila legislativa, es débil monopolios. La reno- de medios. ante el poder fáctico vación automática de las concesiones o el establecimiento de de los medios que imponen sus condicioderechos preferentes excesivos bajo el nes o consiguen la aprobación de normas pretexto de simplificar los procedimien- como la Ley Televisa, o presionan para tos o evitar la posible discrecionalidad impedir cambios legales que trastoquen gubernamental, esconden el privilegio sus intereses, además de frenar la entrada a determinados intereses corporativos de nuevos jugadores, como es el caso de para consolidar su situación oligopólica los medios comunitarios.

aleidda@prodigy.net.mx

Amenaza de huelga en TVE • José Ferruzca González / Corresponsal en Europa

están haciendo las retransmisiones y los programas, mientras los técnicos, cámaras y redactores de Televisión Española están sin hacer nada”, según denunció Teo Altieri, presidente del Comité General Intercentros, máximo órgano de representación de los trabajadores.

que el 11 de noviembre de 2009, PP y PSOE sorpresivamente acordaron que sustituiría a Luis Fernández al frente de CRTVE y se haría cargo del proceso de adaptación que la corporación experimenta gracias al nuevo modelo de financiamiento que rige desde el pasado primero de enero: una televisión pública sin publicidad.

Los sindicatos aseguran que con la contratación de productoras externas se está despilfarrando dinero público mientras que en CRTVE hay “trabajadores de brazos cruzados”. Exigen a la dirección que “revise si es necesario alquilar enlaces, unidades terrenas (equipos de transmisión en directo vía satélite).

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El estilo no convence. Cumplidos los 100 días de gracia habituales tras ocupar por primera vez el cargo, Alberto Oliart, el nuevo presidente del ente Corporación Radio-Televisión Española (CRTVE) está muy lejos de imponer el mismo grado de consenso y paz que facilitó en el Congreso de los Diputados su nombramiento, tras un fácil acuerdo entre las dos principales fuerzas políticas: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE, en el Gobierno) y el Partido Popular (PP, principal en la oposición).

Aunque Alberto Oliart es reconocido en los círculos de la política nacional como una persona de consenso y figura importante de la transición a la democracia, lo cierto es que sus primeros gestos y medidas han provocado malestar en varios consejeros de CRTVE, recelo en el equipo que le heredó Luis Fernández y temor en los sindicatos. El desagrado se ha extendido en la cadena pública al grado de que está convocada una huelga general de 24 horas. El dato significativo es que la exigencia de movilizarse partió de los propios trabajadores y no de sus representantes. El jueves 28 de enero pasado, los pasillos de “El Pirulí” -tal y como se le conoce a la sede principal de CRTVE- fueron escenario de una inusual pitada y cacerolada contra la política que está llevando a cabo la dirección de “contratación externa de productoras privadas que adrid.-

Alberto Oliart

Oliart, de 81 años, colaboró con el gobierno de Adolfo Suárez y tras las elecciones generales de 1977 -las primeras tras 41 años de dictadura franquista-, ocupó la titularidad de los ministerios de Industria y Energía y Sanidad. Con Leopoldo Calvo Sotelo como presidente, el veterano funcionario fue responsable de la cartera de Defensa desde donde hizo frente al frustrado intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Las críticas y señalamientos por no haber contenido al grupo de militares inconformes no le impidieron mantenerse en el cargo durante la primera gestión de Felipe González.

