La paz territorial en disputa en el catatumbo del cierre del conflicto armado a la apertura de confl

La Paz territorial en disputa en el Catatumbo. Del cierre del conflicto armado a la apertura de conflictividades sociales en la nueva ruralidad Esteban Clavijo Rodríguez Observatorio del conflicto armado y el posconflicto CNAI

Introducción Para comprender las políticas territoriales más allá de la marcada perspectiva de política económica de restructuración productiva, que conduce al análisis de las irregularidades del mercado de tierras en Colombia asociada a factores como la violencia y la especulación que impide un censo rural y una política fiscal expansiva a través del impuesto predial, en el Observatorio del Conflicto armado y el posconflicto de la Corporación Nuevo Arco Iris hemos incluido una visión de economía política que dé cuenta de las consecuencias y el contenido de la política pública haciendo una genealogía que indague y sirva para la actual comprensión del binomio seguridad y desarrollo que ha buscado la territorialización del capital en el campo colombiano y la relación de esta incursión con el conflicto armado.

Si el escenario de la Altillanura nos permitió hacer un análisis de la economía política detrás del conflicto armado entre las FARC y el Estado, e incluir las guerras internas entre las bandas paramilitares y sobre todo la compra de tierras para el agronegocio1, es entonces el análisis de otros escenarios del conflicto armado en el país lo que nos permitirá comprender los conflictos del posconflicto en su dinámica socioterritorial a través de las economías existentes en los territorios en disputa por el control territorial.

Mantener la discusión a vueltas sobre el control territorial en las regiones, fragmentado y en disputa entre el Estado y los contrapoderes armados que lo capturan o que han incentivado regulaciones propias en ausencia del Estado, compitiéndole a la centralidad papeles como el recaudo tributario, la justicia y construcción de infraestructura básica, sigue siendo una de las clave para comprender en qué medida hay posibilidades de negociación política o en qué casos no hay más salidas que la confrontación y sometimiento de actores armados a la justicia del Estado.

Si como plantea el profesor Francisco Gutiérrez Sanín, quien siguiendo la literatura internacional, ha recalcado que “la construcción estatal es un proceso de incremento gradual de capacidades administrativas, fiscales e institucionales de los gobiernos para interactuar constructivamente con sus sociedades y perseguir metas públicas”2, entonces la construcción del Estado se vuelve una tarea de las comunidades que en los territorios han venido elaborando sus planes de vida y ordenamiento propio, las cuales ven en la implementación de un Acuerdo de Paz, que no solo puede tratarse del desarme de las guerrillas, una oportunidad política para tramitar sus demandas políticas a un Estado que se ha encargado de excluirlos política y socioeconómicamente.

Las limitaciones del aparato productivo han dinamizado las discusiones entre las élites del país con la actual perspectiva de desaceleración económica, devaluación, bajos precios del petróleo y 1

Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI). ZIDRES vs ZRC. Publicado el 26 de Septiembre de 2016. http://www.arcoiris.com.co/2016/09/zidres-vs-zonas-de-reserva-campesina/ 2 LÓPEZ HERNÁNDEZ, Claudia. ¡Adiós a las FARC! ¿Y ahora qué? Construir ciudadanía, Estado y mercado para unir las tres Colombias.

Bogotá: Penguin Random House Grupo Editorial. 2016. Pág. 54.

problemáticas ambientales del extractivismo minero. Así es como la élite agro-comercial, de mentalidad rentística más que productivista, de oligopolios más dedicados a la especulación financiera que al crecimiento del aparato productivo y que siempre ha estado protegida y apoyada por el Estado3 ha impulsado a través de los nuevos planes de ruralidad integral estrategias de consolidación territorial que liguen estas zonas periféricas a nuevas formas acumulación que se puedan compatibilizar con la gobernabilidad necesaria para acabar con el conflicto armado. Por tanto, no es exagerado afirmar que hay también una disposición en la élite que negocia la salida política al conflicto armado a que sea el mercado quien dinamice las expectativas de crecimiento y acumulación económica, pues aunque a través de la guerra históricamente se habían incorporado zonas estratégicas nacionales a una economía extractiva.

El Estado ha sorteado los desequilibrios macro-económicos gracias a las bonanzas legales e ilegales, dejando al libre juego de las fuerzas del mercado el desarrollo sectorial y territorial4, así como ha habido compadrazgo en la historia republicana para crear zonas de enclave o zonas francas a día de hoy, el narcotráfico se incrustó no solo como una actividad económica que no tenía manera de ser regulada debido a su carácter punible como única respuesta, de ahí que todo el entramado ilegal de seguridad a su alrededor medrara hasta convertirse en la dificultad máxima para el posconflicto si hay acuerdo político con los grupos guerrilleros. La dificultad en la regulación, no necesariamente en su aspecto económico sino en el carácter cultural de la ilegalidad, es lo que genera que el negocio de la droga no haya sido tratado como un tema estructural sino como un problema asociado al orden público, a la doctrina de seguridad y que el castigo penal sea la norma en el tratamiento a los eslabones más débiles de esta cadena de valor: a los cultivadores y procesadores de pasta base, mientras los dineros del narcotráfico sacan a flote negocios como la construcción inmobiliaria, los centros comerciales y los servicios de transporte.

Las políticas territoriales que se pueden leer en el Departamento de Planeación Nacional (DNP) dan ventajas tributarias y arancelarias para la agroindustria. Así es claro que para el gobierno, el discurso oficial de la reforma agraria se trata de una política de colonización y mercado de tierras y que si en los diálogos con unas FARC reincorporadas al debate político nacional sobre reforma agraria se ha tocado la redistribución de la propiedad rural con la titulación a colonos campesinos es porque para estas comunidades también existe una estrategia de vinculación en la que el uso que hagan ellos de sus predios titulados es más importante que la titularidad misma de esas tierras.

El Catatumbo es aún una zona de frontera agraria. Mantener jurídicamente zonas de baldíos lo sitúa en las disputas por la ejecución de la política de desarrollo rural del país. Históricamente, el desarrollo rural se ha preocupado más por conectar espacios periféricos del país a procesos de acumulación, que a la generación de un mercado interno jalonado por la producción y el consumo en zonas rurales. Estas zonas periféricas que históricamente han sido colonizadas por privados como economías de enclave, tienen un carácter estratégico para el proceso de acumulación a escala global. Esto explica los reordenamientos de los que ha venido siendo objeto y que están impulsados por la intervención

3

NOVOA TORRES, Edgar. La metamorfosis de la cuestión espacial en Colombia. Colombia: neomodernización y violencia. Territorialidades en disputa. Bogotá: UNIJUS. Universidad Nacional de Colombia. 2010. Pág. 141.

4 Ibíd. Pág. 142.

estadounidense a través del Plan Colombia vía militar y vía política a través de la USAID, en los lineamientos de las políticas públicas nacionales.

La teorización de la geografía histórica del capitalismo supone según Harvey, “desarrollar una teoría general de las relaciones espaciales y del desarrollo geográfico bajo el capitalismo que pueda explicar la importancia y la evolución de las funciones estatales, el desarrollo geográfico desigual, etc.”. 5 La descripción del espacio para el Catatumbo permite observar: qué actores buscan la consolidación del proyecto de acumulación minero-energético y agroindustrial; qué actores del territorio resisten en búsqueda de una salida campesina que fortalezca la soberanía alimentaria y dinamice el mercado interno y las ciudades intermedias jalonando otros sectores económicos desde la legalidad.

