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La libertad de expresión en el lugar de trabajo
La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes en una sociedad democrática y republicana. En el ámbito laboral, su respeto debe equilibrarse con la convivencia entre compañeros de trabajo y los propósitos de la empresa.
En Guatemala, la Constitución y los tratados internacionales sobre derechos humanos protegen las libertades de pensamiento, expresión y conciencia, señalando límites contra su ejercicio abusivo, como el honor, la intimidad y la reputación. No se permite la censura previa pero sí la fijación de responsabilidades ulteriores, que pueden ser civiles o penales.
El Código de Trabajo prohíbe, de manera general, discriminar por sexo, raza, religión, credo político, situación económica, educación y cualquier otro motivo. Además, prohíbe a los patronos influir en las decisiones políticas o convicciones religiosas de los trabajadores, así como cualquier acto que restrinja los derechos legales de éstos. El patrono debe abstenerse de todo maltrato de obra o palabra hacia sus trabajadores. La violación de estas prohibiciones da derecho al trabajador a darse por despedido indirectamente y exigir el pago de indemnización.
Los trabajadores, por su parte, pueden incurrir en causa justa de despido por injurias contra el patrono, sus representantes o los compañeros de trabajo, por hacer propaganda política o realizar actos que coaccionen la libertad de conciencia, entre otras infracciones a los reglamentos de trabajo y obligaciones contractuales.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha declarado que los Estados deben respetar y garantizar la libertad de expresión y pensamiento de los trabajadores en contextos laborales. En nuestro país, la Corte de Constitucionalidad ha adoptado la doctrina del efecto horizontal de los derechos fundamentales, por la cual se deben hacer valer los derechos humanos en las relaciones entre particulares. Ha citado como parámetros los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, adoptados por la ONU en 2011, según los cuales las empresas deben evitar que sus actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas.
Respetar la libertad de expresión en el ámbito laboral, velando por su ejercicio respetuoso, es fundamental para lograr ambientes de trabajo más armoniosos y productivos.