Durante 27 años, Oliart estuvo retirado de la política y vida pública hasta

Presupuesto a detalle El calendario de movilizaciones y paros se configuró desde el 21 de enero tras la celebración de una asamblea general extraordinaria promovida por los Comités de Empresa de Radio Nacional de España (RNE), Televisión Española (TVE) y Corporación Radio-Televisión Española (CRTVE) en “defensa de la producción propia y contra la externalización”. Los más de 800 trabajadores que acudieron a la reunión manifestaron su inconformidad por la situación actual que atraviesa el ente público y, mediante un comunicado de prensa, exigieron que “volviera a ser lo que era: una fábrica llena de ilusión, marzo 2010

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El estilo de Oliart Los contactos se multiplicaron entre las partes y los representantes aseguraron que había disposición para negociar y llegar a acuerdos. Pero, las maneras de Oliart irrumpieron de nueva cuenta. En la reunión extraordinaria del consejo de administración de CRTVE celebrada por sorpresa el 10 de febrero -varios consejeros aseguraron que se enteraron un día después por la prensa-, los asistentes analizaban dos asuntos importantes para el ente: la convocatoria a huelga y una auditoría a la gestión del último director comercial.

Justo cuando un consejero -representante del partido nacionalista catalán Convergencia i Unió (CiU)- pide la palabra, ante el asombro de los presentes Oliart se levanta y se marcha sin darle opción a decir nada. La razón: una cita con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.

Una fuente del consejo de administración que pidió mantener el anonimato, aseguró al periódico El Mundo que “no nos gusta nada la manera de gestionar del presidente” porque “no hay fechas de los consejos, los convoca tarde, cuando quiere y, encima, se levanta y se va en mitad de una reunión”.

Antes de abandonar la reunión, el presidente de CRTVE aseguró que no veía “razones objetivas” para que estallara la huelga en el ente, y dijo que aunque no ponía en duda los argumentos de sindicatos, “no me aclaran nada” sobre las múltiples acusaciones que han dirigido a su gestión. El presidente de la televisión y radio públicas españolas advirtió que no tolerará comportamientos de “trabajadores exaltados” que han propuesto invadir estudios y cabinas para impedir la transmisión de programas. “Las protestas, si las hay,

deben ser formales, dentro de la legalidad”, reclamó El inminente calendario de protestas en RTVE llevó al gobierno socialista a aprobar, en el Consejo de Ministros del 12 de febrero, un Real Decreto por el que se establecen las normas para garantizar los servicios mínimos esenciales en CRTVE y en las sociedades TVE y RNE. De acuerdo con el documento, es necesaria la “adopción de medidas procedentes para asegurar el mantenimiento del servicio público esencial de la televisión y la radio de titularidad estatal” para que queden “salvaguardados”, al mismo tiempo, el interés general de la comunidad y el derecho fundamental de huelga de los trabajadores.

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de trabajo y de alegría”. Denunciaron que “directivos externos” están quitando “el trabajo a los empleados de la corporación para dárselo a amigos de empresas de fuera.” De acuerdo con sus cuentas, en CRTVE hay 110 directivos externos, unas 53 productoras trabajan para TVE y más del 70 por ciento de la producción de programas de RNE es externa y se realiza a través de contratos mercantiles.

Los trabajadores exigen un plan de producción propia, un estudio de los niveles reales de ocupación de los recursos propios y el pleno empleo en la corporación. Insisten en que quieren hacer lo que saben: trabajar y hacer programas de radio y televisión.

Además y para cuantificar posibles ahorros, exigen saber a detalle cómo se distribuye el presupuesto destinado al área de servicios externos y que representa unos 300 millones de euros al año (unos 5 mil 302 millones de pesos).

El 4 de febrero pasado, representantes sindicales y directivos de RTVE se reunieron para negociar el acuerdo de convenio de los trabajadores. En el encuentro, los responsables del ente se negaron a tratar el tema de la externalización de programas y servicios. Los sindicatos se levantaron de la mesa de negociaciones no sin antes comunicar su calendario de protestas: paros parciales a partir del 17 de febrero, manifestación nacional el 20 y una huelga general de 24 horas el 3 de marzo. Los espacios más afectados serán los informativos y varios programas emblemáticos que son realizados por productoras externas.

Altieri declaró que “no es hora de discutir una alza salarial, ni las condiciones laborales, lo que estamos pidiendo con la movilización es el pleno empleo, la producción propia y la reducción de directivos”.

