Mercado-estado-carcel en la democracia

MERCADO-ESTADO-CÁRCEL EN LA DEMOCRACIA NEOLIBERAL ESPAÑOLA

AUTORES, TEXTOS Y TEMAS

CIENCIAS SOCIALES Colección dirigida por Josetxo Beriain

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Utopías del Control y Control de las Utopías Proyecto Editorial en colaboración entre el OSPDH (Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona) y Anthropos Editorial Coordinado por Roberto Bergalli e Iñaki Rivera Beiras

Daniel Jiménez Franco

MERCADO-ESTADO-CÁRCEL EN LA DEMOCRACIA NEOLIBERAL ESPAÑOLA

Prólogo de María José Bernuz Beneitez e Iñaki Rivera Beiras

Mercado-estado-cárcel en la democracia neoliberal española / Daniel Jiménez Franco ; prólogo de María José Bernuz Beneitez e Iñaki Rivera Beiras. — Barcelona : Anthropos Editorial ; Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (OSPDH), 2016 XIII p. 368 p. ; 24 cm. (Autores, Textos y Temas. Ciencias Sociales ; 93) Bibliografía p. 329-365 ISBN 978-84-16421-28-2 1. Sociología 2. Cárceles 3. Ciencias políticas y teoría 4. Economía política 5. Criminología I. Bernuz Beneitez, María José, pról. II. Rivera Beiras, Iñaki, pról.

III. Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona (OSPDH) IV. Título V. Colección

Primera edición: 2016 © Daniel Jiménez Franco, 2016 © Anthropos Editorial. Nariño, S.L., 2016 Edita: Anthropos Editorial. Barcelona www.anthropos-editorial.com En coedición con el OSPDH, Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona ISBN: 978-84-16421-28-2 Depósito legal: B. 6.735-2016 Diseño de cubierta e ilustración: Javier Delgado Serrano Diseño, realización y coordinación: Anthropos Editorial (Nariño, S.L.), Barcelona. Tel.: (+34) 936 972 296 Impresión: Lavel Industria Gráfica, S.A., Madrid Impreso en España - Printed in Spain Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 917021970/932720447).

A fin de que los bienaventurados puedan complacerse en mayor medida en su beatitud [...] les ha sido concedido el ver con toda perfección las penas de los impíos.

TOMÁS DE AQUINO

PRÓLOGO DEL HIPERENCARCELAMIENTO A LA AUSTERIDAD

El libro que Iñaki Rivera y yo misma tenemos el gusto de prologar ha sido elaborado por Daniel Jiménez Franco durante años de reflexión y activismo o, más precisamente y más interesante todavía, de activismo y de actitud reflexiva en torno al tema de las instituciones penales y penitenciarias y su compleja y oculta(da) relación con la estructura y el poder económico en sus diferentes versiones y visiones. Ya en la introducción, Daniel destaca que el objetivo es triple: se trata de analizar simultáneamente el mercado como centro del gobierno desde la economía, el estado como agencia ultra-política de control y la cárcel como arma de la economía política que naturaliza y gestiona el excedente humano. Y lo hace desde una inevitable toma de posición ante la economía del castigo y una insoslayable crítica de las realidades que analiza, asumiendo que para ser científico es preciso ser crítico y demostrándolo con una aproximación histórica que evidencia la tozudez de ciertas resistencias al cambio y, a la vez, cómo cambian las cosas para que, en realidad, todo siga igual.

Es cierto que en el origen de este libro está la realización de su tesis doctoral, realizada sin apoyo económico institucional aunque sí con el apoyo «emocional» del Laboratorio de Sociología Jurídica de la Universidad de Zaragoza y del Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la Universitat de Barcelona. La tesis fue defendida en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, en febrero de 2014 con la merecida máxima calificación de sobresaliente cum laude. Calificación debida, quizás, a la audacia con que se plantearon las hipótesis de trabajo, en muchas ocasiones contra-intuitivas, por haber sido naturalizadas durante siglos. Es algo que ocurre, por ejemplo, con la afirmación de que la evolución de los delitos registrados no guarda relación con la severidad de la ley penal ni con la tasa de encarcelamiento. Calificación que tuvo que ver también con el rigor con que se documentó cada una de las afirmaciones vertidas —en largas notas a pie de página—, utilizando una bibliografía y una documentación poco ortodoxas pero que van al origen y a las fuentes de la comprensión del funcionamiento social por parte de la ciudadanía. Algo que, parece claro, se construye minoritariamente con documentación académica y mayoritariamente con información procedente de medios de comunicación, informes producidos por entidades no institucionales o, entre otros, viñetas de humor, producida en distintos soportes, escritos, auditivos o audiovisuales. Todo para realizar una lectura renovada y actualizada de temas y realidades clásicas, como lo es la relación entre la economía y el resto de instituciones políticas y jurídicas.

Por su alcance de largo recorrido, la apuesta clara de la tesis por la interdisciplinariedad era precisa e inevitable. Es interdisciplinar y también transdisciplinar, porque transita entre los modelos de conocimiento de la economía, los conceptos y paradigmas de la sociología y la criminología, las aportaciones de la filosofía política y social y no IX

pierde de vista el fenómeno jurídico, aunque sin quedar prendado de sus normativos cantos de sirena. Ese tránsito entre disciplinas, asumido como necesario e inevitable, se realiza de forma tan natural que resulta difícil ubicarse en una disciplina concreta, pero lo hace imprescindible para las que aspiren a un conocimiento radical del fenómeno del castigo en la sociedad actual, más allá de una aproximación encerrada en planteamientos uni-disciplinarios. Todo eso aporta una riqueza y una complejidad al trabajo que superan la media, pero también hay que destacar que la tesis doctoral, como producto académico, solo ha sido un hito en una reflexión que se inicia mucho antes, con su activismo, su reflexión colectiva —como le gusta decir a él mismo— con compañeros y compañeras, posicionados y dispuestos a una perspectiva crítica sobre las instituciones sociales, jurídicas, políticas y económicas. Visión crítica que permea su forma de habitar y transitar y le lleva a una coherencia vital poco habitual en quienes prefieren la comodidad de separar ética pública y privada, el discurso sobre lo que debería hacerse —que suele indicar lo que deberían hacer los demás— y lo que debo hacer yo. Se trata de una actitud que se agradece siempre que aparecen grandes utopistas sobre las vidas de los otros que no toman sus propias palabras como realizables por sí mismos. En este caso, por su coherencia, dan ganas de proclamar: ¡no matemos al utopista, escuchémosle! En este caso, leamos con atención lo que tiene que decirnos, porque merece la pena y porque no nos dejará indiferentes.

MARÍA JOSÉ BERNUZ BENEITEZ *** Hace tiempo que quienes nos hemos ocupado de analizar críticamente el funcionamiento del sistema penal venimos insistiendo en la necesidad de que un sistema semejante no siga siendo examinado —hegemónicamente— por un discurso jurídico que, salvo excepciones, no ha trascendido del examen puramente normativo. Es decir, la «cuestión penal (y penitenciaria)» requiere de instrumentos de análisis que deben provenir de otras miradas, de otras aportaciones y también de compromisos claros en la lucha por mostrar la irracionalidad de los mismos. Ese es el asiento que ocupa Daniel Jiménez Franco, quien ha elaborado minuciosamente, primero su tesis doctoral y, posteriormente, la obra que aquí se presenta bajo el título de Mercado-estado-cárcel en la democracia neoliberal española.

Semejante denominación ya pone de manifiesto el sustrato transdisciplinar que recorre la obra. Es significativo destacar que cuando tantas voces se han oído acerca del fin del pensamiento crítico, Jiménez Franco rescate la obra tal vez más significativa de la teoría crítica de la penología moderna. Aludo, claro está, al libro fundacional de la epistemología propia de una economía política del castigo: Pena y estructura social de George Rusche y Otto Kirchheimer, dentro del laboratorio social y cultural representado por la «Escuela de Frankfurt» en los tiempos previos al nacionalsocialismo alemán.

En efecto, la consideración que ya entonces, en la década de los años veinte y treinta del pasado siglo, afirmaba la relación entre mercado de trabajo, ciclos económicos, políticas penales y demografía carcelaria, reaparece en esta obra para tomar su metodología y aplicarla a los tiempos contemporáneos —particularmente enfocada en «el caso del Reino de España», como señala el autor.

En esa dirección, él ha logrado revaluar la presencia, la vigencia de una tradición crítica que, aplicada a dicho «caso», tiene la lucidez de introducirse en el complejo tema X

de los ciclos económicos de las últimas décadas, la evolución de las políticas penales y sus efectos penitenciarios.

