REVISTA BRÚJULA N°19 by AEG PUCP

BRÚJULA ÍNDICE CARTA DE NAVEGACIÓN 3 / UNA TAREA QUE NOS COMPETE A TODOS / El Director 6 / DERECHOS HUMANOS, ¿DERECHOS NATURALES? / Miguel Ángel Quiroga Vizcarra MAPA MUNDI 17 / PERÚ SIGLO XXI / Aristóteles Picho 23 / SER JUDÍO EN EL PERÚ / David Waisman Rjavinsthi 30 / LA INVISIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROPERUANA / Roberto Rojas Dávila 44 / SER MILITANTES DEL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS / Susana Baca VIENTO EN POPA 49 / DISCAPACIDAD: UN NUEVO ENFOQUE DE POLITICAS, DE INCLUSIÓN Y DESARROLLO / Luis Miguel del Águila 61 / DISCAPACIDAD DESDE LA MIRADA HUMANISTA / Sheyla Blumen 64 / EL CONGRESO Y LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ: NIVELES DE CONOCIMIENTO Y CUMPLIMIENTO / Michael Urtecho 72 / DERECHOS HUMANOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ. AVANCES Y PERSPECTIVAS / Susana Stiglich Watson CUADERNO DE RUTAS 77 / CIUDAD DE LOS REYES / Juan Acevedo ALLENDE LOS MARES 87 / APLICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A LA ORIENTACIÓN SEXUAL Y A LA IDENTIDAD DE GÉNERO: PRINCIPIOS DE YOGYAKARTA / Alfredo Pazmiño 93 / LAS LESBIANAS, INVISIBLES Y NEGADAS / Esther Vargas 98 / MACHONAS, CABROS, TRACAS, MOSTACEROS Y DOBLE FILOS / Susel Paredes Piqué PROA AL NORTE 103 / IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA INFANCIA / Susana Villarán de la Puente 109 / HACIA DÓNDE VAMOS EN LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN PERUANA / Fanni Muñoz LOS DE ABORDO 115 / RELACIÓN DE AUTORES

BRÚJULA

Revista de ideas de la Asociación de Egresados y Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú

Año 10

Nº 19

DIRECTOR Alejandro Sakuda Moroma CONSEJO DE REDACCIÓN Beatriz Boza Dibós Roque Benavides Ganoza Javier Recuenco Murillo Antonio Blanco Blasco Alejandro Sakuda Moroma COORDINACIÓN Solange Hernández Blas PRODUCCIÓN EDITORIAL Martín Monago Torres José Piscoya Torralba Karina Reynafarge Herrada CORRECCIÓN DE ESTILO Juana Iglesias López REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN AEG-PUCP, Pontificia Universidad Católica del Perú Av. Universitaria 1801 San Miguel, Lima 32, Perú Telf. (51-1) 626-2000, anexo 3500 Correo electrónico: asocegre@pucp.edu.pe PRODUCCIÓN GRÁFICA Fimart SAC Editores e Impresores (51-1) 424-0662 ISBN 1813 – 5110 Depósito legal 2001 – 1304 Los artículos sólo expresan la opinión de sus autores. La Dirección se reserva el derecho de selección y publicación de las colaboraciones recibidas. La publicación de las colaboraciones está supeditada a disponibilidad de espacio. No se devolverán las colaboraciones recibidas. 2

AEG-PUCP CONSEJO DIRECTIVO PRESIDENTE Roque Benavides Ganoza (Ingeniería) VICEPRESIDENTE Alberto Varillas Montenegro (Derecho-Letras) SECRETARIO Patricia María Escobar Cáceres (Educación) TESORERA Sheyla Blumen Cohen (Psicología) VOCALES César Gutiérrez Muñoz (Archivero) Jorge Antonio Rodríguez Hernández (Ingeniería) Juan José Ruda Santolaria (Derecho) COMITÉ CALIFICADOR PRESIDENTE Juan Carlos Ibarra Schambaher (Derecho) MIEMBROS María del Carmen Esteves Ostolaza (Física) Ana Virginia Pastor Revoredo (Química) REPRESENTANTES DE LA PUCP Aldo Italo Panfichi Huamán (Ciencias Sociales) Eduardo Ismodes Cascón (Ingeniería) PAST PRESIDENTE Juan Carlos Crespo L. de C.

Carta de navegación

Una tarea que nos compete a todos El dossier sobre derechos humanos que presenta este número de Brújula es parte de la filosofía de la propia Asociación de Egresados y Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú y que se puede sintetizar en frases tan simples como: “Respetar al otro es respetarse a sí mismo” o “No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti”, como decía Confucio. Sin embargo, a pesar de que ese enunciado de Confucio se remonta a cinco siglos antes de Cristo, continúan violándose los derechos humanos, sea por egoísmo, por irresponsabilidad, por ignorancia, por soberbia o por simple prepotencia. En pleno siglo XXI aún hay quienes no se ven en el espejo del otro. Cierto es que en el mundo entero se han alzado voces y se han aplicado la razón y las leyes para combatir esas flagrantes violaciones a la esencia de lo que es el ser humano, pero el hecho de que en la actualidad se violen sus derechos fundamentales –cualquiera sea la naturaleza de su ser, de sus ideas o de sus opciones– demuestra que se trata de una tarea inconclusa y que todavía hay muchísimo por hacer. La naturaleza de este dossier, con voces de las más variadas, que dicen lo que tienen que decir con plena libertad, grafica de algún modo lo que se pretende con este número de Brújula, que no es otra cosa que responder a la razón de ser de esta publicación, fundamentalmente democrática, y por lo

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tanto respetuosa de todas las ideas, de todas las personas, porque creemos que respetar al otro, así como respetar y aceptar la discrepancia, nos da dignidad y nos enaltece como seres humanos. Los papas León XIII, primero, y Juan XXIII, después, dieron un significado especial a los derechos humanos en sus encíclicas. Luego, con el Concilio Vaticano II y con los pontífices posteriores, la Doctrina Social de la Iglesia se expandió y quedó construida sobre la sólida base de los derechos humanos y de sus recíprocos deberes. La Iglesia cobró conciencia de su misión indelegable de “comprender la fuente y la sustancia de la existencia humana” y de “tomar conciencia de los problemas colectivos de justicia”, y es así como los derechos humanos son hoy los fundamentos de su Doctrina Social, pues coadyuvan a la realización de otro concepto superior del cual dimanan todos: el respeto a la dignidad humana. Siendo los derechos humanos parte de la naturaleza de una persona, pues nacen con ella, es indudable que su respeto y defensa no se puede dejar al azar. Es una tarea que debe ser permanente y en la que todos debemos estar inmersos, porque nos compete a todos como sociedad. La tarea no es fácil, desde luego, pero abocarnos a ese esfuerzo es hacer realidad lo que parece utopía. Salomón Lerner Febres, rector emérito de la PUCP y ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, decía que: Una sociedad política democrática es un sistema de deberes y derechos, ciertamente, pero es también, y tal vez principalmente, un ordenamiento capaz de suscitar la adhesión de la gente al imperio de la ley. La democracia es asumida y es defendida por la población en la medida en que esta se siente parte de ella. La adhesión a la democracia es la adhesión del ciudadano a un orden social que reconoce como propicio para una vida buena para él y quienes lo rodean. Porque reconoce en ese orden un sistema que hace justicia a su condición de ser libre, racional e investido de dignidad humana, está dispuesto a defenderlo y se vuelve intolerante ante quienes lo amenazan o intentan degradarlo y, en última instancia, sustituirlo invocando diversas razones que siempre resultan ser subterfugios interesados1.

1 Salomon Lerner Febres. La rebelión de la memoria. Lima: IDEHPUCP / Coordinadora Nacional de Derechos Humanos / CEP, 2004, p. 118.

Es en ese marco que Brújula recoge en sus páginas la defensa cerrada de los derechos humanos, desde diversas vertientes, porque “Insistimos en que los derechos humanos son universales, indivisibles e inalienables, que pertenecen a todos los hombres, mujeres y niños desde que nacen, y que constituyen el patrimonio común de la humanidad que nos une a las futuras generaciones” y que la Declaración Universal de los Derechos Humanos representa “el ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”, estableciendo –tanto para el ayer, para el hoy como para el mañana– principios esenciales para la vida en sociedad basados en el respeto por la dignidad humana. Como tal, “la Declaración Universal constituye una referencia jurídica y moral incontestable”2. El Director

2 Memoria 1999. Memoria de lo intolerable. Declaración de París. Amnistía Internacional, p. 461.

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M i g u e l

Á n g e l

Q u i r o g a

V i z c a r r a

Derechos humanos: ¿derechos naturales? La cuestión de la fundamentación de los derechos humanos, lejos de ser un asunto ya resuelto, es más bien uno de los que más discusión genera (específicamente al interior de la ética, de la filosofía práctica y de la filosofía del derecho). Esto simplemente porque, al contrario de lo que se podría pensar en un primer momento, no existe aún una fundamentación absoluta y libre de problemas de estos derechos. Así, no deja de llamar la atención que en contraste con el hecho innegable de una cada vez mayor expansión de los derechos humanos en el contexto internacional y su cada vez más fuerte presencia en los más diversos campos (jurídico, político, etc.), se dé a su vez la situación de que ninguna teoría ha formulado una fundamentación satisfactoria para ellos. El tema parece no ser de poca monta. Alasdair MacIntyre, en su conocida obra Tras la virtud, afirma de manera tajante que no existen los derechos humanos. Y el argumento que esgrime para sustentar tal afirmación es justamente “el fracaso de todos los intentos de dar buenas razones para creer que tales derechos existen” (1987: 96).

Su conclusión: creer en los derechos humanos es como creer en brujas o unicornios; más precisamente, no hemos de creer en aquellos por la misma razón que no creemos en estos: nada nos ha probado que sean reales. Al final, no queda más que aceptar que “[l]os derechos humanos o naturales son ficciones” (Ibíd.). MacIntyre no solo concuerda con lo que habíamos dicho al inicio (que hasta el momento no se han expuesto buenas razones para creer en los derechos humanos), sino que toma este hecho como una prueba clara de que estos no existen, son ficciones. Los múltiples intentos (fallidos) de fundamentar los derechos humanos no solo expondrían una insuficiencia teórica; más bien, los repetidos fracasos por construir una fundamentación mostrarían que tal cosa no es posible, de la misma forma

como los continuos fracasos al intentar volar aleteando nos indicarían que tal empresa es imposible. Ahora bien, es verdad que el filósofo escocés llega a tal “conclusión descorazonadora” (Cortina, 1990: 239) básicamente a partir del examen del punto de vista iusnaturalista. No obstante ello, cabe decir que la misma desilusión se producirá si consideramos cualquiera de las otras estrategias o paradigmas de fundamentación, ya se trate del racionalismo metafísico-moral o de las que apelan a las teorías consensuales y del discurso1 (Giusti, 1999: 2000). Por la naturaleza del presente trabajo, no podemos entrar al análisis de todas estas “estrategias”2. Nos limitaremos, en cambio, al examen general de la postura que entiende a los derechos humanos como derechos naturales. El porqué de

1 Entre otros, Robert Alexy ha planteado una fundamentación de los derechos humanos a partir de la teoría del discurso ( Alexy, 2004: 93 y ss.) También la ya citada Adela Cortina tiene una exposición en la que intenta formular una teoría de los derechos humanos a partir de la ética de la argumentación y de las reglas del discurso práctico (Cortina, 1990: 247 y ss.). 2 Por lo pronto, nos conformamos con transmitir unas ideas del profesor Miguel Giusti. Dice él que, al ser un esencialismo, el iusnaturalismo (tanto pagano como religioso) se equivoca al reposar la validez de los derechos en una definición de naturaleza o de persona que termina siendo una petición de principio. Pero los otros paradigmas tampoco están libres de problemas. El racionalismo metafísicomoral necesita de un postulado metafísico normativo “para garantizar el carácter vinculante del principio de igualdad de los seres humanos” (habría que decir que, obviamente, la dificultad está en dar con ese “postulado metafísico normativo” suficientemente sólido). Las teorías consensuales, en tanto, parten de atribuir a los participantes en el discurso (argumentación, deliberación, acto comunicativo, etc.) “los derechos o la voluntad de concertar que ellos tendrían en realidad que producir recién por medio del diálogo argumentativo”, cayendo así en una argumentación circular (Giusti, 1999: 232-233; 2000: 660-661); en este último caso, lo que ocurre es que se plantea que los derechos se van derivando del diálogo argumentativo; sin embargo, para concurrir y poseer el estatus de participante en ese mismo diálogo se han de presuponer ciertos derechos (de entrada) que son los que, precisamente, respaldan la capacidad de participación de los sujetos.

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esta decisión tiene que ver con el hecho de que ya sea en el discurso político, en la práctica jurídica, en el ámbito educativo, en la vida social y hasta coloquialmente, la manera más usual como nos referimos a los derechos humanos es, justamente, como derechos naturales (“atribuidos al ser humano por el solo hecho de serlo”). Por otro lado, hay que reconocer que, políticamente (en el sentido más amplio), la justificación que con más fuerza y más repetidamente se utiliza para exigir el respeto y la defensa, así como para sostener la validez de los derechos humanos es, precisamente, que se trata de “derechos inherentes a la naturaleza del ser humano”, “preexistentes a cualquier orden político” y que, por ello, “no es que sean creados por el Estado, sino solo reconocidos por este, puesto que estos ya existen antes e independientemente de él”3. La explicación a por qué se apela tan frecuentemente a esta forma de justificación tal vez se halle en que esta resulta siendo la más intuitiva, sencilla y fácil de aceptar por la generalidad del público. Pues bien, de lo que se tratará en este ensayo es de ver hasta qué punto es correcto asumir esta postura, qué aciertos puede tener y, si no los hay, por qué falla.

Antes de proseguir habría que puntualizar que, en buena medida, el problema de la fundamentación de los derechos humanos se basa en el hecho de habérseles caracterizado como derechos universales y absolutos. Tomando en cuenta este último aspecto, es necesario precisar que la dificultad para encontrar una fundamentación no es un problema que solo afecta a los derechos humanos, sino que se da en todo aquello que, en nuestra época, pretende tener un carácter universal y absoluto (sean sistemas de valores, ideales políticos o de vida, etc.). Por ello, deberíamos tener presente que el problema de la fundamentación de los derechos humanos se enmarca dentro de la más general crisis de los esencialismos y de todas las explicaciones absolutas y últimas. Derechos humanos como derechos naturales: planteamientos De manera más clara, es después de la segunda guerra mundial y tras la experiencia de las dictaduras de corte fascista que aparece la necesidad de considerar que los derechos humanos son derechos naturales, o sea, trascendentes e independientes del

3 Estas ideas son clásicas y aparecen, variando las palabras pero conservando el espíritu, en diversos textos políticos como, por ejemplo: la Declaración de Virginia de 1776 (artículo 1), la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 (Preámbulo, artículos 1 y 2), la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 1) y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (Preámbulo). Por lo demás, hoy por hoy constituyen el punto de partida de la teoría jurídica de los derechos humanos (Nikken, 2003: 43-44).

orden positivo. Para algunos el juicio de Nuremberg (en el cual se pasaron por alto varios formalismos positivos4) bien podría considerarse como un renacimiento del iusnaturalismo. Más allá de que, desde otra perspectiva, se pueda también sostener que en dicho juicio se violaron garantías básicas (naturales), lo cierto es que lo que se busca al afirmar la “naturalidad” de los derechos humanos es, antes que nada, que se les excluya de ser considerados meros productos (legislativos) y negarles cualquier rasgo de artificialidad, en la lógica de que si fuesen no-naturales (creaciones positivas) podrían ser considerados no solo arbitrarios sino, sobre todo, dependientes de la voluntad (o capricho) del legislador. La finalidad última de todo esto no es otra sino la de “proporcionar a los derechos humanos una fundamentación más sólida que el mero derecho positivo para poder proteger esos derechos contra los regímenes totalitarios” (Bulygin, 1991: 620). Ahora bien, tendríamos un basamento bastante precario si el único argumento que existiese para considerar a los derechos humanos como naturales fuese que, de no serlos, estarían a merced de la voluntad de la autoridad y, por ello, su respeto peligraría. Una justificación tal, más que

ser racional, expresa un deseo, una aspiración, una esperanza: queremos que los derechos no sean afectados por el poder, que se cumplan, por eso deben ser naturales; tienen que ser naturales porque, si no lo son, cualquiera podría manipularlos. Un razonamiento así resulta similar al que afirma que debe existir Dios porque si no todo estaría permitido; o a aquel que concluye que debe existir la otra vida porque esta es demasiado penosa y corta como para serlo todo. Pero ocurre que esta no es la única –y menos la mejor– defensa que se haya planteado del carácter natural de los derechos humanos. Jacques Maritain, por ejemplo, inicia su planteamiento dando por sentado que existe un orden natural (cabe decir aquí que Maritain es neotomista). Ahora bien, este orden natural puede ser descubierto por la razón humana y debe ser seguido por la voluntad (Polo Santillán, 2009); sin embargo, “el hecho de creer en la ley no escrita no significa conocer qué es esa ley” y, es más, “nuestro conocimiento psicológico del derecho natural, de la ley no escrita, es contingente a las culturas y a nuestros condicionamientos. Sin embargo, el hecho de que nuestro conocimiento de la ley natural sea débil no va en contra

4 “[En el juicio de Nuremberg] las potencias vencedoras decidieron que ningún formalismo podía impedir castigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el nazismo en el mundo. Premunidos de tal argumento pasaron por alto muchas normas de generalizado reconocimiento, tales como que no hay delito ni pena sin ley previa, o que al acusado debe juzgarlo un tribunal imparcial” (Rubio, 1996: 300).

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de dicha ley” (Ibíd.). Lo que Maritain nos quiere decir es simplemente que el hecho de que en ciertos contextos o culturas no se haya respetado o alcanzado el conocimiento de la ley natural no puede ser esgrimido como argumento para concluir la inexistencia de dicha ley. Sin embargo, Maritain da a entender que, en mayor o menor medida, con más o menos dificultad, todos los hombres tienen un conocimiento de la ley natural; al menos de su postulado más básico, que resulta siendo “[e]l único conocimiento práctico que todos los hombres tienen natural e infaliblemente en común [y el cual] es que es preciso hacer el bien y evitar el mal” (Maritain, 2001: 56). Que “es preciso hacer el bien y evitar el mal” sería una idea compartida universalmente, se nos aparece como exigencia de la propia razón humana. Pero esta idea es aún solo “el preámbulo y el principio de la ley natural, pero no es la ley misma”(Ibíd.); sería su formulación básica, si se quiere, pero no constituye aún ella sola la ley natural. Propiamente, la “ley natural es el conjunto de cosas que se deben hacer o no hacer, que se siguen de ahí de un modo necesario por el simple hecho de que el hombre es hombre, en ausencia de cualquier otra consideración”(Ibíd.). Hasta el momento, tenemos que Maritain sostiene la existencia de un principio básico y universal que la razón impone como verdadero. De este principio, nuestro filósofo deriva que existen cosas que

deben hacerse (relacionadas con el bien) y cosas que no deben hacerse (relacionadas con el mal). Pero “la conciencia moral no prescribe solo deberes (hacer o no hacer) sino también derechos” (Polo Santillán, 2009). Y estos derechos tienen su fundamento también en la ley natural. Y vienen a ser “cosas que le son debidas al hombre por el hecho mismo de que es hombre”. Y es que, siendo que La noción de derecho y la noción de obligación son correlativas (…): si el hombre está moralmente obligado a las cosas necesarias para el cumplimiento de su destino, tiene por ello el derecho de realizar su destino y tiene derecho a las cosas que son necesarias para ello (…) [Por ello] La verdadera filosofía de los derechos de la persona humana reposa, por tanto, sobre la idea de la ley natural. Es la ley natural la que nos prescribe nuestros deberes más fundamentales y en virtud de la cual toda ley obliga, y es también la que nos asigna nuestros derechos fundamentales. Debido a que nos encontramos implicados en el orden universal, en las leyes y regulaciones del cosmos (…) poseemos derechos ante los demás hombres y ante toda asamblea de las criaturas (Maritain, 2001: 58). Tal vez no aceptemos tan fácilmente la respuesta de Maritain debido al fuerte componente cristiano que implica. Sin embargo, también existen defensas “paganas” de los derechos naturales. Una de ellas es la que expone el argentino Carlos Santiago Nino. Para él, la fundamentación de los

derechos humanos descansa “en la hipótesis de un sistema moral objetivamente válido, accesible al conocimiento humano” (Bulygin, 1991: 622). Este sistema moral estaría constituido por un conjunto de principios morales “tales que si existieran, su existencia estaría dada por su validez o aceptabilidad y no por su reconocimiento efectivo o aceptación real por ciertos individuos; no son, en consecuencia, principios de una moral positiva sino de una moral crítica o ideal que puede o no tener vigencia en algún ámbito” (Nino, 2007: 20). Precisa Bulygin que, en Nino, el sistema moral de que se trata no es aquel de la moral vigente de hecho en una sociedad o en un momento; es más bien “un sistema de principios y juicios de valor que poseen validez objetiva, es decir, valen en todo tiempo y lugar con independencia de su reconocimiento fáctico, y que son accesibles a la razón humana” y, en ese sentido, coincide con el sistema de derecho natural (Bulygin, 1991: 622). Lo interesante de Nino es que él afirma que la premisa de la existencia de un sistema moral ideal no solo es válida para el iusnaturalista, sino que también puede ser aceptable para un positivista. Lo característico del iusnaturalismo –dice– sería la afirmación de dos tesis: 1) que hay principios que determinan la justicia de las instituciones sociales y que son universalmente válidos, independientemente de que sean reconocidos por la autoridad o por los individuos; 2) que un sistema normativo que

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no satisface los mencionados principios no puede ser llamado “derecho” (Nino, 1980: 28 y ss.; 2007: 16). A su vez, lo que caracteriza al positivismo en general no es el rechazo de “1”, sino de “2”. Así, algunos (Austin o Hart) aceptan “1” total o parcialmente; mientras que otros (Kelsen, Ross) lo rechazan en forma radical. En lo que sí coinciden todos es en no admitir “2” (no en rechazar “1”), lo cual constituiría lo distintivo de su posición común positivista (Nino, 2007: 16). Nino cree así salvar su “hipótesis fundante” (la existencia de un sistema moral objetivamente válido sobre el cual se va a asentar la fundamentación de los derechos humanos ) de los cuestionamientos de una parte del positivismo. Pero aún queda por responder a los “escépticos éticos”, aquellos que “se oponen a la tesis de que los derechos humanos están establecidos por principios de derecho natural [porque] según ellos, no existen principios ideales que justifiquen en última instancia instituciones o acciones (…) [o] tales principios no son universalmente válidos sino relativos a épocas y circunstancias, o [porque afirman] que ellos no son cognoscibles (...)” (Nino, 2007: 19). Nino contesta planteando que, en un primer momento, se elimine toda exigencia de que los principios de “derecho natural” existan o sean cognoscibles; en segundo lugar, se ha de reconocer que “el hecho de sostener que un concepto alude a ciertas entidades o fenómenos no implica sostener que

ellos [entidades o fenómenos] existan o sean cognoscibles” (es decir, un concepto puede aludir sin problemas a una entidad irreal y esto no hace que el concepto sea inválido, como tampoco otorga realidad a la entidad aludida; el ejemplo del autor es el de las mitologías). Con estos dos presupuestos, cree Nino que se puede llevar a los “escépticos éticos” a “aceptar la tesis de que los derechos humanos son derechos establecidos por principios morales, por más que agreguen a continuación que tales derechos son, en consecuencia –como los principios de los que derivan–, relativos, subjetivos o inexistentes” (Ibíd.). Una vez hecho esto, lo único que faltaría es mostrar que esos principios (y, como consecuencia, también los derechos) son universales, objetivos y reales. Derechos humanos como derechos naturales: críticas ¿Cuál es el problema con estas propuestas? Pues en primer lugar que todas (las mencionadas y cualquier otra que defienda los derechos naturales) aspiran a una fundamentación absoluta. Ahora bien, como dice Miró Quesada, toda fundamentación absoluta de los derechos humanos debe expresarse en normas evidentes (1988: 15). En una norma, la evidencia implica la impresión de que tiene que imponerse por sí misma, independientemente de su carácter legal o de los condicionamientos de educación y costumbre; pero ocurre que, a diferencia de la evidencia

en las proposiciones, en las normas esta se da de forma mucho menos universal. Así, aunque muchos aceptan los derechos humanos, para un nazi, por ejemplo, no son evidentes; en cambio, todos (incluso un nazi) aceptan la evidencia de una proposición tal como “dos es más que uno” (Ibíd.: 17). Entonces, aunque se conceda que puede haber tanto proposiciones como normas evidentes, en todo caso estas últimas siempre pueden ser menos universales que las primeras. Ahora bien, no pudiéndose asegurar la universalidad de las normas que han de servir de punto de partida a la fundamentación de los derechos humanos, no es posible aspirar a que esta sea absoluta. Podríamos decir que la anterior era una crítica de corte lógico. Pero también hay objeciones de orden ontológico. Estas últimas parten del hecho de que todos los intentos justificatorios de los derechos naturales derivan la validez de estos derechos de la existencia de un orden de valores o normas morales absolutas, trascendentes y objetivamente válidas (lo vimos tanto en Maritain como en Nino, a pesar de que la del primero sea una versión religiosa y la del segundo una versión secular). Pero la cuestión es: ¿existe tal orden?, ¿se le puede atribuir una validez absoluta? Aparentemente no. Más bien parece que “[t] odo intento de crear un fundamento a los derechos humanos (…) nos lleva en última instancia a un valor sujeto a contingencias sociales e históricas” (García Belaunde,

1982: 111). Esta contingencia de los valores puede ser demostrada con la misma historia de los derechos humanos. Como muestra Bobbio, los derechos del hombre constituyen una clase variable (…) La lista de los derechos del hombre se ha modificado y sigue haciéndolo con el cambio de las condiciones históricas (…) Derechos que habían sido declarados absolutos a finales del siglo XVIII, como la propiedad (…) han sido sometidos a radicales limitaciones en las declaraciones contemporáneas; derechos que las declaraciones del siglo XVIII no mencionaban siquiera, como los derechos sociales, resultan proclamados con gran ostentación en todas las declaraciones recientes. No es difícil prever que en el futuro podrán surgir nuevas exigencias que ahora no logramos apenas entrever5 (1992: 121). Lo dicho no hace sino probar que “no existen derechos fundamentales por naturaleza. Lo que parece fundamental en una época histórica o en una civilización determinada, no es fundamental en otras épocas y culturas. [Siendo así la cosa] No se ve cómo puede darse un fundamento absoluto de derechos históricamente relativos” (Bobbio, 1992: 122). Contra el carácter absoluto de un sistema de valores también aporta el hecho

de que los mismos iusnaturalistas del pasado defendían situaciones que hoy son debatibles o, en el peor de los casos, nadie aceptaría como justas. Tomás de Aquino, por ejemplo, era partidario firme de la pena de muerte6; y aún más claro, en “El gobierno monárquico” (II, 10) defiende la esclavitud. Y todo ello sobre la base del derecho natural. A su vez, como ha mostrado Garzón Valdés más modernamente, la misma apelación a un “sistema de normas naturales” ha sido usada por regímenes tan opresores como el nacionalsocialista. El filósofo argentino señala que durante la época de Hitler fue más bien el positivismo el rechazado por opuesto a la ideología nazi (Garzón Valdés, 1985: 6-7); en tanto que la idea de “derecho racial” era considerada como adecuada a la “legalidad natural” (Ibíd.: 13). Que no hay un sistema de valores absoluto lo comprueba también el hecho de que no existe un solo valor que podamos considerar trascendente, básico y capaz de evitar el conflicto entre derechos subsidiarios. Hernando Nieto afirma que los tres clásicos valores que se han alegado (vida, igualdad y libertad) han fracasado en la tarea. La vida, como se sabe, ha sido apreciada de manera distinta según las diferentes épocas (por ejemplo, en la Edad Media no valía tanto por ella misma sino

5 Al respecto, en nuestro país, recientemente se está hablando del derecho “a la verdad” como derecho fundamental. 6 Véase Aquino, 1974: 256-257.