Difícil arremetida les espera a las comunidades campesinas del Catatumbo para el posconflicto, sin embargo, años de organización y de agendas propositivas como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) o la propuesta de los territorios agroalimentarios, pues las estrategias de ordenamiento territorial empresarial han innovado hasta el punto de ser capaces de pasar página en su relación con la guerra sucia desatada en los años del paramilitarismo para entrar en nuevas formas de acumulación por desposesión, que según Harvey es la marca del nuevo imperialismo para “mantener abiertas oportunidades rentables el acceso a inputs más baratos como el acceso a nuevos mercados”, de esta expansión se desprende la necesidad de “obligar a los territorios no capitalistas no solo a comerciar, sino a permitir la inversión de capital en operaciones rentables utilizando fuerza de trabajo, materias primas, tierra, etc., más baratos”6 y es así como dentro de esta acumulación por despojo nos encontramos con “procesos que incluyen la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión por la fuerza de las economías campesinas”.

La encrucijada para cualquier acuerdo territorial pasa por atender desde la institucionalidad también a los procesos ligados al capitalismo criminal mafioso del cual no hace parte solo la cadena del narcotráfico, sino también su relación con el sector público y el sistema político (partidos políticos, grupos mediáticos, Ejército, ONG y redes de tráfico) que asumen un control territorial y sustituyen la autoridad del Estado. Según Jairo Estrada, director del Grupo de Estudios Políticos y Sociales – Theseus, hay una dimensión en la que se solapa la estrategia contrainsurgente con el afán de beneficios de las transnacionales, así que el principal rasgo de la producción de una nueva espacialidad capitalista en Colombia es “la articulación entre formas legales y formas ilegales del rompecabezas de la acumulación de capital”. El paraestado propicia así una profunda transformación de las relaciones de propiedad y una redefinición de las relaciones entre el capital y el trabajo. El alistamiento del territorio a estos procesos se hizo a través de economías de enclave en las que existen “acuerdos políticos y alianzas entre el Estado, el paraestado, el capital transnacional y el paraguas de la ayuda estadounidense” 7. Para el Catatumbo, existe una sistemática doctrina de disciplinamiento por parte del Estado y su poder coercitivo para anteponer las demandas de la agenda empresarial minero-energética sobre las comunidades empobrecidas y los colonos campesinos. Sin embargo, hay una segunda interpretación que ha venido desde profesores como Eduardo Pizarro, para quien existe una autonomía del paramilitarismo respecto 5

HARVEY, David. Capítulo 7. Capitalismo: la fábrica de la fragmentación. Espacios del Capital. Hacia una geografía crítica. Madrid: Ediciones Akal. 2001. Pág. 347.

6 HARVEY, David. Capítulo 4. La acumulación por desposesión. El nuevo imperialismo. Madrid: Ediciones Akal. 2004. Pág.113.

7 ESTRADA, Jairo. Derechos del Capital. Dispositivos de protección e incentivos a la acumulación en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional. UNIJUS. 2010. Pág. 39.

del Estado, pues sus sustentos se asocian más al narcotráfico y es esta actividad la que fue minando a los sectores legales públicos y legales involucrados con el paramilitarismo. De lo que no queda duda, es el papel del paramilitarismo como fenómeno cultural que sirve para mantener el orden en un imaginario contrainsurgente que lesionó el tejido social de las comunidades que no han podido posicionar su agenda política por las dificultades del conflicto armado y las disputas por el control territorial.

1. Caracterización.

El Catatumbo es una región ubicada al nororiente de Colombia que se extiende desde la parte norte de la cordillera Oriental en la serranía de los Motilones, más al norte también conocida como El Perijá, hasta las zonas montañosas intermedias de los ríos Oro, Tarra y Zulia que alimentan al río Catatumbo en la parte más llana de la región, ya en Venezuela el río desemboca en el golfo de Maracaibo, creando ciénagas a su paso.

Todos sus municipios pertenecen al Departamento de Norte de Santander, aunque comparten características físicas y demográficas con otros municipios del sur del Cesar como lo demuestra la importancia que tiene Aguachica para El Carmen y para Ocaña, al ser esta ciudad en el Magdaleno Medio la que conecta al norte caribe con el oriente del país.

Hacia el Zulia en Venezuela, no existe una fuerte relación política ni comercial, salvo las zonas opacas y trochas en donde es fuerte el contrabando y el narcotráfico, por omisión de la acción pública desde el Estado central y también por la corrupción que ha existido en las instituciones del estado ya presentes en estos territorios ligadas a la permisividad de las economías de enclave, incluyendo también dentro de éstas a la bonanza cocalera, entendida como eslabón del comercio transnacional.

Once son los municipios nortesantandereanos del Catatumbo: Tibú, El Tarra, Sardinata, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, Ocaña y Ábrego. Pero solo los siete mencionados primero, requieren atención prioritaria frente al conflicto armado, las bandas criminales, los cultivos de uso ilícito en cuanto a una paz territorial gubernamental y su discusión política con las organizaciones en los territorios.

Según estimaciones del Censo General del Dane hecho en 2005, el Catatumbo para el 2010 tendría cerca de 250 mil habitantes, solamente Ocaña tendría unos 95 mil. Tibú, unos 35.545 habitantes y Sardinata, 22.687 habitantes, siendo muy alto el porcentaje de población rural.

El Conpes 37398 de enero de 2013 para la región del Catatumbo, contabilizó 72.669 hectáreas sembradas entre palma de aceite, café, cacao, plátano, yuca, piña, caña, cebolla y tomate. Siendo la palma del Catatumbo un 79% del total departamental sin que el aceite y otros derivados se realicen en la región9.

Las veintitrés comunidades barí en el Catatumbo, representan el 1,4% de la población. Habitan en dos resguardos: Motilón Barí, con 83.000 hectáreas, ubicado en El Carmen, Convención y Teorama10 y donde a la hora de su creación ya hacían presencia colonos campesinos. Y el resguardo Catalaura-La Gabarra11 de 13.000 hectáreas en Tibú, ambos ocupan un 35% de la actual Zona de Reserva Forestal, dentro de ésta ZRF también está el Parque Nacional Natural Catatumbo Barí, declarado en 1989 con 158.125 hectáreas. Según el informe del PNUD sobre el Catatumbo, la desnutrición y enfermedades como el paludismo y la tuberculosis acentúan el riesgo de extinción de los habitantes originales del Catatumbo.

El mismo informe daba cuenta de los conflictos relacionados con la economía cocalera, la expansión de los cultivos de palma y la explotación del petróleo y el carbón y la relación de todos éstos con la situación de vulnerabilidad, inseguridad y marginalización de sus habitantes. Señalando que “la clase política clientelar” está “permeada por diferentes grupos armados ilegales”, razón por la cual es protagonista en 8

DNP. Conpes 3739 de enero de 2013. Estrategia de Desarrollo Integral de la región del Catatumbo. http://www.upra.gov.co/documents/10184/18559/Conpes+3739+de+2013.pdf/a46fd576-e125-4015-89de-0d31d6ce9de5 9 PNUD. Catatumbo: Análisis de las conflictividades y construcción de paz. Bogotá. 2014. Pág. 8.

10 INCORA. Resolución No. 101 del 2 de octubre de 1974 y Resolución 102 del 28 de noviembre de 1988 11 INCORA. Resolución No. 105 del 15 de diciembre de 1981

la “corrupción” e “impunidad frente a los abusos a los habitantes”, pero a nivel nacional, señala al gobierno central como el causante del “incumplimiento de los acuerdos y compromisos” tras protestas sociales legítimas, cerrando así los espacios de acuerdo y “construcción de alternativas sociales y aumentando la desconfianza en las entidades estatales”12.

