Argentina traicionada. Memoria, duelo, justicia by Anthropos

Presentan estas obras una diferente sensibilidad respecto a los problemas hirientes de la actualidad. Ellas abren una dimensión crítica y solidaria con los conflictos que afectan a las distintas etnias y grupos marginados. Su finalidad es llevar a cabo un análisis de la convivencia social desde la pluralidad y creatividad cultural.

L I B R O S

D E

L A

R E V I S T A

A N T H R O P O S

Argentina traicionada

Argentina traicionada Memoria, duelo, justicia

Antonius C.G.M. Robben

Traducción de Nuria Brufau Alvira, M. Rosario Martín Ruano y África Vidal Claramonte

Argentina traicionada : Memoria, duelo, justicia / Antonius C.G.M. Robben ; traducción de Nuria Brufau Alvira, M. Rosario Martín Ruano y África Vidal Claramonte. — Barcelona : Anthropos Editorial, 2021 287 p. ; 24 cm. — (Libros de la Revista Anthropos) Tít. orig.: “Argentina Betrayed: Memory, Mourning, and Accountability”. Bibliografía p. 245-269. Índices ISBN 978-84-17556-50-1 1. Violencia y abusos en la sociedad: desapariciones forzadas, tortura Argentina 2. Gupos de presión, movimientos de protesta y de acción no violenta 3. Derecho: derechos fundamentales y libertades públicas 4. Estructuras políticas: totalitarismo y dictadura I. Brufau Alvira, Nuria, trad. II. Martín Ruano, M. Rosario, trad. III. Vidal Claramonte, África, trad. IV. Título V. Colección

La traducción de esta obra se ha realizado con la ayuda del programa Cultures, Citizenship and Human Rights de la Universidad de Utrecht

Título original: Argentina Betrayed: Memory, Mourning, and Accountability Primera edición en Anthropos Editorial: 2021 © University of Pennsylvania Press Inc., 2018 © Anthropos Editorial. Nariño, S.L., 2021 Edita: Anthropos Editorial. Barcelona www.anthropos-editorial.com ISBN: 978-84-17556-50-1 Depósito legal: B. 5.972-2021 Diseño de cubierta: Javier Delgado Serrano Diseño, realización y coordinación: Anthropos Editorial (Nariño, S.L.), Barcelona. Tel.: (+34) 936 972 296 Impresión: Lavel Industria Gráfica, S.A., Madrid Impreso en España - Printed in Spain Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 917021970/932720447).

Siglas

AAA

Alianza Anticomunista Argentina

APDH

Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

CADHU

Comisión Argentina de Derechos Humanos

CELS

Centro de Estudios Legales y Sociales

CGT

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CIDH

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CONADEP

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COSOFAM

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ERP

Ejército Revolucionario del Pueblo

ESMA

Escuela Superior de Mecánica de la Armada

FAMUS

Familiares y Amigos de los Muertos por la Subversión

HIJOS

Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio

Juventud Guevarista

Nomen Nescio (sin nombre)

OAS

Organización de los Estados Americanos

PCR

Partido Comunista Revolucionario

PRT

Partido Revolucionario de los Trabajadores

UCR

Unión Cívica Radical

UES

Unión de Estudiantes Secundarios

Argentina traicionada

Las cinco Zonas de Defensa del régimen militar argentino

Introducción

Confianza y traición

Una banda de percusionistas acompañada por un grupo de bailarines que había ido abriéndose paso poco a poco entre la multitud que atestaba la Avenida de Mayo, la arteria que conecta el edificio del Congreso con el palacio presidencial, anunciaba la llegada a una abarrotada Plaza de Mayo de una extensa pancarta de medio kilómetro de longitud que llevaba estampados los rostros de miles de jóvenes argentinos desaparecidos. Estos, que habían sido perseguidos y asesinados a manos del régimen militar, estaban a punto de realizar, en el Día de la Memoria celebrado en marzo de 2010, su entrada triunfal al corazón de la ciudad de Buenos Aires. Al llegar a la plaza, los bailarines y los percusionistas se apartaron a un lado, en un gesto que permitió a la pancarta ocupar un lugar privilegiado en tan histórico emplazamiento a fin de rendir homenaje a los desaparecidos y sus allegados. La comitiva avanzaba al unísono, pues la vida y la muerte políticas de los primeros se entrelazaban con las protestas de los segundos allí, en el mismo lugar en el que se proclamara la independencia de Argentina en mayo de 1810 y donde presidentes y dictadores habían ganado y perdido tantas veces el favor de las masas. La pancarta simbolizaba la influencia que casi cuatro décadas más tarde seguían ejerciendo los desaparecidos en la sociedad argentina, así como el cuidado que durante este tiempo les habían procurado incesantemente sus parientes. Me sobrevino un sentimiento agridulce al recordar que el 10 de diciembre de 1983 había estado en esa misma avenida para contemplar al presidente Raúl Alfonsín avanzar hacia la Plaza de Mayo en una limusina abierta. Su sonrisa, llena de esperanza, se me quedó grabada para siempre. Alfonsín acababa de recibir la aprobación del Congreso tras haber salido victorioso en las elecciones celebradas en octubre, gracias a un discurso que apelaba a la verdad y la justicia, junto con la promesa de que no tardarían en esclarecerse todas las desapariciones. Habían transcurrido veintisiete años desde entonces, y aunque esa esperanza se había desvanecido prácticamente, perdida en el espejismo del tiempo, al menos los desaparecidos y sus familias habían logrado captar la atención de la nación, y muchos de los responsables de las atrocidades estaban ya en la cárcel, condenados por los delitos de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura que había regido Argentina en el periodo entre 1976 y 1983. Las Fuerzas Armadas argentinas habían asumido el control el 24 de marzo de 1976 bajo el pretexto de que debían eliminar la insurgencia guerrillera, relanzar la economía y sentar las bases para el establecimiento de una democracia duradera. El precio: decenas de miles de desapariciones forzosas, la angus11

