Arcanos nº 21 by Corp. Nuevo Arco Iris

LA ARQUITECTURA JURÍDICA PARA IMPLEMENTAR EL DESMONTE DE LAS ESTRUCTURAS SUCESORAS DEL PARAMILITARISMO, DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL EN CUMPLIMIENTO DEL PUNTO 3.4 DEL ACUERDO PAZ Henry Cuervo, Julio Arenas. Equipo del Observatorio del Conflicto CNAI.

¿Con la expedición de los decretos-Ley 154, 895 y 898 de 2017, dentro de los 180 días siguientes a la firma del acuerdo, se atacan por parte del estado las razones estructurales del método paramilitar o son insuficientes para este fin? El análisis sobre cómo definir y enfrentar el paramilitarismo como fenómeno1, fue uno de los temas más álgidos de debate entre el gobierno y las FARC, en la redacción del acuerdo final, de hecho los ciclos para construir un documento de consenso entre las partes, tardo más de un año, en el que se emplearon a fondo las subcomisiones presididas por el general Oscar Naranjo en representación del gobierno Santos y el comandante Pablo Catatumbo por las FARC. Los temas de controversia fueron:

presidente de la República expidió los DecretosLey presidenciales (898 y 895 de 2017), que se suman al decreto 154 de 2017, para dar cumplimiento a lo pactado en el punto 3.4 de dicho acuerdo, por medio de los cuales se reglamenta la creación a la “Comisión Nacional de Garantías de seguridad”, se crea la “Unidad Especial para el desmantelamiento de las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” y el “sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política”.

El reconocimiento de la continuidad del fenómeno del paramilitarismo La eficiencia y eficacia de las políticas de Estado para combatirlo en el pasado, presente y futuro Las garantías de su no repetición después de firmados los acuerdos de paz El compromiso del estado de extinguir las causas estructurales de este método criminal en la sociedad Colombiana.

Esta normatividad se debe configurar como la columna vertebral para solucionar de manera integral la persistencia del paramilitarismo en Colombia y conjurar el peligro que significa para la paz estable y duradera, la continuidad de la violencia política de carácter contrainsurgente contra los movimientos sociales, campesinos y populares que ejercen el legítimo derecho a la protesta social y a la oposición política. Sin dejar de reconocer el compromiso del presidente Juan Manuel Santos en implementar de la mejor manera el acuerdo de paz, se debe someter a examen el conjunto de la normatividad expedida, para diagnosticar sus alcances en la

Hoy a seis (06) meses de refrendado el “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera” el Narcoparamilitares: sobre definiciones, denominaciones, cifras oficiales y el clan del golfo, Carlos Eduardo Espitia Cueca, unidad investigativa del conflicto – INDEPAZ 1

enorme responsabilidad de extinguir para siempre el fenómeno del paramilitarismo.

fiscalía han sido procesados, condenados o implicados por sus nexos con grupos paramilitares o estructuras sucesoras de este tipo de criminalidad.

Analicemos en primer lugar el decreto ley, 898/2017 que da creación a la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos y la consecución de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”

En la actualidad, la polémica se centra en el “no reconocimiento” de la sistematicidad4 de los crímenes contra defensores de derechos humanos activistas por la paz que han ocurrido entre los años 2016 y 2017. “Fiscal dice que no hay sistematicidad en asesinatos de Defensores de DDHH. Hay una multicausalidad en el origen de las amenazas, de los asesinatos y de las afectaciones a la integridad de estos líderes sociales (…) Por el momento no hay una sistematicidad en las afectaciones”, aseguró el fiscal en la audiencia de ‘Crímenes contra la paz’, adelantada en la sede del legislativo. Periódico el universal, diciembre 08 de 2016

La creación de esta instancia al interior de la Fiscalía General de la Nación, debe producir un giro de 180 grados en el papel que este ente de investigación y persecución penal ha jugado en la lucha contra el paramilitarismo y sus redes de apoyo2.

Contrario a los informes e investigaciones adelantadas por centros académicos y de derechos humanos independientes como la Corporación Nuevo Arco Iris, Indepaz, Observatorio de restitución y regulación de derechos de propiedad agraria5, que a través de diferentes metodologías, han demostrado la sistematicidad y los patrones de criminalidad

“Después de más de diez años de expedida la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, una de las principales críticas de víctimas y expertos sigue siendo la incapacidad del aparato judicial para juzgar a militares, políticos y empresarios, quienes, sin portar un brazalete de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), colaboraron con su expansión y financiaron sus crímenes”. Así investigan a financiadores del paramilitarismo, Verdad Abierta.com, mayo 07 de 2016 Desde años atrás, la labor de la fiscalía General de la nación ha sido fuertemente criticada por las organizaciones de derechos humanos, ante la falta de resultados para dar con los responsables e instigadores de masacres y crímenes de activistas de izquierda, reclamantes de tierras y líderes populares, a lo que se suma los nexos, las relaciones y/o vínculos de algunos de sus agentes con estructuras ilegales de corte paramilitar.3 Recordemos que desde la fiscalía de Juan Camilo Osorio, un número importante de fiscales, investigadores y funcionarios de la

Fiscal dice que no hay sistematicidad en asesinatos de Defensores de DDHH (…) periódico el universal, diciembre 08 de 2016 5 A medida que el asesinato de diferentes categorías de líderes sociales y defensores de derechos se ha ido conociendo, la reacción de los personeros del gobierno Santos ha sido dual. Por un lado, han ido avanzando en la construcción de una agenda de protección. Esta agenda, aunque incompleta, debe considerarse positiva. Por el otro, le han hecho saber a la opinión que el asesinato de líderes sociales no es “sistemático”. Esto lo han afirmado desde el viceministro de defensa (El Tiempo, 2017; El Espectador, 2017), hasta el nuevo vicepresidente, general Óscar Naranjo, quien por lo demás ha declarado que una de sus prioridades como alto funcionario será ésta (El País, 2017). Asimismo, se ha tendido a minimizar o simplemente negar el asesinato de líderes relacionado con procesos agrarios específicos, como el de restitución. Fuera del poder ejecutivo, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, también afirmó terminantemente que el asesinato de líderes carecía de sistematicidad (El Universal, 2016). Violencias sistemáticas Dinámicas del asesinato de líderes rurales: las covariables municipales. www.observatorio de tierras.org. 4

Así investigan a financiadores del paramilitarismo, Verdad Abierta.com, mayo 07 de 2016 3 Por “asesorar a los paras” condenada a 19 años de prisión a ex fiscal, Tatiana Oliveros Gutiérrez fue ayer condenada en primera instancia a 237 meses de prisión por el magistrado del Tribunal Superior de Neiva, Revista semana, junio 2017 2

utilizados en contra de líderes sociales6, durante los diálogos y después de firmado el acuerdo de paz con las FARC.

la recién creada Unidad de Investigación y la restructuración de funciones de la fiscalía va a perseguir estas conductas.

Llama poderosamente la atención que el fiscal Néstor Humberto Martínez, no se refiera en sus declaraciones a explicar los alcances del DecretoLey 898/2017, mediante el cual se crea “la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de organizaciones criminales (…) sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo” y se reestructura la Fiscalía General de la Nación, ante el hecho cierto que los cambios introducidos al organigrama y funciones a la fiscalía son de importancia en la adecuación de esta entidad para enfrentar los retos de la implementación de la paz. Mientras que si se esfuerza, mediante una sobreexposición mediática, en cuestionar el decreto-Ley 903 de 2017 (Por el cual se dictan disposiciones de un Inventario de los bienes y activos a disposición de las FARC EP) y de paso informar de la gigantesca tarea que un importante grupo de fiscales y funcionarios de la Unidad de Contexto está realizando para descubrir los bienes de esa guerrilla.

“Al presentar su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la ONU alertó sobre el asesinato de 127 líderes sociales en el país el año pasado, de los cuales 64 eran activistas y otros tres están bajo verificación. La mayoría de homicidios de defensores de Derechos Humanos en Colombia en 2016 ocurrió en territorios de presencia histórica de las FARC”. Último informe de la UNU sobre violencia y violaciones a los DD.HH en Colombia ¿Cuáles son las razones que el fiscal se dedique a examinar y cuestionar otros decretos de implementación y no se refiera al decreto 898/2017, que afecta directamente a la entidad que él preside y en la cual se crea una nueva organismo como lo es la Unidad Especial de Investigación de organizaciones criminales (…) sucesoras del paramilitarismo ? La respuesta se puede encontrar en dos vías:

Por el contrario guarda silencio en lo que respecta a los terceros civiles determinadores y/o financiadores del fenómeno de persistencia del accionar de organizaciones sucesoras del paramilitarismo en los territorios, grupos a los que se les atribuyen la mayoría de crímenes, atentados y amenazas a los líderes sociales en el país en los años 2015,2016 y lo que va corrido del 20177; no presenta una estrategia, ni explica como

1. Que el decreto 898 del 29 de mayo de 2017, fue más allá de lo establecido en el acuerdo y se incluyó una restructuración de la entidad que no era condición necesaria, pero que sin duda conviene a los interés del fiscal Néstor Humberto Martínez para depurar a la entidad de funcionarios “afines” a su antecesor en el cargo, el ex fiscal Eduardo Montealegre. Por lo que conviene utilizar un distractor, en este caso el mencionado decreto-Ley 903, para desviar la atención de los medios sobre las eventuales inconsistencias jurídicas que presenta el decreto 898/2017. Recordemos como antecedente, que la Corte Constitucional declaro inexequible el decreto presidencia 298 de 2017, que restructuraba y ampliaba la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección, “considerando que en su expedición se violó la reserva de la ley orgánica”.

Informe final “Análisis con expertos y actores sociales del territorio del punto 3.4 del acuerdo de paz, sobre Garantías de seguridad y lucha contra organizaciones criminales (…) sucesoras del paramilitarismo, Corporación Nuevo Arco Iris, Nov. 2016. XII Informe sobre presencia de grupos narco paramilitares 2016, Indepaz, Ene. 2017. Dinámicas del asesinato de líderes rurales, Observatorio de restitución y regulación de la propiedad rural, junio 2017. 6

Al presentar su informe anual sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la ONU alertó sobre el asesinato de 127 líderes sociales en el país el año pasado, de los cuales 64 eran activistas y otros tres están bajo verificación. La mayoría de homicidios de defensores de Derechos Humanos en Colombia en 2016 ocurrió en territorios de presencia histórica de las Farc, que actualmente se encuentra en medio de un acuerdo de paz firmado con el 7

gobierno para superar medio siglo de conflicto, informó este jueves la ONU, Revista semana, mayo 2017.

2. La reforma que se introdujo a la fiscalía mediante el decreto 898/2017, pretende limitar las funciones de la “Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones (…) sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo”, separando de sus competencias aspectos tan importantes como: Adelantar las acciones judiciales y de investigación que se deriven de “las estrategias para identificar las fuentes de financiación y los patrones de actividad criminal de las organizaciones y conductas punibles (…) de las organizaciones criminales sucesoras de paramilitarismo”, tal como lo establece el decreto 154 de 2017, en su artículo 3º ; que crea la Comisión de Garantías de Seguridad. Lo que se observa con la expedición de la norma, es que se traslada esta competencia a las recién creadas “Fiscalías Delegadas para las Finanzas Criminales” y “Fiscalía Delegada contra la Criminalidad Organizada”, que depende directamente del Vicefiscal8.

Especial de Investigación y de paso reestructura la Fiscalía General, es el poco interés por atacar mediante una política clara a los financiadores y determinadores locales y nacionales del método paramilitar, para muchos expertos la verdadera almendra o el corazón del “monstruo”. Ese poder oculto que ejercen los señores de la guerra en la Colombia, que recicla métodos y ejércitos privados para sus intereses económicos ilegales y legales, perpetuando el ciclo de violencia y agresión a las comunidades que claman por vivir en paz y con garantías de ejercer la lucha social y política en sus territorios, en demanda del derecho a la tierra, la reforma rural integral, la vía campesina de desarrollo y la conservación de su biodiversidad y riqueza hídrica.

OTRO JUGADOR EN LA CANCHA

Hay que mencionar que para muchas organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y víctimas del conflicto, el espíritu del acuerdo de paz, en el punto 3.4 en materia de Garantías de Seguridad, reside en la consideración que el Estado fue y es un actor responsable o corresponsable con la creación y desarrollo del fenómeno paramilitar, y que las medidas e instituciones jurídicas y penales para combatirlo fracasaron en sus planes. En ese particular la labor de la fiscalía ha sido duramente cuestionada, por la falta de compromiso y de resultados de esta institución en la materia, además de ser doctrina en esa entidad, la aplicación como política del “derecho penal del enemigo9”.

Ahora bien es preocupante que dentro de las conductas que debe investigar y perseguir la Fiscalía delegada para los crímenes financieros, se encuentre “la persecución a la financiación del terrorismo”, pero no se incluya la persecución a los financiadores de las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo, ni se mencione explícitamente a lo largo de las cuarenta páginas del decreto 968/2017, medidas concretas para investigar y judicializar a los responsables de la financiación de redes de apoyo al paramilitarismo. En síntesis, lo que evidencia el contenido de la normatividad que define funciones a la Unidad

El paramilitarismo como fenómeno es multidimensional10, sus redes de apoyo sirven a

FISCALÍAS DELEGADAS ADSCRITAS A LA VICEFISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: FISCALÍA DELEGADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA : Dirección Especializada contra las 8

Organizaciones Criminales, Dirección Especializada contra la Corrupción, Dirección Especializada contra el Narcotráfico, Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humano, Dirección de Justicia Transicional, Dirección de Apoyo a la Investigación y Análisis contra la Criminalidad Organizada.- FISCALÍA DELEGADA PARA LAS FINANZAS CRIMINALES: Dirección especializada contra el lavado de activos, Dirección especializada de extinción del derecho de dominio, Dirección especializada de investigaciones financieras. -FISCALÍA DELEGADA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Decreto 898 de 2017)

Derecho penal del enemigo, Gunter Jakobs, 2003, Civitas ediciones S.L 10 Entre 2003 y 2006 gran parte del aparato armado fue desestructurado (las AUC dejaron de existir), pero los fundamentos de poder no (los otros elementos del bloque de poder contrainsurgente no fueron afectados por la persecución judicial) y tampoco el grueso de condiciones que favorecieron la formación de grupos paramilitares de diversa denominación, desde 1980 hasta 2006. En el Bloque de Poder Contrainsurgente confluyen sectores dominantes y subalternos (muchos de los cuales se convierten en peones 9

unos intereses de control del orden social rural y subalterno por parte de autoritarismos o ethos 11mafiosos regionales, que han trascendido hacia una especie de fascismo cultural y social, intemperante, homofóbico, misógino, racista, xenófobo y profundamente violento en lo factico y lo simbólico. Por lo que sigue siendo válido lo consignado en diferentes informes por expertos en el fenómeno que consideran “que quienes en condición de civiles fueron determinadores de la violencia paramilitar así como los beneficiarios de ésta (sectores de poder, dedicados hoy a la agroindustria o gran minería) no han sido perseguidos, por sus conductas punibles por el aparato judicial (…)”12. Los centros de poder regional y nacional que agenciaron y permitieron la expansión de las AUC, están cohesionados y preponderantemente intactos.

Estas redes de poder, se expresan en la violencia fisca, pero también en las dinámicas de movilización socio política contra los acuerdos de paz, como quedó evidenciado en los resultados electorales del pasado plebiscito para refrendar los acuerdos, en donde la mayoría de los votantes en departamentos como Antioquia, Santander y Santander del Norte, rechazo los acuerdos. Estas mismas regiones aparecen en las estadísticas de las dinámicas territoriales de violencia e infracciones a los derechos humanos en los dos últimos años, entre los departamentos con mayor número de crímenes contra líderes sociales y donde hay comprobada presencia de estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo y de redes de apoyo consolidadas.

de la guerra). En la escala regional, fuerza pública (brigadas y comandos de policía), comerciantes (distribuidores o intermediarios), empresarios del transporte, empresarios de explotación minera, campesinos ricos o empresarios del agro, propietarios del latifundio ocioso, narcotraficantes, víctimas de la violencia insurgente, y agentes paupérrimos en búsqueda de supervivencia, entre otros. (Vilma Franco, ponencia foro ONU, 2015) 11 "Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el carácter o la identidad de una persona o una comunidad" Real Academia Española. 12 Ídem 10..

“EL SISTEMA INTEGRAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE GARANTÍAS DE SEGURIDAD TERRITORIAL Y DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURAS CRIMINALES SUCESORAS DEL PARAMILITARISMO” Recopilación de Pedro Valenzuela. Docente Universidad Javeriana

En el marco de la alianza entre la Corporación Nuevo Arco Iris y diversas instituciones de educación superior, y con el objetivo de aportar a la construcción de escenarios de paz, surgió la iniciativa de propiciar espacios públicos de reflexión y encuentro con las regiones para analizar los fenómenos que puedan obstaculizar la construcción de la paz y el buen desarrollo de los acuerdos pactados en La Habana, Cuba.

medio para dirimir las diferencias políticas en el país. Las jornadas se desarrollaron a través del trabajo en grupos y en sesiones plenarias en las que se expusieron reflexiones y propuestas, ponencias de invitados especiales, exposiciones de expertos y de la comunidad, enriquecidas por las discusiones en el conversatorio. Este documento recoge las principales reflexiones debatidas con las comunidades y expertos sobre de la consistencia del Acuerdo de seguridad a la luz de la realidad explícita del fenómeno en las regiones -Antioquia y el medio y bajo Atrato Chocoano/ -Bolívar, Sucre y Córdoba / -Valle del Cauca, Cauca y Nariño -Bogotá (Taller nacional con expertos y representantes de organizaciones sociales y políticas del orden nacional)13.

Con tal objetivo se llevaron a cabo conversatorios y foros en Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena, en alianza con la Embajada de Noruega, el Instituto de Derechos Humanos y Construcción de Paz Alfredo Vásquez Carrizosa de la Universidad Javeriana, la Universidad de Antioquia, la Universidad San Buenaventura de Cartagena, la Universidad Autónoma de Occidente de Cali, el Observatorio de Democracia y Participación Ciudadana y Marcha Patriótica, respectivamente.

Algunos de los académicos e investigadores que participaron son: Héctor Abad Colorado, Fotógrafo de guerra; Gustavo Gallón, Director de la Comisión Colombiana de Juristas y de la Comisión Nacional de Seguridad y Garantías; César Jerez, líder del asociación de Zonas de Reserva Campesina; Antonio Sanguino, Concejal de Bogotá por el Partido Verde; Gustavo Gallardo, Abogado de prisioneros y prisioneras políticas, Presidente de la Corporación Lazos de Dignidad; Carlos Medina Gallego, Docente investigador de la Universidad Nacional de Colombia; Alexandra Valencia, Directora de la Unidad Especial de Investigación para el Desmantelamiento de las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación; Imelda Daza, líder social de víctimas y líder de la Unión Patriótica; Pedro Santana, Sociólogo, investigador de la Corporación Latinoamericana Sur; David Flórez, Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, Vocero Nacional del Movimiento Marcha Patriótica; Camilo González Posso, Presidente del Instituto de Estudios 13

Los conversatorios y foros contaron con la participación de líderes y lideresas de organizaciones campesinas, de víctimas, de Derechos Humanos y de procesos organizativos, comunitarios y sociales de las distintas regiones de los departamentos de Antioquia, Bolívar, Valle y Bogotá D. C., quienes compartieron experiencias y percepciones sobre las dinámicas territoriales de los fenómenos de violencia, los factores que los alimentan y posibilitan su continuidad, y las posibles alternativas para acabar definitivamente con la violencia como

ANTECEDENTES

La segunda generación de paramilitarismo surgió en la década del 80, se conformó por ejércitos irregulares que imitaban el modelo de organización militar de las guerrillas. Dichos ejércitos, con asiento territorial, cobraron vida en el Magdalena Medio, especialmente en Santander, Antioquia, Bolívar, Boyacá y Caldas, como resultado de una alianza entre narcotraficantes y sectores productivos del campo, particularmente bananeros y ganaderos, y sectores políticos y de la institucionalidad estatal. El paramilitarismo del MAS (Muerte a Secuestradores) concentró la tierra mediante el ejercicio de la violencia. Miles de familias campesinas fueron desplazadas y despojadas. Parte de su objetivo era lograr el control territorial en una zona por donde posteriormente pasaría la troncal del Magdalena Medio.

La tradición paramilitar en Colombia no es nueva. El paramilitarismo ya había sido utilizado en la guerra sucia de la confrontación inter-partidista del periodo de La Violencia, que, al igual que en sus versiones más recientes, provocó el desplazamiento de campesinos y el despojo de sus tierras. Aunque el paramilitarismo no ha sido una política de todo el aparato del Estado, sí lo ha sido de estructuras estatales con menor poder. Sus objetivos y métodos de acción han sufrido transformaciones, aunque de manera sistemática y planificada han buscado frenar la movilización social, apropiarse de tierras, apoyar modelos específicos de desarrollo, lavar dinero producto de actividades ilícitas y legitimar la corrupción como herramienta de sustento del poder económico y político.

El proyecto paramilitar se opuso a los diálogos de paz del Gobierno de Belisario Betancur con el EPL, Las FARC, y el M-19 y los avances democratizadores que surgieron de esos acuerdos, particularmente la elección popular de alcaldes y el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal. Este paramilitarismo dominó el país en la segunda mitad de la década del 80 y fue el gran protagonista del baño de sangre contra la Unión Patriótica.

LAS TRES GENERACIONES DE PARAMILITARISMO

En las tres últimas décadas Colombia ha sido testigo de tres generaciones de paramilitarismo. El paramilitarismo de primera generación se inspiró en la ideología predominante durante la “Guerra fría” y tuvo como principal objetivo la persecución del opositor político, especialmente el tildado de “enemigo interno”. Hacía parte de la acción contrainsurgente ilegal adelantada desde los cuarteles, que convirtió la desaparición forzada en una práctica habitual de la guerra sucia de los órganos de inteligencia del Estado colombiano.

Agrupado en las Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la dirección de los hermanos Castaño, el paramilitarismo de tercera generación de la década del 90, se definía como organización contrainsurgente. Era un paramilitarismo mucho más autónomo, en buena medida por la independencia financiera derivada de sus vínculos con el narcotráfico. Su mando político-militar no se encontraba en los cuarteles, sino en sus campamentos, lo que le permitió disputarles a las Fuerzas Armadas el monopolio de la lucha contrainsurgente. De hecho, la fuerza pública y los actores políticos regionales que habían sido sus aliados terminaron subordinados a su poder político y militar en los respectivos territorios.

para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ); Coronel (R) Carlos Arturo Velásquez, Asesor en Memoria Histórica Militar del Ejército Nacional de Colombia y del Comando Estratégico de Transición del Comando General de las FFMM; Vilma Liliana Franco, investigadora; Juan Diego Restrepo, Director de Verdad Abierta; Julio Cesar Arenas, Investigador Corporación Nuevo Arco Iris; Mauricio Romero Vidal, Economista de la Universidad de los Andes y profesor en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana; Pedro Valenzuela, Docente en la Universidad Javeriana; Daniel García Peña, Investigador; Henry Cuervo, Director de la investigación –Corporación Nuevo Arco Iris.

RECUPERAR A URABÁ

y las Bacrim. Una segunda perspectiva considera que el neo-paramilitarismo y las Bacrim son una reconstitución del fenómeno, a partir de grupos que no se desmovilizaron en el proceso adelantado por la administración Uribe o que no resolvieron su situación mientras estaban vigentes los programas del Gobierno. Una última perspectiva asegura que neo-paramilitarismo y Bacrim son organizaciones criminales bien estructuradas que administran el territorio y la economía ilegal a través del capitalismo criminal y el recurso al miedo y el terror.

Entre otros proyectos, el paramilitarismo se propuso recuperar Urabá. Sus acciones incluyeron el despojo masivo violento y la implementación de una contrarreforma agraria, la imposición violenta de usos del suelo y control estratégico en función del narcotráfico y el monocultivo, estableciendo un corredor que unía Urabá y el Catatumbo, y Puerto Boyacá y el Norte del país. Este fenómeno se replicó en la Serranía del Perijá, la Serranía de San Lucas y los Montes de María.

Algunos sectores han cuestionado la equiparación de estas estructuras con los grupos paramilitares, atribuyendo esta interpretación a una mirada “ideologizada” del fenómeno de la violencia política en el contexto actual. El argumento principal para asegurar que en Colombia no existe el paramilitarismo es que el fenómeno contemporáneo no se ajusta a las definiciones o caracterizaciones del pasado. Sobre la base de que no todo fenómeno de captura violenta del aparato público puede ser calificado de insurgencia o contrainsurgencia, argumentan que la gran diferencia es que las Bacrim no son ejércitos contrainsurgentes. Lo que motiva la captura del Estado en sus áreas de influencia es un interés económico y no un proyecto contrainsurgente o de persecución política contra grupos caracterizadamente de izquierda. En esta perspectiva, el ataque contra líderes de restitución de tierras, por ejemplo, no se debe a una caracterización como enemigos políticos, sino a que les disputan la propiedad de la tierra.

Este fue el paramilitarismo que más combatientes desmovilizó en el proceso promovido por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, con el gran objetivo de recuperar para la fuerza pública el monopolio de la lucha contrainsurgente. Los resultados de la estrategia de Seguridad Democrática, elemento fundamental de la agenda del ex Presidente Uribe Vélez en sus dos periodos de gobierno, hizo innecesario un ejército contrainsurgente que por sus estrategias de terror se convirtió más bien en un factor deslegitimador de la lucha contrainsurgente en manos del ejército y de la fuerza pública. La negociación con este aliado incómodo se vio favorecida, además, porque los jefes paramilitares compartían con el ex Presidente una común mirada política del conflicto colombiano.

LA SITUACIÓN ACTUAL

Por otro lado, se argumenta que calificar estas bandas criminales y fenómenos delincuenciales de paramilitarismo es concederles un estatus político que no merecen, con consecuencias para el tratamiento que el Estado debe darles a estos fenómenos violentos. Sería hacerle un inmenso favor a la pretensión de politización de las Autodefensas Gaitanistas, quienes se han pronunciado pidiendo ser incluidos en un proceso de negociación de paz con el gobierno colombiano, con el objetivo de beneficiarse del marco de justicia transicional pactado en La

Tras la desmovilización de estos grupos, los gobiernos han sido renuentes a reconocer la persistencia de grupos paramilitares, prefiriendo, más bien, hacer referencia a la existencia de bandas criminales o estructuras sucesoras del paramilitarismo. También las perspectivas de estudiosos, organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos sobre el fenómeno paramilitar son variadas. Algunos afirman que no hay diferencias sustanciales entre estas estructuras y el llamado neo-paramilitarismo 10

Habana, especialmente del punto de conexidad del narcotráfico.

EXPRESIONES REGIONALES DEL PARAMILITARISMO

En términos generales, sin embargo, hay consenso alrededor de que el fenómeno ha sufrido una “reingeniería” que le da unas características específicas:

El paramilitarismo se expresa en diferentes dimensiones, con variados repertorios de acción. Por un lado, tiene una expresión política. En muchas regiones es evidente la existencia de estructuras políticas ligadas al paramilitarismo, articuladas, en algunos casos, con ideologías de derecha. Estas estructuras han penetrado las administraciones municipales, accediendo directamente a cargos públicos o ubicando en ellos funcionarios afines a sus intereses, con el fin de apropiarse de recursos y evadir la acción de la justicia. Funcionarios que disienten de su proyecto o se oponen a esta captura del Estado han sido amenazados e inclusive asesinados, lo que imposibilita el gobierno autónomo.

Carece de una estructura nacional y de mando unificado, aunque tiene una presencia masiva en los territorios. Y a diferencia de fenómenos anteriores, se concentra en las ciudades. Está conformado por una multitud de pequeños grupos, cuya actividad e importancia están delimitadas por su capacidad de fuego, influencia en la vida local y aptitud para hacerse respetar por grupos similares. No adelanta campañas de expedición y establece acuerdos con la guerrilla. En distintos niveles, se ha apoderado del territorio y ha logrado un reconocimiento tácito de la población. Cuenta con un alto grado de incidencia social, y en algunos sectores tiene autoridad. Su base social está constituida por relaciones de parentesco y amistad que generan lealtad. Los casos de reclutamiento forzado son pocos. Se mueve entre la legalidad y la ilegalidad, legitimando el capital a partir de testaferros. Aunque el narcotráfico es su principal actividad, se nutre de otras actividades ilegales y de la economía legal convencional. Ejerce un control directo o indirecto sobre lo público. Su régimen fiscal es paralelo, sin registros, y se considera como una contribución por labores de seguridad en la zona. Ejerce control sobre las comunidades, a partir del miedo. Vigila permanente el territorio, aunque ha reducido los asesinatos y aumentado la intimidación. Algunos grupos mantienen una naturaleza antisubversiva y tienen discurso político, lo que los aproxima al neo-paramilitarismo. Y Considera importante el control de la clase política local y regional. Apoya procesos electorales, en busca de injerencia en asuntos administrativos.

Por otro lado, ha permeado la institucionalidad jurídica local. El resultado ha sido un modelo de Estado fuerte para imponer el modelo de desarrollo, pero débil para impartir justicia. La precariedad del Estado se manifiesta en marcado contraste con la “justicia” expedita de estos grupos, que se convierten así en referentes de orden. El problema se agrava por la falta de colaboración de la ciudadanía, como resultado de la escasa legitimidad del Estado, la inoperancia de la justicia y el temor a presentar denuncias ante la ausencia de garantías de seguridad y protección. En algunas regiones continúa la tolerancia y la connivencia del poder institucional con el poder para-institucional. En territorios como el Nordeste antioqueño y el Chocó no solo se denuncia la falta de compromiso de la fuerza pública para perseguir estas estructuras, sino también la evidente complicidad de mandos medios de la Policía y el Ejército con sus acciones delictivas y de persecución a movimientos sociales. El paramilitarismo tiene, también, una expresión económica. Existe una estrecha conexión entre las estructuras paramilitares y toda la cadena delictiva vinculada con la actividad del narcotráfico. En el bajo Cauca, el Nudo de Paramillo y el Chocó, para citar algunos ejemplos, 11

se ha instalado en zonas estratégicas para el control de rutas. En las zonas urbanas controla el micro tráfico e incita al consumo de drogas a la población juvenil, llegando inclusive a establecer “plazas de vicio”.

indeseables, incluyendo la suspensión de embarazos; en las amenazas y el amedrentamiento a organizaciones sociales y populares; en su incidencia en procesos educativos, incluyendo amenazas al cuerpo docente; en el control a la entrada de víveres a las zonas rurales; en la imposición de la ley del silencio; en las pintas alusivas a estas organizaciones; en la delimitación de fronteras invisibles y en la coerción a Juntas de Acción Comunal.

También está involucrado en la minería ilegal, el contrabando de gasolina, redes de extorsión y de trata de personas, juegos de azar, compraventas, discotecas y licoreras, entre otros. Recibe ingresos por la vigilancia privada que cobra a los habitantes de los barrios más empobrecidos de la ciudad, al igual que a medianos y pequeños comerciantes y a grandes multinacionales en las áreas rurales donde se desarrollan grandes proyectos, con especial énfasis en el sector minero-energético. Tiene, además, nexos con estructuras internacionales de criminalidad. Por otro lado, legitima su capital a través de testaferros e inversiones en la economía convencional, en sectores como la ganadería, la agricultura, la agroindustria y el transporte.

Los castigos incluyen el asesinato selectivo de líderes de movilizaciones sociales que se oponen al desarrollo de megaproyectos o que exigen el derecho al territorio y a prácticas económicas tradicionales, la “limpieza social”, el secuestro y la tortura. En algunas regiones operan bajo un sustento ideológico contrainsurgente.

FACTORES QUE EXPLICAN LA CONTINUIDAD DEL PARAMILITARISMO

Se ha denunciado, además, el sistemático contubernio entre empresas y estructuras paramilitares en regiones de concentración del gran capital, protegiendo zonas de desarrollo de proyectos agroindustriales y de mega obras, como centrales hidroeléctricas y represas.

Un factor explicativo principal es que el paramilitarismo hace parte de la cultura y las normas de una parte del establecimiento. En especial de fuerzas electorales, caciques y élites regionales con una concepción del Estado y de la función pública que somete los intereses generales a los de una minoría y que ha generado un ethos mafioso en la relación Estado, sociedad y mercado.

En términos de su expresión cultural, el paramilitarismo se ha normalizado en comunidades copadas por el fenómeno, estableciendo valores que legitiman la ganancia fácil, la violencia directa, el principio “el fin justifica los medios” y la ostentación. En muchas ocasiones, ni siquiera necesita recurrir a la violencia para ejercer control social, pues estos patrones culturales se han entronizado en la vida de las comunidades, obteniendo el reconocimiento tácito de la población. En algunos sectores tiene un alto grado de autoridad e incidencia social, mediando o controlando problemas de convivencia y otras situaciones conflictivas.

Por otro lado, a la competencia social con elementos mafiosos, se suman el odio visceral hacia las guerrillas y la oposición a su reinserción. La Doctrina de Seguridad Nacional aún permea a sectores castrenses que comparten la visión de gremios poderosos e identifican a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, al igual que a defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, como aliados de las guerrillas o simpatizantes de su proyecto.