1.1.

La economía de enclave.

El proceso de regionalización de esta región nororiental empieza en 1905, cuando el territorio de los Barí es entregado por el gobierno de Rafael Reyes en concesión petrolera al general Virgilio Barco Martínez, quien la cedió en 1917 a la Colombian Petroleum Company (Colpet). Ésta en asocio con la estadounidense Gulf Oil Company, le vendían el crudo a la Texaco y a la Mobil, lo que requirió la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas13.

Esta figura de la concesión le pasaba la iniciativa de modernización a la empresa multinacional y sobre todo, la práctica de la configuración de un orden territorial asociado a su presencia generando un estilo de vida dicotomizado y por supuesto, unas luchas de intereses entre los trabajadores y la multinaciona14l.

La asignación por parte del Estado de una porción del territorio nacional por un determinado período de tiempo para la explotación de un recurso natural o agrícola, supone unas “cláusulas de extraterritorialidad”15 permisivas con los intereses de la empresa en detrimento de la población local, característica de la actividad extractiva.

El Estado ha facilitado estas acciones “por decisiones, acciones y omisiones”, “priorizando la protección militar a agentes económicos extraños a la región a costa de la población social”16. El primer batallón del Ejército en el Catatumbo se hizo sobre los asentamientos Buiyocbakaira y Carincakayra de los Barí, el batallón tenía como objetivo bridar protección a las operaciones de las empresas petroleras de acuerdo a la Ley 80 del año 1931. Hasta los años 50, la explotación se volcó en la construcción de infraestructura, lo que originó que se erigieran Tibú, Filo de Tarra, El Aserrío (Convención) y otros entes territoriales actuales.

De los años 50 a 1964 se reinicia la explotación suspendida por la segunda Guerra Mundial. Pero del año 1964 a 1972, se da “la resistencia indígena más intensa y dramática”17. Son los años en que los ejecutivos americanos de la Colpet salían de safari y cacería de indígenas en sus fines de semana. En la región del Catatumbo, en la década de 1930-40, los ataques de indios motilones a las instalaciones de la empresa petrolera, llevó a sus asesores locales en seguridad a recomendar “suprimir a los indios motilones atacándolos con gases asfixiantes y granadas explosivas”18.

12

PNUD. Catatumbo: Análisis de las conflictividades y construcción de paz. Bogotá. 2014. Pág. 9.

SALINAS, Yamile. Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo. Serie: Una Nación desplazada.

Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica. Bogotá: Centro Nacional de Memoria Histórica. 2015. Pág. 33.

14 HERNÁNDEZ, Luis Humberto. Economías de enclave. La formación de las regiones de enclave en Colombia. ¿Un caso de ingobernabilidad?

Colombia: Pensamiento Jurídico v14. Editorial Unibiblos Universidad Nacional. Pág. 159 - 188, 2001.

15 Ibíd.

16 SALINAS. 2015. Pág. 19.

17 Ibíd. Pág. 35 18 AGUILERA, Mario y VEGA, Renán. Obreros, colonos y motilones. Una historia social de la Concesión Barco (1930-1960). Bogotá. 1992.

Pág. 48.

13

Las economías de enclave son sinónimo de conflicto sociopolítico crónico, en especial, porque la ubicación de las multinacionales en tierras baldías, ha generado conflictos con indígenas y colonos campesinos, con los primeros para “neutralizarlos y reducirlos”, con los segundos “para hacerse a sus tierras contando con las autoridades colombianas para crear un área de seguridad para la explotación”19.

Según la investigación de Yamile Salinas, para el siglo XVII las haciendas cacaoteras adelantaron campañas militares de pacificación y se aliaron con las campañas misionales para dominar al pueblo Barí.

En el siglo XIX, fue el turno de las fincas cafeteras20. Lo que sin duda fue también un primer escenario de disputas por la tierra también entre empresarios agrícolas con concesiones en baldíos o colonos hechos grandes terratenientes, frente a pequeños colonos y trabajadores del campo, conflictos aún por documentar para esta zona.

1.2.

Colonos y guerrillas.

Desde finales de los años 50, pobladores de Boyacá y de la provincia de Ocaña llegaron a trabajar con la Colpet, sobre todo en la construcción de la carretera Tibú-La Gabarra-Río de Oro. Los colonos procedían de zonas de violencia política, abrían tierra en predios que habían sido entregados a la multinacional o también ocupaban territorios Barí para ir levantando sus casas. Ya en estos predios, además de cultivos de pan coger sembraban arroz y ajonjolí21 que les reportara excedentes en su economía. Para ese momento, la cacería de pequeños mamíferos era abundante. Como antecedente de dinámicas colectivas, Yamile Salinas advierte que el trabajo entre familias de colonos se hacía en convite, la palabra era igual a un contrato y el comercio se centraba en la ganadería, los maderables y el tártago, siendo el río ya el medio más común de transporte.

Ya en los ochenta, otros procesos de colonización estuvieron acompañados por el Incora, sobre las ocupaciones en grandes fincas de propietarios ausentes ante las vacunas y secuestros de las guerrillas.

Las fincas parceladas fueron La Galicia, La Palermo, El Porvenir de la Aduana, La Guajira y La Rochela.

Con el Incora llegaron también los créditos, las deudas y la situación fue aprovechada por terceros que adquirieron y concentraron la tierra, especialmente en Campo Dos y La Llana.

Alfredo Molano relata que a mediados de los años 60 el Eln, que había continuado la insurgencia liberal de Rafael Rangel en la región de Chucurí, fue desplazado hacia el Perijá y entró a la región por la vía de Pailitas, Ocaña, Convención y Tibú. Pero que sin duda las luchas obreras de la USO y las campesinas dirigidas por la Anuc facilitaron su enraizamiento22.

Según Daniel Pecaut, la dinámica de la colonización es a veces “el acto de familias que viniendo de los mismos lugares, empujados por la violencia, la falta de tierra y la miseria, se reagrupaban al llegar y forman juntas de colonizadores”. En otras ocasiones es “el acto de desplazamientos colectivos que

19 HERNÁNDEZ, Luis Humberto. Economías de enclave. La formación de las regiones de enclave en Colombia. ¿Un caso de ingobernabilidad?

Colombia: Pensamiento Jurídico v14. Editorial Unibiblos Universidad Nacional. Pág. 159 - 188, 2001.

20 SALINAS. 2015. Pág. 32.

21 SALINAS. 2015. Pág. 39.

22 MOLANO, Alfredo. Las Guerras del Catatumbo. Publicado en El Espectador http://www.elespectador.com/noticias/nacional/guerras-del-catatumbo-i-articulo-430812

el

29

de

junio

de

2013.

acompañados de la guerrilla forman parte de colonizaciones armadas”. Como en estas nuevas zonas de poblamiento el Estado es casi ausente, salvo la labor de seguridad de las economías de enclave, e incluso el “acecho electorero de los partidos tradicionales como único vínculo con la nación” es difícil de arraigar, la guerrilla antes que intervenir como organización armada que combate al Estado, cumple el papel de “institución sustituta”, resolviendo litigios y estabilizando la propiedad individual de los colonos. Para Pecaut, “La instauración de este orden local es la base de su control territorial”23.