El Real Decreto establece que el ejercicio del derecho de huelga por el personal de las sociedades de la CRTVE se realizará “sin perjuicio del mantenimiento de los servicios esenciales en cada uno de los centros, en jornada normal”. En las jornadas de protesta, dice el documento, se debe garantizar la producción y emisión en TVE, RNE y en medios interactivos de los programas informativos, limitándose a la inclusión de noticias o informaciones que sean de actualidad y tengan la inmediatez necesaria para garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. pepeferruzc@hotmail.com

¿Cómo recuperar la voz de Haití?

• Alberto Betancourt Posada

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promotoras de la “gobernabilidad mundial”, han respondido con promesas vagas: el G-7, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Foro Económico Mundial apenas atinaron a condonar la deuda haitiana. En contraste, subraya el rotativo italiano, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) ya mandó 300 millones de dólares.

¿Cómo estallará la cólera?

Pierre Micheleti reconoció en «Haïti et les enseignements du tsunami» (18/01/10) que el tsunami nos enseñó muchas cosas que pueden ser útiles para Haití: la sociedad y sus tendencias, tanto positivas como dañinas, permanecen vivas e intensificadas después de un cataclismo. Por ejemplo, las bandas de jóvenes que bajo la influencia norteamericana han formado pandillas y redes de narcotráfico, siguen presentes en los barrios devastados. Por otra parte, los exabruptos de la multitud alimentan tendencias autoritarias en el gobierno y estimulan el aplazamiento indefinido de la construcción de consensos. Mientras los medios del mundo omitieron las manifestaciones en Puerto Príncipe, que mostraron la cólera ciudadana ante la incapacidad gubernamental para resolver sus necesidades básicas, la cobertura amarillista provocó la intensificación de Iván Stephens / Cuartoscuro

un mes del sismo que destruyó Puerto Príncipe, los medios del mundo retomaron diversos aspectos para aproximarse a un balance de la situación.

A contrapelo de la tendencia sensacionalista, y hasta racista, que predominó en muchos de ellos, diarios y revistas italianos, franceses y estadunidenses mostraron otra visión de lo ocurrido en Haití, y sobre el papel que jugaron los medios.

Saqueos en Puerto Príncipe

El terremoto en Haití desafía y expande nuestra fantasía macabra: 230 mil muertes, que podrían llegar a 300 mil y la destrucción del 75 por ciento de la ciudad, nos hacen pensar en la vulnerabilidad humana. El diario italiano Gia 230 mila morti piu dello tsunami (11/ 02/10) señala que Estados Unidos ocupó el país, con 16 mil soldados, pero no ha resuelto ningún problema de la población. Falta todo. Cientos de miles de personas viven a la intemperie. Haití le ha mostrado al mundo una suerte de orfandad, las instituciones supranacionales, las

internet como herramienta capaz de reunir súbitamente en Estados Unidos, 320 millones de dólares para ayuda humanitaria.

En Haití se aplicó el modelo “Katrina”. Los medios hablaron de saqueadores y le abrieron la puerta las empresas privadas de seguridad, los mismos “tiradores internacionales” que llegaron a Iraq.

Una orwelliana, empresa llamada Asociación Internacional de Operaciones de Paz abrió una página web a unas horas del terremoto ofreciendo toda clase de servicios a las empresas trasnacionales que lo requirieran, desde construcción express de casas y oficinas, hasta servicios de guardaespaldas “clase internacional”.

En realidad, es una especie de regreso de los mercenarios, porque el modelo de contratación de empresas privadas de seguridad fue inventado justamente en Haití, durante la administración Clinton, tras el derrocamiento y enloquecimiento de Aristide.

A reconstruir la voz de Haití La situación de Haití es contradictoria.

Tiene una tradición literaria y un astronómico índice de analfabetismo. En ese contexto, el papel de la radio será crucial.