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como camino a la vida eterna), lo cual ya muestra su historicidad. Por otra parte, en qué consiste el derecho a la vida es algo en lo que no nos ponemos de acuerdo: ¿es simplemente el derecho a estar vivo o es el derecho a una vida plena? (Hernando Nieto, 1995: 335-336). En cuanto a la igualdad, el problema está en que siendo todas las sociedades de alguna forma desiguales, para que se realice habría que imponer algún mecanismo de redistribución de los recursos, lo cual implica imponer cargas a un grupo social (el más aventajado); es decir, afectar sus derechos (Ibíd.: 337). Curioso derecho básico sería este que requiere para su ejercicio pleno de la previa afectación de los derechos de un grupo. Por otra parte, la igualdad no se ha entendido igual en la sociedad medieval que en el orbe comunista, ni en la actual sociedad liberal-capitalista (Ibíd.: 338). Finalmente, en lo que respecta a la libertad, surge el problema de que no es posible medir el grado de libertad que se puede tener (¿alguien afirmaría que se es más libre ejerciendo la libertad de opinión que la de información?). Además, en no pocas ocasiones las libertades justamente se chocan o se anulan unas a otras (Ibíd.: 339). Existen otras críticas contra los derechos naturales. Por ejemplo, que sus definicio-

nes son tautológicas7 o que “apuntan en dirección teleológica y comportan criterios valorativos”8 (lo cual entraña la dificultad de esclarecer antes qué se entiende por tal o cual valor mencionado en cada caso) (Fernández Sessarego, 1984: 23). También que entre los mismos derechos humanos hay exigencias muy diversas entre sí, e incluso incompatibilidades. Hay derechos con estatus muy diversos: algunos siempre prevalecen (como la prohibición de la esclavitud), pero la mayoría compite entre sí (Bobbio, 1992: 123), otros prevalecen en ciertas ocasiones y en otras no (por ejemplo, la libertad de información y el honor). Finalmente, se puede decir que hay derechos antinómicos “en el sentido de que su desarrollo no puede ocurrir paralelamente: la realización integral de los unos impide la realización integral de los otros” (Bobbio, 1992: 125). El ejemplo más claro es la oposición entre derechos individuales y derechos sociales. Creemos que lo dicho es suficiente para no aceptar la posición de los derechos humanos como derechos naturales. Pero, entonces, después de todo esto ¿qué nos queda? ¿Acaso solo la “conclusión descorazonadora”? Creemos que no. Más bien llegar a este punto nos abre una posibilidad, la de darnos cuenta de que si el sustento de los derechos humanos no es

7 Como cuando se dice que son los derechos que le pertenecen a todo ser humano por el hecho de serlo. 8 Por ejemplo, cuando se dice que son “aquellos necesarios para la justa convivencia” (¿qué es “justo” aquí?).

una realidad “natural” entonces son frágiles y por ello requieren de nosotros un mayor compromiso, un mayor cuidado y exigencia para su respeto, defensa y vigencia. Como dice Bulygin, la peligrosa es más bien la postura contraria, la que cerradamente quiere ver en los derechos humanos entidades naturales, porque “tiende a crear una falsa sensación de seguridad”. Y es que, al fin y al cabo, el valor de los derechos humanos no está en el hecho de que sean o no naturales; los derechos humanos valen (y mucho) en tanto que son medios (o condiciones) que permiten una mejor convivencia humana, nos posibilitan vivir en armonía y con respeto, o (en palabras de Giselle Velarde) “siquiera menos mal de lo que sería vivir sin ellos”. Y el que sean naturales o no en nada modifica este carácter. Bibliografía Alexy, Robert 2004 Teoría del discurso y derechos humanos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

y derecho. Carlos Alchourrón y Eugenio Bulygin. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, pp. 619-625. Cortina, Adela 1990 Ética sin moral. Madrid: Tecnos. Fernández Sessarego, Carlos 1984 “Problemática general de los derechos humanos”. En: Revista del Foro 1, año LXXI, pp. 21-35. Lima. García Belaunde, Domingo 1982 “Los derechos humanos como ideología”. En: Derecho PUC 36, pp. 97-114. Lima. Garzón Valdés, Ernesto 1985 “Introducción”. En: Derecho y filosofía. Ernesto Garzón Valdés, comp. Barcelona: Editorial Alfa S.A. Giusti, Miguel 1999 Alas y raíces. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Aquino, Tomás de 1974 Escritos de catequesis. Madrid: Ediciones Rialp.

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Bobbio, Norberto 1992 El problema de la guerra y las vías de la paz. Barcelona: Gedisa.

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Mapa Mundi

A r i s t ó t e l e s

P i c h o

Perú siglo XXI País de oportunidades y de oportunistas, plagado de discriminación, que requiere con urgencia encontrar la dignidad. Pero cómo encontrarla si la corrupción es la ocupación principal de nuestros gobern antes, con un Congreso de la República infestado de oportunistas, a quienes solo les interesa llegar al poder y jurar por la plata. Cómo encontrar la dignidad en un país sin memoria, sin identidad y donde la discriminación nos hace negar la verdad de la pobreza extrema que sufre nuestra nación, al igual que nos hace desconocer la cultura. Esa discriminación que nos lleva a aclarar el color de nuestro cabello y decir que es castaño, y que nos hace cholear a las personas que según la conveniencia son más oscuras o con menos recursos, desarrollando así una cadena de choledad, obligando a convertirnos de Carhuallanqui en Cataño.

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¿Pero qué significa cholo en este nuevo milenio? Creo que su significado no ha cambiado notablemente desde la llegada de los españoles al Perú. El término “cholo” es aplicado para connotar a una persona descendiente de la mezcla de español con indígena (Wikipedia). Sin embargo, es totalmente cierto que en su origen tuvo un gran matiz peyorativo, tal y como lo señala el Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios reales: “Al hijo de negro y de india o de india y negra dicen mulato y mulata. A los hijos de estos llaman cholo; es vocablo de las islas de Barlovento; quiere decir perro, no de los castizos, sino de los muy bellacos y gozones; y los españoles usan dél por infamia y vituperio”. O como lo define el padre Bertonio en su Vocabulario de la lengua aymara: “Chulu: perro, mestizo de un martinazo y perrillo”.

fin de cuentas, la que posee menos poder y estatus. Por eso, muchas veces, quienes son vistos como cholos pueden, a su vez, nombrar de esa forma a aquellos que se ubican en un escalón social inferior. Tenemos ante nuestros ojos una de las connotaciones más populares en nuestro país: “cholo = inferior a mí”. Como hemos señalado, esta no es la única connotación que asume el término “cholo”. Definámoslo entonces como un verbo: “cholear”, usado para calificar a cualquiera que cometa algún tipo de falta. Es muy común, por ejemplo, que entre los conductores se “choleen”, sean de la raza que sean, eso es lo de menos. Aquí el “cholear” es una forma de despreciar, de disminuir las capacidades de las personas. Entonces la pregunta sería: ¿por qué nos choleamos?

En el inicio de la invasión española, al nativo de estas tierras le decían indio, al producto del español con la mujer nativa hecho intencionalmente y “con gusto” le llamaban mestizo, pero al desliz sexual, consecuencia de la arrechura de la soldadesca ibérica, le llamaban de forma despectiva: cholo.

La palabra “cholo” se ha construido y deconstruido a lo largo de los años y de la historia de nuestro país. Es más fácil que definamos “lo negro” o “lo criollo” porque contamos con una serie de características específicas sobre cada una de estas culturas. “Lo cholo” abarca más; por tanto la preocupación en nuestro país viene de: ¿qué es lo que abarca precisamente?

Entonces, queda claro que el término se usaba para calificar a quienes no pertenecían a la supuesta “raza pura” y que estarían en una categoría inferior. En la actualidad se utiliza con diferentes connotaciones. En principio podríamos decir que la gente que es llamada chola resulta ser, a

En este tiempo los estudiantes universitarios empiezan a tocar temas sobre el racismo y en general sobre la discriminación. Un trabajo que hice, la obra Iluminados, es producto de las opiniones de los mismos jóvenes universitarios. Ellos hablan sobre la discriminación en la medida en que la

aprendieron desde el hogar, su formación ha sido así. Solo uno de los personajes nunca dice “cholo” o “chola”, pero habla de manera fresca y espontánea, sin pensar. Otro de los personajes, que es mucho más elaborado en cuanto a los conceptos que emite, sugiere que la discriminación está orientada, afirmando que muchos de nosotros “los cholos” solamente somos aceptados en esta sociedad porque algunas de nuestras características son diferentes al “cholo discriminado”. ¿En qué medida somos diferentes? ¿En que estudiamos en la misma universidad y somos realmente andinos? Somos diferentes porque tenemos un poco más de dedicación al estudio. Somos diferentes porque quizás no tengamos un acento marcado. Somos diferentes porque frecuentamos lugares diferentes. Por eso somos diferentes de los demás, de esos “otros cholos”, de los campesinos o de los comuneros indígenas. ¿Pero la diferencia puede ser juzgada como un factor positivo o negativo? ¿Qué tan bueno o malo soy por ser diferente? O, peor aún ¿qué tan bien o qué tan mal puedo ser tratado por ser diferente? “Lo cholo” se ha mezclado, se ha fusionado con otros elementos como todo en nuestro país. Ya ni siquiera es necesario ser realmente de la sierra para hacerse merecedor de este título. “Lo cholo” combina características raciales, físicas, culturales, de nivel económico. “Lo cholo” puede ser usado como una crítica destructiva o un halago cariñoso. ¿Pero alguna vez nos he-

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« ¿Seguiremos

marginando, discriminando racial, social, económica y culturalmente a las personas que están a nuestro alrededor, solo por su apariencia? » mos puesto a pensar que “lo cholo” puede ser un punto de partida para la construcción de nuestra identidad? El término nos hace pensar en lo que va pasar con todos nosotros cuando terminemos de leer este artículo. ¿Cuál será la reflexión que tendremos y que finalmente practiquemos para que este reconocimiento de identidad empiece realmente a existir? ¿Seguiremos marginando, discriminando racial, social, económica y culturalmente a las personas que están a nuestro alrededor, solo por su apariencia? Cuanto más campesina es la apariencia, mayor la discriminación. ¿Cuál va ser nuestro aporte para que se produzca el cambio? No olvidemos que estamos ante una sociedad que se elabora a través de los medios de comunicación.

Estos cumplen un papel importantísimo en la construcción de nuestras opiniones y por ser totalmente masivos tienen una gran influencia sobre la sociedad. Los patrones que nos presentan a través de la publicidad, de las series, las películas o las telenovelas van envolviendo a su público consumidor. La madre de familia es una de las que consume este producto y es ella quien, en muchas circunstancias, se queda con el niño en la casa, educándolo y formándolo de esta manera. Este hecho de la publicidad es tan contundente que en nuestro país se presentan rubios con chullos como los mayores campesinos de los sectores más pobres de nuestro país. Y gente de otros países asume esto como cierto. ¿Los productos de la sierra no deberían formar parte de “lo cholo” y por tanto también ser discriminados? Aquí es donde la publicidad le da la vuelta al asunto y se responde la siguiente pregunta: ¿cómo le quitamos “lo cholo” a “lo cholo”? Y la publicidad responde: volviéndolo “étnico”, o “andino”, o elitizándolo y convirtiéndolo en “novoandino”. Así no me veo tan “cholo” consumiendo algo propio de “un cholo” ¿Por qué esperar a que un extranjero use un producto propio de “un cholo” para sentirme orgulloso de mi país? ¿Por qué esperar a comprar ropa con motivos “étnicos” cuando se ponen de moda en las grandes tiendas? ¿Quiere decir que un producto “cholo” es “menos cholo” cuando cuesta más?

« Aquí es donde la

publicidad le da la vuelta al asunto y se responde la siguiente pregunta: ¿cómo le quitamos “lo cholo” a “lo cholo”? »

Es aquí donde radica el peligro de no saber construir nuestra propia identidad. Que “el cholo” mismo se avergüence de ser “cholo” y que intente ser “menos cholo”. Esta discriminación se empieza a interiorizar. Walter Twanama, al hablar acerca de la coexistencia del racismo, menciona que ese racismo coexiste cuanto es reconocido. ¿Cuánto se hace a nivel político para que esto no ocurra? ¿Cuánto hace cada uno de nosotros para que esta coexistencia sea pacífica y ordenada? Creo que son aspectos sobre los cuales tenemos que reflexionar. La discriminación no se ha podido extirpar de raíz porque realmente no se ha hecho mucho para hacerlo: “(…) un ‘serrano’ era inmediatamente reconocido y mirado con curiosidad

o desdén; eran observados como gente bastante extraña y desconocida, no como ciudadanos o compatriotas. En la mayoría de los pueblos pequeños andinos no se conocía siquiera el significado de la palabra Perú. Los analfabetos se quitaban el sombrero cuando era izada la bandera, como ante un símbolo que debía respetarse por causas misteriosas, pues un faltamiento hacia él podría traer consecuencias devastadoras. ¿Era un país aquel que conocí en la infancia y aun en la adolescencia? Sí, lo era. Y tan cautivante como el actual. No era una nación” (Arguedas, 1966: 12, citado en Sanders, 1997: 182). Ver Correa Arangoitia, 2008. Estas características no han variado tanto, a pesar de lo que creemos. Los mismos discriminadores aún no se percatan de que lo son. La discriminación en nuestro país está tan arraigada que pasa casi desapercibida. Una madre siempre mirará con buenos ojos al pretendiente rubio de su hija. Seguirán buscando chicas AA para comerciales. Los malos olores en las “combis” continuarán siendo culpa de “¡este cholo!”. Crecemos y nos codeamos con estas ideas diariamente y sin darnos cuenta cruzan por nuestras cabezas. Tenemos que reconocer en nosotros mismos cuánto de racismo hay. Quizás no necesariamente sea racismo, tal vez sea discriminación social, política, económica, o cualquiera de ellas. Tendemos a pensar que los extremos de la discriminación son

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los únicos realmente reprochables. Juzgamos con desprecio la cultura nazi, cuya meta fue exterminar a los judíos por considerarlos de una raza inferior, pero nos paramos y nos vamos de una discoteca cuando entra “un cholo”. Miramos con malos ojos la venta de esclavos en la antigüedad porque creemos en los derechos humanos; sin embargo, queremos que nuestras playas sean exclusivas y que no entren “esos cholos” a ensuciarlas. Apoyamos los derechos de las mujeres de ocupar puestos tradicionalmente masculinos y que se les trate como a iguales, pero aún no podemos entender cómo “el cholo” llegó a ser presidente. La persona, sea negra, mestiza, rubia, china o “chola”, debe ser valorada por sí misma y no por las cualidades que le agregan los estereotipos de la sociedad. Pero,

« Apoyamos los

derechos de las mujeres de ocupar puestos tradicionalmente masculinos y que se les trate como a iguales, pero aún no podemos entender cómo “el cholo” llegó a ser presidente. »

lamentablemente, la mayoría de nosotros ni siquiera se autovalora por lo que es, sino por lo que tiene. Pensamos que valemos más mientras somos más delgados, más guapos, más refinados, más cultos, etc. Con esta perspectiva muchas personas serán discriminadas o no según sus características. Quienes exhiban rasgos andinos serán aceptados en la sociedad si es que tienen poder adquisitivo, si demuestran una mayor capacidad cultural o si aparecen en los medios de comunicación.

guiente ir a la peluquería para hacernos rayitos o pintarnos el cabello porque nos aclara la piel.

Hay que reflexionar en torno a estos aspectos y al mismo tiempo tomar conciencia de lo que cada uno de nosotros es. No hay que mentirnos cuando estemos parados frente al espejo y al día si-

Sanders, Karen 1997 Cinco discursos en torno a la nación peruana, 1885-1935. Lima: Fondo de Cultura Económica y Pontificia Universidad Católica del Perú.

Referencias Arguedas, José María 1966 Perú vivo. Lima: Editorial Juan Mejía Baca. Correa Arangoitia, Patricia 2008 “Identidad nacional e identidades múltiples”. Publicado el 25 de mayo en “Blog de Patricia”.

D a v i d

Wa i s m a n

R j a v i n s t h i

Ser judío en el Perú Cuando recibí la invitación de la revista Brújula de la PUCP, me sentí gratamente sorprendido e inquieto por el contenido que debía dar al presente artículo sobre derechos humanos, desde la perspectiva de quienes pertenecen o se sienten identificados con alguna minoría o un grupo humano que sufre algún tipo de exclusión. En mi caso particular, tal eventualidad puede estar vinculada a mi religión. Soy judío. En tal virtud, quiero comenzar señalando que siendo judío no me siento diferente a mis compatriotas peruanos, sea cual fuere el origen remoto y generacional de sus respectivas familias o de sus creencias religiosas. No me siento diferente. Me siento orgulloso de mi peruanidad y de mi raigambre y confesión judía. Tengo el honor de ser el primer representante judío electo para el Congreso de la República (en tres períodos). Igualmente, tengo el altísimo privilegio de ser el único judío vicepresidente constitucional de la República. Por tanto mis sentimientos son claramente de identidad y gratitud al pueblo peruano.

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Hoy los peruanos ciertamente hemos superado etapas oscuras que por mucho tiempo significaron un oprobio y persecución para los nacidos en otras latitudes, de origen y religión judíos. Por nuestra mente han pasado los episodios migratorios judaicos, bíblicos y legendarios, que aluden a que los pueblos indígenas de América, incluidos los incas, descienden de una de las tribus perdidas de Israel, según reseña nuestro ilustre y más reconocido escritor judío, don Isaac Goldemberg, en la introducción al Álbum sobre el Eterno Retorno. También hemos vivido la inmigración ashkenazita, de principios del siglo XX, proveniente de Europa oriental, cuyos miembros radicaron en varios países de América y llegaron al Perú alrededor del año 1919. Aquellos padres y abuelos de

« ... hemos superado

etapas oscuras que por mucho tiempo significaron un oprobio y persecución para los nacidos en otras latitudes, de origen y religión judíos. »

muchos judíos peruanos tuvieron que huir debido a las persecuciones contra los judíos del Este europeo, especialmente en Ucrania. Los que mayormente llegaron fueron de Rusia, Polonia y Rumania, entre ellos mis propios padres, don Nathan Waisman y doña Blima Rjavinsthi. Ya en el Perú, de la unión de ambos nacimos mi hermano Jaime en el año 1935 y yo dos años después, no en Lima, sino en el norte del país, específicamente en Chongoyape, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Por los escasos recursos que tenían, muchos inmigrantes judíos tuvieron que ganarse el sustento mediante el mercadeo ambulatorio de una gran variedad de productos, incluso reciclados, lo que era toda una novedad para la época. Hoy muchos peruanos encuentran en dicha actividad el sustento para sus propias vidas y las de sus familias. Fue una laboriosa y muy creativa actividad típica de nuestra identidad judía. Así pues, en nuestra época, mi hermano y yo vivimos nuestros primeros años en un entorno sumamente difícil para todos los judíos. En Europa, los nazis iniciaban la más encarnizada persecución de la historia humana. En el Perú, por aquellos años, se vivían gobiernos que también expresaron una fuerte corriente antisemita. Pero fieles a nuestra característica, los judíos siempre hemos sacado fortaleza de las mayores dificultades y desgracias. En mi entorno familiar, por ejemplo, mi padre logró una

adecuada integración con el cariñoso pueblo norteño, con el cual se identificó mucho, tanto que los lugareños no tuvieron reparo alguno en aceptarlo como concejal entre los años 1933 y 1936. Como mi padre, muchos ashkenazitas con pocos recursos económicos también se ganaban la vida como mercaderes. Instituyeron el sistema de ventas a plazos, innovaron el mercado nacional con el mercadeo ambulatorio, desplazándose por las ciudades del país ofreciendo sus productos y vigorizando de esa forma la economía nacional. Por su parte, la inmigración sefardita, siempre según la reseña de Isaac Goldemberg, conformada por descendientes de los judíos expulsados de España y Portugal que llegaron al Perú también hacia la segunda década del siglo XX, provenía de territorios del antiguo imperio otomano; es decir, Turquía, Palestina (hoy estado de Israel), Egipto y Siria. Los inmigrantes sefarditas, como los ashkenazitas, no contaban con recursos económicos, y también se dedicaron al comercio ambulatorio. Igualmente muchos sefarditas se internaron en diferentes departamentos del Perú. Entre 1932 y 1942 se produce otra inmigración constituida por un grupo de refugiados de Alemania que lograron llegar al Perú huyendo de la oprobiosa persecución nazi. La presencia judía en el Perú tiene pues una historia de malos recuerdos, pero sobre todo, lo que interesa rescatar de cara

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« La presencia judía

en el Perú tiene pues una historia de malos recuerdos, pero sobre todo, lo que interesa rescatar de cara al futuro, son los importantes aportes realizados. »

al futuro, son los importantes aportes realizados. Se destaca por ejemplo la participación de judíos de origen marroquí-sefardí en la denominada “fiebre del caucho” y en el consecuente desarrollo de Loreto y de la Amazonia peruana. La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú fue creada en el año de 1938, gracias al virtuosismo de judíos inmigrantes de Alemania. El surgimiento en 1946 del colegio León Pinelo resultó ser un modelo de gestión educativa privada; su perfil educativo apuntó a la incorporación de valores culturales, espirituales y religiosos de la más alta calidad. El primer trasplante de corazón en el Perú se realizó en la clínica San Borja, propiedad de médicos judíos que dieron a sus colegas las facilidades y los adelantos técnicos para esta empresa.

Aprovechando este espacio, permítanme hacer algunas reflexiones sobre lo que es ser judío hoy. Permítanme unos segundos de meditación sobre lo que somos los judíos en el Perú y también algunas consideraciones sobre el futuro. Hasta ahora, hemos realizado una rápida revista a nuestra historia. ¿Pero cuál es nuestro futuro? ¿Qué es ser judío en el Perú? Isaac Goldemberg nos dice: Ser judío en el Perú es estar situado en la frontera, en el filo de la navaja. Es saberse heredero de una tradición que participa tanto del mito como de la historia. Es recordarse uno mismo hablando otro idioma, mirar las luces y las sombras del otro lado (…) Es reconocerse diferente, saberse distinto y, sin embargo, identificarse con el paisaje y las costumbres. Es estar continuamente en la línea de paso. Es haberse declarado en contra del concepto de frontera solo como un lugar de paso, sin identidad y sin cultura, sin permanencia y carente de sentido.

y pensamientos, debo citar a otro autor, Arthur Hertzberg, en el prefacio de su libro Los judíos, de Abraham a Woody Allen, escrito con Aron Hirt-Manheimer. Estoy profunda y apasionadamente convencido de que fui educado en la verdadera corriente mayoritaria, en el hogar de padres que amaban y valoraban a todo tipo de judíos y que aprendieron de su judaísmo. Que todas las personas son hijos de Dios. En los últimos años, esta tradición mayoritaria ha sido distorsionada por voces estridentes de la derecha religiosa, que insisten en que solo aquellos que pertenecen a su clase de religión son judíos verdaderos, y por voces de la izquierda, que aseguran que ser judío no requiere aprendizaje ni obligaciones, ya que el pasado es irrelevante para la nueva época. Casi todos los días oigo personas que me dicen que ser judío no es algo que les importe o, en el mejor de los casos, que es suficiente que se sientan judíos, aunque no sepan bien lo que significa.

Vaya que la definición es sumamente completa, pero a la vez compleja y controversial. Esa es justamente una de las características de la identidad judía. No por nada un viejo dicho expresa: “Dos judíos, tres opiniones“.

Hertzberg finaliza con la siguiente y muy dura expresión: “No puedo permanecer en silencio cuando los soberbios o los ignorantes insisten en asegurar que hablan en nombre del judaísmo”. Comparto sus inquietantes y filosóficos señalamientos, pero no puedo pasar por alto que;

Para acometer las reflexiones que humildemente deseo dejar en sus corazones

Los judíos somos un pueblo peculiar. Época tras época amenazaron con des-

aparecer y sin embargo persisten. Época tras época fueron pocos en cantidad, pero muchos para sí mismos y para sus enemigos. Época tras época sus creencias y valores desafiaron y a menudo irritaron a la sociedad mayoritaria. Época tras época un gran número de judíos fue asesinado o convertido a la fuerza o abandonó su fe por elección, pero son suficientes los que eligieron cargar con su otredad judía, para continuar con el viaje.