tia de cientos de miles de parientes y una sociedad traumatizada. En tales circunstancias, ¿cómo han sobrellevado los argentinos las pérdidas simbólicas, sociales y humanas provocadas por el régimen militar? Y, en particular, ¿qué papel han desempeñado la confianza y la traición en la configuración y reconfiguración de las consecuencias que a largo plazo se derivan de la violencia represora del Estado y de los traumas socioculturales que afectan a Argentina desde el fin de la dictadura en 1983? Por último, ¿de qué manera ha influido la continua oposición entre una gama diversa de grupos sociales antagónicos y un Estado también con múltiples dimensiones para la construcción de la memoria, el duelo y la asignación de responsabilidades de las muchas pérdidas sufridas por Argentina? La confianza constituye un elemento fundamental tanto para el Estado como para la sociedad, pues hace posible la existencia de las interacciones sociales y las instituciones políticas. La traición, por el contrario, puede conducir a la desintegración de lo social y lo político. A mi entender, estas dos categorías de análisis contienen un valor explicativo considerable que ayuda a comprender la manera en que las sociedades traumatizadas lidian con las herencias no resueltas que dejan como legado los pasados represores. En lo que respecta a los conceptos de Estado y sociedad, ambos aluden a complejas construcciones socioculturales, heterogéneas, estratificadas y multidimensionales, en las que la confianza y la traición se manifiestan de formas diversas y diferenciadas. No se dan de manera autónoma ni homogénea porque la sociedad está marcada por los conflictos entre individuos, grupos e intereses opuestos, mientras que los órganos del Estado, como las administraciones a nivel local y nacional, el Parlamento, la judicatura y las Fuerzas Armadas, pueden estar en desacuerdo entre sí e incluso inmersos en dinámicas de corrupción y clientelismo que quedan eclipsadas por una fachada de normalidad estatal. Mediante la creación de un ambiente de incertidumbre del que el Estado puede servirse para golpear inadvertidamente, los regímenes autoritarios represores erosionan la confianza que es connatural a la sociedad y que se extiende a los agentes y las instituciones estatales. La sospecha y la desconfianza pueden filtrarse en todos los niveles sociales y políticos porque las relaciones de confianza quedan secuestradas por la permanente amenaza de una traición. Esta obra se centra en las dinámicas en las que operan la confianza y la traición para explicar de qué manera, en el periodo comprendido entre 1983 y 2016, Argentina ha ido gestionando las secuelas de su violento pasado en aspectos clave que han sido objeto de confrontación nacional. Ambas han marcado de forma significativa las relaciones a nivel social y político en el país, no solo durante la dictadura, sino también después, una vez reinstaurada la democracia. Los Gobiernos de la nación, las Fuerzas Armadas, las antiguas organizaciones guerrilleras, las asociaciones de familiares que buscaban a sus desaparecidos y las organizaciones en pro de los derechos humanos han mantenido para con los otros colectivos considerables dosis de desconfianza; a la par, en todos los casos planea también la sospecha de traiciones internas urdidas en su propio seno. Uno tras otro, los presidentes han ido variando periódicamente la forma de gestionar los actos de conmemoración nacionales, la rendición de cuentas en 12

