Sabino cuadra

SESTAO MODELO DE ESTADO, SOBERANISMO Y DERECHO A DECIDIR En los pasados tres años, el proceso de desgaste y agrietamiento del régimen español se ha incrementado más que en las tres décadas anteriores. La consolidación y avance del soberanismo vasco, la puesta en marcha del proceso catalán con una hoja de ruta asentada en la fuerza de tres Diadas millonarias…., han hecho que hablar hoy de la crisis del régimen español y poner en cuestión incluso su propio Estado, no sea algo que tenga que ver con la ciencia ficción. Junto a lo anterior, el referéndum escocés ha ayudado también a evidenciar las importantes carencias democráticas del régimen español.

En este fuerte desgaste ha incidido asimismo de forma importante la afirmación multitudinaria en la calle de ese “¡le llaman democracia y no lo es!” del 15-M, la nefasta imagen de una familia real/monarquía fuente de todo tipo de desvergüenzas y escándalos, la multiplicación de los casos de corrupción partidaria, sindical, política e institucional y las fuertes luchas surgidas por toda la geografía estatal y desde muy distintos espacios sociales (educación, sanidad, huelgas generales y sectoriales, defensa del derecho al aborto,..), contra las reformas del actual Gobierno del PP y el anterior del PSOE. Derivado de ello, el propio futuro del Estado español se ha convertido en tema diario de debate en los medios de comunicación, artículos y tertulias de todo tipo.

Palabras y conceptos “tabú” que en las últimas décadas habían sido arrinconadas y olvidadas han salido de nuevo a la luz, recuperándose el viejo diccionario de la Transición en el que se hablaba abiertamente de derecho de autodeterminación, soberanía, república, estado federal, independencia, etc….

MODELO DE ESTADO Esta charla se refiere en primer lugar, con buen criterio, al llamado “modelo de Estado”. Esto es algo completamente necesario pues no se puede dar por sentado, por supuesto, que el actual modelo sea el molde obligado al cual haya de ajustarse el

mañana institucional. Y digo esto, no solo por lo que hace referencia al marco geográfico y territorial sobre el cual se asienta el Estado español, sino también por la necesidad de debatir sobre la propia articulación e institucionalización de nuestra propia sociedad.

Si la democracia –A. Lincoln-, debe ser “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, habremos de concluir que el actual modelo electoral se queda bastante corto. La democracia, por supuesto, ha de asentarse en elecciones libres, pero debe también descender de los altares institucionales a la realidad de la vida social y penetrar en los centros de trabajo y estudio, los barrios, la cultura, los medios de comunicación, las casas y familias,…

En igual medida, la democracia debe entrar también en el ámbito laboral, donde las desigualdades entre hombres y mujeres siguen siendo estructurales, y en el espacio propio del trabajo reproductivo (doméstico, cuidados,..) que es realizado hoy de forma muy mayoritaria por aquellas. Trabajo éste carente del necesario reconocimiento social, económico y legal y que precisa ser repartido de forma democrática entre hombres y mujeres.

Hablar de democracia exige también destacar la necesidad de la participación ciudadana, pues excluir ésta de nuestro modelo institucional o dejarla reducida a un mero formalismo, puede llevarnos a construir instituciones asentadas, sí, en elecciones, pero cuya calidad democrática deje bastante de desear. Participación que institucionalice una democracia más abierta y directa, menos partitocrática y que propicie la práctica de consultas, referéndum y la posibilidad de revocación de cargos electos.

Finalmente, junto a la participación es preciso hablar también de una democracia que no se asiente en el poder omnipresente de lo más lejano y estatal, sino en lo más cercano y local. Apostar por una sociedad y un Estado en el que el poder nazca desde abajo y se adelgacen las competencias del poder central a fin de acrecentar las de los entes locales. Un Estado con más base y menos altura, menos vertical. Un Estado que, en esa medida, facilite la creación de espacios de participación y control ciudadano y social.

LA NEGACIÓN DE LA SOBERANÍA A EUSKAL HERRIA La exigencia del derecho a decidir no se deriva tan solo de reclamar algo inalienable que corresponde a cada nación por el mero hecho de serlo. Se deriva también, en Euskal Herria, del fracaso total del actual Régimen para dar solución a las ansias de libertad y soberanía de nuestro pueblo.

