Business Mail mayo 2017 by AmCham Colombia

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Business Mail EDICIÓN 140 • MAYO 2017 • ISSN 2422 - 233X

SICE - TAC y libertad vigilada: ¿Cómo impacta el transporte de carga? Premios Latinoamérica Verde galardonarán a los mejores proyectos ambientales de la Región

Facilitación del Comercio

avances, retos y oportunidades para Colombia AmCham Colombia Business Mail Edición 140

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Contenido Editorial

La facilitación del comercio

Tema central

Presidente José Luis Sánchez DuPont de Colombia S.A.

Avances y oportunidades para Colombia en la facilitación del comercio

Primer Vicepresidente Carlos Vegalara E. Casa Toro Automotriz S.A.

Alianza del Pacífico: un camino que se debe continuar

Acuerdo de Facilitación de la OMC: nuevo desafío para Colombia

Segundo Vicepresidente Christian Onneto Cisco Colombia Tesorero Gustavo Dreispiel Pricewaterhouse Coopers

DHL Express Colombia: más de tres décadas promoviendo el comercio local e internacional

Consejero Jurídico Mariana Posse Posse Herrera & Ruiz Director Ejecutivo Camilo Reyes Rodríguez Revisor Fiscal Édgar Antonio Villamizar González Baker Tilly Colombia Comunicaciones AmCham Colombia medios@amchamcolombia.com.co Tel.: (57 1) 587 7828 / Ext. 155 - 121 Cel.: (57) 316 482 7324 Calle 98 Nº 22 - 64 Of. 1215 www.amchamcolombia.com.co

Actualidad

Empresarización, financiación y más mano de obra: claves para el futuro del agro

Adecco presentó el Índice Global de Competitividad de Talento 2017

Afiliados AmCham Colombia

SICE-TAC y libertad vigilada: ¿Cómo impacta el transporte de carga?

Consumo en Colombia: ¿Cómo se comportó esta tendencia en el primer trimestre de 2017?

¿Cómo está enfrentando América Latina la corrupción en los negocios?

ISSN: 2422 - 233X Edición general Celmira Cadena Comunicaciones AmCham Colombia Publicación editada en Bogotá, D.C. Circulación nacional Diseñado por Rosario A. Castellanos andrea.cgrafica@gmail.com Impreso por TC IMPRESORES Tel.: (+57 1) 360 3969 www.tcimpresores.com

Invitados AmCham Colombia

Premios Latinoamérica Verde galardonarán a los mejores proyectos socio-ambientales de la Región

EDITORIAL

La facilitación del comercio

egún la Organización Mundial del Comercio (OMC), fue en la Conferencia Ministerial de Singapur, que se llevó a cabo en diciembre de 1996, cuando se lanzó la propuesta de negociar un acuerdo con alcance global para facilitar el comercio (AFC). La negociación del Tratado de Bali se concluyó en esa ciudad y éste entró en vigor el pasado 22 de febrero cuando dos terceras partes de la membrecía de la Organización lo ratificaron. Su justificación es simple: según la misma OMC, los costos del comercio pueden llegar a representar un 219% adicional en los países en desarrollo y un 134% en los países desarrollados. El AFC busca mejorar todo lo relacionado con el movimiento, levante, despacho y tránsito de mercancías. Para avanzar en tal propósito, construye consensos para la modernización, simplificación y armonización aduanera, y recurre a la cooperación y a la asistencia técnica. Se ha calculado que si el Tratado se implementa satisfactoriamente, se lograría una reducción de los costos globales del comercio de 14.3%. El tiempo para importar se reduciría en un 47% y para exportar en 91%. En efecto, entre 2015 y 2030 las exportaciones mundiales crecerían 2.7% al año y el PIB mundial un 0.5%. Probablemente, la característica más sobresaliente del acuerdo es su flexibilidad. El Tratado establece un trato especial y diferenciado para países en desarrollo y naciones menos adelantadas. Adicionalmente, el Acuerdo permite establecer tiempos diferenciados para los países y genera compromisos de categoría A, inmediatos; y de categoría B, a mediano plazo. El AFC ya ha tenido efectos positivos para un país como Colombia. La Alianza Global para la Facilitación del Comercio, creada por Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, el Foro Económico Mundial, la Cámara de Comercio Internacional y el Centro para la Empresa Privada Internacional; escogió a nuestro país para implementar el plan piloto en América Latina. Pero, es muy importante que Colombia avance en la ratificación del Tratado que actualmente se encuentra a consideración del Congreso Nacional. De los cuatro debates que debe superar, solo se ha llevado a cabo el correspondiente a la Comisión II del Senado. Es deseable que este proceso se surta pues nuestro país está necesitando, con urgencia, potenciar su capacidad comercial, especialmente la exportadora. Ayudémonos, que nos quieren ayudar.

Camilo Reyes Rodríguez Director Ejecutivo Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia). Diego Santacruz / El Tiempo

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TEMA CENTRAL

Facilitación del Comercio Avances y oportunidades para Colombia

ás empresas exportando a más países, menos barreras que permiten avanzar en las ventas a otros mercados, más agilidad en las operaciones de comercio exterior, y fortalecimiento y modernización de los instrumentos de promoción a las exportaciones, son algunos de los resultados de la política de facilitación del comercio en la que sigue avanzando el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hoy Colombia exporta sus bienes no minero energéticos a 23 países, más de los que exportaba en el 2010. De 168 mercados pasó a 191. Y las empresas también son más. Hay más de 1.200 nuevas compañías vendiendo al mundo ese tipo de bienes.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia.

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TEMA CENTRAL

En los últimos cinco años más de 850 nuevos productos se exportan a diferentes mercados. De esos bienes, el 97.3% son no minero energéticos".

Mientras que en 2010 eran 9.231 firmas, hoy son 10.514. Los productos también son más. Tomando como referencia los años en que se consolidaron más acuerdos comerciales, desde el 2011, y el trabajo adelantado desde esta cartera y sus entidades adscritas, ha llevado a que en los últimos cinco años más de 850 nuevos productos se exporten a diferentes mercados. De esos bienes, el 97.3% son no minero energéticos. El trabajo del Ministerio de Comercio para facilitar el comercio exterior se ha enfocado en varios frentes. La gestión de barreras llevó a que junto con más de 2 mil empresarios y durante un año, se identificaran 1.120 barreras de diferente tipo, de las cuales ya se eliminaron 840. Más agilidad en la atención en los puertos por la reducción de procesos como el de inspección de mercancías con escáneres, que pasó de 24 horas a 15 minutos; menos tiempo en el registro de importación de 24 horas a tres minutos y una única inspección de contenedores, son algunos de los avances. La Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) es la herramienta clave en facilitación de comercio. A través de ella se simplificaron en un solo sitio virtual más de 135

