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Época I Año 3
Número 25
Octubre 2016
Ayotzinapa y el fin de la desventura del presente Luis Hernández Navarro
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oña Delfina de la Cruz Santiago es madre de Adán Abraham de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecido hace dos años. A finales de marzo de este año, recibió una llamada telefónica de un enviado del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. El funcionario le ofreció dinero para que abandonara la lucha por la presentación con vida de su hijo. Ella le dijo que no. No fue esa la primera ocasión en que autoridades gubernamentales le ofrecieron compensarla económicamente por su hijo. Durante el gobierno interino de Rogelio Ortega, la esposa de éste, Rosa Isela Ojeda, prometió a los familiares de los muchachos desaparecidos darles 10 mil pesos a cada uno. Todos rechazaron la oferta. Desde los primeros momentos de la agresión, el gobierno utilizó el señuelo de la chequera para tratar de cerrar el caso. No habían pasado ni 15 días del ataque cuando comenzaron a hablar de dinero a los familiares. En reuniones que los padres tuvieron con estudiantes de El Colegio de México y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los padres denunciaron que representantes del gobierno de Guerrero les ofrecieron 100 mil pesos a cada uno para que dejaran de buscar a sus muchachos. “Llega gente del gobierno diciéndonos: ‘sabes qué, ¿necesitas algo?, ¿te podemos ayudar en algo? Mira, firma estos papeles, te vamos a dar 100 mil pesos’. ¿Para qué? Para que nos calláramos”, narró a los jóvenes Bernabé Abraham Gaspar, padre de Adán Abraham de la Cruz. No les sirvió de mucho. Según don Bernabé, “A muchos compañeros padres de familia también los anduvieron buscando pa’darles la cantidad. Nosotros dijimos: ‘realmente mi hijo no vale 100 mil pesos’”. Pero las autoridades no bajaron la guardia. Seguidores de la máxima del profesor Carlos Hank González, de que en política, lo que se resuelve con dinero sale barato, siguieron insistiendo en disparar sus cañonazos de miles de pesos. Clemente Rodríguez, padre de Cristian Rodríguez –otro de los muchachos desaparecidos– denunció en febrero de 2015: Quieren que paremos todo y últimamente nos están ofreciendo dinero; están citando uno a uno a los padres, a escondidas, pero si me tocará a mí, les digo que no aceptaré nada que venga del gobierno. Y, como el ofrecimiento de disparar plata no caminó, alguien decidió también descargar plomo. En febrero de
Imagen de los familiares de los 43 estudiantesde Ayotzinapa en un mitin en el zócalo capitalino, el 26 de septiembre a dos años de su desaparición. Y el martes 4 de octubre asesinan ados normalistas de Ayotzinapa: Filemón Tacuba Castro y Jonatan Morales Hernández,en un supuesto asalto sobre la carretera Chilpancingo-Tixtla,a las 18 horas. Por la mañana el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, había estado en Chilpancingo para inaugurar un centro de justicia integral. Foto: bajada de internet
2015, los normalistas de Ayotzinapa Uriel Alonso Solís, de 21 años, y Gamaliel Cruz visitaron Tijuana para dar a conocer su lucha. Allí denunciaron que “El gobierno ha estado amenazando a padres de familia y miembros del comité… nos han dicho que si no dejamos de andar de alboroteros, que nos atengamos, que nosotros también tenemos familia… Tenemos miedo por una parte, pero primero está la dignidad; no queremos saber si es el crimen organizado o el gobierno, porque es lo mismo. Han ido a las casas, llegan policías y les ofrecen dinero, dijimos que nadie iba a hablar de esto, pero queremos hacerlo público. ¡Ya basta!”, reveló Uriel Alonso Solís. A finales de junio pasado, apenas hace unos meses, los padres recibieron mensajes anónimos donde les advierten que serán atacados en uno de sus traslados carreteros, y harán que todo parezca un accidente. No eran sólo palabras. El 25 de ese mes, mientras transitaban en autobús Estrella de Oro por el bulevar que atraviesa la ciudad de Cuernavaca, un automóvil trató infructuosamente de cerrarles el paso. Sin embargo, más adelante, las mismas personas que iban a bordo del vehículo aventaron piedras a las ventanas del camión en movimiento. No han bastado las amenazas. Varios estudiantes de Ayotzinapa (especialmente Omar García), los familiares de los jóvenes agredidos y desaparecidos, y sus abogados (destacadamente Vidulfo Rosales), han sido víctimas de campañas en la prensa en las que se les calumnia y ofende. Falsamente se les quiere asociar con narcotraficantes, presentar como racistas y vividores.
Además de cargar sobre sus hombros el dolor de las agresiones y de la desaparición de sus hijos, los padres y estudiantes sobrevivientes del ataque del 26 de septiembre en Iguala llevan a cuestas el desprecio de las autoridades y las injurias de sus detractores. Para los funcionarios gubernamentales es inconcebible que los familiares de los desaparecidos rechacen el dinero que les ofrecen. No entienden que, teniendo tantas carencias materiales, habiendo tenido que dejar de lado sus trabajos, la atención de sus parcelas y animales y el cuidado de otros seres queridos, pasando tantas privaciones, las víctimas no cejen en su empeño de encontrar con vida a sus hijos. No comprenden cómo esos padres siguen viajando por todo México y el extranjero para dar su testimonio y exigir justicia sin dar muestra alguna de cansancio. Los sorprende que, a pesar de tantas adversidades, sigan unidos. Y, aunque arriba no lo entiendan, Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los normalistas, lo ha dicho con toda claridad: ‘‘Han venido a ofrecer dinero, pero se les olvida que a los padres de familia de los 43 desaparecidos lo que menos nos interesa es eso. No vamos a vender a nuestros hijos”. Tampoco han cedido a las amenazas, a los chantajes y a los ultrajes. Los padres de los 43 son, por mérito propio, una referencia ético-política de las gestas cívicas de nuestro pueblo. Gracias a su voluntad incorruptible de encontrar a sus hijos, hay un México antes de Ayotzinapa y uno después. Su dignidad ha trazado esa nueva frontera (…) (Fuente: La Jornada, 27/09/16).
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Violan las automotrices en México convenios de la OIT transnacional invertirá 1,600 millones de dólares); además donará 220 hectáreas; condonará diez años de impuestos de nómina y diez años de predial. Por su parte, Ford se compromete a impulsar la educación en México, con la construcción y mantenimiento de 200 escuelas primarias públicas en el país.