La actual Constitución obtuvo tan solo el apoyo de un tercio del censo electoral de Hego Euskal Herria (HEH: Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa).

Triunfó la abstención y el voto negativo impulsado por las fuerzas nacionalistas, abertzales y de izquierdas. Pero esa voz no fue tomada en consideración. El Estatuto de Gernika y el Amejoramiento del Fuero tuvieron que acomodarse a sus marcos constitucionales y en Nafarroa no se permitió siquiera que su Estatuto fuera refrendado por la ciudadanía.

Más adelante dijimos NO a la OTAN, pero tampoco se nos tomó en cuenta. Así pues, dos referéndum hemos tenido y en ninguno de ellos la opinión de nuestro pueblo ha sido respetada. Luego, en la CAV, el Gobierno de Ibarretxe tramitó y aprobó una reforma estatutaria que fue llevada a Madrid para su tramitación, pero ni siquiera fue admitida a trámite (PSOE, PP, IU,..). El texto fue arrojado directamente a la papelera.

En la actualidad, el PP, a pesar de que cuenta tan solo en HEH (PP + UPN) con el 23% de los votos habidos en las elecciones de 2011, impone a nuestro pueblo, gracias a su mayoría absoluta en el Congreso español, todo tipo de reformas, recortes y leyes (laboral, pensiones, déficit, LOMCE,..) que nuestras mayorías sociales, sindicales y políticas están rechazando.

En Nafarroa, por otro lado, son ya trece las leyes aprobadas por el Parlamento Foral que han sido recurridas por el Gobierno del PP y dejadas en suspenso. No son leyes que atenten contra la sacrosanta unidad de la patria española o sus ejércitos, sino que tratan del día a día que preocupa a la gente de a pie: desahucios, copago sanitario, asistencia a inmigrantes, IBI a la Iglesia,.. Pero Nafarroa es cuestión

de Estado y la defensa del reaccionario y corrupto gobierno de UPN está por encima de cualquier consideración.

En resumen, el Estado de las Autonomías diseñado en la Constitución, vendido como paradigma de la modernidad y la democracia, no era sino una enganifla que cada vez muestra más sus esencias centralistas y autoritarias. ¿SEGUNDA TRANSICIÓN O PRIMERA RUPTURA? En esta situación, se habla hoy, y mucho, de la necesidad de una “segunda Transición”. Se afirma así que el régimen surgido de la primera, allá en los años 70-80, está ya agotado y que es preciso abordar una segunda, pues la situación de excepcionalidad histórica en la que aquella nació no se corresponde ya con la actualidad y que hay que pasar página.

La Transición fue un inmenso embudo en el que las reivindicaciones democráticas planteadas inicialmente (año 1974) por la Junta Democrática (PCE....) y la Convergencia Democrática (PSOE,...), tales como la “apertura de un proceso constituyente”, la “ruptura con el régimen”, el “gobierno de transición”, el “derecho de autodeterminación”, la “consulta popular sobre la forma del Estado” y el “cambio de estructuras socio-económicas”.., fueron diluidas o hechas desaparecer en sus pasos siguientes.

La unión de las dos iniciativas anteriores en la “Platajunta” y la creación posterior de la Plataforma de Organismos Democráticos fue desdibujando todo lo que pudiera tener que ver con la “ruptura democrática” afirmada, hasta convertirse finalmente en un proceso de “ruptura pactada” con las remozadas fuerzas y poderes del régimen franquista y el Gobierno de UCD, de la que finalmente saldría un texto constitucional que nada tendría que ver con las reivindicaciones iniciales a las que se ha hecho referencia.

No es que no hubiera fuerza para conseguir la ruptura con el Régimen o más que lo que resultó. Existía entonces un fuerte movimiento obrero y popular, unas reivindicaciones nacionales firmemente reclamadas...., pero aquellas movilizaciones y

huelga general defendida durante muchos años por las fuerzas de izquierda (PCE fundamentalmente) nunca fue convocada y todo aquel proceso rupturista se frenó a nivel político con los pactos y acuerdos constitucionales y a nivel económico y social con los Pactos de la Moncloa.