procedimientos que se adelantaban en 21 entidades. Igualmente, 35 formularios que debían tramitar los operadores de comercio exterior, se resumieron en uno solo. Entre los beneficios que ha traído la VUCE, se destaca que la inspección simultánea de las mercancías involucra ahorros por US$1.8 millones y se han evitado 4 mil impresiones de documentos diarios. Además, en el último año inició la interoperabilidad de las VUCE de los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico (Colombia, Chile, México y Perú). Colombia ha intercambiado de manera virtual 2.166 certificados fitosanitarios, de los cuales 1.950 han sido emitidos a sus socios del bloque intrarregional. Los restantes 216 son los que ha recibido el país de parte de Chile, México y Perú. Otro frente de trabajo es el fortalecimiento y modernización de los instrumentos de promoción a las exportaciones, tales como el Plan Vallejo. Se actualizaron y simplificaron los procedimientos y se amplió el listado de subpartidas arancelarias de bienes de capital y repuestos, mejorando el acceso para bienes en 636 nuevas partidas, que pueden entrar al país con cero arancel y con el pago del IVA diferido durante la vigencia del programa,

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con la condición que se usen para transformar bienes exportables. También, se determinó hacer permanente el arancel cero para las importaciones de cerca de 3.400 productos de 65 capítulos del arancel, entre materias primas y bienes de capital, tanto para la industria como para la agricultura, que no se producen en el país. Esta medida genera ahorros anuales para los empresarios por cerca de un billón de pesos. Todo esto le permite al país ponerse en línea con el Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC) que aprobó la Organización Mundial del Comercio (OMC) en noviembre del 2014 y que ya han puesto en vigencia 114 países, de los 164 que hacen parte del organismo. El propósito de Colombia es poner en vigencia el Acuerdo que en la actualidad está en trámite en el Congreso de la República. Este establece nuevas disciplinas en materia de procedimientos, trámites aduaneros y automatización de procesos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) estima que las medidas de facilitación contenidas en el Acuerdo traerán una reducción en los costos globales del comercio de alrededor de un 14,6% para países de ingresos medio-altos como Colombia.

Alianza del Pacífico: un camino que se debe continuar Hoy, la Alianza representa una oportunidad para asumir los retos del posconflicto, pues estimula la apertura de nuevos mercados y la entrada de inversión extranjera que podría dirigirse a la transformación productiva del campo.

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TEMA CENTRAL

e cumplen cinco años de la formalización de la Alianza del Pacífico. En medio de la incertidumbre económica y política global, surge la pregunta si el proyecto de integración más importante de América Latina está generando las condiciones económicas e institucionales para enfrentar los retos inescapables, producidos por los recientes cambios locales e internacionales. El 2016 fue un año de incertidumbre debido a la inestabilidad política y económica, los problemas de seguridad en Europa y Venezuela, la desaceleración del crecimiento chino, la lenta recuperación de Estados Unidos, y la incertidumbre de las elecciones y el distanciamiento

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discursivo de Donald Trump del libre comercio. En efecto, los miembros de la Alianza tuvieron un desempeño macroeconómico aceptable, pero a niveles inferiores en relación con años anteriores, a la vez que sus procesos de reprimarización no dieron pausa. Dentro de los cambios estructurales, los precios del petróleo están en su mínimo histórico; China ya es uno de los socios económicos más importantes de la región y ha declarado que aumentará su presencia en Latinoamérica, haciéndola una realidad inescapable para cualquier tomador de decisión. Colombia por su parte ha firmado un proceso de paz, pero para hacer realidad un nuevo país, necesita implementar reformas económicas profundas que le permitan revolucionar el modelo productivo del campo.

Camilo Defelipe, docente de política exterior de la Universidad Javeriana y magíster en comercio internacional de la Universidad de Barcelona.

Actualmente, en el punto de la globalización donde nos encontramos, la integración cada vez más profunda hace que tanto avances como problemas sean compartidos y por ello, ya ningún país puede asumir por si solo sus propias tareas de gobierno y es necesario profundizar los esquemas de integración. Frente a esto, la Alianza del Pacífico tiene metas ambiciosas. Ofrece los medios para empoderar la economía colombiana dentro de la globalización, más que protegerse de ella. Es la nueva esperanza de integración regional y la única plataforma que tiene Colombia para integrarse en la Cuenca del Pacífico. Además de promover el libre comercio, su agenda de cooperación también significa la posibilidad de aprender de la experiencia de nuestros socios más aperturistas y de poder

llegar a incidir en las negociaciones de las áreas de libre comercio más grandes del mundo. Colombia podría aprender de sus socios y trasladar tales aprendizajes hacia sus políticas de competitividad. Sus metas de armonización de normas y la facilitación del flujo internacional de inversiones, cimentados en un compromiso de diálogo político, permite a los países miembros y especialmente a Colombia sumar fuerzas para asumir los retos de gobernabilidad. La Alianza del Pacífico es además una oportunidad para asumir los retos del posconflicto, en la medida que la apertura de los mercados y la entrada de inversión extranjera podrían dirigirse a la transformación productiva del campo, a través de proyectos agroindustriales con el potencial de contribuir a satisfacer

la demanda de alimentación básica y del nuevo consumidor de la clase media emergente asiática, además de competir con productos de valor agregado en los mercados en recuperación de Estados Unidos y Europa. Teniendo en cuenta entonces los escenarios de riesgos y oportunidades, es necesario ver si la Alianza evoluciona en la dirección correcta. Los logros de la Alianza se destacan esencialmente por avanzar en la facilitación del comercio y de los flujos de inversión. De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones de bienes no minero energéticos que Colombia hizo a los países de la Alianza del Pacífico entre 2010 y 2016 creció en un 18%. Productos agrícolas como dátiles, higos, piñas, aguacates

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Mantener tasas de crecimiento altas, convertirse en una región atractiva para la inversión, incentivar la creación de nuevas empresas, garantizar la certidumbre jurídica, atacar la corrupción y reducir la informalidad; serán indispensables para que Colombia aproveche las oportunidades de la Alianza.