Para ello, Jiménez Franco traza una ruta que, aunque brevemente, merece aquí ser destacada con el fin que los eventuales lectores se sitúen y se preparen para recorrerla hasta el final de su «hilo rojo». Con una riqueza de citas que pone de manifiesto una profusa documentación empleada durante los años de su investigación, el autor aborda unos ejes entre los que destaco aquí los siguientes. En primer término, y como introducción a lo que calificaría de un auténtico marco teórico sobre el que se asentará el trabajo posterior, penetra en los entresijos de los procesos de acumulación, del sistema capitalista que apenas ya es de producción (por su decidido carácter especulativo) y sus vinculaciones con las formas que ha ido adquiriendo el secuestro institucional en el período que va de la segunda posguerra mundial hasta el presente.

Presentadas esas líneas, Jiménez Franco pasa al abordaje de ciertos ejemplos de hiperencarcelamiento en algunos ámbitos territoriales específicos y, por cierto, paradigmáticos, como son los casos de los Estados Unidos de Norteamérica y el continente europeo. Debe destacarse aquí el esfuerzo realizado en el tratamiento bibliográfico de un tema —el fenómeno de la mass incarceration— que, al menos en España, ha tenido muy escaso análisis hasta el presente. Sobre dicho fenómeno, creo oportuno realizar algunas consideraciones de orden general, distintas o complementarias a las de la obra presentada, precisamente para que sean tomarlas en consideración cuando queramos abordar las consecuencias subjetivas de semejante cuestión.

Se denomina mass incarceration al impresionante crecimiento carcelario producido prácticamente en todo el mundo durante los últimos 30 años, desde 1984 en adelante. En efecto, se calcula que más de 10,2 millones de personas malvivían hace tres años en el interior de institutos penales en el mundo (los de naturaleza legal, sin incluir los incontables sitios no conocidos). En los quince años transcurridos desde la primera edición del World Prison Population List,1 la población carcelaria mundial se incrementó entre un 25 y un 30 %. En Europa, según una media de diversos cálculos fiables, el 1 de septiembre de 2012 había 1.737.061 presos, lo que representa una tasa media de 150 reclusos por cada 100.000 habitantes en 21 administraciones penitenciarias con serios problemas de masificación.

Añado, por cierto, que en América Latina la situación parece aún mucho más grave como consecuencia del alojamiento en muchas unidades no penitenciarias (sino policiales y militares), a lo que se suma una falta de registros oficiales que no permite contabilizar el total de personas presas. Pese a ello, el citado Report del ICPS contabilizaba los presos en América Latina a finales de 2012 en 1.470.000 y llamaba la atención sobre los elevadísimos índices de presos sin sentencia definitiva (cifras que se han incrementado sobremanera).

Como ha podido comprobarse en estas tres últimas décadas, semejante crecimiento carcelario provoca múltiples daños sociales, directos unos y difusos otros, sobre diferentes grupos de afectados: los presos, sus entornos familiares y sociales y la sociedad en general. A dicho fenómeno van unidas una serie de consecuencias que, desde el prisma de la protección efectiva de los derechos humanos, señalan importantes daños y peligrosas tendencias político-penales. Las consecuencias que arroja el fenómeno de la llamada mass incarceration son de índole diversa, provocando más daño social difuso y extendido que el que pretende contener. Por un lado, presenta unos sistemas penitenciarios colapsados y con altos índices de hacinamiento que ponen en cuestión los derechos 1. Del International Centre for Prison Studies (University of Essex).

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fundamentales de los presos y en muchas ocasiones se transforman en penas que pueden ser crueles, inhumanas o degradantes, contraviniendo el derecho internacional de los derechos humanos al permitir un carce fuori legge tantas veces denunciado (como olvidado). Por otro lado, los daños aludidos se proyectan sobre las familias y entornos sociales de los presos, no menos afectados que éstos en cuestiones de índole personal, afectiva, laboral, económica, sanitario, asistencial... En una dimensión distinta pero que también habla de los daños provocados por el encarcelamiento gigantesco, puede constatarse cómo la propia sociedad resulta dañada por unas opciones punitivas de alto costo (económico, político, social y cultural), porque aumenta la vulnerabilidad de muchos sectores sociales sin reducir las tasas de criminalidad. El paradigma del social harm representa hoy un importante modelo científico que debiera tomarse en seria consideración en las investigaciones.

Pero, y a todo esto, ¿quiénes son los presos de la globalización contemporánea?

Creo que se trata de una pregunta fundamental. Actualmente, en lugar de tener unas cárceles que realmente albergasen a las personas que han cometido los delitos más graves que se puedan cometer contra otras personas o contra el entero orden socioeconómico, en Europa y América Latina los Centros penitenciarios tienen una composición poblacional compuesta (mayoritariamente) por jóvenes de clases subalternas, con altísimos índices de enfermedades, importante analfabetismo, carencia de trabajo, extranjeros y mujeres con niños pequeños a su cargo. En síntesis, el daño que ocasiona una opción segregativa masiva es, como se ve, muy extendido y diversificado: presos, familiares y sectores sociales son —en distinto grado y naturaleza— receptores del daño aludido, en un proceso que parecería no poder detenerse.

Como indicara hace ya tiempo Alessandro Baratta al observar el pan-penalismo que se avecinaba, frente al mismo debería ser posible revertir los conceptos centrales de esa filosofía punitiva a partir de una base profundamente «realista» en la que alentaba a atreverse a trabajar: la finalidad de una reintegración del condenado en la sociedad no se logrará a través de la cárcel, sino a pesar de ella. Por ello, indicaba Baratta, esa reintegración no debe ser abandonada sino que debe ser reinterpretada y reconstruida sobre una base diferente. Algún día, tal vez, el «problema carcelario» será afrontado desde esa diferencia de enfoque y las soluciones serán construidas desde el ámbito mismo de los afectados para reducir el daño social que el fenómeno del hiperencarcelamiento ha ocasionado ya.

Es cierto que, en los últimos años, dichos índices se han detenido un poco. Algunos gráficos trazan «mesetas» en lugar de líneas ascendentes. En otros países (como España) se producen decrecimientos y descensos de la población encarcelada —siempre dentro de índices muy altos, no obstante. Al examen de esos «castigos de España» acude Jiménez Franco para retomar sus ejes analíticos y ver qué ha pasado en la conjunción del inexorable mercado, la forma-Estado adoptada y la cárcel. Para ello, él advierte primeramente sobre ciertas anomalías españolas o aporías representadas por la existencia de un Estado sin bienestar. No me extenderé aquí sobre ello, es el autor quien lo examina con detenimiento y a él hay que leerle. Tan solo me permitiré subrayar también y a su lado, que lo que también ha acompañado al proceso español es el triunfo del olvido o la derrota de la memoria, lo cual habla (mal) de una cultura política que se asentó sobre la comodidad y prefirió mirar para otro lado sin ocuparse del gran saqueo, el del pasado y el de estos años, en la (falsa) creencia de que se vivía bien.

Y claro, tras el pinchazo de la especulación desenfrenada a partir de los años que van del 2008 al 2010 particularmente, el postfordismo de las burbujas (como llama el autor a semejante ciclo) empezó a ser gobernado por una nueva racionalidad que aterriXII

zaba en España: la austeridad. Así se ha denominado a la nueva forma de gobierno de las relaciones Estado-Sociedad por las consecuencias de un saqueo económico que se preocupó por rescatar con dinero público la deuda bancaria privada —entre muchas otras operaciones. En un país en el que había penetrado más el dinero que la cultura, es particularmente triste ver en qué situación quedó cuando el primero empezó a retraerse. España pasó de tener 8.500 presos en los años setenta tras la muerte del Dictador a alcanzar la espectacular cifra de 77.000 reclusos en 2010. A partir de ahí, la curva ascendente se detiene y comienza su descenso, acompañada de nuevas formas de control social, penal y administrativo que adquiere diversos rasgos: actuarial en ocasiones, incapacitador en otras, expulsor y sancionador finalmente en determinadas franjas concretas de la población. Conviene seguir el hilo rojo planteado por Daniel Jiménez para seguir esa racionalidad de la escasez contemporánea.

En fin, habrá que esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos de futuro que nadie puede adivinar. Pero la obra de Daniel Jiménez Franco es ahora imprescindible: necesitamos acercarnos a intentar entender qué ha pasado en este terreno. Hacía mucho tiempo que se esperaba una obra de esta naturaleza. Si algo ha caracterizado al proyecto editorial Utopías del Control y Control de las Utopías, en cuyo contexto se publica esta obra, es precisamente la consideración de una sociología del control penal, esto es, la consideración transdisciplinar y el análisis crítico del funcionamiento efectivo del sistema penal. En ese marco epistemológico, que junto a Roberto Bergalli fundó el proyecto editorial citado, damos la bienvenida al autor y a sus consideraciones que fortalecen aquel camino iniciado.