el ámbito penal y las políticas de reconciliación. Con ello, han contribuido a sembrar entre los ciudadanos argentinos un sentimiento general de precariedad ante un Estado que no consideran de fiar. Es más, la errática variación de las narrativas y los testimonios en torno a la violencia política y la represión militar ofrecidas por los protagonistas históricos de los bandos enfrentados, junto con la continua revelación de verdades y falsedades sobre el pasado, han alimentado la desconfianza mutua en una sociedad civil dividida, lo que ha dificultado la elaboración del duelo por las múltiples pérdidas que ha sufrido Argentina. El país, por lo tanto, ha seguido siendo una sociedad traumatizada que persevera en un conflicto abierto sobre su pasado debido a las dinámicas que mantienen la confianza y la traición —dinámicas que en realidad abarcan un número creciente de sectores sociales en complicidad con el régimen dictatorial—. El análisis de las desapariciones en Argentina desde la perspectiva del genocidio constituye, en efecto, la manifestación última de esta desconfianza. Después de todo, el genocidio es la máxima forma de traición, la peor de las violaciones de la confianza que pueda darse entre seres humanos y grupos sociales. El 24 de marzo de 2010, en la cabecera de la manifestación que enarbolaba la pancarta con las imágenes de los desaparecidos, se hallaban Estela de Carlotto y Nora de Cortiñas, en calidad de principales representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo y de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Puede que conociera a Nora de Cortiñas en Buenos Aires en abril de 1978, cuando había transcurrido un año desde la desaparición de su hijo Gustavo. Ese día, mientras atravesaba paseando la Plaza de Mayo, se acercaron a mí de repente tres o cuatro mujeres que me contaron, desesperadas, que se habían llevado a sus hijos y que desconocían su paradero. Nora de Cortiñas podría perfectamente haber sido una de esas mujeres que se apresuraron a apartar de mí un policía y dos civiles: se había convertido en una de las nuevas líderes del movimiento tras el secuestro y la desaparición de su fundadora, Azucena Villaflor de De Vicenti. El 8 de diciembre de 1977, durante un encuentro celebrado en la iglesia de Santa Cruz, se llevaron a ocho personas. Dos días después les tocó el turno a Azucena y otras cuatro. En otra decisión que no hacía sino reforzar la represión, la dictadura prohibió las protestas que organizaban las madres en la Plaza de Mayo cada jueves por la tarde, ya que temían que estas reuniones pudieran comprometer las celebraciones de la Copa del Mundo de fútbol fijada para junio de 1978.1 Solamente las madres más valientes, entre las que se contaba Nora de Cortiñas, continuaron haciendo acto de presencia en la plaza para acercarse a los viandantes como yo, tal vez periodistas extranjeros con capacidad para dar a conocer al mundo el motivo de sus protestas. Para 1990, ya había mantenido tres extensas entrevistas con la activista. En ellas me relató los interminables días de búsqueda de su hijo y hasta qué 1. Los términos en mayúscula «Madres de Plaza de Mayo» y «Abuelas de Plaza de Mayo» se refieren en esta obra a las dos organizaciones formalmente constituidas y a sus representantes, mientras que las expresiones «madres de la plaza de Mayo» y «abuelas de la plaza de Mayo» aluden a las madres y abuelas de los hijos y nietos desaparecidos que iban a protestar a la Plaza de Mayo, pertenezcan o no a alguna de dichas organizaciones.

punto se había sentido traicionada al enterarse, en 1982, de que Gustavo Niño —el joven que había acudido a los encuentros semanales en la iglesia de Santa Cruz porque buscaba a su hermano secuestrado— había resultado ser el teniente de la Armada Alfredo Astiz, que trabajaba de incógnito. Astiz, por su parte, fue puesto en libertad en 1990 gracias a la amnistía que pretendía instaurar la paz social en Argentina poniendo fin al procesamiento de los responsables. Nora se mostró contundente en su rechazo a dicha ley de amnistía: «No hay reconciliación posible con los asesinos, los torturadores y los desaparecidores. Hay cárceles para ellos. [...] No les quiero perdonar» (entrevista del 16 de noviembre de 1990). Y nunca cambió de opinión a lo largo de toda una vida dedicada al activismo. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, llamado popularmente el Día de la Memoria, fue instaurado por el Congreso en 2002 con el fin de dedicar un acto de remembranza a los desaparecidos e impedir el olvido del golpe de Estado acaecido el 24 de marzo de 1976. Además, el movimiento en pro de los derechos humanos quiso aprovechar ese día de descanso para recordar a la sociedad argentina que la asunción de responsabilidades por parte de los autores de las atrocidades y sus colaboradores había quedado coartada como consecuencia de las amnistías y los indultos concedidos a finales de la década de los ochenta. Con todo, la historia de Argentina está plagada de giros inesperados, y para 2006 estaba en marcha una nueva fase de juicios contra militares y agentes de policía del país. Las protestas a pie de calle organizadas durante años y la perseverancia de los abogados especializados en derechos humanos se veían por fin recompensadas. El Día de la Memoria logró demostrar que no se había abandonado a los desaparecidos. A pesar de ello, y aunque se pretendía que esa jornada feriada a nivel nacional fuera un acto de conmemoración neutral, la presencia pública y el peso de la oratoria han acabado convirtiendo la Plaza de Mayo de Buenos Aires en un campo de batalla política cada año a partir de entonces. El Día de la Memoria de 2010 dio comienzo oficialmente a las 11:30 de la mañana con un discurso pronunciado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la antigua Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), que había albergado uno de los mayores centros clandestinos de detención del país. En sus palabras quiso hacer hincapié en que la recuperación de la identidad de los bebés secuestrados durante la dictadura suponía «una victoria sobre el olvido y la muerte», y mostró su oposición a las propuestas de algunos políticos de poner fin a las causas contra los responsables: «Nadie juzga el pasado, sino delitos concretos cometidos por hombres concretos».2 En un intento por distanciarse de la discordia que reinaba entre las organizaciones en pro de los derechos humanos y los grupos políticos que avanzaban hacia la Plaza de Mayo, la presidenta había optado por no hablar desde el palacio presidencial de la Casa Rosada ubicado en la plaza. El programa del día había sido objeto de un acalorado debate entre las sesenta organizaciones participantes, que, en virtud de sus diferencias de opi2. «Cristina dijo que “si no hay justicia” irá a tribunales internacionales», Clarín, 25 de marzo de 2010.