Nadie duda de que los judíos fueron los más creativos entre los pueblos chicos de la historia humana. Desde los profetas de la Biblia, los rabinos del Talmud y los poetas y filósofos de la Edad Media, hasta los escritores, músicos, científicos y académicos de la época moderna.

« Tenemos derecho

a ser diferentes y a que la cultura mayoritaria nos acepte tal como somos, igual que a otras minorías. »

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Los judíos fueron siempre llamativamente importantes en la historia espiritual de la humanidad. ¿Por qué es esto así? Sigue siendo un misterio. Algunos encontraron la respuesta en el destino que les asignó Dios; otros en la presión constante a la que fueron sometidos, casi siempre por los antisemitas. Nosotros encontramos la respuesta en la continuidad del carácter judío. Los judíos siguieron a Abraham insistiendo en su otredad, en ser diferentes. Según las épocas, los judíos fueron clasificados como una religión, una cultura, una nacionalidad, una clase, una raza o una combinación de todo esto. Tenemos derecho a ser diferentes y a que la cultura mayoritaria nos acepte tal como somos, igual que a otras minorías. Cualquier sociedad que no sepa convivir con los que disienten puede transformarse rápidamente en un campo de batalla. El antisemitismo y todo tipo de odio grupal desaparecerán solo cuando los pueblos estén dispuestos a aceptar como sus iguales a hombres y mujeres de culturas distintas. En la creencia judía es central la convicción de que, al final de los días, los judíos estarán presentes para experimentar los milagros y las maravillas de la llegada del Mesías. Esa esperanza de redención es la que nos da el coraje para seguir el viaje. Para el judío creyente siempre existe la promesa de un futuro mejor, y para los judíos no creyentes, que estuvieron en la vanguardia de todos los movimientos e

ideologías liberales, la pelea para construir una sociedad mejor es un acto de esperanza. ¿Y que hay del futuro judío? ¿En qué se diferenciará del pasado? Problemas profundos amenazan este futuro. Las facciones ortodoxas más vehementes están más peleadas que nunca con los elementos religiosos liberales del pueblo judío. Pero la esperanza se encuentra mirando la experiencia judía a través del lente de los autores rabínicos del Talmud. A ellos la cronología les era indiferente, consideraban todas las experiencias judías como contemporáneas. El pasado y el presente son uno, así como dios es uno. Importa poco quién precedió a quién, o quién vivió en qué época. Los justos y los malvados reaparecen en todos los tiempos. El bien y el mal no cambian y la pelea entre ambos continúa hasta el fin de los días. El presente solo tiene significado en cuanto reflejo de las resonancias de todos los pasados judíos. Las tragedias se repiten, pero la luz y la esperanza existen. Los creyentes judíos tienen una fe inquebrantable en la llegada del Mesías. En términos seculares, este drama del final de los días, una época de paz universal, es la mayor creación del espíritu judío. Pero ya sea centrada en dios o en los hombres, la idea mesiánica ha sido fundamental para la conciencia judía. Al final de los días surgirá un mundo brillante y una generación futura podrá

« Los justos y los

malvados reaparecen en todos los tiempos. El bien y el mal no cambian y la pelea entre ambos continúa hasta el fin de los días. »

experimentar esa época gloriosa. Mientras esa esperanza sobreviva, también lo harán los judíos. ¿Y qué decimos de la comunidad judía en el Perú? Durante décadas, sus integrantes fuimos fieles cultores del perfil bajo, nos mantuvimos con una exposición pública relativa, posiblemente asimilando las lecciones de centurias de persecuciones, matanzas y expulsiones a las que hemos sido sometidos. El Perú, conforme lo señala la historia, no ha sido extraño a las penurias que hemos pasado. Recordemos que acá se instauró el más grande poder político, económico y religioso del reino de España en las colonias. En el Perú funcionó el más grande virreinato de América y, de igual forma, operó la sede del Tribunal de la Inquisición, que de santo y justo no tenía nada.

En aquella época de oscurantismo e intolerancia, las persecuciones y actos criminales se realizaron no solamente contra las minorías étnicas y religiosas, sino incluso contra los propios cristianos. En el nombre de Dios y del Santo Oficio se cometieron abominables actos de barbarie, que aún hoy causan estupor y vergüenza a las conciencias dignas de la humanidad. Tenemos por ejemplo la quema vil e inhumana de muchos judíos. En las arterias limeñas perduran abominables nombres como la calle Judíos y la calle de los Quemados. Sin embargo, es absolutamente necesario dejar expresa constancia de que muchas de las penalidades pasadas por la comunidad judía no han venido del sentimiento del pueblo peruano. Ellas fueron iniciadas e incentivadas desde las esferas del poder político de turno y se aplicaron en muchos casos por una gran variedad de mezquinos intereses. Debe destacarse que el Perú tiene un pueblo digno y bueno. Esta tierra generosa ha dado acogida, como pocas en el mundo, a ciudadanos de origen y religión judía. La hospitalidad del pueblo peruano es y será siempre reconocida. Las nuevas generaciones de ciudadanos peruanos, de origen judío, pueden dar fe de que el pueblo no los distingue, ni re-

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chaza o margina y menos aún los persigue. Nuestra gratitud hacia esta tierra y hacia su pueblo no puede pues soslayarse de ninguna forma. Shalom Perú… Shalom pueblo peruano. Esta noble actitud, hermanos peruanos, es evidencia incontrastable de que nuestra gente es profundamente afectiva, acogedora y busca su desarrollo y la superación de la pobreza sin discriminaciones ni privilegios. Pero siempre debemos estar alertas, pues la experiencia de la historia nos enseña que en cualquier descuido, en cualquier pestañeo, las sombras de la opresión y de la barbarie pueden retornar al país. Por ello considero imprescindible que nos hagamos carne con las palabras que el destacado sociólogo judío peruano, don Julio Cotler, dijera en la presentación de la película Los últimos días: “La experiencia de la historia enseña al judío que no hay dictaduras buenas ni democracias malas. El judío jamás puede apoyar ninguna dictadura y jamás debería luchar en contra de un régimen democrático”. Los invito muy cordialmente a acompañarnos en este esfuerzo.

R o b e r t o

R o j a s

D á v i l a

La invisibilización de la población afroperuana

Desde su llegada a las Américas, el afrodescendiente estuvo destinado a ubicarse en la base de la pirámide estamental, a ser marginado y discriminado, a pesar de contribuir en las luchas por la independencia y de aportar de manera significativa a la construcción de las sociedades nacionales americanas. Esta discriminación histórica mantiene actualmente al 95% de los 150 millones de afrodescendientes de América Latina y el Caribe en situación de pobreza, lo que no es una realidad ajena a los descendientes de africanos en el Perú.

Sin embargo, la población afroperuana tiene una particularidad especial, gravísima consecuencia del racismo: se encuentra invisibilizada.

perioridad mental, física e incluso estética de la propia “raza”, y menospreciando y catalogando de inferiores a las personas de otras “razas”.

Los objetivos del presente artículo son realizar un análisis histórico de la exclusión de los afrodescendientes en la sociedad peruana, examinar su situación actual y plantear algunas propuestas de inclusión.

Históricamente las ideas de inferioridad racial surgieron desde la antigüedad, pero su concepción era diferente de la actual, no tenían como fundamento lo racial sino una conjunción de tres elementos, los cuales sirvieron de base para la esclavitud: la supremacía en la guerra, la diferencia étnica y la diferencia religiosa. Esta última fue la base de los estereotipos actuales y una muestra se dio en la época de la reconquista española, cuando la formación de una identidad nacional se consolidó teniendo como patrón común a la religión, persiguiéndose a todos aquellos que no profesaban el catolicismo, justificando la expansión y dominación como obra de evangelización de su fe.

La invisibilización No cabe duda de que nuestro principal “producto bandera” es Machu Picchu, una de las siete maravillas del mundo. No hay turista que nos visite y no vaya al Cuzco. Sin duda alguna, el Perú es visibilizado como un país con una cultura milenaria, en donde se realza la cosmovisión andina y se rememora la grandeza inca. Lo paradójico de esto es que la población andina ha sido y es excluida ancestralmente, siendo la más pobre dentro de su territorio. Sin embargo, los andinos no son la única población que ha sido objeto de marginación y de exclusión histórica, los amazónicos y los afroperuanos también lo son; no obstante, a los segundos los singulariza su invisibilización, que no es producto de la casualidad, sino consecuencia del racismo. El racismo fue concebido como un sistema político basado en el orgullo de ciertos pueblos, como pretexto perfecto de su imperialismo y como grosera excusa para perpetrarse en el poder; afirmando la su-

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Análisis histórico de la exclusión de los afroperuanos En el caso de los afrodescendientes, su supuesta inferioridad racial surge con la trata negrera; sin embargo, al iniciarse dicho crimen de lesa humanidad los portugueses entablaron una relación directa con los imperios africanos, reconociendo a sus reyes y a sus autoridades (Peralta, 1991: 15). Cuando los europeos vieron las enormes ganancias que les traería el negocio esclavista emplearon una serie de artimañas para sustentar su dominación, argumentando la superioridad de su “raza”

sobre la base de la existencia de dos grupos definidos: los dominados y los dominantes. Así, los afrodescendientes no serían considerados hombres por muchos siglos. Es en la colonia donde empiezan a cimentarse los prejuicios y se consolidan los estereotipos en torno a los afrodescendientes. Se tenía la presunción de que eran brutos, sucios, delincuentes, vigorosos, lujuriosos y salvajes; eran considerados como animales que actuaban por instinto, que no podían razonar. Los esclavistas no tenían una visión analítica sobre su situación, fueron los colonizadores quienes los llevaron a esas condiciones para poder seguir dominándolos, para que se mantuvieran sumisos y no ocasionaran revueltas. Los españoles y los criollos tenían terror de que los descendientes de africanos se levantaran y tomaran el mando de las ciudades. El miedo los llevó incluso a crear leyes para evitar que los “negros” portaran armas (Villalobos, 1682). En el contexto de la lucha por la independencia, antes de la llegada de San Martín al Perú, ya se habían dado algunas revueltas de criollos con ayuda de los esclavizados, demostrando que ellos también buscaban ser libres; pero fueron los primeros quienes crearon e interiorizaron en los segundos su concepto de libertad, creyendo que la emancipación de la tiranía española iba a traer como consecuencia la ansiada liberación. El 12 de agosto de 1821, días después de la proclamación de nuestra indepen-

dencia, San Martín dictamina la libertad de vientres para todos los hijos de esclavos que hubieran nacido en el Perú a partir del 28 de julio de ese año; menos de cuatro meses después, el 6 de noviembre, decreta la libertad de los esclavos que fueran propiedad de españoles emigrados; el 24 de ese mes rompe su postura abolicionista progresiva, decretando que aquellos favorecidos por la famosa libertad de vientres fueran entregados en patronato a los amos de sus madres: las mujeres hasta los 20 años y los varones hasta los 24, persistiendo su condición de esclavitud; incluso los niños “libertos” podían ser adjudicados a otros amos.

« Los españoles y

los criollos tenían terror de que los descendientes de africanos se levantaran y tomaran el mando de las ciudades. »

Pero esta práctica no solo fue ejercida por San Martín sino también por otros libertadores de Sudamérica como Bolívar quien, a pesar de tener sangre africana en sus venas (Madariaga, 1951) y de utilizar también a afrodescendientes como carne de cañón1, decretó en 1831 que los libertos fuesen considerados esclavos hasta la edad de 21 años. Para 1839, el Congreso Constituyente de Huancayo prolongó el patronato sobre libertos hasta que estos cumplieran 50 años, condenándolos implícitamente a morir como esclavos (Aguirre Ramírez, 1993: 187-190). La libertad de vientres, “buenamente” otorgada por San Martín, no fue más que un vil engaño a los esclavizados, quienes lucharon por la independencia del Perú y soñaron con un futuro de libertad para sus hijos; por el contrario, siguieron siendo humillados y excluidos por los criollos, libres ya del yugo español. Años más tarde, cuando se da la abolición de la esclavitud, se logra la tan ansiada libertad del afrodescendiente, aunque no prevista como tal, pues había sido encauzada netamente por el contexto histórico y por las motivaciones políticas, como lo establece Roger Bastide: “esa libertad

dejó desamparado al negro, este tuvo que huir de las haciendas a la ciudad, sin haber aprendido un oficio que le permitiese amoldarse a una nueva vida” (Bastide, 1969: 180-184). La inédita situación legal de los esclavizados acarreó condiciones de pobreza y exclusión, muchos de ellos tuvieron que volver a sus ex haciendas para trabajar bajo la modalidad de jornaleros; incluso en varias de ellas, alejadas de las grandes ciudades, se mantuvo la esclavitud mucho tiempo después de ser abolida. Es evidente que la situación de los afrodescendientes no cambió tras la abolición. Los ex esclavizados no pudieron acondicionarse de la mejor manera a su nuevo estatus legal porque no habían sido capacitados en ningún oficio que les permitiera insertarse en la sociedad; sin considerar todas las trabas que esta les impuso por su antigua condición. Los únicos que obtuvieron grandes ganancias fueron los dueños de esclavos que recibieron jugosas indemnizaciones, mientras que estos no tuvieron ni siquiera la oportunidad de poseer una parcela de tierra. Después de hacer un análisis del contexto de la abolición y de sus consecuencias, llegamos a la misma conclu-

1 Emilio J. Corbière, director de Bibliopress, publicación de la Biblioteca del Congreso de la Nación Argentina, expresó lo siguiente: “Fueron esos negros los que nutrieron con su sangre y sacrificio a los ejércitos libertadores, y San Martín reconocerá el valor de esas tropas y también el ambiente racista de la época, ya que no logró reunir los batallones negros con los de ‘mulatos’ y ‘blancos’. Los negros esclavos morirían en la lucha de la Independencia ‘por separado’, es decir, en riguroso apartheid” (octubre-diciembre de 2001).

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sión que Denys Cuche: “La abolición de la esclavitud fue una ‘revolución’ hecha por el blanco y para el blanco” (Cuche, 1975: 29). En el proceso se dejó de lado al actor principal de dicha gesta, el afrodescendiente; se le abandonó a su suerte, se le satanizó, se le excluyó, se le discriminó y se le colocó en una penosa situación de pobreza y de ignorancia, manteniéndolo en la base de la pirámide estamental. Algunos años después de la abolición de la esclavitud, la situación del afrodescendiente se pretendió oficializar debido a la influencia del determinismo francés, el cual establecía “fundamentos” para las diferencias raciales, estigmatizando a los descendientes de africanos. En este contexto surge la figura del francés Joseph Gobineau, quien en su obra Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas impuso mediante argumentos absurdos su “teoría” de superioridad de la raza aria. Para inicios del siglo XX, las teorías racistas adquirieron mayor ímpetu dentro de la sociedad peruana, apareciendo en el país pensadores adscritos a esta mentalidad como Bartolomé Herrera, Juan de Arona, Alejandro Deustua y el “célebre” Clemente Palma, quien llegó a realizar una tesis universitaria cimentando las ideas racistas, recibiéndose incluso con honores. Hasta José Carlos Mariátegui, el padre del socialismo peruano, excluyó a los afroperuanos de de su lucha social.

Situación actual de la población afroperuana Han transcurrido más de 500 años desde el inicio de la trata negrera y 153 de la abolición de la esclavitud en el Perú; sin embargo, se mantienen en esencia los esquemas culturales de la colonia, se sigue encasillando, estereotipando, animalizando, pisoteando la dignidad de las minorías étnicas, y en concreto la de los afrodescendientes. Lo más lamentable de esta discriminación y de esta exclusión histórica es que ningún gobierno ha tomado en cuenta dentro de sus políticas públicas a los afroperuanos –quienes siguen en condición de dominados–, potenciando en muchos casos los estereotipos, no respetando sus derechos humanos y, específicamente, los económicos, sociales y culturales. En el Perú el cumplimiento de estos derechos parece imposible por los problemas que lo afectan, como el aumento de la pobreza, que no solo es producto de la pésima redistribución de la riqueza, ni de la deuda externa, sino también del terrible mal de la corrupción. Todos estos factores y otros más traen como resultado que las poblaciones más pobres del país se mantengan en situación de pobreza y exclusión social, siendo la afroperuana una de las más perjudicadas. En el año 2006, con ocasión del funeral del ex presidente Valentín Paniagua, se pudo observar a afrodescendientes en las funciones de cochero y cargadores. Esto nos permite afirmar que a pesar de haber

transcurrido más de un siglo desde la abolición de la esclavitud en el Perú, sus propios gobernantes conservan en esencia los esquemas culturales de la colonia. La existencia de la discriminación laboral en el país es evidente: para un afroperuano es muy difícil encontrar empleo, los avisos clasificados tienen ciertos parámetros discriminatorios, desde el absurdo requisito de buena presencia o el ilógico pedido de currículo con foto reciente. Nos preguntamos: ¿cuál es el criterio para determinar si una persona tiene o no buena presencia? Es innegable que al ser un país occidental, los patrones de belleza utilizados son occidentales. Para la mayoría de peruanos, una persona blanca, delgada, alta y de ojos claros tiene buena presencia. Esto se refleja cotidianamente en los medios de comunicación: en las novelas los protagonistas son “blancos”; en la publicidad una persona exitosa es representada por una con rasgos occidentales. ¿Por qué se necesitaría una foto en el currículo? ¿No se supone que se debe evaluar las capacidades del trabajador y no su aspecto físico? ¿Por qué un estudio de abogados requeriría fotografía reciente en sus ofertas laborales?2. Es preocupante el desempleo entre los afroperuanos y, lo

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cotidianamente en los medios de comunicación: en las novelas los protagonistas son “blancos”; en la publicidad una persona exitosa es representada por una con rasgos occidentales. »

que es peor, el 39.3% de ellos se encuentra fuera de la PEA (Benavides, Torero y Valdivia, 2006: 30-32). Existe otro factor de la discriminación laboral que es real: lamentablemente la mayoría de afroperuanos no está capacitada para desempeñar un cargo de mayor “relevancia”, como consecuencia del abandono en su formación educativa por parte de los gobiernos, afectando su derecho a la educación ya que, por su misma situación de pobreza, el nivel educativo que recibe es inferior al otorgado a otras esferas sociales. Solo el 27.9% de afrope-

2 En la sección “Empleos” de los días domingos del diario El Comercio de Perú es habitual que las ofertas laborales tengan estos criterios discriminatorios, a pesar de que van en contra de la Ley 26772, modificada por la Ley 27270, Ley contra actos de discriminación, la cual establece que las ofertas de empleo no podrán contener requisitos que constituyan discriminación.

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ruanos tiene acceso a educación secundaria completa y apenas un 1.9% a educación superior (Ibíd.: 33-34). Dentro de un sistema que impulsa la competitividad, si un profesional no tiene postgrado, maestría o doctorado, sus posibilidades de encontrar un empleo que le permita tener un estándar adecuado de vida serán reducidas. El Estado peruano no ha hecho nada al respecto, violando así el derecho a la educación de los afroperuanos. También su derecho a la salud ha sido quebrantado absolutamente por todos los gobiernos, ninguno ha creado políticas de salud específicas para afrodescendientes, desconociendo enfermedades recurrentes de nuestro grupo étnico como la anemia falciforme, la hipertensión arterial, la diabetes y el glaucoma. Obviamente, por la situación de pobreza en que se encuentra este pueblo, son pocos los descendientes de africanos que acceden a la seguridad social, violándose así otro más de sus derechos elementales3.

El derecho a la vivienda es otra opción negada para el pueblo afroperuano. Hasta el momento, en los programas habitacionales, no se le ha tomado en cuenta y el acceso a sus distintas modalidades le resulta imposible, teniendo que conformarse con vivir en las zonas más pobres del país, en lugares tugurizados y en condiciones infrahumanas4. Otro problema de los afroperuanos es que los servicios básicos de agua y desagüe casi no existen en los lugares donde residen. Solo algunos han logrado acceder a ellos por su propio poder adquisitivo y no por programas estatales. Las zonas donde habitan suelen ser aquellas donde las industrias realizan sus actividades libremente, emanando gases tóxicos y violentando su derecho a vivir en un medio ambiente sano, poniendo en práctica de hecho una discriminación ambiental5. El artículo 2, inciso 19, de la Constitución Política del Perú de 1993 establece que: “Toda persona tiene derecho: A su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y pro-

3 El derecho a la salud es un derecho reconocido a nivel internacional: en el artículo 25.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; en el artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”. 4 En Lima Metropolitana y en el Callao, la mayoría de la población afroperuana vive en distritos y en zonas populares como Barrios Altos, La Victoria, San Martín de Porres, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Breña, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Barracones y Corongo. 5 Comunidades afroperuanas como Yapatera, Capote, San Regis, El Guayabo, no obstante ubicarse a minutos de ciudades como Piura, Chiclayo y Chincha, no cuentan con redes públicas de agua y desagüe.

« Lo más grave

de todo es que el cambio no significó la inclusión de jóvenes afroperuanos dentro del Plan Nacional de Juventud » tege la pluralidad étnica y cultural de la Nación” (Landa y Velazco, 2001: 21). Es evidente que la mayoría de afroperuanos no puede ejercer dicho derecho porque no tiene acceso al conocimiento de su historia, pues esta no se halla incluida dentro de la historia “oficial” del Perú. Por tanto, se encuentran impedidos de desarrollar una identidad étnica y cultural, contraviniendo su derecho a esta. Este análisis sobre la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los afroperuanos nos lleva a una profunda reflexión. En primer lugar, advertir

que a pesar de haber transcurrido 153 años desde la abolición de la esclavitud, siguen en la misma situación de pobreza y exclusión, y sus derechos más básicos no han sido ni son respetados por los gobiernos; en segundo lugar, que los afroperuanos son solo un sector de la población que sufre las consecuencias del racismo, concepto dentro del cual las vidas de unos tienen mayor valor que las de otros. El Estado peruano tiene la obligación de fomentar la igualdad ante la ley y la igualdad de trato. Sin embargo, han pasado cuatro años desde la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), y ninguno de los dos gobernantes en ese lapso (Toledo y García) ha adoptado medidas para empezar a cumplir con sus recomendaciones. De otro lado, el Consejo Nacional de la Juventud (CONAJU), ahora Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ), excluyó a los jóvenes afroperuanos del Consejo de Participación de la Juventud (CPJ), habiendo representantes de comunidades campesinas, de comunidades nativas y hasta de organizaciones deportivas. Lo más grave de todo es que el cambio no significó la inclusión de jóvenes afroperuanos dentro del Plan Nacional de Juventud6.

6 Artículo 35 del Reglamento de la Ley 27802, Ley del Consejo Nacional de la Juventud: En el CPJ

están representados los jóvenes desde los 15 hasta los 29 años de edad inclusive; de los partidos políticos; de las asociaciones u organizaciones juveniles constituidas; de las universidades públicas y privadas; de los institutos superiores tecnológicos y pedagógicos públicos y privados; de los centros educativos secundarios; de las comunidades campesinas; de las comunidades nativas; de la población con discapacidad y de las organizaciones deportivas.