El control social ejercido en zonas rurales y urbanas tiene diferentes manifestaciones. Se expresa, por ejemplo, en la estigmatización de la comunidad LGBTI y de conductas consideradas

Por otro lado, la falta de oportunidades socioeconómicas en el territorio, especialmente 12

para los jóvenes, es un caldo de cultivo para el fenómeno paramilitar. De alguna manera, la capacidad del paramilitarismo para ofrecer alternativas económicas y resolver las necesidades básicas de los pobladores genera connivencia entre la población y estas estructuras delincuenciales. El desempleo y la pobreza extrema les han permitido disponer de miles de jóvenes cesantes que se vinculan como expendedores en plazas de vicio, sicarios, cobradores de vacunas y extorsiones, informantes, etc. Debe señalarse, sin embargo, que muchos observadores señalan que, aunque el paramilitarismo ha permitido la acumulación de riquezas para unos pocos, ha generado pobreza en las regiones.

admite la existencia de un modus operandi propio de las denominadas organizaciones sucesoras del paramilitarismo y de redes de apoyo en diversos niveles como un elemento estructural que permite su continuidad. El Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno colombiano y las FARC-EP introduce un cambio en las perspectivas y los paradigmas de seguridad. De acuerdo con los “principios orientadores”, no prima lo militar y la eliminación del “enemigo interno”, sino un concepto de Seguridad Humana integral individual y colectiva soportada en la dignidad humana y el respeto, la promoción y la garantía de los derechos fundamentales. Por primera vez se aborda el paramilitarismo con base en las causas estructurales que le dieron inicio y que lo alimentaron durante todo este tiempo. Igualmente, se reconocen los avances en el ámbito de la verdad sobre el desplazamiento y el despojo, en términos de la identificación de responsables y de quienes se apropiaron de las tierras. Se reconoce la materialización de los derechos de las víctimas sobre la base de verdad, reparación, justicia y no repetición. Se aplaude el objetivo de asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y la tributación por parte del Estado, el fortalecimiento de la administración de justicia para ponerle fin a la impunidad, y el enfoque territorial y diferencial.

Igualmente, importante es la ausencia o la debilidad de instituciones estatales o su incapacidad o indiferencia para dar solución al problema. Finalmente, asegura su continuidad por la necesidad de proporcionar seguridad privada para proteger rentas legales o ilegales.

EL DESMONTE DEL PARAMILITARISMO

El paramilitarismo representa un obstáculo para la construcción de una paz sustentable y duradera. La tarea de enfrentarlo en diversos ámbitos es una necesidad urgente, aunque extremadamente compleja, por los fenómenos enunciados en apartados anteriores. Como punto de partida, es necesario entender el fenómeno paramilitar como una realidad ideológica, social, política, cultural y económica explicada por la precariedad del Estado, y desarrollar una caracterización regional para comprender la complejidad del fenómeno, en términos de su legitimidad y aceptación, al igual que de las resistencias que genera.

No obstante, hay una preocupación real sobre la voluntad o la capacidad el Estado para implementar los acuerdos. Para asegurar el buen desarrollo de los acuerdos, se ha sugerido un gran Pacto Nacional con estas características y objetivos: Construcción conjunta por parte de fuerzas políticas y sociales que le apuesten a una institucionalidad garantista y respetuosa de los DDHH. Reconciliar los campos de la ética y la política, especialmente en la dimensión referente al respeto a la vida, la pluralidad y la diferencia. Desactivación de los mensajes violentos.

Una de las virtudes del Acuerdo de paz logrado en La Habana, especialmente del punto 3.4, es que aunque el Estado no ha admitido su papel en la conformación y vigencia del fenómeno, sí reconoce que el paramilitarismo no dejó de existir con la desmovilización de las AUC. El Acuerdo 13

Construcción de una cultura política del perdón y de la reconciliación para evitar la violencia política cíclica. Promoción del ejercicio de la verdad en todos los sectores, con el compromiso institucional del Estado. Promover desde todos los sectores del país, en su conjunto, la lucha contra el narcotráfico, la economía “mafiosa” y el uso de armas de circuitos económicos legales e ilegales. Lucha contra la pobreza. Esfuerzo conjunto para construir Estado, nación y ciudadanía con el fin de evitar la construcción de “paraestados”. Focalización en los sectores más implicados en la dinámica del conflicto y afectados por ella. Enfoque territorial, con énfasis en acuerdos mínimos con aquellos sectores con los que resulta más difícil lograr un acuerdo más abarcador.

Justicia y Paz y de la justicia ordinaria en que se mencionaron terceros. Atacar las causas estructurales del conflicto social, político, económico y armado. Esta tarea debe abordarse desde una dimensión macro estructural, repensando el modelo de desarrollo para brindar oportunidades a las comunidades y reforzar sus derechos. En especial, es necesario generar condiciones de vida digna y oportunidades para las comunidades campesinas, de manera que el campo vuelva a ser atractivo y los jóvenes desarrollen planes de vida que garanticen su permanencia en el territorio, sin ser cooptados por estructuras delincuenciales. La Inversión social debe impulsar el desarrollo social y territorial que desestimule la práctica de actividades ilícitas y la connivencia con grupos paramilitares. La política antidroga debe basarse en acciones integrales, incluyendo mayor inversión en educación, salud, infraestructura, vivienda, vías y proyectos productivos para las zonas rurales.

Varios elementos se desprenden de estos planteamientos: “Desparamilitarización” del Estado, lo que implica una ruptura institucional y política con base en una reconsideración de la política de seguridad, la estricta vigilancia sobre funcionarios públicos de elección popular y sus prácticas de gobierno, y la vigilancia a dirigentes y militancias de los Partidos para evitar que se conviertan en dispensadores de avales que permitan la toma paramilitar del Estado. Recuperación de la confianza de las comunidades en el Estado. Ello exige instituciones honestas y transparentes para combatir la corrupción y el clientelismo. Especial énfasis merece el fortalecimiento del sistema judicial, para superar la impunidad y garantizar el acceso a una justicia rápida y eficaz en todos los niveles, con capacidad no solo de sanción, sino también de prevención. Es indispensable fortalecer la Unidad para el desmantelamiento de estructuras sucesoras del paramilitarismo, para evitar su colapso, ante la posibilidad de recibir miles de compulsas de copias de los procesos de

“Desparamilitarización” del Estado, lo que implica una ruptura institucional y política con base en una reconsideración de la política de seguridad Reconsideración de la política mineroenergética, con base en los principios de soberanía y sostenibilidad. Esto implica reformas a la relación entre el Estado y las empresas para exigir de estas un mayor compromiso con la construcción de la paz. Medidas adecuadas serían un mayor control estatal a los contratos y acciones de las multinacionales y megaobras en clave de protección de las comunidades, incluyendo la suspensión de mecanismos coercitivos para impulsar los macroproyectos. Los inversionistas internacionales también tienen responsabilidad en el fenómeno de la violencia. 14

Reconociendo que el paramilitarismo se ha “societalizado”, es necesario desparamilitarizar la mentalidad de las poblaciones, con el fin de superar la aceptación del fenómeno. Propiciar una transformación cultural exige inversión social en educación y formación para desarrollar habilidades, conciencia de paz y sentido ciudadano, además de fortalecer los mecanismos de resolución de conflictos como ruptura al control social establecido por las organizaciones paramilitares. En esta tarea, la comunidad académica tiene un rol central, poniendo su conocimiento al servicio de la organización comunitaria y de la construcción endógena de los territorios, elaborando propuestas concretas y viables de solución a las diferentes problemáticas y potenciando el desarrollo de valores humanos, societales y naturales locales. Además de apelar a mecanismos internacionales para la protección del territorio, se debe rescatar la experiencia tradicional. Específica, aunque no exclusivamente, se trataría de fortalecer y empoderar a las organizaciones comunitarias para la defensa del territorio, mediante formas propias de resistencia como la Guardia Indígena y las Guardias agro-mineras. Esta fuerza social se articularía con base en los derechos culturales y una concepción de seguridad humana. Empoderamiento social y comunitario para una mayor participación de comunidades y organizaciones sociales locales. Además de una democratización de las organizaciones, es indispensable la democratización de la política, eliminando del imaginario el principio de que el disidente o el opositor es guerrillero o paramilitar. La participación ciudadana debe apropiarse de la política para dignificarla. El empoderamiento de las bases territoriales

materializaría el pacto en los territorios, recogiendo las voluntades de diversos sectores sociales, incluyendo “diálogos improbables”, y exigiendo su cumplimiento.

Frente a la manera de confrontar el paramilitarismo, hubo posiciones que aunque aparentemente contradictorias, pueden compatibilizarse. La primera aboga por un fortalecimiento del aparato militar del Estado, acompañado de una reorganización y depuración de la Fuerza Pública y de un replanteamiento de la Doctrina militar, con el fin de ganar legitimidad y la confianza de la población. Un objetivo principal debe ser su despliegue en territorios despejados por la guerrilla para evitar el copamiento por parte de grupos paramilitares y franquear la relación entre paramilitarismo, fuerza pública, Estado y empresas. El objetivo es monitorear las actividades de estos grupos y combatir su método de control social y territorial, en colaboración armónica con las demás instituciones. La segunda posición aboga por propiciar espacios de diálogo y negociación con el paramilitarismo, tal como se ha hecho con las guerrillas. Para algunos, podría considerarse la posibilidad de una formalización política de las estructuras sucesoras del paramilitarismo en el espacio público. Parar la guerra, argumentan, no es equivalente a cambiar la guerra. Los paramilitares rasos también son víctimas del conflicto armado, y por tanto, desde la perspectiva de una solución integral, debe existir la posibilidad de articularlos a la construcción de paz. Otros proponen esquemas de sometimiento a la justicia, lo cual, aunque implicaría negociaciones, no exige el reconocimiento de un estatus político. (R

2017. CONSOLIDAR LA PAZ Fernando Hernández Valencia. Director Ejecutivo CNAI

Estamos viviendo momentos de transición que son trascendentales para la sociedad colombiana y cuyo significado es preciso develar para orientar nuestra práctica política y social. TRANSICIÓN DE LA GUERRA A LA PAZ

se negocian por puestos y contratos, aprobó la Ley de amnistía, la vocería de los delegados de las FARC en ambas cámaras y la Jurisdicción Especial Para la Paz. La creación de la Comisión de la Verdad mediante el decreto 588 de 2017, de la Unidad de Búsqueda de personas desaparecidas en razón del conflicto mediante el Decreto 589 del 2017 y la aprobación del Estatuto de la Oposición por parte del Congreso, avanzan en el diseño de la institucionalidad del posconflicto.

La primera y más evidente es la transición de la guerra de medio siglo a la construcción de la paz con justicia social. Los escenarios abiertos por la decisión de resolver el conflicto armado por la vía de la negociación política son complejos: el acuerdo con las FARC está en su etapa de implementación en medio de un ambiente político polarizado en el establecimiento, ya en campaña preelectoral, y las incertidumbres de los insurgentes frente al futuro inmediato de su seguridad jurídica, sus proyectos de vida y su proyección política. La derrota del Sí en el plebiscito le dio alas a la ultraderecha guerrerista que intenta desprestigiar y sabotear el Acuerdo de paz combinando la oposición parlamentaria, la campaña mediática y el lobby internacional. El Gobierno ha tenido un comportamiento errático en el cumplimiento de sus compromisos, pese a lo cual el calendario de la concentración de los combatientes y de la dejación de armas, en general, se va cumpliendo. La guerrilla ha honrado la firma del acuerdo y se ha campamentado en las 26 Zonas Veredales y Puntos Transitorios cerca de 7 mil hombres y mujeres en armas para preparar el desarme, la desmovilización y la reincorporación a la sociedad como movimiento político legal. El Congreso, en medio de arduo debate, viciado por las prácticas políticas corruptas, donde los grandes intereses nacionales

La derrota del Sí en el plebiscito le dio alas a la ultraderecha guerrerista que intenta desprestigiar y sabotear el Acuerdo de paz En las regiones, la Paz Territorial debe traducirse en echar a andar la Reforma Rural Integral con su Fondo de Tierras y sus Planes de Desarrollo Territorial de que habla el punto 1 y las medidas para la Solución al Problema de las Drogas Ilícitas de que habla el punto 4. En ese sentido, el Ministerio del Posconflicto ha seleccionado 356 municipios de 29 Departamentos para proyectos de intervención social y sustitución de cultivos de uso ilícito. El problema radica en la persistencia del paramilitarismo regional y su accionar criminal contra dirigentes sociales y líderes de restitución de tierras y en la incapacidad del Estado para 16

reconocer la realidad y actuar en el desmonte de esas estructuras criminales. La misma Comisión de Garantías de Seguridad prevista en el Acuerdo, apenas se ha puesto a andar y la “Unidad Especial para el Desmantelamiento de los Grupos Sucesores del Paramilitarismo” está siendo bloqueada por la Fiscalía cuya distancia con el proceso de paz es bien conocida. Otro problema consiste en la doble agenda del Gobierno que al mismo tiempo que firma en el Acuerdo de La Habana la reforma Rural Integral en beneficio de los pequeños campesinos, impulsa en el Congreso la Ley Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social), que legitima la apropiación y concentración de grandes extensiones de tierra en manos de poderosos intereses empresariales, o que al tiempo que pacta con 55 mil familias campesinas de varios Departamentos un “Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”, impone violentamente la fumigación aérea de la coca en otros territorios, lo que ha causado el enfrentamiento con los campesinos cocaleros del sur del país.

gobiernos diferentes. Concretamente, en esta última etapa de acercamiento con el gobierno Santos se ha avanzado en la concreción de una Agenda y en la instalación de una Mesa en Quito, con dos comisiones y fuerte acompañamiento internacional, incluso con la asesoría de un grupo de Obispos delegado por la Conferencia Episcopal colombiana que reconoce con ello la tradición cristiana que subyace en el ELN desde los tiempos de Camilo Torres Restrepo. Pero pareciera que los “elenos” no saben leer los signos de los tiempos y viven en una atmósfera de irrealidad que les impide comprender que el momento de la negociación política del conflicto armado abierto por las FARC se está cerrando con el fortalecimiento de una derecha autoritaria a nivel mundial y de la extrema derecha uribista en el país y, sobre todo, con el cansancio de la sociedad colombiana con la violencia de medio siglo y el absoluto desinterés de las nuevas generaciones de colombianos frente a las guerras revolucionarias del siglo pasado y los heroísmos de otros tiempos. El ELN debe asumir inequívocamente la decisión de la negociación política, no como táctica de exploración sino como la estrategia para la transición de la lucha armada a la lucha política legal. Y debe demostrar unidad interna de toda la Organización alrededor de esta estrategia y de su equipo negociador para exigir creíblemente un cese al fuego bilateral y estar en voluntad y capacidad de cumplirlo. El acuerdo anunciado a mediados de abril alrededor del Derecho Internacional Humanitario puede ser, si de verdad hay voluntad política, el camino para destrabar el proceso de negociación GobiernoELN que conduzca a consolidar el derecho de los colombianos a la Paz.

En general, sin embargo, el Acuerdo de Paz se está implementando y las FARC ya preparan su Congreso para la creación del nuevo movimiento político. El Estado debe cumplir de manera estricta los compromisos con la reincorporación de los excombatientes (Punto 3) y, sobre todo, con la Reforma Rural Integral, que es uno de los ejes de la transformación del campo colombiano, de manera que el campesinado que ha sufrido la violencia, el despojo y el desplazamiento, sea reparado y reconocido, y la necesaria modernización de la realidad rural se haga sobre bases de justicia y de un modelo de desarrollo rural incluyente.

Para la consolidación de esta paz “estable y duradera” seguirá siendo fundamental la presión de la sociedad civil democrática. Desde el comienzo de la negociación de La Habana el peso de las organizaciones sociales y de los sectores políticos y de opinión ha jugado un papel de gran trascendencia. El mismo ELN ha reivindicado la participación de la sociedad como el eje de su estrategia de negociación y está bien que sus bases regionales sean tenidas en cuenta para el

La negociación con el ELN Pero el logro de una paz completa con la insurgencia requiere de avances sólidos en la Mesa de Negociación con el ELN. Y ello depende de la voluntad política de este grupo guerrillero, que lleva más de 25 años negociando con siete 17

diseño de sus propuestas. Pero más allá de las insurgencias, la sociedad civil democrática tiene sus propias agendas de negociación. La paz es una de ellas y el diseño de un país moderno, pluralista e incluyente en el que debe representarse ella misma.

una política de terror contra la población civil, en Colombia esa misma política de terror se implementó manteniendo la democracia formal. Los acuerdos de paz de los noventa y la Constitución de 1991 pretendieron modernizar el Estado y superar la democracia formal y representativa con la democracia participativa, pero la continuidad de la guerra (con las FARC y el ELN), con la ominosa presencia del narcotráfico y el paramilitarismo, no sólo degradó aún más la conciencia ética del país sino que degradó también el carácter de las instituciones democráticas haciéndolas funcionales a la corrupción y al crimen.

TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA

La segunda transición es hacia la construcción de una verdadera democracia. El fin del conflicto armado y la transformación de las antiguas guerrillas en organizaciones políticas legales deben transformar la política colombiana en el sentido de la sana y pacífica competencia de proyectos de sociedad. Rescatar la política de la violencia y la corrupción y rescatar al mismo tiempo la democracia de su apropiación por parte de las élites privilegiadas que mantienen las formalidades pero han vaciado la democracia de contenido.

De manera que este primer tramo del siglo XXI nos encuentra con una democracia muy precaria, y su transformación es una de las virtualidades del proceso de paz. El punto 2 del Acuerdo de La Habana “Apertura democrática para la paz” habla de fortalecer el pluralismo, promover la reconciliación, la convivencia, la tolerancia y la inclusión política de las mujeres para estimular la participación de toda la sociedad. En este sentido se plantean reformas al régimen electoral y la aprobación de un Estatuto de la Oposición, bloqueado por la clase política desde la promulgación de la Constitución de 1991. El Acuerdo recoge los avances de la planeación democrática y participativa en los Consejos territoriales de planeación y propone fortalecer las veedurías ciudadanas como ejercicio de control social de la administración pública. Crea 16 circunscripciones territoriales especiales de paz, para que las comunidades sin representación en el Congreso puedan participar en el debate parlamentario y en la creación de las leyes. Igualmente se crea un “Sistema integral de seguridad para el ejercicio de la participación política”, muy necesario en un ambiente de estigmatización y de agresión contra los movimientos populares y los liderazgos sociales y políticos alternativos. En general se trata de transitar realmente de un sistema político de representación a un sistema político de participación.

El Frente Nacional fue un pacto entre élites que consagró la impunidad del establecimiento frente a los crímenes de la Violencia, estableció la exclusión del sistema político de las fuerzas no bipartidistas y consagró el inmenso desplazamiento y criminal despojo de tierras de campesinos pobres realizado durante la década de 1948 a 1958. Después de la dictadura de Rojas Pinilla, se restableció una democracia oligárquica bipartidista y clientelar que, ya en los años 60 y 70, frente al ascenso de las luchas sociales y la presencia de las guerrillas revolucionarias, asumió la forma de “democracia restringida” en cuanto que, manteniendo las reglas formales de elecciones cada cuatro años y aparente división de poderes, mantuvo al país en permanente restricción de las libertades políticas, al tenor de la Doctrina de Seguridad Nacional que se nos impuso desde el imperio con el advenimiento de la Guerra Fría, instauró el Estatuto de Seguridad en 1979 y la sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado. Mientras en el Sur del Continente las dictaduras militares establecían 18

Transformar la cultura política

transnacionales. Así que la recuperación de los bienes públicos para la sociedad es un programa democrático, comenzando por la función social de la propiedad y por el valor colectivo del Estado.

Pero todo ello exige una profunda transformación de la cultura política colombiana. Ese avance hacia una democracia plena que supere la democracia formal controlada por las élites privilegiadas exige en primer lugar la conformación de una ciudadanía consciente de su entidad como sujeto político, lejos del sentido de masa, base o rebaño de votantes como la consideran los partidos y sus campañas de marketing electoral. Conformar ciudadanos con fuerte conciencia cívica y sólido espíritu democrático es responsabilidad del Estado, de la misma sociedad civil y de los Partidos si queremos de verdad superar el carácter primitivo y el déficit democrático de nuestras instituciones políticas.

El Estado Social de Derecho de nuestra Constitución es un avance en la concepción liberal de nuestras instituciones. Pero después de 25 años y 40 reformas constitucionales, todavía la persistencia y la fuerza de sectores políticos tradicionales, claramente asentados en una estructura económica de la gran propiedad agraria y en un ejercicio autoritario de la política, como control social de la población, gravita en la realidad cotidiana de las luchas sociales y políticas, y aún ideológicas. La terminación negociada del conflicto armado interno, el fin de la guerra por causas políticas en Colombia y la ampliación de la democracia con la presencia de nuevas fuerzas políticas y sociales, puede incidir en la consolidación de las tendencias progresistas de nuestra sociedad.

Una cultura política democrática es una cultura de Derechos. La Constitución de 1991 es en sí misma una Carta de Derechos y en su exigencia y su ejercicio es como se construye ciudadanía. La democracia de participación no se limita a lo electoral, ni siquiera a lo partidista, sino al despliegue de la ciudadanía organizada en sociedad civil en todos los espacios de la vida social y política. En eso tanto la Constitución como los Acuerdos de Paz abundan en la descripción de las múltiples formas de ejercicio de la democracia, porque ambas son el resultado de largas y a veces cruentas luchas por los derechos. Los Derechos Fundamentales, los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, los Derechos Colectivos y del Ambiente.

TRANSICIÓN HACIA EL FIN DE LA LUCHA ARMADA Y LA APUESTA POR LA ACCIÓN POLÍTICA

Finalmente, para quienes venimos de la tradición socialista, el fin de la etapa de la lucha armada y la apuesta por la acción política legal es también una transición. La debacle del socialismo real a finales de los ochenta significó también una necesaria reinterpretación de la utopía. Ha pasado un cuarto de siglo desde aquel acontecimiento. Aún más, en este 2017 conmemoramos los cien años de la Revolución de Octubre que fue el primer ensayo de llevar a la práctica el proyecto de revolución socialista bajo la enseña de “paz, pan y tierra”.

La defensa de lo público La construcción y la defensa de lo público es el sentido de la política en el concepto original de la res pública. Pero la política entre nosotros se ha degradado en beneficio de intereses particulares de individuos, de clases o de grupos nacionales y/o extranjeros, y del control del Estado por esos intereses. Además, la imposición de las políticas neoliberales ha llevado a la colonización de la democracia por los grupos económicos

La pregunta que nos planteamos, entonces, es la siguiente, ¿Cómo puede replantearse hoy la agenda anticapitalista? Primero, como un proyecto civilizatorio, alternativo al modelo neoliberal que globaliza la inequidad y la miseria, destruye sociedades y economías 19

populares a nombre de un modelo de producción y de acumulación salvaje que barre criminalmente el equilibrio medioambiental, prioriza la especulación financiera sobre la economía productiva y deshumaniza las relaciones sociales convirtiéndolas en relaciones de mercado. Otra civilización que recupere el valor de lo colectivo y de la solidaridad sobre el individualismo y la competencia, que reconstruya las relaciones humanas sobre la base de la dignidad de la persona, que dignifique la diferencia de género y la riqueza de la diversidad étnica, que restablezca el equilibrio entre la actividad humana productiva y la naturaleza, que gestione el mercado como un intercambio social de bienes en beneficio colectivo, que genere una revolución cultural en cuanto decolonización de las categorías occidentales del pensamiento y de la política, y reivindicación de la herencia cultural y vital de las civilizaciones originarias. Una civilización de la esperanza.

un proyecto progresista que sea una alternativa al proyecto social liberal que hoy se nos vende como democracia. Tercero, como un proyecto comunitario que preserva y defiende para los pueblos los bienes comunes: la vida, el agua, la salud, la naturaleza, la educación, la cultura, la comunicación, la ciencia, la tecnología. Esa comunidad universal o “Casa común”, como la llama el Papa Francisco se construye desde el poder comunitario, desde la fuerza de la asociación y de la cooperación. Entre nosotros, lo común es la raíz de la fuerza y la coherencia de sujetos colectivos, como los indígenas y afrocolombianos, pero es también el sustento de nuevas subjetividades colectivas como los campesinos, las mujeres, los jóvenes. La potencia de la asociación alrededor un proyecto colectivo tiene también la virtualidad de construir nación. A comienzos de los noventa del siglo pasado, la soberbia de quienes se consideraban vencedores de la Guerra Fría y saludaban el advenimiento del “Siglo Americano” nos notificaron que estábamos en “el fin de la historia”. Hoy podemos decir que la historia sigue su curso de la mano de los pueblos que, aún golpeados, aún perseguidos, siempre están en pie, resistiendo, buscando nuevos caminos. Han visto caer los imperios, pasar los tiranos, pero siguen su larga marcha y su lucha permanente por la justicia y la verdad y, desde su dignidad, crean la nueva historia.

Segundo, como un proyecto democrático de soberanía popular, más allá de la representación y la participación. Un ejercicio radical de la democracia en el sentido de que es un poder que se construye desde lo local, lo territorial y lo popular. Una democracia desde abajo que estimule la conformación de sujetos políticos colectivos y construya progresivamente una hegemonía alternativa desde las comunidades, desde los movimientos sociales, desde la sociedad civil democrática y sus propias apuestas políticas. Sólo así será posible el surgimiento de

EL COMPLEJO PARAMILITAR SE TRANSFORMA Camilo González Posso – Indepaz.

¿“LOS PARAMILITARES NO EXISTEN”?

“organizaciones sediciosas” para las AUC y demás grupos desmovilizados en 2005 que había solicitado la administración de Álvaro Uribe Vélez.

La lectura del XII Informe sobre narco paramilitarismo14 y de los acontecimientos de violencia que siguen presentándose al comenzar 2017 suscita preguntas de analistas, medios de comunicación, académicos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y, por supuesto de las entidades estatales encargadas de responder a los problemas de seguridad y derechos humanos. La primera cuestión sigue siendo sobre el carácter de estos grupos y sobre la insistencia del gobierno en negar que se pueden denominar paramilitares. El Ministro de Defensa ha repetido que “En Colombia no hay paramilitarismo”. Decir que en Colombia hay paramilitarismo significaría otorgar un reconocimiento político a unos bandidos dedicados a la delincuencia común u organizada”15.

En la sentencia del 11 de julio de 2007, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema dice tajantemente que: “Quienes hayan estado vinculados a los grupos paramilitares o de autodefensa, cualquiera sea el grado de participación en la organización y en los delitos cometidos por cuenta de la misma, no pueden ser beneficiarios de amnistía, indulto, su extradición está permitida y, por regla general, no podrán acceder al servicio público y si llegasen a ser elegidos a alguna corporación pública se encontrarán en causal de pérdida de la investidura por subsistir la inhabilidad derivada del antecedente penal que surge de la comisión de un delito que apareja pena de prisión"16. En varios apartes de la mencionada sentencia se les niega a los paramilitares la condición de delincuentes políticos “sediciosos” indicando, entre otros, que no realizan sus acciones violentas y actos terroristas para sustituir el Estado. En el mismo sentido la Corte Constitucional señaló que “El Estado no puede caer en el funesto error de confundir la delincuencia común con la política"17 y por ello declaró inexequible el artículo 71 de la Ley 975/200518.

La primera cuestión sigue siendo sobre el carácter de estos grupos y sobre la insistencia del gobierno en negar que se pueden denominar paramilitares.

La discusión sobre reconocimiento político a los paras la saldó la Corte Suprema de Justicia cuando le negó la calificación como

Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 11 de julio de 2007. Magistrados Ponentes: Yesid Ramírez Bastidas y Julio Enrique Socha Salamanca. (Aprobada Acta N° 117). 17 Ibídem 18 Corte Constitucional. Sentencia C 370 de 2006. Magistrados Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández. 16

Indepaz, XII Informe sobre paramilitares, Bogotá D.C. febrero 2016. Disponible en http://www.indepaz.org.co/wpcontent/uploads/2017/02/10-Informe-2014.pdf 15 http://www.elcolombiano.com/colombia/en-colombia-no-hayparamilitarismo-dice-ministro-de-defensa-luis-carlos-villegasIX5734390 Diario El Colombiano 11 de enero de 2017 14

Con estas precisiones sobre el paramilitarismo como delito común se cae por su peso el argumento esgrimido por el Ministro de Defensa antes citado. Pero resulta todavía necesario preguntarse por qué las Autodefensas Unidas de Colombia, el Bloque Central Bolívar y otros reconocidos narcoparamilitares han podido ser calificados como paramilitares y desde una definición aceptada, explorar la caracterización de grupos herederos de esas formaciones criminales que continúan actuando hoy en Colombia con su constelación de relaciones económicas y políticas.

incluidos miembros de la fuerza pública. Se entrelazan con las anteriores modalidades y para sus fines de lucro asumen funciones de orden desde la criminalidad, tales como operaciones de la mal llamada limpieza social, imposición de dictaduras locales y control de territorios19. En la historia reciente de Colombia encontramos diversos tipos o perfiles de paramilitarismo que han tenido su papel en la sociedad en medio del conflicto armado, las guerras civiles y la violencia generalizada como ilustra el gráfico de la múltiple alianza representada en las elipses20. Entre esos tipos se pueden señalar:

La definición de grupos armados privados (siempre de criminalidad común) como paramilitares supone que no están constituidos para enfrentar al Estado sino para fines de lucro o de poder asociado a esos objetivos y, además, que para sus operaciones establecen vínculos con agentes estatales o actúan de manera regular en complicidad con ellos, sean autoridades civiles o militares de nivel nacional, regional o local. Se establece así una alianza o interacción de beneficios compartidos o intercambio de favores y se le permite a una organización privada armada ejercer la violencia en contra de la población o selectivamente en contra de personas para imponer un orden mediante el terror.

Paramilitarismo institucionalizado: Cuando el Estado promueve grupos privados armados con funciones de seguridad, de inteligencia o de colaboración permanente con la fuerza pública para la garantía del orden público, la defensa de la propiedad y la ampliación de acciones de contrainsurgencia. Ejemplos típicos de esta modalidad de paramilitarismo son las guardias formadas en los años cincuenta, los grupos de civiles armados en apoyo a la contrainsurgencia desde inicios del Frente Nacional, las llamadas “Convivir” o la cadena de informantes organizados y dotados por las Fuerzas Armadas en el marco de la Política de Seguridad.

El elemento esencial que le da carácter paramilitar a un grupo privado que usa la violencia es la delegación del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, ya sea por acción o por omisión, para su ejercicio continuado o sistemático. El paramilitarismo es entonces el complejo de actores públicos y privados que asumen funciones de seguridad pública – incluidos servicios de contrainsurgencia y ejercen la violencia armada para fines de lucro o de privatización del poder.