nión sobre el Gobierno peronista del momento, se negaron a compartir el escenario levantado en el centro de la plaza. Es más, el acuerdo que habían alcanzado tras arduas negociaciones se evaporó cuando los funcionarios del Estado intervinieron sin previo aviso para dar paso al festival de música dos horas antes de lo planeado, con lo que se les restaba tiempo a los grupos de la oposición para airear su disconformidad con el Gobierno. La Asociación Madres de Plaza de Mayo, favorable al Gobierno y dirigida por Hebe de Bonafini, presenció el discurso de la presidenta Cristina de Kirchner a las 11:30 y abrió el festival de música a las 17:00 para celebrar la cultura artística que la dictadura había sido incapaz de destruir. Por su parte, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, con Nora de Cortiñas al mando, llevaron la descomunal pancarta que mostraba a los desaparecidos hasta el corazón simbólico de la nación a las 14:00, pero se marcharon antes de que la asociación de madres rival hiciera su aparición en el escenario. En cuanto a las Abuelas de Plaza de Mayo, optaron por estar presentes en la ESMA para escuchar las palabras de la presidenta de Argentina, y después acompañaron a ambas organizaciones de madres en la Plaza de Mayo. Por último, un buen número de grupos de izquierda con nombres como Peronismo Revolucionario, Tupac Amaru y Barrios de Pie entraron en la plaza hacia las 16:00 para leer un mensaje de crítica al Gobierno de Kirchner que quedó ahogado por la música emitida a todo volumen desde el escenario. Visité a Nora de Cortiñas en su despacho al día siguiente. Habían pasado décadas desde nuestro primer encuentro. A sus ochenta años, aún seguía tratando de descubrir lo que le había ocurrido a su hijo Gustavo y proseguía incansable su batalla en las calles para conseguir que los asesinos comparecieran ante un tribunal. Me comentó que la Plaza de Mayo había estado dividida entre los grupos que defendían a Kirchner y sus opositores, o como especificaba el periódico de la oposición Clarín, entre «[k]irchnerismo ortodoxo, kirchneristas con reservas y kirchneristas furiosos vs. marxismo-leninismo, trotskistas, maoístas, piqueteros y anarquistas. K vs. anti-K. Dos marchas, dos actos, dos visiones distintas de ver el mundo».3 Nora lamentó la censura impuesta a las fuerzas antigubernamentales, así como el ambiente festivo del acto que había cerrado el día: «No tenemos nada de fiesta el día 24 de marzo. Es un día de recordar, para denunciar, reflexionar y para seguir haciendo la denuncia del proyecto del sector cívico-militar» (entrevista del 25 de marzo de 2010). El acto de conmemoración que tuvo lugar en la Plaza de Mayo en 2010 ilustró que lo que unía a las madres y a las abuelas (es decir, el apego emocional a los desaparecidos y la exigencia de que los responsables respondieran de sus acciones) era lo que a su vez las dividía en sus discusiones sobre cómo mostrar en público ese apego o cómo articular su ambigua interrelación con el Estado argentino. En mi anterior libro, demostré la manera en que la compleja interacción entre la violencia política y el trauma social había tenido una repercusión en diversos ámbitos de la sociedad argentina en el periodo comprendido entre 3. «Entre kirchneristas y la izquierda, la Plaza quedó partida en dos», Clarín, 25 de marzo de 2010.

1945 y 1990 (Robben 2005a). La traición y la desconfianza que impregnaran la dictadura militar seguían afectando a los argentinos décadas más tarde. En un nuevo episodio de traición a su pueblo, las Fuerzas Armadas se enrocaron en una negativa a abrir los registros sobre los desaparecidos, con lo que condenaban a los familiares a una búsqueda sin fin de los bebés secuestrados y de los restos óseos de sus seres queridos. Estos dos grupos antagónicos desconfiaron de los sucesivos Gobiernos que siguieron una impredecible trayectoria que fluctuaba entre la exigencia de la asunción de responsabilidades y la pacificación. Antes de pasar a la reflexión sobre los conceptos de confianza y traición, me gustaría presentar un breve repaso de la historia de la violencia política en la Argentina del siglo XX hasta la caída del régimen militar en 1983, como antesala al análisis de sus secuelas, de las que me ocupo en esta obra.4