No es difícil pensar que cuando se hace una negociación de Paz lo que se busque es copar con instituciones del Estado a ese poder efectivo de los grupos armados. Pero la discusión acerca de las actividades que busca finalizar, mantener o introducir en el territorio una fuerza que se plantea ejercer el control, están directamente ligadas a su relación con sus pobladores. Es por esto que el enfoque territorial propuesto por las Sergio Jaramillo y Rafael Pardo, busca una “integración participativa de los actores del territorio” a través de la “institucionalización de unas reglas de juego” que desactiven el accionar armado de otros actores en el juego político24, permitiendo la construcción de institucionalidad con enfoque territorial.

Lo que oculta el gobierno es que dentro de ese orden ilegal se han fraguado sujetos políticos que han elaborado planes de habitar el territorio que también necesitan el fin del conflicto armado. Obviamente los delegados del gobierno son diestros al anunciar que se trata de una solución integral que supone la sustitución de cultivos ilícitos de la mano de las comunidades que han estado vinculadas a la economía de la coca y por tanto, han estado bajo el fuego de los actores en conflicto. Pero el gobierno tiene una propuesta empresarial para la paz y las organizaciones sociales también tienen propuestas de ordenamiento territorial que pasan a la discusión para la implementación de la paz.

1.3.

Movilizaciones de los años 70 y 80.

La economía extractiva, caracterizada por la lucha de intereses entre las empresas norteamericanas South American Gulf Company (Sagoc) y la Colombian Petroleum Company (Colpet) frente a los trabajadores se caracterizó por conflictos socio-laborales que se debían a que la legislación laboral apenas se estaba consolidando para 1931. En ese contexto, los trabajadores eran enganchados solo por seis meses para evitar prestaciones y organización sindical, tampoco se reconocían horas extras.

También eran motivo de quejas, el hacinamiento en los barrios de los obreros y los servicios de salud deplorables. La alta cantidad de mano de obra que llegaba a la región, le permitía a la compañía tomar a los obreros como mano de obra prescindible. Así que las reivindicaciones por mejorías para el bienestar de los trabajadores y la denuncia de las persecuciones y asesinatos de los trabajadores llevó a la conformación del Sindicato de Trabajadores del Catatumbo (Sidelca)25.

El pueblo de Tibú fue fundado en 1952, lo documentó Álvaro Concha en su libro sobre la historia de la Concesión Barco. El descontento de la SAGOC y la COLPET que querían impedir el asentamiento de los 23

PECAUT, Daniel. Las Farc: ¿una guerrilla sin fin o sin fines? Bogotá: Grupo Editorial Norma. 2008. Pág. 70.

JARAMILLO, Sergio. Conferencia: Cómo construir la paz en los territorios. Los retos de la paz territorial. Bogotá: Hotel Tequendama. 29 de febrero del 2016.

25 MARTÍNEZ CORTÉS, Paula. Tendencias de acumulación, violencia y desposesión en la región del Catatumbo. En Revista Ciencia Política, n° 12. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Enero-Junio de 2012. Pág. 125.

24

trabajadores, produjo despidos y buscó la fragmentación del sindicato. Y así fue como el desempleo de los obreros, propició su asentamiento como colonos dedicados a la economía campesina.

La explotación sobre las riberas del Río de Oro, trajo consigo la formación del caserío La Gabarra. Se asesinaron indígenas Barí de cinco comunidades en el camino de Tibú, La Gabarra y Río de Oro, frontera con Venezuela. Además, los colonos desplazados de la violencia venían tumbando monte desde el sur del César y la provincia de Ocaña, llegando hasta Convención, Teorama y El Tarra, llevando consigo enfermedades como la bronquitis y el sarampión que se cobraron la vida de cientos de indígenas, según relata Asocbarí.

Para 1971, el Partido Comunista, la Asinort educativa y el Antoch de trabajadores de la salud y el Sidelca26 convocaron un paro cívico que consiguió la terminación del contrato con las compañías multinacionales y la explotación pasó a Ecopetrol. Sin embargo, ya para ese entonces los pozos estaban casi agotados y el declive petrolero llevó a que los incumplimientos de las empresas fueran asumidos por el Estado, quien a través de la compra del 49% de la COLPET, inició el proceso de empresa mixta.

En 1983, la Occidental exploró Caño Limón y para 1985 se planeaba ya la construcción del oleoducto. El ELN fue hábil para ganarse la confianza al representar las reivindicaciones de los pobladores rurales y trabajadores del sector energético con la campaña “Colombia despierta, te están robando el petróleo”27.

Se supo que en la construcción del tubo Caño Limón-Coveñas en el que la constructora alemana Mannesman contratada por Ecopetrol y la Occidental, pretendía traer mano de obra extranjera propia para la rápida construcción de éste, el ELN consiguió con el secuestro de uno de los ingenieros jefe la presión para la contratación de mano de obra local28, además de sacar unos dos millones de dólares según palabras de su comandante Manuel Pérez en entrevista a la prensa alemana, el ELN llamó a este accionar “el diálogo nacional a la brava”.

Por otro lado, para mediados de los años ochenta las negociaciones políticas habían abierto la puerta a partidos como la Unión Patriótica, el Frente Popular y A Luchar, que desarrollaron el paro del Nororiente Colombiano realizado entre el 7 y el 14 de junio de 1987. Las movilizaciones en César, Bolívar, Norte de Santander, Santander y Arauca pedían “la entrega y formalización de la tierra, la provisión de bienes públicos y la participación de las comunidades en las regalías de la explotación petrolera”29.

1.4.

La llegada de los cultivos de coca

El declive petrolero y el incumplimiento primero de las empresas y después del Estado ante las demandas de los pobladores, en su mayoría rurales. Fue el escenario de entrada de las FARC en 1983 al Catatumbo, a través del Frente 33 Mariscal Antonio José de Sucre, que venía del Magdalena Medio. Su objetivo era de conectarse desde Ecuador a Venezuela dominando la cordillera Oriental. Su actividad guerrillera estuvo enfocada en el trabajo político y la construcción de bases de apoyo a través de un fuerte 26

SALINAS. 2015. Pág. 40.

SALINAS. 2015. Pág. 43.

28 AVELLANEDA, Alfonso. Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia. Pág. 491. http://library.fes.de/pdffiles/bueros/kolumbien/01993/11.pdf 29 SALINAS. 2015. Pág. 56.

27

movimiento social ligado a pequeños colonos de la zona norte de Tibú. La Corporación Observatorio para la Paz llamó a esta forma de relacionarse con la población: la cultura campamental. Existían así puestos de mando estable y escuelas permanentes de formación ideológica y militar que servían como ejercicio de acumulación de fuerza30.

Alfredo Molano considera que fue después del Paro del Nororiente cuando la guerrilla consiguió mucha fuerza y como la bonanza algodonera había hecho crisis, los recolectores quedaron desempleados, el comercio se desplomó31. Así que fueron los cultivos de marihuana y coca los que se regaron. Según la FIP, para estos años La Gabarra se convirtió en el centro de producción y cultivo de coca más importante de la región, actividad que estaba bajo la acción de la ley 002 de la guerrilla de las FARC sobre impuestos de guerra. Otras fuentes de financiamiento dentro fueron el secuestro y extorsión a ganaderos, comerciantes y empresas petroleras.