En el Informe de avance 2016 se le llama también para régimen como “una aproximación a este fenómeno que es político, económico, militar e ideológico”. Se advierte que no se trata de una estructura jerarquizada pero que “el peligro mayor de centralización o de cohesión está en las justificaciones ideológicas para el recurso a la violencia privada y estatal en contra de opositores a sus interés de poder o acumulación”. Revista Punto de Encuentro, Indepaz abril de2016. Fuente: Indepaz 2017 20 Ver Yamile Salinas Abdala y Juan Zarama Santacruz, JUSTICIA Y PAZ. TIERRAS Y TERRITORIOS EN LAS VERSIONES DE LOS PARAMILITARES. Centro Nacional de Memoria Histórica, Bogotá D.C. 12 septiembre de 2012. Se utiliza la expresión Quíntuple Alianza aplicada a la Casa Castaño. Ver también en Camilo González Posso, Kristian Herbolzheimer y Tathiana Montaña Mestizo La Vía Ciudadana hacia la Paz, Ediciones Indepaz, Bogotá D.C. Enero de 2010. Francisco Gutiérrez utiliza el concepto de alianza en forma similar a la definición del Complejo Paramilitar en su libro Orangután con Sacoleva, IEPRI, Bogotá D.C. 2013. 19

Definición del Complejo Paramilitar Es una múltiple alianza entre grupos armados organizados para negocios ilegales, parapolíticos y negociantes de la paraeconomía, que cuentan con niveles de complicidad de agentes del Estado, 22

Paramilitarismo por complicidad: Agentes del Estado o personas jurídicas o naturales toleran, financian y/o se benefician de manera sistemática o continuada de las acciones de violencia de grupos armados que ejercen justicia privada o asumen funciones de seguridad pública y contrainsurgencia. Lo anterior se ilustra ampliamente en sentencias del llamado proceso de Justicia y Paz, entre ellas las que condenan a exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Bloque Central Bolívar21.

posiciones en el poder del Estado que entran en alianzas en pactos o alianzas con grupos armados y bandas de sicarios con fines electorales y de captura del Estado. Los pactos entre sectores políticos y paramilitares se documentaron ampliamente en los procesos de la parapolítica22, y en la liquidación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Paraeconomía o paramilitarismo por negocios: Personas jurídicas o naturales dedicadas a negocios capturan entidades públicas para apoderase de contratos y rentas y recurren a grupos armados y sicariales para acumular tierras, riquezas naturales y otros activos. Para estos fines de lucro se dan modalidades de relación directa, indirecta o de complicidad silenciosa con la violencia armada paralela a la acción legítima de la Fuerza Pública. Por ejemplo: Los procesos por acaparamiento de tierras de población desplazada, de tierras baldías o de ese origen;

Parapolítica o política paramilitar: Una agrupación o alianza política recurre a la violencia de grupos armados para lograr cargos públicos de elección popular o reproducir la captura o cooptación de instituciones del Estado y lograr beneficios mediante la intimidación y la corrupción continuada o sistemática. Esta modalidad actúa desde fracciones de partidos políticos o Ver, por ejemplo: Sentencias del Tribunal Superior del Distrito Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Bogotá contra Salvatore Mancuso (Bloque Catatumbo). Rad. 200680008 de. 31 de octubre de 2014; Manuel de Jesús Pirabán (Bloque Centauros y Héroes del Llano). Rad. 2007-83019 del 25 de julio de 2016; Gilberto Pérez Álzate (Bloque Central Bolívar – Libertadores del Sur). Rad. 2006-80450 del 29 de septiembre de 2014. 21

Ver, por ejemplo, sentencias de la Corte Suprema de Justicia contra Juan Manuel López Cabrales y Reginaldo Montes Álvarez (BloqueCórdoba). Rad.26.942 del 25 de noviembrede 2008; Jorge de Jesús Castro Pacheco (BloqueNorte). Rad.29.200 del 12 de mayo de 2010 y Juan Carlos Martínez Sinesterra (Bloque Calima). Rad. 30.097 del 8 de junio de 2011. 22

negocios de minería o petróleo respaldados por armas; imposición de contratos a entidades públicas con el apoyo de grupos armados. En esta modalidad están muchas de las empresas y personas naturales que figuran en las compulsas entregadas a la Fiscalía a partir de los procesos de Justicia y Paz. Recientemente, la Fiscalía declaró como delito de lesa humanidad la financiación voluntaria de terceros civiles al Frente Arlex Hurtado de las AUC, excomandado por Pedro Hasbún23.

la última década tiende a dominar la alianza paraeconomía – narcoparamilitarismo. Ese predominio en períodos de una línea del tiempo, desde mediados del siglo pasado al presente, no disuelve plenamente a ningún componente. Estas modalidades del paramilitarismo se han presentado a los largo del siglo XX y en combinaciones cambiantes se registran también en el siglo XXI. El complejo paramilitar ha sido parte activa en el conflicto armado interno y en el modelo de acumulación de riqueza y poder mediante la violencia y el terror: Es indisociable de la historia de victimización de regiones y de la sociedad en su conjunto que se muestra trágicamente en las cifras de más de 10 millones de víctimas directas, de toda la población rural (campesina, indígena y afrocolombiana) sometida al horror, de centenares de miles de personas asesinadas, instituciones capturadas, territorios enteros disputados y dictaduras locales o subregionales persistentes.

Narcoparamilitares: Son una modalidad de paramilitarismo por negocios especialmente de narcotráfico y lavado de activos. Grupos privados armados para fines de lucro ejercen funciones de seguridad pública y en ocasiones de contrainsurgencia contando para ello con la complicidad u omisión desde agentes del Estado y de la fuerza pública. Controlan territorios, capturan instituciones estatales, ejercen justicia privada, se apropian por la fuerza de bienes, recursos y rentas y practican sistemáticamente la corrupción desde sus negocios y los de sus aliados. También buscan controlar poderes del Estado y para ello promueven políticos y alianzas con gobernantes o con fracciones locales o nacionales de partidos24.

DEL PARAMILITARISMO INSTITUCIONALIZADO AL NARCOPARAMILITARISMO

La desmovilización de las AUC y otras grandes formaciones paramilitares marcó un momento de cambio en las estrategias contrainsurgentes hacia la adopción de políticas de institucionalización de la fuerza del Estado. Normas como la derogatoria de los decretos que autorizaron las “Convivir”, la declaratoria de inexequibilidad del calificativo de “sediciosos” a los paramilitares y las reformas a la justicia y a los partidos aportan en esa dirección. El destape de la práctica sistemática de las ejecuciones sumarias, mal llamados “falsos positivos”, que se realizaron con el apoyo de grupos civiles paralelos, fue al tiempo la muestra de la profundidad del paramilitarismo institucional y la oportunidad para una rectificación en las prácticas de guerra25.

El complejo paramilitar se puede representar con una hélice que muestra las áreas comunes, relaciones y autonomía relativa de cada componente o elipse del engranaje. En la dinámica del complejo paramilitar, y según períodos o circunstancias, es distinto el peso relativo o coeficiente de cada vector. El funcionamiento del complejo como instrumento de contrainsurgencia o fuerza irregular de orden estuvo determinado en un período por las definiciones estatales o gubernamentales, en otro por el narcoparamilitarismo y la parapolítica y en Fiscalía. Resolución interlocutoria No. 002 del 12 de septiembre de 2016. 24 Ver, por ejemplo, sentencia del Tribunal Superior del Distrito Sala de Conocimiento de Justicia y Paz de Medellín (TSJPM) condena contra Rodrigo Alberto Zapata Sierra y otros (Bloques Calima, Élmer Cárdenas, Héroes del Llano, Héroes del Chocó y Héroes de Granada). Rad. 2008-83308, 2010-84398 y 2006-80893 del 30 de enero de2017. 23

El Tribunal Superior del Distrito Sala de Conocimiento de Justicia y Paz Medellín, señaló que “La participación de la 25

Desde las desmovilizaciones de 2005 y 2006, diversos factores nacionales e internacionales han deslegitimado y deslegalizado el paramilitarismo institucional. En el complejo paramilitar han pasado a pesar más los narcoparamilitares y sus aliados de la parapolítica y la paraeconomía que también han tenido procesos de recomposición.

llamados a la justicia26.En febrero de 2013 se contaban 41 condenados y 5 declarados inocentes. La Procuraduría abrió 519 procesos disciplinarios contra funcionarios y dirigentes locales en su mayoría en concejos, asambleas y alcaldías27. En la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes se iniciaron 4 procesos contra el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez sin que tuvieran mayor desarrollo judicial pero la investigación, y hasta condena por parapolítica o por alianza con los paramilitares de casi todos sus cercanos colaboradores, ha mostrado la dimensión de la macro organización criminal que ha actuado desde el Estado en las últimas décadas.

Pero el avance en la desinstitucionalización del paramilitarismo no logra el desmonte de ese complejo que, si bien se encuentra en retroceso, mantiene formas de reemergencia y rearme y franjas institucionales de tolerancia, omisión e impunidad.

PARAPOLÍTICA REEMERGENTE

Los procesos de Justicia y Paz, no obstante sus limitaciones, dieron insumos importantes sobre la asociación entre políticos de muchos departamentos y los paramilitares. El debilitamiento de la parapolítica obligó a recomposiciones en las elecciones de 2006, 2007, 2010, 2011, 2014 y 2015, y en los gobiernos en las regiones, pero se mantienen alianzas con los sucesores o herederos de la parapolítica en muchos departamentos y en los partidos mayoritarios en el Congreso de la República28.

La parapolítica entró en crisis por la presión desde la ciudadanía, fracciones democráticas en los partidos, empresarios no mafiosos, la comunidad internacional y la acción de las Cortes y de la justicia. Y al mismo tiempo se debilitó la colaboración contrainsurgente de la fuerza pública y de agentes del Estado con las organizaciones herederas de las AUC, Bloque Capital, Bloque Central Bolívar, ERPAC y otros de esa generación paramilitar y narcoparamilitar.

El destape de la práctica sistémica de las ejecuciones sumarias, mal llamados “falsos positivos”, que se realizaron con el apoyo de grupos civiles paralelos, fue al tiempo la muestra de la profundidad del paramilitarismo institucional y la oportunidad para una rectificación en las prácticas de guerra.

La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de sus funciones procesaron a 184 Congresistas o ex congresistas y 8 gobernadores entre 2007 y 2013. Doce ex presidentes del Congreso fueron

Fuerza Pública en los crímenes, se extendió a otros casos de ejecución extrajudicial, arbitraria o sumaria. Según José Miguel Gil Sotelo y Daniel Alejandro Serna, ellos uniformaban a las personas, mientras que miembros del Ejército simulaban falsos operativos, hacían el reporte y seguidamente vendían la munición” (TSJPM condena contra Rodrigo Alberto Zapata Sierra y otros, Óp. Cit.). Por su parte, Todd Hawland, representante de la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia informó que cerca de 7.000 miembros de las fuerza pública están implicados en 3.500 homicidios – ejecuciones extrajudiciales llamados “falsos positivos” – cometidos entre 1991 y 1996. Entrevista en Caracol TV, marzo de 2017.

Verdad Abierta, Estadísticas parapolítica, con cifras de la Misión de Observación Electoral de febrero 2013. http://www.verdadabierta.com/cifras/3826-estadisticasparapolitica 27 http://www.semana.com/nacion/articulo/procuraduriaadelanta-519-investicaciones-por-parapolitica-ybacrimpolitica/470010 28 Laura Ardila A. Los rostros de la parapolítica 2010- 2014. 13/03/2014. La Silla Vacía 26

Los clanes de parapolíticos, aunque debilitados, volvieron al Congreso como lo indica la foto de 32 parlamentarios en 2010 y otros 32 en 2016. Volvieron menos que los cerca de 100 Congresistas que tenían vínculos con paramilitares y narcotraficantes según dijo Salvatore Mancuso en su momento, pero algunos de los más visibles mantienen sus posiciones, sus redes regionales y tentáculos en las altas esferas. La Fundación Paz y Reconciliación publicó la lista de 140 candidatos - reconocidos parapolíticos - en las elecciones de 2015 a gobernaciones y alcaldías registrados en 19 de los 32 departamentos29. El mencionado estudio de Paz y Reconciliación muestra que los avales de los parapolíticos reemergentes son otorgados

pragmáticamente por casi todos los partidos políticos entre los cuales se destacan Cambio Radical, Liberal, Unión Nacional (U), Conservador, Opción Ciudadana y Centro Democrático. El mapa de riesgos por presencia de mafias y de prácticas electorales corruptas mostró en 2014 y 2015 la continuidad en algunas regiones de la política con violencia y numerosas denuncias muestran la combinación de parapolítica, narcoparamilitares, bandas y sicarios. El propósito es apropiarse de rentas de las entidades territoriales – contratos de obras públicas, recursos de la salud o la educación, manejo de regalías – y amparar desde posiciones oficiales negocios de tierras, minería o contrabando.

Fundación Paz y Democracia (2015), citado en http://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2015/07/Matrizcandidatos-02.27.2015.pdf 29

LA PARA ECONOMÍA Y LOS NEGOCIOS DESDE LA

de la Policía Nacional30 las guerrillas obtenían en 2014 un 9% del precio de la pasta básica en zonas cocaleras y puede suponerse una cantidad adicional en otros eslabones del trafico antes de entrega a los narcotraficantes internacionales. Con un estimativo de US$6.000 millones de dólares al año como ingreso de capitales del narcotráfico31 puede decirse que por lo menos US$5.000millones ingresan por los circuitos de los grandes traficantes y del lavado de activos con macro inversiones.

CORRUPCIÓN Y LA VIOLENCIA

Las empresas que recurren o se aprovechan del uso de las armas para sus negocios han tenido diversas modalidades: Por un lado están los ejércitos privados que venden servicios de seguridad o contrainsurgencia y ellos mismos acumulan activos; se articulan con grupos, bandas locales y sicarios. Por otra parte se han encontrado las empresas legales o ilegales que apelan a estructuras armadas se imponen arbitrariamente para garantizar modelos de acumulación o de apropiación de riqueza en especial de tierras, territorios, recursos naturales, contratos de inversión pública, rentas del estado y de lavado de activos. En todos los casos actúan con el apoyo, complicidad o tolerancia de agentes del Estado y cadenas de corrupción.

Las condiciones de ilegalidad del narcotráfico conllevan a la regulación violenta del negocio mediante grupos armados irregulares y narcoparamilitares o grupos sicariales controlando territorios y poblaciones. Se impone la ley de las armas y su justicia privada. La violencia armada ha sido un instrumento de despojo y acumulación de tierras y territorios y continúa amparando grandes negocios. El desplazamiento forzado ha sido el objetivo de agentes económicos aliados con narcoparamilitares y todo el complejo paramilitar. Por lo menos el 50% del desplazamiento que ha significado abandono de más de 10 millones de hectáreas y traspaso de buena parte como propiedad y usufructo de terceros, es resultado de un patrón de acumulación o “rentístico” como afirma el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica “Una Nación Desplazada”.

El narcotráfico ha sido la empresa más visible con su cadena desde la producción al tráfico, la venta y el lavado de activos. Desde los años ochenta Colombia ha sido el primer productor de cocaína en el mundo y los carteles del narcotráfico han sustentado la multinacional que ha provisto anualmente entre 400 TM y 900 TM en los últimos 30 años. Según UNODC en 2015 la producción en Colombia fue de 646 TM con 96.000 has de cultivos de coca; para el Departamento de Estado de Estados Unidos esa cifra supera 950TM con más de 150.000 has de cultivos. Y como parte esencial de la multinacional de la cocaína ha funcionado la red de precursores, tráfico de armas, circuitos de lavado de activos desde paraísos fiscales y grandes operaciones de comercio exterior, manipulaciones de bolsa e inversiones inmobiliarias o en macroproyectos públicos o privados.

El narcotráfico ha sido la empresa más visible con su cadena desde la producción al tráfico, la venta y el lavado de activos.

Parte de los ingresos de las guerrillas han tenido origen en la economía del tráfico de las drogas, en especial en los eslabones primeros del cultivo y el procesamiento de la hoja de coca: Según estudio

Policía Nacional, Dirección de antinarcóticos. Coca: deforestación, contaminación y pobreza y pobreza (2014). https://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/oferta/estu dios/OF5022014-coca-deforestacion-contaminacionpobreza.pdf 31 Revista Portafolio, Colombia si registra parte de su economía subterránea, 11 junio de 2015. Disponible en http://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombiacontabiliza-parte-economia-subterranea-58506 30

En sentencias de la Corte Constitucional y de los Tribunales de Medellín y Bogotá se dan muchos ejemplos de ese patrón de enriquecimiento ilícito que utiliza el terror, la violencia multiforme y el homicidio para controlar territorios y predios en zonas de interés para usufructuar plusvalía de obras de infraestructura, recursos naturales extractivos, incluidas maderas, minerales, hidrocarburos y plantaciones agroindustriales32. Así lo documenta en detalle el mencionado Informe del CNMH y lo destaca la directora de la investigación, Myriam Hernández:

ideológico políticas, mediante diversos tipos de alianzas y en algunos casos, a través de la conformación de verdaderas empresas criminales, han estimulado múltiples formas de violencia, implantando progresivamente el desplazamiento en los escenarios de interés del capital. En estos espacios se han localizado economías ilegales y más recientemente, se expanden proyectos agroindustriales, mineros, de infraestructura y explotación de hidrocarburos; a los que concurren dineros de diversos orígenes, al igual que inversión internacional que se ha abierto paso, gracias al impulso de modelos de desarrollo que han hecho caso omiso de los efectos de la guerra”.

“…atribuir el éxodo forzado exclusivamente a la confrontación entre los actores armados ilegales, ha encubierto el papel de otros agentes. Entre ellos, empresarios y políticos, que por motivaciones puramente rentistas y/o

La sentencia del Tribunal de Medellín de enero 30 de 2017, ilustra en muchos apartes ese patrón de macroproyectos extractivos con paramilitarismo:

Centro Nacional de Memoria Histórica, Myriam Hernández, Presentación del Informe “La Nación Desplazada” en el Centro García Márquez, Bogotá D.C. 6 de octubre de 2015. 32

“114. Así, al historial de desplazamiento y despojo que han sufrido las comunidades étnicas por parte de grupos armados ilegales para la implementación en sus territorios de proyectos a gran escala, como los cultivos de palma de aceite para la producción de biocombustibles, se suma en las últimas décadas otra historia de desplazamiento y despojo de territorios, esta vez asociada a la explotación minera, pues “actualmente firmas multinacionales especializadas en la explotación y comercialización minera pretenden desalojar a las comunidades de otra parte de sus tierras” pág.124”33.

Al respecto, en la investigación de Indepaz “El reto para construir paz: devolver la tierra a sus legítimos titulares. Balance a 5 años: Pocos avances en la restitución de derechos territoriales colectivos y grandes avances en el despojo y persecución a reclamantes”34, se evidencian actividades auríferas en los territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes en el Pacífico Norte y Sur. La Policía Nacional reporta que la minería ilegal financia grupos armados ilegales en algunas regiones como Norte de Santander, Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Meta, Guaviare, Guainía y Vaupés.

Ver: http://www.indepaz.org.co/5-anos-los-decretos-leyvictimas-etnicas-4-sentencias-restituyenderechosterritoriales-3-pueblos-indigenas-1-comunidadafrocolombiana/ 34

TSJPM condena contra Rodrigo Alberto Zapata Sierra y otros, Óp. Cit. 33

Igualmente, interés de monopolizar nuevos yacimientos mineros en Guainía, Vichada y Amazonas, especialmente de minerales estratégicos como el coltán. Finalmente, señala que en 151 municipios de 25 departamentos convergen actividades de minería ilegal y presencia de grupos armados ilegales35.

como es el caso de El Clan del Golfo, o con núcleos de sicarios. En algunas regiones el control del territorio para mega minería del oro se ha beneficiado de las acciones de narcoparamilitares para despejar terrenos, debilitar competidores o despojar a pequeños mineros artesanales. Son historias conocidas en Segovia, Marmato, Santurban, Norte del Cauca, Meta o Cesar.

La Policía, según reporte del diario El Tiempo, ha identificado en todo el país 6.330 puntos donde se saca oro de aluvión. Sus reportes de inteligencia señalan que hay 95.000 hectáreas “con total afectación” por efectos de la extracción sin control. Chocó (40.780 hectáreas), Antioquia (35.581 hectáreas), Bolívar (8.629 hectáreas) y Córdoba (5.291 hectáreas) tienen los mayores niveles de daño. Pero hay al menos otras100.000 hectáreas impactadas en esos departamentos y en otros como Nariño, Cauca, Valle, Caquetá y Guainía36.

La Defensoría del Pueblo ha alertado también sobre esta situación en el Cesar y en otras regiones en las cuales el patrón es similar: En todo caso, más allá de esta diversidad, exhibe los siguientes elementos comunes: Algunos son sectores asociados con la apropiación de tierras que exhiben un poder económico y algunas veces político. - Una parte de los sectores latifundistas se beneficiaron de la violencia paramilitar y se enriquecieron grandemente. -Las víctimas señalan a terratenientes y ganaderos de haber tenido vínculos con las autodefensas y estar involucrados en casos de despojo de tierras. El porte de armas amparadas por salvoconductos de las Fuerzas Militares y la utilización de estas armas por hombres de confianza y de protección de los grandes propietarios de tierras. - Las personas que promueven la apropiación y despojo ilegal de tierras han señalado como guerrilleros o milicianos a algunos pobladores locales, sobre todo, a aquellos que adelantan actividades de defensa de los derechos humanos y restitución de tierras. - Adelantan estrategias de coerción e intimidación, basada en la administración del miedo, que constriñe a los pobladores locales (IR-040 -2016 del 28 de noviembre de 2016).

Desde hace por lo menos tres años se viene dando una recomposición de esa minería ilegal y de la relación de grupos armados con zonas de minería legal. Según informes de alerta temprana de la Defensoría del Pueblo37 el Clan del Golfo ha ganado control de muchos de esos puntos que han estado en disputa con las FARC, el ELN y grupos mafiosos o de narco - mineros; así ha ocurrido al menos en Choco, Antioquia, Bajo Cauca, Risaralda, Valle del Cauca y Magdalena Medio. Los estragos ambientales y humanitarios en los ríos de 21 departamentos impactan territorios étnicos en el Andén Pacifico, Amazonía, Cauca y eje cafetero. Miles de dragas, “dragones” y toneladas de mercurio son utilizadas por empresas criminales “invisibles” que se imponen con el apoyo de grandes organizaciones armadas, Separata de la Policía Nacional, publicada con el diario El Tiempo, el 31 de julio de 2011. Citado por Procuraduría Nacional, 36 JHON TORRES MARTÍNEZ, Nuevos desiertos avanzan detrás de la fiebre del oro. El Tiempo,17 de diciembre de 2015 http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/mineriailegal-en-colombia-nuevos-desiertos-avanzan-detras-de-lafiebre-del-oro/16460299 37 Defensoría del Pueblo, 2016. Notas de seguimiento 01-16 a o15-16. 35

Las estructuras armadas paramilitares o narcoparamilitares En el XII Informe de Indepaz correspondiente a eventos a lo largo de 2016 se anota que sigue la tendencia a la disminución de la cobertura de presencia de los grupos narcoparamilitares, 30

evidente en las cifras de los últimos 4 años: en ese período los registros disminuyeron en 15% en cuanto a municipios con hechos delictivos; en 2012 tuvieron algún evento en 409 y en 2016 en 344 municipios de los 1102 que tiene Colombia.

redes con bandas locales, oficinas de cobro y con dispositivos de lavado de activos. Retroceso de los Rastrojos. En los últimos años ha sido el grupo narcoparamilitar más debilitado tanto por la acción de la Fuerza Pública como por la confrontación y absorción por parte del Clan del Golfo. En 2013 registraron eventos en 23 departamentos; cayeron en 2014 a 149 municipios de 21 departamentos; y en el último año, 2016 su presencia tuvo algún evento en 59 municipios de 18 departamentos, reduciéndose sobre todo a Norte de Santander, Tumaco y norte de la Costa Caribe.

En 2016 se registran menos municipios con eventos narcoparamilitares pero un mayor número de acciones violentas y mayor actividad de algunos de esos grupos como el Clan del Golfo, Los Puntilleros, Las Águilas Negras y más de 26 bandas locales o subregionales como La Constru, Nuevo Orden, La Pachenga, Los Paisas, Cordillera, La Oficina, Nuevo Renacer. Los hechos sobresalientes de los últimos años han sido:

Reaparición de Las Águilas Negras. En 2013 tuvieron eventos en 39municipios de 15 departamentos. En 2014 en 27 y 14 respectivamente para elevarse en 2016 a presencia en 41 municipios de 19 departamentos. La proliferación de panfletos de las Águilas Negras se ha registrado en paralelo con los avances de las conversaciones de La Habana y se dirigen a señalar a líderes y organizaciones sociales que consideran aliados de las FARC. Se reciclan siglas y nombres declarados objetivos militares. Es notable el incremento de esos eventos que han sido atribuidos a pequeños núcleos de extrema derecha, poderes locales con antecedentes paramilitares, parapolíticos y agentes del Estado que presuntamente siguen su inercia de guerra sucia como resistencia al avance de los acuerdos de paz.

Expansión del Clan del Golfo – AGC que en 2016 llega a tener presencia en 296 municipios de 27 departamentos. En 2013, cuando dieron el paso de presentarse públicamente como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, registraron hechos en 264 municipios de 23 departamentos. En el 2015 ese Clan registró eventos en 304 municipios de 21 departamentos. El seguimiento indica que el Clan del Golfo ha fortalecido su presencia en sus zonas de origen del noroccidente de Colombia y Bajo Cauca, Andén Pacifico desde El Darién a Tumaco; rápidamente ha incursionado también en Norte de Santander y Orinoquía. Es notable el avance en centros urbanos y cabeceras municipales importantes en las zonas mencionadas. Allí han avanzado en las disputas con otros grupos y en copar espacios dejados por las FARC. La Defensoría del Pueblo ha hecho seguimiento a muchos de esos casos destacando situaciones en Tumaco, Buenaventura, Quibdó, Cúcuta, Barrancabermeja, Mitú38. En otros centros urbanos se registran avances en alianzas y

Reorganización de los grupos remanentes en la Orinoquía bajo la órbita del Clan del Golfo. Son evidentes los reagrupamientos en Meta, Guaviare, Vichada y Casanare. Ampliación de la base de alianzas o subordinación de grupos subregionales, locales y de bandas urbanas en las áreas de influencia. En 2016 se destacan 26 estructuras medias que trabajan en llave con el Clan del Golfo o los Rastrojos aunque tienen sus

Defensoría del Pueblo, Notas de 2016. Notas de seguimiento 01-16 a o15-16 38

propios negocios. Por debajo de esa maraña se encuentran centenares de bandas que prestan servicios al mejor postor incluidos los sicarios39.

gasolina y crudo, trata de personas, corrupción en contratos con entidades públicas, captura de gobiernos y rentas locales o departamentales.

Las Águilas Negras y grupos medianos mantienen un discurso contrainsurgente virulento. Por su lado el Clan del Golfo sigue definiéndose por el combate a grupos armados subversivos, mientras que, en sus pronunciamientos oficiales, en su portal de Internet se reclama partidario del proceso de paz con las FARC y rechaza los atentados y asesinatos de líderes sociales y simpatizantes de la guerrilla en proceso de dejación de armas.

RECOMPOSICIÓN

TERRITORIAL,

ASESINATOS

AMENAZAS A LÍDERES SOCIALES

En sus operaciones de control territorial y disputas por negocios, los grupos armados narcoparamilitares chocan con comunidades y organizaciones en los territorios y en esa medida ejercen su violencia en contra de los líderes. Buscan la complicidad de las autoridades y establecen vínculos corruptos y alianzas con grupos políticos o con empresas que se benefician de su presencia armada de manera directa o indirecta.

En cuanto a presencia en las regiones y departamentos, el índice de presencia (municipios con grupos narcoparas/total de municipios) indica que en la última fase los grupos narcoparamilitares han afirmado su presencia en 17 departamentos, con alta incidencia o presencia notoria en Córdoba (90%), Chocó (87%), Cesar (88%), Sucre (88%), Antioquia (75%), Meta (72%), Bolívar (65%), Valle (67%), Cauca (57%), Magdalena (53%), La Guajira (53%), Risaralda (50%), Putumayo (46%), Guaviare (100%), Vichada (75%). En la Costa nariñense se registra alta presencia en todos los municipios y en Norte de Santander los narcoparamilitares actúan especialmente en Cúcuta y municipios del Catatumbo.

En 2015, 2016 y los inicios de 2017, se ha registrado la recomposición territorial de la presencia narcoparamilitar y del rearme paramilitar por los cambios de las relaciones político militares asociadas a la tregua unilateral de las FARC y el desescalamiento de la confrontación de esa insurgencia y la fuerza pública. Toda la recomposición se acelera con el avance de los pactos en La Habana y en especial desde el inicio de la transición con la firma de los acuerdos de paz y el comienzo del cese de hostilidades definitivo y la concentración de guerrilleros para la dejación de armas Los mapas de asesinatos, amenazas y otras formas de agresión en contra de líderes sociales muestran que la acción de grupos criminales en disputa de territorios es una variable importante en la explicación del fenómeno pero no es ni la única ni la que le da sentido a la ola de violencia. En esa disputa de territorios, negocios, poderes y control de poblaciones están involucrados todas las fuerzas y actores –legales e ilegales- que han concurrido en el conflicto armado; la recomposición tiene desarrollos violentos en aquellas regiones o subregiones en las cuales ha sido históricamente más crítico el conflicto armado y los conflictos violentos por recursos y poderes.

En general puede decirse que el narcoparamilitarismo basado en estas estructuras armadas sigue orientándose en mayor medida a los negocios del narcotráfico, minería ilegal, lavado de activos, extorsión o cobro armado de cuotas de seguridad, contrabando, robo de En Informes oficiales se ha indicado que existen 3 grandes estructuras con alcance nacional, 39 de tamaño medio y 400 bandas pequeñas dispersas que se les asocian ocasionalmente. Entre las mayores incluyen a los “pelusos” que es la denominación que dan al EPL. Ver declaraciones del Ministro de Defensa en Caracol, abril 12 de 2016 http://caracol.com.co/radio/2016/04/12/judicial/1460489572_6 23438.html 39

La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre el papel de terratenientes y políticos en la activación de la violencia:

los ejércitos privados que fueron puestos al servicio de la contrainsurgencia desde los años ochenta y en especial en los noventa y principios del siglo XXI.

(…) merece especial atención la intervención de particulares vinculados con grupos de interés que se oponen a la restitución de tierras y que estigmatizan a los movimientos sociales y políticos de izquierda como auxiliadoras de la guerrilla. Esta tendencia de amenazas, hostigamientos, agresiones y ataques en contra de los dignatarios de movimientos sociales y políticos como Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, así como de sus correspondientes organizaciones sociales de base presentes en la región, en el futuro podría escenificarse en vulneraciones de sus derechos fundamentales e infracciones del DIH (IR-040 2016 del 28 de noviembre de2016).

Después de las desmovilizaciones de los grandes bloques paramilitares (o narcoparamilitares), el gobierno y la Policía Nacional (2006) decidieron que ese fenómeno había quedado en el pasado y denominó Bacrim (bandas criminales) a los grupos remanentes o post desmovilización. Con la Directiva Permanente No. 14 de 2011 se reafirmó ese calificativo para orientar a las Fuerzas Armadas y a la Policía a combatirlas como delincuencia común y no como “organizaciones armadas irregulares”. El Presidente Juan Manuel Santos repitió, refiriéndose a las Bacrim, que “No son grupos armados ilegales. Son parte de unas bandas de crimen organizado”40 y de esta manera se estableció que no eran actores en el conflicto armado ni se podían considerar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) en su combate. El referente sería de derechos humanos aplicable a la delincuencia común y por tanto no se les consideró objetivo legítimo de acciones de guerra de las Fuerzas Armadas. Con esas tesis, en la Directiva Permanente No.14 se dieron orientaciones a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a sus servicios de inteligencia para “desmantelar totalmente” a las Bacrim en el plazo de tres años41.

La polarización política que se ha agigantado por la oposición radical de sectores de ultraderecha a los acuerdos con las FARC o las conversaciones con el ELN muestra las dificultades de la transición de la guerra y conflicto armado interno a la vigencia de los pactos de paz. No obstante el cese al fuego y de hostilidades de carácter definitivo y el inicio del cronograma hacia la dejación de armas supervisado por la Misión de Monitoreo y Verificación de las Naciones Unidas, la oposición más radical se moviliza y llama a desmontar las piezas centrales de los acuerdos y convoca a la insubordinación contra el gobierno de Santos calificado de dictatorial. El llamado formal de la oposición de derecha ha sido a la resistencia civil sin armas pero sus voceros más extremos no han dejado de estimular los discursos del odio y en algunas regiones llaman a retomar las prácticas aprendidas en los momentos más críticos de guerra civil y contrainsurgencia paramilitar.

La Defensoría del Pueblo ha llamado la atención sobre el papel de terratenientes y políticos en la activación de la violencia

RESPUESTAS DESDE EL ESTADO La Silla Vacía (2012). Disponible en http://lasillavacia.com/historia/el-proyecto-de-lozano-contralas-bacrim-pone- santos-contradecirse-35803 41 La Directiva No. 14/2011 está disponible en https://es.scribd.com/document/104807900/Medidas-BacrimDirectiva-14- 2011 40

En los Acuerdos de La Habana se denominan organizaciones sucesoras del paramilitarismo a estructuras armadas que tienen similar origen a 34

En todos estos años, de 2006 a 2015, la Policía Nacional encabezó la lucha contra las llamadas Bacrim y el Ministro de Defensa informó periódicamente sobre “neutralización” de mandos y efectivos de esos grupos sin que por ello se lograran las metas de desmantelamiento total fijadas para el 2014. La reproducción de esas estructuras armadas siguió su curso no obstante las cifras oficiales que en 2016 destacaban “que en total han sido más de 30.000 hombres neutralizados y cerca de120 organizaciones desarticuladas en los últimos nueve años”42.

armado convocado por las AGC en marzo de 2016 con impacto directo en 36 municipios de 7 departamentos y expresiones de apoyo en Medellín, Buenaventura, Tumaco, Quibdó y en ciudades de la Costa Caribe. En abril de 2016, el Ministerio de Defensa adoptó la Directiva Permanente No.1543 que pretende incorporar a las Fuerzas Armadas en el combate a las Bacrim y para ello establece la diferenciación entre modalidades de esas bandas por sus alcances en lo militar. La Directiva 15 de 2016, por una lado ubica los grupos GAO (Grupos Armados Organizados), como “los que bajo una dirección de un mando responsable ejerzan sobre un territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas”. Y por el otro lado define los GDO (Grupos Delincuenciales Organizados), que son pequeños grupos con alcances delictivos internacionales pero que no ejercen control territorial sostenido44.

La inminencia del Acuerdo Final de terminación del conflicto y construcción de paz y la evidente expansión del Clan del Golfo, fue acicate para el reconocimiento de la ineficacia de las políticas y medidas en contra de las Bacrim. La Defensoría del Pueblo alertó sobre los riesgos que significan esos grupos herederos de los paramilitares y sus aliados en política y en negocios: “…inmediatamente antes y después de su firma oficial, las amenazas, agresiones y homicidios podrían agravarse y profundizarse, afectando a los líderes sociales y comunitarios que realizan actividades asociadas a la defensa de sus territorios, de oposición al extractivismo e incluso, de los que hacen pedagogía para la paz y le apuestan a la construcción de la paz territorial en el marco del Posacuerdo con las FARC EP” (IR 040-2016 del 28 de noviembre de 2016)”.