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Cuando se le preguntó respecto a esta situación a un representante del CONAJU –que había acudido como ponente al Encuentro de Jóvenes Afrodescendientes de América del Sur: Camino a la Conferencia Regional de las Américas sobre los avances y desafíos en el programa de acción contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, realizado en junio del 2006– respondió que podrían incluir a los jóvenes afroperuanos dentro de la denominación de nativos, contestación totalmente errada que pretendía “arreglar” la exclusión de que eran objeto, no reconociéndose su especificidad. Cabe destacar que, a la fecha, el CPJ está desactivado. Una situación parecida ocurrió en el I Taller Nacional Interétnico: Evaluando avances en la lucha contra el racismo y la discriminación en el Perú, realizado en septiembre del 2006, en donde el representante de la Defensoría del Pueblo no tuvo argumentos para explicar el porqué la entidad tiene una adjuntía de comunidades nativas y no una similar para los afroperuanos. Esto es una muestra de que los afroperuanos son invisibles para la mayoría de los funcionarios del Estado. La cuestionada Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (CONAPA), luego Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA), parecía ser la institución pública en donde podrían obtener la an-

siada canalización de sus propuestas, pero las desatinadas decisiones políticas y el paupérrimo presupuesto asignado, tanto por el gobierno anterior como por el actual, hicieron que no se consiguiera ningún tipo de resultado para el desarrollo de este pueblo en el Perú. Si a esta situación le sumamos la absorción del INDEPA por parte del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) en el gobierno actual, primero quitándole su calidad de oficina pública desconcentrada y luego devolviéndole tal calificación, es evidente que no existe una voluntad política seria y que no se han generado verdaderos cambios. Si no se realiza una modificación radical de las políticas públicas destinadas a los afrodescendientes, estos seguirán en el mismo estado de ex-

« ... el representante

de la Defensoría del Pueblo no tuvo argumentos para explicar el porqué la entidad tiene una adjuntía de comunidades nativas y no una similar para los afroperuanos. »

clusión y pobreza que arrastran desde la época colonial. Algunas propuestas para la inclusión de los afroperuanos La creación de políticas públicas que impulsen el desarrollo de estos pueblos es urgente y resulta lamentable que a pesar de haber ratificado numerosos tratados de derechos humanos, el Estado peruano los incumpla reiteradamente, porque nunca ha procurado impulsar la verdadera inclusión, utilizando siempre a estas poblaciones con fines netamente políticos. Entre estos instrumentos internacionales, que profundizan en los acuerdos establecidos para la eliminación de la abominable discriminación racial, podemos mencionar la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, la Primera Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, la Segunda Conferencia Mundial para Combatir el Racismo y la Discriminación Racial, la Conferencia Regional de las Américas, y la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexas. Otros estados de la región cumplieron con sus obligaciones internacionales, observándose avances significativos en la lucha antidiscriminatoria, contrariamente a la parsimonia del Estado peruano al res-

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pecto. Producto de nuestra investigación descubrimos que Brasil y Colombia son los países que más han trabajado en este tema en el ámbito latinoamericano. El primero cuenta con una secretaría especial, de rango ministerial, para la promoción de la igualdad racial; además de emprender acciones afirmativas para lograr sacudirse de la desigualdad social existente, poniendo mayor énfasis en la población afrobrasileña que representa el 54% de la población total. De ese porcentaje, el 64% se encuentra en situación de pobreza. Por su parte Colombia incorporó en su Constitución mecanismos firmes para lograr eliminar la discriminación racial, siendo sin duda el más importante la denominada Ley 70, que otorga el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras, el uso de la tierra y protección de los recursos naturales y del ambiente, los mecanismos para la protección y desarrollo de los derechos y de la identidad cultural, así como el planeamiento y fomento del desarrollo económico y social de las comunidades negras colombianas. Lamentablemente, el drama que vive el pueblo colombiano por el conflicto armado interno hace que esta ley no pueda ser aplicada integralmente. Siguiendo esta tendencia, el Perú penalizó la discriminación mediante la Ley 27270, Ley contra Actos de Discriminación, del 29 de mayo del 2000, incorporando al Código Penal el artículo 323 que establece la prohibición de todo tipo de discrimina-

ción, previendo la sanción de prestación de servicios a la comunidad para los infractores. Dicha norma fue modificada el 9 de agosto del 2006, mediante la Ley 28867, realizando una serie de cambios para “mejorar” el mencionado artículo, precisando que la discriminación es una acción realizada “con el objeto de anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos de la persona”. Sin embargo, la modificación primordial ha sido la elevación de las penas. Ahora la condena por discriminación va de dos a tres años, pudiendo llegar hasta cuatro cuando se emplea violencia física o mental o el agente es funcionario público. Cabe destacar que se han ampliado además las causales de discriminación, entre otras: edad, filiación, discapacidad, opinión política, condición económica e identidad étnica y cultural. Particularmente consideramos que elevar las penas no cambiará en nada la situación de discriminación y racismo existente en el país. En primer lugar porque ni discriminadores ni discriminados saben lo que es la discriminación y, más aún, en la mayoría de casos no son conscientes de ella, la tienen tan interiorizada que piensan que es algo natural. En segundo lugar porque no existe una cultura de denuncia en el país y mucho menos de la discriminación, ya que para muchos es humillante reconocer que han sido discriminados; una muestra de ello es la escasa cantidad de denuncias recibidas al respecto ante la

Defensoría del Pueblo (2007: 102-106). En tercer lugar porque el problema de la discriminación no se resuelve con medidas represivas, son necesarios cambios estructurales para poder eliminarla. Lamentablemente los legisladores y la mayoría de los “defensores de los derechos humanos” no quieren darse cuenta de la realidad de este problema, prefiriendo el facilismo e incidir en lo meramente mediático, Ni esas acciones ni el aumento de las penas harán que existan menos discriminadores ni menos discriminados. Aunque se generen leyes antidiscriminatorias, el racismo asolapado característico de la sociedad latinoamericana continuará perenne. Conviene tomar en cuenta que las leyes son la última ratio, que no sirven si no se dispone de mecanismos idóneos para lograr que las personas tomen conciencia de que el problema de la discriminación es estructural y que lo debemos solucionar en todos los niveles. Es por ese motivo que planteamos algunas propuestas para atacar la discriminación estructural que viven los afroperuanos. En primer lugar planteamos que el Estado incluya en sus censos el denominador etnia, siendo los censadores los propios integrantes de la comunidad, ya que existe una resistencia a reconocerse como afrodescendiente por el constante bombardeo de información en contra. Cabe destacar que en el Perú, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial hicieron un censo aproximado

de la población afrodescendiente en el país, además del realizado por el Centro de Desarrollo Étnico (CEDET), que estimó una población de 2 millones 500 mil descendientes de africanos en toda la costa peruana. En segundo lugar, estamos totalmente convencidos de que se debe realizar una reestructuración en el currículo educativo, planteándose desde un inicio, en los cursos de ciencias naturales, la no existencia de razas humanas, tomando como referentes los estudios genéticos que demuestran que en el ADN humano las diferencias físicas están determinadas por el 0.05% de este. Otro punto que se debe enseñar es cómo se generaron las diferencias físicas en los seres humanos; en lo histórico insertar los aportes realizados a la humanidad por los africanos y los aportes de los afroperuanos

« ... crear un código

de ética para los medios de comunicación con el propósito de sancionar cualquier acto discriminatorio hacia cualquier minoría. »

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en la historia “oficial” del país; en lo que respecta a las ciencias sociales establecer el reconocimiento y la revaloración de las minorías étnicas que conviven en el país. En tercer lugar, realizar estudios médicos en la población afroperuana, con el fin de determinar las enfermedades más recurrentes en dicho grupo; esto con el objetivo de informar –tanto a los afrodescendientes como a las entidades de salud– sobre la posibilidad genética de algunas de estas afecciones. Dentro de la problemática sanitaria, promover la elaboración de programas de saneamiento en las comunidades afroperuanas que no cuentan con el servicio de agua potable y desagüe. En cuarto lugar, crear un código de ética para los medios de comunicación con el propósito de sancionar cualquier acto discriminatorio hacia cualquier minoría. Todos somos testigos de cómo estos medios sirven potencialmente a la reafirmación de los estereotipos, causando obviamente su permanencia. En quinto lugar, el Estado peruano debe cumplir con los tratados internacionales contra la discriminación racial, acatando los puntos firmados y ratificados, siendo su primera tarea la creación de medidas afirmativas –uno de cuyos beneficiarios sería, naturalmente, el pueblo afroperuano– que busquen establecer un trato diferenciado a favor de grupos que se encuentran en una evidente situación de marginación y exclusión social, con el fin de que dichas desigualdades sean eliminadas paulati-

namente. Estas medidas deben ser plasmadas en todos los ámbitos: educativos, laborales, políticos, culturales, sanitarios, económicos, etc.

existencia de un verdadero movimiento afroperuano, que exija el cumplimiento de un marco normativo y de políticas públicas a su favor.

Conviene enfatizar que antes de llevar a cabo dichas medidas se deben efectuar diagnósticos interdisciplinarios para generar políticas públicas idóneas destinadas específicamente al pueblo afroperuano, ya que si bien comparte la misma situación de discriminación y exclusión con otros pueblos históricamente discriminados, sus realidades son distintas en muchos aspectos.

Es necesario reconstruir y consolidar el movimiento afroperuano porque a pesar de 20 años de trabajo adolece de inmadurez política. Según el licenciado John Thomas III, esta inmadurez se debe a la existencia de debilidades en el movimiento que pueden ser atribuidas fundamentalmente a tres factores: el desaliento de la sociedad civil afroperuana durante el gobierno fujimorista, la falta de una historia de organización en las comunidades negras y la carencia de una definición clara de una identidad negra en el Perú (Thomas, 2005).

Para visibilizar y efectivizar estas recomendaciones el Estado peruano debe incluir en su Constitución el reconocimiento del pueblo afroperuano, así como medidas que conlleven a generar una igualdad real en todo aspecto, creando además un organismo público que se dedique a los estudios y a la realización de tales medidas. Estos son algunos planteamientos para que los afroperuanos logren la tan ansiada igualdad, la cual se ve pisoteada por el mantenimiento de patrones culturales coloniales, por la indiferencia de los gobiernos y por los mismos afroperuanos, pues muchos de ellos se han creído el cuento de que son inferiores al grupo de poder y que no tienen la capacidad de exigir sus derechos. En sexto lugar, creemos que también se debe instar a los afrodescendientes de Perú a cumplir con su función. Es en ese sentido que consideramos primordial la

Particularmente, consideramos que se le deben sumar dos factores: el primero es la existencia de “líderes afroperuanos” que por su personalismo y ambición se aprovechan de las personas de la comunidad y lucran a costa de estas; el segundo es la falta de un discurso político que permita generar propuestas a los partidos y a los gobiernos. En conclusión: es vital que estos puntos sean tomados en cuenta por el Estado peruano y no solo orientados a los afroperuanos, sino también a las demás minorías étnicas que sufren la marginación y la exclusión histórica como consecuencia del racismo. Al lograr una verdadera igualdad social, que incluya la revaloración de los aportes de

las minorías étnicas del Perú, se podrá consolidar una democracia real y obtener la tan anhelada identidad nacional, la cual servirá como el motor que impulse el desarrollo del país; en donde la tolerancia y el respeto sean los ejes medulares de una sociedad justa e inclusiva, en donde todos sus habitantes estén orgullosos de ser peruanos. Referencias Aguirre Ramírez, Carlos 1993 Agentes de su propia Libertad: esclavos de Lima y la desintegración de la esclavitud 1821-1854. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 0Bastide, Roger 1969 Las Américas negras. Madrid: Alianza Editorial. 0Benavides, Martín, Máximo Torero y Néstor Valdivia 2006 Pobreza, discriminación social e identidad: el caso de la población afrodescendiente en el Perú. Lima: Banco Mundial. 0Cuche, Denys 1975 Poder blanco y resistencia negra en el Perú. Lima: Instituto Nacional de Cultura.

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Defensoría del Pueblo 2007 La discriminación en el Perú: Problemática, normatividad y tareas pendientes, primera edición. Lima. Landa Arroyo, César y Ana Velazco Lozada 2001 Constitución Política del Perú de 1993, sexta edición. Lima: Fondo Editorial de la PUCP. Madariaga y Rojo, Salvador de 1951 “Ensayo histórico: Bolívar”. www. simon-bolivar/bolivar/yo_lo_ conoci.html Peralta Rivera, Germán 1991 Los mecanismos del comercio negrero. Lima: Editorial Kuntur. Thomas, John 2005 La sociedad civil afro-peruana: un análisis desde 1980 hasta el presente. México: Fondo de Cultura Económica. Villalobos, Juan de 1682 “Manifiesto que a su Majestad (que Dios Guarde) sobre la introducción de Esclavos Negros en las Indias Occidentales, impreso en Sevilla”. En: CD-ROM Afroamérica. Textos históricos. Enriqueta Vila Vilar. Colección Clásicos Tavera.

S u s a n a

B a c a

Ser militantes del respeto a los derechos humanos ¿Considera que hay diferencias raciales en nuestro país? Sí, por supuesto. No haces más que viajar al interior del país y ves la pobreza, pueblos abandonados, campesinos que tienen que rematar sus productos para sobrevivir. Las no mejoras en los servicios de salud y educación de esos pueblos son, para mí, signos de segregación (los componentes sociales y raciales de esos pueblos son campesinos pobres que vienen de los Andes y negros de la costa). ¿Alguna vez ha sentido rechazo a su música por ser de origen afroperuano? He sentido esa diferencia cuando han invitado a tocar a un pianista o a un violinista y le han preguntado por el monto de sus honorarios, mientras que siempre han querido que toquemos gratis porque piensan que no merecemos ser pagados por algo que el común de la gente considera nuestra gracia. Algunos sellos discográficos del Perú me han marginado por cantar poesía y música afroperuana.

¿En base a su experiencia en el extranjero siente que afuera tiene mayor reconocimiento?

así que cada año soy convocada para más conciertos en diversos países.

Bueno, en un principio sí. No olviden que mis primeras grabaciones salen bajo el sello Pregón, creado por Ricardo Pereira, mi mánager. Fue el primer sello alternativo en el Perú, justamente para difundir a músicos que eran marginados por las grandes disqueras. Estas opinaban que no debía cantar poesía y música afroperuana porque eso no vendía. Es entonces cuando salgo al exterior y en los años ochenta me difunden en las radios en Europa, sobre todo en Alemania y Holanda. Ya en 1995 empieza el contacto con David Byrne y su sello Luaka Bop, a partir precisamente de un poema con música afroperuana que había cantado mucho en el Perú, en los barrios, en los comedores populares, etc. Se propala mi música en todo el mundo y me hago conocida en el extranjero. Después del Grammy es cuando he tenido un reconocimiento masivo aquí, pero así y todo el común de la gente no sabe lo que canto, tengo muy poca difusión en las radios, con excepción de algunos programas.

En el extranjero es más conocida nuestra imagen indígena. ¿Encontró obstáculos por ello?

Sabemos que ha difundido la cultura afroperuana en el extranjero. ¿Cómo ha sido recibida? He sentido el orgullo de haberme presentado en escenarios muy importantes del mundo y haber expuesto en ellos mi herencia musical y su proyección hacia el futuro. La aceptación es muy buena, tal es

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En un principio, en Alemania, anunciaban: “Susana Baca y grupo. Música peruana”. El público esperaba tres músicos andinos y salíamos a escena tres negros. La gente se asombraba, terminaba el concierto y teníamos que dar casi una conferencia sobre la presencia de los africanos en el Perú. Tenemos entendido que usted trabaja por recuperar tanto la música como la tradición afroperuana. ¿Considera que no hay una identidad formada al respecto en nuestro país? He trabajado toda mi vida en recuperar la memoria del aporte de los afroperuanos a la cultura peruana. Primero por la curiosidad de saber de mi pasado. Empecé preguntándole a mi madre y luego a mis tías, para después recorrer los asentamientos de pueblos de la costa donde se desarrolló la cultura afroperuana. Recabé mucho material para mi trabajo musical y, con la idea de guardar esos testimonios, Ricardo Pereira creó el instituto Negrocontinuo, para el desarrollo de la música y de la danza. Este instituto posee una biblioteca, documentos y registros sonoros que han sido consultados por estudiosos peruanos e internacionales.

Todo este proceso me ha ayudado a encontrar mi propia identidad y creo que ha servido para que otras personas también lo hagan. Poco a poco hemos contribuido a esto. Y aún falta mucho por hacer. Es necesario reconocer el aporte de todos los que han contribuido a la formación de esta nación, de tal manera que la gente sienta orgullo de su identidad y de su diversidad. ¿Siente que su lucha de tantos años ha dado frutos? Años atrás solo figuraban los negros como futbolistas o músicos, pero ya tenemos ejemplos de políticos y, en el caso de nuestra casa de estudios, contamos con egresados que pertenecen a esta comunidad y son reconocidos en su ámbito. Sí, por supuesto. Es muy importante reconocer el aporte de los personajes de las comunidades afroperuana, indígena y amazónica, para que la juventud que pertenece a ellas siga su ejemplo y el Perú se integre, internamente, de una vez por todas. En la comunidad afroperuana se reconoce a muchos que, desde su trabajo personal, destacan como profesionales: músicos, científicos, deportistas, etc. Lo importante es eliminar el prejuicio de asociar, por ejemplo, a negros con maleantes, a andinos con terroristas o a amazónicos con borrachos y belicosos.

« ... reconocer el aporte

de los personajes de las comunidades afroperuana, indígena y amazónica, para que la juventud que pertenece a ellas siga su ejemplo y el Perú se integre... » Sabemos que estudió en la Universidad de La Cantuta. ¿Se sintió allí discriminada o relegada por alguna razón? Nunca. En La Cantuta siempre estuvo representado todo el Perú, allí conocí gente de la sierra y de la amazonía. Jóvenes destacados en sus regiones que eran seleccionados para estudiar becados. Yo llegué a la universidad con mucha curiosidad y tuve la oportunidad de visitar todos los rincones del Perú en las vacaciones. Desde el rectorado, que en aquella época estaba a cargo del doctor Juan José Vega, se promovían los viajes nacionales y el intercambio de estudiantes. Así conocí mi país y me hizo mucho bien para mi desarrollo como persona, como profesional y como peruana.

Más bien en la escuela primaria y en la escuela secundaria me han discriminado, hasta ahora tengo el recuerdo y me duele. El ritmo afroperuano es difícil de aprender y de tocar. ¿Esto llegó a ser un impedimento en algún momento de su carrera en el extranjero? Sí, es un ritmo difícil. En mis discos han colaborado músicos de gran talla como Marc Ribot, John Medeski y el propio David Byrne. He tenido que bailar para que ellos apreciaran mejor el ritmo. Tenían mucha curiosidad y se dejaron atrapar por él. Yo podía percibir que se sentían muy felices de interpretarlo en los conciertos y giras que hicimos. No creo que haya habido ningún impedimento porque el público siempre se conecta. Hemos logrado, sin hacer concesiones, que todos disfruten de nuestra música. En algún momento de nuestra historia la iglesia prohibió los bailes de los negros. ¿Qué se siente leer acerca de esto y saber que es una lucha ya ganada? Es que en la antigüedad la religión católica tuvo miedo de que la gente disfrutara tanto, lo consideraban cosa del demonio. Hoy puedes ir a algunas misas y no resulta nada raro escuchar un festejo religioso. Pero todavía en algunas iglesias no saben que a Dios le encantaría una celebración de misa en la que la gente

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bailara y cantara, son expresiones del espíritu que no se deben prohibir, como el gospel de los afroamericanos. Asistí a una presentación de este género en Chicago y por supuesto que Dios estaba ahí. La historia de los afroperuanos es casi una historia inexistente, pues no se encuentran grandes datos sobre ellos. ¿Qué opina de esto? Nosotros la llamamos la historia silenciada y comprobé, mientras preparaba mi disco América a golpe de tambor (1991), que no solo se daba aquí. Lo mismo ocurría en otros países de la diáspora. Actualmente se está reconociendo mucho más. Por ejemplo, en Argentina no aceptan que el tango tenga orígenes negros, y solo recientemente, hace algunos años, se han publicado libros sobre la presencia de los negros en Argentina; un poco antes en México. En Venezuela hay muy poca documentación. Del fuego y del agua es un trabajo que la llevó a recorrer gran parte de nuestro territorio en busca de sus raíces. ¿Qué nos puede comentar de esa experiencia? Fue un trabajo pleno de satisfacción para mí, pero también de mucha tristeza, al comprobar que muchos artistas populares se habían muerto sin siquiera entregar su herencia. Luis Roca me presentó en Zaña al señor Medardo “Tana” Urbina,

el último tocador de calabaza (llamada también checo, instrumento que usaron antiguamente los afroperuanos). Él nos enseñó cómo se tocaba, lo grabamos y el percusionista Hugo Bravo aprendió de esta grabación. A los dos meses regresamos a Zaña para mostrar lo aprendido pero don “Tana” había muerto, nos entregó su herencia y se murió. ¿Qué debemos hacer para que en el Perú se respeten los derechos humanos de todos los peruanos sin exclusión alguna? Necesitamos gente convencida de militar por el respeto a los derechos humanos en el Perú y en el mundo. Gente que sea vigilante de que se respeten estos derechos y que enseñe a los más desvalidos que son personas que tienen derechos. Recuerdo cuán importantes fueron los foros de ciudadanía que se dieron en el Perú. A través de la enseñanza en las escuelas se puede formar a las nuevas generaciones para que nunca nos vuelva a ocurrir lo que pasó en los años del terrorismo y la respuesta desmedida de las fuerzas del orden, dependientes del Estado. ¿Qué reflexiones puede hacer en torno a los esfuerzos para que haya una

auténtica inclusión en la que podamos vernos en el otro? Tengo la impresión de que hay entidades, gente que reflexiona constantemente sobre la necesidad de que en nuestro país exista una autentica inclusión. Casi todos lo han hecho: empresarios, artistas, educadores, políticos. Pero existe un hecho que a mí me emocionó profundamente. Al volver de uno de mis viajes fui invitada a la presentación del Informe de la Comisión de la Verdad, tuve que llamar a las oficinas para hacer las coordinaciones y encontré la grabadora telefónica para dejar un mensaje. Había una voz grabada en quechua y en español. Me quedé muda y después me alegré tanto… Por primera vez en mi vida una entidad tomaba en cuenta nuestro otro idioma que se habla a nivel nacional, cosa que no encuentras en entidades estatales importantísimas para la comunicación con los peruanos. Pienso que estos son pasos importantes, pero si no se trabaja seriamente por una autentica inclusión llegaremos al punto de un enfrentamiento y de reclamos justos de los pueblos olvidados del Perú, que pueden llevarnos a un doloroso derramamiento de sangre como el que hemos podido ver en Bagua. Siento que es un tema de urgencia y de primera prioridad.

Viento en popa

L u i s

M i g u e l

d e l

Á g u i l a

Discapacidad: un nuevo enfoque de políticas de inclusión y desarrollo En las líneas que siguen vamos a hacer una breve reflexión que nos permita entender por qué se eligió como primer objetivo del “Programa de acción del Decenio de las Personas con Discapacidad de las Américas”1, la valoración de las personas con discapacidad y la eliminación de todas las barreras físicas y de actitud que impiden su desarrollo y su plena y efectiva inclusión en la sociedad.

1 Nos referimos al “Programa de Acción para el Decenio de las Américas: Por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad (2006-2016)”, que fue aprobado en el 37 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrada el 5 de junio de 2007, con Resolución AG/RES. 2339 (XXXVII-O/07). http://www.oas.org/DIL/ESP/personas_con_discapacidad_ programa_de_accion.pdf

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El eje temático de “sociedad” es el más amplio y abarcante de todos los ejes de acción del programa o plan de acción del Decenio, porque en él están contenidos en cierta manera todos los demás ejes: educación, salud, trabajo, accesibilidad, etc. El concepto de sociedad tiene que ver con la forma como nos organizamos y por ello se asocia a los conceptos de ciudadanía, democracia y participación política. Tiene que ver asimismo con el diseño y el desarrollo de políticas públicas, y con las relaciones entre sociedad y Estado. Cuando hablamos de una “sociedad inclusiva” estamos hablando de una “sociedad para todos”, en la cual las características y las necesidades de cada uno de los ciudadanos constituyen la base para la planificación y las políticas. En este modelo el sistema general de la sociedad se hace accesible para todos. Cuando una sociedad organiza su funcionamiento de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus integrantes, esa sociedad logra movilizar el potencial de todos sus ciudadanos y, por consiguiente, fortalece su capacidad de desarrollo2. La evolución del concepto de discapacidad, que se ha venido dando en los últimos años, ha hecho que el peso de

las “causas” de la discapacidad, entendida como desventajas o imposibilidad de hacer cosas, se traslade del individuo a la sociedad y al Estado. Antes se entendía por discapacidad cualquier tipo de disminución funcional, originada en deficiencias diversas, de naturaleza física, sensorial o mental, que afectara el normal desenvolvimiento económico, laboral o social de una persona. Ahora se entiende por “discapacidad” aquella situación de desventajas, marginación y discriminación que experimenta un individuo debido a las barreras físicas o de actitud que presenta y le impone un entorno social que ha sido diseñado y construido para personas promedio; es decir, sin tener en cuenta las características, necesidades o limitaciones funcionales que puedan presentar algunas personas. Mientras la primera definición o concepto de discapacidad pone énfasis en el individuo y en sus deficiencias particulares, la segunda lo hace en el ambiente socialmente construido. Este cambio de paradigmas ha traído una modificación profunda en la orientación de las políticas públicas sobre discapacidad. En el primer caso es el individuo el que tiene que adaptarse a la sociedad, siendo su responsabilidad que la adaptación se lo-

2 Para más detalle véase: ONU (1994).Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover la aplicación del Programa de Acción Mundial para los impedidos hasta el año 2000 y años posteriores. A/49/435, Anexo.

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deja así de verse como una cuestión de la fatalidad o del destino, y comienza a entenderse como un tema de exclusión, opresión y derechos civiles violados, o no reconocidos expresamente. » gre o no. En el segundo caso es totalmente al revés, es la sociedad la que tiene que asumir la mayor carga de responsabilidad y adaptarse ella al individuo. La discapacidad deja así de verse como una cuestión de la fatalidad o del destino, y comienza a entenderse como un tema de exclusión, opresión y derechos civiles violados, o no reconocidos expresamente3.