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Director General Adrián Pedrozo Castillo Director General Adjunto Benito Cristobal Ortiz Comisión Política Mary Carmen Larralde Hurtado Daniel Ortiz Piña Pilar Saavedra Solá María Enriqueta García Corona Irma Ruelas Negrete Humberto González Huitrón Jorge López Ruíz Guadalupe Ramírez Flores Leticia Romano González Juan Manuel Zurroza Martínez Coordinación General Guadalupe Bringas Sánchez Diseño: Diana Elizabeth Gutiérrez Pérez Imprenta: Reproducciones Gráficas del sur S.A de C.V Colaboradores Dario Rojas Marco Alvarado (SME) Raúl García Juan Guerrero Patricia Carrasco Cristina Miranda San Alberto Mz. 554 Lt. 17 Pedregal de Santa Úrsula Coapa C.P. 04600, Coyoacán. Ciudad de México, México. Facebook Alianza Democrática STUNAM Twitter @AD_STUNAM Youtube Alianza Democrática STUNAM Tiraje 5000 ejemplares
En septiembre, la automotriz alemana Audi inauguró su planta ensambladora de autos de lujo, en San José Chiapa, (a 58.5 km de la capital poblana) en compañía del gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle quien anunció que en diciembre se haría lo mismo del complejo inmobiliario, “Ciudad Modelo Audi”, en la misma zona. Foto bajada de internet
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a industria automotriz de nuestro país está invadida de sindicatos blancos y contratos colectivos de protección. De las 31 nuevas plantas instaladas en México, “27 tienen contratos de protección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); hay una empresa que pactó con una central fantasma y sólo tres tienen sindicatos democráticos, como son la Volkswagen y Audi, en Puebla y Nissan en Cuernavaca”. Incluso las nuevas inversiones anunciadas en esta industria, de empresas que están en proceso de construcción de plantas y aún no han empezado a operar, ya firmaron o pactaron con un “sindicato blanco” de la CTM, como son Honda, Ford, BMW, KIA y Mazda, señala un informe del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). De esta forma las empresas se garantizan salarios muy por debajo del mercado mundial, falta de libertad sindical para los trabajadores y de negociación colectiva e incluso restricción al derecho de huelga. Un ejemplo: la Ford Motor Company que inició la construcción de su planta de San Luis Potosí, no tiene instalaciones ni trabajadores, pero ya firmó un contrato de protección patronal con un sindicato de la CTM, violando la Ley Federal del Trabajo y el convenio de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), destaca el informe de CILAS. El salario pactado: 168 pesos al día, es decir 5,040 al mes que pasarán a 10 mil después de 8 años de labor en la empresa; cuando el promedio de la industria automotriz es de 18 mil pesos mensuales, según el Inegi. De esta forma se garantizan salarios “de hambre”, sobre todo si se considera que la multinacional, en el contrato firmado con la United Auto Workers de Estados Unidos de 2015, pactó un piso de entrada para los trabajadores de ese país, de 130 dólares por día, que son 3,900 dólares al mes (72,000 pesos). Sueldos en México: General Motors San Luis Potosí, 217 pesos diarios; Ford Cuautitlán, 288.79 pesos; Ford Hermosillo, 304.8; Volkswagen de Puebla, 398 diarios y en Nissan Civac, 419 pesos, entre otros. La llegada de Ford costará al gobierno potosino 1,027 millones de pesos para su instalación (la
Por otro lado, la automotriz alemana Audi inauguró en septiembre su nueva planta ensambladora de autos de lujo, en San José Chiapa, Puebla en compañía del gobernador del estado, Rafael Moreno Valle quien anunció que en diciembre se inaugura el complejo inmobiliario, “Ciudad Modelo Audi”, para que 19 mil trabajadores lo habiten. La trasnacional inició sus labores con 3,300 empleados aunque la meta es 4,200 puestos de trabajo (de ellos, dos mil corresponden a extranjeros de Alemania, Argentina y Brasil). Los proveedores y empresas afines darán trabajo a los demás, unos 15 mil. En materia laboral, la automotriz Audi pactó con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen (Sitiavw) desde 2012 el contrato colectivo de trabajo y un aumento salarial hasta 2019 de 5.8 % cada año. Así el tabulador salarial será desde 180 pesos hasta 500 por día, durante el primer año, y de 265 hasta 740 pesos por día, en 2019. También pactó el Sitiavw con Audi el polémico esquema de “banco de horas” donde la empresas podrá aumentar o reducir días u horas de trabajo en la planta, según sus necesidades de producción; se incluye también una cláusula por la que los obreros renuncian al pago de horas extras. En términos ambientales, activistas alertan de la devastación de los mantos acuíferos en la zona ya que la trasnacional alemana necesita hasta un millón de litros de agua para ensamblar la camioneta Q5; además del evidente despojó de tierras comunales. Audi-México ha invertido en cuatro años 1,300 millones de dólares en dicha planta y el gobierno de Puebla dice haber gastado 10 mil millones de pesos en obra e infraestructura en provecho de la automotriz y sus proveedores; además le donó 400 hectáreas de terreno; la exentó de impuestos sobre nómina por 12 años; y gastó 6 millones de dólares en la ceremonia de inauguración. Aunque la inversión total del gobierno en beneficio de Audi y sus proveedores tendrá que esperar a que se anuncie hasta 2017, según declaró el propio Moreno Valle. Audi es el detonante del desarrollo de la región centro oriental de la entidad poblana de la de Ciudad Modelo donde se construyen 25 mil viviendas, en un lapso de 15 años (5 mil casas van a ser entregadas en enero. Y se levantaran 2,391 torres de departamentos). Los parques industriales en Puebla y Tlaxcala albergarán a proveedores y decenas de inversionistas del sector inmobiliario, comercial y turístico. (Con información de La Jornada, SinEmbargo y E-consulta y periodista Socorro López Espinosa).
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Puebla entrega 753 millones a VW en subsidios en tres años Los incentivos a las dos empresas alemanas VW y Audi ascienden a 2,160 millones de pesos que han recibido de los gobiernos federal y estatal poblano a través del Fondo ProMéxico y de Subsidios a la Inversión, respectivamente Redacción
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pesar de que en los últimos tres años y medio el gobierno de Rafael Moreno Valle ha transferido 753 millones 686 mil pesos a la Volkswagen como subsidio a la inversión, la empresa alemana mantiene incrementos paupérrimos a sus trabajadores, pues en este periodo no superaron el 5 por ciento. En contraparte, en los tres años anteriores — cuando aún no se creaba este subsidio— la armadora entregó aumentos salariales de hasta el 6.9 por ciento. En la página habilitada por el gobierno estatal para cumplir con los lineamientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se desglosa que en 2013 la empresa trasnacional recibió del gobierno de Puebla, 363 millones 711 mil pesos; en 2014, 153 millones 542 mil pesos; y en 2015, 158 millones 273 mil pesos. La entrega de subsidios al VW nació en 2013 bajo el argumento de que estos recursos deberían ser utilizados para promover la creación y permanencia de los empleos en la planta armadora. Sin embargo, los aumentos de estos últimos años han sido los más bajos: en 2013 y 2014, fue de un 5 %; en 2015 de 4.5 % y este año apenas el 4 % directo al salario. Por su parte, la comisión revisora del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Au-
tomotriz (SITIAVW) manifestó su satisfacción por el pacto que alcanzaron con los directivos en agosto pasado y considera favorable para la base obrera que no prosperara la propuesta de la empresa del llamado “punto de equilibrio” o “banco de horas”. Por otro lado, a 2 mil 160 millones de pesos ascienden los incentivos que las empresas alemanas Volkswagen y Audi Automotive han recibido de los gobiernos federal y del estado de Puebla a través del Fondo ProMéxico y de Subsidios a la Inversión, respectivamente. Del total de los recursos públicos, mil 439 millones de pesos corresponden a los Proyectos Estratégicos para la Atracción de Inversión Extranjera, programa que maneja la Jefatura de Unidad de Apoyos y Relaciones Institucionales de ProMéxico, y que fue creado en 2007 durante el sexenio calderonista. En la relación de beneficiarios publicados por esta entidad paraestatal aparecen las dos armadoras automotrices, a las cuales se les etiquetaron apoyos para proyectos con montos en dólares. En el caso de Volkswagen, el Fondo ProMéxico estableció 570 millones de pesos (30 millones de dólares apróx.) para el periodo de 2007 a 2012. A los recursos proporcionados por la administración federal de Felipe Calderón Hinojosa (PAN), se deben suma más de 700 millones de pesos que desde 2013 proporcionó el gobierno de Rafael Moreno Valle. En tanto a la empresa Audi (planta armadora en San José Chiapa) inaugurada el 30 de septiembre, el gobierno de Enrique Peña Nieto le etiquetó apoyos por 867 mil millones de pesos (45.7 millones de dólares), considerados para el periodo 2012-2017. En julio pasado, la periodista Socorro López Espinoza reveló en su columna Balance Financiero detalles del convenio que firmaron el gobierno del
Imagen que muestra parques industriales e inmuebles en Puebla y Tlaxcala. La instalación de la planta automotriz Audi en San José Chiapa, Puebla también ha traído beneficios al municipio de Huamantla, Tlaxcala donde se han edificado 64 bungalows y una docena de cabañas campestres para moradores a extranjeros, principalmente alemanes y se construye una Casa Club con gimnasio, alberca y restaurante, y campo de golf de 18 hoyos. Foto bajada de E-consulta
estado y la empresa Audi, y que hasta ese momento para la administración de Moreno Valle significaba la erogación de 10 mil millones de pesos (532 millones 481 mil dólares) (Con información de Sin Embargo y e-consulta).