En el trabajo de investigación de Yamile Salinas, al indagar sobre el cambio a la coca por parte de los colonos se obtuvo el siguiente testimonio que reproducimos acá: “Yo eché tres hectáreas de limpia, sembré maíz que salió bueno. El de la mula nomás me cobró a 10.000 pesos por bajarlo del cerro al puerto, luego me tocó pagarle al de la canoa 5.000 o 10.000 [para transportarlo del] puerto de La Gabarra y de ahí 1.000 o 2.000 al de la bodega, y me lo pagan a 50.000, 45.000 ¡Eso no es ni lo de la comida! En cambio yo trabajo una hectárea de coca, hago la raspa (…) produzco 2 a 3 kilos, y (…) me lo echo a las costillas, no le pago a nadie y voy y me quedan 1.500.000, 1.300.000 (…). Con eso compro el mercado” (CNMH, Hombre adulto 1, Taller de memoria, Tibú, 2012)32. Extraído del Informe de Centro Memoria, “Con licencia para desplazar. Masacres y reconfiguración territorial en Tibú, Catatumbo” de Yamile Salinas 1.5.

El paramilitarismo, primera generación. Años 80 y principios de los 90.

Entre el 22 y el 30 de mayo de 1988 se dieron las Marchas de Mayo, como respuesta a la persecución y respuesta paramilitar contra los líderes del Paro del Nororiente de 1987. De esa época datan los gérmenes de los paramilitares en el Catatumbo: los masetos en alusión al MAS y la Acdgam (Asociación de campesinos y ganaderos del Magdalena Medio) de Puerto Boyacá; los hermanos Álvarez conocidos como Los Pepes instalados en La Gabarra al servicio del Cartel de Cali y que movían coca hacia El Cruce en Venezuela33. En la finca La Chela en la vereda J-25 de Tibú en 1995, los Prada liderados por Roberto Prada y Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada, quienes fueran organizados por terratenientes, palmicultores y ganaderos de Aguachica y San Martín de Cesar, junto con la Sociedad de Amigos de Ocaña, perpetraron los asesinatos y amenazas contra integrantes de sindicatos de trabajadores de educación y de la industria de la palma, de la Unión Patriótica y de A Luchar34, en versiones de 30

FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP). Las Farc hoy en el Catatumbo. Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz. Bogotá: Febrero de 2015. Pág. 10. http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1130 31 MOLANO, Alfredo. Paramilitarismo y palma en el Catatumbo. Artículo de prensa publicado en El Espectador el 3 de marzo de 2012. http://www.elespectador.com/noticias/judicial/paramilitarismo-y-palma-el-catatumbo-articulo-330074 32 SALINAS. 2015. PÁG. 45.

33 SALINAS. Pág. 57.

34 SALINAS. Pág. 61.

desmovilizados de las AUC, fueron señalados de estos hechos, el ex diputado Rodolfo Rivera Stapper, el agricultor Roberto Prada Gamarra y el finquero Luis Obrego Ovalle.

1.6.

El paramilitarismo, segunda generación. Años 90 a 2006.

Los Prada se aliaron con los grupos paramilitares del Magdalena Medio al mando de Cristancho Acosta alias Camilo Morantes, por diferencias con la casa Castaño crearon las Autodefensas del sur del Cesar y el Frente Resistencia Motilona al servicio de Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, imponiéndose en el Alto Catatumbo35. Sin embargo, para noviembre de 1999, Morantes fue asesinado por órdenes de Castaño, quien autorizó a Juancho Prada para continuar su actividad en el sur del Cesar, mientras designó a Salvatore Mancuso para hacer la incursión de las AUC en el Catatumbo.

El dispositivo militar salió desde la vereda Los Guayabos en Tierralta (Córdoba) con 207 hombres de las estructuras de Castaño, Cuco Vanoy y Mancuso, que fueron transportados en siete camiones haciendo escala en el sur del Cesar. Juancho Prada dijo haber coordinado y prestado miembros de su estructura sujeta al Bloque Central Bolívar de Jorge 40. Juancho Prada pasaría a comandar las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar a través del Frente Resistencia Motilona en Aguachica, también autodenominado Frente Héctor Julio Peinado Becerra en honor a un comandante de contraguerrilla muerto en combates.

Mancuso también dijo haber recibido apoyo de los exgenerales del Ejército Iván Ramírez Quintero y Martín Orlando Carreño, de los comandantes de la Segunda División, exgeneral Mario Fernando Roa y de la Quinta Brigada, exgeneral Alberto Bravo Silva y al exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, el mismo implicado por la Fiscalía en el asesinato de Jaime Garzón. Y como lugartenientes de Mancuso para su Proyecto Tibú, se contaba con exoficiales de Ejército como Fernando Fino alias Marlon, José Bernardo Lozada Artuz alias Mauro y Armando Pérez Betancourt alias Camilo, este último, capitán el Ejército que cumplía condena militar por un falso positivo en 1996, condena de la cual se fugó y se fue a Córdoba para trabajar con Castaño y Mancuso a quienes ya conocía desde los orígenes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá en la Hacienda Las Tangas, ya en el Catatumbo, como alias Camilo u Omega, ordenó las masacres La Gabarra, de Filo Gringo y tres más en Tibú, además de los asesinatos de Tirso Vélez, ex alcalde de Tibú por la Unión Patriótica y para su muerte candidato a la gobernación del Norte de Santander y del Defensor del Pueblo para Norte de Santander, Ángel Iván Villamizar36. También fue el responsable de la muerte de fiscales e investigadores del CTI que no se plegaron a las consignas de Salvatore Mancuso.

Y como complemento del maridaje entre las AUC y la Fuerza Pública, estuvo el apoyo logístico de la empresa de seguridad que trabajaba para Ecopetrol, pues en Justicia y Paz, alias el Osito declaró que Armando Montaño, jefe de seguridad, movió, protegió y armó hombres de las AUC en Campo Dos, planeando su incursión a Tibú, además alias Mauro dijo que a Mancuso se le transportó en un helicóptero de Ecopetrol. Pero la justicia transicional diseñada para la desmovilización de los 35

SALINAS. Pág. 63.

VERDAD ABIERTA. http://www.verdadabierta.com/jefes-de-la-auc/5425-este-es-camilo-responsable-de-crimenes-atroces-en-norte-desantander 36

paramilitares no pudo indagar más sobre estos nexos entre empresas y grupos ilegales, pues la extradición de los jefes paramilitares por sus crímenes por narcotráfico no permitieron ahondar en la investigación de crímenes subyacentes o conductas ocultas y sobre todo identificar aparatos financieros y políticos que apoyaron la incursión de las AUC en el Catatumbo, de manera que las víctimas se quedaron sin conocer la verdad más allá de que se hacía por el control del circuito del narcotráfico. Para esto es clave el concepto de autoría mediata usado por la magistrada Alexandra Valencia para dar cuenta de las relaciones entre legalidad e ilegalidad en el caso del Bloque Catatumbo en su Teoría del Reloj de arena, “el andamiaje institucional que hacia parte de su esfera funcional, para implementar un modo de operación que combinó estratégicamente dicho apoyo con el despliegue de actos a cargo de las estructuras armadas ilegales, ofreciendo una característica común entre la estrategia paramilitar y el efectivo apoyo de funcionarios públicos claves para que por comisión u omisión se facilitaran una serie de actos que consagraron la permanencia del grupo paramilitar en determinada zona del país”37.