Cuando la causa de la discapacidad no está en el individuo y en sus limitaciones sino en el entorno; es decir, en los errores de diseño, son la sociedad y el Estado los que al final crean la discapacidad entendida como la imposibilidad de hacer las cosas. Si una persona usuaria de silla de ruedas no puede entrar a un edificio, esto se debe a los errores del diseñador que ha puesto gradas en lugar de rampas, y no a la imposibilidad de caminar de esa persona4. Y de esta manera sucede en las demás cosas. Este cambio de paradigmas nos muestra otro error de diseño o de planificación que tenemos que aprender a combatir: la tendencia de las personas, y en especial de los diseñadores de políticas y de los tomadores de decisión, de segregar a las personas con discapacidad, y de buscar soluciones especiales, segregadas. Frente a ello debemos proponer los principios del diseño universal y del planeamiento inclusivo5. Según estos prin-

3 El cambio de paradigmas que se ha explicado en los párrafos anteriores ha sido tomado del Manual de derechos de las personas con discapacidad. Luis Miguel del Águila y otros. Lima: Programa de Lucha Contra la Pobreza en Lima Metropolitana (PROPOLI), 2005: 9. Este programa se desarrolló por la Unión Europea y el MIMDES en el 2008. 4 Esta idea ha sido tomada del discurso inaugural de la Conferencia de la OMS sobre Salud y Discapacidad que se realizó en Trieste, Italia, el 18 de abril de 2002 para presentar la Clasificación CIF. El discurso estuvo a cargo de la doctora Gro Harlem Brundtland, directora general de la OMS. http://www.who.int/director-general/speeches/2002/english/20020418_disabilitytrieste.html 5 Para más detalles al respecto véase el “Manual de planeamiento inclusivo” de Luis del Águila. Lima, Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad del Congreso de la República, 2005, http://www. digitalsil.com/virtual/estudios/ManualdePlaneamientoinclusivo.doc

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cipios, las personas con discapacidad tienen que ser parte de la infraestructura y de los servicios pensados para la generalidad de la población, los cuales deben ser diseñados teniendo en cuenta las limitaciones o diferencias de todas las personas y en especial de las personas con discapacidad. Junto con el cambio de paradigmas, que acabamos de señalar, el otro tema central del eje temático “sociedad”, como núcleo de acciones que debemos desarrollar, es la estrategia de mainstreaming, palabra anglosajona que con grandes limitaciones se suele traducir como inclusión y transversalización. La transversalización de la discapacidad o mainstreaming disability6 es una estrategia de diseño de políticas, pero también de participación de este colectivo de personas con discapacidad en todas las fases de desarrollo de esas políticas: diseño, ejecución, evaluación, monitoreo, replanteo y ajustes. Para entender este punto tenemos que trazar un paralelo con el cambio que se ha operado en relación con los temas y enfoques de género y del medio ambiente. Mainstreaming tiene que ver con la idea de priorizar y poner en agenda el tema de la discapacidad. Tiene que ver con la idea

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de este colectivo de personas con discapacidad en todas las fases de desarrollo de esas políticas: diseño, ejecución, evaluación, monitoreo, replanteo y ajustes. »

de sacar este tema de la invisibilidad. Tiene que ver con la idea de entender que la población con discapacidad está presente en los diferentes grupos objetivos de las poblaciones vulnerables y de las poblaciones a las cuales se dirigen los esfuerzos del desarrollo; es decir, en los grupos de mujeres, niños, adultos mayores, pobres, indígenas etc. Una consecuencia de la transversalización o mainstreaming, en el sentido que acabamos de señalar, es entender que el tema de discapacidad atraviesa las Metas de Desarrollo del Milenio. La autoridad o personalidad que ha hecho ver este punto

6 La primera vez que nos enfrentamos con el concepto y estrategia de mainstreaming disability fue al leer el Estudio de Línea de Base sobre Inclusión y Discapacidad en las actividades del Banco Mundial, haciéndose paralelos con el enfoque de género. (Ver: Stienstra, Deborah y Henry Enns, et al. (2002) Baseline Assessment: Inclusion and Disability in World Bank activities). Su amplia difusión en ámbitos anglosajones y europeos obliga a hacer lo propio en países latinoamericanos.

con más claridad fue James D. Wolfensohn cuando era presidente del Banco Mundial, quien llegó a asegurar que las dos primeras metas del milenio –referidas a la reducción de la pobreza global a la mitad y a la inclusión del 100% de niños en la escuela básica– no podrán ser alcanzadas si las personas con discapacidad no son incluidas en los esfuerzos del desarrollo. Unless disabled people are brought into the development mainstream, it will be impossible to cut poverty in half by 2015 or to give every girl and boy the chance to achieve a primary education by the same date –goals agreed to by more than 180 world leaders at the United Nations Millennium Summit in September 20007. Otras autoridades han asumido esto extendiendo la necesidad de incluir el enfoque de discapacidad a todas las demás metas del milenio. A comienzos del año 2008 la ONU preparó y distribuyó un documento técnico denominado “Mainstreaming disability in the development agenda” (“Incorporación de la perspectiva de la discapacidad en la agenda del desarrollo”)8, el cual se considera una estrategia clave para lograr la

igualdad de las personas con discapacidad, en especial por la estrecha correlación que hay entre pobreza y discapacidad. Como se señala en el punto 4 de ese documento: “Además de ser uno de los grupos destinatarios clave en relación con el primer objetivo de desarrollo del milenio (erradicar la pobreza extrema y el hambre), las personas con discapacidad también son beneficiarias fundamentales en relación con todos los demás objetivos”. En esta misma línea y con este mismo fin, a mediados de abril del 2009 se llevó a cabo en Ginebra la primera “Reunión del Grupo de Expertos sobre la incorporación de la discapacidad (Mainstreaming Disability) en las políticas, procesos y mecanismos de las Metas del desarrollo del milenio: Desarrollo para todos”9. Otro paso importante para lograr la transversalización o mainstreaming del tema de discapacidad es preguntarnos cuál es el costo económico, para la sociedad y para el Estado, de la exclusión de las personas con discapacidad. No es suficiente preguntar solo el costo de determinados proyectos, programas o servicios que incluyan a este colectivo.

7 Ver: Wolfensohn, James D. (2002) “Poor, Disabled and Shut Out”. En: Washington Post Journal. Tuesday, December 3, 2002; page A25. The Washington Post Company. 8 ONU (2008) Incorporación de la perspectiva de la discapacidad en el programa de desarrollo. Consejo Económico y Social. Doc. E/CN.5/2008/6. http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=1110 9 Ver: http://www.un.org/disabilities/default.asp?id=1470

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De acuerdo a una estimación realizada por Robert Metts (200010) para un estudio del Banco Mundial, el PBI real perdido por el Perú a causa de la exclusión de las personas con discapacidad en la década de 1992 a 2002 ha pasado de 4 mil millones de soles a cerca de 10 mil millones (aproximadamente 3 mil quinientos millones de dólares), fluctuando entre el 4 y el 9% del PBI. Esta misma fuente nos brinda también valiosos estimados del costo de la exclusión de las personas con discapacidad en la mayoría de países del mundo, que conviene revisar para tener en cuenta.

capacidades leves, moderadas y severas. La mayoría de personas con discapacidad, incluso con discapacidades severas, con el apoyo de la tecnología, la capacitación, la acomodación razonable u otros medios de apoyo, pueden ser altamente productivas y competitivas desde el punto de vista laboral. Sin embargo, a pesar de todo, siempre existirá un pequeño número de personas con discapacidad que podrán ser menos eficientes y productivas, pero incluso ellas pueden y deben realizar un aporte significativo a sus familias, a sus comunidades, a la sociedad y el Estado, en talleres protegidos, en cooperativas, así como en otras formas novedosas y creativas de economía solidaria.

Por otro lado, sobre todo para efectos de la planificación, tenemos que entender que las personas con discapacidad son las piedras de toque que sirven para comprobar si un sistema, política o plan de desarrollo funciona o no, si es exitoso o no. Lo que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para los demás. Un plan de evacuación rápida en casos de emergencia o de tragedia, si resulta exitoso para las personas con discapacidad, resultará exitoso para todos. Caso contrario, estará fallando.

El tema de sociedad atraviesa los temas de educación, salud, trabajo y accesibilidad. Incluso el tema de participación política tiene mucho que ver en su concepción y en la implementación de sus diferentes aspectos, con el enfoque conceptual que se deriva de lo que en estos momentos estamos viendo y entendiendo por “sociedad”.

Debe tenerse en cuenta que la población con discapacidad es sumamente heterogénea. No se puede poner a todos en el mismo saco. Existen personas con dis-

Cabe hacer notar que las agencias de cooperación internacional, que tienen más clara la visión y el compromiso de incluir los intereses de las personas con disca-

10 Metts, Robert (2000). “Disability Issues, Trends and Recommendations for the World Bank”. Social Protection Discussion Paper Series N° 0007. World Bank. Washington DC. Ver también, traducido al español: Metts, Robert (2004) “Discapacidad y desarrollo”. Documento de Antecedentes preparado para la Reunión de la Agenda de investigación sobre discapacidad y desarrollo, Noviembre 16, 2004, sede del Banco Mundial, Washington, D.C.

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a técnicos con discapacidad, altamente capacitados, en los organismos regionales o multinacionales de desarrollo, así como en altos puestos de decisión gubernamental... »

pacidad en los esfuerzos de cooperación para el desarrollo, son las que tienen que ver con los países nórdicos11 en especial, y con la comunidad europea12 en lo general.

Ellas deberían servir de modelo al resto de entidades bilaterales, regionales o mundiales de crédito y de cooperación (técnica y económica) para el desarrollo. Otra estrategia útil para lograr avances hacia la inclusión de las personas con discapacidad es incorporar a técnicos con discapacidad, altamente capacitados, en los organismos regionales o multinacionales de desarrollo, así como en altos puestos de decisión gubernamental de nuestros países. En años anteriores Suecia13, Inglaterra14 y Alemania15 han tenido ministros con discapacidad, en los dos primeros casos ciegos, y con discapacidad física o motora en el tercer caso. Pero tanto o más importante que esto es que estas mismas instituciones de desarrollo o de gobierno incorporen el enfoque de discapacidad o, mejor aún, el enfoque

11 Véase: 1) Inclusion of the disability dimension in Nordic development cooperation. Copenhagen November 2000. ATLAS Alliance - DSI - FIDIDA – SHIA - 2) The inclusion of disability in norwegian development cooperation. Planning and monitoring for the inclusion of disability issues in mainstream development activities. ORAD (Norwegian Agency for International Development) January 2002. http://www.norad.no/norsk/files/InklusionOfDisability.doc 12 Véase: 1) Comisión Europea (2004) Nota de orientación sobre discapacidad y desarrollo para las delegaciones y servicios de la UE. http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/Disability_es.pdf 2) EDF - European Disability Forum (2002) Informe sobre Cooperación para el Desarrollo. Foro Europeo en Materia de Discapacidad. Traducción de “EDF Policy Paper: Development Cooperation and Disability. Doc. EDF 02/16 EN”. 2002. http://www.disabilityworld.org/09-10_03/spanish/noticias/edf1.shtml 13 Bengt Lindqvist ha sido ministro de Salud y Asuntos Sociales en Suecia, en el intervalo de 14 años como miembro del parlamento. Posteriormente, desde septiembre de 1994 a enero del 2003 fue el Relator Especial de las Normas Uniformes para la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, de las Naciones Unidas. 14 En el Reino Unido, David Blunkett, político ciego, ocupó las carteras de Educación (1997-2001), de Vivienda (2001-2004), Trabajo y Pensiones (2005), y no era raro verlo pasear con su perro guía en compañía de Tony Blair. 15 Wolfgang Schauble, ministro del Interior de Alemania nombrado por Angela Merkel en 2005.

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de desarrollo inclusivo en sus planes estratégicos institucionales. Digo que el enfoque de desarrollo inclusivo es mejor, pues además de incorporar el enfoque de discapacidad, al ser sensible a la dimensión de la discapacidad en la planificación gubernamental y del desarrollo, incorpora también las necesidades e intereses de otros grupos vulnerables y marginados, que presentan situaciones de pobreza crónica, y que no logran obtener beneficios apreciables de la prosperidad o crecimiento económico significativo que puedan estar gozando nuestros países16. Y esto tiene que ver con la meta de cerrar las brechas de la desigualdad, sobre la cual sabemos que la región latinoamericana tiene el triste privilegio de ser la región más desigual del planeta, y que mientras persista esta desigualdad, no habrá verdadero desarrollo. Un tema vinculado con esto es la respuesta que en muchos casos suelen dar en nuestros países los planificadores de desarrollo social, de la infraestructura o de los

servicios, quienes ante la tarea de tener que atender los temas de discapacidad se disculpan diciendo que es un tema que no conocen, o sobre el cual no son expertos. Sin embargo, para ello no se requiere ser experto pues en este asunto los únicos y verdaderos expertos son las propias personas con discapacidad, en especial sus profesionales y sus organizaciones, incluyendo por supuesto a los padres de hijos con discapacidad que no tienen la posibilidad de hacerse escuchar. Esto explica la razón profunda del eslogan que han impuesto las personas con discapacidad: “Nada sobre nosotros sin nosotros”17. Lo cual a su vez nos remite a la necesidad de incorporar metodologías participativas y de consulta en todas las fases del proceso de planificación para el desarrollo18. Conclusiones y recomendaciones Para poder construir una “sociedad para todos” las características y necesidades de los ciudadanos deben ser la base

16 Para obtener abundante información sobre “Desarrollo inclusivo” puede revisarse la Plataforma de Desarrollo Inclusivo, patrocinada por el Banco Mundial - http://pdi.cnotinfor.pt/. 17 Ver al respecto: Charlton, James I. (1998) “Nothing About Us Without Us. Disability, Oppression and Empowerment”. Berkeley: University of California Press. 18 Para profundizar la reflexión sobre investigación participatoria y emancipatoria sobre discapacidad puede revisarse: Barnes, Colin (2001), “Emancipatory Disability Research: Project or process?”. Public Lecture at City Chambers, Glasgow, on 24 October 2001; Oliver, M. (1997), “Emancipatory Research: Realistic goal or impossible dream?”. Chapter 2 (in ‘Doing Disability Research’ edited by Colin Barnes and Geof Mercer. Leeds, The Disability Press, pp. 15-31); Suchowierska, Monika & White, Glen (2003), “Investigación – acción participativa y discapacidad. Pautas para evaluar el rigor científico y la naturaleza colaboradora”. En: Apuntes de Psicología, 2003, Vol. 21, número 3, pp. 437-457. Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Occidental y Universidad de Sevilla.

para la planificación y las políticas. La sociedad debe hacerse accesible para todos. Para ello debe organizar su funcionamiento de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus integrantes. Para que esto pueda realizarse deben desarrollarse técnicas de diseño universal y planeamiento inclusivo La estrategia de transversalización o mainstreaming debe desarrollarse en todos los sectores y en todos los niveles de las políticas públicas. La Comunidad Europea ha publicado hace poco un manual práctico para desarrollar esta estrategia, conocido como EDAMAT19, que resulta importante que se distribuya a todos nuestros países y sea alojada en la web de la SEDISCAP20. Tal como los estudios de impacto ambiental son un requisito previo para la calificación y autorización de los proyectos de inversión, así también debería consensuarse un acuerdo general, por ejemplo, de todas las instituciones públicas y privadas de desarrollo y de la cooperación internacional, con el fin de verificar la manera en que toda inversión orientada a infraestructura, a capaci-

« Es importante tomar

conciencia sobre el costo que significa en términos económicos la exclusión de las personas con discapacidad. »

tación y a desarrollo se haga la pregunta y se responda de qué manera esta inversión esta impactando o no, positiva o negativamente, en la población con discapacidad. Es importante tomar conciencia sobre el costo que significa en términos económicos la exclusión de las personas con discapacidad Resulta conveniente relacionar las políticas de discapacidad con las metas de de-

19 EDAMAT son las siglas de European Disability Action for Mainstreaming Assessment Tool que significa “Herramienta de la acción europea sobre discapacidad para evaluar la transversalización”. Fue desarrollada en un período de dos años en seis países europeos –Grecia, Malta, Irlanda, Portugal, España y Reino Unido– con el apoyo de la Comisión Europea y grupos nacionales de organizaciones de discapacidad. Su objetivo es evaluar y promover la efectiva transversalización de la discapacidad en las políticas, leyes y programas generales. La EDAMAT pone énfasis en cómo implementar prácticamente el concepto de mainstreaming y asegurar que el resultado tenga un efecto positivo en la vida de las personas con discapacidad. http://www.edamat-europe.org 20 Secretaría Técnica para el Decenio por los Derechos y la Dignidad de las Personas con Discapacidad de las Américas (SEDISCAP), de la OEA. http://www.oas.org/DIL/ESP/sediscap.htm

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sarrollo del milenio y, por tanto, con los esfuerzos de cooperación para el desarrollo.

http://www.digitalsil.com/virtual/estudios/ManualdePlaneamientoinclusivo.doc

Las personas con discapacidad son las piedras de toque para comprobar si un sistema, política o plan de desarrollo funciona.

Del Águila, Luis Miguel y otros (2005). Manual de derechos de las personas con discapacidad. Lima: Programa de Lucha Contra la Pobreza en Lima Metropolitana – PROPOLI. Alianza Unión Europea-MIMDES, 2008.

Es importante incorporar metodologías participativas y de consulta en todas las fases del proceso de planificación para el desarrollo. Con esta breve exposición hemos querido contribuir al proceso de diseñar y planificar políticas de desarrollo inclusivo, sensibles a la dimensión de discapacidad, para de colaborar a cerrar las brechas de la desigualdad, situación que constituye una de las principales causas de la pobreza crónica y estructural que afecta a nuestros países. Referencias Banco Mundial (2006). Plataforma de Desarrollo Inclusivo. Website de información sobre discapacidad y desarrollo inclusivo. Disponible en: http://pdi.cnotinfor. pt/. Del Águila, Luis Miguel (2005) “Manual de Planeamiento Inclusivo”. En: Francke, Pedro, Carlos Cordero y Luis Miguel del Águila (2006) Plan de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2003-2007: Balance y Propuestas. Lima: Fondo Editorial del Congreso / Comisión Especial de Estudio sobre Discapacidad, pp. 67-118.

EDAMAT (2008). Una herramienta práctica para transversalizar efectivamente la discapacidad en las políticas y en la práctica. http://www.lcint.org/?lid=3698 Metts, Robert (2000). “Disability Issues, Trends and Recommendations for the World Bank”. Washington DC. World Bank. Social Protection Discussion Paper Series N° 007. http://siteresources.worldbank.org/DISABILITY/Resources/2806581172606907476/DisabilityIssuesMetts.pdf Metts, Robert (2004). “Discapacidad y desarrollo”. Documento de Antecedentes preparado para la Reunión de la Agenda de investigación sobre discapacidad y desarrollo, Noviembre 16, 2004, sede del Banco Mundial, Washington, D.C. Plataforma del Desarrollo Inclusivo. http://latinamerica.dpi.org/METTS-POBREZAYDISCAPACIDADpaperTraduccBM.doc ONU (1994). Hacia una sociedad para todos: Estrategia a largo plazo para promover la aplicación del Programa de Acción Mundial para los impedidos hasta el año 2000 y años posteriores. (Este documento forma parte del Informe sobre la Ejecución o Implementación del Programa de Acción

Mundial para los Impedidos; Informe del Secretario General. (A/49/435, Anexo) del 27 de septiembre de 1994). http://www. un.org/esa/socdev/enable/disltss0.htm ONU (2008). Incorporación de la perspectiva de la discapacidad en el programa de desarrollo. Consejo Económico y Social. Naciones Unidas. Doc. E/CN.5/2008/6. http://www.un.org/spanish/disabilities/default.asp?id=1110 Stienstra, Deborah y Henry Enns et al. (2002). Baseline Assessment: Inclusion and Disability in World Bank activities.

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Canadian Centre on Disability Studies. http://www.disabilitystudies.ca/Documents/Resaerch/Completed%20research/ Inclusion%20and%20Disability%20 in%20World%20Bank%20Activities/Inclusion%20and%20Disability%20in%20 World%20Bank%20Activities.doc Wolfensohn, James D. (2002). “Poor, Disabled and Shut Out”. En: Washington Post Journal. Tuesday, December 3, 2002; Page A25. The Washington Post Company. http://www.globalpolicy.org/socecon/ develop/2002/1203disabled.htm

S h e y l a

B l u m e n

Discapacidad desde la mirada humanista A lo largo de la historia de la civilización las personas con discapacidades han constituido un grupo marginal, como reflejo de juicios sociales basados en la compasión o en el temor. Sin embargo, desde la década de los setenta en el siglo pasado la percepción social de estas personas ha ocupado un lugar preferente. En la mayoría de países occidentales se formularon leyes que prohibieron su aislamiento institucional, fomentando su integración en la comunidad (Dinnerstein, 2004). Se esperaba que así tuvieran oportunidad de crear lazos sociales formales e informales que promoviesen su inclusión y su participación activa en todos los sistemas sociales, incluyendo la economía y la política. Sin embargo, esta visión no se materializó debido a que al inicio se asumió el modelo médico de discapacidad, que buscaba identificar los defectos que necesitaban ser mejorados, en vez de considerar el rango de capacidades comparables a individuos denominados típicos en términos físicos y mentales. La mirada era eminentemente compasiva en lugar de pensar en la población discapacitada con criterios humanistas o de justicia; es decir, considerando a la discapacidad como la compleja interacción entre el individuo y su entorno, desarrollado por el modelo social de discapacidad, que enfatiza el efecto de las normas y los valores sociales implícitos acerca de su condición.

Según el modelo social, lo que determina el grado en que la discapacidad constituye una limitación es la relación que entabla con la estructura social y el tratamiento que recibe el individuo discapacitado por parte de la sociedad. Un entorno físico que no contempla facilidades para el uso de la silla de ruedas es una manera en la que el ambiente frena o interpone barreras para aquellas mujeres y hombres que no pueden utilizar sus piernas. Según Reiter (2008), en países democráticos el modelo social de discapacidad está basado en la aproximación humanista seguida por Albert (2006: 25), quien señala que “la discapacidad no se trata de salud o patología, sino que está en relación a la discriminación y a la exclusión social. Desde la perspectiva del modelo social, la discapacidad es un tema socio-político”. Luego de un pequeño cambio paradigmático de la adhesión estricta desde el modelo médico hacia la consideración del modelo social de discapacidad, la soledad y la alienación constituyen factores prevalentes entre las personas con discapacidades. Más allá de leyes que en algunos casos quedan como meros planteamientos, la integración no siempre tiene como resultado la inclusión significativa de las mujeres y varones en las escuelas, en los centros de trabajo o en la comunidad. Desde 1975, las leyes educativas en la mayoría de países occidentales señalaron que ninguna niña o niña podría ser excluido o

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excluida de la educación pública, independientemente de su discapacidad. Durante las últimas décadas hemos sido testigos de un proceso que responde a las necesidades de las personas con discapacidades, donde algunos edificios públicos y centros culturales se han hecho más accesibles para esta población, removiendo las barreras físicas, instalando rampas, signos vocales y cruces peatonales con indicadores visuales agrandados, entre otros. Dentro de los sistemas educativos, este movimiento ha sido especialmente acelerado, incrementándose la inclusión de las mujeres y de los varones con discapacidad en las escuelas y en la comunidad. Este es un logro importante en la medida en que los empodera para tomar las riendas de su propio destino y para solicitar mejoras en las condiciones de vida, con el fin de lograr su inclusión completa en la comunidad. Sin embargo, luego de denodados esfuerzos por lograr la inclusión de las mujeres y hombres con discapacidad física y mental el público en general continúa desestimando las capacidades de estas personas, percibiéndolas como menos competentes que las no discapacitadas y teniendo, por ende, menores expectativas sobre sus logros. Albert (2006), quien realizó un extenso trabajo en Inglaterra y Sudáfrica, así como en países en desarrollo de Asia y África, llegó a la conclusión de que aún se mantiene el enfoque médico, así como las

aproximaciones de bienestar y compasión hacia la discapacidad entre las organizaciones benéficas. Pese a que muchas de ellas han adoptado el lenguaje humanista, sus actitudes y actividades se mantienen enraizadas en la mirada médica sobre la discapacidad. Es así que, en la mayoría de países, las mujeres y hombres con discapacidad son percibidos como imperfectos, o incapaces de ser como las otras personas denominadas normales. Pese al avance tecnológico y a los signos de desarrollo, el mayor obstáculo que las personas con discapacidad deben enfrentar en el tercer milenio seguirá siendo el de la inaccesibilidad social. El inacceso social conlleva a la soledad. Las personas con discapacidades están con nosotros pero en realidad no pertenecen a nuestro entorno. No son una parte integral de la comunidad general. El camino hacia la inclusión social es sumamente largo y complicado. El hecho de que recién en la década pasada haya habido una alerta sobre la importancia de adaptar los entornos físicos de manera tal que sean accesibles para las personas de toda edad y capacidad es evidencia de esto. La inclusión es un tema sumamente complejo y no puede ser abordado únicamente desde legislaciones y reglamentos, o desde mejoras tecnológicas y ajustes en el ambiente físico. Más allá de temas de acceso físico que impiden la inclusión, encontramos temas de negligencia y abuso que propician el aislamiento social y la

« ...en la mayoría

de países, las mujeres y hombres con discapacidad son percibidos como imperfectos, o incapaces de ser como las otras personas denominadas normales. »

soledad. Al parecer, el abuso tiene mayor presencia entre las personas con discapacidades que entre la población general, lo cual contribuye también al aislamiento y a la soledad. El modelo humanista y social de discapacidad conlleva también el rol que las personas con discapacidades deberán tener en el cambio de sus vidas. Por lo tanto, sus voces deberán ser escuchadas. Se tendrá que realizar un esfuerzo para promover su participación en las decisiones políticas y legislativas que les conciernen, siendo motivadas a tomar parte en investigaciones y proyectos que involucren temas relacionados con la mejora en su calidad de vida. Por lo tanto, la inclusión debe ser vista como un proceso bilateral y son los profesionales y la familia los llamados a permitir que las personas con discapacidades

intervengan en el proceso de inclusión. Para ello deberán ser educadas desde edades tempranas para ejercer su poder, ser asertivas e involucrarse en movimientos de sensibilización comunitaria. Es solo a través de la educación que podremos estimularlas a tomar parte activa en el cambio de su estatus social. Quienes aprenden a aceptar la subordinación y los límites impuestos no sabrán cómo tomar ventaja de las nuevas oportunidades que se les presentan. Hoy en día somos testigos de un fuerte incremento en el deseo de las personas con discapacidades para ser como todos: trabajar, casarse y criar niños. Ayudarlas a que materialicen sus aspiraciones es la misión de los profesionales y de aquellos dedicados a la mejora de su calidad de vida. De lo contrario los resultados directos serán la frustración, la cólera y la soledad. Retomando nuestro punto de partida, pese a que desde la década de los setenta del siglo pasado se han promulgado leyes con el fin de fomentar la inclusión de las mujeres y hombres con discapacidad en los países democráticos, el enfoque médico y la aproximación compasiva la han entendido como caridad y no como justicia, lo cual ha

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mermado desde adentro cualquier intento de realizar una inclusión por derecho propio. Es por ello imperativo incorporar la aproximación del modelo humanista para explicar el fenómeno del aislamiento social y de la soledad, con el fin de iniciar una reflexión interna –como sociedad– para desarrollar maneras innovadoras de fortalecer al individuo con discapacidad, dejando de lado enfoques compasivos e incorporando el enfoque humanista que conlleva a la justicia social. Referencias Albert, B., ed. 2006 In or out of the mainstream? Lessons from research on disability and development cooperation. Leeds: The Disability Press. Dinnerstein, R. D. 2004 “Disability and the Law”. Ponencia presentada en la conferencia inaugural de MISHAL, enero. Haifa, Israel: Universidad de Haifa. Reiter, S. 2008 Disability from a Humanistic Perspective: Towards a better quality of life. Nueva York: Nova Science Publishers, Inc.

M i c h a e l

U r t e c h o

El Congreso y los derechos de las personas con discapacidad en el Perú: niveles de conocimiento y cumplimiento De manera tradicional se ha entendido por “discapacidad” cualquier tipo de disminución funcional, originada en deficiencias diversas, de naturaleza física, sensorial o mental, que afecta el normal desenvolvimiento económico, laboral y/o social de una persona. Esto es lo que se conoce con el nombre de modelo médico de la discapacidad.