Contratos de Audi y KIA similares Redacción La automotriz de Corea del Sur, KIA Motors inauguró en septiembre su planta en Pesquería, Nuevo León, que le significó una inversión de 3 mil millones de dólares. El entonces gobernador Rodrigo Medina le entregó 3,600 millones de pesos para la instalación de su armadora. En la ceremonia estuvo presente el actual gobernador estatal, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. En términos laborales, la CTM pactó no un contrato colectivo para los trabajadores sino un contrato laboral que se revisará cada año. La empresa está generando en una primera etapa, 3 mil empleos. Cuando tomo posesión el mandatario Rodríguez Calderón, la situación con KIA se torno tensa ya que se negó a aceptar los términos del contrato firmado por su antecesor con la automotriz y en noviembre pasado admitió la anulación del acuerdo por resultar oneroso para el estado y rebasar la capacidad de su administración. Fue hasta el 8 de junio de este año, cuando finalmente el gobierno de Nuevo León, el municipio de Pesquería y la transnacional llegaron a un acuerdo. KIA accedió a reducir o eliminar algunos incentivos otorgados por el anterior gobierno estatal. Se eliminó el reembolso de Impuestos Sobre la Renta a la armadora y en lugar de una condonación de 20 años del Impuesto Sobre Nómina se redujo a cinco años. Y se anuló el pago que tendría que darse por la ceremonia de inauguración de la planta. La periodista Socorro López escribió en Balance Financiero que el contrato entre Nuevo León y KIA podría ser una copia del convenio entre Puebla y Audi ya que al leerlo no hay duda que el contenido de cada una de las 17 cláusulas es una réplica de lo que en Puebla se aplica a pie juntillas desde 2012. Cabe señalar que en abril de 2013, la empresa Inmobiliaria Galord adquirió un terreno en Pesquería en 55.3 millones de pesos que 15 meses después, lo vendió al gobierno de Medina en 186.4 millones y que el gobierno del estado donó ese terreno más tarde a la empresa surcoreana. La inmobiliaria fue creada apenas un mes antes de la compra del terreno por dos compadres de Medina: Bernardo Castillón Gómez y Juan Manuel García Cañamar. (Con información de SinEmbargo y Milenio Diario).
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Impacto de las reformas estructurales en el bienestar nacional con la lógica con la que hoy se justifican las reformas estructurales.
laborales que legítimamente se han logrado en décadas de lucha, calificándolas de privilegios.
En una mesa de diálogo en el programa Jaque al Rey, en Rompeviento TV por internet conducido por Ricardo Bernal, maestro de la UAM-I el 15 septiembre, especialistas en la materia, dieron su puntos de vista sobre el impacto social de dichas reformas, que se resumen:
Por lo que toca al campo de la salud la propuesta de EPN firmada en abril pasado con el IMSS, ISSSTE y la SSA tiene el propósito de entregar el sistema de salud pública y sus recursos a las Aseguradoras (otra vez el capital financiero internacional).
¿Cuál ha sido el balance de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto en el Estado benefactor mexicano?
En tanto, en materia educativa, aparte de afectar las condiciones laborales de los maestros y privatizar la educación, tiene como último fin apoderarse ideológicamente del alma del pueblo de México, señala la doctora Norahenid Amezcua Ornelas, destacada especialista en derecho social.
El balance es totalmente negativo: los millones de dólares de inversión extranjera no han llegado, ni se han creado los millones de empleos bien pagados. Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) van hacia su minimización o destrucción. El presupuesto a la industria petrolera, a la salud y a la educación siguen a la baja. El precio de las gasolinas y la luz continúan en ascenso.
Cartón: Helguera, La Jornada. Expulsan a miles de trabajadores petroleros de 19 campos de extracción de hidrocarburos, a solicitud de Pemex y en complicidad con el sindicato, con el fin de limpiar las áreas de trabajadores sindicalizados. Las zonas implicadas en el desalojo del 7 de agosto, ahora en manos de transnacionales y empresas privadas, se ubican en los estados de Veracruz, Nuevo León, Tamaulipas, Chiapas y Tabasco.
Redacción
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l primero de septiembre el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión su VI Informe de gobierno. En el contexto de una crisis de popularidad inédita el actual mandatario intentó modificar la dinámica de su informe y frente a un auditorio de jóvenes presentó la imagen de un país que a pesar de los embates exteriores camina en la ruta de la modernización. No faltó el elogio a las llamadas reformas estructurales que en palabras del presidente han ayudado a la consolidación de un México más estable y próspero. Sin embargo, el entusiasmo del presidente contrasta con las cifras oficiales y la realidad que vive buena parte de la población, además de las evidentes dificultades y las resistencias para implementar la Reforma Educativa, los resultados de la Reforma Energética han sido, por decir lo menos, decepcionantes. Pero esto no sólo afecta al sector energético sino que con el desmantelamiento de la instancia que había financiado buena parte del frágil estado de bienestar nacional, ahora éste se encuentra amenazado de muerte. Recientemente, el sector salud ha sido presa de una embestida que pretende disminuir sus alcances y sus atribuciones e incluso privatizar algunos de sus servicios, una realidad semejante a la que vive el sistema de pensiones. En todo caso, no se trata de una multitud de casos aislados sino que el deterioro de las instituciones que el estado mexicano construyó durante años, parece estar estrechamente vinculado
Evidentemente esta política económica del gobierno mexicano está desfondando al estado de bienestar social hasta dejarlo sin recursos que lo subsidien y apoyen. De ahí que cualquier lucha social educativa y demás debe de ir a la par de recuperar los recursos energéticos, concretamente de Pemex, a favor de la nación, señalan, Heberto Barrios, Ingeniero mecánico del IPN y Francisco Carrillo, ex dirigente de SME. ¿Cómo encajan las reformas estructurales de EPN en esta transformación general que ha vivido México en los últimos 40 años?. No se pueden atribuir solamente a la maldad de tal o cuál presidente, más bien son instrumentos obsecuentes de la esencia del neoliberalismo que transforma en mercancía todo, incluido lo social, en beneficio de los capitales nacionales y extranjeros. El desmantelamiento de los derechos laborales viene de la mano de la venta de las paraestatales. Un ejemplo, son los cambios a la ley en materia laboral (2015) a Pemex y CFE, para renegociar el contrato colectivo de trabajo a la baja, violando flagrantemente los derechos de los trabajadores, sobre todo en pensiones y jubilaciones. A la par, una guerra sin cuartel en los medios de comunicación se encarga de satanizar las conquistas
¿Qué impacto tiene la reforma energética en la vida cotidiana? Pemex era el respaldo de la economía nacional. Las reformas estructurales han dejado a su paso desempleo en las regiones petroleras y electricistas que inciden directamente en la descomposición social, otro gran golpe. El pago en los nuevos “empleos” en las empresas extranjeras se reduce a una tercera parte de lo que se percibían en Pemex, CFE o LyFC. Las empresas outsourcing desplazan la mano de obra calificada en industrias de alto riesgo como es el caso de la eléctrica y petrolera y esto es criminal. En abril pasado una explosión en el complejo industrial de “Pajaritos”, en Coatzacoalcos (Ver), dejó 32 muertos, la mayoría subcontratados por Pemex, señala Francisco Carrillo. En la vida cotidiana, el desabasto en medicamentos y la caída en la calidad del servicio médico en los centros hospitalarios de Pemex, IMSS, ISSSTE, está afectando directamente a la salud de sus derechohabientes. Por último, el haber regalado los recursos del sistema de pensiones del IMSS y del ISSSTE al capital financiero internacional que en total tiene acumulado 2.7 billones de pesos (14% del PIB), ha sido una de las causas centrales de “la quiebra” que alegan de la seguridad social, por lo tanto deben desaparecer las once Afores en México y se debe luchar porque los recursos económicos regresen al régimen solidario bajo el control de los trabajadores, concluye enfática, la doctora Norahenid.