y guayabas, pasaron de exportar USD$151.000 a USD$1.7 millones. Los vehículos para el transporte de diez o más personas pasaron de vender USD$1.2 millones a USD$8 millones. Papel y cartón estucados que vendieron a la Alianza del Pacífico en 2015 un total de USD$341.000, pasaron a USD$1.5 millones en 2016. Los vehículos para el transporte de mercancías pasaron de exportar USD$697.000 a USD$2,9 millones. Máquinas y aparatos para imprimir exportaron en el 2015 USD$375.000 y el año pasado exportaron USD$1.1 millones. Lo anterior refleja una mejora de la composición de la canasta exportador. La Alianza también ha evolucionado en sus agendas de trabajo, específicamente en la reducción de aranceles, la suscripción del Protocolo Adicional que desgrava el 92% del universo arancelario; la simplificación de trámites; la integración de las bolsas de valores en el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y los avances que ha logrado esta plataforma en materia de regulación y protección de los mercados de capitales; la puesta en marcha de un programa de becas estudiantiles que ya tiene más de cien beneficiarios; la eliminación de visas de turismo y de negocios hasta por seis meses, y la apertura de embajadas conjuntas en África y Asia. De igual forma, como forma de soporte al desarrollo de las Pymes, se firmó un acuerdo de cooperación para apoyo financiero. De manera paralela, de acuerdo con el Banco Mundial, los países miembros han logrado aumentar de manera considerable la facilidad para hacer negocios. Son entonces, avances en la dirección correcta y al tiempo

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contribuyen a que Colombia esté cada vez más cerca de cumplir con los requisitos de acceso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE). Colombia sigue siendo un país con un modelo productivo primario y para salir de esta condición, es necesario generar políticas de transformación productiva. En esta dirección, los retos para 2017 según la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, se centrarán en afianzar las políticas de innovación para ciertos productos con alto potencial de competitividad. Esto debe ir acompañado de transferencia de tecnología, capital humano, calidad, financiación, encadenamientos productivos, comercio exterior y sostenibilidad. Para ello, será necesario continuar con tasas de crecimiento altas y sostenidas, convertir al país en una región atractiva a la inversión, incentivar la creación de nuevas empresas, garantizar la certidumbre jurídica, atacar la corrupción y el contrabando, y reducir la informalidad. Se trata entonces de que la Alianza contribuya a la transformación del modelo productivo colombiano y así combatir la pobreza estructural. Sin embargo, para lograr este objetivo, a la Alianza se le debe permitir madurar y esto requiere apostar por proyectos de inversión empresarial para el largo plazo así como un compromiso político sostenido. Por tanto, es vital ajustar las estrategias de largo plazo de entre empresas, gobierno y centros de investigación a un proyecto que es crítico no solo para la paz del país sino para la posibilidad de generar nueva riqueza.

Acuerdo de Facilitación de la OMC: nuevo desafío para Colombia

l Acuerdo de Facilitación del Comercio (AFC), de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entró en vigor el pasado 22 de febrero, tras su ratificación por dos tercios de los miembros de la OMC. El AFC tiene como propósito agilizar el movimiento, los procedimientos aduaneros y el despacho de las mercancías. Igualmente, se incluyen disposiciones de cooperación entre las autoridades aduaneras y sobre asistencia técnica. Colombia es uno de los pocos miembros de la OMC que aún no ha adoptado el AFC. Sin embargo, en la actualidad el Acuerdo se encuentra en proceso de ratificación por parte del Congreso Nacional y en octubre de 2016 fue aprobado en primer debate en el Senado. No obstante, en el ámbito de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se han venido adoptando disposiciones en materia de facilitación del comercio,

José Francisco Mafla, socio y líder del equipo de Aduanas y Comercio Internacional en Brigard & Urrutia, y Presidente del Comité de Inversión AmCham.

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tales como la implementación de tecnologías de información y el desarrollo de procesos optimizados, que permitan el cumplimiento de las obligaciones aduaneras1. Es importante resaltar que la adopción del AFC permitirá al sector productivo e industrial insertarse en un escenario internacional más favorable para el comercio de bienes en Colombia, pues esto representa incentivos para la inversión extranjera, lo cual deriva en que el sector empresarial y los operadores de comercio se verán enfrentados a ajustar sus prácticas para cumplir con las expectativas de los inversionistas. Por una parte, la implementación del AFC es coherente con los objetivos y los principios de la Nueva Regulación Aduanera (Decreto 390/16). Es importante recordar que la filosofía de dicha norma se encuentra basada en la búsqueda de armonización de la regulación con los estándares internacionales, y en la modernización y simplificación de los procedimientos aduaneros. Una muestra de lo anterior es la incorporación de figuras como el Operador Económico Autorizado (OEA), el Usuario de Confianza y el Exportador Autorizado, las cuales son calificaciones especiales que buscan otorgar beneficios a operadores de comercio exterior, siempre que se cumplan las condiciones correspondientes a cada uno de estos. Se puede decir que estas calidades se encuentran en la línea de los propósitos del AFC en la medida en que se busca agilidad, reduciendo cargas y procedimientos administrativos, dentro del marco de seguridad en el desarrollo de operaciones de comercio exterior. Igualmente, la implementación de procedimientos electrónicos, como el pago de derechos de importación a través de estos medios o la solicitud de Resolución Anticipada de Clasificación Arancelaria, son ejemplos de

Resolución 1467 del 28 de febrero de 2012 de la CAN.

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la tendencia del país hacia la simplificación y modernización en las operaciones de comercio exterior. Hoy en día se busca rapidez y confianza en las operaciones de comercio internacional y en países como el nuestro, esto constituye un incentivo indiscutible para los inversionistas que buscan destinar sus recursos en países que proporcionen un marco simplificado y armonizado con los estándares internacionales. Lo anterior permite afirmar que la implementación del AFC representaría un desafío para los principales actores del comercio internacional en Colombia. Por una parte, los empresarios del país se verían motivados a consolidar cadenas logísticas seguras, confiables y ágiles, pues el AFC incluye una sección de riesgo, a través de la cual se sugiere a los países miembros adoptar o mantener sistemas de medición y control de riesgos en el desarrollo de las operaciones aduaneras. Por otra parte, el AFC busca que los operadores de comercio exterior implementen mejores prácticas para así, lograr prestar de forma expedita, ágil y a costos competitivos los servicios asociados a las operaciones de comercio exterior. En conclusión, es necesario tomar medidas para agilizar el proceso de ratificación de este Acuerdo, pues es un paso esencial para que se hagan realidad sus beneficios. La simplificación de los requisitos en materia de documentación, la modernización de los procedimientos y la armonización de los requisitos aduaneros, reducirán los costos y el tiempo necesario para importar y exportar mercancías, lo cual impacta positivamente a la economía de nuestro país, en la medida en que se atraerá más inversión y se estimularán significativamente las operaciones de comercio exterior.

DHL Express Colombia: más de tres décadas promoviendo el comercio local e internacional

En los últimos dos años la firma ha invertido más de tres millones de euros en infraestructura, capacitación de personal y procesos operativos para estar a la vanguardia del comercio exterior.

Agustín Bolano, Director de Operaciones de DHL Express Colombia.