Una breve historia de la violencia política en Argentina Argentina se ha visto lastrada por la violencia política desde que el virrey español fuera depuesto como resultado de la Revolución de Mayo acaecida en 1810 y la victoria en la guerra librada contra España por la independencia. Lo que comenzó como una guerra anticolonial derivó en un periodo de recurrentes guerras civiles que enfrentó a los caudillos regionales y el Gobierno central de Buenos Aires. En la misma época, la joven república se embarcó en la conquista territorial de la Patagonia y la consiguiente destrucción de su población indígena. Charles Darwin, que recorrió Argentina entre 1832 y 1834, señaló la conexión que percibía entre la economía y el genocidio: «Esta guerra de exterminio, si bien librada con la más sorprendente de las barbaries, traerá consigo grandes beneficios; abrirá de golpe un campo de 500 millas de largo en un hermoso país para la cría de ganado» (Darwin 1988: 172; traducido para esta edición). Tras el fin de las guerras civiles en 1852, el Estado argentino fue consolidándose a lo largo de una década que dio en llamarse de Organización Nacional. En ese tiempo se redactó la Constitución, se creó el Congreso y la economía floreció gracias al aumento de las exportaciones agrícolas y a la inversión extranjera. En el periodo entre 1865 y 1880, Argentina atrajo a muchos inmigrantes provenientes de Europa, entre los que se encontraban refugiados de la Comuna de París, que no tardaron en organizar a una clase trabajadora cada vez más numerosa para acabar fundando, en 1872, un capítulo de la Primera Internacional. La constante búsqueda de nuevos pastos llevó a los ganaderos a enfrentarse a las poblaciones indígenas a lo largo de una frontera donde se daban al mismo tiempo el comercio, el robo, los matrimonios mixtos y los secuestros (Duncan Baretta y Markoff 1978; Jones 1993). Se sancionaban tratados de paz con la misma ligereza con que se impugnaban. En 1878, el Gobierno argentino decidió convertir el río Negro en su línea de defensa natural más meridional 4. Además, el apéndice 1 ofrece un cronograma de los acontecimientos políticos más importantes de la historia de Argentina.

para defenderse de los asaltos de los indios. Una fuerza de expedición formada por 6.000 hombres y equipada con caballos y rifles Remington avanzó, organizada en cinco divisiones, a través de las vastas pampas matando y esclavizando a los guerreros nativos y a sus familias (Punzi 1979; Viñas 1982). Le siguieron otras expediciones. En abril de 1883, el presidente Roca felicitó al general Villegas por su victoria final: «Más allá de ese encantado lago de aguas azules a cuyas márgenes levantan sus tiendas las bayonetas argentinas, en los mismos sitios en que en un porvenir no remoto surgirán poblaciones; no quedan ya indios, tribus audaces ni caciques terribles que atemoricen a los pastores e impidan el cultivo de los campos» (Walther 1980: 547). Argentina estaba en pleno auge a finales del siglo XIX. Entre 1900 y 1908 llegaron más de dos millones de inmigrantes que huían de la pobreza en Europa y que acabarían encontrando aún más explotación en una Buenos Aires superpoblada (Lynch 1993; Rock 1987). La dura represión de las huelgas y las protestas a pie de calle vividas durante las primeras décadas del siglo XX culminaron en la Semana Trágica de enero de 1919, durante la cual fuerzas del Ejército y la Policía acabaron con la vida de 34 trabajadores (Díaz Araujo 1988). Más adelante, tras el primer golpe de Estado perpetrado por los militares en el país, en 1930, sobrevino una época de autoritarismo, que se vio acentuado en la llamada Década Infame, caracterizada por la corrupción política y el declive económico, y que fue testigo de novedosas prácticas de tortura aplicadas a los opositores políticos, como el simulacro de ahogamiento y la picana eléctrica, que se incorporaron al arsenal de instrumentos mortificadores (Unamuno 1988). El ambiente de represión política tocó a su fin en 1945 con la llegada al poder del líder populista Juan Domingo Perón gracias al apoyo de la clase trabajadora argentina. Emprendió entonces un movimiento emancipatorio que permitió a los trabajadores explotados liberarse «del miedo a perder el trabajo, mirar de igual a igual al capataz, sentirse amparado por su delegado sindical, no sentir a cada rato el ladrido de la miseria» (Luna 1973: 320). Las tensiones con la Iglesia católica aumentaron en 1950 cuando Perón declaró que la ideología peronista en torno a la justicia social encarnaba la esencia de la fe cristiana. El creciente autoritarismo del mandatario provocó rebeliones entre los militares en 1951 y 1952 con escaso éxito, y la redoblada intensidad de la represión estatal solo logró acrecentar la animosidad. En efecto, las primeras desapariciones que se han documentado en Argentina datan de diciembre de 1946, cuando la policía envió a cinco detenidos políticos a diferentes comisarías de La Plata y negó tenerlos bajo custodia (Lamas 1956: 47-53). Las protestas contra Perón en las calles crecieron en 1952, mientras se avivaban las conspiraciones militares. La agitación alcanzó su culmen en 1955. En junio de ese año, la Armada declarada en rebeldía bombardeó el palacio presidencial ubicado en la Plaza de Mayo en una acción que costó la vida a cientos de civiles (Portugheis 2015). El fracaso del levantamiento no hizo sino alentar y fortalecer a la oposición antiperonista, que no se detuvo hasta que el golpe de Estado del 16 de septiembre de ese año obligó a Perón a abandonar el país. De inmediato, la Junta militar proscribió el Partido Peronista e incluso prohibió que los nombres «Perón» y «Evita» se pronunciaran en público. Ade17