Esta definición es tomada del DIH y le sirve de sustento al gobierno para el uso contra los GAO de todos los métodos militares de combate validados en condiciones de conflicto interno armado. La lucha en contra de los GDO se le encarga a la policía, con el apoyo sólo ocasional de las Fuerzas Armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea). La línea divisoria entre GAO y GDO es con frecuencia difícil de trazar y más aún cuando la modalidad más frecuente de operación de los GAO combina unidades armadas uniformadas,

Nueva Guerra El asesinato de líderes sociales y las amenazas contra estos líderes y organizaciones se incrementaron desde 2014 y la presión nacional e internacional obligó al gobierno a redefinir sus estrategias reconociendo tácitamente la falta de contundencia del enfoque impuesto una década atrás. Además, la dimensión del fenómeno narcoparamilitar se puso en evidencia con el paro

Ministerio de Defensa Nacional, (22 de abril de 2016), “Directiva Permanente No. 15 de 2016” consultada en https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Do cumentos/descarg as/Prensa/Documentos/dir_15_2016.pdf 44 Mindefensa (2016) óp. cit :“Grupo Delictivo Organizado: Se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convención de Palermo 7 , con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material. Los delitos cometidos por estos grupos no necesariamente tendrán que ser de carácter transnacional sino que abarcarán también aquellos delitos que se encuentren tipificados en el Código Penal colombiano” 43

Olga Patricia Rendón m. Apoyo militar no será suficiente contra las Bacrim. Diario el colombiano, Medellín, 12 de mayo de 2016, disponible en http://www.elcolombiano.com/colombia/apoyo-militar-no-serasuficiente-contra-las-bacrim- HI4129889 42

que tienen estructura de mando permanente y dotación de armas largas de uso exclusivo de las fuerzas del Estado, y una constelación de grupos menores e incluso bandas locales que pone a su servicio según tareas.

pero contrastan con las informaciones en el Catatumbo sobre su crecimiento en efectivos y radio de acción.

PLAN VICTORIA Y ERRADICACIÓN FORZADA

El viraje en la estrategia contra los GAO es considerado por algunos analistas como el inicio de una nueva guerra. Así lo interpreta Jorge Restrepo director del CERAC para quien "Es una nueva guerra porque se va a utilizar la fuerza militar (...) que es letal y busca la reducción del enemigo, a diferencia de la policía, que cumple órdenes judiciales de captura"(…) "Más allá de los bombardeos, la militarización implica que las operaciones no requieren judicialización porque se vuelven un objetivo militar"45.

Desde el primero de enero de 2017 se puso en marcha el “Plan Victoria, por la consolidación y estabilización de las regiones” (Plan Victoria). El objetivo inicial ha sido asumir el control de los territorios en donde se ubicaban o tenían su mayor influencia las FARC y que quedan en situación de riesgo y disputa con diversos poderes legales e ilegales. Se estima que más de 65.000 efectivos de las Fuerzas Armadas se están dedicando a esa gran operación ahora que ha terminado la guerra con las FARC. En la estrategia de acción integral de la consolidación territorial, la ofensiva de la Fuerza Pública se propondría neutralizar actores violentos, GAO o criminalidad organizada en esos territorios, proteger a la población y respaldar los programas institucionales. La prioridad ha sido dada a los municipios de antigua influencia de las FARC o de alto riesgo por presencia de narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas o contrabando.

Está por hacerse el balance detallado de la “nueva guerra” ahora que se cumple el primer año de las orientaciones de coordinación, inteligencia y medios de combate. En el haber, el gobierno ha señalado la desarticulación de Los Rastrojos46, golpes a bandas locales como las de Buenaventura y a Los Pelusos en el Catatumbo. Sin embargo, como se ha dicho antes, sigue pesando el fortalecimiento del Clan del Golfo, la recomposición de los narcoparamilitares en la Orinoquía y el rearme de las fuerzas antirestitución de tierras, principalmente en regiones como Montes de María y los departamentos del Cesar, Córdoba y el Magdalena. Los anuncios sobre detención de jefes del EPL, considerado un GAO por las Fuerzas Armadas, o la baja de Víctor Ramón Navarro, alias Megatéo y mandos medios, apuntan a mostrar el debilitamiento de ese grupo,

El Plan Victoria ha incorporado como uno de sus ejes la participación de la Policía y de las Fuerzas Armadas en una ofensiva a gran escala para copar territorios campesinos con operaciones militares de erradicación forzada de cultivos de coca. En los primeros meses de 2017 el gobierno ha privilegiado la política de militarización contra los campesinos cultivadores en contravía de los acuerdos de La Habana sobre cultivos de uso ilícito y drogas que han quedado en segundo plano y limitados a pactos de sustitución voluntaria. El plan anunciado se propone erradicar en un año 100.000 hectáreas de las 200.000 hectáreas que Estados Unidos registra en 2016. Esa erradicación se divide en 50.000 has con acciones forzadas de fumigación y destrucción terrestres y otras 50.000 has de coca erradicadas en los llamados pactos voluntarios. Las otras

Dice Jorge Restrepo director del CERAC, citado en http://www.semana.com/nacion/articulo/autorizanbombardeos- aereos-contra-bandas-criminales/472499 46 Revista Semana, 30 de septiembre de 2016. Cita al Presidente Juan Manuel Santos: "En una operación que se denominó ‘Troya‘, en varias ciudades del país, y en zonas rurales del Caribe, se capturaron el cabecilla y 33 integrantes de esa banda", manifestó Santos durante el evento Bosques de paz, en el sur de Bogotá. El mandatario agregó que, con estas detenciones, "prácticamente queda desmantelada la banda ‘Los Rastrojos‘, que era un objetivo de alto valor de nuestra Fuerza Pública hace mucho tiempo". Disponible en http://www.semana.com/nacion/articulo/fuerzas-armadascapturan-34-miembros-de- bacrim-los-rastrojos/496047 45

100.000 has de coca, más la resiembra que ocurrirá en 2017, lo mismo que las no contabilizadas de amapola y marihuana, quedan para la siguiente ofensiva.

criterio de garantía de derechos humanos y de salud pública. Por ello en los planes antidroga y en los Acuerdos de La Habana la acción represiva se reclama en contra de las grandes organizaciones del narcotráfico y del lavado de activos.

Con los planes de erradicación con enfoque de militarización quedan sin respuesta cerca de 400.000 familias que se declaran objetivo de esas estrategias. Entre ellas 50.000 son potenciales participes de pactos con proyectos productivos pero sumergidos en la zozobra de la erradicación forzada. Se vuelve a una política centrada en el eslabón más débil, que hasta en los documentos gubernamentales y de las misiones de expertos se ha reconocido fallida, costosa e ineficaz

En los informes oficiales se han señalado como logros de lo que se anunció como otra estrategia, el incremento de incautaciones de cocaína que llegó a 350 TM en 201648, la destrucción de laboratorios, el decomiso de millones de dólares del narcotráfico y la captura de más de 3.000 personas implicadas en el tráfico en ese año. En el informe del Observatorio de Drogas de Colombia – ODC – se incluyen cifras de logro en 2015, indicando que “se desmantelaron más de 3.500 infraestructuras para la extracción de base de coca y 230 de refinamiento de clorhidrato de cocaína”. “En término de sustancias químicas e insumos, se ha incautado alrededor de 785 toneladas de insumos sólidos y 351.663 galones de insumos líquidos”49. Desafortunadamente en esos informes no se hace la valoración de impacto real en la disminución de las rentas de ese negocio ni en la relación con precios de venta en los mercados internacionales y menos con las variaciones de consumo y en los indicadores de salud.

En otro texto nos referimos a las contradicciones e ineficacia de la ofensiva militar de erradicación, pero aquí es pertinente advertir que estamos ante una típica política de acción con daño: el Plan Victoria es una acción de guerra, de ocupación militar de territorios en la cual la Fuerza Pública llega con las armas pero sin los recursos ni el enfoque necesario para responder a las necesidades de la población; el Estado de nuevo presenta su rostro de presencia policial y militar pero no dispone los recursos ni la estrategia para planes integrales de desarrollo territorial que se acompañen de oportunidades de bienestar para la gente. Los llamados recursos de acciones rápidas son escasos y de lenta implementación y los planes de sustitución con proyectos productivos no tienen la institucionalidad necesaria para una emergencia como la que se vive en los territorios.

LAVADO DE ACTIVOS

La política antidrogas ha sido establecida por el gobierno en los últimos años con otros componentes suponiendo, como dijo en Viena el delegado de Colombia47, que la guerra a los cultivos, incluida la aspersión aérea, enfocada en contra de los cultivos ilegales, ha sido ineficaz y que las estrategias deben reenfocarse con un

Ahora que se anuncia un nuevo giro a la guerra al cultivador, con la ofensiva de erradicación forzada y la incertidumbre de los pactos de sustitución, poco se dice sobre los altos niveles de ineficiencia del Estado en contra del lavado de activos y las piezas clave de ese negocio, cultivado en el prohibicionismo.

Ver Palabras del Dr. Yesid Reyes, Ministro de Justicia y del Derecho del Gobierno de Colombia, con ocasión del segmento de alto de nivel del 59 periodo ordinario de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, Viena, Austria, marzo de 2016. Disponible en https://www.unodc.org/documents/commissions/CND/CND_S essions/CND_59/Statements/08_Colombia.pdf 47

http://es.presidencia.gov.co/noticia/161228-Balance-2016Colombia-es-hoy-un-pais-mas-tranquilo-y- seguro-gracias-altrabajo-de-la-Fuerza-Publica 49 ver http://www.odc.gov.co/Portals/1/publicaciones/pdf/odclibro blanco/ODC0100322016_reporte_drogas_colombia_2016.pdf 48

Durante los últimos años han sido muchos los anuncios sobre nuevos instrumentos en el control de enriquecimiento ilícito y en particular del asociado al narcotráfico; como resultado se señala el aumento en acciones judiciales: “Según la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desde el año 2011 a la fecha, la justicia colombiana ha logrado impartir sentencias y medidas cautelares en casos que involucran activos de origen ilícito, por 7,7 billones de pesos”50.

Fuerzas Armadas, son lentas y no llegan a los mandos implicados y las medidas de depuración y control no dan los resultados que periódicamente se anuncian desde la cúpula del gobierno y de la fuerza pública. Lo que no opera frente a la corrupción en las altas esferas en donde llegan, el enriquecimiento ilícito tampoco opera frente a los abusos en derechos humanos52. Las estrategias aquí reseñadas: guerra contra de los GAO, Plan Victoria de consolidación y ofensiva antidrogas, son componentes de las políticas de seguridad en estos tiempos de transición y hay que analizarlos en su conjunto. Pero sirven de referencia para formular y responder estas preguntas sobre el enfoque general:

Asumiendo que esas medidas lleven a la recuperación de los 7,7 billones contabilizados en sentencias y medidas cautelares, eso significa que la justicia logra llegar a una porción del lavado de activos cercana al 6% del total para los cinco años anteriores a 2016. El lavado de activos del narcotráfico está calculado en 18 billones al año51 lo que indica cerca de 90 billones en esos cinco años y a ello hay que agregar el lavado de activos de la corrupción que según la Procuraduría ha llegado a 20 billones año en 2016.

¿La estrategia del Gobierno está pensada para la última fase de la guerra más que para la primera del posacuerdo? ¿El enfoque centrado en los GAO y GDO no descuida el enfrentamiento necesario al complejo paramilitar?

En esa relación entre narcotráfico y corrupción está la clave de los negocios ilícitos en Colombia y la realidad de la convivencia del Estado con la circulación de cerca de 40 billones de pesos al año que alimentan el enriquecimiento ilícito y a los determinadores centrales de la criminalidad.

¿En lugar de una estrategia dentro de las teorías de Consolidación Territorial no sería mejor una de Construcción de Paz e implementación de los pactos con apertura democrática y medidas transformadoras?

En estos días de debates sobre la corrupción de Odebrecht, Reficar, Interbolsa, Caprecom, Saludcoop, Electricaribe, Agroingreso Seguro, etc., etc., han quedado también al descubierto los circuitos nacionales e internacionales del lavado de activos y la concertación delictiva permanente de esa actividad con funcionarios del Estado, empresarios y políticos del más alto nivel. Toda la trama se completa en paraísos fiscales, operaciones de bolsa, empresas de papel en Norteamérica, Europa o Asía y en completa impunidad.

¿Un gran plan Marshall para un nuevo periodo histórico? (Continuará….)

camilogonzalezposso@gmail.com Bogotá D.C. 4 de marzo de 2017

Como señala el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su último informe de 2016: “Otros graves problemas de derechos humanos continuaron, incluidos los homicidios extrajudiciales e ilegales, la colaboración militar no autorizada con miembros de grupos armados ilegales; las desapariciones forzadas, las cárceles superpobladas e inseguras y el hostigamiento y los ataques contra grupos y activistas de derechos humanos, incluyendo amenazas de muerte y asesinatos”. Disponible en https://goo.gl/08FWuB 52

Las investigaciones sobre redes de corrupción en las altas esferas del Estado, en la Policía y las RCN Radio, Abril 4, 2016 https://goo.gl/bP3aXd Minjusticia, Bogotá 29 de octubre de 2016. ver https://goo.gl/FWj4eb 50 51

PARAMILITARISMO DE QUINTA GENERACIÓN Carlos Medina Gallego. Docente – Investigador Universidad Nacional de Colombia Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz –CPSPP-

Elementos para su caracterización y su desarticulación En los últimos años, el fenómeno del paramilitarismo ha ocupado un lugar especial en los estudios y análisis sobre el conflicto social y armado en Colombia. Es un tema de la mayor relevancia para la definición de la política pública en seguridad y para el tratamiento adecuado del fenómeno, en el ámbito de los comportamientos institucionales y sociales afectados por este y sus particulares y complejos relacionamientos con la vida nacional. Pero igualmente, se ha convertido en un tema central en los procesos de solución política del conflicto armado, en la medida que su desarticulación es la única garantía de viajar seguros hacia una paz estable y duradera.

Los estudios y las apreciaciones que se hacen al respecto se mueven en tres enfoques esenciales: el primero considera que no existe nada, entre bandas criminales y neoparamilitarismo, que los diferencie sustancialmente del viejo paramilitarismo, sino que son la misma cosa; el segundo señala que lo que existe allí es la reconstitución del fenómeno a partir de la articulación de grupos que no se desmovilizaron y se fortalecieron con el regreso de desmovilizados y que, al agotarse los programas de Gobierno y no encontrar resuelta su situación, dieron un giro hacia el desarrollo de actividades del narcotráfico, y dejaron a un lado los fundamentos contrainsurgentes, aunque no los abandonaron del todo; el tercer enfoque señala que lo que existe allí es una organización criminal bien estructurada, dedicada a la administración del territorio y al desarrollo de las economías ilegales, en el marco de una concepción de capitalismo criminal, que permea, controla y somete extensos territorios y poblaciones y usa los activos heredados del paramilitarismo en materia de miedo y terror. Para el propósito que se fija este texto, es necesario desarrollar los términos, definiciones, caracterizaciones, significados e interpretaciones de la realidad actual de estos grupos en diferentes regiones del país y mirar las características que asumen en sus relacionamientos con otros actores.

El tema de las bandas criminales (BACRIM) y el neoparamilitarismo, surgió en el contexto de la defensa que el Gobierno de la Seguridad Democrática hizo de los procesos de desmovilización de los grupos paramilitares, como una forma de proteger su efectividad y el éxito total del proceso. Sin embargo, para un grupo significativo de estudiosos, para las formas organizadas de la población civil y para los organismos de derechos humanos, el fenómeno de las bandas criminales y el neoparamilitarismo es la continuidad del fenómeno paramilitar con una nueva denominación. Teóricos, especialistas, académicos, organismos nacionales e internacionales y hasta el propio Estado han intensificado sus esfuerzos para constituir algún concepto que pueda distinguir este fenómeno, en el ámbito de lo que representa para las dinámicas del conflicto social y armado en el país.

Las concepciones que se tienen acerca de las bandas criminales y el neoparamilitarismo convocan a la elaboración de unos referentes teóricos básicos, que permitan delimitar 39

conceptualmente el fenómeno y caracterizarlo de acuerdo con su percepción y su existencia real. Digamos que, sin pretender salvar esta situación construyendo una nueva tipología ni una teoría compleja, sería pertinente señalar qué es lo que se percibe en el terreno sobre el actuar de estos grupos.

Sexto. Su base social está constituida por grupos familiares y relaciones de parentesco y amistad con fuertes tradiciones de lealtad. En algunas regiones no son extraños; son nacidos y crecidos en los procesos locales. Los casos de reclutamiento forzado son pocos: hay una incorporación voluntaria y buscada como alternativa de vida ante la ausencia de opciones.

A partir de 2007, comienza a generase un modelo de paramilitarismo de quinta generación cuyas características más esenciales están dadas por los siguientes elementos:

Séptimo. Los grupos ejercen de manera directa o indirecta control sobre lo público y, en no pocas experiencias, controlan la institucionalidad local y definen su funcionamiento. Tienen un régimen fiscal paralelo, que funciona de manera sistemática y sin registro de ninguna clase, y es considerado una contribución para las labores de seguridad en la zona que mantienen bajo control.

Primero. Existen grupos ilegales que actúan de manera activa en distintas regiones del país y que han influido de manera sistemática y continua en la esfera de lo económico y lo social y han adquirido el reconocimiento tácito de la población, que se comporta de manera cautelosa y obediente ante estas estructuras de naturaleza criminal.

Octavo. El ejercicio de la violencia privada se administra a través del miedo y la intimidación; se amenaza y se tienen bajo control a líderes campesinos, indígenas, sociales, comunitarios y políticos. La vigilancia sobre el territorio está dirigida a acabar la presencia de otras bandas y los asesinatos que se producen corresponden a lógicas de disputa territorial.

Segundo. Estos grupos, a distinto nivel, se han apoderado del territorio y desarrollan en él actividades que se mueven entre lo ilegal y lo legal, con testaferratos cualificados que les permiten acceder a actividades económicas convencionales, legitimando capitales y construyendo vigorosas economías que se nutren de la ilegalidad con coberturas de legalidad a prueba de duda.

Noveno. Estas bandas tienen conciencia clara del carácter productivo de la violencia, el miedo y el terror; administran esos recursos de intimidación como factores de producción y son parte sustancial de su negocio. Por ello, generan, cuando lo consideran conveniente, procesos de desplazamiento; proceden al despojo “legal” de las propiedades en las que están interesados y de los recursos de acumulación existentes.

Tercero. Para estos grupos, la actividad principal sigue siendo el narcotráfico, pero no es la única; construyen una economía ilegal en torno a la renta extorsiva, micro mercados de narcóticos, juegos de azar, compraventas, tráfico de armas y personas, prostitución, contrabando de gasolina, minería ilegal, entre otro centenar de actividades.

Décimo. Ejercen sobre el territorio una vigilancia permanente, soportada en un complejo sistema de inteligencia que compite en eficiencia con el institucional. No dejan de operar mediante la amenaza contra las formas de oposición controlables y el asesinato de personas y grupos considerados una amenaza para su supervivencia. Sin embargo, de la vieja época de las masacres y las oleadas de asesinatos selectivos, se pasó a una actitud de control del territorio a través del miedo, la persuasión y las alianzas estratégicas de no agresión y

Cuarto. Igualmente, invierten en el desarrollo de economías convencionales, principalmente en la ganadería, agricultura, agroindustria, minería, transporte y comercio. Quinto. Estos grupos han alcanzado un alto grado de incidencia social y, en algunas zonas, constituyen autoridad y son una fuente de empleo para una población que ha sido excluida de los circuitos económicos convencionales y se encuentra en condiciones de extrema precariedad. 40

cooperación, buscando, en lo esencial, no llamar la atención.

El fenómeno de las BACRIM y del neoparamilitarismo se desarrolla en los ámbitos rurales y urbanos y no solo en los territorios marginales; igualmente, en centros de desarrollo económico, social y político de importancia relevante, en las grandes ciudades, en los principales departamentos del país y en las regiones de principal desarrollo económico. Constituye la mutación de un fenómeno que migró de la lucha anticomunista y antisubversiva, sin abandonarla, hacia la administración criminal del territorio y de las actividades que posibilitan su

Undécimo. Algunos grupos consideran pertinente mantener su naturaleza antisubversiva y se agrupan en torno a discursos políticos, alimentados por asesorías cualificadas. Incluso operan contra liderazgos sociales y políticos caracterizados de izquierda y señalados de terroristas. Son los que más se aproximan a la condición de neoparamilitares, pero igual se nutren de las cadenas productivas de las economías ilegales complejas. Duodécimo. Aunque existe una gran proliferación de pequeños grupos con distintas denominaciones en todo el territorio nacional, su actividad e importancia está delimitada por su capacidad de fuego, su influencia en la vida local y regional y la posibilidad de llegar e imponer acuerdos y hacerlos respetar por otros grupos similares. Existen grupos mayores y pequeños grupos que operan más como bandas delincuenciales que como grupos del crimen organizado. Muchos de esos pequeños grupos sucumben a la cooptación de grupos mayores o son aniquilados en las labores de limpieza que estos desarrollan.

No existe una diferencia sustancial entre neoparamilitares y bandas criminales distinta al énfasis que se hace en que los primeros están mucho más coordinados con el control territorial en torno al discurso antisubversivo, y los segundos buscan el desarrollo de una administración criminal del territorio, complementaria a la economía ilegal del narcotráfico y a la explotación de recursos mineros y agropecuarios.

Decimotercero. Las bandas criminales y el neoparamilitarismo no están confederados como las AUC. Operan territorialmente como grupos locales y ya no desarrollan las campañas expedicionarias de ocupación de territorios en disputa con las guerrillas; al contrario, en algunas regiones del país establecen con estas acuerdos de no agresión y de distribución de territorio. Los grupos más relevantes son Los Rastrojos, Los Urabeños y Águilas Negras, que parece ser más una razón social en torno a la cual se amenaza y asesina, que un grupo propiamente dicho.

Las BACRIM tienen relación con otros agentes que pertenecen a organizaciones institucionales, empresariales o delictivas. Se unen a ellos para mostrar su potencial persuasivo y violento en las zonas donde mantienen el control. Igualmente, cuentan con un sorprendente poder económico, construido en un proceso de acumulación criminal de capital, que los obliga a contar con agentes que cooperan en la administración de sus economías y les señalan cómo deben moverse y actuar en los circuitos económicos.

Decimocuarto. Las bandas, narcotraficantes y neoparamilitares, siguen considerando importante el control de la clase política local y regional; apoyan y financian con mayor cautela los procesos electorales y políticos y buscan tener injerencia en los aspectos administrativos.

En síntesis, como consecuencia de la política pública de seguridad y defensa, y como resultado del fracaso de los procesos adelantados por los gobiernos (Uribe y Santos) con las organizaciones criminales, la sociedad colombiana ha visto un resurgimiento del fenómeno paramilitar y su transmutación hacia el control ilegal y extorsivo del territorio. Este fenómeno se ha articulado con las economías del narcotráfico y la ilegalidad, que cumple de manera suplementaria actividades de seguridad privada y control social antisubversivo.

desparamilitarizar el Estado, liberándolo de los desviados enfoques de la seguridad y la defensa que involucraron a civiles y militares en los ámbitos de las prácticas ilegales y criminales contra la población civil en el desarrollo de la lucha contra la insurgencia. Esto implica un trabajo de asepsia general de la fuerza pública y el relevo de todos los mandos militares y de policía que estén involucrados con las prácticas paramilitares en los territorios, a la vez que el establecimiento de un orden de conducta circunscrito al mandato constitucional y al rol que en él debe jugar la fuerza pública.

Este paramilitarismo de quinta generación, es mucho más societal, su mimetización es más compleja y la manera de combatirlo no está en el campo de la acción militar, sino, en las tareas de inteligencia y contrainteligencia de la fuerza pública y en su capacidad para insertarse e ir conjuntamente con la fiscalía y todo el sector judicial desarticulando los nudo de poder que lo constituyen.

El trabajo de inteligencia y contrainteligencia al interior de la institucionalidad militar es esencial para su saneamiento, se trata de combatir las prácticas de ilegalidad y criminalidad de los grupos que operarán a su interior buscando en los logros alcanzados, independientemente de la legalidad de las rutas seguidas, los reconocimientos institucionales. Es necesario mantener vigilancia sobre las estructuras de mando que operan en territorios donde el fenómeno se ha consolidado, para evitar la cooptación y el involucramiento de estos con el paramilitarismo.

La lucha contra esta generación de paramilitares compromete una estrategia estatal organizada en torno al conocimiento profundo del fenómeno, su complejidad, los actores y sectores que involucra y la manera como operan sobre el territorio y las poblaciones. Para ello, es necesario construir una estructura institucional y social que opere coordinadamente y se desarrolle en los ámbitos de lo nacional y lo regional, constituida por instituciones como la fuerza pública, en particular sus unidades de inteligencia y contra inteligencia, La Fiscalía, el CTI, la Rama Judicial, la Contraloría, La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, Organizaciones de Derechos Humanos y bajo la orientación de los Ministerios de defensa y del Interior, entre otros organismos e instituciones que puedan formar una fuerza institucional lo suficientemente vigorosa como enfrentar y desarticular el fenómeno, que debe tomar en consideración los siguientes aspectos:

Segundo. El Estado a través de toda su institucionalidad debe ejercer una estricta vigilancia sobre los funcionarios públicos de elección popular y sobre sus prácticas de gobierno en los territorios en donde operan los grupos paramilitares. Debe preocuparse por garantizar que a los cargos de la administración pública lleguen funcionarios que estén libres de toda sospecha de su relación con los grupos paramilitares. Direccionar las acciones de los organizamos de control en los aspectos operativos y de contratación de la gestión pública y en la vigilancia de las ejecuciones presupuestales, muchas veces capturadas por el paramilitarismo. Debe intervenir con las instituciones, empresas y organizaciones con quienes se contrata y hacer las investigaciones que sean necesarias para brindar la ejecución presupuestal de prácticas criminales de corrupción dirigidas al fortalecimiento del paramilitarismo. Hay que

Primero. Definir con toda claridad una ruptura institucional y política del Estado con el fenómeno del paramilitarismo en la complejidad que el mismo tiene en los ámbitos de lo económico, lo social, lo político y lo militar. Es necesario 42

sustraer a las administraciones locales, departamentales y nacionales, de las influencias y presiones del paramilitarismo, salvaguardando la institucionalidad del Estado en su dimensión y complejidad. Esto demanda, crear en la mentalidad de quienes están articulados a la administración pública una disposición ética y moral y una actitud practica para no dejarse involucrar en actividades relacionadas con el poder paramilitar.

Quinto. Es necesario trabajar con las comunidades en donde el paramilitarismo se ha societalizado, ha vinculado a distinto niveles y en distintas tareas de orden legal e ilegal a sus miembros. Es urgente desparamilitarizar la mentalidad de las poblaciones y superar su aceptabilidad de ese fenómeno como natural. Una cultura de la legalidad debe buscar instalarse en estas comunidades, soportada por una oferta de oportunidades y una presencia estatal cargada de derechos. La iglesia, la familia, la escuela y en general el contexto social e institucional debe funcionar en el marco de un proyecto ético y político que no busca en la ilegalidad encontrar la solución a los problemas que, en materia social y de derechos, es responsabilidad de la sociedad en general y, el Estado. La desparamilitarizacion de la mentalidad ciudadana en los territorios es uno de los mayores retos que tiene el proceso de paz, en la lucha contra este fenómeno

Tercero. Los partidos políticos tienen que ejercer sobre sus dirigentes y sus militancias y, en particular, sobre quienes aspiran a desempeñarse en los cargos de elección popular la más estricta vigilancia, no pueden seguir siendo un dispensador de avales, que posibilita que la delincuencia del crimen organizado del paramilitarismo se tome el Estado. Es necesario recuperar, poner a salvo y brindar la seguridad ética y política del sistema de partidos y del sistema electoral. El paramilitarismo de quinta generación tiene entre sus propósitos la captura del Estado y su instrumentalización al servicio del capitalismo criminal. Las direcciones de los partidos y sus comités de ética tienen que diseñar una estrategia de seguridad para su propia colectividad en relación con quienes aspirar a nombre de la colectividad a representarla en el desarrollo de la gestión pública, siendo agentes del paramilitarismo.

Sexto. Es necesario suspender los mecanismos coercitivos a través de los cuales se crean las condiciones para el impulso de los grandes macroproyectos en el país y que están precedidos de hechos de violencia en los que participa la institucionalidad y el paramilitarismo; igualmente, es necesario desvincular a las empresas trasnacionales de las influencias y los apoyos que terminan prestando a las organizaciones ilegales para poder desarrollar en los territorios sus propios proyectos económicos.

Cuarto. Es necesario sanear la actividad económica de las presiones extorsivas del fenómeno paramilitar y conducir a los empresarios, comerciantes, ganaderos, agricultores y trabajadores de todo orden a mantenerse del lado de la legalidad, no establecer alianzas con grupos ilegales, no prestarse para el testaferrato y el lavado de activos, no permitir presiones extorsivas de ningún tipo. El Estado debe hacer un intenso trabajo con las organizaciones gremiales y de empresarios para sustraerlos de procesos de para-economía y narco-economía.

Séptimo. Realizar las investigaciones jurídicas necesarias para que los responsables del fenómeno paramilitar y sus beneficiarios sean castigados conforme a la naturaleza y a la dimensión de sus delitos, a través de la justicia ordinaria en razón que sus crímenes se cometen por fuera de la ley de Justicia y Paz y de los procesos de desmovilización paramilitar. Octavo. Establecer y sancionar las estrechas relaciones del paramilitarismo con el narcotráfico, el lavado de activos y las prácticas de corrupción, sometiendo a la justicia a sus responsables.

SILENCIADA LA CONFRONTACIÓN ARMADA ENTRE LA FUERZA PÚBLICA Y LAS FARC – EP, SE RECRUDECE LA VIOLENCIA CONTRA LÍDERES SOCIALES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN LOS TERRITORIOS Por Movimiento Político y Social Marcha Patriótica

Informe sobre las violaciones a los derechos humanos 29 de agosto de 2016 - 29 de enero de 2017 INTRODUCCIÓN

sociales, y a partir de un riguroso rastreo de comunicados públicos, notas de prensa e informes de observatorios, entre otros. En consecuencia, la metodología aplicada se traduce en la recolección, sistematización, y análisis de la información, que permite la identificación de los patrones de agresión, las variaciones mes a mes, los departamentos y las comunidades en los que se presentan mayores grados de afectación, y los presuntos responsables de estos hechos.

Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, nos dimos a la tarea de sistematizar los casos de violación a los Derechos Humanos en el periodo comprendido entre el 29 de agosto de 2016 y el 29 de enero de 2017, con el fin de evidenciar ante la opinión pública y la comunidad internacional, la compleja situación que se presenta en diversas regiones del país a partir de las acciones de grupos paramilitares.

Para el periodo de análisis, la Comisión documentó 317 violaciones a los derechos humanos por parte de grupos relacionados con el fenómeno del paramilitarismo y 102 infracciones al DIH y violaciones a los derechos humanos, siendo la fuerza pública y grupos paramilitares los principales responsables, para un total de 419 violaciones en contra de los miembros y comunidades y organizaciones sociales y populares, hechos denunciados ampliamente por las organizaciones.

Paradójicamente, mientras las víctimas combatientes en medio de la confrontación armada entre las Fuerzas del Estado y la guerrilla de las FARC-EP se redujeron en un 100 %, las víctimas civiles, producto de la violencia sociopolítica se incrementaron exponencialmente. A lo largo de los últimos cinco años, se ha podido evidenciar que dicho incremento tiene una relación directamente proporcional con los avances del Proceso de Paz.