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TEMA CENTRAL

a entrada en vigencia del nuevo Estatuto Aduanero, en marzo del año pasado, ha sido un paso para la adaptación y cumplimiento, por parte del país, de los compromisos adquiridos a nivel internacional y las nuevas tendencias de facilitación del comercio. Siguiendo las nuevas prácticas y retos del sector, DHL Express Colombia, como socio estratégico de los importadores, exportadores y entidades públicas y privadas del país, le ha apostado durante 38 años a la inversión y el crecimiento del comercio a nivel nacional e internacional. Con una inversión de más de 500 mil euros, el pasado 8 de marzo la compañía abrió las puertas de su nuevo Depósito Aduanero, ubicado en las instalaciones de su sede principal en Bogotá, bajo la alianza operativa en la administración con uno de los grupos logísticos más grandes del país. La inversión se realizó buscando mejores tiempos en los procesos formales de nacionalización, garantizando el control y custodia de los envíos importados bajo la red internacional de DHL Express. Con un área de 1.254 metros cuadrados, un equipo de más de 60 especialistas en comercio exterior, tecnología de la última generación, altos estándares de calidad en los procesos operativos y de seguridad, y con un servicio al cliente personalizado, este nuevo depósito ofrece tiempos de nacionalización menores a 48 horas y periodos de entrega

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menores a 3 días, contados a partir del arribo de la mercancía. Ofreciendo un servicio logístico integral y reduciendo tiempos en los procesos formales de importación y exportación, DHL Express Colombia sigue invirtiendo y desarrollando su propia agencia de aduanas, innovando en procesos e infraestructura que le permite realizar todo el proceso logístico, bajo el control y custodia de DHL en el menor tiempo posible. Un envío que por sus características requiera un proceso formal de nacionalización, que sea transportado bajo la red internacional de DHL Express y nacionalizado por la Agencia de Aduanas DHL Express Colombia Ltda. nivel 1, puede estar siendo entregado a los clientes el mismo día de su arribo al país, en Bogotá, y al día siguiente en otras ciudades principales, usando el servicio de Descargue Directo (producto denominado DHL 24), el cual se presta desde las bodegas propias en el terminal de carga del aeropuerto El Dorado. Teniendo en cuenta los volúmenes operados por DHL Express Colombia (1.348.481 envíos a nivel internacional en el año 2016) y los nuevos desafíos que el comercio exterior le está imponiendo al país, la compañía no ha limitado sus inversiones y ha invertido en los últimos dos años más de 3.300.000 euros en infraestructura, flota, sistemas, capacitación de personal, y procesos operativos y de seguridad para estar a la vanguardia del comercio internacional, la normativa aduanera vigente, y de esta manera, seguir ofreciendo servicios logísticos óptimos en el país.

ACTUALIDAD

Empresarizaciรณn, financiaciรณn y mรกs mano de obra: claves para el futuro del agro Transformar la estructura productiva del campo y motivar a las nuevas generaciones a invertir en la agroindustria, serรก esencial para garantizar el progreso de este sector.

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ACTUALIDAD

Diversas empresas extranjeras le han manifestado a AmCham Colombia su interés en conocer las oportunidades de inversión en el campo colombiano, particularmente en proyectos agroindustriales en los que se pueden aprovechar no sólo los recursos hídricos y de la tierra, sino las nuevas realidades políticas que está viviendo el país.

uperado el conflicto armado, en las zonas rurales del país se abren amplias posibilidades de desarrollo para la agroindustria. De ahí que, apostarle a la empresarización, el fortalecimiento de la mano de obra y la generación de incentivos que motiven a las nuevas generaciones a trabajar e invertir en el campo, serán clave para el progreso de este sector. Así lo concluyeron líderes gremiales y funcionarios del Gobierno Nacional, en el marco del 'Foro para la promoción del comercio y la inversión en el campo', organizado por la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia).

Para Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), una buena parte del sector agropecuario está enfocado solo en la oferta, por lo que se queda esperando con el producto en la puerta de la finca y no genera un acercamiento al consumidor final. “Esto va en contravía tanto de la rentabilidad sostenible como de la visión de empresa y el acceso a las economías de escala que deberían tener los productores del campo, independientemente de su tamaño”. En este sentido, el envejecimiento de la pirámide poblacional y el impacto del conflicto y de la pobreza en el país, generó un desplazamiento hacia los grandes centros urbanos, como consecuencia, para algunos cultivos ya hay déficit de mano de

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obra. Por ello, desde ya se debe educar e incentivar a los niños y jóvenes de las zonas rurales, para que aun cuando se desplacen a las ciudades, retornen a emprender e invertir en el campo, señala Bedoya. Al respecto, Camilo Reyes, director ejecutivo de AmCham Colombia, coincide en que hoy Colombia está en la capacidad cambiar la estructura social y productiva del campo, de manera que se reconfigure su oferta exportable y se genere una transformación real de la que puedan ser partícipes esas nuevas generaciones. En efecto, “diversas empresas extranjeras le han manifestado a la Cámara su interés en conocer las oportunidades que existen para invertir en el campo colombiano,

Celmira Cadena, coordinadora Medios y Comunicaciones de AmCham Colombia.

particularmente en proyectos agroindustriales, en los que se pueden aprovechar no sólo los recursos hídricos y de la tierra sino las nuevas realidades políticas que está viviendo el país”, destaca Reyes.

Retos y oportunidades productivas con EE.UU. De acuerdo con María Paula Arenas, directora de Relaciones Comerciales del Viceministerio de Comercio Exterior, desde 2012 hasta la fecha el número de empresas colombianas que exportan a Estados Unidos aumentó 17,5%, pasando de 3.030 en el 2012 a 3.565, sólo en 2016. De éstas, 1.304 llegaron por primera vez al país norteamericano en dicho año.

Según la funcionaria, tras examinar la oferta exportadora y oportunidades agroindustriales que tiene nuestro país con Estados Unidos, el Ministerio de Comercio encontró que en el sector agrícola las frutas, hortalizas, el cacao y la chocolatería son los productos más demandados. En la agroindustria, encabezan la lista las grasas, aceites y los alimentos procesados; mientras que en el sector industrial, tienen gran potencial los textiles, cosméticos, autopartes, plásticos, agroquímicos, medicamentos, la metalmecánica y la industria gráfica. Arenas también aseguró que se firmó un Acuerdo Marco entre el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal de Estados Unidos -APHIS- y el Instituto Colombiano

Agropecuario (ICA) que permitirá usar el tratamiento fitosanitario de irradiación en el puerto de ingreso en Estados Unidos, como medida alternativa para la mitigación de plagas en productos agrícolas. Hasta ahora, la pitahaya, la papaya y la uchuva son los productos beneficiados que ya tienen admisibilidad. El melón y la sandía apenas están en este proceso, el cual podría funcionar también para otros productos como mango, granadilla, maracuyá, curuba, pepino, lulo y pimentones. Otra de las tareas que adelanta MinComercio en conjunto con el sector privado es identificar las empresas que más se verán impactadas por la Ley de Modernización de Inocuidad Alimentaria -FSMA, la reforma más profunda en los últimos 70 años al sistema de inocuidad de los alimentos en Estados Unidos, que aplicará a los sectores que intervienen en la cadena productiva y suministro de los alimentos (producción, transformación, transporte y distribución).