Quiero acabar estas breves reflexiones con algunas notas de carácter subjetivo acerca de Daniel Jiménez Franco, ya que ello, también, creo que forma parte de una presentación como ésta. Como también señala la colega María José Bernuz, estamos en presencia de un investigador con mayúsculas que tiene algunas raras (afortunadamente) características que he podido ir confirmando en los años en que frecuento con él una relación de amistad, trabajo y compromiso. Huye de todo dogmatismo, ha podido trabajar con un inmenso esfuerzo sin apoyo institucional —universitario, me refiero. Sé que eso no es justo, por supuesto. Pero él ha de saber que semejante perjuicio le ha relevado también de actitudes timoratas y serviles que tanto abundan en la academia.

Para decirlo claramente: ha trabajado en libertad y es evidente que ello redunda en una heterodoxia que debe ser entendida como la expresión de cuanto acabo de señalar. Cuando uno está muchas veces cansado de ver trabajos universitarios que responden más a dictados y exigencias de otros para ocupar ciertas posiciones, toparse con una obra valiente, libre y comprometida constituye una de esas (pocas) ocasiones de verdadera satisfacción intelectual.

IÑAKI RIVERA BEIRAS Febrero de 2016

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INTRODUCCIÓN ESTADO PENAL Y (DES)ESTRUCTURA SOCIAL. CAMPO-MUNDO-POSICIÓN

A finales de los años setenta, las cárceles españolas «guardaban» a un mínimo de 8.500 personas. Treinta y cinco años después, la población penitenciaria se había multiplicado por nueve —casi 77.000 presos en mayo de 2010. El progresivo endurecimiento de la legislación y el consiguiente alargamiento de las penas son las causas principales de ese incremento del secuestro institucional, pero no las únicas ni las primeras. La burbuja penal española es fruto de una dinámica civilizatoria —de orden económico, político, cultural, sociológico...— sobre la cual la perspectiva criminológica dominante tiene poco que decir. Hace décadas que la evolución de los delitos registrados no guarda correlación alguna con la severidad de la ley penal —por ende, con la tasa de encarcelamiento. Ese no-vínculo entre crimen y castigo, paradójico solo en apariencia, constata «la inutilidad de cualquier aproximación al funcionamiento del sistema penal desde su única descripción normativa» (Bergalli: 1996).1 Cualquier aproximación al funcionamiento del sistema económico limitada a la teoría-ideología economista es igualmente inútil. En las tres décadas largas de democracia postfranquista —sobre todo durante la segunda mitad del período— el PIB español creció hasta situarse entre los diez primeros del mundo, pero la progresiva redistribución de la renta nacional hacia el beneficio empresarial —y contra los salarios— revela los objetivos reales de las políticas públicas durante esos años. Flexibilidad, temporalidad y precariedad son las líneas maestras de las sucesivas reformas impuestas al mercado de trabajo. La pobreza laboral es una realidad protagónica. El pleno empleo es un mito obsolescente. En materia social, el Estado español se ha mantenido a la cola de la UE.2 Todo eso es consecuencia de la solícita incorporación de España a la Europa del capital y la guerra, también llamada Eurozona. La pobreza afecta hoy a casi un tercio de los hogares. La sincera aritmética de los indicadores sociales desmonta los discursos que pretenden legitimar esta «senda de progreso» repitiendo que «el capital crea em1. «El conocimiento [...] no puede perder de vista a los actores y los escenarios donde se crean y aplican las reglas jurídico-penales. Tampoco puede extraviar a los sujetos del control jurídico-penal.

Mas todos estos aspectos solo pueden ser observados con los instrumentos que proporciona un ramillete de disciplinas sociales que, en general, no constituyen patrimonio de las disciplinas jurídicas ni de los procesos de formación de los juristas» (Bergalli: 2013).

2. Navarro (2002, 2004, 2006). Una herencia de cuatro décadas de dictadura y la ausencia de cambios estructurales significativos en democracia; la movilidad en una estratificación social especialmente rígida; una cultura democrática ajena a las base histórica de los estados sociales europeos; una concepción asistencial y residual de los derechos que lastra el avance en términos de desarrollo social; la pervivencia en las instituciones democráticas —el sistema penal como ejemplo— de responsables y prácticas franquistas...

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pleo». La realidad cotidiana demuestra que el capital acumula capital destruyendo empleo.

La imposición del axioma sobre la constatación nos obliga a revisar los conceptos dominación y control. La democracia y el régimen económico que esta sostiene —libre mercado globalizado— no resisten una crítica que, considerando la evolución histórica del modo de producción y organización capitalista, descubre la falacia neoliberal de los «mercados eficientes» como sucesora directa del orden natural fisiócrata y de sus réplicas aplicadas al laissez faire cameralista y el be quiet benthamiano (Harcourt: 2011, 2011b). La producción reduccionista, inductiva y positivista de saber, hegemonizada por disciplinas como la economía y la criminología, es condición necesaria de la naturalización del conflicto social y los dispositivos que lo gestionan. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de orden? ¿Qué concepciones del ser humano y del mundo, qué inmanencias ideológicas y qué premisas ético-políticas sostienen esa idea? ¿Cuál es su base material y cuál ha sido su recorrido histórico? ¿Bajo qué formas de dominación, legitimación, reproducción y control?3 «¿Qué poderes castigan? ¿Qué se castiga, a quiénes se castiga y cómo se castiga? ¿Qué información-poder dimana el castigo hacia el orden social?» (Oliver: 1999; 292).

Todas las preguntas planteadas apuntan a un peaje histórico y epistemológico que cualquier crítica de la penalidad debe superar. En primera instancia, cualquier tarea de esta índole exige hacer memoria. El análisis propuesto en las páginas que siguen aborda las transformaciones institucionales, las tendencias políticas, la evolución de los sectores económico y penal y los cambios sociales asociados a todos esos elementos, todo lo cual da sentido al estudio de las normas y sus fines4 materiales y simbólicos. Por un lado, al respecto de las funciones materiales, recordemos que el Estado español tocó el techo de su crecimiento económico a principios de los años dos mil —para entrar con fuerza en la crisis de 2008 como líder del encarcelamiento en Europa occidental. El período de mayor demanda de fuerza trabajo es también el del mayor ritmo de encarcelamiento, cuestión que remite directamente al vínculo cárcel-explotación. Por otro lado, atendiendo a la función simbólica, se constata la estrecha relación entre consenso económico y punitivismo. El período referido, también llamado del «milagro español»,5 no es solo el del aumento exponencial del PIB sino también el del endeudamiento privado masivo y el «keynesianismo de precio de activos» (Brenner: 2008, cfr. López y Rodríguez: 2010). Un pilar importante en la generación de ese efecto riqueza se encuentra en el papel productor de realidad de los discursos que operan en el Sinóptico (De Giorgi: 2002; 123-124), esa reversión social del modelo panóptico en la cual —con la pantalla como paradigma de la comunicación social moderna— la audiencia ciudadana consume opinión publicada. Pero eso no implica la desaparición de la lógica panóptica en muchos otros ámbitos. Más bien nos encontramos ante una hibridación 3. «Por control social entiendo un conjunto de saberes, poderes, estrategias, prácticas e instituciones a través de las cuales las élites del poder preservan un determinado orden social, esto es, una específica geografía de recursos, posibilidades y aspiraciones» (De Giorgi: 2000; 37).

4. «Además de para los fines oficialmente proclamados de retención y custodia y de los sistemáticamente incumplidos de rehabilitación y reinserción del infractor, sirve esencialmente para incrementar la desadaptación social y la desidentificación personal de las personas presas, para aumentar o provocar la desvinculación familiar y el desarraigo y, por supuesto, asumiendo el argumento cínico del mercado, para generar puestos de trabajo y alimentar una industria en crecimiento constante» (Cabrera: 2005).

5. «El milagro económico español. España se ha convertido en modelo de referencia para los países que se han incorporado a la UE desde 2004» (El País: 22-03-2007).

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de paradigmas, una dinámica paradójica de control totalizado y movilización individual. La expansión tecnológica de la vigilancia permanente refuerza el control panóptico de ciertos grupos mientras la comunicación sinóptica sujeta a un sector de población mayoritario. La institución carcelaria aparece en ese contexto como una máquina que funciona picando carne por la paz y el consenso (Jiménez: 2015; 57). La glorificación individualista y la dispersión de los vínculos sociales son marcas de una racionalidad de gobierno que no existe bajo el capitalismo sino que es ya capitalismo en su expresión apoteósica, una culminación de la «Gran Transformación» (Polanyi: 1944) que se impone «por encima de su gestión concreta socialdemócrata o liberal» (López Petit: 2009; 30).