Desde mediados de la década de los setenta este concepto comenzó a cambiar de una manera gradual pero radical. Ahora se entiende por “discapacidad” aquella situación de desventaja, marginación y discriminación que experimenta un individuo debido a las barreras físicas o de actitud que presenta y le impone un entorno social diseñado y construido sin tener en cuenta las características, necesidades o limitaciones funcionales de las personas con deficiencias físicas, sensoriales o mentales. Esto se conoce como modelo social de la discapacidad o también como enfoque de derecho. Las consecuencias de este cambio de paradigmas en la política social sobre discapacidad son claves: mientras la primera definición pone énfasis en el “individuo” y en sus deficiencias particulares, la segunda enfatiza el “ambiente” socialmente construido. En el primer caso es el individuo quien tiene que adaptarse a la sociedad, siendo su responsabilidad que la adaptación se logre o no. En el segundo caso es totalmente al revés: es la sociedad la que tiene que asumir la mayor carga de responsabilidad y adaptarse al individuo. La discapacidad deja así de verse como una cuestión de la fatalidad o del destino, y comienza a entenderse como un tema de exclusión,

opresión y derechos civiles violados o no reconocidos expresamente1. De no entenderse este cambio radical de paradigmas nunca se podrá eliminar la pobreza y la exclusión que afectan a las personas con discapacidad. La labor que hemos venido impulsando desde que iniciamos nuestro trabajo en la presidencia de la Comisión Especial de Discapacidad del Congreso de la República ha sido justamente contribuir a hacer realidad este cambio de paradigmas en la forma de entender la discapacidad y en la manera de realizar políticas públicas en favor del colectivo de personas discapacitadas. Sin embargo, esta tarea es muy difícil porque implica derribar prejuicios que tienen más de 25 siglos de presencia en la historia de Occidente, remontándose hasta su origen mismo, en Grecia y Roma, donde los niños que nacían con alguna discapacidad eran sacrificados por cuestiones de Estado. En nuestro país, el artículo 19 de la Constitución del año 1979 fue el primer paso en el reconocimiento de derechos para este colectivo, al señalar la obligación del Estado de establecer un régimen de protección y apoyo para las personas con discapacidad. Este artículo motivó a su vez

1 Los conceptos expresados en estos primeros párrafos se basan en el Manual de derechos de las personas con discapacidad (Luis Miguel del Águila y otros. Lima: PROPOLI, 2005), cuyo autor tiene también un artículo en este mismo número.

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la marcha que el 16 de octubre de 1980 realizaron más de cinco mil discapacitados y que fue inmortalizada con la Ley 23241 que instauró ese día como “Día Nacional de la Persona con Discapacidad en el Perú”. Ambas acciones mencionadas dieron origen a más de una decena de leyes en favor de las personas con discapacidad, aunque no sirvieron gran cosa para cambiar la difícil situación de prejuicios, exclusión y abandono que las afecta a ellas y a sus familias. A fines de los años noventa se aprobó la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, que creó el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS). En el gobierno anterior se aprobó el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Si bien todas estas normas han sido de gran ayuda para impulsar algunos cambios (por ejemplo en estos tiempos se ven con bastante frecuencia rampas y letreros con el símbolo de la discapacidad), no han modificado en lo sustancial la realidad de esta población. Desde nuestra posición en el Congreso hemos influido en el presente gobierno con el fin de fortalecer el reconocimiento de los derechos de este colectivo, consiguiendo varios hitos significativos: • Convencer al presidente de la República para que declarara el período 20072016 como el Decenio de las Personas con Discapacidad, lo que se concretó

en ceremonia realizada en palacio de gobierno el 12 de diciembre del 2006. • Conseguir la derogación del decreto supremo que fusionaba el CONADIS con el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). • Lograr que el Congreso aprobara en tiempo récord la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. El proyecto de ley remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores ingresó el 18 de octubre del año 2007 al Congreso y el 25 del mismo mes fue aprobado por unanimidad. • Otro hecho importante fue la creación en la Presidencia del Consejo de Ministros de una comisión multisectorial encargada de la implementación y seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, con el objeto de asegurar su oportuno cumplimiento, con la activa participación de las organizaciones de personas discapacitadas. • La más reciente conquista ha sido la aprobación por el Congreso del proyecto de ley propuesto por el Poder Ejecutivo, con el fin de establecer infracciones y sanciones por el incumplimiento de la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, promulgándose la Ley 29392. Por la importancia que tiene esta última ley, recientemente promulgada, va-

« No brindar el

descuento del 50% sobre el valor de las entradas a los espectáculos culturales, deportivos o recreativos organizados por las entidades del Estado... » mos a referirnos con más detalle a ella, teniendo en cuenta que han transcurrido más de diez años desde la dación de la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, durante los cuales los niveles de incumplimiento de esta ley y de su reglamento habían mostrado ser excesivamente elevados, incluso por parte del propio Estado, habiendo devenido en letra muerta debido a que carecía de los necesarios medios coercitivos de cumplimiento obligatorio, para lo cual la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece la necesidad de determinar previamente con precisión un marco de infracciones y sanciones dotado con fuerza legal. Novedades y aspectos más importantes de la Ley 29392 En el capítulo I, Disposiciones Generales, se habla de su objeto, ámbito de apli-

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cación, entidad competente y facultades del MIMDES. En el capítulo II, De las infracciones, se clasifican estas en leves, graves y muy graves. Como se verá más adelante, las infracciones leves son sancionadas con multas que van de media a dos UIT. Las infracciones graves tienen multas que van de dos a ocho UIT. Las infracciones muy graves tienen multas que van de ocho a 12 UIT. Daremos a continuación algunos ejemplos de los distintos tipos de infracciones. Infracciones leves • No brindar el descuento del 50% sobre el valor de las entradas a los espectáculos culturales, deportivos o recreativos organizados por las entidades del Estado a las personas con discapacidad, hasta cubrir un máximo de 25% del número total de entradas. • No reservar un rubro referido a la condición de discapacidad del postulante en los formularios para concursos públicos de mérito convocados por la administración pública. • No mantener la matrícula vigente de los alumnos universitarios de pregrado que sufran discapacidad en acto de servicio o bien por enfermedad o accidente. • Remitir información inexacta, incompleta o tardía cuando esta sea solicitada por el MIMDES.

Infracciones graves • No reservar el 5% de las vacantes para personas con discapacidad en los procesos de admisión para el ingreso a universidades, institutos o escuelas superiores. • No adecuar a las necesidades y características de las personas con discapacidad los procedimientos de admisión y evaluación en los establecimientos educativos de cualquier nivel, sean públicos o privados. • No implementar en las bibliotecas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como en las bibliotecas de las universidades públicas y privadas, programas de material de lectura en sistema Braille, libro hablado y otros elementos técnicos que permitan su lectura por personas con discapacidad visual, auditiva o parálisis motora. • No incluir asignaturas con contenidos referidos al contexto de la persona con discapacidad en los programas de las facultades de arquitectura, derecho, educación, psicología, trabajo social y medicina. Infracciones muy graves • No aplicar la bonificación del 15%, en los concursos públicos de méritos de las entidades públicas, a las personas con discapacidad que cumplan con los requisitos para el cargo y obtengan un puntaje aprobatorio.

• No brindar a los deportistas con discapacidad que obtengan triunfos olímpicos y mundiales en sus respectivas disciplinas, el mismo reconocimiento que se brinda a los atletas y deportistas sin discapacidad. • Contravenir las disposiciones de accesibilidad urbanística y arquitectónica para personas con discapacidad. • Contravenir el cumplimiento de la cuota de contratación del 3% de personas con discapacidad en las entidades de la administración pública. • Entrega de información falsa al MIMDES ante un requerimiento realizado por esta institución. En el capítulo III, De las sanciones, se señala que las infracciones que merezcan

« No reservar el 5%

de las vacantes para personas con discapacidad en los procesos de admisión para el ingreso a universidades, institutos o escuelas superiores. »

multa no eximen a los infractores de la responsabilidad civil o penal que les corresponda. Se estipula asimismo una graduación que puede ir desde la amonestación hasta el incremento gradual de la sanción, en los casos en que el infractor persista en mantener el incumplimiento legal. En el capítulo IV, Del procedimiento sancionador, se establece la secuencia de su aplicación: • El MIMDES inicia el procedimiento por denuncia de la Defensoría del Pueblo, del CONADIS, a solicitud de la persona afectada o de su representante, o por denuncia de una asociación vinculada a las personas con discapacidad. • Luego de las inspecciones que el MIMDES pueda realizar para verificar la comisión de la infracción, así como para tomar un registro fotográfico o de otra naturaleza, se levantará un acta. • Posteriormente se deberá dar oportunidad al infractor denunciado de presentar sus descargos. • Luego de las actuaciones complementarias que pueda disponer el MIMDES, esta entidad expedirá una resolución determinando la imposición de sanción o la no existencia de infracción, la que será notificada a los interesados dentro de los tres días hábiles siguientes a su expedición. • En el caso de que el denunciado no estuviera de acuerdo con la resolución,

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podrá impugnarla, siendo responsabilidad del MIMDES emitir la resolución que ponga fin a la vía administrativa. En el capítulo VI se indica que los ingresos recaudados por concepto de multas serán destinados al CONADIS para ser aplicados de manera exclusiva a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad a nivel nacional. Las disposiciones complementarias finales establecen: • Que en todo lo no previsto por esta ley, se aplicará la Ley del Procedimiento Administrativo General. • Que el poder ejecutivo emitirá, mediante decreto supremo, las disposiciones reglamentarias que sean necesarias para el cumplimiento de la presente ley. • Que el MIMDES podrá emitir otras disposiciones para impulsar el procedimiento de esta ley y de su reglamento. • La tercera disposición señala que el cumplimiento de la cuota del 3% de contratación de personas con discapacidad abarcará no solo las modalidades de nombramiento bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, sino también las que corresponden a carreras administrativas especiales, incluido el régimen especial de contratación ad-

ministrativa de servicios regulado por el Decreto Legislativo 1057. • La cuarta disposición brinda un plazo adicional de dos años a las municipalidades distritales de menor desarrollo, para implementar sus oficinas de atención a la persona con discapacidad. Para tal efecto, el MIMDES identificará por vía reglamentaria a dichas municipalidades distritales. • La sexta disposición indica que la ley entrará en vigencia el 1 de enero del 2010 y que la falta de reglamentación de algunas de sus disposiciones no será impedimento para su aplicación y exigibilidad. • La séptima disposición manda que hasta la entrada en vigencia de esta ley, el MIMDES tendrá que realizar campañas de sensibilización y difusión de las normas contenidas en la Ley General de la Persona con Discapacidad, en especial de aquellas que son pasibles de sanciones de acuerdo a la presente ley. Por consiguiente, la tarea más urgente que tiene el Congreso en la actualidad, referente a este tema, es colaborar con el CONADIS, ente rector sobre discapacidad, y con el Poder Ejecutivo, en la difusión de la existencia de esta ley de infracciones y sanciones mediante campañas de información y sensibilización, con el objeto de que a partir del 1 de enero del 2010 los artículos de la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad, luego de diez

« ... la tarea más

urgente que tiene el Congreso en la actualidad, referente a este tema, es colaborar con el CONADIS, ente rector sobre discapacidad... »

años de larga espera, puedan por fin comenzar a cumplirse, para beneficio de la población de personas con discapacidad y de sus familiares. Dos herramientas más Por otro lado, como ya hemos mencionado, se cuenta con dos herramientas legales adicionales que están enmarcadas en la línea de considerar a la discapacidad con un enfoque de derecho. Estamos hablando de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) para Personas con Discapacidad 2009-2018. Sin embargo, ambas carecen de instrumentos técnicos y normativos que permitan implementarlas y monitorearlas. Ese es nuestro actual reto.

A la fecha estamos ad portas de aplicar el proyecto “Apoyo a los procesos de implementación y monitoreo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y del Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO) para Personas con Discapacidad 20092018”, con el cual pretendemos, entre otros objetivos, contribuir a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios públicos y programas sociales básicos prioritarios, esperando mejorar asimismo su cobertura y calidad. Al mismo tiempo queremos optimizar el conocimiento ciudadano, tanto de la sociedad civil de como los funcionarios públicos, sobre los derechos de las personas con discapaci-

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dad, así como de los mecanismos para promoverlos y protegerlos. Por todo lo expresado es evidente que tenemos grandes retos por cumplir, nos encontramos en un proceso de cambio de paradigmas de cómo considerar a las personas con discapacidad que han vivido olvidadas y desplazadas, convirtiéndose en un sector poblacional invisible. Desde el Congreso estamos tomando todas las rutas posibles y necesarias de trabajo para alcanzar la inclusión de las personas con discapacidad, que representan a tres millones y medio de peruanos, lo cual conllevará a una verdadera sociedad de igualdad en el Perú. Claro está que el éxito de este proceso depende de los mismos miembros de la sociedad que somos todos nosotros.

S u s a n a

S t i g l i c h

Wa t s o n

Derechos humanos y personas con discapacidad en el Perú: Avances y perspectivas Entre las poblaciones más vulnerables en el Perú se encuentran las personas que presentan algún tipo de discapacidad. En este artículo se abordarán temas como quiénes y cuántas somos las personas con discapacidad, definiciones actuales, así como los avances y perspectivas en relación con los derechos humanos.

¿Quienes son las personas con discapacidad? A partir de los procesos que llevaron a la promulgación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, recientemente ratificada por el Perú en el año 2007, se llegó a un consenso general de la inexistencia de una definición explícita para “discapacidad”, pues es un concepto que cambia continuamente. No obstante, se acordó que la discapacidad es el resultado de la interacción entre las personas con alguna deficiencia y las barreras actitudinales y ambientales. En este sentido, las personas con discapacidad son aquellas que tienen alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden tener dificultades para participar plena y efectivamente en la sociedad en iguales condiciones que los demás. Para poder ilustrarles mejor, presento mi caso de modo que puedan entender y aplicar esta definición social de la discapacidad. Soy una persona con deficiencia auditiva en ambos oídos; es decir, tengo sordera profunda. En el desarrollo de mis actividades cotidianas enfrento dificultades o limitaciones varias veces al día y en forma permanente, al interactuar con determinadas personas o “cosas”. Mi principal dificultad consiste en acceder a la comunicación con otras personas, así como a informaciones de diversa índole que me

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rodean y que por momentos tengo que utilizar, sean mensajes de televisión, radio, anuncios, ruidos ambientales, señales auditivas, comunicación por teléfono o celular, etc. Se me hace difícil acceder a la información cuando un video de cualquier tipo no cuenta con subtítulos; cuando me comunico con un asistente de atención al cliente de algún establecimiento que habla muy rápido, o que se tapa la boca, o que se da la vuelta; cuando estoy esperando ser atendida con ticket en mano y anuncian los números en voz alta por lo que no me entero si es mi turno o no; cuando asisto a un seminario y no cuento con un intérprete de lengua de señas para entender y seguir los contenidos. En fin, situaciones de mi vida en las que estoy claramente en “desventaja” frente a los demás y enfrento barreras de comunicación e información. Lo opuesto sería un mundo utópico y perfecto, en el cual yo tuviera acceso a comunicación e informaciones de todo tipo, y donde mi deficiencia sensorial dejaría de ser una discapacidad, dado que no enfrentaría barrera alguna. Esta definición social de la discapacidad que se viene utilizando alrededor del mundo, y ahora en el Perú con la entrada en vigencia de esta convención, hace que empecemos a ver esta condición desde otro punto de vista. No somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a todas las situaciones de la vida diaria en la que enfrentamos distintos tipos de barreras y obs-

táculos, sino que poco a poco la sociedad en conjunto tiene que ir eliminando estas barreras tanto físicas como de actitud. Construir rampas de acceso para personas usuarias de sillas de ruedas, colocar subtítulos en los programas de televisión de señal abierta, soluciones de diversos tipos para atención al cliente en cualquier establecimiento, publicación de textos en sistema Braille para personas con ceguera o baja visión son algunas de las muchísimas cosas que se pueden hacer para reducir estas barreras permitiéndonos ser incluidos y poder participar en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida social. Por otro lado, la Ley 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad en el Perú, especifica un concepto de incapacidad que se aparta del modelo de derechos

« Es por ello que aún

podemos encontrar políticas públicas que hacen prevalecer un enfoque de asistencialismo hacia las personas con discapacidad. »

humanos y desarrollo social basado en la definición de la Organización Mundial de la Salud del año 1980, incluida en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM-1), según la cual discapacidad es “toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano”. Esta definición está considerada dentro del modelo médico de atención a la persona con discapacidad. El contraste entre estas dos definiciones es un reflejo de las distintas perspectivas que existen acerca de la discapacidad y que influyen en un determinado tipo de atención o tratamiento hacia este colectivo. Es por ello que aún podemos encontrar políticas públicas que hacen prevalecer un enfoque de asistencialismo hacia las personas con discapacidad. ¿Cuántos somos? Es todavía difícil precisar el número de personas con discapacidad en el Perú debido a los persistentes problemas de definición, formas de registrar / censar a la población y a los conceptos que se manejan respecto a esta condición. Aun así, me parece increíble que en pleno 2009 sigamos dependiendo de “datos estimados” para cuantificar la población con alguna discapacidad en nuestro país. Pese que hay algunas mediciones importantes realizadas, como la Encuesta de Hogares sobre Dis-

capacidad en Lima Metropolitana del año 2005, que nos brinda datos estadísticos sobre Lima y Callao, es triste constatar que al no incluirse una sola pregunta sobre la situación de discapacidad de la población en el último censo realizado, no tenemos cifras ni siquiera aproximadas de cuántos somos y qué discapacidades existen en nuestra población a la fecha. Como bien lo señaló Barbara Murray en un seminario al que asistí hace poco: “Si no te cuentan, no te toman en cuenta”; así de simple. Al no disponer de datos puntuales, el proceso de inclusión será muy lento y los avances que se vienen dando solo son notados generalmente por aquellas personas, con y sin discapacidad, involucradas en la defensa y promoción de los derechos humanos del colectivo que nos ocupa. Pero pienso que la sociedad en su conjunto todavía no reacciona ante este tema, tal como muchos aún no tomamos conciencia ni reaccionamos ante los cambios climáticos que se avecinan y que se pueden prevenir en cierta forma si tomamos cartas en el asunto. Para que haya verdaderos avances es necesario contar con un marco estadístico nacional, de manera que al momento de diseñar las políticas o programas estos se puedan focalizar en la población con discapacidad. Muchos no se dan cuenta de que conformamos un grupo numeroso, aproximadamente el diez por ciento de la población total del Perú, según estimaciones de la Organización Mundial de la

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« ... todavía se nos

considera como una población vulnerable y dentro de la mayor minoría del mundo, al no ser incorporada en las dinámicas sociales y en las políticas públicas. » Salud. Pese a esta magnitud y extensión de la realidad de las personas con discapacidad, todavía se nos considera como una población vulnerable y dentro de la mayor minoría del mundo, al no ser incorporada en las dinámicas sociales y en las políticas públicas. Es por ello que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recientemente estuvo promoviendo la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, como señalé anteriormente, ya fuera ratificada en el Perú. ¿Cuánto se ha avanzado? En los últimos años se han venido dando avances significativos en materia de normas, políticas públicas, programas, creación de entidades y planes nacionales

en favor de las personas con discapacidad, que se reflejan en acciones afirmativas para poder alcanzar una igualdad de oportunidades. Sin embargo, siguen existiendo casos diversos de violaciones de los derechos humanos, así como expresiones de discriminación y exclusión social en relación con los cuales hay todavía mucho por hacer. Se mantiene la enorme brecha entre la normativa y su aplicación efectiva. Muchas de las leyes carecen de disposiciones que exijan su cumplimiento efectivo. Recientemente se ha promulgado la Ley 29392, que establece infracciones y sanciones por incumplimiento de la ley general de la persona con discapacidad, y su reglamento, que entrarán en vigencia en enero del próximo año. Se espera que con esta norma pueda haber avances importantes en cuanto al cumplimiento efectivo. Como señalé anteriormente las personas con discapacidad, al no ser tomadas en cuenta, seguimos siendo de alguna manera invisibles ante la sociedad y lo que sucede es que persisten los casos de discriminación o violaciones de los derechos fundamentales, cuya dimensión real se ignora pues no se tiene un panorama

completo sobre la situación de los discapacitados. Perspectivas para el futuro A partir de la ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte del Estado peruano, pienso que se debe hacer una amplia difusión de sus contenidos, así como actuar y trabajar en conjunto hacia una verdadera inclusión social. Un ejemplo concreto de las acciones que podrían empezar a darse consiste en no permitir la construcción de ningún tipo de infraestructura si es que esta no garantiza que sea accesible para el ingreso, desplazamiento seguro y uso de personas con discapacidad. Estos cambios no se pueden dar de la noche a la mañana, es necesario continuar desarrollando acciones de sensibilización a la sociedad en su conjunto acerca de las personas con discapacidad y de su situación. Igualmente es imprescindible que se trabaje en una agenda conjunta de planificación del desarrollo del país a través de alianzas constructivas, incluyendo a estas personas. Como dice el lema de las organizaciones de este colectivo: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.

Cuaderno de Rutas

J u a n

A c e v e d o

Ciudad de Los Reyes

“Les he puesto un título, el que siempre quisieron tener: Ciudad de los Reyes, que es como inicialmente fue llamada Lima, ésa que se va y sigue”. “Pero Ciudad de los Reyes no es sólo Lima. Está también en otras ciudades peruanas, en Latinoamérica y en España. Es más, allí donde hay relaciones de dominación de la Ciudad de los Reyes renace cada día. Juzgue el lector la forma en que podamos derrumbar sus murallas de mezquindad para aprender a vivir la libertad y el amor”.

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Allende los Mares

A l f r e d o

P a z m i ñ o

Aplicación de los derechos humanos a la orientación sexual y a la identidad de género: Principios de Yogyakarta ¿Qué es lo que usted conoce acerca de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales? La respuesta dependerá de la “acera” en la que se encuentre, de la experiencia familiar o de las vivencias que lleguen a su memoria, algunas traumáticas y otras jocosas. Por desgracia, para la mayoría de latinoamericanos las personas LGBT somos un error de la naturaleza, desdichados e infelices que concentramos en el sexo, sobre todo falocentrista, nuestras vidas. Otros, menos radicales, piensan que los gais pretendemos ser mujeres y que las lesbianas quieren ser hombres. Falso. Cabe aquí una primera diferenciación en torno a la orientación sexual:

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La orientación sexual se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas (Onufer y Muntarbhorn, 2007: 6).

Habrá usted observado que, en esta definición, se ha cambiado el tradicional sexo gonadal por el género, que es realmente la denotación de la sexualidad humana, independientemente del sexo físico de nacimiento. Ahora bien, cuando hablamos de orientación sexual no incluimos en ella a las personas trans1, ya que estas responden a una definición completamente distinta a la anterior. La identidad de género se refiere a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales (Ibíd.).

Siendo ese el panorama, cuando hablamos de orientación sexual nos referimos a personas heterosexuales, homosexuales (gais y lesbianas) y bisexuales; y cuando nos referimos a identidad de género hacemos referencia a las personas trans que, cabe mencionar, en la mayoría de los casos tienen una orientación heterosexual. Cuando se trabaja con realidades tan distintas y distantes culturalmente descubrimos un sinnúmero de formas de abstraer la realidad, en muchos de los casos estas generan dolor tanto psicológico como físico al ver que alguna vivencia no corresponde con el denominador común de su entorno. Esta situación nos ubica temporalmente a mediados del siglo XX, o antes, en aquellos años de silencio en relación a la salvaguarda de los derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, por tanto, constituye el primer inventario de derechos aceptados por la comunidad internacional. Sus treinta artículos fueron desarrollados y consagrados jurídicamente en convenciones internacionales para hacerlos más precisos en relación a los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, los derechos de la mujer y de los niños o la lucha contra la discriminación racial y la tortura. La batalla por los Derechos Humanos se sustenta en dos aspectos complementa-

1 La denominación “trans” agrupa a las personas travestis, transexuales, transgéneros e intersexuales.

rios: el primero consiste en reforzar la aceptación de normas y la capacidad de ponerlas en práctica, mientras que la segunda consiste en controlar su aplicación en la cotidianidad (Hammarberg, 2007: 6).

Ahora bien, muchos somos los activistas que reclamando una concreción de estos derechos hacia la población LGBT contamos con espacios como la International Conference on LGBT Human Rights2, de cuya pri-

mera conferencia nacieron los Principios de Yogyakarta3 que se presentarán a conti-

nuación y que esperamos representen una luz al final del túnel para muchas personas LGBT que lean este artículo. Al mismo tiempo, para quienes no han sentido discriminación por amar en libertad y llamarse como se sientan, que sea como un reflejo lejano que les dé la luz suficiente para ver más allá de la costumbre, de la tradición y de la heteronormatividad.

Los principios de Yogyakarta se formularon para que todos los estados tengan la obligación de respetar, proteger y aplicar los derechos humanos independientemente de la orientación sexual de las personas o de su identidad de género, ya que cuando hablamos de derechos de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT) se pretende entender erróneamente una definición forzada de nuevos derechos únicos y exclusivos para nosotros. Este es un malentendido total. La Declaración Universal de los Derechos Humanos engloba a todas las personas sin ninguna exclusión; lo relativamente nuevo es la demanda directa de su aplicación coherente ya que, en la actualidad, más de 80 países consideran un crimen las relaciones sexuales libres y consentidas entre personas del mismo sexo, y en siete países esta práctica es castigada con la pena de muerte. No es más esperanzador el papel del Perú en términos de orientación sexual e

2 Conferencia Internacional de Derechos Humanos LGBT. La primera de ella se realizó en Montreal en 2006 con la presencia del primer ministro Paul Martin, quien manifestó: “Canadá hoy se adhiere fielmente al valor de la tolerancia y la inclusión y en suma a su promoción. Estoy seguro de que, como yo, ustedes esperan que las discusiones que tendrán lugar en esta importante manifestación contribuyan a cambiar las mentalidades de nuestra sociedad. Pueden enorgullecerse de participar en esta conferencia que está cargada de solidaridad y con su ayuda eliminar toda forma de discriminación por orientación sexual” www.outsports.com/montreal2006/culture.htm La segunda se realizó en Copenhague en 2009, del mismo modo el primer ministro Lars Lokke declaró: “Dinamarca fue el primer país del mundo en reconocer las relaciones entre personas del mismo sexo. En Dinamarca tenemos una tradición de tolerancia e inclusión. Esta es una pieza clave en la construcción de una sociedad libre, democrática y cumplidora de las leyes” www. copenhagen2009.org/Conference.aspx 3 Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género: www.yogyakartaprinciples.org (Descarga completa en PDF).