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Nuevos mecanismos de financiación Desde marzo de este año, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) viene adelantando un programa de alianzas comerciales que busca aumentar las ventas en el mercado doméstico e internacional; incrementar la producción y productividad; y resolver cuellos de botella de pequeña infraestructura que le permita a los productores y las empresas sacar sus productos de estos territorios. De acuerdo con Alejandro Huertas, delegado de la Oficina de Desarrollo Rural y Económico de USAID, este programa, que tiene un costo de 71 millones de dólares, inicialmente estará enfocado en cinco cadenas de valor: cacao, cafés

especiales, frutas y hortalizas, leche y caucho, y se desarrollará en el sur de Córdoba, el sur de Bolívar, Antioquia, Cauca, Tumaco, Meta y Caquetá. La Agencia también trabaja para atraer inversión del sector privado en la agroindustria, mediante incentivos financieros que se promueven a través de diferentes fondos de inversión. Uno de ellos es el fondo de Agronegocios que busca canalizar 60 millones de dólares en inversión en agroindustria en municipios que han sido afectados por el conflicto. Para ello, USAID otorga 10 millones de capital semilla y Small Enterprise Assistance Funds (SEAF) tiene la obligación, como administrador del fondo, de conseguir inversionistas para llegar a un total de 60 millones de dólares. Este fondo comenzó operación en

enero de este año y ya está listo para invertir. El fondo Invirtiendo para la Paz, liderado por Acumen, busca promover la inversión privada y la creación de oportunidades económicas en las zonas rurales y marginadas de Colombia. En éste, USAID aportó un capital semilla de dos millones de dólares y ya ha hecho inversiones que impactan a productores de zonas afectadas por el conflicto. Actualmente, está en fase de autorización ante la Superintendencia, el fondo Paisajes Sostenibles y Cambio Climático que es manejado por Terra Global Capital y tiene como meta movilizar 30 millones de dólares hacia inversiones relacionadas con la agricultura sostenible y la conservación de biodiversidad.

(De izq a der) Guillermo Zabala, director Asuntos Jurídicos AmCham Colombia; Camilo Reyes, director ejecutivo AmCham Colombia; Mauricio de Narváez; presidente Comité Agroindustria AmCham Colombia; Nancy Montaña, asesora Viceministerio de Asuntos Agropecuarios; Jeffery Goebel, director Oficina de Desarrollo Económico y Rural de USAID; y Todd Hamner, director Oficina Medio Ambiente de USAID, durante el 'Foro AmCham para la promoción del comercio y la inversión en el campo'.

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Adecco presentó el Índice Global de Competitividad de Talento 2017 La investigación muestra el impacto que está teniendo la tecnología en la forma de trabajar, así como la necesidad de cambiar los patrones de educación, de cara a preparar mejores profesionales para el futuro.

Adecco

a multinacional de recursos humanos, Adecco, presentó los resultados de su más reciente estudio ‘Índice Global de Competitividad de Talento 2017’, desarrollado en conjunto con la escuela de negocios Insead y el Human Capital Leadership, el cual mide la habilidad de los países para hacer crecer, atraer y retener talento, lo cual lo convierte en una herramienta actualizada para la toma de decisiones que impulsen la competitividad del talento en las empresas. De los 118 países en todo el mundo incluidos en el índice, el top ten lo ocupan Suiza, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos, Suecia, Australia,

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ACTUALIDAD

Mientras los trabajos, a todos los niveles, siguen siendo reemplazados por máquinas, la tecnología también está creando nuevas oportunidades.

Luxemburgo, Dinamarca, Finlandia y Noruega. Sin embargo, también aparecen ranqueados países latinoamericanos como Chile (34), Costa Rica (39), Panamá (48), Uruguay (51), Argentina (64), Colombia (71), México (74), Ecuador (79), Perú (83), Guatemala (85), Paraguay (94), El Salvador (95), Nicaragua (99), Bolivia (104) y Venezuela (105). La versión 2017 del estudio presenta los efectos del cambio tecnológico en la competitividad del talento, demostrando que mientras los trabajos a todos los niveles siguen siendo reemplazados por máquinas, la tecnología también está creando nuevas oportunidades. No obstante, las personas y las organizaciones deben adaptarse a un ambiente laboral en el cual el 'know-how' tecnológico, las habilidades de los trabajadores, la flexibilidad y la colaboración sean las claves del éxito, en ambientes de trabajo con niveles jerárquicos horizontales, que se presentan como la nueva norma de liderazgo. El índice también refiere que las entidades del gobierno y las empresas, deben trabajar de la mano para construir sistemas educativos y políticas laborales que vayan en línea con este propósito.

La tecnología: patrón emergente en todo el mundo La tecnología y la hiperconectividad están cambiando la naturaleza del trabajo: junto con los factores demográficos, económicos y sociales, se está impulsando el surgimiento de una fuerza de trabajo más independiente y dispersa. La flexibilidad es el lema de esta época, ya que estamos pasando de un entorno en el que el trabajo se basaba en el empleo tradicional (asalariado), a uno donde el 30% de los estadounidenses y la población activa europea son agentes libres. Hay que pensar más allá de la automatización: no se trata simplemente de tecnología. Estamos experimentando una profunda transformación de la sociedad, organizaciones, carreras profesionales, la educación y el empleo. Las organizaciones se vuelven más planas e interconectadas; los resultados y la colaboración prevalecen sobre la autoridad y la jerarquía; y una "carrera múltiple" se ha convertido en la norma. Las políticas educativas y del mercado laboral son los principales retos del cambio transformacional: la cooperación entre el gobierno, las empresas y las instituciones

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educativas es fundamental para asegurar una rápida reforma del sistema educativo y diseñar políticas de empleo que combinen la flexibilidad del mercado de trabajo con la protección social. Para Marcela Zapata, directora de Adecco Professional, el rápido avance de la automatización y la inteligencia artificial es la fuente de los cambios más drásticos en la manera que vivimos y trabajamos. La transición entonces, será dura, por lo que los gobiernos y las empresas deben actuar pronto. Así mismo, las reformas en el sistema educativo son urgentes y necesarias para proporcionar las adecuadas habilidades técnicas y personales que permitan adaptación al cambio. “A medida que la realidad de los profesionales multi-carrera se convierte en la norma, los trabajadores deben impulsar la empleabilidad comprometiéndose con el aprendizaje permanente. Al mismo tiempo, las políticas de empleo deben combinar la necesidad de flexibilidad de los empleadores y la protección social. Sólo trabajando juntos podremos responder a los desafíos, liberar el poder del trabajo y fomentar la prosperidad”, puntualiza Zapata.