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Breves de Universitarios Redacción
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l rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, aseguró en septiembre que la educación pública es el único motor que tiene México para progresar y eliminar las inequidades, por tanto, dijo, es necesario apoyar con mayor decisión la enseñanza de las ciencias sociales y las humanidades, porque ésta “alimentará la paz y educará en la sustentabilidad”. También afirmó, al participar en el Foro Forbes Economía, que el paquete presupuestal para 2017 no contempla un recorte para la máxima casa de estudios, incluso tendrá un incremento de 0.5 %. Mientras estudiantes y profesores de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán (UNAM) protestaron con un paro de 24 horas en agosto contra el recorte de matrícula de 613 lugares de las carreras de Sociología, Filosofía y Pedagogía, logrando con la protesta restablecer 400 lugares de las carreras involucradas. Sin embargo, las autoridades no han dado explicación realista del recorte, ya que tanto el rector Graue como el director de la FES, Alejandro Salcedo Aquino, sostienen el argumento de que se debe a la baja demanda. La UNAM sólo aceptó a 4,761 aspirantes de un total de 59,530 que presentaron su examen de ingreso en junio, para 117 licenciaturas. En tanto, trabajadores de Tv UNAM denunciaron a principio de octubre que aún con la salida de Nicolás Alvarado de la dirección de la emisora su proyecto de privatización continúa, lo que resulta preocupante ya que buena parte de la actual programación es producida por compañías externas. La marcha convocada a rectoría el jueves 6 de octubre, de la cual se deslindó el sindicato de la emisora, sólo once personas la integraron, la mayoría de ellos personal del área de producción y diseño que fueron cesados durante la dirección de Alvarado. Por otro lado, científicos galardonados con el Premio Nacional de Ciencias y Artes manifestaron preocupación y enojo por el recorte presupuestal para 2017 a ciencia y educación. Señalaron que de concretarse ‘‘se hipotecaría el futuro del país’’. El recorte que se propone al sector de ciencia, tecnología e innovación (CTI) en conjunto pasará de 91 mil millones de pesos aprobados en 2016, a 86 mil millones para el próximo año. En particular, para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se plantea asignar 27 mil millones de pesos, esto es, 7 mil millones menos que los que se le aprobaron en 2016. Es decir, 23.3 por ciento menos. En el caso de la educación, el proyecto del Ejecutivo plantea destinar 265 mil 704 millones de pesos, 10.3 por ciento menos de lo que se asignó para el
Familiares de los estudiantes desaparecidos el 29 de septiembre en Boca del Río llegan a Xalapa para identificar los restos humanos hallados el 7 de octubre en Camarón Tejada que resultaron ser de Génesis Deyanira Urrutia Ramírez (22 años), estudiante de la Universidad Veracruzana y Leobardo Arroyo (24 años) y Octavio Baruch (22 años), estudiantes del Instituto Tecnológico de Veracruz. En lo que va del año han desaparecido 211 mujeres en Veracruz (97 de ellas, tienen entre 12 y 18 años) y 84 mujeres fueron asesinadas. Foto: Sergio Hernández, La Jornada
actual ejercicio presupuestal. En lo que toca a los niveles medio y superior, la reducción sería de 10 mil 80 millones. Así también, el Instituto Politécnico Nacional celebró sus 80 años el miércoles 7 de septiembre con rectores de diversas universidades y funcionarios en la Secretaría de Educación Pública. Enrique Fernández Fassnacht, director general del Politécnico, planteó seis retos que, dijo, enfrenta la educación superior; entre ellos, la necesidad de un presupuesto suficiente. También se reinstaló la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, dos meses después de su primera y única sesión de trabajo que fue terminada por un sector de la comisión inconforme que desconoció los acuerdos tomados por la AGP y el IPN para el funcionamiento de aquel órgano. Aunque todo funcione bien, Fassnacht ve difícil que el congreso se lleve a cabo este año. Por su parte, la UNAM, IPN y UAM, apoyaron la iniciativa impulsada por el jefe de gobierno capitalino, Miguel Mancera, para aumentar el salario mínimo, uno de los peores en América Latina. Los rectores participaron como ponentes en el curso Salario mínimo: teoría y prácticas modernas el 30 de septiembre donde Graue explicó que estudios de la Facultad de Economía indican que en las últimas tres décadas el poder adquisitivo de los mexicanos disminuyó en casi 80 por ciento, mientras que el precio de los alimentos aumentó en una proporción de cuatro a uno.
Por otro lado, los rectores de las cuatro universidades más importantes del país: Enrique Luis Graue Wiechers, de la UNAM; Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, de la Universidad de Guadalajara; Salvador Vega y León, de la Universidad Autónoma Metropolitana; y Rogelio Guillermo Garza Rivera, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se pronunciaron de manera conjunta a favor de un Estado laico y de los derechos humanos. El Estado laico constituye una condición necesaria de las sociedades modernas, en la medida en que garantiza la pluralidad de las ideas y hace posible el respeto a la diversidad étnica, religiosa, moral, ideológica y filosófica, a partir de una ética que se sustenta en los derechos humanos, señalaron en un comunicado conjunto. Por último, La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos consiguió en septiembre pasado que el gobierno federal entregue 100 millones de pesos a la máxima casa de estudios de la entidad para que haga frente a su crisis financiera y pague la nómina de más de 6 mil trabajadores. La institución requiere de 473 millones de pesos para cerrar su ejercicio fiscal. Tras este anuncio, el rector de la UAEM, Alejandro Vera y dos colaboradores suspendieron su ayuno de alimentos que duró 40 horas. Pero se mantendrá el plantón en la Plaza de Armas de Cuernavaca hasta que el gobernador Graco Ramírez entregue dicha cantidad que la federal liberó a favor de la universidad morelense, advirtió Vera Jiménez (Con información de diversos medios).