Es necesario, pues, revisar el vínculo estructura-superestructura construido en el neoliberalismo6 y sus efectos sobre el gobierno de la penalidad para comprender que, en el caso español, el sistema penal es el ámbito que mejor plasma la combinación entre herencia post-franquista y modernización neoliberal. El análisis que se propone acerca del triángulo mercado-estado-cárcel quiere responder a la pregunta ¿cómo interpretar ese triángulo vicioso para contribuir a cambiarlo? Un abordaje comprensivo de la inflación punitiva debe interpretar la explotación, la desigualdad, la exclusión o el conflicto en sus dimensiones económica, política, jurídica, filosófica, sociológica... en clave más antidisciplinar que multidisciplinar.

El ataque ejecutado a partir del «primer 11-S» (Hinkelammert: 2007) en 1973 contra las estructuras del «estado-plan» (López Petit: 2009) se encarniza, tras el segundo 11-S —el de 2001—, como «nuevo imperialismo» volcado en la «fijación espacio-temporal del capital» (Harvey: 2004), la sobreexplotación de recursos y personas o el robo sistemático (íd.: 2012). Tanto la crisis asociada a ese «síndrome de crecimiento infinito» (ibíd.) propio del desarrollismo moderno como la violencia del proceso que trata de revertirla imponen la misma lógica. Las desigualdades de renta, riqueza y solvencia financiera llevan décadas creciendo, más aun desde 2008, y la versión española de ese modelo no es una excepción. Los hogares se empobrecen, las grandes fortunas crecen7 y los dispositivos de castigo se expanden. Al estado-plan le suceden el «estado-crisis» y el «estado-guerra» (López Petit: 2009). Al estado del bienestar le sucede un estado carcelario. El camino hacia este último lo traza un workfare (Wacquant: 2009) que mantiene vivos los ejes de clase, etnia y género que sostienen las prácticas penales como «capítulo de anatomía política» (Foucault: 1975). El mercado toma el poder para gestionar la explotación, la exclusión y el conflicto mismo a favor de sus beneficiarios.

La explotación es la traducción económica del abuso de poder de un sector minoritario —élite capitalista— sobre la mayoría social —masa laboral. La sobreexplotación —laboral y social— ocupa el centro de una desposesión generalizada. La exclu6. Una definición, entre otras fuentes: «el liberalismo es en términos generales la ideología de los capitalistas [...]. Y por neoliberalismo debería entenderse la resurrección de la ideología liberal ante el empuje o importancia del Estado en la economía. Mejor sería afirmar que la globalización es la última fase de desarrollo del capitalismo o del mercado mundial, la fase durante la cual no hay lugar en la tierra donde no haya penetrado el mercado. El mercado capitalista se ha hecho global o total. Y durante este desarrollo del mercado global el liberalismo ha cobrado fuerza. Así que por neoliberalismo deberíamos entender la ideología dominante entre los capitalistas en la época de la globalización» (Umpiérrez: 2011).

7. 144.600 personas en 2007, tras un aumento del 5,4 %. Las 200 familias más ricas acumulan 135.000 millones de euros, el 30 % en efectivos y depósitos. La fuga de capitales de España ascendió en 2012 a 179.221 millones de euros, un 25 % del PIB.

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sión, otra clave estructural en la configuración de las relaciones de clase, encuentra un agente multiplicador en las políticas de producción de daño y abandono de derechos.

Por eso cabe hablar de expulsión. En tanto que expresión de esas tensiones, el conflicto es el reflejo deslegitimador de esa gestión política del desorden. Hoy más que nunca en el último siglo, la confirmación de las tesis de Marshall nos recuerda que los derechos y las libertades son solo «excepciones a un marco moral y legal más general que sugiere que, en primer lugar, no deberíamos tenerlos» (Graeber: 2012; 277). Nos referiremos a ese marco general con el nombre de bando neoliberal, una relación entre gobierno y población determinada por la ley de oro de un aumento sostenido de la tasa de ganancias.

En el siglo XX, la ciudadanía y la clase capitalista han estado en guerra. [...] Los derechos sociales implican, en su forma moderna, una invasión del estatus por el contrato, la subordinación de la justicia social al precio de mercado, la sustitución de la declaración de derechos por la libre negociación [Marshall: 1950; 154].

En el centro de esa subordinación, como lógica constitutiva del orden económico y como foco en que se vuelca la selectividad del control punitivo, habita la «excedencia negativa» (De Giorgi: 2000, 2002), subproducto de un régimen biopolítico en el cual la inclusión se consuma individualmente y a través del precio de mercado. ¿Hemos de asumir esa condición como si se tratara de un fenómeno meteorológico? ¿Es posible revertirla para superar la gestión punitiva de sus síntomas? Generalizadas las políticas de desposesión y producción social de «pobres que trabajan y consumidores frustrados» (Bauman: 1998; 63, 114), la expulsión aparece como fruto inevitable de los nuevos tiempos económicos y como forma para-penal de castigo. El bando neoliberal es la clave relacional entre administración general de daño y poblaciones gobernadas en un régimen de gobierno desde la economía. ¿Qué sucedió entre 1973 y las tres décadas siguientes para que no se iniciara una nueva fase de crecimiento comparable a la del período anterior? [...] ¿Qué explica, entonces, que el largo declive de las viejas industrias fordistas no haya desplazado a la inversión hacia sectores más rentables? [López y Rodríguez: 2010; 58].

¿A quién ha beneficiado ese declive? A quienes pudieron seguir acumulando riqueza en un campo mundializado. ¿Nos encontramos ante una deriva irreversible de devaluación en el ciclo económico? Eso parece. De esas dos preguntas se deducen otras dos.

La primera es ¿hasta dónde puede forzar sus consecuencias globales la actual soluciónproblema de la desposesión masiva? No nos conviene comprobarlo. Y la segunda: ¿es aún el demoliberalismo un agente válido y eficaz de regulación-control en ese contexto?

Eso parece, de momento, visto el asombroso grado de compatibilidad entre la retórica de los valores democráticos —tolerancia, ciudadanismo, convivencia...— y el refuerzo continuo del control penal o la práctica permanente de la guerra. Ante un estado que deroga derechos mientras se sigue diciendo de derecho, ¿qué hay de su predicada legitimidad en el monopolio de la violencia? La deriva anómica del capitalismo depende, en primera instancia, de dónde se disputa el poder y cómo se produce y gestiona la desigualdad. Ante la actual crisis institucional, derivada de un despliegue económico de base financiera, producción terciarizada, nepotismo, rapiña y pauperización, no podemos olvidar que los mecanismos de reproducción del capitalismo avanzado llevaban décadas dando muestras de agotamiento (Beinstein: 2009, 2012). La relación estados-mercados ha mutado en dependencia mercados-estados. El gobierno de la econo4

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mía8 como seña del liberalismo ha dado paso a un gobierno desde la economía9 en el fin de ciclo neoliberal, un régimen que desresponsabiliza al estado de sus obligaciones para con las necesidades básicas de la población privatizando los «servicios públicos», mercantilizando los derechos fundamentales y devaluando el estatus del ciudadano hasta devolverlo a una suerte de vasallaje postmoderno. Los fenómenos simbióticos de la reconcentración de poder y la distribución inversa de riqueza obligan a centrar el análisis en los sectores beneficiarios de ese proceso. El primer síntoma no es la pobreza sino esa riqueza.

En el gobierno desde la economía, la incapacidad de las instituciones estatales para satisfacer las necesidades de una mayoría absoluta de la sociedad es una debilidad que se hace virtud. La teoría se disuelve en el conflicto latente entre declaración y práctica, garantismo y excepción, ciudadanía y clasismo. El «siglo XX corto» (Hobsbawm: 1994) arrojó un saldo de claro retroceso respecto de los avances sociales instaurados al inicio de la «era de las matanzas» (ibíd.: 32), y la globalización ha agravado ese saldo. El paradigma moderno de orden y progreso ha mundializado su contrario: desorden y regreso.

Contra la naturalización de ese desorden solo cabe una enmienda radical —desde su raíz— a la razón neoliberal. El concepto de democracia lleva tiempo sometido a la voluntad de una esfera económica cada vez más hermética.

Ahora bien, no se trata solo de una cuestión de voluntad. Es el orden material el que determina la producción ideológica y los saberes adscritos al poder, y no al revés. La institución del encierro es un buen ejemplo. El sistema penal10 —la cárcel en particular— ha desempeñado un papel clave generando y gestionando la exclusión, legitimando la explotación, reproduciendo la desigualdad y perpetuando el conflicto mediante la visibilización selectiva de sus síntomas y la insonorización de sus causas y efectos.