En Haïti cherche ses voix (13/02/10), Cathy Ceïbe afirma que la radio local jugó un papel fundamental en la tragedia, porque permitió rescatar heridos, ubicar desaparecidos, reunir familias y dar atención médica. Muchos periodistas quedaron en la calle y tuvieron que improvisar mesas de redacción y estudios de radio callejeros. Ahora, echar a funcionar las radios será fundamental para reconstruir la opinión pública haitiana y dotar al país de espacios donde la sociedad pueda expresar sus opiniones sobre el análisis de coyuntura, sus proyectos estratégicos y su punto de vista sobre la manera en que se puede agradecer y encauzar la peligrosa embestida de ayuda internacional que amenaza la soberanía del país. alberto.betancourt.p@gmail.com

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Reseñas

Espíritu de Ley Televisa, presente

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Hace falta continuar con el análisis y el debate sobre el mayor intento que el duopolio televisivo haya emprendido en seis décadas para apoderarse del espectro radioeléctrico del país, a casi tres años de que la Suprema Corte anuló los principales artículos de la llamada Ley Televisa? La lógica impulsa a responder que sí. Por esa razón resulta más que oportuno la circulación del compendio La Ley Televisa y la lucha por el poder en México, coordinado por los doctores Javier Esteinou Madrid y Alma Rosa Alva de la Selva.

El texto incluye 33 temas de numerosos especialistas, en torno a la polémica ley aprobada en marzo de 2006.

Beatriz Solís Leree se refiere a “Los antecedentes de la Ley Televisa”, tema donde realiza un recorrido histórico de 28 años, acerca de los diversos intentos de catedráticos como ella, periodistas y legisladores por incorporar a la legislación mexicana los derechos a la información, a la comunicación, y reforzar la libertad de expresión de ciudadanos y periodistas. Esta etapa comprende desde la reforma política de 1977 cuando se incluye el derecho a la información en el artículo 6 de la Constitución, pasando por los foros de 1980, 1983 y 1995, la creación de la Mesa de Diálogo en 2001, que después cancelara el gobierno de Vicente Fox, el decreto del 10 de octubre de 2002 que modificaba el reglamento 60

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de la Ley de Radiodifusión, hasta la iniciativa ciudadana que 64 senadores hicieron suya, así como la aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados en diciembre de 2005 de la Ley Televisa.

Al abordar los aspectos jurídicos, el abogado Agustín Ramírez, desmenuza los artículos de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión (marzo de 2006), y su carácter inconstitucional, que los concesionarios, con ayuda del Congreso, pretendían aprobar, y que finalmente impidió la Suprema Corte en mayo de 2007. En el tercer capítulo “Los diputados ante la Ley Televisa”, Raúl Trejo Delarbre se refiere al enigmático diputado Miguel Lucero Palma, aquel legislador del PRI, quien el 22 de noviembre de 2005 presentó una iniciativa que después se conocería como Ley Televisa. Jenaro Villamil rescata los intríngulis de las posiciones políticas partidistas, en especial en el Senado, para aprobar las citadas reformas el 30 y 31 de marzo de 2006. En tanto, el diputado Javier Corral describe la relevancia histórica de la resolución de la Suprema Corte al declarar como inconstitucionales los principales artículos de la Ley Televisa.

Un libro fundamental para conocer la historia de este polémico tema, el cual en este breve espacio no se puede resumir a plenitud. (Carlos Padilla Ríos)

Espejismos mediáticos

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Cómo se construye la realidad en los medios de comunicación?, ¿Qué nos dicen los relatos periodísticos?, ¿existe la neutralidad en los géneros periodísticos? Éstas y otras preguntas son respondidas y analizadas en el libro Espejismos mediáticos. Ensayo sobre la construcción de la realidad periodística.

En el libro coordinado por Lourdes Romero, doctora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, reconocidos especialistas analizan la actividad periodística.