El análisis estadístico de la información recolectada, reafirma la preocupación que a lo largo de los años de existencia de nuestro movimiento, hemos denunciado ante la opinión pública y las instituciones, sin respuestas efectivas que frenen la violencia sociopolítica sistemática,

Por ello, buscamos a partir del presente informe, hacer un análisis de cada uno de los patrones bajo los cuales se produjo la violencia sociopolítica en los últimos 5 meses, frente a las agresiones denunciadas por las organizaciones 44

para poder ejercer la oposición política en Colombia. Actualmente se está configurando un escenario de persecución y violencia similar al del genocidio de la Unión Patriótica que se evidencia en las cifras de asesinatos y amenazas, en el marco de discursos mediáticos estigmatizantes donde las autoridades niegan la relación de los hechos con móviles políticos.

documentó 317 violaciones a los derechos humanos por parte de grupos relacionados con el fenómeno del paramilitarismo, tal como se presentan tipificadas, en la tabla 1: Como se puede observar, las acciones que más se han presentado contra los líderes, organizaciones y comunidades son las amenazas, asesinatos, seguidos por los seguimientos y hostigamientos. El comportamiento a lo largo de agosto de 2016 a enero de 2017, indica que en el mes de noviembre se presentó mayor número de amenazas, y en el mes de octubre el menor número de amenazas; para enero se han presentado el mayor número de asesinatos y en octubre de 2016 descendió este tipo de agresión, característica que se repite en diferentes casos de violaciones en este mes, por lo que octubre se

LO QUE DICEN LAS CIFRAS: NO EXISTEN GARANTÍAS PARA EL EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA

Violaciones relacionadas con el fenómeno paramilitar Como ya se señaló, la comisión Nacional de Derechos Humanos de Marcha Patriótica,

Violaciones de DDHH relacionados con el fenómeno del paramilitarismo 29 de Agosto/16 - 29 de Enero/17 Tipificación Cantidad Amenaza 130 Asesinato 51 Seguimiento y hostigamiento 41 Estigmatización 18 Inoperancia de la Fuerza Publica 18 Atentado 13 Hurto 9 Ocupación territorial paramilitar 9 Extorsión 6 Lesiones personales 6 Desplazamiento forzado 7 Desaparición forzada 5 Reclutamiento forzado 3 Tortura 2 Retención ilegal 2 Artefactos explosivos S.E 1 Intento de allanamiento 1 Agresión sexual 1 Despojo 1 Daño en bien ajeno 1 Persecución política 1 Tabla 1

caracteriza por ser el mes en el que menor cantidad de violaciones a los derechos humanos se presentaron. A lo largo de diciembre y enero se han mantenido los seguimientos y hostigamientos

en igual proporción, tal como se puede observar en la gráfica 1 comparativa por mes:

Violaciones de DDHH relacionados con el fenomeno del paramilitarismo 29 de Agosto/16 - 29 de Enero/17 Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero de 2017

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Gráfica 1. Elaborado por Marcha Patriótica

En las gráficas anexas por mes, se observa cómo las violaciones de Derechos Humanos relacionadas con el fenómeno paramilitar y las amenazas son las acciones más recurrentes a lo largo de los meses finales del 2016, teniendo el mayor número de hechos en este último periodo.

evidencia cómo en los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó y Valle se presentó un mayor número de violaciones, principalmente en el mes de noviembre, para el primer departamento, en el mes de septiembre se presentaron la mayor cantidad de casos para el segundo departamento, Antioquia, y el tercero, Chocó, la violencia sociopolítica se incrementó sustancialmente en el mes de enero.

Así mismo, observamos el comportamiento de manera territorial y diferenciada. En la gráfica 2 se

Violaciones de DDHH perpetradas por GAI por Departamento -29/07/16 - 29/01/17 14 12 10 8 6 4 2 0

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Enero

Gráfica 2. Elaborado por Marcha Patriótica

Esto concuerda con la preocupación sobre las cifras consolidadas por otras organizaciones en relación con la oleada de violencia y persecución contra líderes y defensores de Derechos Humanos. De hecho, al analizar los tres eventos más repetitivos, y que se consolidan en la desaparición física de líderes comunitarios, sociales y políticos, amenazas, asesinatos, seguimientos y hostigamiento, el comportamiento que se presenta en la gráfica 3 muestra que para el mes de noviembre de 2016 fue donde más

amenazas se presentaron, y en el mes de enero de 2017 el número de casos de asesinatos sobrepasa el promedio de los meses anteriores, evidenciando un incremento, a la par con los seguimientos y hostigamientos de los hechos perpetrados por parte de los grupos relacionados con el fenómeno del paramilitarismo, por lo que se avizora un aumento exponencial de violación a los derechos humanos por parte de estos actores para el año 2017.

Comportamiento de los asesinatos, amenazas, seguimientos y hostigamientos por mes, con media 50 40 30 20 10 0 Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Amenaza

Asesinato

Seguimiento y hostigamiento

2 per. media móvil (Asesinato)

2 per. media móvil (Seguimiento y hostigamiento)

Gráfica 3. Elaborado por Marcha Patriótica

Enero de 2017

CONCLUSIONES

fueron dirigidas contra las comunidades que se encontraban ejerciendo su derecho a la protesta, como los integrantes de la Mesa Minera de Segovia y Remedios y las comunidades afro, indígenas y campesinas que fueron desalojadas forzadamente mediante violencia en el departamento de Bolívar, sin desconocer el hecho que tuvo lugar en el departamento de Nariño donde un grupo de militares pertenecientes a una Brigada de erradicación de cultivos de uso ilícito disparó en contra de varios campesinos que se movilizaban en un bote, dando como resultado 2 ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la muerte de un menor de edad y otra persona herida. Posterior a ello, el Ejército Nacional argumentó que el ataque se dio en medio de un combate con miembros del ELN que se movilizaban en dicho bote infringiendo el derecho internacional humanitario y poniendo en medio del fuego cruzado a la población.

Pese a que el periodo comprendido entre agosto de 2016 y enero de 2017 se evidenciaron, registraron y denunciaron distintas acciones por parte de grupos armados ilegales (estructuras paramilitares) o acciones cometidas por agentes del Estado, la sistematización de las violaciones a los DDHH, las situaciones de amenaza a comunidades u organizaciones en particular, así como asesinatos y/o atentados, entre otros, este registro parte desde el 29 de Agosto de 2016, fecha en la cual se inicia el cese bilateral de fuego y hostilidades entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional. El comportamiento de la fuerza pública en contra de la población civil termina siendo preocupante, persisten las constantes estigmatizaciones en contra de los campesinos, líderes sociales y juveniles y la mujeres; se registraron hechos violentos y agresiones por parte de la fuerza pública en departamentos como Antioquia, Bolívar y Putumayo, los altos números de agresiones a las comunidades en el mes de septiembre de 2016, recaen bajo la responsabilidad de la Policía Nacional y el Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD). Particularmente, estas afectaciones

Las agresiones que encabezan las cifras y los hechos documentados son los abusos de autoridad, las amenazas, y las detenciones arbitrarias, situaciones que ponen en estado de indefensión a las comunidades. En relación con los patrones de persecución, la violencia contra 48

las mujeres persiste; se documentó un caso de violencia sexual en contra de una menor, por otro lado, las mujeres que han sido víctimas de las agresiones por parte de la Fuerza Pública como las madres cabeza de familia, han reiterado los excesos de agentes estatales, generando afectaciones colaterales a su núcleo familiar de forma física y sicológica.

quienes entierran los cuerpos, sin la actuación del ente investigativo correspondiente que permita la apertura efectiva de la investigación con la recolección de pruebas idóneas para cada caso. Esta situación incentiva a los actores ilegales y los agentes del Estado, a repetir dichas acciones criminales, que se profundiza con la ausencia de investigaciones disciplinarias (por la acción u omisión) de los funcionarios y servidores públicos vinculados a los hechos.

Muchas de las organizaciones expresan su preocupación por el alto grado de impunidad que se mantiene en materia de investigación y sanción jurídica para los responsables de estos hechos. Las comunidades se han convertido en sus propios investigadores y agentes criminalísticos, realizando actividades de investigación, recolección de pruebas y testimonios como parte de su ejercicio autónomo de denuncia. En los casos donde han sido asesinados campesinos en zonas rurales, las organizaciones sociales son

En materia de cifras el Ejército Nacional se lleva el deshonroso primer lugar en violaciones a los DDHH, como parte de la fuerza pública. Persiste entonces el falso dilema de que las ejecuciones extrajudiciales son cosa del pasado, en estos 5 meses se documentaron 2, lo cual atenta peligrosamente contra la verdad, la justicia y la reparación integral con garantías de no repetición. (Ver gráfica 5)

Sorprende que los departamentos en donde se presentan el mayor número de agresiones por parte de los agentes del Estado son Cauca y

Antioquia; paradójicamente el mayor número de agresiones por los Grupos Ilegales Armados, también son Cauca y Antioquia en donde existen 49

variables que se cruzan, la inoperancia de la Fuerza Pública y la ocupación territorial paramilitar: Otro aspecto que se cruza tiene que ver con la individualización por parte de grupos e instituciones concretas que se señalan simultáneamente como los presuntos perpetradores de las violaciones de DDHH, DIDH y DIH, en cuanto a lo ilegal la constante son: desconocidos, AGC, y AUC y en cuanto a lo legal

la constante fue: Ejército Nacional y Policía Nacional. Resulta imposible no relacionar a uno con el otro; si Colombia es un Estado Social de Derecho se creería que la presencia de la Fuerza Pública y en general de los agentes del Estado debería ser garantía de respeto de los DDHH, y no que los habitantes de las distintas regiones, sean víctimas de las agresiones por lado y lado en similares proporciones. (Ver gráfica 6 y 1)

INFRACCIONES DIH Y VIOLACIONES DDHH POR FUERZA PUBLICA Y OTRAS AUTORIDADES - 29/07/16 - 29/01/17 Atlantico 2% Casanare Bogotá D.C Guaviare 2% Huila 2% 2% Chocó 2% 2% Boyacá Nariño 2% 5%

Cauca 21%

Valle del Cauca 5%

Antioquia 14%

Cesar 7% Putumayo 7%

Bolivar 7%

Norte de Santander 9%

Meta 9%

Gráfica 6 paramilitar: aquellos que detentan los poderes locales en amplias regiones del país, comúnmente salpicados por la parapolítica e ineficazmente sancionados por dicho fenómeno; muestra evidente de los alcances y poder alcanzado bajo la implementación de dichas estructuras en Colombia, tal como se evidencia en el reciente caso de corrupción de La Guajira; expresiones delincuenciales que ponen en inminente riesgo la consecución de la paz con justicia social en nuestro país, de cara a los acuerdos suscritos

RECOMENDACIONES PARA EL DESMONTE DEL PARAMILITARISMO EN COLOMBIA

La estrecha relación entre los grupos paramilitares, los políticos, terratenientes y beneficiarios del ejercicio de la violencia sociopolítica en Colombia, ha conllevado a la aparición de un problema político, socioeconómico y de disputa territorial en el país que involucra a los principales beneficiarios del accionar 50

para la terminación del conflicto armado entre el gobierno y la insurgencia de las FARC - EP y los que se generen con el ELN.

sociales y populares, fuerzas militares y expresiones sociales y políticas, para que no se repitan nunca más las graves violaciones a los derechos humanos que históricamente han marcado de sangre nuestro país.

Por otra parte, ninguna de las estrategias de represión del aparato estatal se ha modificado; el Estado sigue utilizando e incrementando su material bélico, para forzar las opciones políticas de sus ciudadanos en torno al beneficio de los intereses de la elite dominante y combina el uso de todas las formas de control contra “el enemigo interno”53, incluyendo el terror militar y judicial contra los más vulnerables para aniquilar las opciones alternativas de sociedad54.

La necesaria lucha contra la corrupción, la recuperación de los bienes del Estado, monopolizados por estas estructuras, como la salud y la minería, la ganadería, los cultivos de palma africana entre otros, son acciones necesarias para que Colombia alcance la solución política y se constituyan nuevas bases para la democracia.

En un reciente pronunciamiento, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Nacional Especializada de Justicia Transicional, declaró que la financiación de grupos paramilitares se constituye como un crimen de lesa humanidad, en tanto este tipo de conducta posibilita la expansión y consolidación de sus estructuras y el consecuente incremento de su accionar criminal; tal y como lo señala la nota de prensa de El Espectador, “en esta resolución se quiere identificar quienes participaron en la financiación (…) quien estuvo detrás de asesinatos selectivos, casos de desaparición forzada, desplazamientos forzados de población civil, reclutamiento ilícito de menores, torturas, violencia basada en género. Los investigadores han determinado que estas conductas fueron reiteradas, sistemáticas y generalizadas”55. Esta noticia, supone la necesidad de investigar y sancionar a aquellas elites locales y nacionales gravemente comprometidas en la financiación y posicionamiento del paramilitarismo, lo cual compromete incluso a las oligarquías nacionales que han gobernado el país desde hace más de 200 años. Frente a ello la Fiscalía señala que, “El concierto para delinquir en conformación de grupos paramilitares tienen con los delitos de lesa humanidad que estos han cometido, por tanto la imprescriptibilidad que los caracteriza se irradia al concierto para delinquir conexo56.

No solo basta con reformar o cambiar la constitución y las leyes lesivas contra el pueblo colombiano o aquellas que han dado soporte históricamente al paramilitarismo; se requiere del concurso y compromiso político de la sociedad colombiana, de los gremios económicos, partidos políticos, sectores académicos, movimientos

En síntesis, es imperativo el desmonte del paramilitarismo, estructura funcional a las elites políticas y a las empresas trasnacionales si queremos que la sociedad colombiana construya un nuevo país donde la desigualdad, la miseria y la injusticia sean “cuento del pasado”. Lastimosamente, mientras se realiza la escritura

NOCUA, Diana. sobre la persistencia de la parapolítica y el desmonte del paramilitarismo en Colombia. Texto inédito, febrero de 2016. 54 Giraldo Javier, S.J.M., paráfrasis del texto. P. 445

La depuración de las instituciones, los entes de control, el aparato militar, los órganos de toma de decisión del país, las leyes que soportan el paramilitarismo, entre otras, son acciones necesarias para que la sociedad colombiana pueda acceder a un cambio democrático. En esta misma vía, la desclasificación de los archivos de inteligencia empleados por la fuerza pública para criminalizar al pensamiento crítico y alternativo se convierten en necesidades apremiantes para generar un país donde se respeten efectivamente las garantías políticas y sociales del Movimiento social y popular.

El Espectador, 2 de febrero de 2017. “Fiscalía declara como crimen de lesa humanidad financiación de grupos paramilitares”. En: https://goo.gl/pSLeu6 56 Ibidem.

de este texto, las fuerzas paramilitares asesinan a la población civil en el Bagre Antioquia, Norte de Santander, Chocó, Meta, Sucre y Cauca donde su accionar se ha incrementado sustancialmente en los últimos días.

y masacres contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos. Se definió la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, compromiso que fue decretado hace muy pocos días con la expedición del Decreto 154 del 2017.

Necesidades actuales frente a la Creación de la Comisión Nacional de Garantías de seguridad.

Esta Comisión, que “tiene como objeto el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conductas que amenacen la implementación del acuerdo y la construcción de paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo58, en la práctica no ha comenzado a funcionar, entretanto, los crímenes y la persecución sistemática contra las organizaciones sociales así como los asesinatos contra defensores de derechos humanos, se incrementan exponencialmente.

En relación con el proceso de implementación del acuerdo de paz suscrito entre las FARC – EP y el gobierno nacional, al cierre de la realización de este informe, hombres armados incursionaron en el municipio de Tibú, corregimiento de La Gabarra, en el kilómetro 40, intimidando al campesinado de la zona, además de impedir el proceso de movilización de los miembros de las FARC – EP hacia la Zona Veredal Transitoria de Normalización en la vereda Caño Indio, ante lo cual los campesinos de la región dieron inicio a una comisión de verificación en materia de derechos humanos para evitar agresiones y hostigamientos contra las comunidades y los insurgentes que iniciaran su proceso de reincorporación a la vida civil. Ante las denuncias realizadas, el gobierno nacional a través del Ejército, en cabeza del comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, General Hugo López, planteó que "no hay paramilitares cerca de la zona veredal ni donde estaban las Farc en el punto de preconcentración. Allá lo que hay son tropas del Ejército que estamos realizando operaciones de control para darle tranquilidad a la población" (…), afirmó que la información fue desplegada por las Farc en la población creándoles temor y miedo. Aquí no hay paramilitares, son versiones que están sacando las Farc a su paso por esa población"57; este tipo de afirmaciones desconoce la voz de las comunidades y se convierte en un grave riesgo para la materialización de una paz estable y duradera.

La Comisión de garantías y seguridad estará integrada por el Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Ministro de Defensa, el Ministro de Justicia, el Fiscal General, el Defensor del Pueblo, el Procurador General y el Director de la Policía Nacional, por parte del gobierno nacional, tres expertos en materia de paramilitarismo y dos delegados de las plataformas nacionales de derechos humanos. Su intencionalidad principal radica en formular la política pública y el plan de acción “para combatir y desmantelar las organizaciones y conductas punibles y coordinar con las autoridades departamentales y municipales la generación de mesas técnicas para hacer seguimiento a las manifestaciones criminales”59. No obstante, el papel de dicho escenario no puede quedarse únicamente en la formulación de una política o plan de acción, puesto que se requieren acciones contundentes por parte de la institucionalidad con el ánimo de sancionar efectivamente y prohibir de manera definitiva que el fenómeno paramilitar se siga extendiendo en el país, además de la definición de una estrategia

Entretanto, en el punto tres del Acuerdo Final de Paz, donde se incluye lo pactado sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios W Radio. Ejercito niega que haya presencia de paramilitares en Tibú. En: https://goo.gl/S8T3T0 57

58 59

A propósito puede verse : https://goo.gl/OGou2n Ibídem.

militar y política por parte del establecimiento que impida el accionar de sus estructuras en las regiones en las que predomina su accionar político, militar y económico.

El Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política con el objetivo de desarrollar un nuevo modelo de garantías de derechos ciudadanos y protección para los movimientos y partidos políticos, incluyendo el movimiento que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad política legal, las comunidades rurales y organizaciones sociales, de mujeres y defensoras de derechos humanos respetando lo acordado en el Acuerdo de Participación Política.

Adicionalmente, es preciso que instancias como la ONU cuyo papel en el marco de la implementación de los acuerdos es fundamental, así como las organizaciones solidarias a nivel internacional, reafirmen la necesidad de frenar la oleada de violencia sociopolítica que desde mediados del año anterior se ha evidenciado de forma sistemática y generalizada.

La Instancia de Alto nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, con el objetivo de implementar el Sistema de Seguridad para el ejercicio de la política, garantizando su funcionamiento, articulación y supervisión.

RECOMENDACIONES GENERALES Que el Gobierno Nacional y las FARC-EP soliciten de inmediato a las Naciones Unidas que se inicien las actividades de la “Misión Política con el mandato de verificar la reincorporación de las FARC-EP y la implementación de medidas de protección y seguridad personal y colectiva”. La cual estaba proyectada para iniciar sus actividades una vez concluya el mandato de la Misión de verificación de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, pero ante las dificultades existentes urge que empiece a actuar.

El Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida a la presencia, operaciones y/o actividades de las organizaciones y conductas criminales, en cuyo diseño participará la Defensoría del Pueblo, de manera coordinada con el Gobierno Nacional y la Unidad Especial de Investigación y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. El Cuerpo Elite en la Policía Nacional con el objetivo de una acción inmediata del Estado y el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo.

En el marco del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz Estable y duradera” se hace una llamado a las partes para que a la mayor brevedad protocolicen y oficialicen la implementación normativa de:

La creación e implementación de un programa especial de protección integral, que tendrá como objetivo proteger a las y los integrantes del nuevo partido o movimiento político que surja del tránsito de las FARC-EP a la actividad legal, sedes y actividades, así como a las y los representantes de las FARC-EP en proceso de reincorporación a la vida civil y adscritos/as al cumplimiento de tareas del proceso de paz, que sean designados/as por la Delegación de Paz de las FARC-EP y a las y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel de riesgo.

El Programa Integral de Seguridad y Protección para las comunidades y organizaciones en los territorios. Que entre otros incluye: implementación de medidas integrales de seguridad y protección de Promotores/as Comunitarios de Paz y Convivencia. Protocolo de Protección para Territorios Rurales. Apoyo a la actividad de Denuncia de las organizaciones de Derechos Humanos en los Territorios. El fortalecimiento de los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos con la participación de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales.

Fortalecimiento técnico y de personal de la Unidad Especial de Investigación y la conformación de un 53

cuerpo de acompañamiento de la sociedad civil. Y a su vez garantizar la concentración de casos sobre las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos cometidas por parte de grupos Paramilitares en la unidad especial.

Que se activen mecanismos eficaces de persecución del delito y la criminalidad relacionada con violaciones a los derechos humanos, como un factor relevante para el Gobierno Nacional, los órganos de control y la rama judicial, como forma de dar un mensaje de superación de impunidad como uno de los elementos que dio origen al conflicto armado.

Fortalecimiento técnico y de personal de la Unidad Investigación en Derechos Humanos que a su vez garantice la concentración de casos sobre las violaciones e infracciones a los Derechos Humanos cometidas por integrantes de la Fuerza Pública.

Que se brinde atención integral a las comunidades campesinas, indígenas, afro colombiana y urbana que vienen siendo victimizadas.

Implementar con celeridad lo contenido en el Decreto Ley 154 de 2017 “Por el cual se crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad en el marco del Acuerdo Final, suscrito entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016”. Y en desarrollo del Parágrafo No. 2 del Artículo 2, convocar como invitado permanente a delegados del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica.

Que se cree un sistema de información público sobre violaciones e infracciones a los Derechos Humanos con enfoque étnico, diferencial y territorial, el cual le permita a la ciudadanía identificar víctimas, victimarios, móviles y modos, al igual que las entidades territoriales en donde más de violan los DDHH. A los Organismos de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que adelanten las medidas necesarias para minimizar los impactos de la violencia socio política dentro de los territorios indígenas, campesinos y afro descendientes y de poblaciones urbanas.

Que las partes en desarrollo del “Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz Estable y duradera”, precisen las medidas encaminadas a proteger y garantizar la seguridad de las comunidades. Es necesario que la Fuerza Pública cumpla su función constitucional con el respeto efectivo de las garantías y derechos de poblaciones y territorios que demandan el respeto por su vida e integridad.

Por Comisión Nacional de Derechos Humanos del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica

LOS ASESINATOS DE LÍDERES Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS: PROBLEMA CENTRAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ Pedro Santana Rodríguez Investigador Corporación Latinoamericana Sur Director Revista Sur Al asesinato de líderes y lideresas sociales así como a Defensores de Derechos Humanos se ha venido a sumar recientemente el asesinato de miembros de las FARC-EP en proceso de desmovilización y también a familiares de combatientes en vías de reintegración a la sociedad civil. Con corte al 3 de mayo del año 2017 Indepaz que hace un proceso de seguimiento a esta problemática ha señalado que fueron asesinados dos integrantes de las Farc-Ep en proceso de desmovilización y 7 familiares de combatientes. A esta misma fecha han sido asesinados 43 líderes y/o defensores de derechos humanos durante los meses transcurridos del año 201760.

homicidios, cifra con la que está conforme el gobierno nacional61. El informe de la Defensoría del Pueblo señala que la situación de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, es cada vez más dramática por cuenta de las acciones armadas en su contra. Las amenazas, intimidaciones y muertes se registran en todo el país, afectando a representantes, voceros e integrantes de por lo menos 310 organizaciones sociales, comunitarias y de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo en un informe publicado finalmente en el mes de abril del presente año da cuenta que en el año 2016 habrían sido asesinados 111 personas que tenían algún nivel de liderazgo en sus comunidades

En el año 2016, de acuerdo con las cifras de Indepaz, habrían sido asesinados 117 líderes sociales y defensores de derechos humanos. La Defensoría del Pueblo en un informe publicado finalmente en el mes de abril del presente año da cuenta que en el año 2016 habrían sido asesinados 111 personas que tenían algún nivel de liderazgo en sus comunidades, lo que significa un 53,1 % más de las registradas por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que, en su último informe, indicó que se habían cometido 59

Es particularmente dramática la situación del movimiento político Marcha Patriótica que ha denunciado que desde su nacimiento el 20 de julio del año 2010 ha registrado el asesinato de 132 militantes de dicha organización; casos que en más del 95 % se mantienen en la más completa impunidad. Y en el informe de la Defensoría del

Informe de líderes, Defensores de DDHH, miembros de las FARC y sus familiares asesinados durante 2017. Indepaz. Consultado en www.indepaz.org.co mayo 4 de 2017.

Por lo menos 310 organizaciones están en situación de riesgo en todo el país. Verdad Abierta, publicado el 21 de marzo de 2017. En www.verdadabierta.com

Pueblo se indica que también es dramática la situación de los líderes sociales y de los defensores de los Derechos Humanos en el Departamento del Cauca. El informe de la Defensoría del Pueblo y su Sistema de Alertas Tempranas referencia 282 municipios de 31 departamentos del país que presentan elevados niveles de riesgo en las zonas rurales y cabeceras de los municipios relacionados, lugares en los que desarrollan sus labores habituales los líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos a los que hace referencia el informe. El mismo informe señala que de los 111 asesinatos registrados en el país en el año 2016, 41, es decir, el 37% de los casos ocurrieron en el Departamento del Cauca, 18 en Antioquia, 8 en Cundinamarca, 8 en Norte de Santander y 7 en Nariño. Estos cinco departamentos reúnen el 74% de las muertes violentas cometidas contra este sector de la población. Así mismo el Informe de la Defensoría registra para el año 2016 cinco casos de desaparición forzada y por lo menos 431 amenazas recepcionadas por la Defensoría, el 14 % de las cuales son colectivas. No se descarta que exista un subregistro de los hechos, lo que evidenciaría que la situación de riesgo es más grave de lo que públicamente se ha reconocido.

Defensa, Luís Carlos Villegas ha reiterado recientemente en el Congreso de la República su postura: “Vuelvo a decir que esto no será lo más simpático, pero es la verdad. No hemos podido documentar que haya detrás de esa actividad (muertes) de eventos contra líderes sociales sistematicidad alguna”. En ese mismo sentido se ha pronunciado el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Contrario a esta afirmación, la Defensoría afirma que sí hay sistematicidad y fundamenta su afirmación en cuatro hechos. El primero de ellos indica que “por lo menos el 69% de las víctimas desarrollaban su labor de organización comunitaria e impulso de acciones de reivindicación de derechos en zonas rurales”; el segundo establece que “por lo menos el 25 % de las víctimas eran líderes de pueblos y comunidades indígenas. La mayor afectación sobre este sector de la población se registra en el departamento del Cauca con un total de 19 víctimas”. El tercer aspecto de sistematicidad es que “si bien por las características de los procesos organizativos en los territorios, algunas de las víctimas pertenecen simultáneamente a varias organizaciones (de víctimas, campesinas, indígenas, comunales, entre otras, que a su vez están adscritas a procesos de nivel regional o nacional), se observa un alto nivel de afectación sobre líderes de Juntas de Acción Comunal, tanto en zonas rurales como en sectores periféricos de las cabeceras municipales”.

En cuanto a los responsables el informe reconoce que “son proferidas principalmente mediante panfletos, mensajes de texto, llamadas telefónicas, sufragios, entre otros, se hacen a nombre de estructuras que se autodenominan “AUC”, “Águilas Negras Nueva Generación”, “Águilas Negras-AUC”, “Águilas Negras”, “Comando Central los Rastrojos”, “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, “AGC”, “Los Gaitanistas”, “Los Urabeños”, entre otros”.

Y por último, destaca que “respecto a los proceso de convergencia de organizaciones sociales a nivel nacional, se observa un alto nivel de afectación sobre líderes adscritos al Movimiento Social y Político Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos”.

SÍ HAY SISTEMATICIDAD

En un documento sobre el tema preparado por la Corporación Nuevo Arco Iris y que contó además con la participación de investigadores de diversas universidades se podría agregar un elemento más de sistematicidad de los que allí se contemplan. Una buena parte de los líderes

Pero lo más significativo del informe es que afirma en contra de las declaraciones del Ministerio de la Defensa y de la Fiscalía General de la Nación de que si hay sistematicidad. El Ministro de la 56

fueron asesinados en zonas que han sido recientemente abandonadas por las FARC-EP en su proceso de concentración y otra parte significativa en sitios cercanos a las zonas en donde se concentran las FARC-EP. Y ello ocurre porque la Fuerza Pública no tomó el control militar y policial de éstas zonas pese a las advertencias de muchos analistas y también de organizaciones sociales que advertimos la necesidad de una fase de transición necesaria en territorios con dominio territorial y fuerte presencia de las Farc. Incluso se propuso que para asegurar el territorio debería considerarse la posibilidad del ingreso de miembros de las Farc a las fuerzas de Policía pero esto no fue considerado.

departamentos más afectados fueron Cauca y Antioquia ahora ingresa Chocó pero se mantienen también los asesinatos en el departamento de

Una buena parte de los líderes fueron asesinados en zonas que han sido recientemente abandonadas por las FARC-EP en su proceso de concentración y otra parte significativa en sitios cercanos a las zonas en donde se concentran las FARC-EP Nariño.

Hay que señalar que por ser una organización ilegal y subversiva en estos territorios con fuerte presencia de las Farc-Ep hay cultivos de coca así como actividades de minería ilegal. Ahora sobre estos territorios se han movilizado grupos neoparamilitares como también integrantes del Ejército de Liberación Nacional, ELN. El objetivo no es otro que copar militarmente estos territorios para apropiarse de estas economías ilegales. Y allí han encontrado la resistencia de líderes campesinos, comunales, líderes indígenas y defensores de derechos humanos que han denunciado su presencia y han procedido contra ellos. Es obvio que en estos territorios no solo se requiere de una presencia de la Fuerza Pública sino que dichos territorios deben tener una presencia del Estado de manera integral con sus distintas agencias y programas tales como sustitución y erradicación de cultivos de uso ilícito, desarrollo de cultivos alternativos, redistribución de la tierra, redes de comercialización de sus productos, vías terciarias, centros de salud y educación, en fin, una real presencia del Estado y esto es lo que no viene ocurriendo o marcha muy lentamente.

HACIA UNA POLÍTICA PÚBLICA DE DESMONTE DEL PARAMILITARISMO

El Acuerdo final para la terminación del conflicto firmado entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional contempla en su punto 3.4 una completa estrategia para hacer frente a este fenómeno de las llamadas organizaciones sucesoras del paramilitarismo. De manera muy sucinta quisiera señalar los contenidos de este punto y lo que a mi juicio acertadamente plantea. Como principios orientadores el desmonte del paramilitarismo lo que busca es el respeto, la garantía y la promoción y respeto de los Derechos Humanos asegurando el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Todo ello en el marco del fortalecimiento de la administración de justicia asegurando entre otras cosas el monopolio de los tributos por la Hacienda Pública con un enfoque territorial y de género en el marco de las garantías de no repetición.

En el informe de Indepaz para el año 2017 se señala que en las regiones en dónde más homicidios se han registrado es en los departamentos del Cauca, Antioquia y Chocó. Esto corrobora la tendencia territorial pues como se dijo más arriba en el año 2016 los

Para ello se crea en el Acuerdo y ya ha sido instalada una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para el desmantelamiento del paramilitarismo que tiene como objetivo central el diseño y seguimiento de la política pública y 57

criminal en materia de desmantelamiento de cualquier organización o conducta de que trata el Acuerdo con el fin de garantizar la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz. Dicha Comisión está presidida por el Presidente de la República y cuenta en su seno con la participación entre otros de los ministros del Interior, Defensa, Justicia, Fiscal General de la Nación, Defensor del Pueblo, Comandante General de las Fuerzas Armadas, Director General de la Policía Nacional y cinco voceros de las plataformas de derechos humanos. Es decir y de manera acertada se contemplan los más altos dignatarios del Estado al lado de expertos y defensores de Derechos Humanos.

organismos tales como por ejemplo registro de las violaciones y la presencia de estos organismos criminales estableciendo las responsabilidades de los diversos organismos dentro de los cuales se debe destacar a los organismos de la fuerza pública y de la rama judicial del poder público. En los Acuerdos de La Habana se contempla así mismo la creación de la Unidad Especial de Investigación para el desmonte del paramilitarismo que estará adscrita a la Fiscalía General de la Nación pero que gozará de autonomía administrativa, presupuestal y operativa. Esta Unidad fue puesta en marcha con el nombramiento de Alexandra Valencia como su directora, pero, con el triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre este punto se renegoció y se estableció que la elección de la directora o director la hará el Fiscal General de una terna que el grupo de cinco electores debe enviarle al Fiscal(los delegados del secretario general de Naciones Unidas, de la Corte Europea de Derechos Humanos, del Instituto Internacional de Justicia Transicional, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y del sistema de universidades públicas de Colombia, que ya ha sido constituido). Esta nueva realidad ha retrasado la conformación de esta Unidad lo cual es muy grave para la conformación de este que es el principal instrumento de lucha contra estos grupos criminales que han incrementado su accionar con el saldo que ya hemos registrado. Urge ahora que los cinco electores procedan con la mayor celeridad posible a conformar la terna para la elección de la directora o director de dicha Unidad. Así mismo el Acuerdo Final contempla le creación de un Cuerpo Elite en la Policía Nacional con un enfoque multidimensional para el desmonte de las llamadas estructuras sucesoras del paramilitarismo. Este Cuerpo Élite deberá estar bajo la dirección de la Unidad Especial de Investigaciones de la Fiscalía quien es el que

Así mismo y de manera acertada se plantea que la política pública de desmantelamiento del paramilitarismo debe conllevar la puesta en marcha y concreción de un gran pacto o acuerdo nacional para sacar las armas de la política y yo agregaría también para sacar la corrupción de la política que debe construirse desde los municipios comenzando por aquellos más afectados por el conflicto; pacto o acuerdo que debe involucrar a las autoridades municipales, las organizaciones sociales, las organizaciones políticas sin exclusión ninguna, las iglesias, las organizaciones de víctimas, la fuerza pública, en fin, los pactos deben ser acuerdos refrendados en mecanismos como los cabildos abiertos o asambleas municipales que comprometan a todos los actores para erradicar a estos grupos. Se deben realizar así mismo grandes debates públicos sobre los contenidos y los instrumentos de la política pública para el desmonte del paramilitarismo. Todo ello debe ser orientado y organizado por la Comisión Nacional de Garantías. Deben hacerse así mismo acuerdos en los niveles departamentales y por supuesto en el nivel nacional. Como parte de la política deberían establecerse mecanismos de monitoreo y seguimiento los acuerdos. Dada la penetración de estas estructuras criminales en los órganos judiciales, en los poderes públicos y en la fuerza pública deberán establecerse mecanismos para ejercer veeduría sobre el desempeño de estos

Debemos exigir que como parte de la política para el desmonte del fenómeno paramilitar se contemple una política de sometimiento a la justicia de las estructuras paramilitares 58

debe orientar sus acciones en contra de éstas bandas criminales. Finalmente se contempla la creación de una Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política también con los personeros del más alto nivel del Estado y ésta si con presencia de dos delegados del partido político que creen las FARC-EP-.