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Distractores para ocultar graves problemas del país Primer alumno de la UNAM a la NASA
atrocidades que de acuerdo a la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, adoptada para su aplicación por nuestro país, debería cancelar la imposición de estos proyectos. Tales asuntos donde miles de mexicanos pelean por sus ancestrales derechos, son invisibles a esta manipulación y control de los medios que tampoco hablan de las consecuencias que acarreará el recorte presupuestal al sector salud, dejando a millones de mexicanos, derechohabientes o no, sin el acceso a los servicios médicos, a medicamentos o a una intervención quirúrgica oportuna que les pueda salvar la vida.
Yair Israel Piña López, alumno de física de la UNAM, fue aceptado como estudiante-investigador por la National Aeronautics and Space Administration (NASA), por su trabajo en el desarrollo de materiales con propiedades termoluminiscentes para la medición de radiación en el espacio, “Uno de los sueños y metas que me he propuesto para el siguiente año es poner el nombre de la UNAM en el espacio (…) Tengo una frase: ‘amor y respeto al pueblo que me vio nacer: México; pero honor y gloria al pueblo que me forjó: la UNAM’”, dijo el universitario de 22 años. Foto bajada www. dgcs.unam.mx
Martín Esparza
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esde los hilos del poder que controlan a los medios de comunicación en el país se polariza a una confundida sociedad con temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, dando profusa difusión (…) de esta reforma emanada a propuesta del Ejecutivo, mientras que la clase política gobernante y los partidos en el Congreso continúan desdibujando al país y ocultando a las mayorías los graves problemas que aquejan a la nación. Como ya es costumbre, se coloca en la agenda informativa asuntos que son empleados como distractores de coyunturas de gran calado como la terrible crisis económica por la que atraviesa México y que se agudizará con mayor fuerza el año entrante, afectando a las clases de menores ingresos. Otro caso sumado a esta estrategia de intencionales omisiones e irrelevantes banalidades, es la expulsión de su partido del aún gobernador de Veracruz, Javier Duarte. En este escenario de colapso nacional poco o nada se habla de los nocivos efectos que traerá el recorte presupuestal de 2017 a sectores como el educativo, el de salud y el campo. Y queda segregada en los temas de análisis la estratosférica deuda pública de 8 billones de pesos que tiene de rodillas a las finanzas públicas ante los organismos financieros internacionales, y estancada a la economía nacional. Por increíble que parezca, a los miembros de la Arquidiócesis les interesa más bregar en contra de la nueva modalidad matrimonial que velar por la seguridad de sus sacerdotes, tres de los cuales fueron
brutalmente asesinados en las pasadas semanas en los estados de Veracruz y Michoacán, como parte de la escalada de violencia que azota a todo el territorio nacional y que ha impactado por igual a turistas extranjeros que a migrantes, de éstos últimos su número de desaparecidos en lo que va del sexenio llega a 222, sumándose a la cifra negra de más de 28 mil connacionales que son buscados por sus familias en todo el país. (…) Se sigue masacrando y encarcelando a maestros, estudiantes y luchadores sociales, acumulando nuevos agravios a los no resueltos con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los saldos rojos de la represión en Nochixtlán, Oaxaca. Los despojos y el saqueo a los recursos naturales de comunidades indígenas y campesinas tienen encendidas las luces rojas de la violencia social por el avasallamiento de imponer proyectos de infraestructura carretera, hidroeléctricos y otros más sin tomar opinión a los directamente afectados, fortaleciendo un inevitable y contradictorio punto de choque entre el decir de las autoridades y su proceder en los hechos. (…) En Puebla, Tlaxcala y Morelos la imposición de un gasoducto ha buscado suplir a la razón amparo de la fuerza pública; el proyecto carretero en el Estado de México que ha puesto en guardia a poblados indígenas como Xochicuatla; la defensa de la autonomía de los zapotecos por la invasión de las eólicas en Oaxaca; el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco que ha retomado la batalla; en Sonora la defensa del agua, la lucha por la vida y la cultura yaqui, son sólo algunos de esta cadena de
La tijera presupuestal que no aplica para las canonjías de la alta burocracia amenaza con descarrillar la tan vanagloriada Reforma Educativa, al dejar sin recursos a 19 de los 23 programas donde se incluye el equipamiento de escuelas y hasta los programas de capacitación de los mentores y las escuelas de tiempo completo: son 5 mil 466 millones menos para este sector. En contraparte, el Presupuesto de Egresos contempla recursos extras por 5 mil 645 millones de pesos para incrementar los sueldos, bonos y gratificaciones de los funcionarios de primer nivel para el año entrante. En esta maquillada y desigual austeridad, en el agro las cosas tampoco pintan bien, razón por la que su problemática tampoco aparece en la agenda informativa de los medios masivos; el recorte del 2017 dejará prácticamente en ceros a 31 rubros del sector agropecuario, en su mayoría proyectos de inversión. Igualmente, los fideicomisos rurales, forestales, pesqueros y programas a mujeres rurales serán reducidos en un 50 por ciento, lo que prácticamente impactará en el ya de por sí deteriorado nivel de vida de las familias del campo y anulará sus actividades primarias básicas. Y mientras la pirotecnia informativa busca distraer la atención de la opinión pública, otros temas aprobados de manera irresponsable en el Congreso como la pensión universal que amenaza con reducir los ingresos de jubilados y pensionados, abre la puerta para que este modelo se extienda a instituciones como el IMSS y se generalice en su aplicación para todos los personajes de la tercera edad. Preocupante que (…) se diluya la aprobación del reglamento al artículo 29 constitucional, que faculta al Ejecutivo a decretar la suspensión de garantías a toda la población, e inclusive aplicar el toque de queda (…) cuando se presuponga “una perturbación grave a la paz pública, conflicto o invasión”, aunque lo votado por los legisladores no defina con precisión cuáles serían las verdaderas circunstancias por las que se justificará el empleo de una encubierta represión que bien puede tener como trasfondo el acallar la protesta social, cuya fuerza está emergiendo en el país por la sistemática violación a los derechos de millones de mexicanos. (Fuente: Revista Contralínea no. 509)
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Anular derecho a huelga a cambio de favor entre PAN-PRI Andrea Becerril
Flujos migratorios descontrolados “amenazan” seguridad nacional
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l coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, preguntó: “¿de qué tamaño es el compromiso del Revolucionario Institucional (PRI) con Acción Nacional (PAN) que le avala la pretensión de reformar la Constitución para acabar con el derecho de huelga de los trabajadores?” Se habla, dijo, de que aprobar esa modificación introducida casi de manera subrepticia a la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre Justicia Laboral, es “el pago que exige Acción Nacional para votar con los priístas el paquete económico de 2017”. En entrevista, el senador Barbosa dijo que es lamentable que el PAN se asuma como un partido patronal y permita que el Senado atienda solícito las peticiones de los empresarios, sin analizar con objetividad cómo impacta a un derecho histórico, conquistado por los trabajadores, luego de largas batallas, como es la huelga. Reveló que en las negociaciones en torno a la reforma al artículo 123 constitucional, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto, el PAN llevó otra de las exigencias de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la pretensión de suprimir la fracción 21 de ese ordenamiento, que eximía a los empresarios de pagar al trabajador la indemnización correspondiente en casos de laudos a su favor. El PRD, dijo, logró que se sacara del dictamen, ya que tenía un efecto gravísimo, pero en el proyecto de dictamen que se discutió el miércoles 6 de octubre por la noche, apareció otra de las exigencias de la Coparmex, adicionar la fracción 18 del 123, para indicar que en los casos de firma de contrato colectivo de trabajo, antes del emplazamiento a huelga, el sindicato debe demostrar que cuenta con el apoyo de la mayoría de los trabajadores”. Esa, que ha sido una demanda constante de los empresarios, no está en la iniciativa presidencial, encaminada a desaparecer las juntas de conciliación y arbitraje para dejar la justicia laboral en el Poder Judicial. Un cambio de esa magnitud, que obliga a verificar la mayoría de un sindicato para poder emplazar a huelga por firma y revisión de contrato colectivo, debió consultarse con los trabajadores, con los representantes obreros, sostuvo. El coordinador perredista insistió en que ese requisito anula el derecho de huelga, ya que los patrones recurrirán a despidos y amenazas para impedir la firma de un contrato con alguna organización gremial que no les guste. Llamó a los sindicatos a pronunciarse, a defender su derecho de huelga. (Fuente: La Jornada, 081016).