En “El punto de vista de los relatos periodísticos. Propuesta metodológica de análisis”, Lourdes Romero presenta un modelo de análisis aplicable en textos de diarios o revistas, donde demuestra que lo expuesto en los géneros periodísticos no es neutro.

Marco Enrique Márquez, escribe: “Acerca del significado de las imágenes”.

Propone un método para el análisis de las imágenes periodísticas basado en tres niveles articulados de significación.

Con el título “El registro de los hechos: perspectivas metodológicas”, Francisca Robles presenta algunas perspectivas

metodológicas para el estudio del registro de los hechos.

Angélica Carrillo, en el capítulo “El periodismo televisivo: en busca de la construcción de un significado”, analiza la estructura dramática de la forma y el contenido de un hecho noticioso en dos de los principales noticieros de televisión en el país.

Elvira Hernández, en su entrega “La construcción de la realidad social a través de la mediación femenina, un repaso histórico”, hace un recorrido histórico de la manera en que las mujeres se integraron al periodismo (Frambel Lizárraga Salas).

Recrea Roura una epopeya del amor

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l tránsito del amor exacerbado, ese que embota los sentidos, hacia el odio que mata es el tema que obsesiona al periodista cultural y escritor Víctor Roura, quien se lanza en un recorrido por la historia, desde tiempos remotos, para documentar y encontrar una respuesta a su inquietud.

En un grueso volumen de más de 500 páginas, Roura recrea toda una epopeya del amor en su libro de reciente publicación Los tamaños del amor, editado por Plaza y Valdés.

Roura demuestra que el amor ha trascendido a lo cotidiano, delineando un tanto el curso de la humanidad hasta el grado de convertirse, a veces, en cuestión de Estado, como lo ejemplifica la leyenda de la mitología griega, en donde el triángulo amoroso de Agamenón-Helena-Paris desata la guerra de Troya.

O como en el caso de Adán y Eva, cuyo “pecado” derivó en la expulsión del hombre del paraíso. El texto hace referencia a varios pasajes bíblicos, que cuentan historias de amor y pasión.

El escritor aborda también el amor desde la mirada científica, en la que no podía faltar la propia historia del artífice del sicoanálisis, Sigmund Freud, cuya teoría revolucionó a la ciencia y a la sociedad por el tratado que da a los instintos, donde el amor es fundamental.

Así, entre la documentación, lo ficticio y las historias reales, Roura trata de desentrañar qué hay en ese complejo sentimiento, que aparece de repente y de la misma forma se va. Y que no siempre es rosa; muchas veces deriva en tragedia y muerte (Elena González).

mandatarios latinoamericanos, explica Benjamín Fernández Bogado en ¿Y ahora qué? Itinerario de la eterna desilusión política en América Latina (México Libre, 2009).

El abogado y periodista paraguayo explica por qué los gobiernos en América Latina no han generado mejores niveles de vida. Al contrario, afirma, han logrado que la región sea la más desigual y violenta del mundo. Indica que 42 por ciento de los homicidios del orbe se dan en nuestro continente.

Para Fernández Bogado, uno de los factores del empeoramiento de las condiciones son los constantes sofismas de los gobernantes que de manera reiterada no reconocen la realidad.

Considera que los medios de comunicación también son cómplices en ello, pues en lugar de desenmascarar las mentiras de los gobernantes y políticos, exaltan sus discursos.

El libro resulta excelente para comprender por qué es necesario que los gobiernos dejen de prometer y hablen con realidades, ejerzan, inviertan en la educación y respeten el Estado de derecho, pues de otra manera seguiremos viviendo en una democracia de fachada (Jaime Hernández Gómez).

La eterna desilusión

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l escritor argentino José Antonio García Hamilton decía que “no es el perro el mejor amigo del hombre latinoamericano, sino el chivo expiatorio”, pues una tendencia reiterada de su comportamiento es buscar a quien cargar las responsabilidades.