El conflicto social se aborda habitualmente como una consecuencia insalvable del progreso o como una resistencia contra los éxitos atribuidos a la prioridad absoluta del crecimiento. Las condiciones de precariedad y desprotección en que vive un creciente sector de la población excluida/expulsada no suelen interpretarse desde la revisión de sus causas estructurales, sino desde perspectivas punitivas ex post que reproducen la «falacia neoliberal» (Bergalli: 2004) en la esfera penal. La «forma jurídica» se muestra así como un eficaz legitimador del clasismo (Pavarini: 1980; 13). Una suma de instituciones, estrategias e instrumentos de control —todos fracasados en sus funciones de8. El saber liberal se ocupa de la riqueza nacional y ve en la población el objeto de su gobierno.

Según Foucault, el liberalismo introduce en el s. XVIII la figura de un gobierno dedicado a favorecer el desarrollo «natural» de la economía (mercantil) y a «gestionar» la población (1978). De ahí la expresión «gubernamentalización del Estado» (ibíd.). La economía será considerada una ciencia de la población y la característica principal del Estado moderno no será tanto el redicho contrato social sino una función de promoción y reproducción de las relaciones económicas.

9. En el gobierno desde la economía, el estado también promociona y distribuye —el botín de un expolio—, pero lo hace en calidad de agencia subordinada y colonizada por la razón de mercado. Las funciones principales del estado son la policial y la bélica. Control y guerra: simulacro de eficacia y generación de desorden. Según la concepción gramsciana, el estado se conduce como organismo propio de un grupo y favorece la expansión del propio grupo. En las condiciones sociohistóricas actuales, eso conlleva la generación de un volumen creciente de basura social, ni siquiera considerada de hecho como «población». El gobierno desde la economía es el espacio del bando económico.

10. «El proceso de determinación de semejante punibilidad se configura a través de la creación de figuras de delito por la ley penal, la fijación de las consecuencias punitivas que alcanzan a sus autores y la descripción de las formas en que se concreta la intervención punitiva del Estado. Este complejo de momentos e instancias de aplicación del poder punitivo estatal, surgido al amparo de la construcción del Estado moderno, es lo que se denomina como sistema penal» (Bergalli: 1996).

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claradas— habita los espacios dispuestos entre el mercado —como centro del gobierno— y el sistema penal —como gestor final del conflicto. En el prisonfare, las funciones del estado-centauro (Wacquant: 2011; tesis 2) se resuelven a expensas del mercado y a cargo del sistema penal, bajo una producción cultural compartida (Garland: 2001), una particular concepción antisocial del mundo y del ser humano.

Si el capitalismo estructura su proyecto de sociedad sobre la desigualdad y la explotación, la historia de sus sistemas penales ilustra cómo el estado-nación ha pensado un orden ideal de paz sin justicia al servicio de dicha estructura, reaccionando contra los conflictos sin remover sus bases materiales. Mediante significantes tan potentes como democracia o libertad, los estados neoliberales han apuntalado un orden en que esa libertad nace de un mercado que marca el camino a la democracia. Un orden edificado sobre la explotación y el expolio se convierte, por arte de magia despótica, en hábitat del estado de derecho. El castigo —herramienta del poder ejecutivo formalizada por el legislativo y legitimada por el judicial— disimula las evidencias criminales de ese viaje.

Legitimidad y legalidad se pierden en un argumentario difuso que politiza la justicia y judicializa la política (Rivera: 2005b). El discurso penal único, consolidado por la «neocriminalización de izquierdas» o «nueva vía de progresismo de derechas» (Cancio, 2003) en los años noventa, es ese lugar común en que la razón de estado se impone, con la oportuna arbitrariedad legislada, a la proliferación de enemigos de la democracia —que lo son por serlo también del mercado. El estado social de derecho abandona sus principios declarativos y se proclama cada vez más de derecho contra su responsabilidad social. Las libertades se restringen para garantizar la «seguridad», pero más seguridad no pasa nunca por menos libertad. Cuanto más rígida es la estratificación social, más recurrente es la invocación del estado a las nociones de contrato, soberanía popular o representatividad.11 A mayor restricción del gasto público y mayor renuencia a la progresividad fiscal, más crece el gasto en material antidisturbios. La seguridad y el orden público desalojan a los derechos fundamentales como pilares ideológicos de la democracia. Apelando al estado de derecho se defenestra ese residuo teórico llamado principio de igualdad.

La transformación del estado absoluto en estado de derecho acontece a la vez que la transformación del súbdito en ciudadano, es decir, en sujeto de derechos ya no solo naturales sino constitucionales frente al estado, que resulta a su vez vinculado frente a él [Ferrajoli: 1989; 860].

El aviso de Ferrajoli traza un horizonte teórico. La ley del más débil es requisito de toda legalidad con vocación de justicia. Su reivindicación no cabe desde otro lugar que el de los súbditos, fuera y contra lo instituido. «La expansión de derechos, lejos de ser un fenómeno evolutivo o lineal, presupone necesariamente la idea de conflicto» (Pisarello: 2011) y la retirada de tales derechos evidencia la ruptura del vínculo estatal con los súbditos del mercado-estado. El colapso de los estados-nación, el refuerzo retórico y el 11. «La historia europea ofrece elocuentes ejemplos en los que la destrucción del régimen democrático y la locura totalitaria se inició con un acto violento contra el órgano legislativo. Relativizar el significado jurídico de los acontecimientos desarrollados ante el Parlament los días 14 y 15 de junio de 2011, y hacerlo mediante una tan hábil como equivocada ponderación jurisdiccional de los bienes en conflicto, supone banalizar el significado de los principios y valores sobre los que se asienta el sistema democrático» (STS 161/2015, 17/03/2015, en la causa contra 19 participantes en la manifestación Aturem el Parlament, no deixarem que aprovin retalladles, acusados de delito contra las instituciones del estado, asociación ilícita y falta de daños).

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vaciamiento político del estado de derecho, la protección activa del estado a la actividad libre y soberana de una élite global, la explotación masiva, la precariedad laboral y vital... son condiciones naturales del progreso indiscutidas por el discurso demoliberal. ¿Lo ha sido también el aumento ininterrumpido de la población penitenciaria española entre 1980 y 2010? ¿Por qué, en el caso español, los capítulos más célebres de inflación punitiva han coincidido con fases de crecimiento económico y generación de empleo? ¿Cuál es la correspondencia relevante entre modelo económico, problemas sociales, gobernabilidad y control penal? ¿Necesitaba realmente el neoliberalismo tanta cárcel? ¿No pudo evitar esa sobredosis de castigo o se sostuvo sobre ella? ¿La necesita ahora? Este libro habla de ese proceso democrático de reestructuración económica e inflación penal-penitenciaria analizando las políticas públicas como medios de reproducción y gestión de la explotación, la desigualdad y la exclusión para una sujeción sostenible del conflicto,12 para dar una respuesta en clave hispana a la siguiente pregunta. ¿Cómo se puede aplicar al análisis de las políticas penales en la sociedad industrial o postindustrial unas hipótesis que han sido concebidas originariamente dentro de una perspectiva histórica distinta? [...] ¿Cómo se pueden delinear instrumentos analíticos adecuados para describir la situación económica actual, las estrategias represivas contemporáneas y aquello que las une? [De Giorgi: 2002; 70].

¿Cuánta justicia puede tolerar el capitalismo? ¿Cuánta injusticia puede sostener la democracia? La «transición» española marca el comienzo de un proceso muy especial, en tiempo e intensidad, de desarrollo postfordista que es también postfranquista y carece del precedente welfarista consolidado en los estados vecinos. La instauración de un régimen «demoliberal» y una cultura «post-política» (™iÆek: 2009) en un contexto modelado por cuarenta años de dictadura adapta las estructuras franquistas a un estado de derecho precario. Ese marco general contribuye a que el «gobierno a través del delito» (Simon: 2007) y una idea de seguridad pervertida por el «orden público» se conviertan en pilares de la «paz» social y la «estabilidad» institucional. En poco más de dos décadas, España se convierte en la primera colonia penal neoliberal del mediterráneo.

La transición global del gobierno de la economía a un gobierno desde la economía reedita las claves del poder soberano. La ausencia de un pasado welfarista favorece la buena acogida en España de los elementos propios de un «estado de excepción» (Agamben: 2003). Las estructuras de desigualdad persisten, se renuevan y se agravan. Las dinámicas de reproducción social se individualizan y despolitizan. La deriva welfareworkfare-prisonfare (Wacquant: 2009) hace de la burbuja penal española una imagen especular de esas «burbujas económicas» (Naredo: 1996, 2011) que disimularon los efectos sociales de la reestructuración productiva. Si las burbujas financiera e inmobiliaria son las síntesis del crecimiento económico y las formas de dominación puestas en valor durante los últimos treinta años, la burbuja penal simboliza el cambio de la disciplina tardofranquista al control de la democracia. Sin deshacerse de buena parte de las anomalías autoritarias heredadas, la democracia impone la prioridad de reconcentrar riqueza precipitando la desposesión y la precarización masiva. España tiene más explotación, más pobreza, menos delito y más gente en prisión que cualquier país europeo medio, y la figura del extranjero pobre es el paradigma que sintetiza hoy 12. «No resulta difícil reconocer la existencia de toda una estrategia de corte reformista que pretende desviar la atención del contenido material del conflicto hacia los modos variados de su mediación política, haciendo equivalentes los cambios estructurales a los cambios de gobierno» (Baratta: 1979; 6).