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SICE-TAC y libertad vigilada: ¿Cómo impacta el transporte de carga?

on ocasión de lo previsto en el CONPES 3489 de 2007, que reúne los lineamientos de la Política Nacional de Transporte Público Automotor de Carga, el país se ha visto abocado a la necesidad de migrar hacia un modelo en el cual impera la libertad como regla general en materia de relaciones económicas en el sector transporte terrestre de carga. Es decir, se ha dado un giro hacia un esquema en el que la intervención del Estado en la materia se supone debería estar limitada a aquellos casos en que se presente una verdadera “falla de mercado”1. Tomando como base los anteriores parámetros, el Decreto 2092 de 2011, por el cual se fija la política tarifaria y los criterios que regulan las relaciones económicas entre los actores del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, dio paso a un significativo cambio de orientación normativa, ya que, a partir de su expedición, el Estado colombia-

Javier Franco, socio de Franco & Abogados.

CONPES 3489, p. 8

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El sistema SICE-TAC fue creado como una herramienta de costeo del sector transporte, para solucionar la asimetría en la información que podría existir entre los diferentes actores de la cadena.

no estableció como pauta de base el libre pacto de los precios por los servicios prestados en el mercado del transporte terrestre de carga, tanto en la relación que se presenta entre generadores de carga y empresas de transporte (flete), como en la relación que usualmente traban estas últimas con los propietarios, poseedores o tenedores de los equipos (valor a pagar). Posteriormente, en lo que significó quizás un matiz sustancial del modelo, el Decreto 2228 de 2013 agregó que “en ningún caso se podrán realizar pagos por debajo de los costos eficientes de operación”, abriendo la puerta a diferentes interrogantes: ¿cuáles son estos costos?, ¿se pueden pagar valores por debajo del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte

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Automotor de Carga (SICE-TAC)?, ¿el SICE-TAC se constituye como un mínimo? Es claro que la norma no dijo jamás que no era posible realizar pagos por debajo del SICE-TAC, sino que no era posible realizar pagos por debajo de los costos de operación, y que el SICE-TAC sería el “parámetro de referencia”. A este respecto, es importante no perder de vista que el sistema SICE-TAC fue creado como una herramienta de costeo del sector para solucionar la asimetría en la información que muchas veces podría existir entre los diferentes actores de la cadena. Es así que no tuvo por objetivo ser una “camisa de fuerza” sino más bien, una “referencia” para asistir a las partes y dotarlas de información suficiente en sus negociaciones.

De otro lado, al avanzar en la línea de tiempo y en un verdadero giro respecto de lo que fue la orientación inicial del tema, el Ministerio de Transporte expidió la Resolución 757 de 2015, en la que señaló expresamente que para los efectos de los pagos de “flete” y “valor a pagar”, éstos no se podrían realizar por debajo de los costos “publicados en el SICE-TAC”, es decir, pretendiendo en criterio de algunos asimilar estos parámetros de simple referencia con los costos eficientes de operación. No obstante, dos meses después de la expedición de la Resolución 757, por fortuna el Ministerio de Transporte en conjunto con la Superintendencia de Puertos y Transporte dieron a conocer el llamado “memorando/circular 4611

de 2015” en el que, a pesar de lo señalado por la Resolución antedicha, realizaron una interpretación del modelo destacando la posibilidad de reconocer eficiencias adicionales en los factores técnicos, logísticos o de operación, de acuerdo a las características propias de las relaciones económicas de cada contrato. Pero, ¿qué quiso decir con esto la autoridad del transporte? Parece que el Ministerio pretendió esclarecer que frente a las variables de costeo del SICE-TAC es posible encontrar situaciones no contempladas por el sistema que pueden estar presentes en las operaciones concretas a examinar y que afectan el costo de la misma. En realidad ello es apenas lógico.

¿Cómo puede pensarse si quiera en que pueda proceder entonces una sanción a quien respeta los esquemas de costo?, ¿por qué se pretende hacer ver, por parte de algunos, que a todos los actores de la industria les puede costar lo mismo un determinado insumo del transporte (p.ej. una llanta), cuando evidentemente el costo de ese insumo puede variar sustancialmente v.gr. por existir economías de escala? Los interrogantes rondan la cabeza de todos los gerentes de logística de las grandes empresas del país. Realmente no tiene sentido desconocer la finalidad del modelo de libertad vigilada, ni pretender hacer ver el SICE-TAC como si fuera el “gran hermano” del sector transporte que puede conocer los costos de todas las operaciones del país, más aún cuando todavía se trata, a nuestro juicio, de una herramienta en construcción que presenta vacíos ya que, entre otras limitantes, no contempla todas las rutas, ni todas las configuraciones vehiculares. En conclusión, aunque la autoridad del transporte ha reconocido la procedencia de las eficiencias adicionales en ciertos eventos, resulta de trascendental importancia un mensaje contundente por parte de las autoridades, particularmente aquellas encargadas del ejercicio sancionatorio para aclarar este punto, dándole todo el lugar que le corresponde a la libertad vigilada y reconociendo con mayor vehemencia la procedencia de las eficiencias adicionales que pueden estar presentes en los diferentes modelos operativos. Cualquier intento de ir en el sentido contrario implicaría replantear el modelo económico actual del sector, poniendo en jaque, sin duda, la competitividad del país.

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Consumo en Colombia ¿Cómo se comportó esta tendencia en el primer trimestre de 2017?

Pese a las buenas perspectivas para 2017 que auguraban algunas señales positivas de la economía terminando el año pasado, el primer trimestre se caracterizó por los altos niveles de incertidumbre, lo que se tradujo en pesimismo del consumidor, que reacciona buscando fuentes de ahorro y por lo tanto, disminución en el consumo. Así lo revela el informe Consumo 360°, desarrollado por la consultora internacional Nielsen. De los colombianos está dispuesto a cambiarse a marcas más económicas VS. 47% Latam

Compra menos cantidad VS. 38% Latam

Tienden a incrementar la compra en discounters y cash & carry

ESTRUCTURA DE CANALES Discounters: cada vez más exitosos Al analizar el consumo desde canales en este primer trimestre, la tendencia se confirma. Discounters muestra altas tasas de crecimiento, vía aperturas, llegando al 7% de participación (duplicándola en los últimos 3 años). También muestran buen desempeño los formatos de conveniencia de las cadenas.