37

Sentencia de Justicia y Paz a Salvatore Mancuso y otros por los actos del Bloque Catatumbo. Bogotá. Octubre de 2014. Pág. 151. http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-transicional/ley_justicia_y_paz/

Según las declaraciones de Salvatore Mancuso para Justicia y Paz, su estrategia se orientaba a quitarles a las FARC el control en el cobro del gramaje a narcotraficantes que tenían sus cultivos en la región o se desplazaban a hacer negocios. En su estrategia de dominio territorial, adquirieron la base y la pasta de coca que era transportada hasta los laboratorios de Cuco Vanoy en La Caucana, Tarazá. Después de asentarse en el Catatumbo, establecieron laboratorios en zonas fronterizas y se apoderaron de toda la cadena de producción de la coca, estableciendo mesas de compra obligada para los cocaleros de la región, posteriormente se encargaban de sacar a través de Venezuela, cocaína hacia el Caribe y hacia Europa.

Mancuso además confesó que unas 60 toneladas de coca fueron vendidas a Rasguño, unas 10 toneladas a Boliche y unas 40 toneladas a Fabio Ochoa, entre otros empresarios de la droga, como Los Pepes afincados en Cúcuta y que servía así a la financiación del Frente Fronteras comandado por Jorge Iván Laverde alias El Iguano.38 Con la permisividad de policías, militares y políticos corruptos que también fueran cayendo por concierto para delinquir y no por el terror sembrado en su conquista del control territorial, los para militares de El Iguano o también llamado Pedro Fronteras, llegaron a perfeccionar su cadena de muerte instalando hornos crematorios en sus fincas para evitar las fosas comunes, solamente Laverde, confesó su participación en 35 masacres entre 1999 y 2004, con más de 114 personas muertas39 en El Zulia y Sardinata.

1.7.

El paramilitarismo, tercera generación. Año 2006 hasta hoy.

La búsqueda del control del narcotráfico mantuvo activos a hombres que pese a haber pasado por la desmovilización en Campo Dos, de la cual que se dará cuenta más adelante, se reciclaron como actores armados. En Tibú empezaron a actuar bajo la firma de Águilas Azules, en Ocaña como Águilas Doradas y en Cúcuta como Águilas Negras, siendo de esta manera el Norte de Santander el nido del rearme paramilitar40 en el negocio del narcotráfico y de la extorsión.

Alias Camilo entró a ser prófugo también de Justicia y Paz para continuar su actividad delictiva con los mellizos Mejía Múnera, quienes se habían hecho antes con la franquicia Vencedores del Vichada y tras el proceso de desmovilización de las AUC, se reciclarían como la banda Los Nevados por hacer de la Sierra Nevada su nuevo centro de injerencia. Para el Catatumbo, Jimmy Vilora, alias Jairo Sicario fue el nexo entre el Frente Fronteras y los mellizos41. Uno de los mellizos sería abatido por la Policía y el otro capturado, a alias Camilo lo capturaron en Veraguas (Panamá) en el 2014.

Pero el hombre que escalaría en la jerarquía de la organización sería Juan Carlos Rojas Mora, alias Jorge Gato, procedente del Bloque Central Bolívar, su hegemonía armada estuvo desde el 2005 al 2007, pues 38

COLPRENSA. El negocio de la droga en el Bloque Catatumbo. Publicado el 28 de abril de 2013 en http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/206008-el-negocio-de-la-droga-en-el-bloque-catatumbo 40

SEMANA. Quiénes son las Águilas Negras. Publicado el 18 de agosto de 2007 en: http://www.semana.com/nacion/articulo/que-aguilasnegras/87686-3 41 FUNDACIÓN IDEAS PARA LA PAZ (FIP). Dinámicas del conflicto en el Catatumbo y su impacto humanitario. 2013. http://www.ideaspaz.org/publications/posts/668

en diciembre del 2007 es asesinado Jorge Gato y en 2008 es capturado en Bogotá su hermano Rafael Gustavo Rojas Mora alias Richard42. A las Águilas Negras les comió terreno la banda Los Rastrojos de Diego Pérez Henao, alias Diego Rastrojo, quien a través de Wilber Varela, alias Jabón, formó un ejército de gatilleros43 que más allá del Norte del Valle de donde era oriunda la banda pasaron a controlar rutas del Catatumbo desde Ocaña a Tibú y El Zulia y hacia Táchira en Venezuela, por medio del poder corruptor de autoridades y el asesinato a de rivales por el control del narcotráfico. Varela sería asesinado por sus propios hombres en Mérida y Diego Rastrojo sería capturado en Barinas, confirmando así que el control de su actividad lo hacían ya en Venezuela.

La debilidad de Los Rastrojos fue aprovechada por hombres de Cúcuta que se encargaron incluso de rescatar de su condena de Justicia y Paz a Carlos Andrés Palencia, alias Visaje ex Bloque Catatumbo, para que agrupara y comandara hombres al servicio de los Urabeños y trabajar para la organización en Tibú.

A diferencia del Bloque Catatumbo, la actuación de éstas bandas debilitadas por la fuerza pública y el repunte guerrillero, las llevó a buscar acuerdos con los grupos guerrilleros desde el Urabá hasta el Catatumbo, según Camilo Echandía de la FIP, pues mientras unos están en los cultivos y la producción, los otros están en la distribución y comercialización44. El profesor de la EAFIT, Gustavo Duncan sostiene que caracterizar a las FARC como un megacartel es una aseveración ligera que no da cuenta de que son torpes en la distribución y comercialización de la droga, labor en la que las bandas criminales adaptadas a la nueva dinámica trasnacional le llevan mucha diferencia, por lo que los grupos guerrilleros han vuelto a ser vendedores en la puerta de los laboratorios o se han encargado de sacar la droga hasta puntos costeros, estando en zonas inferiores de la cadena del narcotráfico, pero estando muy de lleno en esta actividad al ser las FARC un poder territorial45.

Estos remanentes delincuenciales firmaban como organización en sitios diferentes como medida de terror que recordara a la organización confederada paramilitar nacional de las AUC, pero realmente buscaba reproducir la cultura paramilitar como mezcla de la ilegalidad y acercamiento a miembros de las Fuerzas Armadas corruptos prestos a sacar su tajada en el negocio de la droga. Con el tiempo, comunidades campesinas del Catatumbo alegarían que las amenazas directas a líderes sociales a través de listas firmadas por las Águilas Negras estaban aún asociadas a las intimidaciones que el mismo Ejército a través de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano mantenía como actividad contrainsurgente siempre sugiriendo una relación estrecha entre la movilización y protesta social con las guerrillas en el Catatumbo, manteniendo vivas las dinámicas de guerra sucia de la época del Bloque Catatumbo.

42

EL TIEMPO. Cae en Bogotá uno de los jefes de las Águilas Negras. Publicado el 14 de enero del 2008 en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2792728 43 VERDAD ABIERTA. ¿Qué se hicieron los desmovilizados del Bloque Catatumbo? Publicado el 31 de octubre de 2014 en: http://www.verdadabierta.com/justicia-y-paz/versiones/502-bloque-norte/5496-que-se-hicieron-los-desmovilizados-del-bloquecatatumbo 44 EL TIEMPO. Publicado el 20 de septiembre de 2014. http://www.eltiempo.com/politica/justicia/claves-de-pacto-entre-bacrim-yguerrillas/14565198 45 DUNCAN, Gustavo. Las FARC y las drogas. Columna publicada en El Tiempo el 27 de febrero de 2014: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13569875

Las políticas Pro-Paz. Del PNR y el Plante a los Planes de Consolidación Desde el gobierno Betancur, se han ideado estrategias presidenciales enfocadas a la necesidad de llevar el Estado a las regiones para lidiar a su vez con el conflicto armado en el que las guerrillas se habían fortalecido por la debilidad del Estado o en el que los grupos paramilitares habían crecido por la permisividad de las autoridades estatales.