Imagen de migrantes haitianos y de diferentes países de África instalados afuera del albergue la Casa del Migrante, en Tijuana. Las norteñas ciudades de Tijuana y Mexicali, Baja California, enfrentan una masiva llegada de personas de color que se calculan en 10 mil que huyen de la pobreza y la situación política de su país, esperando ser admitidos en territorio estadunidense. Foto: Cuartoscuro
Nancy Flores Los flujos migratorios descontrolados son la quinta amenaza a la seguridad nacional, revela la Agenda Nacional de Riesgos 2015. Porosidad en la frontera Sur, por “altos niveles de corrupción” e “infiltración del crimen organizado”, admiten órganos de inteligencia. El tránsito por México de personas indocumentadas –provenientes de Centroamérica con destino a Estados Unidos– es considerado por el gobierno federal como la quinta de 10 amenazas a la seguridad nacional, y no como una crisis humanitaria, descubre la Agenda Nacional de Riesgos 2015. Dos temas preocupan sobre manera a los órganos de inteligencia civiles y militares: los flujos migratorios descontrolados y la porosidad en la frontera Sur. Respecto de esta última, alertan que “las estructuras de seguridad son institucionalmente frágiles y presentan poca o nula capacitación, así como altos niveles de corrupción que han permitido la infiltración de la delincuencia organizada”. Para enfrentar la fragilidad institucional, en 2014 el gobierno federal instauró su Programa Frontera Sur, que criminaliza a los migrantes sin documentos por medio de operativos y redadas en extremo violentos. “Parte del problema de la política migratoria tiene que ver con esa visión de seguridad nacional, porque la seguridad nacional tiene otros intereses que no son las personas ni los derechos humanos. En 2014, cuando empezó el Programa Frontera Sur, dijimos que era una política de lobo con piel de oveja. Ahora decimos que es una política de lobo con piel de lobo porque los operativos y las agresiones contra migrantes son cada vez más descarados y brutales”, señala en entrevista con Contralínea Arturo González González, coordinador del Servicio Jesuita para Migrantes México. Como consecuencia de ese programa, y de las agresiones que ejercen diversos grupos del crimen organizado (secuestros, desapariciones, ejecuciones, extorsión, violaciones sexuales, trata sexual y laboral), los migrantes indocumentados han modificado sus rutas. (Abandonaron el trayecto de la Bestia por estar extremadamente vigilada y ahora se internan en zonas agrestes hasta formar nuevas brechas que les permitan acceder al sueño americano). Ello ha derivado en la segunda “amenaza” a la seguridad nacional: los flujos migratorios descontrolados, es decir aquellos que las autoridades federales no pueden contener, por desconocer sus recorridos o porque éstos son de difícil acceso. El interés de la política migratoria mexicana está en detener esos flujos para que la gente se quede en sus países, observa la doctora Sonja Wolf, especialista en el estudio de la migración centroamericana. En entrevista, explica que “se puede suponer que la preocupación de México y de Estados Unidos es que si se facilita esta huida de los centroamericanos más personas van a emprender este viaje. Pero como la situación [de violencia en sus países] no está cambiando, la gente no puede quedarse ahí; entonces van a seguir tratando de llegar a Estados Unidos”. (Fragmento de reportaje en Contralínea No. 509) .
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Estado de emergencia Esto se relaciona estrechamente con los planes estadunidenses, puestos en práctica particularmente después del 11 de septiembre de 2001, de apropiarse de territorios para ponerlos al servicio de las corporaciones trasnacionales, a partir no sólo de guerras de conquista coloniales, como en el caso de Irak, sino también de guerras encubiertas y de ocupación neocolonial, como la puesta en marcha por Felipe Calderón.
Peligro. Cartón de Hernández, La Jornada
Gilberto López y Rivas
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l libro de Carlos Fazio Estado de emergencia, de la guerra de Calderón a la guerra de Peña Nieto (Grijalbo, 2016), constituye un impresionante y detallado diagnóstico de la trágica realidad mexicana contemporánea; un hilvanado, documentado y meticuloso recuento de las condiciones de exponencial violencia, crímenes de Estado y lesa humanidad, así como violación generalizada, sistemática y permanente de los derechos humanos, que hacen de México el paradigma de una mundialización capitalista con base en el desvío de poder de un Estado delincuencial al servicio de un proceso de recolonización y ocupación integral del territorio. La obra de Fazio es una fundada denuncia, e incluso, de existir un estado de derecho en el país, podría ser el alegato de una imaginaria fiscalía para juzgar de esos graves crímenes de guerra, de Estado y lesa humanidad a las autoridades mexicanas (…) Coincido plenamente con Fazio en considerar el crimen organizado como parte consustancial del capitalismo actual, esto es, “las mafias y los grupos de la economía criminal se han instalado en el corazón de nuestros sistemas políticos y económicos (…) vivimos en una era de capitalismo criminal; en democracias criminales y mafiosas”. Asimismo, estamos de acuerdo en que, en este modelo de acumulación, el despojo de territorios, recursos naturales y estratégicos, lo que Harvey denomina “acumulación por despojo”, el “capital desplaza sus contradicciones mediante un proceso de construcción violenta del espacio”, en la cual se establecen “estados de excepción o de emergencia”, que tienden a considerarse normales y a extenderse.