Por eso, lo que se precisa hoy, más que una segunda Transición es una primera ruptura, aquella que no se dio. Aquella que fue abortada por una Ley de Amnistía, auténtica ley de “punto final” para un Ejército, una Policía, una Judicatura y un poder político responsable de un sangriento golpe de estado y de cuarenta años de crímenes, torturas, cárcel, trabajo esclavo, exilio,…

Una primera ruptura que corte los cordones umbilicales que unen a este régimen con el franquismo, la Monarquía, la jerarquía eclesiástica que bendijo todo aquello y creció a sus expensas y una élite bancaria que apoyó y financió a aquel régimen y hoy anida en el IBEX-35. Una ruptura con la actual España “indisoluble e indivisible” constitucional, heredera de aquella otra “una, grande y libre” franquista.

Así pues, basta ya de transiciones tramposas y apostemos firmemente por aquella primera ruptura que entonces nos negaron. ¿PROCESO CONSTITUYENTE O PROCESOS CONSTITUYENTES? Se habla también de la necesidad de impulsar un proceso constituyente, pero, en mi opinión, más que de un proceso constituyente hay que hablar de “procesos constituyentes”. Es decir, es un ejemplo, el pueblo catalán no tiene hoy por qué acomodar sus ritmos y decisiones a la puesta en marcha de un hipotético proceso constituyente español en el cual pueda ubicarse.

Basta pues de nuevas posibles trampas como la de aquella Transición en la que el “proceso constituyente” llevado a cabo condujo a la aprobación de una Constitución que sentenció la existencia de una España “indivisible e indisoluble” en la que la única soberanía pertenece al pueblo español y en la que los pueblos catalán, vasco, gallego, andaluz, canario…., no tienen derecho alguno a consultar a su población, no solo sobre su futuro, sino ni siquiera sobre su presente (prospecciones en Canarias).

En el proceso catalán tanto el PP como el PSOE han mantenido una posición de principio común. La soberanía, según ellos, es única y pertenece al pueblo español por lo que Catalunya carece de derecho alguno, no solo de decisión, sino tampoco de consulta o participación ciudadana al respecto. La remisión tramposa del PSOE a una reforma constitucional (mayoría de dos tercios en el Senado y el Congreso) que abra las puertas a un Estado federal nunca concretado por su parte, no deja de ser una mera artimaña electoral y de imagen carente de credibilidad alguna.

Sin embargo, para nosotros y nosotras, el Estado español no es ni punto obligado de partida, ni tampoco de llegada. El derecho a decidir que reclamamos es una aspiración democrática básica que no puede estar supeditada a que encaje mucho, poco o nada en el actual Estado español. Mucho más aún cuando éste se ha conformado a lo largo de la historia sobre la base de la guerra, la conquista, la imposición religiosa, cultural y lingüística y el expolio de pueblos y naciones en todo el planeta.

Por eso, hablar de democracia hoy en el Estado español implica así cambiar de árbitros, de baraja y repartir nuevas cartas, en definitiva, apostar por la ruptura democrática y defender un proceso en el que todas las opciones (unitaria, autonómica, federal, independencia) puedan ser debatidas, votadas, resueltas y materializadas, sin imposición alguna por parte del poder central. Porque si el derecho a decidir no contempla expresamente la posibilidad de independizarse y poder materializar esta decisión, estaremos hablando una vez más de un proceso fraudulento y antidemocrático.

LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS La solidaridad entre los pueblos solo es verdadera si está asentada en el respeto a la soberanía de cada cual. Si no es así, no será solidaridad, sino imposición, que es algo muy distinto. Por eso mismo, en el caso del Estado español, la opción independentista para Euskal Herria, Catalunya…., no es, per se (¡faltaría más!), una alternativa menos solidaria que lo que pueda ser una opción federal. Si fuera así, por esta misma lógica formal, el modelo más solidario sería el del Estado unitario y centralista defendido por UPyD.

La solidaridad entre los pueblos no depende de que formen o no parte de un mismo Estado y de la estructura que éste pueda tener, sino de la política concreta que cada cual vaya a impulsar. Tal como se ha afirmado –Argala-, “lo que une a los trabajadores españoles y vascos es la pertenencia a una misma clase, no a una misma nación”. Y algo similar puede decirse en relación a la situación vivida y luchas desarrolladas por las mujeres, la juventud,.... Es sobre la base de intereses sociales y políticos concretos que podrá buscarse la unidad entre los pueblos y no sobre la base de la imposición de identidades y marcos estatales predeterminados e intocables.