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todos esos lastres. Hablaremos, pues, de un gobierno español de la excedencia que abusa del «proyecto exilio» (Simon: 2007) provocando un auge del «hiperencarcelamiento» (Wacquant: 2009) cuyo único freno parece haberse manifestado en coyunturas de seria crisis fiscal.

En el discurso y la práctica de la gobernanza neoliberal, las categorías modernas de orden —democrático— y progreso —lineal— se adaptan a la nueva ideología del «desarrollo sostenible» (Castro-Gómez: 2005). Pero el gobierno desde la economía es un imperio de la crematística13 donde los seres humanos son «recursos» humanos y la medida —social— del desarrollo sucumbe ante el cálculo —económico— del crecimiento. La ideología de las élites acumuladoras coloniza el sentido común de las mayorías desposeídas. Los dispositivos de control y castigo evolucionan al ritmo de la estructura productiva, en una relación histórica que ha sido sobradamente constatada por referencias imprescindibles como los trabajos de Rusche y Kirchheimer (1939), Foucault (1975), Melossi y Pavarini (1977) o Wacquant (2000, 2009), entre otros. Interpretar esos cambios en el régimen de acumulación y la transmisión política de las exigencias del mercado sobre la población es condición imprescindible para una lectura coherente de las tendencias penales o, por extensión, de las continuidades y rupturas observables en materia de control social.14 Las prácticas de «acumulación por desposesión» (Harvey: 1982, 2004) descubren una incompatibilidad radical entre los principios del estado social de derecho15 y las instituciones, estrategias, métodos y técnicas de un estado penal expansivo. Razón de mercado y excepción penal. Razón de estado y economía política. Excepción ontológica.

La desigualdad, la explotación y la expulsión de la vida superflua se toman como constantes en una ecuación que exige eficiencia a las políticas públicas. La complejidad de ese escenario, incluidos los crímenes de guerra —al exterior— y una sobreproducción de tormentos —al interior—, no permite «enfocar el control social únicamente en términos de castigo ni el castigo en términos exclusivos de control social» (Oliver: 2005; 12).

Un marco estructural del expolio, un marco jurídico de la explotación y un marco político de la expulsión hacen del imperio del desorden (Joxe: 2002) el régimen exclusógeno por excelencia. El término subdesarrollo social se convierte así en referente teórico para interpretar el vínculo soberano en las sociedades del «primer mundo». El concepto de excedencia se renueva amplificando una lógica punitiva esencial: la expulsión. El crecimiento es un concepto económico cuya apología ignora que es imposible seguir acumulando capital o concentrando riqueza sin empobrecer a un sector cada vez más amplio de la población. Como subproductos de esa dinámica, la exclusión y la expulsión dan cuenta de una definición de la seguridad que abandona derechos fundamentales y necesidades básicas a favor de la ¿seguridad? jurídica de una élite.

13. En tanto que «persecución de la acumulación ilimitada de riqueza» (Aristóteles: 344 a.C.; 7074). Antes, en Tales de Mileto (630-545 a.C.), como «arte de adquirir riquezas». Según Aristóteles, realizada en tres formas: comercio de compra-venta, usura (o reproducción del dinero desde el dinero) y trabajo asalariado —las tres bases del orden capitalista descritas por una teoría marxiana que coloca en el centro a la tercera de ellas. Para un desarrollo de esa conexión metodológica, vid. Sanz (2003).

14. El enfoque radical sobre los «mecanismos de opresión y dominación por parte del Estado y los poderosos» (Oliver: 2005; 9) es una base de este trabajo. Los planteamientos de Melossi (sobre el estado que «se explica a sí mismo») y Agamben (sobre la construcción del «mito del Estado») son dos referencias básicas.

15. Rivera (1997, 2000, 2006), Rivera (coord.) (1992, 1994), Rivera y Dobón (1997), Rivera et al.

(1995). Una justificación teórico-filosófica en Ferrajoli (1989, 1999, 2006), Hinkelammert (2007). Sobre la superación postfordista de los márgenes del estado social de derecho, vid. Brandariz (2007).

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La esfera penal-penitenciaria encarna una fiel representación de ese modelo al negar sus propias funciones constitucionales (artículo 25.2 CE). El estado cambia de forma pero no tanto de tamaño, pues que lo que se produce es una «reformulación de sus funciones esenciales» (Brandariz: 2007; 77). El falso «estado mínimo» es una agencia para la promoción violenta del despliegue neoliberal. En el paso del gobierno welfarista a la totalización biopolítica (De Giorgi: 2000, Brandariz: 2007), la regulación fordista de la inclusión cede a una gestión eficiente de la exclusión que aplica profilaxis e inhabilitación.

El carácter segregativo, clasista y racista de esas tendencias ha sido analizado en el contexto estadounidense por autores como Garland, Harcourt, Davis, Simon, Wacquant o de Giorgi. EE.UU. es la zona cero de esa progresiva intervención del mercado en el estado que lleva al segundo a legislar contra las mayorías empobrecidas y exportar sus políticas.

Del lado de los importadores, con sus retrasos históricos y déficits democráticos, el Reino de España irrumpe como alumno aventajado en plena globalización neoliberal.16 Es manifiesto que la inmersión de la economía en lo social es de tal calibre que, por legítimas que sean las abstracciones llevadas a cabo por necesidades del análisis, no hay que perder de vista que el objeto verdadero de una verdadera economía de las prácticas no es otro, en última instancia, que la economía de las condiciones de producción y de reproducción de los agentes y de las instituciones de producción y reproducción económica, cultural y social, es decir, el objeto mismo de la sociología en su definición más completa y general [Bourdieu: 2003; 27].

Actualizando la cita: la concentración oligopolística del poder en manos de las élites empresariales y financieras provoca una fractura en la legitimidad de los regímenes democráticos construidos durante la «edad de oro» (Hobsbawm: 1994; 260) de la II Posguerra Mundial. La negación del conflicto agravado por esa fractura favorece el resurgimiento y la materialización de la retórica bélica, al exterior en forma de «terrorismo humanitario» (Zolo: 2009) y al interior bajo el rubro del «derecho penal del enemigo» (Jakobs: 2003). Estudiar el neoliberalismo es interpretar esa redefinición del objeto de la sociología en base a una dimensión ética irrenunciable. El conflicto subyacente a todo cambio estructural es el meollo del análisis. Conflicto es la «lucha por la materialización de la idea de igualdad social, de la libertad individual y de la solidaridad social. La primera pone en cuestión la explotación. Las otras dos, la dominación» (Quijano: 2000; 16).

El neoliberalismo es precisamente el despliegue de la lógica del mercado como lógica normativa generalizada, desde el Estado hasta lo más íntimo de la subjetividad [Laval y Dardot: 2009].

Estudiar el neoliberalismo implica, pues, abordar un análisis multidireccional sin «dar crédito a cualquier abstracción que trate de reflejar un proceso dinámico por medios estáticos» (Enzensberger: 1992; 9), desde la promoción post-política de un orden sin justicia al auge «ultra-político» (™iÆek: 2009; 29) del control punitivo y con base en los «tres escenarios» que subraya De Giorgi —estructura-instituciones, orientaciones de la política y legislación. Un mapa español de las tendencias políticas y las prácticas penales intentará poner en común la evolución de ciertos parámetros económicos, políticos, sociales, laborales, penales y penitenciarios, para refutar una serie de axiomas 16. Una de las principales «sospechas» a resolver será si el atraso endémico (económico, social, cultural y político) supone un déficit para el desarrollo de las políticas neoliberales en la democracia española o, por el contrario, contribuye a dibujar un escenario favorable.

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económicos, cálculos normativos y mantras políticos. La brecha ideológica abierta entre exposiciones de motivos y realidades gobernadas justifica ese ejercicio.