Betancur planteó que las guerrillas habían surgido y operaban bajo unas causas sociales y políticas que se podían resolver por medio de reformas políticas que trajeran la paz. Una serie de Cumbres entre partidos, movimientos políticos, Iglesia y algunos militares en retiro, buscó la creación de una Comisión que interlocutara con las guerrillas pese a los enemigos agazapados de la paz de su momento. Betancur logró aprobar la Ley 35 por la cual se amnistió a miembros del M19, las FARC, ELN, EPL y la ADO, pero las negociaciones incluso la más importante que fue el Acuerdo de La Uribe con las FARC, no contaba con una buena conexión con las instituciones decisorias por lo que cualquier acuerdo se quedaba en promesas.

El Plan Nacional de Rehabilitación se orientó a recuperar y estabilizar el orden público en zonas sumidas por la violencia con predominio de la insurgencia, es decir, su focalización siempre estuvo sujeta a las decisiones del Ministerio de Defensa. Concentró inversiones en áreas rurales, zonas de frontera agrícola y de reciente colonización. El PNR iba a tener tres ejecuciones: los pasos para la Paz, el acuerdo de Paz y la consolidación de la Paz. Al gobierno Barco se le debe que las Comisiones de Paz fueran órganos propios del gobierno al institucionalizarlas como Consejería para la Reconciliación, Normalización y Rehabilitación (CRNR). El diálogo con las guerrillas trajo un Acuerdo con el M19 y posteriormente con el PRT, el Quintín Lame, el EPL y los comandos Ernesto Rojas. Y al PNR se le dio el enfoque de corrector de los desequilibrios generados por el modelo de desarrollo y lograr integrar las regiones pobres con los mercados internos del país46.

El giro municipalista en el régimen territorial que trajo la constituyente de 1991 impulsó una atención focalizada pensada a través de los municipios del conflicto armado con el Programa de Desarrollo Institucional (PDI).

Para el período Samper, se mantuvo el enfoque anticonflicto y prolegitimidad del Estado47, pero se buscó dar un Salto Social creando el SISBEN y la Red de Solidaridad Social para contribuir a la convivencia. Es también en este período cuando aterriza en el país la estrategia de Desarrollo Alternativo a través del Plante como estrategia de erradicación de cultivos que se iniciaría en Guaviare, Caquetá y Putumayo y se extendería a Tolima, Huila, Cauca y Nariño, de la mano de programas de acompañamiento de la ONU, interviniendo exclusivamente zonas de economía campesina e indígena afectadas por cultivos ilícitos 48.

Este enfoque posicionado por la ONU busca atacar con igual vigor cada etapa de producción, tráfico y distribución de las drogas ilícitas. Para Ricardo Vargas, quien ha investigado la evolución del desarrollo 46

LÓPEZ, Claudia. 2016. Pág. 178.

Ibíd. Pág. 218.

48 Ibíd. Pág. 220.

47

alternativo en las diferentes administraciones desde el Samper hasta hoy, “los proyectos de sustitución se formularon bajo criterios de competitividad y rentabilidad con el fin de generar ingresos estables para la población”. Sin embargo, esta identificación y clasificación “ocultó el reconocimiento de un problema social en el interior de los cultivos con el reclutamiento de decenas de miles de raspachines”49.

Del Plan Colombia se ha analizado ya bastante, quizás uno de los mejores trabajos es el hecho por Diana Rojas en el IEPRI50, acerca de la modernización militar que supuso lo que en principio era un plan de reconstrucción que emulaba un Plan Marshall financiado y aterrizado como deuda con los EEUU, entremezclando la guerra contrainsurgente con el combate a las drogas ilícitas y el crimen organizado.

Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial.

Salto estratégico para el Estado, vino de la reestructuración y modernización de las FFAA y la introducción de la doctrina de operaciones conjuntas que consiguieron intervenciones de desarticulación y operaciones militares que se dirigieron a diferentes etapas dependiendo del avance territorial de la guerra. Primero, la contención de la capacidad logística de los grupos armados. Segundo, la consolidación sostenible ofertando servicios públicos básicos. Tercero, la recuperación social del territorio una vez efectuada la recuperación militar. Fue fundamental para este avance militar, la creación del Centro de Coordinación de Acción Integral (CCAI) para coordinar entre diferentes agencias del Estado, incluyendo sobre todo al Ministerio de Defensa y las FFAA, para efectuar un seguimiento y monitoreo en temas como violencia y delincuencia, gobernabilidad y desarrollo económico.

Sin duda, esta Doctrina de Acción Integral que combina el uso de la fuerza con la acción social es una cuestión a analizar en clave de Paz Territorial, sobre todo para fijar la atención en las comunidades que hacen presencia en estos territorios. La política nacional de erradicación manual de cultivos ilícitos y desarrollo alternativo para la consolidación territorial51 iniciada desde la seguridad democrática del gobierno Uribe, incentivó el Programa de Familias Guardabosques (PFGB) desde el 2003 hasta 2010, que incluía un apoyo económico directo a familias campesinas para la recuperación y conservación de ecosistemas. También se contó con el Programa Proyectos Productivos (PPP) con organizaciones sociales en zona de frontera agrícola para la implementación de proyectos agro-forestales y agrícolas de mediano y largo plazo como café, caucho, palma y forestales. También la piscicultura, apicultura, caña panelera y turismo de naturaleza, quizás estas actividades deban concentrarse en la reconstrucción del tejido social y el acompañamiento institucional para la recuperación de la confianza y el diálogo entre comunidades y Estado, pero las dificultades fiscales inducidas y que privilegian el desarrollo rural empresarial han demostrado que los programas de desarrollo alternativo son un dispositivo más anclado a la llegada del agronegocio de la mano de la gobernabilidad gubernamental que conduce a que sea la empresa privada la que ejecute las políticas pensadas desde DNP.

49

VARGAS MEZA, Ricardo. Desarrollo alternativo en Colombia y participación social: propuestas hacia un cambio de estrategia. Bogotá: Corcas Editores. 2010. Pág. 10.

50 ROJAS, Diana Marcela. Plan Colombia: la intervención de EEUU en el conflicto armado colombiano (1998-2010). Bogotá: Penguin Random House. 2010.

51 DNP. Conpes 3669. Bogotá: 28 de junio de 2010.

A esto se suma, que las dificultades son peores cuando ante la precariedad de las políticas rurales procampesinas no son capaces de reconstruir formas lícitas con endeudamientos flexibles, por el contrario, el Protocolo de Cero Ilícitos que exige un compromiso de no siembra ni resiembra está cubierto bajo pena de extinción de dominio. Otro factor que impide fomentar la cultura de la legalidad entre las comunidades y las autoridades locales y nacionales, es la instauración de la “cultura traqueta” como la describió Imelda Daza en el foro sobre paramilitarismo a día de hoy o el “método paramilitar” 52como lo definió Alexandra Valencia la magistrada de Justicia y Paz hoy encargada de la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las Organizaciones Criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores/as de DDHH, movimientos sociales y movimientos políticos, perteneciente a la Fiscalía, formas de cultura política que le ganan la batalla a una incorporación de las clases populares a una formalidad protegida por las autoridades civiles y policiales, así no es difícil encontrar a la misma Elsa Noguera cuando fue alcaldesa de Barranquilla encabezando marchas en contra de la extorsión acompañada por vendedores formales y también informales.