Otros

Discounters

Hipermercados

Independientes

Supermercados

Tradicionales

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13%

14%

15%

11% 2% 12%

12%

48%

11% 1% 12%

12%

48%

46%

48%

46%

2013

2014

2015

2016

Tienda tradicional: la más afectada En la cara opuesta se encuentra la tienda tradicional, uno de los canales más afectados por la disminución de la demanda en categorías core como bebidas y aseo. Mostró aumento de precios vía IVA, incluso desde enero, lo que sumado a la reducción de surtido en el 47% de las categorías y a la disminución de innovaciones específicas para dicho canal, generó una pérdida en volumen del -7.3%, comparando Enero - Febrero de 2017 con el mismo periodo del año pasado.

TRADICIONALES - VARIACIÓN % Enero - Febrero ‘17 vs. Enero - Febrero 16’

10,4

PRECIO VOLUMEN

-7,3 0,9

VALOR

Variedad, precios y promociones: claves para los colombianos El estudio sobre Shopper Trends, revela que para el consumidor colombiano los atributos más relevantes en un retailer son: promociones atractivas, precios bajos y el surtido apropiado. El mismo estudio muestra que las tres características son mayormente asociadas a los discounters.

ATRIBUTOS MÁS IMPORTANTES A LA HORA DE ESCOGER UN RETAILER

Tiene PROMOCIONES interesantes y atractivas

Tiene BAJOS PRECIOS para la mayoría de los productos

SIEMPRE ENCUENTRO los productos que busco

El fenómeno de disminución del consumo con el que se cerró el primer trimestre de 2017; demuestra que las estrategias aisladas en cualquiera de sus frentes (categoría, canal y Shopper) seguirán siendo insuficientes en el contexto de cambio acelerado actual, catalizado por nuevos actores del mercado como el comercio electrónico o los formatos de conveniencia. Por lo tanto, una óptima segmentación requiere de una estrategia matricial, con la combinación adecuada de soluciones de precio y promoción, innovación, conocimiento profundo del shopper y servicios, entre otras.

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¿Cómo está enfrentando América Latina la corrupción en los negocios? Países como Chile, Brasil y Colombia registran avances importantes tanto en la búsqueda de la transparencia y buenas prácticas de negocios, como en la erradicación de este fenómeno que tanto afecta el desarrollo de la región.

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atinoamérica ha dado un paso importante en materia de lucha contra la corrupción, en el ambiente de negocios de su economía en general, al sancionar leyes específicas de aplicación para empresas privadas que realicen actividades directas o indirectas con el Estado o no, y que se vinculen con actos de corrupción en donde se involucran funcionaros públicos nacionales y extranjeros. Prometer, ofrecer o dar una ventaja indebida, directa o indirectamente a un funcionario público nacional o extranjero; defraudar en un proceso de licitación pública; eliminar una propuesta de una licitación; financiar, patrocinar o subsidiar actos ilícitos; obstruir una investigación sobre entidades o funcionarios del gobierno; o crear entidades para pujar fraudulentamente por licitaciones públicas, son sólo algunos ejemplos de dichos actos. En este sentido, Chile a través de la ley 20.393, y Brasil con la ley 12.846, han generado una normativa muy fuerte que marca el rumbo a seguir para el resto de las legislaciones latinoamericanas, ya que se observa que en países como Argentina se está preparando un proyecto de ley, a sancionar en junio de este año, en referencia a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El modelo implementado por Chile, resulta muy interesante desde la concepción de un Estado que premia a las empresas que implementan controles internos para detectar acciones de corrupción y actos contra la administración pública.

Pablo Paladini, Gerente de Operaciones de Resguarda Fernando Niño, director senior de la División de Consultoría Forense y de Litigios de FTI Consulting

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Los trasandinos inclusive han desarrollado un modelo de certificación de esta ley que sirve para que las empresas puedan exteriorizar la existencia de estos controles y el grado de responsabilidad que han tomado para con la norma legal. En el caso de Brasil el modelo es muy distinto, puesto que se destacan las fuertes sanciones que se aplican a las empresas que se vean involucradas en este tipo de casos, dado que las mismas se regulan del 0.1% al 20% de la facturación anual de la empresa del último ejercicio, antes del inicio del proceso administrativo, hasta la posibilidad de multas directas de R$ 6.000 a R$ 60.000.000, en caso que no sea posible determinar la facturación del implicado. Asimismo, establece que la empresa podrá dejar de recibir incentivos, subsidios y préstamos otorgados por entidades estatales por el lapso de cinco años, en caso de que se detectase su participación en unos de los delitos tipificados. Un punto interesante de esta norma es la posibilidad de reducir

las multas, en la medida de que la empresa haya implementado controles internos orientados a prevenir y detectar este tipo de actividades. Entre éstos se destacan: •

•

Líneas de denuncias o Líneas Éticas, confidenciales para que los empleados o terceros relacionados puedan informar estas actividades de manera segura y anónima. Códigos de conducta claros y políticas internas que reflejen la predisposición de la empresa en relación a este tipo de actividades y las sanciones vinculadas. Auditorías recurrentes sobre las actuales prácticas de la empresa y con un fuerte foco en la detección de actividades ilícitas en las líneas de negocio más afectadas o con mayor riesgo. Capacitación al personal sobre estos aspectos, la normativa legal aplicable y las medidas de control interno que está llevando a cabo la empresa en este sentido.

En Argentina el modelo es incipiente, si bien en el año 2011 y ante la posibilidad de quedar en la lista “gris” de países sin legislación sobre la materia de lavado de dinero, se implementaron una serie de normas que instaban a las empresas a desarrollar programas y esquemas de controles internos para detectar eventuales maniobras de lavado de dinero, recién en el mes de junio se analizará en el Congreso una norma de cumplimiento de responsabilidad de las personas jurídicas como las mencionadas en Brasil y en Chile. Es interesante como en cada uno de estos esquemas, las llamadas Líneas Éticas o Líneas de denuncias se establecen como un control común que cruza de punta a punta los mismos, dada la gran capacidad que tienen estas herramientas de detectar situaciones que a través de controles ordinarios son de muy escasa y hasta nula detección. Cabe destacar en este sentido, la importancia de esta herramienta de control (Línea de denuncias) que actualmente le otorgan las legislaciones incipientes de Latinoamérica

Hoy las Líneas Éticas o Líneas de denuncias se establecen como un control común, dada la gran capacidad que tienen para detectar situaciones que, a través de controles ordinarios, son de escasa y hasta nula detección.