La medida, de la que la historia había conocido algunas salpicaduras en otras épocas o en otras culturas, vino de la mano de la Ilustración. El cálculo, conocido también antes bajo otros formatos más rudimentarios, se impuso a través del capitalismo. Como entraron en el mundo mezcladas, el cálculo ha tratado siempre de disfrazarse de medida para que le salgan las cuentas sin resistencia; pero como entraron en el mundo íntimamente peleadas, cada vez que la medida ha querido tomar realmente medidas, el cálculo la ha puesto a contar muertos: el terror «blanco» en Francia, de Thermidor a los 30.000 fusilados de la Comuna de París, instruyó a los contables del siglo XX, y a los de este corto e intenso siglo XXI, en la práctica muy eficaz de «matar a todo el mundo cada veinte años y dejarles votar el resto del tiempo»; e instruyó a los supervivientes en la necesidad de aceptar los resultados del balance, cualquiera que este fuese, y tratar de ser ricos o pobres, esclavos o libres, con igual mansedumbre y satisfacción [Alba: 2004; 115].

El poder habla de medir pero practica el cálculo. La historia de las democracias liberales, con sus episodios eventuales de paroxismo totalitario, ha consistido en decir medidas y hacer cálculos. La apoteosis de esa historia en el giro punitivo17 de las «democracias avanzadas» presenta matices muy relevantes en el postfranquismo español. Dos factores muy relevantes han de tenerse en cuenta a este respecto. Por un lado, la desintegración de las relaciones laborales fordistas y sus consecuencias.18 Por otro, el trato legal y la imagen construida de ese sector de chivos expiatorios19 que carga con el estatus de no-ciudadanos, cuyo marcaje precipita la respuesta punitiva a su mera existencia.

La criminología es la serie de discursos que explicaron el fenómeno criminal según el saber de las corporaciones hegemónicas en cada momento histórico [Zaffaroni: 2002; 157].

Juzgar, en historia, equivale a hacer comprender. Los errores, los horrores [cuando existen] se deducen de los hechos a menos que se disimule la raíz de las contradicciones, la razón de las luchas [Villar: 2004; 9-10].

Los significantes raíz —y de ahí radical— o conflicto remiten al significado genealogía, pese a la ideologización por un discurso hegemónico —y «demócrata»— que ve un peligro inaceptable en todo cuestionamiento del orden «ante la posibilidad de resurrección del fantasma totalitario» (™iÆek: 2002). Pero el orden tiene raíces y alberga conflictos. La genealogía nos demuestra que el discurso neutro no existe. La distinción entre planteamientos críticos y ortodoxos o entre discursos académicos y heterodoxos oculta un problema ideológico de fondo. El rigor comprensivo con que ha de abordarse cualquier análisis sociojurídico exige coherencia teórica y vigilancia epistemológica.20 El camino a la objetividad delimitado por esas dos condiciones tiene poco que ver con esa entelequia llamada «neutralidad». El disfraz ideológico de la imparcialidad es tan superfluo como necesaria resulta la objetividad21 —en tanto que referente metodológico.

17. Vid. Young (2001), Christie (1993), De Giorgi (2000), Garland (2001) entre otros.

18. Sobre esa masa creciente que Wacquant identifica como «precariado postindustrial» (2015).

19. Girard (1986), Enzensberger (1992), Wagman (2003), Brandariz (2006b, 2008b).

20. Vid. Bourdieu et al. (1994: 11-24).

21. La primera es imposible: su mero uso refiere despectivamente al término ideología, como problema susceptible de tratamiento quirúrgico. Pero el grado de objetividad, resultado de la relación entre observador y objeto observado, sí depende del rigor crítico de quien trabaja.

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La cientificidad de la sociología depende de su capacidad crítica. Esta capacidad se acreditará cuando sus principios y metodologías fomenten la naturaleza humana social frente a la naturaleza humana individualista. La primera fortalece el vínculo cooperativo que tiene en cuenta a los otros y a la naturaleza. La segunda, al buscar su propia satisfacción sin importarle las consecuencias, destruye dicho vínculo y lo sustituye por la competitividad, cuyo resultado es una sociabilidad insociable [Morán: 2007; XXV].

«A menudo damos por válido un buen número de definiciones y políticas de actuación sin un cuestionamiento crítico, es decir, científico, que nos permita objetivarlas» (Manzanos: 2003; 73). Una serie de significantes y premisas propias de la racionalidad económica (Bilbao: 2007) alimentan esa «alucinación positivista» (Venceslao: 2010; 161) que ha colocado «el dato» (Han: 2014) en el altar mayor de la ciencia y la política. El potencial político de toda disciplina hace que su discurso integre los procedimientos de control y que las figuras de control puedan, a su vez, configurarse por acción de ese discurso. Por eso «toda tarea crítica que ponga en duda las instancias del control debe analizar al mismo tiempo las regularidades discursivas a través de las cuales se forman» (Foucault: 1999; 65). Si la crítica es condición del rigor científico, la genealogía es una base de esa crítica. Someter a crítica la influencia sobre la realidad social de una forma de saber implica tomar conciencia de las condiciones de posibilidad en que el saber se desarrolla. De ahí que la crítica a los axiomas economistas incluya una genealogía de la desigualdad y del orden institucional que la preserva. Por eso hay una historia de los logros y otra historia de las demandas insatisfechas y las resistencias reprimidas por las políticas y dispositivos puestos en valor desde la relación «seguridad-población-gobierno» (íd.: 1999b; 175). Por esa misma razón, para acabar hablando de la cárcel como herramienta del «gobierno de la excedencia» (De Giorgi: 2002) en España, el capítulo primero comienza donde y cuando comienza el capitalismo. «Hacer historia del tiempo presente» (Oliver: 1999; 11) exige comenzar lejos y recordar que «no hay forma de impedir el ser parcial, en la medida que la neutralidad implica tomar partido» (™iÆek: 1998; 29).

Otros requisitos igualmente importantes son los subrayados por Garland en las siguientes premisas: «no confundir movimientos de corto plazo con cambios estructurales. No confundir lo que se dice con lo que se hace. No dar por supuesto que lo que se dice no tiene importancia. No confundir los medios con los fines. No mezclar cuestiones distintas. No perder de vista el largo plazo» (2001: 63-64). Pero los principios básicos del enfoque estructural sobre la pena fueron establecidos por Rusche y Kirchheimer [R&K] en 1939. Pese al cambio de ciclo que arranca en los años setenta y se consuma en la actual recesión global, sus tesis siguen siendo útiles ante preguntas como las siguientes: ¿Cuáles son los límites de la contradicción entre el dulce mito de la globalización y la degradación de los principios garantistas en el estado neoliberal? ¿Cómo interpretar la evolución del sistema penal —y la cárcel en particular— ante el refuerzo de la copertenencia capital-poder y su realización estatal-corporativa? ¿Cuando el poder invoca a la «justicia» y a la «seguridad», qué quiere decir en realidad? ¿Cómo interpretar afirmaciones como la siguiente? «Que los autores sean puestos ante la justicia para que reciban la venganza de la ley, que es lo que corresponde en un estado de derecho».22 22. R. Hinzpeter, ministro de Interior chileno, en Radio cooperativa.cl, Santiago, 9-05-2012.

No es un ejemplo aislado. Pronunciamientos similares han caracterizado la performance institucional en muchos países —España incluida— durante décadas. «Catalá siente perplejidad por la salida de Lasarte de la cárcel. La prisión permanente revisable evitará este tipo de penas “tibias”, afirma el

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¿Por qué, después de treinta años de neoliberalismo, ha tenido que ser en la crisis del último lustro cuando ha remitido el ritmo de encarcelamiento en el capitalismo noroccidental?

Una de las dimensiones más relevantes del ejercicio democrático de la dominación es su eficacia en la gestión de un querer ser adquirido —ciudadanía o igualdad formal— que sostiene y legitima el ser naturalizado —explotación y desigualdad material. El debate de fondo que aquí se plantea tiene que ver con esa pugna: «dominación, explotación y conflicto» (Quijano: 2000; 16), más de cinco siglos después de Maquiavelo —en plena etapa Merkiavélica.23 Si la ciencia social tiene algún futuro en el próximo siglo, si podrá sobrevivir a la barbarie del reduccionismo economicista del neoliberalismo o al nihilismo conservador del postmodernismo [...] será a condición de que se reconstituya como una empresa unitaria, como una ciencia social capaz de capturar la totalidad. Una totalidad, claro está, distinta a la que imaginan los teóricos postmodernos ante los cuales aquella es un caleidoscopio que desafía toda posibilidad de representación intelectual y que se volatiliza bajo la forma de un sistema tan omnipresente y todopoderoso que se torna invisible ante los ojos de los humanos [Borón: 2003; 177].

Una totalidad metodológica contra la totalización criminógena y criminal (Barak: 1991) del crecimiento acumulador, de la concentración y privatización del poder y de la deriva del control a un paradigma bélico en permanente expansión, «por una nueva sociedad en la cual la democracia no sea solo la negociación institucionalizada del conflicto continuo entre vencedores y vencidos, sino el modo de la vida cotidiana de las gentes» (Quijano: 2000; 23).