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identidad de género, conformándose con sembrar tolerancia en lugar de fomentar respeto hacia todas las personas. El Estado peruano es uno de los pocos países de Sudamérica que no tiene ninguna normativa en términos de igualdad legal para personas LGBT, ni caminos conducentes a la unión de parejas del mismo sexo, ni mucho menos a las adopciones homoparentales porque simplemente nos sigue viendo como personas anormales, deficientes e inmaduras, merecedoras de discriminación, exclusión y vejaciones. ¡Basta ya, señores y señoras! Es preocupante la gran cantidad de derechos que se vulneran por no luchar por ellos. Sabemos que en todos los países hay problemas y los recursos son insuficientes para solucionarlos; lo importante es que los responsables políticos se muestren comprometidos a remediar esta situación. A esto se le conoce con el nombre de voluntad política, de la que adolecemos. Muchos estados y sociedades imponen a las personas normas relativas a la orientación sexual y a la identidad de género a través de las ación de la violencia basada en el género y de la desigualdad entre los géneros (Onufer y Muntarbhorn, 2007: 7).

Los principios de Yogyakarta agrupan 29 puntos para ser tomados en cuenta por los estados y por la sociedad civil, con recomendaciones operativas para generar ese cambio tan necesario. Uno de los principios urgentes es “el derecho a la seguridad personal”

(principio Nº 5) en el cual se recomienda a los estados: • Adoptar todas las medidas policíacas y de otra índole que sean necesarias con el fin de prevenir todas las formas de violencia y hostigamiento relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género y a brindar protección contra estas. • Adoptar todas las medidas legislativas necesarias para imponer castigos penales apropiados frente a la violencia, amenazas de violencia, incitación a la violencia y hostigamientos relacionados con ellas, motivados por la orientación sexual o la identidad de género de cualquier persona o grupos de personas, en todas las esferas de la vida, incluyendo la familia. • Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean necesarias con el fin de asegurar que la orientación sexual o la identidad de género de la víctima no sea utilizada para justificar, disculpar o mitigar dicha violencia. Asegurar que la perpetración de tal violencia sea investigada vigorosamente y, en aquellos casos en que se encuentren pruebas apropiadas, se presenten cargos legales contra las personas responsables, se las lleve a juicio y se las castigue debidamente, y que a las víctimas se les brinde recursos y resarcimientos apropiados, incluyendo compensación. • Emprender campañas de sensibilización dirigidas al público en general, como también a perpetradores y perpetradoras reales de la violencia,

con el fin de combatir los prejuicios subyacentes a la violencia relacionada con la orientación sexual y la identidad de género. Sin lugar a dudas, en el Perú hace falta quitarnos los rubores de la cara a la hora de asumir compromisos políticos, y no partidistas, conocer sin miedo otras realidades legislativas fronterizas como la brasileña, la colombiana, la argentina o la uruguaya y, sobre todo, dejar en las páginas de las crónicas de Cieza de León o de Garcilaso de la Vega a aquel peruano o peruana hipócrita y de doble moral.

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Lesbian and gay rights in the world.

E s t h e r

Va r g a s

Las lesbianas, invisibles y negadas Una minoría dentro de la minoría. Quizás las lesbianas en el Perú no sean pocas pero lo parecen, porque son invisibles hasta que salen a la luz en medio de un escándalo. La opinión pública, la prensa y todos aquellos que tienen voz en este país elaboran apurados diagnósticos y perfiles para tratar de entender por qué una mujer ama a otra. El reportaje “humano” no se publica un día cualquiera, tiene que haber un escándalo de por medio. Productores de televisión rebuscan en sus agendas analistas propicios, periodistas que saben de “esas cosas” y oportunistas profesionales de la conducta. El circo está listo para encender sus luces.

En estos días hemos sido testigos de cómo las lesbianas peruanas están en boca de todo el mundo, nunca tanto como ahora: una está muerta, la otra espera en un penal el fallo de la justicia, y otras dos –parejas o ex parejas, según la versión oficial– podrían acabar presas por el asesinato de la madre de una de ellas.

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El taxista que me lleva al diario baja el volumen de su radio, sintonizada en una emisora de noticias. Gira su mirada hacia mí, aprovechando la luz roja, y me dice: “Un montón de lesbianas hay ahora en Lima, ¿no?”. Me pongo los audífonos del iPhone, música al máximo, y lo ignoro. En plena “abenciamanía” –como la prensa calificó todo lo relacionado con la muerte de la cantante Alicia Delgado, y con su presunta asesina y pareja Abencia Meza– he escuchado la misma pregunta de varios taxistas. “Hoy no tengo ánimo de polemizar”, pienso. Horas antes me habían llamado de un programa de televisión para analizar la relación de Eva Bracamonte y Liliana Castro. Me pregunto en qué parte de mi currículo dice que yo soy “lesbianóloga” (si el término existe). Me pregunto qué puedo decir al respecto, qué de bueno puedo aportar a un complejo caso policial, qué pistas nuevas he conseguido, qué primicia tengo en la pantalla de mi laptop que no me he enterado. Soy editora de una sección de un diario y de lunes a viernes planifico cómo tratar el caso Fefer: envío a mis redactores a la fiscalía, a la casa de las muchachas o a la oficina de sus abogados. Pido que llamen a todas las partes involucradas, revisamos atestados policiales, discutimos el ángulo del día. Al caer la tarde pienso en un titular atractivo sin faltar a la verdad y edito la historia, cuidando de no confundir datos que perjudiquen a cualquiera de las partes. La rutina es idéntica a la del caso Abencia-

Alicia, y al arboricidio en Chorrillos, y a las revisiones técnicas en Lima. El mismo procedimiento, aunque, claro, el caso Fefer –como el de Abencia– te despierta cierto morbo. En el pasillo –donde quizás fumo un cigarrillo– converso con los redactores, pregunto cosas que no publicaré, bromeo y casi parece que todos somos jueces, dispuestos a sentenciar. Ella es culpable; no, no, la otra. En la hoja impresa no queda huella de las lucubraciones del pasillo humeante. Pero el programa de televisión no me llama por mi trabajo periodístico. Me convoca porque yo también soy lesbiana y debo saber cómo son esas relaciones extrañas, peculiares, diferentes. Es la cuarta vez que me niego a ser parte del show. Y es la cuarta vez que me siento a pensar por qué somos visibles únicamente cuando pasa algo malo. ¿Por qué el Perú no termina de cambiar? ¿Por qué no se quita esos anteojos homofóbicos? ¿Por qué se abren debates negativos y superficiales? ¿Por qué somos las “estrellas” del show cuando pasamos a la página de policiales? Cuando en abril de 2008 la universidad en la que enseñaba periodismo me pidió la renuncia por ser lesbiana, yo acudí a ese set de televisión a contar mi historia. No había corrido sangre pero allí estaba yo, denunciando lo que a todas luces fue un atropello. No fui como “especialista”. Fui como víctima. Numerosas voces se alzaron e, ilusa yo, creí que este suceso abriría un debate amplio y productivo. Al séptimo

día, el ruido se hizo silencio. Nadie, nunca más, preguntaría qué pasó con el caso, muchos creen todavía que se hizo justicia y que sigo dictando cátedra. No son pocos los que aseguran que la universidad dio marcha atrás. Cada vez que me invitan a dictar una conferencia y me presentan como profesora de ese centro de estudios debo aclarar que fui despedida. Veo rostros de sorpresa, y todavía la ingenua pregunta de por qué. Desde abril de 2008 hasta la fecha, el panorama no ha cambiado. Yo fui una anécdota. Los movimientos defensores de la minoría poco pudieron hacer para aprovechar esta historia y evitar que nunca más se repitiera. Sigue ocurriendo, pero nadie lo denuncia. Los organismos defensores de derechos humanos no pueden hacer mucho porque la prensa –de la cual soy parte– mantiene la puerta cerrada. Aquí y en cualquier parte se ocupa del tema cuando hay un escandalete. Entonces surgen los “opinólogos” y las lesbianas invisibles nos hacemos visibles, protagonizamos el show, un show donde aparentemente la homofobia se está extinguiendo, está pasada de moda y es motivo de condena pública. Se habla de tolerancia y de respeto, y se dicen demasiadas bobadas sobre el amor –en este caso– lésbico. El escándalo reciente llegó con Abencia y Alicia hace algunos meses. El caso perfecto: un cóctel de sangre, homosexualidad y farándula. Durante más de dos

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semanas los periodistas husmearon en los calzones de las protagonistas, calificando actitudes, modos de vestir, incluso maneras de hablar. Fue uno de los amores más expuestos de los últimos tiempos. Hasta que surgieron las chicas Fefer y los periodistas enfocaron su atención en estas dos guapas limeñas, adineradas, lesbianas y aparentemente culpables de un crimen. Las minorías en el Perú no tienen los parlantes necesarios para hacer oír su voz. Es triste y lamentable que esto ocurra en instituciones que pregonan la tolerancia y el respeto. “¿Por qué no has vuelto a enseñar periodismo en alguna universidad?”, me pregunta un colega. Respondo que no sé, que no se han dado las oportunidades y que mis metas se han enfocado a talleres y capacitaciones sobre el periodismo digital en empresas e instituciones. Me gusta lo que estoy haciendo, es más rentable y se adapta a las exigencias del diario. Pero el colega insiste: “¿No será que no has sido convocada porque eres lesbiana?”. Me quedo pensando en ello y no sé si sus palabras tienen algún sentido. Sería exagerar y dramatizar, pero quizás no le falte razón. O quizás todos se hacen los ciegos y sordos, y siguen creyendo que enseño en esa universidad, porque así me dicen cada vez que me encuentran: “¿Cómo te va en la…?”. Y yo debo aclarar (pese a que ha transcurrido más de un año) que ya no trabajo allí. “¿Y por qué?”. Y la apatía me gana, y me cansa repetir el discurso, y acabo por decir que ya no tengo tiempo.

« ... el 61%

considera peligroso para los niños que un homosexual sea profesor escolar y un 51% afirma que no compartiría una habitación con un homosexual. »

Y a veces la nostalgia me envuelve, sobre todo cuando mis ex alumnos me escriben o me llaman y se dirigen a mí como “profesora”. En esos momentos pienso que declararse lesbiana es todavía una imprudencia en este país. Si hubiera callado quizás hoy estaría llena de exámenes, mal pagada, pero enseñando periodismo, que tanto me gusta. Al rato recupero la firmeza y me replico: “No vale la pena enseñar en un lugar donde la homofobia encubierta te saca del medio”. Y me hago invisible. Tolerancia o respeto Un artículo del diario El Comercio, publicado el 23 de agosto pasado, revela que el 80% de la población en Lima tolera a los homosexuales. Cuando la noticia se difundió por Twitter, la red de microblog-

ging de moda, un activista del movimiento homosexual de Lima opinó en 140 caracteres –el formato que exige el servicio gratuito de Internet– que la comunidad homosexual no pedía tolerancia sino respeto. No hubo debate. Nadie se mostró interesado en cuestionar. La encuesta elaborada por Ipsos Apoyo para El Comercio brinda datos interesantes para futuros análisis sociológicos y de género. Más del 60% considera la homosexualidad como una orientación sexual distinta pero válida. Para el psicoanalista Moisés Lemlij, entrevistado por el diario, hace diez años “probablemente la tolerancia habría sido mucho menor”. Se advierte además que las personas con mayores ingresos (sectores A y B) son las que más tolerancia muestran. Los datos numéricos no son tan auspiciosos como aparecen en la primera plana: el 61% considera peligroso para los niños que un homosexual sea profesor escolar y un 51% afirma que no compartiría una habitación con un homosexual. El sondeo también se ocupó del matrimonio entre personas del mismo sexo: el 76% se opuso al matrimonio entre hombres y el 77% al de mujeres. El rechazo fue más evidente con el tema de las adopciones de niños por parejas del mismo sexo: el 81% se declaró en contra. Una lectura sin apasionamientos de la encuesta hace pensar que la tolerancia es una palabra bastante sencilla en boca de la gente. Yo tolero, yo respeto, yo acepto… pero... Y en los peros es donde la toleran-

cia cae a niveles claros de intolerancia y escaso respeto por la decisión legítima de hombres y mujeres de compartir su vida o de vivirla como su cuerpo y sus deseos se lo ordenen. La tolerancia es relativa, existe hasta que toca tu círculo más íntimo, hasta que te enteras de que la profesora de tu hija es lesbiana o hasta que te topas con tus guapos vecinos de la mano en el ascensor de tu elegante edificio. Que cese la violencia Mientras esta encuesta se comenta en cafés y discotecas frecuentados por la comunidad gay, lésbica y transexual del Perú, las cifras de violencia hacia las minorías sexuales no dejan de preocupar. George Liendo, coordinador del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex) afirma que un gay es asesinado cada cinco días en el Perú. Estos llamados crímenes de odio destacan por su ensañamiento y por las dificultades para esclarecerse. Una investigación del MHOL revela que cada año, en el Perú, mueren 60 personas víctimas de la homofobia. “¿Y cuántas lesbianas muertas hay por crímenes de odio?”, me pregunta un periodista. El 2009 cerrará con el caso de Alicia Delgado, pero efectivamente casos conocidos no los hay, porque justamente las lesbianas

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viven invisibles. El cuerpo NN que hallan en la periferia de la ciudad puede pertenecer a una chica lesbiana que se negó a tener relaciones sexuales con un terco pretendiente. Pero la verdad no sale a la luz, porque el asesino –cuidando su hombría hasta el final– acaba diciendo que fue en un momento de furia, que no sabe cómo pasó, que simplemente ocurrió. La historia no trasciende. Las lesbianas que no mueren ni son parte de escándalos y optan por encerrarse en el clóset sufren vejámenes cotidianos por su opción sexual. Escenarios: escuelas, universidades, ejército, policía, hospitales… Y si no estudian o trabajan, la hostilidad las roza –y a veces las agrede físicamente– en las esquinas de su barrio, donde son tildadas de “machonas” o “raritas”. Un insulto reiterativo y cotidiano que les daña la autoestima y las encierra aún más en donde no se las ve, en ese pedazo de mundo que el Perú real prefiere ignorar… hasta que surge otro escándalo, y la homosexualidad se pone de moda, y las luces del circo se encienden, los reflectores nos apuntan, y alguien quiere saber qué pensamos, qué sentimos, cuál es nuestro discurso político, por qué soñamos con casarnos, por qué creemos que podemos ser buenas madres, por qué luchamos por un imposible… cuando, al menos, ya se nos tolera.

S u s e l

P a r e d e s

P i q u ĂŠ

Machonas, cabros, tracas, mostaceros y doble filos: Todas y todos somos ciudadanas y ciudadanos Nadie puede negar que las cosas han cambiado, pero el viaje hacia el reconocimiento de la ciudadanĂa plena de las personas LTGB1 es muy largo y lleno de dificultades; sin embargo, como activista lesbiana y abogada estoy segura de que lo vamos a superar.

Lesbianas, trans (travestis, transgĂŠneros y transexuales) gays y bisexuales.

El día 23 de agosto de este año se publicó en el diario El Comercio una encuesta de la empresa Ipsos Apoyo sobre homosexualidad2, donde el 80% de entrevistados respondió que tolera a los homosexuales y más del 60% dijo estar de acuerdo en que la homosexualidad es una orientación sexual distinta pero válida. “Esta es la fotografía de algo que está en movimiento: si hubiéramos hecho estas preguntas diez años antes, probablemente la tolerancia habría sido mucho menor”, comentó el psicoanalista Moisés Lemlij. Es cierto lo que este dice, pero el avance será cualitativo cuando nos respeten y no simplemente nos toleren. La encuesta también revela que el 61% considera peligroso para los niños que un homosexual sea profesor escolar, aunque los entrevistados parecen ignorar la enorme cantidad de profesores heterosexuales violadores de nuestras niñas y niños. Al respecto puedo dar testimonio de un caso emblemático denunciado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán en su Reporte de Derechos Humanos de las Mujeres 2004 (Paredes, 2005), en el que se consigna la violación sistemática de veinte pequeñas alumnas por parte de tres profesores heterosexuales en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, región Amazonas.

« ... nos consigna y

nos “marca” en forma arbitraria con características negativas, nos estigmatiza gratuitamente sin ningún sustento, ni sociológico, ni jurídico, ni científico, por puro prejuicio. »

Similares casos suceden en Lima y en todas las regiones del país, y a nadie se le ha ocurrido pensar que ser heterosexual es un signo de peligrosidad, lo cual prueba que una mitología popular –que tiene además alcance global– nos consigna y nos “marca” en forma arbitraria con características negativas, nos estigmatiza gratuitamente sin ningún sustento, ni sociológico, ni jurídico, ni científico, por puro prejuicio. Esto por supuesto lesiona nuestra igualdad en el ejercicio de nuestros derechos; en el caso mencionado, directamente en nuestro derecho humano al trabajo. El 51% afirma que no compartiría la habitación con un homosexual, lo cual

2 http://www.elcomercio.com.pe/noticia/331940/tolerancia-homosexualidad-se-abre-paso-nuestropais, consultado el 24 de agosto de 2009. Si desea ver la encuesta completa hágalo en: http://e. elcomercio.pe/101/doc/0/0/0/5/1/51845.doc

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es verdaderamente gracioso pues, para empezar, ¿no se han puesto a pensar que podemos tener sentido de la selectividad? ¿Qué hay mujeres que no nos provocan ninguna atracción y que aunque durmamos juntas no nos despertarán nada? Adjudicarnos esa calidad de animales sexuales irremediablemente rendidos ante nuestros exuberantes impulsos es falso, quisiera que fuera cierto… pues a mis provectos 46 años, estos impulsos ya no son tan exuberantes como la mitología popular asume. Quisiera volver a reflexionar en torno al ejemplo del acoso sexual registrado estadísticamente en los centros de trabajo y estudios, y que ocurre a diario en nuestro país; en oficinas estatales, en empresas privadas, en colegios, en universidades, cientos de varones heterosexuales exigen favores sexuales a cambio de una nota, de un puesto de trabajo o de un aumento de salario. Y nuevamente a nadie se le ocurre pensar que los heterosexuales son seres incontrolables que cuando ven una minifalda son incitados a la violación irremediablemente. Esta creencia también nos pone en desventaja en el mercado laboral. Sobre el matrimonio, aclarando que hablamos del matrimonio civil exclusivamente, hay una negación flagrante de la realidad. Las parejas de lesbianas y de gays existimos al margen de que se nos excluya de las leyes y de los beneficios que tienen los heterosexuales, y cuando hablo de beneficios me refiero por ejemplo a que no podemos pedir préstamos de vivienda con

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el sueldo conyugal; no podemos incluir en el seguro social a nuestras parejas, ni a sus hijos cuando conformamos una nueva familia; no podemos delegar en nuestras parejas las decisiones sobre nuestra salud cuando no estamos conscientes para hacerlo, siendo la familia consanguínea la que las toma. Eso resulta injusto pues esta familia en muchas ocasiones expulsa y hasta explota a sus integrantes homosexuales; lamentablemente he podido constatar casos de muchas de mis hermanas trans que son explotadas por sus padres, quienes actúan como proxenetas. Es decir, no se reconoce la existencia de nuestras familias, obligándonos a trabajar muy duro para garantizar que se respeten nuestros derechos a través de figuras jurídicas como el testamento, la disposición de nuestro tercio o de nuestra mitad de

« ... a nadie se le

ocurre pensar que los heterosexuales son seres incontrolables que cuando ven una minifalda son incitados a la violación irremediablemente. »

libre disposición, o de adoptar otras figuras como la copropiedad o la donación mutua para no desamparar a nuestras parejas después de morir. Respeto de la adopción, el prejuicio sigue firme y brutal: el 81% desaprueba, con una serie de argumentos totalmente arbitrarios, que las parejas homosexuales adopten niños, desconociendo que existen miles de lesbianas y gays que lo han hecho aunque no en pareja, claro, sino como personas individuales, siendo además madres y padres ejemplares y entregadísimos. Además nosotras y nosotros no podemos tener hijos por accidente o por descuido, los buscamos acudiendo a diversos mecanismos de acuerdo a nuestra realidad económica; por ejemplo, las chicas lesbianas que no pueden pagar un costoso proceso de reproducción asistida acuden a un familiar o incluso a un amigo del barrio, quien como donante hará la operación natural para buscar un embarazo, desde luego planificado. Las lesbianas con recursos pagan enormes sumas de dinero, importando semen de bancos certificados con características muy especificas requeridas por esta exigente clientela. También tenemos las que adoptan, pues en la comunidad hay chicas que quieren atender a estos niños y niñas expulsados por sus familias heterosexuales. De manera que la opinión consignada en la encuesta no tiene fundamento y contradice totalmente el ejercicio de la maternidad lésbica y de la paternidad gay realmente existentes.

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Pero si lo que hemos mencionado se refiere a la mitología popular, les invito a conocer lo que hace el Estado peruano con nuestra comunidad, y al respecto debo afirmar que la conducta estatal es una vergüenza. Empecemos por lo más escandaloso y esto sí que lo es… El Perú es el único país del continente americano que no ha firmado la declaración sobre orientación sexual e identidad de género que se propuso en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del 2008, en la que por iniciativa de Francia, y con el apoyo de 66 países, se condena el abuso y la violencia basados en la discriminación por orientación sexual e identidad de género; a pesar de que este documento no es vinculante reconoce la necesidad de protección de los derechos de las personas LTGB y constituye un compromiso político. Por ello, entre otras cosas, la Red Peruana TLGB (www.reperuanatlgb.org) ha presentado su Informe anual (2008) sobre los derechos humanos de las personas LTGB, siguiendo los Principios de Yogyakarta, estructurado en seis partes. La primera está dirigida a mostrar las acciones del Estado peruano en relación con la discriminación hacia las personas trans, lesbianas, gay y bisexuales, tanto en la política exterior como en la interna. El segundo punto señala cómo se promueve en el Perú el reconocimiento de la personalidad jurídica, especialmente referida al derecho a la identidad. El tercer capítulo desarrolla la protección a algunos

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de los derechos económicos, sociales y culturales como expresión del derecho a no ser discriminado, a través de medidas que garanticen la integración equitativa a la sociedad. La cuarta parte se centra en el derecho a una vida libre de violencia. El quinto apartado indaga sobre el derecho al acceso de justicia sin discriminación. Finalmente, el sexto capítulo presenta conclusiones sobre el sistema de protección y garantía de los derechos humanos de las personas TLGB en el Perú. Este informe anual procura cubrir el vacío en el reporte de la situación de los derechos humanos TLGB en el Perú y analiza algunos hechos ocurridos durante el 2008, siguiendo los principios de Yogyakarta3, producto de un trabajo arduo realizado por especialistas de distintas regiones en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, quienes se reunieron en la Universidad de Gadjah Mada en Yogyakarta, Indonesia, del 6 al 9 de noviembre de 2006. Tenemos una ardua tarea por delante, pero nadie nunca dijo que era fácil, si no revisemos la historia… A la comunidad afrodescendiente norteamericana y sudafricana le costó mucho lograr una ciudadanía plena, a las sufragistas de igual manera,

a los obreros que reclamaron las ocho horas del mismo modo. Nosotras y nosotros no seremos la excepción. Referencias Informe anual 2008 Informe anual sobre derechos humanos de personas trans, lesbianas, gays y bisexuales en el Perú. Relatoría: Martín Jaime Ballero. Lima: Red Peruana TLGB y PROMSEX (Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos). Paredes Piqué, Susel, 2005 Invisibles entre sus árboles. Lima: CMP Flora Tristán. Principios de Yogyakarta 2007 “Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género”. Marzo. PROMSEX 2008 Concertando diversidades. Guía de apoyo para facilitadores y facilitadoras. Talleres de fortalecimiento de las capacidades de participación social en grupos organizados de lesbianas, gays, travestis, transexuales y bisexuales. Lima: PROMSEX.

3 Para mayor información, véase PROMSEX, 2008: 31-41. Para leer el texto completo de los principios, véase: Principios de Yogyakarta, 2007: 6-7. Para acceder al texto en formato virtual, visítese: http:// yogyakartaprinciples.org/

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Proa al Norte

S u s a n a

V i l l a r á n

d e

l a

P u e n t e

Igualdad y no discriminación en la infancia Artículo 2 de la Convención de los Derechos del Niño “1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres y de sus representantes legales. 2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus padres, o de sus tutores o de sus familiares”.