Como hemos señalado los avances para poner en marcha esta política son muy lentos. Apenas el día 3 de mayo al término de la reunión de la Comisión Nacional de Garantías el presidente de la República anunció la presentación de un Proyecto de Ley “para perseguir y sancionar a aquellos que pretendan poner en riesgo la seguridad de los líderes sociales y de derechos humanos y representantes de las víctimas”. De acuerdo con las afirmaciones del presidente el Proyecto de Lay contempla la creación de nuevos tipos penales, como el asesoramiento a organizaciones criminales y el enriquecimiento por minería ilegal, y contemplara el incremento de las penas relacionadas con estos delitos. Anunció también que expedirá un decreto para crear el Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política y anunció que se iniciarán dos planes piloto en Tumaco y Buenaventura para luchar contra organizaciones criminales y se creó la subcomisión para hacer seguimiento a estos planes, que está presidida por el Vicepresidente de la República Oscar Naranjo.

Así pues el propio Acuerdo Final para la terminación del conflicto contempla los instrumentos para poner en marcha una política real para el desmonte del fenómeno paramilitar. Lo que ahora debemos exigir es que todo este capítulo del Acuerdo Final se ponga en marcha. Debemos exigir que como parte de la política para el desmonte del fenómeno paramilitar se contemple una política de sometimiento a la justicia de las estructuras paramilitares lo cual no debe entenderse de ninguna manera como reconocimiento de carácter político a dichas organizaciones sino como una política de sometimiento a la justicia.

EL DIFÍCIL DESMONTE DEL PARAMILITARISMO Germán Ayala Osorio, Universidad Autónoma de Occidente

Después del proceso de sometimiento de los paramilitares en el gobierno de Uribe Vélez, el fenómeno se mantuvo y su expresión armada sufrió transformaciones. Mutó. Digamos que los paramilitares y el fenómeno Paramilitar mismo, políticamente se “desvanecieron”, lo que hizo creer en su desaparición o en el debilitamiento del proyecto neoconservador que los paramilitares agenciaron, a nombre de poderosos actores de la sociedad civil que simpatizaron y simpatizan aún con la ideología paramilitar.

operación se reduzca, quizás, a la prestación de servicios de seguridad privada o acciones delincuenciales. La operación dispersa de lo que las autoridades llaman los “neoparamilitares” o simplemente Bacrim, sirve a la estrategia de sectores del Establecimiento que insisten en que el fenómeno paramilitar y su expresión armada, los Paramilitares, efectivamente ya no existen. De allí que lo acordado en La Habana, en lo que toca al desmonte del paramilitarismo, poco interés despierte en ciertos sectores del Establecimiento.

Por el contrario, el proyecto económico, social, político y cultural que los paramilitares agenciaron, continúa vigente solo que ahora la visibilidad política que en otrora tuvieron los jefes de las AUC, está en manos de los “naturales” agentes y aupadores de dicho fenómeno y directos beneficiarios del despojo de grandes extensiones de tierra que lograron los paramilitares: hablo de agroindustriales, ingenios azucareros, ganaderos, empresas mineras, multinacionales y todos aquellos amigos del latifundio como único y posible modelo de producción. Baste con recordar, para el caso del Valle del Cauca, las declaraciones que dio el paramilitar Hebert Veloza62, conocido con el alias de HH, en las que reconoció el aporte económico que sectores de poder63 de este departamento, dieron al Bloque Calima.

Insisto, el fenómeno se mantiene porque subsisten las circunstancias económicas, las motivaciones políticas y las prácticas socio culturales con las que se legitimó su presencia y su lucha. Se suma a lo anterior, la complacencia social y política con el ethos mafioso, el odio visceral hacia las guerrillas, y la oposición a su reinserción por la vía de una negociación política. Igualmente, la natural animadversión hacia las ideas de izquierda. A todo lo que huela a izquierda, como los reclamantes de tierra, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, así como líderes sociales y políticos que construyen procesos comunitarios para enfrentar a poderosos particulares y al propio Estado. De igual manera, a pesar de la cercana posibilidad de que se ponga fin al conflicto armado, por lo menos con las Farc, la Doctrina de Seguridad Nacional seguirá vigente en sectores castrenses que, al compartir la visión de desarrollo de azucareros, ganaderos, latifundistas y agroindustriales, entre otros, continúan reconociendo a indígenas, afros y campesinos65, y

Hay que señalar que los residuos paramilitares que no se desmovilizaron, actúan hoy sin claros referentes políticos64, lo que hace que su Véase: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/10anos-de-justicia-y-paz/6044-las-verdades-inconclusas-de-hh 63 Véase: www.elpais.com.co/.../JUAN-CARLOS-MARTINEZSENTENCIA.doc 64 No quiere decir que de manera natural los paramilitares tengan derecho al reconocimiento de un estatus político. 62

La ubicación en territorios geoestratégicos de los frentes paramilitares y de actores asociados a sus intereses, fue 65

a defensores de derechos humanos y del medio ambiente, como aliados de las guerrillas o simpatizantes de las ideas de izquierda.

sociales, económicos y políticos, íntimamente relacionados con el problema de la concentración de la tierra en pocas manos, la estrechez política y electoral de un régimen democrático que, al igual que el Estado, está en proceso de consolidación y profundización. Podemos sumar otras características y fenómenos, como el maridaje entre política y crimen, paramilitarismo y un ethos mafioso compartido por élites de poder y fuerzas sociales; al final, llegaríamos a comprender que estamos ante un complejo conflicto que tiene expresión armada, pero que es social, político, étnico, ambiental, cultural y económico.

Por todo lo anterior, vislumbro un difícil desmonte del paramilitarismo porque está adherido a la cultura y a las propias lógicas del Establecimiento. Su desmonte es, desde ya, el reto más difícil para el imaginado y deseado escenario de posconflicto. Vislumbro un difícil desmonte del paramilitarismo porque está adherido a la cultura y a las propias lógicas del Establecimiento. Su desmonte es, desde ya, el reto más difícil para el imaginado y deseado escenario de posconflicto.

Se hace muy difícil comprender, históricamente, el devenir de la guerra colombiana, porque solemos separarlo de otros conflictos, problemas y situaciones que claramente expresan las enormes dificultades que el Estado y la sociedad atraviesan para guiar procesos civilizatorios67 y de civilidad, que minimicen al máximo el riesgo natural que supone vivir juntos, para una especie que, como la humana, deviene hostil, inestable y con rasgos fuertes de perversidad.

EL PACÍFICO COLOMBIANO Y LOS PARAMILITARES

Lo que las comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas del Pacífico han padecido durante décadas se puede explicar si ampliamos el carácter agrario y político del conflicto armado, señalando que el devenir de la guerra interna colombiana tiene un profundo, pero no reconocido origen étnico, en especial en los territorios en donde habitan bajo la lógica de la propiedad colectiva, indígenas y afrocolombianos.

Nos hemos representado el conflicto armado interno, como un asunto que solo toca e involucra los territorios rurales y zonas selváticas del país, en donde hay unas fuerzas guerrilleras, o un ejército de bandoleros, o una ‘chusma’, que no ha dejado “progresar” al país. De allí el atraso del campo. Pero detrás de esa imprecisa representación68 social del conflicto armado interno, subsiste la histórica tensión entre lo Rural y lo Urbano. Lo primero, símbolo del atraso y de lo incivilizado y lo segundo, ícono de la civilización, de la civilidad, del progreso y las oportunidades.

Del conflicto armado interno66 hemos escuchado que tiene anclajes en factores y elementos

Sobre esa real, pero inconveniente dicotomía, hemos escondido un asunto que pocos aceptan, y que daría la posibilidad para señalar que el conflicto armado tiene expresiones identitarias y étnicas, que si bien no suponen el enfrentamiento étnico-racial que caracterizó, por ejemplo, la implosión y el desmembramiento de la Yugoslavia

clave no solo para la expansión armada, sino para el desarrollo de diversas actividades económicas agroindustriales, por ejemplo- previo desplazamiento y desaparición de ciudadanos incómodos (Indígenas, afros y campesinos, vistos, además, como víctimas culpables), o abiertamente enemigos de la causa paramilitar y del modelo económico y político que le acompaña y del cual se nutrió para constituirse como un proyecto multifactorial. Véase: Ayala, Germán. Paramilitarismo en Colombia: más allá de un fenómeno de violencia política. Cali: UAO, 2011. 66 Texto tomado del blog www.laotratribuna1.blogspot.com, Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2015/06/conflictoarmado-interno-en-perspectiva.html

Véase: http://www.semana.com/opinion/articulo/hemosfallado-como-nacion-como-sociedad/260869-3 68 Véase sobre el carácter marginal del conflicto armado interno: https://goo.gl/hYeXrY 67

de Tito, sí han servido para desestimar, invisibilizar y estigmatizar a comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas, asociadas históricamente a la vida rural, al campo.

De esta manera, y gracias a la sempiterna presencia paramilitar, el país parece asomarse a un deseado, imaginado, pero sangriento escenario de “posconflicto”71: en lo que va corrido de 201772 han sido asesinados 12 líderes sociales y comunitarios; en el 2016 fueron asesinados 96 líderes sociales y 125 miembros de Macha Patriótica han sido ultimados desde 2011 a la fecha.

Señalo que a la dicotomía Rural-Urbano se suma una generalizada animosidad69 hacia aquellas comunidades que viven en el campo y que han resistido las dinámicas y los horrores de la guerra interna entre Estado-paramilitares y subversión. Esa animosidad étnica hacia lo afro, lo indígena y lo campesino, puede estar detrás de, y alimentando, los conflictos sociales y políticos que se advierten en ciudades capitales como Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá, entre otras urbes receptoras de ciudadanos desplazados por la violencia política en el contexto del conflicto armado interno. Con todo y lo anterior y con la ya casi desmovilización de las Farc y su conversión en partido político, los ciudadanos del extenso territorio del Chocó Biogeográfico continúan en riesgo por la presencia de fuerzas paramilitares que siguen y apoyan los intereses económicos de las empresas nacionales y extranjeras que los apoyan de manera directa o indirecta, y cuyo objetivo es sacar, eliminar, fragmentar y debilitar, identitariamente, los proyectos de vida de indígenas, afros y campesinos. Y la estrategia sigue siendo la misma que opera en otros territorios: desplazar y asesinar a sus más connotados líderes70. Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2014/10/chocobiogeografico-debilidad-estatal-y.html 70 “Hasta hace muy poco las comunidades del Bajo Atrato pensaban que gracias al Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, la violencia se minimizaría y podrían respirar tranquilidad. Una tranquilidad que ansía un territorio ejemplo del despojo violento de tierras a las comunidades indígenas y afrodescendientes. Más de 41 mil hectáreas robadas con la participación de funcionarios del Estado, entre ellos alcaldes y oficiales del ejército, al igual que narcotraficantes, paramilitares de la Casa Castaño y empresarios reconocidos como el Fondo Ganadero de Córdoba, según queda consignado en las sentencias de las salas de Justicia y Paz. Orlando Rengifo sabe que la Corte Constitucional respalda la legitimidad de su tenencia de tierra y el proceso para recuperar las que le fueron arrebatadas. Sin embargo, ha perdiendo las esperanzas de recuperar su parcela, que hoy 69

se encuentra sembrada con palma africana, debido a la presencia de paramilitares, bandas delincuenciales y narcotraficantes “aliados” con los poderosos de la política, insiste. Los presagios de Rengifo tiene fundamento. Hace tan sólo unos días, el 29 de enero, asesinaron en la vereda Guacamayas, del cercano municipio de Turbo, a Porfirio Jaramillo Bogallo, otro reclamante de tierras”. Tomado de Colombia Plural: Tomado de: https://colombiaplural.com/atrato-teme-nuevosdesplazamientos-ante-la-arremetida/ Consulta: 03 de febrero de 2017. 71 Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2017/01/imaginadopero-sangriento-posconflicto.html 72 Véase: http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/lideressociales-asesinados-en-colombia-en-2017/

RAZONES DE LA PERSISTENCIA DEL ORDEN CONTRAINSURGENTE Julio Cesar Arenas. Observatorio del conflicto armado. CNAI Los antecedentes históricos de la contrainsurgencia en Colombia tienen un largo historial, inserto en la memoria institucional del Régimen Colombiano, adaptado a las lógicas de la lucha contra el Comunismo a partir del cambio de la formación de la oficialidad Colombiana desde su participación en la guerra de Corea en el año de 1954.

expandirse como modelo nacional al transformarse en fuerzas espejo de combate anticomunista con las mismas tácticas operativas de la insurgencia y poder de fuego, en un área estratégica muy importante para las FARC y su proyecto insurgente, como el Urabá Antioqueño y Cordobés. En ese momento ya las estructuras paramilitares combinaban las ventajas sinérgicas de la lucha contrainsurgente, que le significaba alianzas con las cúpulas militares con las actividades del tráfico y comercialización de narcóticos que nutrían de recursos económicos los planes de expansión y consolidación del proyecto paramilitar. 2. El segundo momento se produce a partir del proyecto militar para la recuperación de Urabá, comandado desde las brigadas por el general Rito Alejo del Rio, en la década de los noventa, con la que se termina de pacificar la región con operativos militares que incluían asesinatos selectivos, masacres y desplazamientos dirigidos en contra de la población civil, conjuntamente con un plan sistemático de despojo de tierras de campesinos, indígenas y afro descendientes, para abrirle paso a la contrarreforma agraria que permitió a terratenientes, ganaderos y narcotraficantes apoderarse de miles de hectáreas para una doble función. Imposición violenta de monocultivos de palma, ganadería extensiva y control estratégico de áreas limítrofes a zonas de cultivos ilícitos y corredores de rutas de narcotráfico tanto del litoral caribe, como del litoral pacífico.

Los estrategas de la guerra señalan que el empate estratégico se rompe a partir de la implementación de ESTRATEGIAS militares de las FF.AA en combinación con las fuerzas paramilitares como la OPERACIÓN URABÁ, que representó la Pacificación de Urabá en dos momentos fundamentales: 1. A partir de la desmovilización del EPL en los años noventa y el consecuente fortalecimiento de las estructuras de las Autodefensas en Urabá, que se beneficiaron de la incorporación de desmovilizados del EPL, especialmente de mandos con experiencia en la lucha guerrillera en la región de Turbo, Apartado, Dabeiba, así como el nudo del Paramillo entre Antioquia y Córdoba y los llanos del tigre en la cuenca del rio San Jorge e influencia en los montes de María en el departamento de Sucre. Hay que recordar que fue el EPL, la guerrilla que mayor número de hombres desmovilizó en los procesos de paz de la década del 90, contaba aproximadamente con 2.200 combatientes en el momento de la firma de los acuerdos (lamentablemente muchos de ellos terminaron siendo funcionales al paramilitarismo) pero además una fuerte base social de campesinos y asalariados bananeros en toda esa región. Estos acontecimientos permitieron a las clásicas autodefensas conformadas en la década del 80, asentadas especialmente en la región de Puerto Boyacá,

A esta primera fase le siguió la OPERACIÓN DE PINZAS CONVERGENTES diseñada e implementada para derrotar a la insurgencia en la región caribe, en los departamentos de Córdoba, 63

Sucre, Cesar, Bolívar, Atlántico. A través de la cual las FF.AA, implementan un plan combinado con el bloque caribe de las AUC de “Jorge 40” y las estructuras de “Javier Giraldo” y “Juancho Dique” para copar los territorios de influencia de las FARC y el ELN. El objetivo es despejar los montes de María, la Serranía del Perijá y la Serranía de San Lucas, liberar esas zonas de la amenaza insurgente combinando la militarización de la región con masacres, asesinatos de líderes y desplazamiento forzado de la población rural, empujando a miles de campesinos hacia los centros urbanos de Barranquilla y Cartagena especialmente.

elites mafiosas, políticas y económicas regionales, se traza la estrategia contrainsurgente de combatir a las FARC en sus retaguardia estratégica, mediante la estrategia de las ZONAS DE CONSOLIDACION. Estas zonas se crean en las siguientes regiones: Montes de María, Catatumbo, Nudo del Paramillo, Arauca, Cauca, La Macarena, Tumaco, Putumayo. Coinciden estas áreas, con los territorios colonizados por las insurgencias en sus inicios históricos, cuando las FARC que surgieron como autodefensas campesinas en el período de la violencia lideraron a miles de campesinos que fueron despojados y desplazados de sus tierras del centro del país, hacia los llanos orientales e iniciaron un proceso de colonización en el suroriente del país, encontrando un enorme potencial de los colonos pobres, de nuevos frentes de frontera interior, abriendo a la producción unos 4 millones de hectáreas. De manera análoga se produjo la colonización campesina y guerrillera, en otras áreas de frontera como el Catatumbo, los montes de María, el nudo del Paramillo, las selvas del Sarare Araucano, el Putumayo y las tierras bajas de la costa pacífica Nariñense y Chocoano.

Simultáneamente a este plan se despojaba de sus tierras a los campesinos costeños que históricamente han habitado estos territorios, con formas y usos tradicionales de tenencia de la tierra, en los que ha primado la palabra y la buena fe, para dar paso a las titulaciones ilegales a favor de terratenientes, empresarios, narcotraficantes y paramilitares complotados para expropiar miles de hectáreas productivas y ponerlas al servicio de grandes proyectos de monocultivo del capital transnacional. Articulada con este plan de guerra el paramilitarismo asume como suyo el proyecto contrainsurgente de la T ESTRATÉGICA, implementada por el bloque Catatumbo. Consistente en un Plan de expansión paramilitar para controlar el centro y norte del país, tal como lo concibiera el general del ejército Faruk Yanine Díaz, a través del cual se traza un corredor de control paramilitar desde el Urabá hasta el Catatumbo y desde Puerto Boyacá hasta el norte del país, para cerrarle los espacios a la insurgencia y cortar sus bases de apoyo y de aprovisionamiento.

El objetivo fundamental de LOS PLANES DE CONSOLIDACION, es brindar seguridad a las áreas liberadas de la presencia contrainsurgente, para valorizar el costo de las miles de tierras potencialmente productivas que pretenden ser explotadas por multinacionales del campo y la minería, como por ejemplo la región de la altillanura Colombiana que posee 7 millones de hectáreas de tierras aptas para la agricultura y que por acción del conflicto no han entrado en el circuito de producción capitalista internacional, estos territorios desde años atrás fueron penetrados por las estructuras paramilitares de las ERPAC, en alianza con las brigadas del ejército de Meta y Casanare, en los últimos años allí hacen presencia la estructura criminal sucesora de los “Puntilleros” herederos de las antiguas estructuras paramilitares de los bloques “héroes del Meta y el Vichada”.

Una vez se asegura la zona norte del país de la amenaza insurgente la estrategia contrainsurgente de las FF.AA se dirige al sur mediante el PLAN DE ZONAS DE CONSOLIDACION. Después de la retoma de los corredores y zonas de presencia de las FARC y el ELN, que garantizan el control militar, político y económico de los departamentos del centro y norte de Colombia por parte del Estado en alianza con

Igual sucede con la serranía de la Macarena y los territorios del Vichada, Guania y Guaviare, territorios estratégicos en el plan de consolidación de las FF.AA, dirigidas a la región de la Orinoquia 64

Colombiana, en la que se proyectan grandes inversiones de multinacionales de los alimentos, conjuntamente con megaproyectos energéticos y mineros de escala con base en las siguientes exigencias de productividad y seguridad de los grandes inversionistas:

en algunos sectores y bases sociales del Urubismo. *El éxito del proceso de paz de Irlanda del Norte a finales de la década de los noventa y que se extendió en sus fases finales hasta los primeros años de la primera década del siglo XXI, es que logró sentar a los rebeldes nacionalistas del IRA y comprometer a las bases sociales republicanas por un lado y a los grupos paramilitares de extrema derecha, así como a los partidos políticos y organizaciones lealistas y pro monárquicos del otro lado, alrededor de un pacto que allí lleva por nombre “Acuerdo Michell”. En una negociación compleja en la que se puso como condición fundamental el abandono definitivo de la violencia y el uso de las armas para reivindicar posiciones políticas de todos los bandos en contienda.

Construcción de más de 800 Kilómetros de vías 4G desde Puerto López a Puerto Carreño Navegabilidad del Rio meta Subsidios del 50% en energía y gas a distritos de riego Formalización de la gran propiedad adquirida por terceros de buena fe Servicios Públicos subsidiados para la gran propiedad Condiciones de la Tierra Facilidades de crédito para los grandes inversionistas extranjeros y nacionales Orientación de asentamientos humanos, aprovechando su baja densidad

FINALMENTE HAY QUE RODEAR A LAS COMUNIDADES QUE DEFIENDEN LA PAZ

Hasta la fecha las comunidades resisten el conflicto armado bajo lógicas de sobrevivencia seculares, pero no quieren que ante la salida concertada de un actor armado como las FARC, llegue otro actor a imponer mediante la violencia otro mapa sociopolítico para la región, pues sería un retroceso a los propósitos de implementación territorial de los acuerdos que adelanta el estado con la insurgencia.

CONCLUSIONES *La extrema derecha política tiene la obligación de separar definitivamente de sus lógicas la combinación de armas y política, es decir lo que siempre le criticó a la extrema izquierda, lo terminó replicando incluso con mayor eficiencia. *Esa relación entre ideología política de extrema derecha y armas al servicio de estructuras herederas del paramilitarismo, debe desaparecer si queremos que este gran esfuerzo que hacemos los Colombianos, para terminar con el largo conflicto armado que hemos padecido concluya exitosamente.

Por lo tanto el Estado debe construir mecanismos de autoamarre, uno fundamental es comprometerse a sacar junto con la insurgencia, la sociedad civil y la comunidad internacional un libro blanco cada 6 meses sobre la protección de vida de los combatientes y de las comunidades en español y en inglés y presentarlo ante la comunidad internacional, los países garantes, la ONU. Sumado a ello es necesario legitimar los mecanismos de inteligencia civil y autoprotección pacífica de las comunidades organizadas en las áreas de conflicto que implementan desde ya, como la propuesta de “seguridad campesina para la paz” en el norte del Cauca, respaldo institucional a las guardias indígenas, comunidades de palabreros en el Caribe, justicia propia de los Palenques y consejos comunitarios entre otras expresiones plebeyas de justicia popular.

*Se requiere por otro lado que algunos sectores de la derecha se deslinden definitivamente de discursos justificatorios del uso de la violencia paraestatal que sustentan la existencia de estructuras armadas neo paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan Úsuga como las denomina el gobierno, al igual que de redes paramilitares y mafiosas como los Rastrojos o la denominada oficina de envigado, actualmente denominada “la oficina” en Medellín, que se auto justifican con discursos contrainsurgentes de la extrema derecha civil que existe en el país y la cual se expresa claramente

PACTO POLÍTICO POR LA RECONCILIACIÓN Y LA CONSTRUCCIÓN DE PAZ DE LOS POBLADORES DE LA URIBE – META Por Oficina de Comunicaciones CNAI

El pasado 29 de enero los habitantes de Uribe, Meta, dieron a conocer un claro ejemplo de lo que se puede hacer por un pacto social y político por la Paz.

su autonomía territorial, para reconstruir el tejido social, apoyar la reparación” de varios sectores sociales como las víctimas del conflicto armado, el abandono estatal y la pobreza.

Entre representantes de los sectores sociales, políticos, productivos, culturales, artistas, las iglesias, población vulnerable, víctimas, entre otros, se firmó el “Pacto político por la reconciliación y la construcción de paz de los Uribenses”.

ASÍ MISMO SE ENCUENTRAN EN ESTE DOCUMENTO ONCE DECISIONES TOMADAS POR LOS POBLADORES:

Generar un pacto social y político para trabajar por lograr un cambio profundo que guíe al territorio hacia una cultura de paz. “Ser garantes en la implementación local de lo pactado en los Acuerdos de Paz”. “Ser ejecutores con trasparencia y eficiencia de las acciones” que se concierten en las distintas “mesas y en otros escenarios de diálogo con criterios de priorización de necesidades y posibilidades”. “Participar activamente y hacer aportes” desde el conocimiento y las necesidades del territorio. “Involucrar en esta transformación y cambio, a los 6 sectores del municipio (La Julia, El Diviso, Paraíso, Primavera, Centro Duda, caso urbano) a través de ejercicios de socialización y participación ciudadana, para la ejecución de todas las acciones concretadas en estas mesas y otros escenarios de diálogo”. “Las FARC –EP ratifica su decisión de continuar avanzando en el proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil, tal y como se pactó en los Acuerdos de Paz”. Las comunidades, las organizaciones sociales y todos los sectores de Uribe se comprometen a avanzar en gestos de reconciliación para

EN EL DOCUMENTO SE MANIFIESTA QUE:

Los pobladores de Uribe tienen y mantienen el deseo de “abrazar la paz, de iniciar un proceso de reconciliación y de construcción de paz” dejando atrás el “pasado de conflicto”. Se honra y valora “los contenidos de los Acuerdos de Paz que significaron un esfuerzo maravilloso de concertación entre el Gobierno Nacional y las FARC –EP” por tal motivo reconocen “en los Acuerdos una oportunidad histórica para construir entre todos y todas una paz estable y duradera, que deben emerger desde los territorios como Uribe” que sufrieron los rigores de la guerra. Debido a lo anterior expresan “la necesidad de mantener un diálogo permanente con la nación, las entidades nacionales, territoriales y locales y las FARC –EP para realizar un proceso integral, participativo en torno a la implementación de los acuerdos”. Dejan en claro la “voluntad política y social para avanzar en acciones concretas de construcción de paz, acciones nacidas desde 66

acoger a los guerrilleros de las FARC –EP que se reincorporen a la vida civil y caminar juntos hacia la construcción de una paz estable y duradera”. Se manifiesta el interés de los pobladores por establecer defensa y protección de los “ecosistemas estratégicos y demás bienes comunes de la naturaleza”, para beneficio de las generaciones actuales y de las futuras. Mantener el diálogo permanente “con la comisión de seguimiento, impulso y verificación de la implementación del acuerdo final” y todos los sectores regionales e institucionales “para que lo pactado en los acuerdos, sea una gran realidad y una verdad efectiva para los Uribenses”. Invitar a los partidos y movimientos políticos, a la institucionalidad y a la sociedad en general “a sellar pactos políticos municipales” que conlleven a “establecer un gran pacto político regional y a hacer un gran lanzamiento de la implementación del Acuerdo Final en el departamento del Meta”. Agradecer el acompañamiento de las comunidades “en este gran encuentro municipal para la reconciliación y la construcción de paz”. De igual forma destacan y agradecen a las “autoridades militares y policiales por su valiosa contribución para la realización de este evento”.

paz que queremos todos los colombianos, para que hubiera una reconciliación porque la reconciliación no solamente es entre las personas civiles hacia los guerrilleros si no entre nosotros mismos. CNAI: ¿Cuáles son esas fuerzas sociales, instituciones y políticas más importantes en el municipio que hacen parte de este pacto? JPG: De la parte política, tenemos las fuerzas de izquierda que son bastante importantes, y están los otros partidos políticos. Aparte de eso tenemos también las organizaciones de derechos humanos como la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario del Oriente y Centro de Colombia – DHOC-, también las organizaciones ambientales como la Asociación Campesina Ambiental de Uribe Meta –Acatamu- está también la mesa de cocaleros que aunque en el documento no están como tal, sí lo hacen los miembros representantes de ellos en la región. CNAI: ¿Es suficiente el pacto político para la construcción de la paz territorial, implementar los acuerdos de La Habana en su municipio o se requieren de otras medidas? JPG: Todos sabemos que no es solamente la implementación de los acuerdos que incluso para eso conformamos un comité de seguimiento a la verificación de la implementación de los mismos, pero no, eso tiene que ir mucho más allá porque precisamente si queremos un país nuevo, si queremos un municipio nuevo, necesitamos imprescindiblemente tener un pensamiento nuevo, un comportamiento nuevo, un actuar nuevo y ese cambio tiene que ir enfocado a eso. Si seguimos haciendo, pensando y diciendo lo mismo no va a haber ningún cambio, lógico que todos estamos esperando que realmente llegue la inversión social porque la inversión económica del Gobierno o de los entes internacionales que están ayudando son para que se den, las condiciones sociales y económicas y que la gente también pueda no sólo hablar de la paz si no sentirla.

Este pacto se logra llevar a cabo gracias a que, como lo manifiesta su Alcalde Jaime Pacheco en la siguiente entrevista, los Uribenses se pusieron “una sola camiseta” siendo ésta “la de la reconciliación y la construcción de la paz”. Corporación Nuevo Arco Iris –CNAI-: ¿Por qué es importante para la alcaldía de Uribe y sus habitantes, firmar un pacto político por la paz? Alcalde Jaime Pacheco García –JPG-: Realmente es una necesidad para el pos conflicto, que ya llegó, los acuerdos ya están y la gente no estaba preparada para esto, tenían mucho desconocimiento de lo que se acordó. Después de mucho tiempo pensé en convocar a todas las fuerzas vivas políticas, sociales, económicas, culturales de todo orden, incluidos a los miembros de las FARC para que hiciéramos un pacto político y social, precisamente para construir esa 67

CNAI: ¿Qué mensaje le envía usted a aquellos sectores políticos que se oponen a la implementación de los acuerdos de paz en los territorios, independientemente de la ideología y del color del partido?

JPG: En esta región, sí algo bueno hizo la guerrilla fue poder llegar a defender el medio ambiente, pero hace año y medio que ellos se retiraron del manejo que tenían de la región, la gente empezó a tumbar montañas, ya no respetan ni la ronda de los caños y nosotros mismos somos conscientes que definitivamente esa parte ambiental para el municipio es muy importante porque el municipio tiene tres parques naturales y colindan con otros aparte, el parque natural de Sumapaz, Los Picachos y Tiniqua y colindamos con Macarena, aparte de eso somos el recurso hídrico que tiene el municipio y estamos metidos dentro de la zona de manejo especial del área de La Macarena, que eso ambientalmente tiene unas determinantes muy importantes, en definitiva a nuestro municipio tenemos que enfocarlo en la parte ambiental porque ese es un recurso que no es sólo de nosotros, sino de todos los colombianos y de todo el mundo.

JPG: Yo creo que el mensaje es muy sencillo y es simplemente ponerse en los zapatos de los otros, porque la mayoría de las personas que están en contra de la implementación del acuerdo y que este proceso de paz salga delante son personas que no han vivido en el campo, que son los que realmente han sufrido todos los rigores de la guerra, porque es el campesino el que ha puesto los muertos, es el campesino el que ha puesto los desplazados, es el campesino el que ha puesto todo, toda la población víctima es el campesina. CNAI: ¿Cree usted que este tipo de acuerdos son importantes para evitar que regrese la violencia a la región?

CNAI: ¿Cuál es la invitación o llamado del Alcalde de Uribe a los acaldes de las otras regiones para que se sumen a este tipo de pactos por la paz?

JPG: Es importante en la medida en que los acuerdos realmente se implementen porque ahí, dentro de los acuerdos, están las bases que causaron y originaron esa violencia y todo esto que hemos padecido los colombianos, este es el punto de partida que va a asegurar que no regrese la violencia a todos nuestros territorios y que la gente pueda vivir en paz es que la implementación de estos acuerdos se dé como está escrito.

JPG: A mí personalmente me parece muy importante poder haber dado este paso en el municipio, esto es apenas un inicio que no sabemos hacia dónde llegará pero la idea es que llegue hacia algo muy bueno y me parece que todas estas regiones en donde ha habido conflicto, que precisamente ahora están priorizadas por el gobierno, es necesario e importante que todos hagan este mismo proceso porque los problemas que hay entre la misma población son muy grandes, sí es bueno que todos nos pongamos una sola camiseta que sea precisamente esa, la de la reconciliación y la construcción de la paz.

CNAI: Uno de los puntos de las decisiones que se tomaron en Uribe manifiesta el interés de los pobladores por establecer defensa y protección de los “ecosistemas estratégicos y demás bienes comunes de la naturaleza”, para beneficio de las generaciones actuales y de las futuras. ¿Por qué la importancia de Uribe en el tema ambiental?