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y que en el presente resultan sumamente efectivas tanto en el control privado como público. En el caso de Colombia, el 2 de febrero de 2016 se expidió la Ley 1778, la primera con alcance real para sancionar administrativamente a las personas jurídicas que eventualmente resulten involucradas en actos de soborno trasnacional. La expedición de esta ley es una de las primeras expresiones del compromiso adquirido por nuestro país, luego de que en el 2012 aprobará la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Hasta antes de la expedición de la Ley 1778, en Colombia no existía una regulación que tuviera herramientas para sancionar a las personas jurídicas que “por medio de uno o varios empleados, contratistas, administradores o asociados propios o de cualquier persona jurídica subordinada den, ofrezcan o prometan a un servidor público extranjero directa o indirectamente sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o utilidad, a cambio de que el servidor extranjero realice, omita o retarde cualquier acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y en relación con un negocio o transacción internacional”1. La Ley se enfoca en el oferente del soborno y determina una serie de sanciones cuya severidad no tenía precedentes en la legislación colombiana. Así, la Superintendencia de Sociedades podrá imponer una o varias multas de hasta $138 mil millones de pesos (200 smvl actuales), inhabilidad para contratar con el estado hasta por 20

años, publicación de la sanción en medios de comunicación y prohibición para recibir incentivos del Estado por cinco años. La capacidad sancionatoria de la Ley va más allá, pues si una sociedad sancionada es absorbida, fusionada o se asocia con otra, la controlante será también objeto de la sanción. Y si la sociedad sancionada se escinde, todas sus partes serán objeto de la sanción solidariamente. Así mismo, contempla una serie de atenuantes que deben ser detenidamente observados por cualquier organización sujeto de esta ley, para protegerse desde ya ante cualquier eventualidad relacionada. Entre ellos está la implementación de efectivos programas de transparencia y ética empresarial o de mecanismos anticorrupción, así como haber realizado adecuados procesos de debida diligencia. Respecto de la implementación de programas de transparencia y ética empresarial, la Superintendencia de Sociedades fijó unos criterios de acuerdo con el inciso segundo del artículo 23 de la Ley 1778, entre los cuales mencionó de manera explícita los canales de comunicación que “le permitan a los empleados, asociados, contratistas e individuos vinculados, así como cualquier persona que tenga conocimiento de una conducta de soborno trasnacional o de otras prácticas corruptas relacionadas con la persona jurídica, la posibilidad de reportar de manera confidencial infracciones a la Ley Anti-Soborno y al Programa de Ética Empresarial. Algunos de los procedimientos recomendados por la Superintendencia de Sociedades es habilitar líneas de denuncias anónimas y

adoptar medidas para evitar represalias por parte de la misma persona jurídica contra el denunciante, o contra este mismo por parte de los empleados denunciados que le hayan ofrecido participar en las conductas irregulares. En definitiva, creemos que con estas medidas Latinoamérica dará un paso adelante en la búsqueda de la transparencia, las buenas prácticas de negocios y asimismo, la erradicación de la corrupción que tanto mal le hace al desarrollo de la región.

Asesórese Para conocer cómo convertir su línea ética en una herramienta efectiva para el programa de cumplimiento de su empresa, contáctenos a través de: www.fticonsulting.com www.resguarda.com fernando.nino@fticonsulting.com pablo.paladini@resguarda.com

Artículo 2 de la Ley 1778 de 2016.

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Premios Latinoamérica Verde galardonarán a los mejores proyectos socio-ambientales de la Región Acceder a programas de incubación, obtener financiamiento y conectarse con importantes organizaciones de impacto global, son algunos de los beneficios que recibirán los proyectos ganadores.

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educir las emisiones de CO2 es rentable. Así lo viene demostrando la encuesta anual del Carbon Disclosure Project (CDP), Global 500 report, en donde, de manera constante, las empresas que han integrado la reducción de emisiones de carbono en sus planes de negocio han logrado, en promedio, doblar el rendimiento que las que no. Es decir, el rendimiento financiero y la buena gestión ambiental van de la mano en las empresas exitosas del siglo XXI. Sin embargo, a pesar de los increíbles resultados, las organizaciones que han adoptado políticas y acciones claras en adaptación y/o mitigación al cambio climático, son aún minoría. Debemos recordar que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando y aunque no se reconozca como tal, la crisis ambiental es también un riesgo financiero si no es solucionada. La contaminación y escasez del agua, la destrucción de bosques, el aumento de la temperatura del

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planeta, la pobreza, entre otros; no solo generan problemas socio-ambientales, de ahí que las empresas, independientemente de su tamaño, los inversionistas y los gobiernos deben reconocer que la crisis ambiental también es una clara amenaza a la economía mundial. En efecto, actuar en conjunto a favor del clima, no es sólo una necesidad, sino una extraordinaria oportunidad de generar negocios. La sustentabilidad crea mercados atractivos y rentables. Un ejemplo de esto es la coalición We Mean Business, conformada por grandes multinacionales y organizaciones ambientales, que en el 2015 presentó un estudio en el que se evidencia la necesidad de invertir en proyectos destinados a reducir las emisiones de CO2. El informe titulado “El clima ha cambiado”, demuestra la rentabilidad de actuar a favor del clima para el sector privado. El documento también hace referencia al rol clave de los gobiernos, quienes están llamados a crear políticas públicas que incentiven las inversiones privadas, en esta materia.

Dinamizar una economía climáticamente inteligente o comúnmente llamada economía verde es imperativo. Así lo vimos y lo sentimos hace más de cuatro años cuando soñamos con una Latinoamérica más verde, más unida, más justa, más solidaria. Es así como en 2013 nacieron en Guayaquil (Ecuador), los Premios Latinoamérica Verde. Un evento anual que exhibe, conecta y premia, sin importar su tamaño, sector o iniciativas personales, a los 500 mejores proyectos socio-ambientales de la región, en diez categorías: Agua, Bosques y Flora, Biodiversidad y Fauna, Desarrollo Humano, Inclusión Social y Reducción de Desigualdad, Energía, Finanzas Sostenibles, Gestión Urbana, Manejo de Residuos Sólidos, Océanos, Producción y Consumo Responsable. Son más de 3 mil proyectos de 28 países y 513 ciudades que han participado de forma gratuita en estos Premios. En 2016, el 50% de los proyectos que conformaron el ranking de los 500 mejores de la región, logró conexiones efectivas; el 11% internacionalizó su proyecto; el 21% logró expandirlo localmente; y el 10% logró financiamiento. Este año, es su cuarta edición, los Premios Latinoamérica Verde cuentan con la participación de 2.409 proyectos de 36 países y el respaldo de más de 60 alianzas estratégicas, tales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Sistema B, WWF, Conservación Internacional, IICA, Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Universidad EARTH, PwC, Directv, Avianca, entre otros. Existen un sin número de beneficios para los finalistas y ganadores. Entre estos, la posibilidad de acceder

Bianca Dager, directora ejecutiva de Premios Latinoamérica Verde.

a programas de incubación, aceleramiento, obtener fondos no reembolsables, acceder a fuentes de financiamiento con inversión de impacto, así como conectarse con las organizaciones más destacadas de impacto positivo global. El próximo 1 de junio se conocerán los 500 mejores proyectos y los tres finalistas de cada categoría, y del 22 al 24 de agosto se llevará a cabo la premiación de los ganadores en Guayaquil.

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