El título de este libro anuncia ese triple objeto: el mercado como centro del gobierno desde la economía, el estado como agencia ultra-política de control y la cárcel24 como extremidad de esa agencia para la gestión del excedente humano. Las claves históricoteóricas de un objeto como ese amplían el marco espacio-temporal del trabajo —en un espectro inabarcable de fuentes documentales cuya selección responde a las premisas críticas expuestas. La primera parte propone una revisión histórico-teórica con la que componer nuestra caja de herramientas desde la ultrahistoria del actual patrón de poder hasta los años setenta —ese «ciclo capitalista» que venía a cumplir los dos siglos de edad (Beinstein: 2012). En ese trayecto, la evolución del sistema penal corre paralela al concepto moderno —liberal— de libertad. Desde el encierro absolutista al welfarista-keynesiano, desde el primer imperialismo occidental del siglo XVI —fase de acumulación primitiva— hasta el agotamiento del régimen fordista. Progreso, explotación, conflicto y castigo se comunican entre saltos —coyunturas económicas— y continuidades —gestiones biopolíticas— sociohistóricas. Luego, en las cuatro décadas comprendidas entre los ministro [de Justicia] [...] Catalá ha subrayado el sentimiento de que nuestro Estado de Derecho no responde a veces a los desafíos que han planteado en el sistema judicial la lacra del terrorismo» [...] en el pasado el sistema jurídico no ha garantizado suficientemente los derechos de las víctimas, no ha hecho caer todo el peso de la ley sobre crímenes tan terribles» (Agencia Efe: 17-03-2015).

23. U. Beck acuñó el término Merkiavelismo revindicando la recuperación del poder como objeto de discusión. «No se trata de una crisis de la economía (y del pensamiento económico) sino, sobre todo, de una crisis de la sociedad y de la política —y del concepto dominante de sociedad y política» (2012).

24. O el encierro en sentido amplio, considerando la gestión criminal de los flujos migratorios.

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años setenta y la Gran Depresión actual —segunda parte—, la simbiosis mercado-estado impone el viraje a unas condiciones culturales postmodernas25 en que el estado actúa como gestor simbólico de la justicia y agencia policial-bélica de la nueva «soberanía teatralizada» (Brown: 2010; 132 y ss.).

La hipótesis española —parte tercera— trata la conversión de dictadura fascista en democracia madura, el salto del atraso pseudofordista al postfordismo de las «burbujas» (crédito-propiedad-construcción-especulación) y la aparente combinación entre estado social fallido y estado penal hipertrofiado. Considerando las herencias social, política y cultural del postfranquismo, estudiaremos la inserción de España como provincia del desorden global. El retraso endémico, la proclamación de España como «estado social y democrático de derecho», la relación entre élites económicas y clase política, los ajustes estructurales —implementados sobre una débil base de protección social—, el contraste entre crecimiento y desarrollo, la insostenible dependencia de la burbuja inmobiliaria-financiera, la gestión criminal de la inmigración... son algunas condiciones de posibilidad para la formación de esa burbuja penal que combina las tasas de delictividad más bajas de la UE-15 con la mayor tasa de encarcelamiento.

En la parte cuarta, la noción de expulsión vehicula la crítica de esa nueva soberanía y de su consolidación en una administración general de daño social. Procesos de desdemocratización y des-nacionalización,26 cambios en las mentalidades de gobierno, crisis financieras inducidas en deudocracia, ajustes estructurales —y estructurantes— que alumbran una relación de bando,27 desnuda, parrética,28 que suplanta la estrategia dual y contradictoria —falacia-liberal-llevada-al-extremo— sostenida por el proyecto neoliberal durante las últimas décadas... ese es el escenario en el que, después de treinta años, el hiperencarcelamiento acaba de tomarse un sorprendente descanso.

25. «Se prefiere la expresión condiciones culturales postmodernas a la de Cultura postmoderna justamente para resaltar la vigencia de las metanarrativas de la Modernidad, solo que estas ya no son recepcionadas con la facilidad de antes» (García-Borés: 2008; 11).

26. Vid. Quijano (2000) sobre el «control mundial de las instituciones de autoridad pública» (ibíd.: 12).

27. En la obra de Agamben encontramos una de las fuentes más prolijas y profundas acerca de los fundamentos jurídico-políticos de la soberanía y de su supervivencia histórica.

28. Vid. San Martín (2013) acerca de la traducción política del término parrhesia realizada por Foucault: «en tanto virtud o cualidad del discurso veraz en el orden de la política» (ibíd.: 2). San Martín acuña el término estado del dolor (painfare) en referencia a esa marca, nunca registrada con tal grado de desnudez desde la instauración del contrato social como mito legitimador de la soberanía.

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ÍNDICE

PRÓLOGO. Del hiperencarcelamiento a la austeridad, por María José Bernuz Beneitez e Iñaki Rivera Beiras ...................................................................................................

IX

INTRODUCCIÓN. Estado penal y (des)estructura social. Campo-mundo-posición ...........

1

I. HISTORIA-TEORÍA. Progreso, orden, conflicto y seguridades ........................................

I.1. Economía, política y castigo. Solo cinco siglos .........................................................

I.1.a. Desposesión y soberanía. La violencia fundacional ..........................................

I.1.b. Liberalismo y ¿libertad? .....................................................................................

I.2. Acumulación y secuestro institucional. La crisis permanente del correccionalismo ....

I.3. Nuevo orden, mismo problema. Planificación económica y reformismo penal ......

I.3.a. El último gran ciclo alcista. Warfare & welfare por un crecimiento sostenido .....

I.3.b. Europa: democracia productiva, paréntesis fascista y reformismo penal .......

I.3.c. EE.UU.: de los guetos a la cárcel .......................................................................

I.4. Modernidad. Continuidad. Herramientas para la crítica ..........................................

15 21 25 35 54 67 78 85 89 91

II. GLOBALIZANDO LA EXCEPCIÓN. La crisis permanente y el bando neoliberal ...............

II.1. Cuando la economía gobierna. El crimen a gran escala ..........................................

II.1.a. ¿Qué «ciclos»? El saber-poder economista .....................................................

II.1.b. La globalización, fase neoliberal del imperialismo ........................................

II.2. Neoliberalismo e [in]seguridad. ¿A través o desde el delito? ..................................

II.2.a. Notas sobre el hiperencarcelamiento en EE.UU. ...........................................

II.2.b. Notas sobre el hiperencarcelamiento en Europa ...........................................

II.2.c. Proyectos políticos y sociedades carcelarias ...................................................

97 102 108 117 130 138 143 147

III. CASTIGOS DE ESPAÑA. Mercado-estado-cárcel ............................................................

III.1. Subdesarrollo y pseudofordismo en el siglo XX español ........................................

III.1.a. Franquismo ....................................................................................................

III.1.b. España en prisión ...........................................................................................

III.1.c. Transición .......................................................................................................

III.2. Las manos visibles. Mercado-estado .......................................................................

III.2.a. La anomalía española. Post-franquismo, reconversión y fin de ciclo ..........

III.2.b. Primera fase. La transición neoliberal. Modernización y ajustes. 1978-1995 ....

1978-1985. Un estado social sin bienestar y un libre mercado demasiado libre ...

1985-1995. Crecimiento sin desarrollo. La primera burbuja y el paro endémico ....

III.2.c. Segunda fase. Auge y caída de una potencia virtual. 1996-2007 ....................

III.2.d. De ayer a hoy. Élites, gobierno económico y poder político ..........................

III.2.e. Game over. Cuerpo y alma de la crisis fiscal ...................................................

III.3. Los cuerpos invisibles. Crecimiento, subdesarrollo ...............................................

III.3.a. Sobreexplotación y pobreza laboral. El mercado de trabajo contra el trabajo ...

Pleno empleo, plena precariedad, pleno desempleo ............................................

Extranjeros pobres: la «plena explotación» del desposeído ................................

157 157 159 166 173 187 190 193 194 198 205 212 224 240 242 242 247

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III.3.b. Exclusión, desposesión y consumidores fracasados ......................................

III.3.c. Expulsión. Dimensión económica y recursos punitivos ................................

III.3.d. España no iba tan bien. La clase media y una sensata cantidad de chusma ...

III.4. Las funciones del sistema penal en la democracia neoliberal española ................

254 261 269 274

IV. FIN DE CICLO. Austeridad, saqueo y despliegue de la penalidad ................................

IV.1. Deudocracia y austeridad .........................................................................................

IV.2. Castigo(s). La expulsión como paradigma [tanato]político ....................................

IV.3. Eso que solo la austeridad puede conseguir. El ejemplo estadounidense ..............

IV.4. España, 2010. El pinchazo de la burbuja [penitenciaria] .......................................

297 298 304 314 318

BIBLIOGRAFÍA. FUENTES .....................................................................................................

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