ANEXO EL PACTO CON ALGUNAS DE LAS FIRMAS:

SÍNTESIS DE EXPERIENCIAS Y ALTERNATIVAS INTERNACIONALES DE SOMETIMIENTO A LA JUSTICIA DE BANDAS CRIMINALES Y ORGANIZACIONES SUCESORAS DEL PARAMILITARISMO. Albeiro Caro Fernández, CNAI Bogotá D.C. Febrero 28 de 2017. 1. INTRODUCCIÓN.

paz, la convivencia democrática y la reconciliación nacional. En este texto, se condensan experiencias y propuestas internacionales relevantes de sometimiento a la justicia de grupos insurgentes y criminales, así como de prevención de la “bandolerización” de grupos en proceso de reintegración a la vida civil, o sujetos de reorganización de estructuras militares institucionales, con base en fuentes aportadas por la Escuela de Paz de Barcelona, la contribución documental de Naciones Unidas, la OECD y trabajos realizados por diversos analistas.

Un análisis de alternativas de sometimiento a la justicia de bandas, grupos criminales y/o formas de expresión neo paramilitar, justifica aproximarse al estado del arte internacional o a las lecciones aprendidas hasta la fecha, respecto al manejo de situaciones de guerra, conflictos armados internos o confrontaciones violentas, así como el tratamiento social y estatal de este fenómeno, que sirvan de enseñanza o referente, en el marco del proceso de paz en Colombia. Las experiencias en diversos países muestran evidencias complejas de criminalización de segmentos de grupos insurgentes, estatales, paraestatales o de actores privados, que emergen en contextos de violencia, de lucha por recursos, de conflictos armados o en etapas de post acuerdos, con incidencias nacionales, territoriales e, incluso, transfronterizas e internacionales.

2. REFERENTES RELEVANTES. Para la Organización de Naciones Unidas-ONU, la firma de acuerdos de paz, relacionados con la superación de conflictos armados, debe conducir a un proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes. Este proceso, es conocido como DDR y tiene diversas modalidades: desde las enfocadas en procesos de estabilización política, pasando por las centradas en los beneficios a los combatientes, hasta las enfocadas en las comunidades. Sus objetivos se fundamentan en: Contribuir a la seguridad ciudadana y la estabilidad; en facilitar la reintegración de los ex combatientes a la vida civil; en reconstruir la confianza entre los bandos enfrentados; en prevenir futuras violencias y servir a la reconciliación, así como en promover la reconstrucción nacional y territorial y propiciar el desarrollo.

Las lecciones de la experiencia africana, haitiana y centroamericana para desactivar actores de violencia armada o en situación de riesgo social o de criminalización con posterioridad a procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), en el marco de Acuerdos de Paz o de sometimiento a la justicia, permiten establecer pautas básicas encaminadas a garantizar la seguridad y convivencia democrática de las comunidades en sus territorios. Para el caso colombiano, este análisis adquiere relevancia por cuanto el momento histórico evidencia la urgencia de asumir tratamientos integrales en los procesos de consolidación de la 74

En contraste, para los casos tipificados como “conflicto violento” y no como “conflicto armado”, Naciones Unidas ha acuñado el término de “segunda generación de DDR”. Con ello, enfatiza en centrar los esfuerzos en la promoción de la seguridad “en zonas donde hay presencia importante de milicias, bandas criminales, narcotraficantes o grupos paramilitares, todos ellos armados, que utilizan grandes dosis de violencia contra la población civil” Fisas (2009). En este ámbito se clasifica el Acuerdo de Santa Fé de Ralito entre el gobierno colombiano y las AUC en 2003.

a) Análisis del conflicto y de la estabilidad y fragilidad, que reflejan las condiciones de inestabilidad estructural subyacentes, las capacidades y fragilidades institucionales, las dinámicas socio-económicas y políticas y los actores clave. b) Enfoques de salud pública para identificar patrones de violencia armada, los factores de riesgo y protección. c) Los diagnósticos del sector de gobernabilidad y justicia, que pueden aportar información vital sobre el papel, capacidades y retos del entorno institucional formal. d) Instrumentos de estudio, tales como: encuestas sobre grado de acoso; auditorías en seguridad y protección y sondeos sobre armas ligeras y violencia armada multidimensional.

Estos son temas pertinentes de descifrar en experiencias como las de la República Democrática del Congo (antes Zaire), Ruanda, Sierra Leona, Haití, Afganistán, Liberia, Costa de Marfil. Para este tipo de casos, los organismos competentes de la ONU recomiendan el desarrollo de programas de desarme diferentes a los que se lleva a cabo con las guerrillas, porque no se considera pertinente un acuerdo de paz con actores criminales. Al respecto, las estrategias pertinentes se asimilan a los Programas de Reducción de la Violencia Comunitaria (CVR). Al respecto, también la OECD (2010), plantea elementos de reflexiones globales, tales como:

2.1 Experiencias africanas El continente africano es un escenario complejo, entrecruzado y transfronterizo de juego de intereses, guerras y conflictos violentos generadores de terribles dramas humanitarios y genocidios, derivados de la actuación de Estados, grupos insurgentes, actores no estatales, multinacionales y estructuras informales de criminalidad internacional. En especial, para efectos de esta síntesis, se alude el caso de República Democrática del Congo (rica en recursos naturales, especialmente: coltán, diamantes, cobre, cobalto, oro, estaño, zinc, manganeso, madera, entre otros) y Ruanda en el África Central, así como Sierra Leona en África Occidental. En una perspectiva global, como plantea Laverdos (2010), las guerras de los últimos decenios llevan aspectos ocultos, cada vez más relacionados con intereses por recursos naturales, a menudo de carácter estratégico, lo que las vuelve cuestiones clave de geopolítica, geoestrategia y geoeconomía. Una connotación especial de estas conflagraciones, se refiere al papel relevante de los actores no estatales, cuya intervención en conflictos bélicos o violentos atraviesa las etapas de preparación, ejecución de la guerra y postconflicto. Este papel le confiere trascendencia fundamental al análisis, incorporación, regulación y protección de los derechos humanos de la población afectada.

1. Falta capacidad general para tratar los aspectos convergentes del conflicto y la violencia criminal; falta experiencia en tratamiento de la violencia armada en áreas urbanas. 2. Considera que la prevención y la reducción de la violencia armada-RVA tienden a reducir los riesgos e impactos de la misma. Se requieren prácticas emergentes basadas en enfoques existentes y lecciones aprendidas en prevención de conflictos, construcción de paz, prevención del crimen y salud pública. 3. Una RVA sostenible requiere de una visión integral. Hacen falta enfoques inclusivos abajo-arriba en seguridad. Los enfoques arriba-abajo, son insuficientes. Al respecto, propone cuatro instrumentos relevantes:

2.1.1

República Democrática del Congo (rdc)

justicia nacional para hacer frente a los crímenes cometidos por los actores implicados.

Como se ha podido establecer, las dos guerras de la República Democrática del Congo, que se realizaron entre 1996-1997 y 1998 hasta 2003, dan cuenta de un juego de intereses globales, abuso de poder, violación masiva de los derechos humanos y perpetración de crímenes internacionales y geoeconómicos. Al respecto, como lo reconocen diversos informes de la ONU (por ejemplo, el informe S/2001/357, subapartado 114, págs. 28-29) los expertos militares registran que el conflicto del Congo deriva de la conflagración desatada por Ruanda en su propio territorio y en territorio congolés, con financiamiento a partir de la explotación de los recursos naturales de la RD del Congo, sobre la base de la incapacidad del presupuesto de defensa de Ruanda para cubrir el costo de la guerra. Estas conflagraciones trascienden las fronteras trazadas por demarcaciones coloniales, al segmentar grupos humanos que también habitan países vecinos, con grave incidencia interna y externa.

La situación de violencia e instabilidad, tiene como antecedente la primera guerra con la extensión a la RDC del conflicto de Ruanda y el golpe de Estado ejecutado por Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko. La zona fronteriza de la RDC era utilizada por las milicias hutu expulsadas de Ruanda con la llegada al poder de los tutsis. Tras una guerra relámpago, Kabila logra el poder en mayo de 1997, gracias al apoyo de grupos armados respaldados por los gobiernos de Ruanda y Uganda. Estos mismos gobiernos y grupos armados en la RDC más la intervención de Burundí, tras el pedido de Kabila para que las fuerzas extranjeras abandonen el país, intentan derrocarlo en 1998, teniendo como detonante los conflictos anteriores entre Hutus y Tutsis, que se hicieron fuertes en algunas provincias del este del país, hasta desencadenar la segunda Guerra del Congo, o también, la llamada Primera Guerra Mundial Africana. Kabila recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabue. La guerra deja como saldo más de cinco millones de víctimas mortales, cerca de 200.000 mujeres, víctimas de la violencia sexual, así como el desplazamiento forzado de cerca de 700.000 personas, más una crisis humanitaria crónica.

Un análisis de los actores implicados y las causas que motivaron el conflicto en la RDC, así como los pasos más importantes para el logro de la Paz involucra instancias internacionales y nacionales. En especial, es de resaltar la ejecución de la Misión de Naciones Unidas-MONUC hasta 2010; igualmente, el desarrollo posterior de la misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del CongoMONUSCO y el papel de la Corte Penal Internacional.

En 1999, como lo muestra Fisas (2016), se inaugura una primera etapa del proceso de paz de la RDC, con la firma del Acuerdo de Alto al Fuego de Lusaka, entre varios países y grupos armados presentes en el conflicto, con la mediación de la organización regional SADC (Southern Africa Development Community) y, principalmente, de Sudáfrica. Esto permite el establecimiento de la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU (MONUC) en noviembre de 1999 (Resolución 1291 del Consejo de Seguridad), para supervisar el alto al fuego y promover el desarme de las milicias. El mandato estaba concebido en cuatro fases: aplicación de los acuerdos de alto al fuego firmados en Lusaka; seguimiento de cualquier violación de los acuerdos; organización del desarme, desmovilización y reintegración de los

En una guerra de más de veinte años, con diversas etapas y una dinámica de reducción gradual, cuyos rigores todavía persisten, son múltiples los actores con una gran variedad de intereses, donde la lucha por el control de los recursos naturales juega un papel principal. Son notables las carencias existentes en los planes para el establecimiento de la Paz, como lo señala Calbet (2013); principalmente, las relacionadas con los ámbitos de seguridad y

combatientes y facilidad para lograr la transición para organizar unas elecciones creíbles. Dicho mandato estaba regido por el Capítulo VII de la Carta, que le autorizaba a utilizar la fuerza en caso necesario. No obstante, este acuerdo no fue respetado por ninguna de las partes en el conflicto y Kabila fue asesinado en 2001, aparentemente, por conflictos al seno de su grupo de poder más próximo.

Los acuerdos de paz en que participaron todas las partes nacionales implicadas, más algunos actores no estatales, debían servir para la retirada de las fuerzas armadas extranjeras del Congo, y el establecimiento de la misión de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, que buscaba la consecución del acuerdo y una reconciliación nacional en la RDC a partir del desarme, desmovilización, reintegración y repatriación o reasentamiento (DDRR) de los distintos grupos armados. El primer acuerdo llevó a que se adoptara la resolución S/RES/1279, en noviembre de 1999, donde se aprobó el destino del personal enviado previamente de Naciones Unidas para la misión de mantenimiento de la Paz-MONUC. Se trataba de personal militar y civil; debían garantizar el cese el fuego en todo el territorio y en todos los ámbitos. Mientras, los conflictos armados seguían en las provincias orientales; el personal civil debía apoyar al gobierno en los temas de Derechos Humanos y ayuda humanitaria. El personal militar tenía la potestad de adoptar medidas para proteger al personal de Naciones Unidas, sus instalaciones y equipos, además de garantizar la seguridad y la libertad de circulación, tanto de su personal como del personal civil y protegerlo frente a la violencia.

Con el relevo por parte de su hijo Joseph Kabila, se dinamizó el Diálogo Intercongolés (ICD) en Sun City (Sudáfrica), se logra la firma del Acuerdo Global e Inclusivo en Pretoria, en diciembre de 2002. El Acta final supuso la integración de los grupos armados de oposición en el Gobierno Nacional de Transición (GNT), en el que Joseph Kabila mantuvo su cargo de presidente y se establecieron cuatro vicepresidencias que representaban, respectivamente, al Gobierno, al Movimiento por la Liberación del Congo-MLC, a la Agrupación Congoleña por la DemocraciaRCD/Goma y a la oposición no armada. El acuerdo establecía una fase de transición de dos años al término de la cual se deberían organizar elecciones generales y se preveía la formación de unas nuevas FFAA congolesas donde se integrarían los distintos grupos armados de oposición.

La misión de la MONUC fue muy compleja y objeto de críticas; si bien sus objetivos de construcción y mantenimiento de la paz eran claros, debió irse adaptando a las circunstancias que envolvían al país, a la diversidad de actores implicados, movidos por intereses particulares, en una zona estratégica de obtención de recursos naturales, pretendidos por grandes potencias como Estados Unidos y China, así como por empresas multinacionales interesadas en su explotación, generalmente, a través de mecanismos ilegítimos y a menudo ilegales, lo que los hace corresponsables de violaciones de Derechos Humanos. Como lo afirman los Comandantes del X Curso de Estado Mayor de la ESFAS Blanco, Calderón, Sánchez y otros (2009), en muchos casos la actuación de las compañías explotadoras de recursos naturales o vinculadas a la cadena de abastecimiento de los mismos, “ha contribuido negativamente a la evolución del

Entre tanto, los conflictos continuaron en el este en las provincias de Kivu del Norte y del Sur, Katanga, Équater y en Ituri, llevando a la búsqueda de diálogos para nuevos acuerdos de paz, con ayuda de organismos internacionales. La guerra involucró desde sus inicios a varios actores internacionales. La firma de un alto al fuego en 1999 y de diferentes acuerdos de paz entre 2002 y 2003, llevó al retiro de tropas extranjeras y a la configuración de un Gobierno de transición. La apertura de diálogos para llegar a acuerdos de paz, llevó a la ONU a instalar la MONUC, para velar por la implementación de la paz y la seguridad de la población civil. En 2006 se celebraron elecciones sin erradicar totalmente el conflicto en las provincias orientales.

conflicto, desarrollando sus actividades al margen de la Guía para las empresas multinacionales elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de obligado cumplimiento para los países miembros”. Así lo planteó el panel de expertos de ONU sobre la explotación de recursos naturales de la RDC en el año 2002, donde se determinó que 89 empresas multinacionales incumplían dicha Guía. La mayoría de tales empresas son de países miembros de la OCDE como Estados Unidos, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, etc.

humanitario ni en derechos humanos. Las FARDC continúan fragmentadas por motivos identitarios y geográficos. 2. La mayoría de los 60.000 militares desplegados en el este son responsables de abusos y violaciones graves de derechos humanos contra la población civil. Años después, miles de menores desmovilizados fueron nuevamente reclutados a la fuerza o pasaron voluntariamente a engrosar, principalmente, las filas de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de RuandaFDLR, las milicias Mai Mai, que se mantuvieron por fuera del acuerdo de Lusaka y el Movimiento 23 de Marzo-M23 (antiguo Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo-CNDP).

Con respecto a los actores armados implicados en el conflicto y a su comportamiento respecto a los diversos acuerdos de paz, Calvo y Royo (2016), sintetizan sus respectivos antecedentes, perfiles y tendencias; en su dinámica, se entrecruzan procesos de estabilización política, transformación de estructuras organizativas políticas y militares, manipulación desde intereses económicos y políticos internacionales y locales, DDR parcial, bandolerización y criminalización de grupos e incapacidad gubernamental para asegurar procesos de inclusión social y reparación de víctimas, de manera integral. Entre los actores relevantes, son de reseñar:

3. CNDP/M23. Surgen del RDC-Goma (grupo armado satélite de Ruanda), uno de los principales grupos armados conformado por tutsi congoleños con epicentro en la ciudad de Goma, al este de la RDC y en la frontera con Ruanda. Luego de los acuerdos de paz de 2002 y 2003 se integró al gobierno de transición de la RDC. Pero, algunos sectores siguieron sintiéndose excluidos. Crearon, entonces, el CNDP en 2006 con apoyo de Ruanda y liderazgo del General Laurent Nkunda. Su objetivo planteado fue el de defender, proteger y asegurar la representación política de la comunidad banyaruanda en las instituciones congoleñas, procurando que se le reconociese la ciudadanía congoleña. También, se erigió como organización vocera y defensora de los derechos de la población congoleña refugiada en Ruanda. Se planteó combatir la discriminación de la comunidad banyaruanda, defenderse de las FDLR y promover el federalismo en el país. Ente 2006 y 2012, se vinculan y salen varias veces de las FARDC, hasta que en marzo del 2012 crean el grupo M23 y se enfrentan nuevamente a las FARDC. Son derrotados en diciembre de 2013, con la participación de una brigada de intervención

1. Las FARDC. Fuerzas Armadas de la RDC, refundadas por los acuerdos de paz alcanzados. Militares y combatientes provenientes de las diversas fuerzas y cuerpos de seguridad estatal, así como de las Fuerzas Armadas del Zaire, de la época de Mobutu. También, las antiguas Fuerzas Armadas Congolesas (FAC) de 1998-2003 y miembros de las Milicias Mai Mai. Alcanza a integrar 150.000 miembros. Se incluye la Policía Nacional integrada por entre 110.000 y 150.000 miembros. En el programa de integración de las FARDC se presentan graves deficiencias: no se aborda el tema de las cadenas de mando paralelas (soldados que permanecen leales a sus antiguos mandos). No se excluye del Ejército a los violadores de los derechos humanos. No se aborda la formación en derecho internacional 78

de la ONU de carácter ofensivo, fuera del mandato de la misión de la ONU en el país (MONUSCO). Muchos de los combatientes del M23 se refugian en Ruanda y Uganda después de la derrota de 2013. Los intentos para repatriarlos y amnistiarlos han fracasado, por lo que pueden reactivarse en cualquier momento. Nkunda fue traicionado por Bosco Ntaganda, uno de sus subalternos y se encuentra retenido en Ruanda desde 2009. Ntaganda se entregó en 2013 para ser juzgado en la Corte Penal Internacional.

actualmente son más de setenta grupos que, en determinados momentos crean alianzas para negociar o para defenderse de otros actores armados. Según Naciones Unidas, en 2001 pudieron llegar a ser entre 20.000 y 30.000 Mai Mai. Su nivel de legitimidad y relación con la población han pasado del sentimiento nacionalista a la extorsión y expoliación de la población civil a la que afirman proteger. Hoy son un fenómeno que refleja la ausencia de autoridad del Estado. En muchos casos, se encuentran más próximos al bandidaje que a la protección de las propias comunidades de origen.

4. Milicias Mai Mai (o “Mayi Mayi”, se refiere al vocablo swahili y lingala “maji” que significa Agua). Calvo y Royo (2016), explican el perfil y cómo surgen como guerreros de base comunitaria: Laurent Kabila, presidente asesinado fue su líder en la lucha contra Mobutu. Acostumbran a tener una adscripción étnica y territorial. La violencia ejercida por grupos armados hutus ruandeses en los Kivus en 1995 y las milicias de la comunidad banyaruanda, junto con la invasión de Ruanda y de las fuerzas lideradas por Laurent Kabila en 1996, provoca su resurgimiento. Actúan como milicias de autodefensa civil de carácter nacionalista, opuestas a la intervención de Ruanda en los asuntos internos. Sus miembros son jóvenes de las diferentes comunidades existentes en las dos provincias de Kivu del este de la RDC donde se vive en duras condiciones de vulnerabilidad. Formar parte de ellas constituye una forma de subsistencia y reconocimiento social. En los acuerdos de Pretoria y Sun City de 2002-2003, entran a formar parte del Gobierno de transición y se vinculan a las Fuerzas Armadas. No obstante, los conflictos de la integración, las rivalidades personales entre las diferentes milicias, la discriminación al seno del ejército al ser tratados como ‘soldados de segunda’, más la precariedad de recursos para su manutención y remuneración, así como las promesas incumplidas, llevan a que la mayoría retorne a sus comunidades. Como no se trata de una estructura articulada y jerarquizada,

5. Progresivamente, se han convertido en grupos armados autónomos separados de sus comunidades de origen. Los vínculos con los Jefes del pueblo y los líderes naturales son cada vez más diversos. Hay casos en que los líderes tradicionales siguen siendo los mismos de las milicias, también hay milicias lideradas por antiguos militares de las fuerzas Armadas de Zaire de Mobutu, de las Fuerzas Armadas congoleñas de Kabila padre o de las FARDC (de quienes se integraron y, posteriormente, insatisfechos, se desvincularon), convertidos en señores de la guerra, pagados por políticos locales o notables. Otros, actúan por cuenta propia, atacan a otras comunidades y zonas para obtener beneficios económicos (maderas preciosas, carbón vegetal, ganado, extorsión, control de carreteras); controlan o participan en la explotación de recursos naturales. Las diferentes milicias Mai Mai proceden como el resto de grupos: despojan y abusan de la población y secuestran; se destacan las PARECO, APCLS, Yakutumba, Sheka, Simba y Raia Mutomboki. 6. Ruanda. Los mitos de superioridad étnica tutsi, impulsados por los belgas y la segregación social colonialista, alimentaron las luchas entre tutsis y hutus, llevando a conflictos sin antecedentes históricos en la África precolonial. Los procesos de emancipación de los años 60, vinieron acompañados de la 79

fundación de partidos políticos étnicamente sesgados, del incremento de la participación hutu en los asuntos públicos, así como de violentos enfrentamientos. A comienzos de los años sesenta, con acompañamiento de la ONU, el Partido Hutu obtuvo la mayoría en las elecciones; dos años antes de proclamar la República y de separarse de Burundí. Entre 1961 y 1973, el Parmehutu asesinó 20.000 tutsis y desplazó a 300.000, principalmente a Burundí, Uganda, Tanzania y Zaire (hoy RDC). Mientras tanto, los tutsis que permanecieron en Ruanda sufrieron la confiscación de tierras, la exclusión del Estado y la criminalización por su presunto apoyo a invasiones realizadas por tutsis exiliados agrupados en la UNAR.

gobierno de Ruanda interviene en los asuntos internos congoleños, primero, en apoyo a Laurent Kabila para derrocar a Mobutu y en 1997, para intentar derrocar a Kabila. La progresiva consolidación del gobierno de Kagame en Ruanda, ha contado con apoyo internacional, en un marco de supuesta reconciliación nacional, pasando por un plebiscito en 2003, de legitimación del presidente. El FPR ha consolidado su hegemonía en el gobierno, a pesar del pluripartidismo, en un clima de control policial, amenaza a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), represión de la disidencia política al seno del propio FPR. 9. De acuerdo con crónica de Deiros (2016), Ruanda se ha convertido desde 2014 en el primer exportador mundial de coltán, a pesar de no conocerse que tenga grandes reservas minerales. Según la periodista, la organización independiente The Enough Project, mediante análisis de las cifras del propio gobierno ruandés, descubrió que mientras que la producción nacional de minerales de Ruanda había aumentado el 22% entre 2010 y 2011, las exportaciones lo habían hecho en un 62%. En 2012, un informe confidencial de un panel de expertos de Naciones Unidas sobre el conflicto en RDC, insistió en que Ruanda ha financiado y asignado hombres, entrenamiento y armas a varios de los más de 40 grupos armados activos en las provincias congolesas de Kivu Norte y Kivu Sur, entre las cuales, a reductos del oficialmente disuelto M-23, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad, así como de saquear el coltán.

7. Con la crisis generada en 1994 por la muerte en atentado aéreo de los Presidentes de Burundí y Ruanda y el genocidio de más de 800.000 personas, provocado por los hutus radicales contra los tutsis y los hutus moderados y los twas (minoría étnica de Ruanda), a comienzos de julio el FPR se apodera de Kigali la capital ruandesa, con apoyo ugandés y la “venia” de Estados Unidos. La ONU envió tropas buscando garantizar un gobierno de unidad nacional. Pero, se abre un período de segundo genocidio en el que mueren 300.000 personas, respecto al cual sigue el debate acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el triunfante gobierno de Paul Kagame del FPR. Esta ofensiva provocó el desplazamiento de dos millones de ruandeses al este del país, a Burundí y en menor medida a Tanzania. La Operación Turquesa encabezada por Francia, creó una zona segura en el suroeste de Ruanda, lo que facilitó la huida a la RDC de los dos millones de refugiados ruandeses. Entre ellos, se escondieron muchos responsables del genocidio.

10. Según Slate África, como nueva estrategia de Ruanda para disimular el saqueo, desde 2009 se han multiplicado las cooperativas de mineros en su territorio. De este modo, los minerales congoleños pasan la frontera y reciben una etiqueta ruandesa; después son remitidos a los mercados internacionales. En 2014 Estados Unidos puso en marcha la ley Dodd-Frank, que obliga a las empresas

8. Los líderes hutus ruandeses proyectaron su actividad político-militar desde Zaire y buscaron el apoyo de Mobutu, así como de la comunidad internacional. Como respuesta, el 80

importadoras de minerales de conflicto como el coltán de la RDC o de sus vecinos -incluida Ruanda- a identificar su origen y demostrar que vienen de “minas libres de conflicto”; es decir, que no sirven para financiar a los grupos armados. También, en mayo de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una certificación obligatoria para las empresas europeas que importan minerales de la RDC. Pero, el alcance de estas medidas es aún limitado. Según un informe de agosto de 2015, emitido por el organismo norteamericano encargado de supervisar la aplicación de la ley DoddFrank, el 67% de las empresas de esa nacionalidad son importadoras de minerales de conflicto, entre ellos el coltán; no pudieron determinar el país de origen de sus minerales, mientras que otro 4% confesó que procedían de la RDC y su región. El trasfondo parece seguir siendo una cuestión de geopolítca, que pasa por el respaldo al Presidente Ruandés, como aliado de grandes potencias en la región.

varios informes de Naciones Unidos y ONG, sostienen que algunos sectores de las FARDC continúan apoyando a las FDLR y suministrándoles material militar. Pese a ello, el grupo ha menguado su capacidad, debido a diferentes ofensivas de las FARDC y de Ruanda. De los 6.000-8.000 combatientes con que contaba a principios del siglo XXI, actualmente, no pasa de dos mil. 12. Sin embargo, poseen una red de apoyo y lobby en diferentes países africanos y en Europa (en Alemania, Bélgica, Francia y países nórdicos); en América del Norte (Canadá y Estados Unidos). Sus objetivos son derrocar al actual Gobierno de Ruanda y promover el diálogo político, la democracia y el respeto por las libertades fundamentales. Su principal reivindicación es la celebración de un diálogo inter-ruandés inclusivo. Cohabita y protege a la población local, aunque también cae en el autoritarismo y sometimiento de la población civil, que es víctima de abusos, represalias, violaciones de los derechos humanos, reclutamiento forzado y saqueos. Se financia principalmente de la comercialización de productos en las zonas mineras que controlan en el este, de los impuestos y de la venta de cultivos como el aceite de palma y el cánnabis.

11. Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda-FDLR. Entre los refugiados ruandeses que huyeron a la RDC se encontraban miembros de las antiguas Fuerzas Armadas ruandesas (FAR) y de las milicias Interahamwe, responsables del genocidio. Su reagrupamiento tuvo por objeto realizar ataques en Ruanda, con la venia del Gobierno de Mobutu. El núcleo inicial, fue conocido como Armée de Libération du Ruanda (ALIR). A este proyecto militar, se sumaron jóvenes congoleños de la comunidad banyaruanda reclutados voluntariamente o por la fuerza en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. En el año 2000, ALIR se unió con otros sectores político-militares hutus con base en Kinshasa. Así se dio origen a las Forces Démocratiques de Libération du Ruanda (FDLR) en 2001, aunque negando estar vinculadas a ALIR. Esta agrupación siempre recibió respaldo del gobierno congolés, hasta inicios de 2009, cuando este Gobierno decide cambiar su política y colaborar con Ruanda. No obstante,

13. Grupos Armados Ugandeses: Ejército de Resistencia del Señor-LRA, Fuerzas Aliadas Democráticas-ADF– Ejército Nacional para la Liberación de Uganda-ADF-NALU. Surge en 1995 mediante la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en la RDC (Rwenzururu, ADF); posteriormente pasó a llamarse ADF. Grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congoleños que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). Inicia operaciones reclutando entre 1.200 y 1.500 milicianos procedentes de RDC, Uganda, Tanzania, Kenya y Burundi. Hoy no pasa de 250 combatientes. Es el único grupo considerado islamista. Estado Unidos, lo tiene 81

incluido en su lista de grupos terroristas. Se le vincula con el movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue utilizado por el Zaire de Mobutu (y luego por Kabila) para presionar a Uganda; contó con apoyo de Kenya, Sudan y tuvo fuerte respaldo clandestino en Uganda. Al comienzo de su lucha, pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda; en los años 2000 se afianzó en comunidades de acogida en la RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local para la administración congoleña. A principios de 2013 inició una campaña de reclutamientos, secuestros e incremento de ataques contra la población civil. Hoy su base de operaciones es en torno a Beni y Butembo (Grand Norte, en la zona norte de la provincia de Kivu Norte), sus miembros realizan actividades comerciales y tienen contacto y apoyo de mercaderes congoleños. Según expertos locales, el grupo es utilizado por empresas de explotación maderera para supervisar el territorio del Grand Norte y en Ituri. Además, cultiva campos y regula la circulación de productos. Oficiales del Ejército ugandés tiene contacto con las ADF, y probablemente, les suministran armas. Las dificultades para desarticularlo tienen que ver con el apoyo que reciben de las comunidades transfronterizas, con la fragilidad del Ejército congolés y con las relaciones, a veces conflictivas, entre la RDC y Uganda. Durante 2014, las FARDC iniciaron una ofensiva militar, Sukola I (en lingala, “limpieza”), con pocos avances. Entre finales de 2014 y 2015 murieron en torno a 450 civiles presuntamente a manos del grupo. En abril de 2015, su líder, Jamil Mukulu, fue detenido en Tanzania y extraditado a Uganda. Aunque debilitado, el grupo mantiene su capacidad militar y el resto de la jerarquía se mantiene intacta.

estatal y la impunidad de los responsables de los crímenes, en especial, por la exclusión de amplios sectores de la población, con componentes étnicos, regionales, políticos y de género. Desde 1991, como brazo militar del movimiento PALIPEHUTU empezó a lanzar ataques desde los campos de refugiados situados en Tanzania y desde la RDC. Intensifica su accionar a partir del golpe de estado del 1993. El grupo fue el último en aceptar la firma de los acuerdos de paz de Arusha, y se mantuvo activo hasta 2009, cuando se sumó a la contienda política renunciando a la violencia. Pero en las elecciones del 2010, criticadas de fraudulentas por la oposición, generaron nuevos obstáculos y provocaron la reconfiguración de una parte de la insurgencia. El creciente autoritarismo gubernamental y la persecución de la oposición política han llevado a parte de la oposición a retomar la lucha armada como instrumento de presión. Existen reductos de las FNL y otros actores burundeses refugiados en la provincia de Kivu Sur, en la llanura del río Ruzizi, límite entre la RDC y Burundi. También, en el territorio de Fizi, entre la meseta de Uvira y la península de Ubwari. 15. Frente de Resistencia Patriótica de Ituri-FRPI. En el distrito de Ituri, al Sureste de la provincia de Orientale, fronterizo con Uganda, se vivió entre 1998 y 2003 un reflejo del conflicto armado de la RDC. Los Gobiernos de Uganda, Ruanda y la RDC disponían de actores armados locales. En 2003, el retiro de las tropas ugandesas dejó un vacío de poder que intentaron llenar diversas milicias y señores de la guerra locales. Esto generó la Operación Artemis, de la UE, liderada por Francia. Actualmente, hay una reducción importante del conflicto en la región. Están presentes las tropas de MONUSCO y avanza el proceso de DDR. En Ituri influyen disputas tradicionales por la propiedad de la tierra (la mitad de la población de la región (los lendu) son agricultores y la otra mitad (los hema), son ganaderos. Son agudas las tensiones

14. Fuerzas Nacionales de Liberación de Burundi (FNL). Su origen data de 1979, con la creación del Partido por la Liberación del Pueblo Hutu (PALIPEHUTU), como efecto de la violencia 82

intercomunitarias de lucha por el poder político; predomina la comunidad hema, manipulada desde la colonización belga, por intereses económicos y políticos; este grupo proviene, principalmente, de Uganda y Ruanda. La región, como el este y el Sureste del país, es rica en recursos naturales: madera, oro, diamantes, coltán, uranio y petróleo. Desde el inicio de la guerra, la región estuvo bajo control de Fuerzas Armadas ugandesas. Su objetivo principal fue monopolizar los principales recursos naturales locales. En 2002, las FRPI fueron creadas con base en el reclutamiento de jóvenes de la comunidad ngiti, aliados de la comunidad lendu y del grupo Frente de Integración Nacional (FNI), contó con el apoyo de Uganda. Cerca de 15.000 miembros de las FRPI se desmovilizaron en 2006 y en 2007 se convirtió en partido político. Su principal líder, Germain Katanga, fue arrestado y transferido a la CPI acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, varias facciones no desmovilizadas o participes en el proceso de DDR posteriormente se reorganizaron, siguen cometiendo actos de saqueo, cortes de carreteras y extorsión de la población civil, así como reclutamiento de menores. Las FARDC desarrollaron una operación militar durante 2015 para intentar forzar este grupo a dejar las armas. Las FRPI son un grupo opuesto a la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) principal milicia hema de Thomas Lubanga Dyilo (primer líder de un grupo armado arrestado y trasferido a la CPI, declarado culpable de crímenes de guerra por haber reclutado por la fuerza a menores para formar parte del grupo armado).

tiempo, la estabilización ha requerido en el largo plazo, ser acompañada de esfuerzos de desarme, desmovilización, reinserción y reintegración, así como de políticas activas de Derechos Humanos y de desarrollo. Por esto, entidades como el PNUD o UNICEF apoyan al gobierno en la realización de políticas de superación de la miseria. Además, se requiere superar el problema de adiestramiento del personal militar de las FARDC. Sus soldados, a menudo provienen de milicias rebeldes y cometen actos violatorios de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas nacionales. Para la construcción de una paz estable, se busca el apoyo de la comunidad y la creación de redes sociales para hacer más fuerte la sociedad civil, con el fin de hacer frente a las violaciones de los Derechos Humanos y construir un futuro sin violencia. Como lo plantea Calbet (2013), en la RDC, a diferencia de la ex Yugoslavia o Ruanda, no se ha establecido un tribunal internacional Ad Hoc para juzgar las posibles violaciones del derecho humanitario y crímenes de guerra. Tampoco existe ningún tribunal mixto, como en Camboya, Bosnia- Herzegovina, Sierra Leona o Timor Oriental. Los tribunales internos y la Corte Penal Internacional inciden directamente. Algunos de los actores de la guerra, están en orden de búsqueda y captura. Incluso, algunos están siendo ya juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI). Pero, la CPI no es competente para juzgar actos cometidos antes del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma. Muchos de los crímenes de guerra cometidos en la RDC ocurrieron antes de 2002. Estos crímenes pueden quedar impunes, en caso de no instaurarse un tribunal especial o tribunales mixtos. En general, el sistema de justicia en la RDC se considera ineficaz para fallar frente a los crímenes cometidos, y propiciar los procesos de reparación a las víctimas. Al tiempo, se teme por la falta de garantías con respecto a juicios justos, así como a la protección de las víctimas y de testigos. Los factores de corrupción e injerencia política son endémicos en el sistema judicial. También es importante resaltar que la pena de muerte sigue

La estabilización política de la RDC viene pasando por reformas institucionales y crecimiento económico en medio de una gran inequidad social. Se avanza en el reforzamiento del sistema electoral. Aun así, se ha evidenciado la imposibilidad de cumplir el calendario electoral actual, lo que ha llevado al aplazamiento de las elecciones programadas para diciembre de 2016 hasta finales de 2017, a las que no podrá presentarse el Presidente Joseph Kabila. Al 83

vigente en la justicia militar de la RDC. Amnistía Internacional ha denunciado que a muchos civiles los han juzgado tribunales militares y los han condenado a muerte.