Precisamente, la noción: “dominación de espectro completo”, acuñada por el Pentágono, “abarca una política combinada donde lo militar, lo económico, lo mediático y lo cultural tienen objetivos comunes (… que) implican la formación y manipulación de una ‘opinión pública’ legitimadora del modelo de dominación (…) se imponen a la sociedad la cultura del miedo y la cultura de la delación”. Fazio sostiene que “a partir de la implantación larvada de un estado de excepción que se fue convirtiendo en regla, Estados Unidos instituyó en México –como antes en Colombia– un modelo donde la administración de la política se convirtió en un ‘trabajo de muerte’ que permite el control de amplios territorios para la explotación de los recursos geoestratégicos, laborales, de manufacturación o de paso para la circulación de mercancías (…) En ambos países la institucionalización del nuevo modelo de exterminio combinó el accionar de la estructura del Estado con el de corporaciones trasnacionales y grupos de la economía criminal”. De esta manera, como es posible observar en nuestro país: “la guerra y el terror son instrumentos claves al servicio de una forma de acumulación violenta, que ocurre al interior de paraestados donde operan formas de poder paralelas, pero articuladas al marco institucional”. Estas formas paralelas pueden ser paramilitares o grupos del narco, que actúan en complicidad y complementariedad con las fuerzas armadas y los aparatos de seguridad. Los estrategas estadunidenses llaman guerras asimétricas a aquellas que no se dan entre dos poderes similares, sino mediante enemigos difusos. El papel que jugaba antes el comunismo lo ocupan ahora el narcotráfico y el terrorismo. La ocupación de países requiere empezar una guerra, con actores locales, en este caso un gobierno, como el de Calderón, que le da inicio, y continuada por Peña Nieto, con el auxilio de Estados Unidos por medio de la Iniciativa Mérida. En este sentido, el narcotráfico no es sólo un negocio, su tarea política es instalar el terror y servir de excusa para militarizar el país y criminalizar las luchas. Justifica el despliegue de un aparato represivo que sirve para el control de población, trabajadores y territorios para la penetración del capital. Fazio explica que, bajo un régimen de excepción, la laxitud del concepto de enemigo suele ser muy amplia. Asimismo, la presencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad no toma en cuenta que el objetivo primario de las mismas es ganar la guerra por cualquier medio. En esta dirección, me parece muy importante la utilización del concepto de terrorismo de Estado para analizar la situación mexicana. Sobre todo, cuando el terrorismo de Estado también se pone en práctica en el ámbito planetario, mediante el cual Estados Unidos impone su guerra sucia contrainsurgente por medio de sus
aparatos militares y de inteligencia, en operaciones abiertas y clandestinas. Los relatos de las dos partes que conforman la obra, narrados con la maestría del periodista de investigación que caracteriza a Fazio, son estremecedores, como “Morir en un retén”, o “El caso de los niños Almanza”, en los que se describen los ataques letales a familias indefensas por el Ejército, y en los que la Sedena pretende proteger a sus soldados, tergiversando los hechos, manipulando las escenas de los multihomicidios y sembrando evidencias. El caso de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey es presentado por Fazio como “falsos positivos a la mexicana”, ya que no sólo fueron ejecutados por los militares a mansalva y sin justificación, sino que también se pretendió manchar la memoria de los dos alumnos de excelencia, a quienes, incluso, se les colocaron fusiles para aparentar que estaban armados. A dos años de la noche de Iguala: ¡Fue el Estado! ¡Nos faltan 43! (Fuente: La Jornada, 300916)
El Che, 49 años El Che se encuentra justamente donde pertenece: en los nichos reservados para los íconos culturales, para los símbolos de los movimientos sociales que al filtrarse en el subsuelo de la sociedad se sedimentan en sus hendiduras y recodos más íntimos. Para muchos, los elementos más atractivos y redimibles que nos brinda la vida cotidiana actual son fruto de los años sesenta, y el Che personifica esa era, si no es que sus características, mejor que nadie. Tal vez el hijo de Celia (su madre) no hubiese reconocido estos valores como aquellos por los que luchó y murió; pero ni siquiera el comandante Ernesto Che Guevara podía aspirar a escribir su propio epitafio. Tan sólo estaba destinado, como tan pocos otros, a vivir la vida que soñó y a morir como deseaba. Fragmento, La Vida En Rojo.
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Protestas contra tratados de libre comercio Napoleón Gómez Urrutia
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ace pocos días (el 15 de septiembre) el Congreso del Trabajo de Canadá, que agrupa a 3.3 millones de miembros, emitió una declaración conjunta de todos los sindicatos que lo integran, en protesta contra la firma anunciada para el próximo 21 de octubre, de un Acuerdo Económico Amplio de Comercio Canadiense-Europeo, por lo cual le exigen al gobierno de su país que no firme ni ratifique el CETA, por sus siglas en inglés. La decisión de los líderes sindicales de esta nación es en solidaridad con las denuncias masivas que están teniendo lugar en Europa, ya que existen muchos aspectos cuestionables que no han sido aclarados y que suscitan muchas dudas sobre los beneficios esperados o anunciados. Los temas principales de este acuerdo comercial altamente controvertido son muy similares a los que existen contra el otro pacto comercial gemelo que es el TPP o Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio. Fundamentalmente se cuestionan las reglas muy flexibles sobre los derechos de los inversionistas contenidas en el acuerdo, así como la falta de protección de los servicios públicos y del medio ambiente. En particular a los dirigentes de Canadá les preocupa el sistema de atención a la salud y de los empleos, señalando que el CETA contiene debilidades “fundamentales que favorecen los intereses corporativos por encima de los intereses de los canadienses”, como lo destacó Ken Neumann, director nacional del United Steelworkers (USW) de Canadá o Sindicato Unido de los Trabajadores Siderúrgicos.
Sólo algunos centros académicos y de investigación, o algunos intelectuales, de repente analizan los orígenes y las causas de la explotación, la marginación, la desigualdad y los vínculos que existen con las políticas comerciales liberales y de apertura total a la inversión y a la penetración cada vez mayor de las grandes corporaciones internacionales y los consorcios de la élite empresarial de México. Es necesario hacer un alto en el camino y cuestionarnos con profundidad, tal como lo están haciendo los líderes de Canadá, de Europa y de otras partes del mundo, para saber e informar públicamente cuáles serán los efectos al firmar este tipo de convenios o tratados comerciales, como el TLCAN o el TPP, o los celebrados con otros países. Muy en particular debemos fortalecer la capacidad de análisis y decisión sobre cómo prever o, corregir, si se continúan firmando esos acuerdos, así como poner en orden y racionalizar todas las reglas sobre los derechos de los inversionistas, o cómo debemos protegernos de la privatización oculta de los servicios públicos, o investigar cómo detener y regular las extensiones abusivas de las patentes farmacéuticas. También cómo controlar el poder de adquisición pública de cualquier servicio o sector del gobierno, incluidos los casos de los estados y los municipios que generalmente buscan favorecer los derechos y servicios locales contra los intereses externos. Asimismo, es fundamental e indispensable incluir en dichos convenios un mecanismo real
siempre para respetar y hacer cumplir los derechos laborales. Las críticas y los temores en Canadá, como también lo deberían ser en México, son cuáles serán las pérdidas de empleos en los sectores de la industria de procesos y de manufactura. Como bien lo señala Jerry Dias, presidente de UNIFOR (Sindicato Nacional de Empleados Públicos y Automotrices) y Paul Meinema, presidente nacional de UFCW (Sindicato de Trabajadores Unidos del Comercio y la Alimentación) de Canadá: “CETA es un mal pacto que comprometerá los empleos de los trabajadores canadienses. Nosotros no debemos firmar acuerdos comerciales como CETA que están desequilibrados y sólo sirven a las agendas de las corporaciones multinacionales. En su lugar, necesitamos acuerdos comerciales balanceados que beneficien a todos los trabajadores y a los sectores donde ellos laboran”. O como bien dicen los líderes canadienses, el CETA es simplemente el TPP a través de una puerta trasera. Si México y los responsables de tomar estas decisiones no frenan, cambian, corrigen o anulan esos acuerdos, entonces nos lamentaremos, como hoy lo hacemos 22 años después del resultado desastroso del TLCAN. Todos tenemos que poner más atención, leer entre líneas lo que nos informan los políticos o algunos empresarios, ejercer nuestro análisis crítico y emitir nuestras opiniones pensando en el futuro, con visión de estadistas y no de simples gerentes o empleados de intereses ajenos. *Líder del Sindicato Nacional Mineros Metalúrgico (Fuente: La Jornada, 22/09/16).