más, se retiraron numerosos derechos conquistados por los trabajadores con el objetivo de multiplicar la productividad de la industria argentina, lo que la clase obrera, en su mayoría peronista, interpretó como actos de venganza. Por ello, creció un movimiento de resistencia frente a la dictadura que acabó inspirando la violencia política que caracterizaría la década de los años setenta. Más de doscientos grupos peronistas formados por unos 10.000 miembros solo en Buenos Aires participaron activamente en el sabotaje de la economía del país mediante huelgas, protestas en las calles, lanzamiento de bombas incendiarias y operaciones armadas (James 1988: 77-80). El 9 de junio de 1956, un grupo de oficiales peronistas protagonizó un levantamiento que fue apagado con intensa brutalidad y que dejó un balance de 34 muertos, y la detención de cientos de peronistas. Ernesto Jauretche, que acabaría incorporándose a la organización guerrillera peronista de los Montoneros a principios de los años setenta, recordaba hasta qué punto le afectó la detención de su madre: «La primera vez que la llevaron a mi mamá también la desaparecieron. Estuvo un mes que la buscamos por todos lados y en todos lados nos decían “acá no está, acá no está”. La buscamos por los cuarteles, por todos lados, estaban ocurriendo los fusilamientos y todo eso, y nosotros no teníamos ninguna noticia de mi mamá, no sabíamos dónde estaba. La historia de las desapariciones es vieja» (entrevista del 6 de abril de 1991). El movimiento de resistencia peronista acabó diluyéndose a finales de la década de los años cincuenta. En 1958 los militares le entregaron el poder al Gobierno civil de Arturo Frondizi y los sindicados optaron por evitar cualquier tipo de enfrentamiento con el Estado. No obstante, al albur de la Revolución Cubana de 1959 floreció una insurgencia guerrillera de índole rural en la provincia de Tucumán. Con todo, las desavenencias internas y las operaciones ofensivas de la policía acabaron por disolver el grupo. Hubo de esperarse hasta junio de 1963 para que los insurgentes protagonizaran otro intento de revolución. Las guerrillas argentinas volvieron al país tras haber recibido entrenamiento en Cuba y establecieron una zona liberada en la provincia de Salta, que también hizo aguas debido a la falta de apoyo por parte de la población rural y al carácter no combativo de los nuevos sindicatos en que se había organizado la clase trabajadora urbana. Es más, los líderes sindicales habían ido estableciendo unos estrechos lazos de colaboración con la clase política a la vez que habían cultivado unas relaciones clientelares con las tropas a través de la aprobación de fondos de pensiones, seguros médicos y trabajos reservados para los miembros más leales (James 1988: 130-142). Hubo quienes llegaron incluso a ponerse del lado del ya retirado general Onganía cuando dio el golpe de Estado del 28 de junio de 1966 porque el sucesor del presidente Frondizi, Arturo Illia, se había mostrado a favor de mejorar la democracia interna de los sindicatos y erradicar el clientelismo generalizado. Sin embargo, el pacto sellado entre los líderes sindicales y los mandos militares se resquebrajó en agosto de 1966 cuando la Junta impuso la mediación forzosa en los conflictos laborales y abolió el derecho a la huelga. Estas medidas acrecentaron la resistencia de los obreros, que encontraron un aliado en el espíritu revolucionario de una generación más joven que bebía de la Revolución 18