Africana-OUA intentaron facilitar la negociación; en diciembre del mismo año, la organización británica International Alert contribuyó a concertar una reunión entre la ONU y el RUF en Abiyán (Costa de Marfil).

2.1.2 Sierra Leona

En marzo de 1996 se llevaron a cabo elecciones que llevaron a la presidencia a Ahmad Tejan Kabbah del Partido Popular de Sierra LeonaSLPP. El RUF se marginó del proceso electoral y continuó el conflicto. No obstante, el 25 de marzo, el Gobierno saliente y el RUF firmaron un acuerdo de cese al fuego. Así mismo, acordaron entrar en una etapa de negociaciones para la solución del conflicto. Dichas negociaciones se realizaron con la mediación de Costa de Marfil, las Naciones Unidas, la OUA y la Commonwealth. En abril, Kabbah y Sankoh se reunieron en Costa de Marfil y acordaron el cese al fuego, así como la conformación de grupos de trabajo. La OUA decidió involucrarse activamente nombrando un enviado especial. Como fruto de las negociaciones, se logró la firma del Acuerdo de Abiyán, en noviembre, planteando el fin del conflicto. El acuerdo preveía una amnistía, la conversión del RUF en un partido político y un proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). El acuerdo incluyó la reforma electoral, judicial y de la policía.

En 1991, al producirse una rebelión dirigida por Foday Sankoh, el Frente Revolucionario UnidoRUF de Sierra Leona, invadió el país desde Liberia, con apoyo de las fuerzas especiales del Frente Patriótico Nacional-NPFL de ese país, dirigidas por Charles Taylor. La reacción del ejército de Sierra Leona generó 400.000 desplazados y, en una década, se estima que la guerra civil causó cerca de 120.000 víctimas. En este conflicto armado interno se destacan los crímenes y atropellos cometidos contra la población civil; en especial, los homicidios y la amputación de manos y brazos, así como la agresión sexual, los secuestros de niños obligados a participar en la guerra y la esclavización de civiles, como hechos sistemáticos y generalizados. El presidente Momoh, fue derrocado en 1992 por un golpe militar. El capitán Strasser se convirtió en presidente y el RUF mantuvo el levantamiento armado. En octubre, el RUF tomó el control de las minas de diamantes, de la región de Kono, como base para la continuación del conflicto. Como plantea Ecologistas En Acción (2008), para confrontar al RUF, “el Presidente de Sierra Leona solicitó los servicios de empresas de mercenarios como Executive Outcomes o Sandline, ahora desaparecidos”. Se produjo una gigantesca deforestación de la península de Freetown, que generó lucro para numerosas empresas transnacionales, que se beneficiaron del conflicto.

Como parte del proceso de Liberia, en 1997, Charles Taylor formó el Partido Patriótico Nacional; al triunfar en las elecciones, fue elegido presidente y promulgó una política de reconciliación y unidad nacional. Aunque las principales milicias se disolvieron para constituirse en organizaciones políticas, grupos rebeldes siguieron operando desde Sierra Leona y Guinea, lo que dio origen a la segunda guerra civil.

Como muestra Fisas (2016), en 1994, el presidente Strasser solicitó la mediación del secretario general de la ONU para inducir al RUF a negociar. Esta gestión no tuvo éxito. El secretario general nombró, entonces, a Berhanu Dinka como su enviado especial para Sierra Leona, con la misión de establecer contacto con dicho grupo. En 1995, la ONU, la Comunidad Económica de Estados de África OccidentalCEDEAO y la Organización para la Unidad

En marzo de 1997, Sankoh fue detenido en Nigeria y en mayo se produjo el golpe militar de Paul Koroma en Sierra Leona, que recibió el apoyo del RUF. Paralelamente, se creó el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que se enfrentó a las tropas del Grupo de Observadores Militares-ECOMOG de la CEDEAO, presentes en el país. En octubre se realizaron diálogos en Conakry, lográndose la firma de un plan de paz 84

que incluyó el cese de las hostilidades, mecanismos de verificación del ECOMOG, el DDR, la inmunidad para los golpistas, así como el regreso de Sankoh y el restablecimiento del Gobierno constitucional del presidente Kabbah.

Naciones Unidas. Los países no productores, también firman el tratado de la Organización de las Naciones Unidas. Las Comunidad Económica Europea, lo firma en 2003. En 1999, mediante nuevas negociaciones entre el Gobierno y los rebeldes, se firmó el Acuerdo de Lomé; se reinició un diálogo entre el Gobierno y el RUF. Las negociaciones contaron con la mediación del Gobierno de Togo. Se procedió a un cese al fuego y los prisioneros de guerra fueron liberados. Los Acuerdos fundamentales consistieron en: la transformación del RUF en partido político; el establecimiento de un Gobierno de unidad nacional; la concesión de la vicepresidencia para Sankoh; el establecimiento de un Consejo de Notables y Dirigentes Religiosos para que cumpliera funciones de mediación; una amnistía; celebración de elecciones. El inicio del DDR y la reestructuración de las FFAA. El establecimiento de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la retirada gradual de las fuerzas del ECOMOG. Como garantes del acuerdo, fueron denominados Togo, las Naciones Unidas, la OUA y la Commonwealth. En octubre, Sankoh y Koroma regresaron a Freetown y se creó la UNAMSIL para cumplir los Acuerdos de Lomé. En noviembre se firmó en Abuya un acuerdo de cese al fuego, que asignó la función de supervisión para la UNAMSIL y la inmediata reanudación del DDR. Este acuerdo provocó divisiones dentro del RUF.

En febrero de 1998, y en respuesta a un ataque conjunto del RUF y del ejército de la junta, el ECOMOG lanzó un ataque militar que produjo la disolución de la junta y su expulsión de Freetown, capital del país. El presidente Kabbah volvió a ocupar su cargo y nombró a un nuevo Gobierno. Se creó la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL). Foday Sankoh, fue detenido e hizo un llamamiento para la rendición; no obstante, los combates siguieron, en parte por el apoyo de Liberia a los miembros del RUF. Entre el 8 de octubre de 1997 y octubre de 1999, cinco organizaciones comenzaron a vetar la compra de diamantes que provenían de “Zonas en Conflicto”, o “diamantes de sangre”. El 7 de septiembre del 2000 se inauguró el Consejo Mundial de Diamantes formado por personal de las empresas comerciantes de diamantes. Se empezó a recomendar a los consumidores tener cuidado en la compra de diamantes provenientes de zonas de conflicto. En Kimberly (Sudáfrica) en el año 2000, la ONU encabeza la reunión con los productores, que permite establecer la resolución para la emisión de un certificado que garantizase que los diamantes en ningún caso provienen de países en conflicto o guerras civiles. Se inició de este modo, el sistema de certificación del proceso Kimberley, consistente, esencialmente, en un régimen de control de exportaciones e importaciones de diamantes en bruto. Se busca garantizar al consumidor que los diamantes que adquiere en su joyería no proceden de países o zonas de conflicto bélico. A dicha resolución adhieren los países que siendo productores no participan en ningún tipo de conflicto bélico, así como los mayores productores de diamantes del mundo y quienes los comercializan: DE BEERS y otros grandes productores. Igualmente, el WORLD DIAMOND COUNCIL, se convierte en el primer garante del cumplimiento de la Resolución de las

En mayo de 2000, el secuestro de 500 cascos azules por parte del RUF, provocó la intervención militar británica, el desmantelamiento del RUF y la detención de Sankoh. Pero, en noviembre se firmó el Acuerdo de Abuya I, por el que se decretaba un alto al fuego supervisado por la UNAMSIL y la entrega de armas por parte del RUF. Así mismo, un programa de DDR y la reestructuración de las FFAA. Dado que los combates continuaron, en 2001 se produjo una ofensiva de las tropas guineanas contra el RUF. En mayo, se firmaron los Acuerdos de Abuya II entre el RUF y el Gobierno, con los que se establecía un programa de DDR.

En enero de 2002, se produjo por fin la culminación de la guerra civil. La amnistía general al finalizar el conflicto fue criticada por Naciones Unidas y planteó la exclusión de los actores de genocidio, crímenes de guerra y otras violaciones al DIH. En 2002, se creó la Comisión de la Verdad para superar la impunidad, responder a las víctimas y propender por la no repetición. En el año 2000, El Consejo de Seguridad de la ONU, mediante Resolución 1315, creó el tribunal especial independiente de Sierra Leona, con el fin de sancionar a los principales responsables de los crímenes. En 2003, se formularon trece acusaciones, de las que solo 9 fueron efectivas, incluidas las acusaciones a tres dirigentes del RUF (Issa Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao, que fueron condenados en febrero de 2009). Ya en 2008, el Tribunal Especial había condenado en La Haya al expresidente de Liberia, Charles Taylor por crímenes de guerra imputados en Sierra Leona. Este proceso convirtió al ex Presidente Liberiano en el Primer Ex Jefe de Estado condenado por la corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El tribunal se disolvió en diciembre de 2013.

la disputa por los recursos naturales y al control omnímodo del poder ejecutivo. También estableció que el colonialismo y la subversión de los sistemas tradicionales tuvieron efecto, como lo muestra Millán (2015). Entre sus recomendaciones fundamentales, enfatizó en la lucha contra la corrupción, un proceso participativo constitucional, independencia del poder judicial, fortalecimiento del papel del parlamento, control estricto de las fuerzas de seguridad, descentralización y autonomía económica de las provincias e inclusión de jóvenes y mujeres en la vida política. Así mismo, adelantar un Programa de Reparación de Víctimas. En 2004, se creó la Comisión de Derechos Humanos, con el fin de supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los tratados, promover la reconciliación y facilitar la implementación de las recomendaciones de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. La Comisión Nacional para la Acción Social-Nacsafue conformada por el gobierno para implementar las recomendaciones de la comisión de la Verdad. La reintegración de excombatientes culminó oficialmente el 31 de diciembre de 2003. Fueron más de 48.000 excombatientes inscritos en los proyectos de reintegración creados por el Comité Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración con el apoyo de la UNAMSIL. Otros 3.700 excombatientes recibieron un pago excepcional. No obstante, el Gobierno tuvo una capacidad muy limitada para garantizar oportunidades de empleo a excombatientes y exrefugiados. La UNAMSIL también apoyó el reasentamiento de los desplazados internos y el retorno voluntario de los refugiados de Sierra Leona desde países vecinos. En 2008, el gobierno y Naciones Unidas activaron un proyecto de un año para el fortalecimiento de la capacidad institucional en la implementación de las recomendaciones sobre reparación. Naciones Unidas aportó US $ 3 millones de dólares de su fondo de consolidación de la Paz y se registraron 29.733 víctimas. La reparación consistió en un pago de US $ 100 por persona y se han iniciado procesos de implementación de otras medidas de reparación, tales como apoyo a educación, salud y

En lo que respecta a Sankoh, murió en condición de preso en 2003 en un hospital de Freetown, donde se encontraba bajo custodia del Tribunal de Sierra Leona para Crímenes de Guerra, auspiciado por la ONU. El proceso de paz, con todos sus altibajos e incumplimientos, duró ocho años. Foday Sankoh, es uno de los símbolos de las atrocidades cometidas en diez años de guerra civil en Sierra Leona. Se caracterizó por las amputaciones masivas para aterrorizar a la población civil. Además. Sierra Leona es un caso dramático de financiamiento de la guerra mediante los “diamantes de sangre”. En 2003, culminaron también los trabajos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como el desarrollo de actividades del Tribunal Especial para Sierra Leona, organizaciones a las que la UNAMSIL prestó su apoyo. En junio finalizó el embargo sobre la exportación de diamantes desde Sierra Leona. La comisión identificó como causa fundamental de la guerra a la corrupción, a 86

en 2009, se creó el Fondo de Víctimas contemplado en el Acuerdo de Lomé y la Ley TRC de 2000.

desarme, que se pueden implementar las fases de reintegración de carácter comunitario. En esa dirección, la MINUSTAH planteó una aproximación multifacética con base en cinco ejes complementarios, buscando abarcar desde el cumplimiento de los objetivos de seguridad (a corto plazo) hasta los objetivos de desarrollo (a largo plazo):

2.2 El caso de Haití. Tras tres años después de la implantación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití-MINUSTAH, el programa de Desarme, desmovilización y Reintegración, que se estableció en 2004, no consiguió reducir el nivel de violencia. Como plantea Caramés (2008) Haití, no coincide con las características típicas de un conflicto armado, ya que tras el fin de las hostilidades no se dio ningún tipo de acuerdo de paz. No obstante, se pudo establecer la relación existente entre las causas de la violencia armada y las necesidades básicas de la población lo que, por encima de motivaciones políticas, llevó a tener que vincular las agendas de la paz, la seguridad y el desarrollo.

1. Negociación, desarme y reintegración de los grupos armados (responsabilidad de MINUSTAH y de la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración, CNDDR). 2. Seguridad comunitaria y prevención de conflictos (responsabilidad del PNUD). 3. Prevención, desarme y reintegración de los jóvenes armados y asociados con los grupos armados (liderada por UNICEF).

El éxito de la reintegración dependió en gran medida del apoyo a los ex combatientes, por parte de sus familias y comunidades. Frecuentemente, al regresar los ex combatientes a entornos sociales extremadamente difíciles, fue muy común que se les percibiera simplemente como victimarios y como una carga adicional para la comunidad, haciendo peligrar el entorno local si las actividades se dirigían especialmente a los ex combatientes, sin ofrecer beneficios evidentes para el resto de la comunidad.

4. Reintegración de mujeres asociadas con grupos armados y refuerzo de su rol como agentes de paz. (Departamento de Género de la MINUSTAH). 5. Refuerzo de las estructuras políticas y legislativas para el control de la proliferación de las armas cortas, como elemento transversal.

Desde esta perspectiva, aún estas versiones de Programas DDR, debieron beneficiar a la comunidad; es decir, no se pudieron focalizar únicamente en iniciativas de reducción de la violencia; sus énfasis debieron estar en la promoción de la seguridad humana. De ello se deriva como conclusión que el objetivo no debe ser únicamente la reducción de armamento y la consolidación de la seguridad a través de la desmovilización de combatientes. Se vuelve necesario generar cimientos para el desarrollo de la sociedad. Es decir, es fundamental adelantar iniciativas de reducción de la pobreza; por ejemplo, con un mayor plazo que las etapas de

El pilar de la atención a menores se consideró fundamental, teniendo en cuenta el alto porcentaje de menores de edad, dentro de la pirámide de población en el país. También, por el alto grado de exposición de los menores a la violencia en diversos sentidos: muertes, secuestros, violaciones, uso en los grupos armados y ataques contra los hospitales y escuelas. Coherente con ello, se le confirió relevancia al seguimiento psicosocial, si el menor hubiere sido víctima de la violencia armada (si pertenencia a un grupo armado), además de la violencia estructural y cultural (pobreza, analfabetismo o falta de acceso a la educación, entre otros motivos). 87

A pesar de esta aproximación multifacética para la reducción de la violencia, su ejecución presenta la carencia de un sistema de justicia transicional. Se consideró como imposible aplicar una amnistía generalizada para todos los actores que intervinieron en la violencia armada, al establecer que ello no contribuiría a la reconciliación de la sociedad haitiana. Tampoco se vio factible aplicar un sistema marcadamente represivo, dada la ausencia de mecanismos institucionales, en el marco de una enorme fragilidad del sistema gubernamental. Es de resaltar, en consonancia con el cambio de enfoque en la valoración las características de la violencia en Haití, que en las siglas de la CNDDR, la segunda “D” deja de responder a “Desmovilización” (durante la Comisión del Gobierno de Transición) para pasar a “Desmantelamiento”. Esto se explica por la reducción de la estrategia de negociación con dichos colectivos, para pasar a estrategias disuasivas.

normas que rigen la circulación de armas; y acciones comunitarias para desarrollar actividades apropiadas para búsqueda de alternativas a la violencia para los jóvenes.

2.3 CENTROAMÉRICA

Se destaca la Campagne pour la Réduction de la Violence en Haití como una de las iniciativas más destacadas. Esta consiste en una agrupación de diversas organizaciones a nivel estatal e internacional, cuyos objetivos se dividen en tres ejes: trabajos de sensibilización, movilización y formación acerca de las dimensiones, causas, consecuencias de la violencia armada en el país. Su actividad, se implementa a partir de tres sectores clave: jóvenes, artistas, trabajadores y periodistas; sensibilización de las comunidades de riesgo para su participación activa y promoción y apoyo de la puesta en marcha de un cuadro legal a nivel nacional e internacional.

Centroamérica configura una subregión muy interesante para el análisis de estrategias preventivas y proactivas de sometimiento a la justicia de grupos criminales y para la reinserción social de pandillas. En ella, confluyen distintos factores: Es un corredor que enlaza el Norte con el Sur y el Gran Caribe; posee un legado de los conflictos armados de los años ochenta y los primeros noventa —excombatientes sin procesos de reintegración, armas de guerra que circulan por todas partes; fuertes conexiones con las redes ilícitas durante las diversas guerras en varios países; debilidad institucional, fruto de Estados oligárquicos postcoloniales, “agravado por dos décadas de neoliberalismo que lo ha hecho más permeable a la corrupción” Rojas (2008); así mismo, el impacto de las deportaciones, fortalece las relaciones delictivas con Estados Unidos. Persiste, además, la pobreza, la desigualdad y falta de perspectivas, sobre todo para la juventud. Estos factores, han contribuido para que Centroamérica se haya convertido en un importante lugar de tránsito de drogas, de tráfico de personas y de armas, de lavado de dinero y de todo tipo de actividades ilícitas. La magnitud de la problemática exige combinar estrategias locales, nacionales y regionales, para promover la seguridad humana y ciudadana.

Sus objetivos pretenden cumplirse a través de diversas estrategias y actividades: investigación sistemática y difusión de estudios sobre la problemática de la violencia armada en Haití; formación y educación de los miembros de las organizaciones que conforman la coalición; sensibilización a través de los principales eventos culturales; campaña mediática; intercambio de experiencias con otros países; lobby a las principales instancias nacionales e internacionales que intervengan en la promulgación de leyes y

La violencia de grupos criminales y pandillas, afecta la seguridad regional, especialmente de los ciudadanos. Otros factores que inciden son el crimen organizado y el narcotráfico. Se plantea que América Central es actualmente la zona de tránsito por donde se moviliza el 90% de las drogas que entran en los Estados Unidos; además, es cada vez mayor la presencia de los cárteles de narcotráfico mejicanos. Desde esta perspectiva, se buscan estrategias conjuntas de los países de la Cuenca del Caribe hacia los 88

países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la República Dominicana.

medidas para fortalecer la igualdad, la justicia, con particular atención a los derechos de las mujeres, basándose en los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y no discriminación.

El punto de partida de los trabajos de caracterización e intervención que se realizan con apoyo de Naciones Unidas, organismos multilaterales, organismos de cooperación y gobiernos, es un cambio de enfoque: Se considera muy difícil tener éxito nacional, ante una violencia cuyos vínculos y ramificaciones trasciende las fronteras de cada Estado y de la región.

Uno de los programas relevantes ha sido la transformación de las fuerzas de seguridad y las estructuras policiales, evitando trasplantes mecánicos de experiencias en otros países, dado el involucramiento de altas jerarquías y agentes de bajo rango con actividades ilegales. La reforma policial con apoyo de Estados Unidos, España, Países Bajos y Japón, ha requerido ser articulada con programas de reforma de la justicia. También, se cuenta con el apoyo de organismos multilaterales en el ámbito de seguridad y de justicia, como el PNUD desde su programa en Centroamérica.

Se considera necesario establecer políticas globales que refuercen, las políticas nacionales de seguridad pública, desde enfoques de “nuevo regionalismo” y de integración regional. El enfoque de seguridad humana centrada en las personas, permite incorporar nuevas amenazas relacionadas con el medio ambiente, la economía, o la salud. Entre ellas, la violencia social con vínculos transnacionales con el crimen organizado, el blanqueo de capitales y el tráfico de personas.

Entre las estrategias relevantes se resaltan: Investigar la existencia y las modalidades de operación de los grupos de seguridad ilegales y de las organizaciones clandestinas de seguridad, identificando sus estructuras y vínculos entre funcionarios del Estado y el crimen organizado.

El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), estableció en 1995 una línea de trabajo para abordar la relación entre desarrollo y seguridad y el papel de la cooperación internacional en situaciones de guerra y conflicto. En sus enfoques de ayuda al desarrollo, plantea que debe promover la prevención de la violencia y el conflicto, abordando sus raíces, así como los factores que los desencadenan, desde una perspectiva de desarrollo de las capacidades de los propios países, de la sociedad civil y del gobierno para construir la paz a todos los niveles.

Apoyar el trabajo de las instituciones del Estado, especialmente de Guatemala (Fiscal General), en su función de investigar y procesar personas involucradas en estos grupos. Además, realizar recomendaciones respecto a nuevas políticas públicas y procedimientos. Se propende por el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad. En este ámbito se propone: “El refuerzo de las Defensorías Públicas, programas de resolución alternativa de conflictos (mediación y conciliación), medidas de eficiencia y agilización de los procesos, proteger los derechos de las minorías, apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que promuevan el acceso gratuito a la justicia y que velen por la independencia del poder judicial. Así mismo, Proveer asistencia técnica a las instituciones del Sector Justicia.

Se destaca la necesidad de enfoques holísticos para abordar la seguridad en la búsqueda de respuestas colectivas a la creciente violencia transnacional. Esto exige asegurar la eficacia del Estado como un prerrequisito necesario para mejorar las condiciones de los afectados por la violencia. Se propone mantener un equilibrio entre la reducción de la inseguridad ciudadana y evitar reforzar mecanismos represivos del Estado. Se trata de promover procesos sociales de inclusión y 89

conflictos es un elemento que ha generado resultados positivos y se ha ido consolidado como parte importante de las estrategias para la prevención de la violencia.

Se desarrollan programas de formación de la policía, con base en un nuevo currículo que incorpore cuestiones relacionadas con los derechos humanos y las nuevas amenazas que se plantean en el contexto actual. Así mismo, la creación de un censo de los policías en servicio, de sus funciones y estructura organizativa.

Para El Salvador, Guatemala y Honduras, se incluye un componente más específico dirigido a detener el incremento de la violencia juvenil y promover valores entre los jóvenes sobre la base de un enfoque integrado y medidas de prevención, dentro del estricto respeto de los derechos humanos, en el marco del área de cooperación en el buen gobierno, democracia y derechos humanos, siguiendo directrices de la OCDE y del CAD. Estos programas, se considera que deben contribuir a la prevención del crimen y abarcan actividades de profundización del conocimiento mutuo de los sistemas legales y regulatorios de los Estados miembros.

El área de prevención se considera relevante, con base en que las acciones de lucha contra la violencia, que forman parte de un continuo que va de la prevención al control; se trabaja en métodos y técnicas de resolución pacífica de conflictos en las escuelas (prevención primaria), programas que promueven la reintegración a la familia de jóvenes en riesgo o niños de la calle (prevención secundaria), al trabajo con los jóvenes delincuentes, como los programas de libertad asistida (prevención terciaria), así como el desarrollo humano, programas de desarrollo infantil temprano y visitas a madres con infantes en hogares de alto riesgo. El plan enfatiza en la lucha contra la violencia de género, la violencia juvenil y el combate a los delitos violentos. El Plan cuenta con el refuerzo de las acciones bilaterales programadas y de las nuevas actuaciones regionales que se lleven a cabo en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

En control de armas cortas, se estima que hay 1,6 millones de armas ligeras en Centroamérica; de estas sólo 500.000 están legalmente registradas. Muchas de estas armas provienen de los conflictos armados en la región en los setenta y ochenta en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. La relación entre el comercio de armas ligeras y los niveles crecientes de actividad criminal, se considera innegable y la presión internacional para actuar es cada vez mayor. En el ámbito de cada país, se llevan a cabo programas voluntarios de recogida y destrucción de armas, las mejoras en los procedimientos relativos al registro y la emisión de licencias. El PNUD ha desarrollado programas locales para reducir la violencia asociada a las armas ligeras, como el programa de “Una Sociedad sin Violencia” en el Salvador o el plan “Vive sin armas” en Guatemala.

En materia de investigación, el diseño e implantación de los observatorios de la violencia forma parte de los enfoques preventivos. Los observatorios permiten realizar diagnósticos sobre los principales factores que influyen en la violencia e identifican los diferentes contextos, para impulsar iniciativas teniendo en cuenta las especificidades locales.

El enfoque de la intervención desde la perspectiva de la seguridad humana con base en un enfoque multidisciplinar, tiene en cuenta entre otros factores la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se considera que la inseguridad y la violencia perpetúan la pobreza y limitan los derechos humanos de la población más vulnerable. Por esto, una de las áreas de atención prioritaria se refiere a

Así mismo, se promueve la creación de redes de prevención y seguridad comunitaria en los ámbitos local y nacional para integrar personas en situación de riesgo social. La creación de comités comunitarios de monitoreo del crimen y el establecimiento de mecanismos alternativos de resolución de 90

programas de apoyo a los jóvenes en situación de riesgo que residen en las barriadas marginales de las grandes ciudades. Se trata de jóvenes desempleados con escasas posibilidades de inserción en la economía formal y para los cuales las actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o de armas ligeras a pequeña escala, suponen un poderoso incentivo de ganar dinero fácil y de forma rápida.

ilícitas, porque éstos les ofrecen posibilidades de sobrevivir. Se propone que las políticas nacionales e internacionales promuevan una mayor inversión para abordar los factores estructurales de la pobreza. En este contexto, se plantean temas como: Reducción del suministro y disponibilidad de drogas ilegales; reforzar las instituciones y mecanismos nacionales para el control de las drogas; mejorar de las leyes y procedimientos contra el lavado de capitales; desarrollar fuentes alternativas de ingresos para los campesinos que cultivan coca, adormidera o marihuana; asesorar a los gobiernos en la mejora de sus métodos de obtención y análisis de información sobre todos los aspectos del narcotráfico; ayudar a los estados miembros y a todos los países americanos del hemisferio sur en conjunto a evaluar los progresos realizados a lo largo del tiempo en relación al problema de las drogas.

Así mismo, desde las agencias de Naciones Unidas, se promueve la rehabilitación de espacios marginales y degradados, habitados por los sectores más pobres de la población y que se han convertido en un caldo de cultivo para la violencia. Se considera muy importante lograr que un mayor número de países ratifiquen las convenciones sobre el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico y el tráfico de armas. Y al mismo tiempo, que las acciones que se lleven a cabo se sustenten sobre la base de los mecanismos internacionales ya existentes. Dada la importancia que tiene el narcotráfico con relación al incremento de la violencia en América Latina, es necesario plantear que el problema no sólo afecta al nivel de gobierno en el que se deciden y aplican las respuestas. También incide el enfoque y los consensos internacionales, y a ello también se dedican estas consideraciones.

3. REFLEXIÓN FINAL

A medida que se genera mayor visibilidad y transparencia con respecto a las causas y efectos de los conflictos, se evidencia con mayor fuerza la importancia de los componentes de justicia y seguridad humana, en todos los ámbitos, así como la capacidad de involucrar a todos los actores directos e indirectos, a las víctimas civiles, en especial, en lo relacionado con la protección de las mujeres y de los niños.

Sin embargo, se considera que los recursos asignados a la lucha contra el narcotráfico, son detraídos de otros programas sociales, de carácter educativo o sanitario que son esenciales para el bienestar de la población. Desde esta perspectiva, es creciente la opinión que las respuestas militarizadas enmarcadas bajo la denominada “guerra contra la droga” impulsada por los Estados Unidos, han resultado ineficaces y en ocasiones, muy contraproducentes. Se llama a reconocer que la extrema pobreza, la falta de oportunidades económicas y la exclusión de ciertos grupos sociales, hacen que estos grupos sean más vulnerables a las redes

Como afirman Devia y Leguizamón (2014), los conflictos violentos y los procesos de paz, parten a menudo, de una serie de estructuras armadas que emergieron tras problemáticas sociales, políticas, étnico-religiosas, deseos económicos y otras circunstancias propias de la violencia. En muchos casos, dichas estructuras coinciden con objetivos y acciones por cambiar el statu quo y crear un nuevo orden, en donde no se escatiman los medios para lograrlo; de este modo, entre los conflictos y los procesos de paz, se involucra la violación de los derechos humanos, la adopción

de alternativas ilícitas de financiamiento y el uso de escudos humanos para alcanzar objetivos.

promoción de los mismos como agentes de paz, desarrollo rural y construcción democrática de territorios.

Tampoco se puede soslayar la relación entre el financiamiento criminal, la frágil gobernabilidad y la baja presencia Estatal, lo que facilita la penetración de contextos de inseguridad, violencia y corrupción. Esto, en muchas ocasiones, enlaza a sectores del gobierno, de las instituciones de justicia, de las fuerza armadas y de la economía legal con estructuras criminales. Como es notable en varios casos en conflictos violentos o de posconflicto, surgen desafíos y riesgos que, al no controlarse, propician el surgimiento de otros grupos violentos, así como la reincidencia de grupos armados, en contextos de bajo progreso en desarrollo socioeconómico o bajo nivel de gobernabilidad, lo que afecta a países y comunidades vulnerables, agobiadas por la pobreza y la exclusión; mientras, la globalización va generando nuevos entrelazamientos que facilitan la dinámica de las redes criminales y su articulación con instituciones y cadenas productivas internacionales.

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La construcción de la paz incluye, entonces, un muy amplio número de actividades: desde las reformas políticas y sociales, pasando por innovaciones en materia de justicia y verdad, depuración de las instituciones, sometimiento a la justicia de los grupos criminales, monitoreo del cese al fuego, organización e implementación de la desmovilización y reintegración efectiva de combatientes, lo que implica trascender a la vida civil desde lo psicológico, cultural, tecnológico y material, en el proyecto de vida de la población excombatiente.

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En el caso de la insurgencia, así como se les equipa militarmente para la guerra o la confrontación armada en el conflicto, también es necesario dotarlos, tanto a ellos como a sus entornos comunitarios, de nuevos elementos espirituales y materiales en la construcción de la paz. En especial, cuando los conflictos armados se derivan de luchas por la tierra, la inclusión de los excombatientes en la asignación de predios, a partir de reformas democráticas de la propiedad agraria, resulta un vigoroso potenciador de la

DEVIA, Camilo y Leguizamón Jesica. Procesos de paz y conflicto en África: Angola, República Democrática del Congo y Sierra Leona. Revista análisis Internacional. Vol. 5, Núm. 2 (2014). ISSN: 2215-7190. Tomado de 92

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