Andalucía no es la comunidad que más paro, pobreza y desigualdad tiene debido a la falta de solidaridad del resto de naciones del Estado, sino por el injusto régimen latifundista de propiedad de la tierra que tiene y el impulso de una economía que ha estado asentada en la importación de turistas y la exportación de mano de obra.

La solidaridad que se precisa allí es, sobre todo, realizar una reforma agraria radical, repartir sus riquezas y recortar las desigualdades sociales y romper finalmente con el poder caciquil para así poder democratizar la vida política, social y económica del pueblo andaluz. Por el contrario, el actual sistema de abono de peonadas de miseria para los jornaleros en paro poco tiene que ver con la justicia y la solidaridad También los grandes sindicatos estatales (CCOO y UGT) hablan de la solidaridad entre los trabajadores/as del Estado como excusa para defender convenios y acuerdos negociados en pasillos estatales que luego son impuestos a la mayoría sindical vasca. Pero, ¿qué es más solidario, su política de concertación llevada a cabo, no solo con el Gobierno de Madrid (PSOE o PP), sino también con los de Gasteiz (PNV) e Iruñea (UPN), o la de resistencia, confrontación y soberanismo impulsada por la mayoría sindical vasca?

Cuando reivindicamos el derecho a decidir, se nos dice desde algunos sectores que hay que reclamarlo también a la hora de hablar de sanidad, educación…, y no solo plantearlo en relación al tema nacional. Por nuestra parte, no podemos sino afirmar nuestra total conformidad con esa afirmación ya que es eso precisamente lo que exigimos cuando reclamamos soberanía para nuestro pueblo. Soberanía para que, por ejemplo, ninguna ley aprobada por el Parlamento Foral (desahucios, copago sanitario, energías renovables, LOMCE,..) pueda ser echada atrás por el Gobierno de Madrid.

Soberanía para regular y tomar decisiones en todos estos temas con arreglo a nuestros propios criterios y de acuerdo a propias mayorías políticas, sindicales y sociales.

LA OPCIÓN POR LA INDEPENDENCIA Se nos ha impuesto una Constitución que no aprobamos y una OTAN que rechazamos; no consienten que puedan reformarse nuestros inservibles Estatutos; nos hacen tragar leyes que rechazamos y recurren y suspenden aquellas otras que aprobamos…. Pues bien, ¿queda otra salida acaso que no sea la de romper con el actual régimen?

Habida cuenta la conformación histórica del Estado, es evidente que unas relaciones sinceras y reales de solidaridad entre los distintos pueblos del Estado solo podrán forjarse tras romper con la costra reaccionaria impuesta por este régimen. Como en cualquier matrimonio o pareja en la que uno de sus miembros haya pasado por una experiencia de malos tratos, marginación y ninguneamiento (con carácter general, la mujer), la mejor y más sensata solución pasa por la separación, la conquista de la independencia personal y el rehacer la vida propia. Por el contrario, argumentar que todo puede cambiar y que la felicidad puede volver a reinar en la pareja es una trampa.

Además, caso de que eso fuera algo realmente factible, hay más posibilidades de lograrlo desde la distancia que desde la prolongación de la vida en común, pues tampoco hay que olvidar que cabe levantar relaciones afectivas comunes desde viviendas separadas, No más prórrogas. Se acabó. El divorcio llama a las puertas del Estado español, y si este no se da de común acuerdo, conforme a derecho, tendrá que ser mediante decisión unilateral, por vía de hecho. Euskal Herria necesita ser plenamente dueña de su propio destino y contar con un Estado propio que le permita restañar heridas y consolidar institucional y socialmente lo que hoy es una nación maltratada política, social y culturalmente. Necesita pasar por una fase de construcción nacional libre de los perversos condicionantes impuestos hoy en día por policías y guardias civiles, delegados del Gobierno, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, leyes básicas que todo lo regulan y medios de comunicación al servicio de lo anterior.

Y solo después de transcurrido este período –o ala par- procederá debatir y decidir con tranquilidad el tipo de relación institucional que nuestro pueblo quiera tener con el resto de naciones cercanas o lejanas