En México existen preocupaciones similares y quizá más complicadas por sus efectos negativos sobre la economía nacional y el bienestar de la población. Sin embargo, hemos perdido la noción de la gravedad o más bien la conciencia sobre el análisis crítico y objetivo de los efectos de acuerdos comerciales que se han firmado para satisfacer la vanidad de los gobernantes o las ambiciones o intereses de los grupos empresariales. Pero rara vez escuchamos opiniones serias, documentadas y nacionalistas para defender el derecho de nuestro país y de los mexicanos a la soberanía, el progreso, el bienestar real y la apertura de más y mejores oportunidades para la gran mayoría de los mexicanos, y no sólo de unos cuantos. Son contadas o casi nulas las expresiones objetivas y críticas en torno a los efectos de estos tratados comerciales de parte de los funcionarios públicos, de los dirigentes empresariales o incluso sindicales, de los medios de comunicación o las organizaciones civiles y sociales, de tal forma que los resultados se obtienen en la práctica, cuando ya el sistema económico es más dependiente o vulnerable, o cuando se han perdido millones de empleos y la pobreza se ha disparado a niveles alarmantes.
El ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Napoleón Gómez Urrutia, presidente y secretario general del Sindicato Nacional de Mineros, en el segundo congreso de IndustriALL Global Union, que se realizó en Río de Janeiro, del 3 al 7 de octubre en curso. Foto: La Jornada
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Exige India retiro de reforma laboral y aumento a salario mínimo Higinio Polo
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ntre doscientos millones y trescientos millones de trabajadores (según las distintas fuentes) secundaron el viernes 2 de septiembre la huelga general convocada en India por los sindicatos. En estados de la importancia de Bengala, Kerala, o Andhra Pradesh (donde la influencia comunista es determinante) la huelga fue completa, y, aunque con menor seguimiento, también en otros estados indios la movilización fue gigantesca. En la industria, los transportes y las oficinas bancarias la huelga fue total, y las calles de las ciudades vieron la paralización de toda actividad. Entre los bancos públicos y privados, casi dos millones de bancarios siguieron la convocatoria. Aunque en Bengala occidental (donde ahora gobierna Mamata Banerjee, la presidente populista que se enfrenta al Partido Comunista), hubo duros enfrentamientos con la policía, en general, no se produjeron incidentes graves. En las grandes ciudades como Delhi, Bombay, Calcuta, Chennai (Madrás), los obreros paralizaron el transporte urbano, los trenes, puertos y fábricas. El gran cinturón industrial de Delhi estaba completamente paralizado. No es la primera huelga general convocada contra el gobierno derechista de Narendra Modi, que llegó al gobierno en 2014, tras su victoria electoral encabezando la Alianza Democrática Nacional, cuyo principal integrante es su partido, el Bharatiya Janata (BJP), una organización conservadora, de matriz hinduista, que ve a los indios musulmanes como enemigos, y peligrosamente nacionalista. Con la convocatoria de la huelga general los sindicatos exigen la retirada de la reforma laboral que impulsa el Bharatiya Janata Party, así como el aumento del salario mínimo en el país, junto a la revalorización de las pensiones, y pretenden que el gobierno acceda a ampliar la seguridad social a los sectores obreros del país, muy numerosos, que siguen sin estar protegidos. Anteriormente, Modi se había visto obligado a retirar su proyecto de ley sobre la compra de tierras, tras masivas protestas en el país. La protesta tiene antecedentes, y surge como reacción a los proyectos neoliberales de Modi: en enero de 2016, millones de mineros se declararon en huelga contra el propósito del gobierno de dar entrada a empresas privadas en las explotaciones mineras. Gurudas Dasgupta dirigente del sindicato All India Trade Union Congress (AITUC), declaró entonces que la huelga de los mineros era la huelga sectorial más grande de los últimos cuarenta años en India. En septiembre de 2015, los sindicatos convocaron la primera huelga general contra el
Imagen del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, con su esposa su esposa María Clemencia Rodríguez el 7 de octubre en Casa de Niriño de Bogotá, tras ser reconocido con el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por acabar con el conflicto armado con las FARC que lleva cinco décadas en el país sudamericano. La expectativa del Nobel incluía al gobierno, la guerrilla y las víctimas. Otros actores importantes por su participación fueron los gobiernos de Venezuela y Cuba. El Nobel de la Paz es una bocanada de aire fresco a la perspectiva de sobreponerse al resultado adverso de hace unos días para consolidar los avances alcanzados y relanzar un acuerdo definitivo. Foto: AFP
gobierno conservador, y, ahora, los sindicatos y los partidos de izquierda, que se muestran contrarios a la privatización de los sectores públicos que pretende imponer Modi y que desconfían de las condiciones en que el gobierno impulsa la llegada de inversiones extranjeras, creen que las masivas movilizaciones pueden no sólo conseguir mejoras sociales para la clase obrera si no además, contribuir decisivamente a la derrota de la política neoliberal del gobierno: tienen muy presente que la inflación está golpeando duramente a los trabajadores, que cuentan con salarios muy bajos, por lo que los sindicatos reclaman un salario mínimo de dieciocho mil rupias mensuales (269 dólares mensuales), así como el acceso universal a la seguridad social y las pensiones. En los días previos a la huelga general, el gobierno indio intentó desactivar la protesta anunciando un aumento del salario mínimo hasta las 350 rupias diarias, unos 4.47 dólares diarios, medida que fue rechazada por los sindicatos alegando que esa decisión apenas afectaría a unos centenares de miles de trabajadores y dejaría en las mismas condiciones a la mayoría de los 470 millones de obreros del país. Siguiendo el tradicional guión de los gobiernos conservadores, el gabinete de Modi ha intentado restar importancia a la huelga alegando que la vida del país no se detuvo, aunque su
envergadura se puso de manifiesto, inadvertidamente, con la posición adoptada por la patronal india, Confederación de la Industria India (Confederation of Indian Industry, CII), que hizo público su apoyo al gobierno de Modi y defendió su política económica, al tiempo que llamaba la atención sobre los graves daños que, en el extranjero, causaría la huelga general en el prestigio del país. Algunos analistas objetaron que si la huelga general no se hubiese producido, como casi mantenía el gobierno, la patronal no debería haberse preocupado por su efecto en el prestigio de la India. Los desafíos que enfrenta la India son gigantescos, y todo indica que el gobierno del Bharatiya Janata Party se revela impotente para enfrentarlos con decisión y atendiendo a las necesidades de la mayoría de la población del país. Modi ha impulsado la llamada política de Make in India, con el propósito de desarrollar la industria, además de anunciar una decidida lucha contra la corrupción que no ha dado, hasta el momento, resultados tangibles (…) El éxito de la huelga general puede suponer el inicio de una nueva acumulación de fuerzas que lleve a los sindicatos a arrancar mejoras sociales, y a la izquierda a preparar la expulsión de la derecha nacionalista del gobierno del país. *Doctor en Historia por la Universidad de Barcelona (Fuente: Rebelión, 070916)