Ciertamente, el chivo expiatorio es sólo una forma de evadir responsabilidades, mostrar la incongruencia y demostrar la incapacidad de gobernar de los marzo 2010

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Tesis

Industria audiovisual y TLCAN • Frambel Lizárraga Salas ntes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (enero 1994) se realizaron debates acerca de las formas de negociación referentes a las industrias culturales, partiendo de las desigualdades estructurales que existían entre los países miembros: México, Estados Unidos y Canadá.

Rodrigo Gómez García plantea en su tesis doctoral El impacto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en la industria audiovisual mexicana de1994 a 2002 (Universidad Autónoma de Barcelona, 2006), que los argumentos que se discutían respecto a ese convenio fueron las consecuencias económicas, al competir abiertamente con la industria audiovisual más poderosa del mundo (Estados Unidos), y mantener la identidad y cultura mexicana.

Apoyado con tablas, gráficas y cuadros de análisis, realiza un estudio de las dinámicas estructurales consolidadas en la

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comunicación internacional en el contexto del capitalismo global. Indaga el nuevo marco estructural que plantea la regionalización con las particularidades del TLCAN en la industria audiovisual mexicana, e identifica las políticas de comunicación a través del marco jurídico del audiovisual y las telecomunicaciones en México.

El marco teórico se desarrolla con base en la economía política de la comunicación y la cultura, para comprender el papel de las industrias culturales en de los procesos de globalización y regionalización de los bloques económicos mundiales.

En las conclusiones, Gómez García advierte que las empresas Televisa y TV Azteca se consolidan como los dos grandes grupos del audiovisual en México, al concentrar el 68 por ciento de los ingresos totales del sector, “lo que genera un efecto tapón que no permite desarrollar e impulsar a otras empresas productoras.” De no mejorar esa situación, México no avanzará en aspectos centrales para la evolución de las sociedades: a) el impulso de la diversidad cultural, b) el fomento a la pluralidad democrática y c) la competencia económica.

Narcocultura y medios L

a industria de los narcóticos ha impactado significativa mente a la sociedad en diferentes dimensiones: la cultura, la fantasía popular, la exacerbación de la violencia y los medios de comunicación, entre otros.

Este fenómeno sociocultural es analizado por Nery Córdova Solís en su tesis doctoral La narcocultura en Sinaloa: simbología, transgresión y medios de comunicación (UNAM. 2005. pág. 463).

A lo largo de los cuatro capítulos que forman este trabajo de investigación, el autor explica el espectro de las formas simbólicas y de las ideologías regionales relacionadas con el mitológico mundo de los narcóticos, que se manifiestan a través de estructuras, productos, mecanismos, canales y medios de la cultura y la comunicación.

La hipótesis de la investigación se centra en que la narcocultura es una esfera de construcción, expresión y reflejo de una dimensión sociohistórica de la realidad, cuantificable no sólo en función de un diagnóstico aproximativo a la economía política de la producción, distribución

y consumo sino también cualificable en el plano de las construcciones simbólicas de la sociedad.

Para comprobar sus hipótesis, Córdova Solís se basó en fundamentos teóricos de la temática en relación con la cultura y la transgresión, cruzados ambos ejes conceptuales por la comunicación. Se enfocó en la metodología de carácter cualitativo. En su trabajo de campo, aplicó estudios etnográficos en varias poblaciones del estado de Sinaloa.

Registró hechos, incidentes, imágenes, expresiones, diálogos, así como la descripción de ciertos ámbitos, zonas, territorios y paisajes representativos de la cultura de ese estado.

En las conclusiones, el autor confirma que en la actualidad varias generaciones de sinaloenses aprenden a vivir con los reflejos de los estruendos producidos por la transgresión y la desviación social del narcotráfico. Esta situación se debe a que esa actividad en México genera miles de empleos y ganancias de millones de dólares. (Frambel Lizárraga Salas). frambel@hotmail.com

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