Cubana. Tres años más tarde, se produjeron multitudinarias manifestaciones de obreros y estudiantes en las calles de ciudades industriales como Córdoba y Rosario. La clase media también simpatizó con las reivindicaciones antigubernamentales, si bien es cierto que no aprobaban el uso de la violencia armada (Carassai 2014). Varios grupos guerrilleros de reducido tamaño malinterpretaron esta solidaridad como el preámbulo de una revolución, lo que los llevó a aprovechar las movilizaciones de masas para ir reclutando seguidores. En estas circunstancias, la dictadura se vio incapaz de controlar el creciente número de protestas que se producían en las calles para criticar al Gobierno militar y exigir el regreso de Perón, que llevaba exilado desde 1955. De ahí que la Junta tomara la decisión de convocar elecciones nacionales en marzo de 1973, aunque se aseguró de proscribir la candidatura de Perón. Con todo, fue el Partido Peronista el que ganó los comicios, y así su candidato, Héctor Cámpora, asumió el poder el 25 de mayo de ese año. El indulto presidencial que extendió a los casi 400 presos políticos encarcelados supuso un punto de inflexión que transformó la opinión de los militares argentinos sobre la guerra de contrainsurgencia. Así, los convenció de que, de rebrotar la violencia armada, la única reacción correcta sería la aniquilación total. Apenas unas semanas antes de la proclamación del indulto, el capitán de la Armada Horacio Mayorga había advertido de «la presencia de una izquierda violenta que podría hundirnos en un proceso mortal, y si los muertos son los nuestros entonces será la ley de la selva» (Potash 1996: 503; traducido para esta edición). Perón volvió a pisar suelo argentino el 20 de junio de 1973, en el transcurso de unos violentos enfrentamientos que tuvieron lugar en el aeropuerto Ezeiza entre peronistas revolucionaros con conexiones con la insurgencia guerrillera y sectores peronistas ortodoxos secundados por los sindicatos peronistas tradicionales. Muchos ciudadanos creyeron que cesaría la violencia al recuperar Perón la presidencia del país el 12 de octubre de ese año. En efecto, las organizaciones guerrilleras peronistas desmovilizaron a sus combatientes; sin embargo, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de corte marxista, insistió en sus ataques a las Fuerzas Armadas, convencidos como estaban de que el proceso revolucionario que se había iniciado en 1969 se encaminaba hacia la victoria. La violencia se recrudeció aún más al avivarse la lucha intestina entre los peronistas de izquierdas y los de derechas; y continuó escalando a raíz del fallecimiento de Perón en julio de 1974 y el consiguiente ascenso a la presidencia de su viuda, Isabel Martínez de Perón. Los Montoneros emprendieron una defensa ante la ofensiva de escuadrones de la muerte, de extrema derecha, que operaban desde el Ministerio de Bienestar Social con el apoyo de algunos sindicatos y militares. La insurgencia guerrillera se financiaba con los rescates pagados para la liberación de empresarios secuestrados, y conseguía el armamento y los suministros médicos en asaltos a bases castrenses y comisarías. Las facciones peronista y marxista de la insurgencia guerrillera contaban con unos 5.000 combatientes en torno a 1974-1975. Los escuadrones de la muerte, por su parte, ascendían a 1.000 operativos. Se estima que hubo 1.165 asesinatos perpetrados por la derecha entre mayo de 1973 y marzo de 1976, mientras que a las organizaciones guerrilleras se les atribuyen 480 (Moyano 19

1995). Aislado de una población de interior que fue desencantándose de la violencia política, el movimiento revolucionario habría de hacer frente a un Estado militarizado y sediento de venganza. Las Fuerzas Armadas argentinas decidieron que había llegado el momento de que el Estado consolidara el monopolio constitucional que le correspondía sobre la violencia. Así, en febrero de 1975 iniciaron en la provincia de Tucumán una serie de operaciones de ataque contra la insurgencia rural del Ejército Revolucionario del Pueblo. El 6 de octubre, el Gobierno peronista instó a las Fuerzas Armadas «a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país» (PEN 1975). El 24 de marzo de 1976, las fuerzas militares depusieron a la presidenta Isabel Martínez de Perón. Esta preocupante decisión recibió inicialmente el apoyo de amplias capas de la clase media, fruto del hartazgo ante una violencia política cuyo fin deseaban (Carassai 2014: 171-177). El golpe se produjo solo parcialmente con la intención de combatir la insurgencia. Los militares habían recibido ya amplias libertades operativas el octubre anterior, lo que había forzado a las organizaciones guerrilleras a adoptar una actitud defensiva a finales de ese año. Los objetivos ulteriores de la dictadura eran erradicar el heterogéneo movimiento revolucionario argentino, recuperar la economía y transformar la sociedad a través de un Proceso de Reorganización Nacional que asentaría por fin una democracia duradera y daría protección a la que presentaba como la forma de vida argentina, así como a su cultura occidental cristiana (Robben 2005a: 171-189 [2008: 203-225]). Para ello se movilizaron conjuntamente la Policía, la Gendarmería y las Fuerzas Armadas, preparadas para un conflicto asimétrico caracterizado por un ejercicio desproporcionado de la violencia por parte del Estado dirigida contra una mermada insurgencia guerrillera y un movimiento poco definido de oposición política. El resumen más sucinto del modus operandi se obtiene de boca del vicealmirante Luis María Mendía, quien anunció a sus oficiales poco antes de que se produjera el golpe militar: «Por consiguiente, actuaremos con ropas de civil, en operaciones rápidas, intensos interrogatorios, prácticas de tortura y eliminación física mediante misiones en aeronaves desde las que, durante el vuelo, se lanzarán al aire los cuerpos drogados de las víctimas, para darles así una “muerte cristiana”» (Feierstein 2006: 152; traducido para esta edición). De esta manera, se mantuvo a miles de reclusos en cientos de centros clandestinos de detención. Un número indeterminado de ellos quedaría en libertad al cabo de días o semanas, una vez se valoraba que no suponían ninguna amenaza para la sociedad y la cultura argentinas. Mientras que las víctimas de los ataques de la guerrilla dirigidos contra la policía o los militares entre 1960 y 1989 se fijaron en 508 muertos (Díaz Bessone 2001), aún se desconoce el número preciso de asesinados/desaparecidos. Las conclusiones elaboradas en 1984 por una comisión de la verdad cifraban en 8.960 las personas desaparecidas para siempre (CONADEP 1984: 479, 1986: 447). En 2015, el Gobierno peronista había documentado el asesinato y la desaparición forzosa de 8.631 personas, lo que no incluye los 783 casos cuya investigación aún no había concluido (Secre20