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Dilcia Yean y Violeta Bósico tenían derecho de ir a la escuela en República Dominicana como todos los niños del mundo. Sin embargo, el hecho de ser hijas de inmigrantes ilegales haitianos viviendo en pobreza en los Bateys de ese país del Caribe impidió que sus nacimientos fuesen registrados, y la ausencia de un certificado de nacimiento les imposibilitó la matrícula. El derecho a la educación primaria universal, gratuita y obligatoria les fue negado, y fueron objeto de discriminación por su origen nacional y su situación de inmigrantes. Ellas no son las únicas. Su caso, sin embargo, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se convirtió en emblemático de la situación de decenas de miles de niños como ellas. Principio de no igualdad y no discriminación Los instrumentos internacionales de derechos humanos, universales y regionales, contemplan el principio de no discriminación como un eje central de los derechos humanos, ya que esta anula o menoscaba los derechos, las libertades, la igualdad de oportunidades y de resultados, y lesiona la dignidad humana. Al igual que otros instrumentos –tales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el de Derechos Económicos y Sociales, la Convención Americana, la Convención contra toda forma de Discriminación contra la Mujer, entre otros– la Convención de los Derechos del Niño (CDN) coloca en

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un lugar central este principio rector de los demás derechos. El artículo 2 de la CDN mantiene el estándar de los demás tratados de derechos humanos, y el Comité de los Derechos del Niño (en adelante el Comité) –tanto en la revisión periódica universal y sus consecuentes recomendaciones a los estados miembros, como en las observaciones generales– coloca el derecho a la igualdad y a la no discriminación en un lugar destacado, sometiendo al escrutinio de este principio esencial las realidades que monitorea: ya sea la educación, el VIH/Sida, la situación de discapacidad, la primera infancia, los niños y niñas no acompañados, la justicia especializada para niños y niñas, o la condición de indígenas. Para el Comité, como lo ha señalado en innumerables ocasiones, “la discriminación basada en cualquiera de los motivos que figuran en el artículo 2 de la Convención, bien sea manifiesta o larvada, atenta contra la dignidad humana del niño y puede debilitar e incluso destruir, su capacidad de beneficiarse de las oportunidades…” (Observación General Nº 1: Propósitos de la educación, 2001). Un derecho que posibilita el disfrute de los demás derechos La discriminación se manifiesta en el trato individual, pero también se revela en la situación de desventaja y subordinación que padecen grandes grupos de niños y

niñas, originada en causas diversas como las que señala el artículo 2, párrafo 1 de la CDN. En esta segunda situación, la colectiva, la discriminación afecta a conjuntos de niños y niñas indígenas, afrodescendientes, refugiados por conflictos armados internos, migrantes, con HIV, separados de sus padres por diversas razones, religión, lengua, condición económica, entre otras circunstancias de vulneración de sus derechos, convirtiéndolos en víctimas de xenofobia, racismo, intolerancia y falta de acceso a recursos para la realización de un proyecto de vida digna. Por ello la discriminación atraviesa y afecta al conjunto de derechos de manera transversal. Por ejemplo el Comité, en su OG 7: Realización de los derechos del niño en la primera infancia (2005), sostiene: “El artículo 2 implica que no se debe discriminar a grupos de niños pequeños. La discriminación puede consistir en una peor nutrición, en una atención y cuidado insuficientes, o en la inhibición de la libre expresión de sentimientos y opiniones”. Discriminación de facto, discriminación de jure Crecientemente se adecuan las legislaciones internas de los países al principio de igualdad y no discriminación contenido en la CDN. La positivación de este derecho en las constituciones y en la legislación específica de infancia constituye un indudable avance en la garantía efectiva de los derechos y en las posibilidades de

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hallar remedios eficaces cuando son violados. Sin embargo, hay que enfatizar la diferencia de que si bien la discriminación de jure retrocede, la discriminación de facto se comprueba cotidianamente en prácticas discriminatorias asumidas socialmente como naturales, invisibilizadas o “larvadas”, como sostiene el Comité en su OG 1 ya citada. La discriminación a la niña La discriminación contra la niña por patrones culturales y sexistas se mantiene en las sociedades y se revela en el acceso a la educación, la permanencia en la escuela, el analfabetismo, el número de abortos clandestinos de adolescentes, el aborto selectivo, la prevalencia de la violencia física, psicológica y sexual, el abandono, la mutilación genital, el matrimonio a temprana edad, entre otras manifestaciones. Se constata entonces que a pesar de los avances normativos y de la puesta en marcha de políticas públicas en casi la totalidad de los estados, la brecha de género, los patrones culturales, las creencias, los mitos y los estereotipos de género que marginan y discriminan a la mujer siguen causando desventajas ostensibles para el pleno disfrute de sus derechos como niña, pautando roles que la colocan en desventaja estructural desde la primera infancia. En la OG 7 ya citada, el Comité rechaza expresamente la discriminación contra la niña:

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“Es una grave violación de derechos que afecta su supervivencia y a todas las esferas de sus jóvenes vidas, limitando también su capacidad de realizar una contribución positiva a la sociedad. Pueden ser víctimas de abortos selectivos, de mutilación genital, negligencia e infanticidio, entre otras cosas por una alimentación insuficiente en su primer año de vida. A veces se espera de las niñas que asuman responsabilidades familiares excesivas y se les priva de oportunidades de beneficiarse de la educación para la primera infancia y educación básica”.

Medidas afirmativas para lograr la igualdad La noción de trato igual para los iguales lleva al reconocimiento de que existen graves inequidades y desigualdades que vulneran derechos humanos y que deben ser corregidas mediantes medidas de discriminación positiva. Estas medidas precisan concretarse en legislación específica y en políticas públicas que materialicen presupuestos estratégicos, protegidos y por resultados; solamente así se sostendrán inversiones que permitan impactos mensurables en el retroceso de las desventajas ocasionadas por la discriminación.

La discriminación incrementa la vulnerabilidad Para los niños y niñas que viven enfermedades como el VIH/Sida o se encuentran en situación de discapacidad, sea física o mental, la estigmatización y el trato discriminatorio subsecuente los colocan en una situación de desventaja mayor o de vulnerabilidad, lo que acentúa su dependencia y subordinación. Lo más grave es que a mayor discriminación, más lejos se ubican las posibilidades de acceso a los remedios efectivos a su situación de enfermedad o a las medidas de política que requiere para gozar de condiciones de vida digna. Mientras más discriminación se padece viviendo en estas circunstancias, más lejos se encuentra la protección integral y especial a la que tienen derecho, siendo víctimas de un círculo vicioso de afectación generalizada de sus derechos.

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La rectoría en materia de no discriminación a niños, niñas y adolescentes Un aspecto que cabe destacar es que, en términos generales, el Comité ha hallado que las políticas específicas destinadas a erradicar la discriminación en grupos sociales particulares de niños ya señalados líneas arriba tienen escaso nivel de rectoría, cuentan con presupuestos exiguos y escasamente trasversalizan o permean el conjunto de políticas públicas. La ausencia de indicadores para medir los avances, retrocesos o estancamientos, o la emergencia de nuevas formas de discriminación, así como la escasa estadística levantada siguiendo el enfoque del principio de igualdad y no discriminación evidencian el incumplimiento de la obligación internacional de los estados.

Prevenir y erradicar la discriminación Tanto en sus recomendaciones a los estados como en sus observaciones generales, el Comité reitera la necesidad de adoptar medidas y remedios efectivos contra las conductas discriminatorias, así como contra la discriminación de carácter estructural que subordina a grupos de niños y niñas. Las recomendaciones se orientan en todos los campos: el preceptivo, el formativo, las medidas afirmativas, tanto normativas como de políticas públicas y los recursos para aplicarlas efectivamente. Entre otras recomendaciones encontramos: • “Una educación que promueva el entendimiento y aprecio de los valores, entre ellos el respeto a las diferencias y que ponga en tela de juicio todos los aspectos de la discriminación y los prejuicios constituirá un antídoto” (OG 1, ya citada). • “Los Estados deben examinar detenidamente las normas sociales prescritas en cuanto al sexo con miras a eliminar la discriminación por ese motivo, porque esas normas repercuten en la vulnerabilidad de los adolescentes al VIH/Sida” (OG 3: El VIH/Sida y los derechos del niño, 2003). • “Las leyes, las políticas, las estrategias y las prácticas deben tener en cuenta todas las formas de discriminación que contribuyan a agudizar los efectos de la epidemia.

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Las estrategias también deben promover programas de educación y formación concebidos explícitamente para cambiar las actitudes discriminatorias y el estigma que acarrea el VIH/Sida” (Ibíd.). • “Los adolescentes que son objeto de discriminación son más vulnerables a los abusos, a otros tipos de violencia y explotación, y su salud y desarrollo corren grandes peligros. Por ello tienen derecho a atención y protección especiales de todos los segmentos de la sociedad” (OG 4: La salud y el desarrollo en el contexto de la CDN, 2003). • “Los Estados Partes deberían sensibilizar acerca de la discriminación contra los niños pequeños en general y contra los grupos vulnerables en particular” (OG 7: Realización de los derechos del niño en la primera infancia, 2005), “incluir explícitamente la discapacidad como motivo prohibido de discriminación en las disposiciones constitucionales sobre la no discriminación… prever recursos eficaces en caso de violaciones de los derechos de los niños con discapacidad y garantizar que esos recursos sean fácilmente accesibles…” (OG 9: Los derechos de los niños con discapacidad, 2006). • “Los Estados Partes deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la igualdad de trato de todos los niños que tengan conflictos con la justicia” (OG 10: Los derechos del niño en la justicia especializada, 2007).

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“El Comité recuerda la estrecha relación existente entre el artículo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ambos artículos se afirma expresamente el derecho que tiene el niño, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. El derecho establecido es tanto individual como colectivo y constituye un importante reconocimiento de las tradiciones y los valores colectivos de las culturas indígenas. El Comité observa que el ejercicio de los derechos culturales de los pueblos in-

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dígenas puede estar estrechamente relacionado con el disfrute del territorio tradicional y la utilización de sus recursos” (OG 11: Los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención, 2008).

La conciencia y garantía efectiva que la CDN otorga al derecho a la igualdad y a la prohibición de la discriminación a niños, niñas y adolescentes es un avance muy significativo en esto veinte años de vigencia de dicho instrumento, que se ha convertido en norma interna en gran parte de los países y ha desarrollado políticas públicas orientadas a cerrar las brechas y reparar los efectos tan dañinos de la discriminación en todas sus manifestaciones.

F a n n i

M u ñ o z

C .

¿Hacia dónde vamos en la equidad de género en la educación peruana? Una de las tareas de nuestra época es construir positivamente la alteridad entre el hombre y la mujer, y no abandonarla a un funcionamiento donde la mujer es jerárquicamente inferior al hombre (…) Desde hace siglos, en efecto, la mujer virgen, amante, madre, funciona como valor de uso para el hombre y para la sociedad sin ser partenaire de intercambios. Tal tradición no se supera en algunos años ni por simple decisión. Pero, la atención al derecho y al lenguaje, sobre todo en su dimensión de representación genérica, puede hacer evolucionar esta distribución histórica de los papeles entre mujeres y hombres y modificar así el valor de ellas(s) en cuanto ellas(s) y en las relaciones con él (ellos).

(Irigaray,1994: 95 y 117)

Si bien en las últimas décadas se han producido en educación importantes avances en relación a la igualdad de género, no obstante esta mirada al acceso de hombres y mujeres al sistema educativo –que daría cuenta de que se ha alcanzado la igualdad de oportunidades por parte del Estado– invisibiliza la existencia de brechas que persisten y están íntimamente relacionadas con la situación socioeconómica, la ubicación geográfica (urbana o rural) y la pertenencia étnico-cultural.

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Son las personas de zonas rurales, de menor nivel socioeconómico y con lengua materna diferente del castellano las que muestran consistentemente menores niveles de acceso, eficiencia y rendimiento1. Son las mujeres rurales pobres las que mayormente no han sido integradas al Estado-nación como ciudadanas, llegando a desconocerse sus derechos civiles (Blondet y Oliart). Aunque las brechas entre hombres y mujeres en cuanto a la alfabetización han disminuido en los últimos 20 años, aún se mantienen. La proporción de mujeres peruanas analfabetas que tenían de 15 años a más para el año 2007 era de 15.5 %, frente al 5.1% de los varones. Estas brechas son aún más preocupantes en las zonas rurales, donde el porcentaje de analfabetismo de la población femenina llega a 33.2%2. Entre los cambios positivos se encuentra la paridad de hombres y mujeres en el acceso a la educación, específicamente en el nivel primario, donde la cobertura educativa nacional para el año 20073 es

de 93.7%, siendo alta la tasa de matrícula entre niños y niñas. Sin embargo, las cifras no son tan alentadoras en el nivel inicial, donde la tasa de cobertura a escala nacional en el mismo año es de 64.2%, siendo los pobres quienes se ven más afectados por esta situación4, 5. La falta de educación preescolar y de estimulación temprana es un problema que afecta a niños y niñas en general, y que los pone en situación de desventaja frente al reto de obtener aprendizajes de calidad, profundizando las dificultades para su acceso a la educación. De los 3´640,581 de niños y niñas entre 0 a 5 años de edad, el sector educación atiende a 1´095,665; es decir, el 30.10% de la población infantil. Asimismo, la inequidad de género se observa en el atraso, en la deserción y en el rendimiento. El atraso inicial de niños en el sistema educativo es mayor (31%) que el de las niñas para el año 2006 (Vásquez y Monge, 2007: 29); sin embargo, en la medida en que las niñas crecen el atraso escolar se incrementa. Entre los 13 y 17

1 En un estudio a propósito de la equidad de género en las políticas educativas durante la década de los noventa y los inicios del siglo XXI, encontramos este hallazgo. Ver Ruiz Bravo, Muñoz y Rosales, 2006: 205-253. 2 Unidad de Estadística Ejecutiva del Ministerio de Educación. 3 Ibíd. 4 Así, pues, entre los pobres y pobres extremos la tasa de cobertura es de 60.5% y 47.4%, respectivamente, mientras que en las áreas rurales esta solo llega al 52.8%, en contraposición al 72.4% del área urbana. 5 A pesar de ello, cabe mencionar que hay un avance en la concientización de la población sobre la importancia de este nivel educativo, pues la proporción de niños que ingresan a primaria con educación inicial ha pasado del 76.8% registrado en el 2005, al 81.3% en el 2007.

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años, el 75% de las adolescentes rurales representa atraso escolar (Ibíd.). A diferencia del nivel primario, donde se evidencia un aumento en la cobertura total, en el nivel secundario también se identifican las brechas en cuanto a equidad de género. Si bien se ha observado un ligero incremento del 74.7%6, “en zonas rurales, la matrícula disminuye al 53% y en los sectores de pobreza extrema al 48%, siendo los sectores urbanos y no pobres los que tienen una mayor proporción de cobertura al 91%” (EPT, 2004). Esta brecha se hace más notoria en las zonas rurales7, lo que se explicaría –como ya sido señalado en algunos estudios– por el rol y tareas domésticos asignados a las mujeres y por el déficit de escuelas rurales (Benavides, 2006: 5). Un avance importante en el propósito de lograr una educación con equidad de género se ha dado en el promedio de años de escolaridad básica. En el 2007, a nivel nacional, las mujeres entre los 20 y 24 años tenían un promedio de 9.7 años de escolaridad frente al 9.9 de los jóvenes varones. En cuanto al rendimiento estudiantil, los datos de la evaluación nacional de 2004 han evidenciado la crisis de la educación peruana, puesto que solo el 15%

de los estudiantes del segundo grado logra alcanzar el nivel de suficiente y la mayoría de ellos (46%) está por debajo de ese nivel (UMC, 2005). En esta evaluación se han encontrado ligeras diferencias en cuanto a los logros alcanzados por hombres y mujeres. Ellos tienen mejores rendimientos en matemáticas y ellas en comunicación. No obstante, profundizando el análisis se observa que quienes obtienen un mejor rendimiento son los y las estudiantes de instituciones educativas no estatales. Asimismo, los y las estudiantes que presentan los menores rendimientos son los pertenecientes a departamentos ubicados en zonas rurales, donde se concentran los mayores niveles de pobreza y con lengua vernácula (Ibíd.). Sin duda las cifras son relevantes para identificar las desigualdades e inequidades de género, pero es importante ir más allá de ellas y precisar las diferencias entre estudiantes hombres y mujeres en el conjunto del sistema educativo, así como su interdependencia respecto del contexto mayor de la sociedad peruana. Investigaciones realizadas en torno al currículo nacional, los materiales educativos y su aplicación por parte de los y las docentes muestran que reproducen relaciones de poder jerárquicas que constituyen un sistema de

6 ENAHO 2007. 7 Aquí solo el 39% de las mujeres de 20 a 24 años ha terminado la secundaria, frente al 51.3% de los varones (Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación).

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género excluyente, sin considerar la diversidad y la diferencia (Ruiz Bravo, Muñoz y Rosales, ob. cit.; Ames, 1999; Anderson y Herencia, 1982). Mujeres representadas en roles “propios de mujeres”: profesoras, enfermeras, madres de familia, entre otros, asociados a la domesticidad. Asimismo, estudios recientes muestran que en las prácticas escolares muchos docentes también reproducen estas relaciones asimétricas, pues los contenidos de clase mantienen los estereotipos de mujeres en roles subordinados. El fomento del liderazgo masculino dentro de los grupos de estudiantes y la violencia sexual, entre otras cosas, constituyen problemas reales que obstaculizan el camino hacia una educación con calidad y equidad para hombres y mujeres. Cabe destacar que en la actualidad se cuenta con un frondoso marco normativo promulgado por el Congreso y por el Ejecutivo para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres como, por ejemplo, la Ley 27558, Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales (16 de marzo del 2001), y la Ley 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, ambas inscritas en un enfoque de equidad de género. Sin embargo, poco es lo que se ha avanzado para hacer efectivo su cumplimiento. Así, por ejemplo, desde la promulgación de la Ley de Fomento de la Educación de las Niñas y Adolescentes Rurales, más allá de la creación y reglamen-

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tación de la comisión multisectorial que se encargaría de implementarla, no se han concretado otros mecanismos y acciones que tiendan a la equidad de trato, la promoción de la participación, el liderazgo de las mujeres y la revisión de los estereotipos sexistas, entre algunos de los temas que aborda la mencionada ley. Podemos seguir avanzando en cuanto a la producción legislativa, pero mientras esta no se ponga en práctica poco haremos por la igualdad entre los géneros. Por ejemplo, en el campo de las representaciones simbólicas, todavía hay mucho por arar respecto de la publicidad, donde más bien se observa una resistencia a plantear relaciones de igualdad y se refuerzan los sistemas de creencias representando a los géneros en sus roles tradicionales. ¿Qué hacer para favorecer la equidad de género? Mejorar la inversión en educación para atender los problemas de acceso que se presentan en el nivel inicial y en el secundario. Tal y como fue señalado por el Proyecto Educativo Nacional, se requiere un incremento sostenido de inversión en educación equivalente al 6%, hecho que no ha sucedido. Que las políticas educativas expliciten los mecanismos y acciones para responder a la calidad de la educación desde un enfoque de género que implique el cuestionamiento del sistema educativo en su con-

junto y que, en cumplimiento del principio legal de la igualdad de oportunidades, comprenda: a) la importancia de atender al reconocimiento del otro y la discriminación; b) articulación con el principio de equidad; y c) la igualdad de hecho o de facto y la de derecho o de jure. El Perú se ha sucrito a diversos convenios internacionales y ha promulgado dispositivos legales como el Plan de Educación Para Todos, la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres y la de Fomento a la Educación de Niñas y Adolescentes Rurales. Esta última debe implementarse de manera coordinada con la normativa promulgada posteriormente. Revisión del currículo nacional y de los materiales educativos con enfoque de género. Son necesarios contenidos que atiendan a la diferencia y diversidad de la construcción de las identidades. Esto debe ir acompañado de políticas de comunicación social que incentiven nuevas formas de representación de los géneros. Mayor preocupación por atender al tema de los logros educativos de los y las estudiantes, partiendo de un mejor conocimiento de la diversidad de las identidades y subjetividades de género de las distintas culturas escolares. Creación de programas de educación no formales para atender la situación de las niñas y adolescentes rurales. Formación a docentes y a funcionarios sobre el enfoque de género, para que pue-

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da ser puesto en marcha tanto en la dinámica de la escuela como en el conjunto del sistema educativo. Creación de mecanismos que garanticen la participación de hombres y mujeres, en igualdad de condiciones, en las instancias de participación existentes dentro del sector. Mejorar los programas de alfabetización para hombres y mujeres con la finalidad de reducir las brechas, con lo cual padres y madres pueden apoyar a sus hijos en las tareas escolares. Bibliografía Ames, Patricia 1999 “El poder en el aula: un estudio en escuelas rurales andinas”. En: El poder visto desde abajo: educación, democracia y ciudadanía en espacios locales. Martín Tanaka, comp. Lima: IEP. Anderson, Jeanine y Christina Herencia 1982 “La imagen de la mujer y del varón en los libros escolares peruanos”. Lima: UNESCO. Benavides, Martín 2006 Educación de las niñas. Lecciones del proceso peruano. Informe final. Lima: GRADE. Blondet, Cecilia y Patricia Oliart “Las mujeres y el género”. www.cholonautas.edu.pe/Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales, p. 2.

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EPT (Educación para Todos) 2004 “La educación en Perú 2004”. Lima: Unidad de Estadística Educativa del Ministerio de Educación. Irigaray, Luce 1994 Amo a ti. Bosquejo de una felicidad en la historia. España: Icaria. Ruiz Bravo, Patricia, Fanni Muñoz y José Luis Rosales 2006 “Género, educación y equidad en el Perú”. En: Equidad de género y reformas educativas. Argentina, Chile, Colombia, Perú. Santiago de Chile: Hexagrama Consultoras-FLACSO-IESCO.

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0UMC 2005 IV Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil 2004. Resultados. Lima: Unidad de Medición de la Calidad del Ministerio de Educación <www.minedu.gob.pe> Vásquez, Enrique y Álvaro Monge 2007 ¿Por qué y cómo acortar la brecha de género en educación de las niñas y adolescentes rurales en el Perú? Lima: Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Manuela Ramos, ACDI y Save the Children.

Los de a Bordo

Juan Acevedo.- Caricaturista y autor del libro Para hacer historietas (1978). Ha sido director de la Escuela Regional de Bellas Artes de Ayacucho (1974-1975). Editor de varios suplementos y revistas de historietas y humor, destacándose “Mundo Cuy” (1982), en El Diario de Marka y “¡No!” (1987), en la revista Sí. Ha publicado sus historietas, caricaturas y viñetas de humor gráfico en muchos diarios y revistas del Perú y Latinoamérica. Actualmente lo hace para Perú.21. Tiene un blog llamado “El diario del Cuy” (http://elcuy.wordpress.com), que alude a uno de sus personajes más exitosos. Susana Baca.- Intérprete, compositora e investigadora. Profesora de Educación Primaria graduada en la Universidad Nacional de Educación La Cantuta. Artista con reconocimiento nacional e internacional, ha obtenido distinciones como la Orden al Mérito y Gran Oficial de la República del Perú, Caballero de las Artes y las letras de la República de Francia, Embajadora de UNICEF y los Niños del Milenio. Ganó el Premio Grammy Latino en el 2002. Sheyla Blumen.- Profesora principal de la PUCP, Templeton Fellow y Ph. D. en Psicología por la Radboud University de Holanda. Representante latinoamericana ante el European Council for High Ability y secretaria electa de la Federación Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented Children. Reconocida por el Banco Mundial / GDLN como una de las mejores investigadoras jóvenes de países con economías en transición en temas de educación aplicada y designada presidenta del VII Congreso de la FICOMUNDYT en Creatividad, Innovación y Talento. Luis Miguel del Águila.- Filósofo, asesor de la Comisión Especial de Discapacidad del Congreso de la República. Representante del Perú ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la OEA. Fanni Muñoz.- Doctora en Historia por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Licenciada en Sociología y bachiller en Ciencias Sociales con mención en Sociología (1983) por la PUCP, donde es coordinadora de la especialidad y profesora asociada del Departamento de Ciencias Sociales

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Susel Paredes Piqué.- Abogada, activista de derechos humanos y experta en derechos humanos de poblaciones víctimas de discriminación. Magíster en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid. Directora de LTGB Legal – Perú y secretaria regional para América Latina y el Caribe de ILG. Actualmente es especialista en incidencia política de la Unidad de Gestión de Programas del Fondo Global. Alfredo Pazmiño.- Licenciado en Educación por la PUCP, doctorado en “Políticas, currículo y diversidad en la educación” por la Universidad de La Laguna (Canarias-España). Presidente de la Fundación Triángulo en Canarias, activista gay y coordinador del programa de interculturalidad del Cabildo de Tenerife (Canarias-España). Aristóteles Picho.- Actor y comunicador. Ha participado en numerosas obras de teatro, en películas como La ciudad y los perros, La boca del lobo, Alias la Gringa, Proof of life y Pantaleón y las visitadoras, entre otras, y en más de 60 cortometrajes, obteniendo premios en diversos festivales nacionales e internacionales. Actualmente es catedrático de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la PUCP y de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Lima. Miguel Ángel Quiroga Vizcarra.- Bachiller en Derecho por la PUCP, con estudios de Literatura y de Filosofía en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM. Se ha desempeñado laboralmente en la gerencia legal del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en los Registros Públicos de Lima (SUNARP) y como docente en el Centro Parroquial San Felipe Apóstol de San Isidro. Ha sido ponente en temas de ética en eventos de filosofía. Roberto Rojas Dávila.- Graduado de la Facultad de Derecho de la PUCP, con conocimientos en derechos humanos, derecho laboral, derecho de niñez y adolescencia, enfoque de género, temática afrodescendiente y de pueblos indígenas. Susana Stiglich Watson.- Maestra y conferencista especializada en temas de educación para niños sordos. Ella ha sabido superar con entereza dicha limitación física, trasmitiendo su experiencia y realizando una invalorable contribución a la sociedad. Michael Urtecho.- Congresista representante de la región La Libertad, actual segundo vicepresidente del Congreso de la República del Perú y presidente de la Comisión Especial de Discapacidad. Tiene un postgrado de la Universidad Nacional

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de Trujillo. Ha merecido numerosos reconocimientos, entre ellos la premiación del milenio al profesional distinguido de la ciudad de Trujillo en el 2000. Asimismo, ganó dos concursos del Banco Mundial en los años 2003 y 2004 por proyectos dirigidos a beneficiar a personas con discapacidad. Esther Vargas.- Periodista y editora de la sección “Ciudad” del diario Perú.21, donde también escribe la columna “Sobre sexo”. Acaba de concluir un máster en periodismo digital en el Instituto Universitario de Posgrado de España, es blogger (http://esthervargasc.lamula.pe/) y autora del libro No busco novio. Actualmente capacita en el uso de herramientas digitales y nuevos medios a empresas e instituciones. Susana Villarán de la Puente.- Educadora y periodista. Actualmente se desempeña como consultora independiente en asuntos vinculados a derechos humanos, seguridad ciudadana, justicia y convivencia, políticas sociales, en los campos de infancia y mujer. Ex vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y ex ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano. David Waisman Rjavinsthi.- Empresario y político peruano. Ex vicepresidente de la República y congresista desde el 2000. Miembro fundador del COPEI y presidente reelecto por tres años consecutivos desde 1997. Ha presidido el Comité de la Pequeña Industria de la Sociedad Nacional de Industrias del Perú y fue vocero nacional de la Mesa de Coordinación de Gremios de la Pequeña y Micro Empresa.

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