taría de Derechos Humanos 2015).5 A pesar de ello, el movimiento en defensa de los derechos humanos considera estas cifras engañosas dado que se produjeron muchos secuestros que nunca fueron denunciados. Sostiene, en cambio, que el número real de argentinos desaparecidos asciende a 30.000. El presidente de Argentina Mauricio Macri respondió así, en agosto de 2016, a una pregunta sobre el número de desaparecidos: «Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si fueron 9 o 30 mil».6 Estela de Carlotto, representante de las Abuelas de Plaza de Mayo, lo acusó de tratar de restar credibilidad a las organizaciones que trabajaban en pro de los derechos humanos tachándolas de mentirosas y de reducir el debate sobre el terrorismo de Estado a una cuestión de números.7 Jorge Auat, el Fiscal General para delitos de lesa humanidad, también mostró su desacuerdo con el presidente Macri al manifestar que no se trataba del número en sí, sino de la inmensa gravedad de los delitos, porque «[d]espués de los crímenes de la dictadura, la vida no es igual, y esto es lo que queda claro, por eso son de lesa humanidad».8 De ahí la pertinencia del eslogan que se enarboló el Día de la Memoria de 2017: «Son 30 mil».9 El hecho de que, 33 años después de la caída del régimen militar, siga existiendo un acalorado debate público sobre el número de desaparecidos ilustra que la conmoción que sufre la sociedad argentina por las desapariciones continúa siendo profunda, y demuestra que la recíproca desconfianza que impregna todos los sectores de una sociedad dividida y la actitud ante el Gobierno constituye aún un legado de la traición para con sus ciudadanos achacable al Estado autoritario. Las desapariciones motivaron la parálisis política de muchos argentinos durante la dictadura. Además, la represión militar no estuvo dirigida exclusivamente a desactivar el movimiento revolucionario, sino que también sirvió para destruir la confianza del pueblo argentino y evitar así la potencial organización de una resistencia efectiva. De ahí que para los militares fuera una sorpresa que un grupo de madres empezara a reunirse cada semana en la Plaza de Mayo para protestar, una estrategia que no tardó en atraer la atención nacional y del exterior. Las cada vez más frecuentes manifestaciones en favor de los derechos humanos, las deficientes políticas económicas de las sucesivas Juntas y la derrota sufrida en las Malvinas ante un victorioso Reino Unido marcaron el inicio del declive del régimen. En junio de 1982 asumió el poder un gobierno militar de transición, y en octubre de 1983 se celebraron unas elecciones generales en las que arrasó en las urnas Raúl Alfonsín, quien asumió la presidencia el 10 de diciembre de ese mismo año. Heredaba un país angustiado por el destino de los desaparecidos y que vivía en un estado de desconcierto creado por la represión militar que tan profundamente había dañado la confianza de la gente en el Estado, en los demás y en sí misma. 5. Aproximadamente un cuarto de los desaparecidos/asesinados eran mujeres, y el resto hombres. Casi el 60 % de los desaparecidos-asesinados se encontraba en el rango de edad comprendido entre los 20 y los 29 años (Secretaría de Derechos Humanos 2015: 1551-1552). 6. «“Macri mostró desprecio y desinterés”», Página/12, 11 de agosto de 2016. 7. «“Se trata de una campaña de bastardeo”», Página/12, 9 de noviembre de 2016. 8. «“Quieren devaluar moralmente los juicios”», Página/12, 16 de agosto de 2016. 9. «Miles y miles con una misma bandera», Página/12, 25 de marzo de 2017.

ALGUNAS PÁGINAS HAN SIDO ELIMINADAS

Índice general

Siglas ........................................................................................................

INTRODUCCIÓN. Confianza y traición ............................................................

CAPÍTULO 1. Trauma ...................................................................................

CAPÍTULO 2. Memoria ..................................................................................

CAPÍTULO 3. Testimonio ..............................................................................

CAPÍTULO 4. Negación .................................................................................

115

CAPÍTULO 5. Soberanía ................................................................................

137

CAPÍTULO 6. Responsabilidad ......................................................................

157

CAPÍTULO 7. Culpa ......................................................................................

183

CAPÍTULO 8. Duelo ......................................................................................

207

CONCLUSIÓN ...............................................................................................

231

APÉNDICE. Cronología de la historia política argentina ..................................

243

Bibliografía ................................................................................................

245

Índice temático ...........................................................................................

271

Agradecimientos .........................................................................................

283

287

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