Los expertos en políticas de drogas y seguridad, Juan Carlos Garzón y Julián Wilches, quienes han investigado y trabajado con el Programa Presidencial contra Cultivos Ilícitos, sostienen que la concentración de cultivos se da en zonas donde se dificulta la intervención integral53. Pues los cultivos en 2014 se concentraron en zonas donde es difícil la intervención integral. Lo que conlleva a la pregunta sobre la sostenibilidad de la intervención estatal basada en una estrategia asimétrica es decir, con fuerte acento sobre la represión y con una limitada capacidad de sustituir los cultivos, por lo que concluyen que “sin un cambio en las vulnerabilidades territoriales y en las condiciones de esas zonas, difícilmente se podía sostener la tendencia a la baja” y que existe un agotamiento de una política basada en la eliminación de los cultivos que no ha estado acompañada con “una mayor presencia efectiva del Estado para poner en marcha procesos sostenibles de desarrollo rural y ofrecer alternativas lícitas viables para las comunidades que participan en esta economía ilegal”54.

Cultivo de coca en el Catatumbo hoy.

El monitoreo de cultivos ilícitos hecho por las Naciones Unidas para el 2015 y publicado como el Informe del SIMCI-UNODC de julio 2016, arrojó una caracterización del Catatumbo como una de las zonas del país en donde más han crecido los cultivos de coca. El informe indica que se pasó de 5.500 kg/ha/año en 2011 a 5.400 kg/ha/año en 2015 y que la leve reducción de 1,8% está más en los rendimientos de hoja de coca que en las cosechas, pues de 2011 a 2015 la cosecha pasó de 91 a 83 días (4,5 cosechas al año), pero no hay que olvidar que en 2007 se registraron 6,2 cosechas al año con una cosecha cada 59 días55.

52

CORPORACIÓN NUEVO ARCO IRIS. Foro: El desmonte de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo. Bogotá: Universidad Javeriana. 27 de octubre del 2016. https://www.arcoiris.com.co/2016/11/foro-el-desmonte-de-las-organizaciones-sucesoras-delparamilitarismo/ 53 GARZÓN, Juan Carlos y WILCHES, Julián. Las razones del aumento de la coca. Publicado el 13 de julio de 2015 en Razón Pública. http://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/8588-las-razones-del-aumento-en-la-producci%C3%B3n-decoca.html 54 Ibíd.

55 UNODC. Informe del SIMCI. 2016. Pág. 46. http://www.unodc.org/documents/cropmonitoring/Colombia/Monitoreo_Cultivos_ilicitos_2015.pdf

Del Informe es clave para la pedagogía sobre la interdicción en la que se persiga con mayor fuerza a los cristalizaderos que a los campesinos productores, pues es claro en la distinción entre la pasta básica y la base de cocaína. La pasta básica de cocaína es el primer producto obtenido del proceso de extracción del alcaloide contenido en la hoja de coca, mientras que la base se obtiene disolviendo la pasta básica de cocaína en medio ácido y adicionando permanganato de potasio como refinación del alcaloide 56.

Según el informe, el Catatumbo se caracteriza por únicamente procesar la hoja para fabricar pasta básica de cocaína y su rendimiento ha bajado un 25% al pasar de 2,2 kg de pasta básica de cocaína/tm de hoja de coca fresca en 2011 a 1,66 kg en 2015. Según la información recogida en los estudios de la UNODC, el 95,8% de los cultivadores dicen ser ellos mismos quienes realizan la extracción del alcaloide en la finca.

En el ámbito nacional, el 35% procesan la hoja para obtener pasta básica de cocaína.

El aumento de hectáreas podría ser la respuesta del cultivador para anticipar su inclusión en futuros programas de sustitución de cultivos ilícitos, tanto por el acuerdo entre gobierno y FARC, como por acuerdos directos con el gobierno local y nacional en mesas de acuerdo con las organizaciones campesinas.

El acuerdo con las FARC relaciona el problema de los cultivos ilícitos y la droga con dos temas fundamentales para la consecución de escenarios de Paz: la Reforma Rural Integral (RRI) y el combate a las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. Por lo tanto, la implementación de Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo como parte de una nueva institucionalidad tienen la tarea de construir la confianza necesaria para vincular a las comunidades campesinas cocaleras a estrategias de tránsito a la legalidad y es aquí en donde se debe fijar la atención en cómo se va a desarrollar esta implementación para conocer qué actores salen mejor librados en el acuerdo.

56

Ibíd. Pág. 48.

El compromiso del gobierno de hacer efectiva la Reforma Rural Integral y los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo debe contemplar no solo la estrategias de empresarización del campo vía alianzas productivas o vía ZIDRES, sino el fortalecimiento del tejido social a través del acompañamiento institucional para la asociación de productores campesinos que puedan estar en mejor equilibrio a la hora de enfrentarse al mercado y en esto la Unidad de Restitución de Tierras y la Unidad de Victimas ha hecho una labor lenta pero muy importante por encima de los poderes regionales que se han opuesto al retorno de los campesinos al campo. Los planes de desarrollo de las Zonas de Reserva Campesina son ejemplo de iniciativas agrarias que contribuyen a la construcción de paz, a la garantía de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos, al desarrollo con sostenibilidad socioambiental y alimentaria y a la reconciliación de los colombianos.

Lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y el lavado de activos, condición necesaria para la implementación del Acuerdo en los territorios, está dirigida no solo a los sucesores del paramilitarismo sino también a las estructuras armadas que no se integren a los acuerdos políticos como insurgencia en tránsito político, FARC y ELN, o para aquellas estructuras con las cuales las posibilidades de interlocución política no se avistan como el caso del EPL en el Catatumbo, renombrada por MinDefensa como la banda Los Pelusos y a quienes solo se les ofrece un proceso de sometimiento a la justicia.

Sin duda, garantizar la seguridad y la convivencia será una tarea que pasa más por el aseguramiento de la provisión de infraestructura, servicios públicos, educación, acceso a las comunicaciones incorporación ciudadana que el Estado social de Derecho les adeuda a estas comunidades.

El caso de la Palma en el Catatumbo, reconfiguración espacial.

En la investigación hecha por Alexandra Valencia, se evaluaron tres hechos del accionar paramilitar que constituyeron toda una cultura política aún vigente en los territorios que obedecía a tres nodos de actividades que se asentaron con la guerra sucia: 1) La lucha contra la subversión no sólo contra acciones guerrilleras, sino también contra toda forma de actividad popular o comportamiento contestatario y muchas veces social. 2) La eliminación de toda forma de sociedad política populista, por la que los sindicatos, los líderes comunales, los representantes de derechos humanos, debían ser excluidos del nuevo orden al no garantizar la noción de seguridad nacional como ideal de las estructuras paramilitares.

3) La modificación del sector industrial, cuyo concepto estuvo dirigido a su fortalecimiento, con la instalación a gran escala de monocultivos de palma de aceite y otros proyectos de producción que llevaron a la transformación de la tradición agrícola que identificaba las regiones en las que hizo presencia el fenómeno paramilitar.57 También la Procuraduría presentó un informe sobre el daño colectivo que causó el paramilitarismo en el Catatumbo, en donde afirmaba que “se aprovechó para impulsar el negocio de la palma de aceite, en grandes extensiones de tierras abandonadas o mal compradas a precios irrisorios a campesinos que habían abandonado sus parcelas, por parte de empresarios financiados y condecorados por el gobierno de Álvaro Uribe, tal es el caso emblemático del 57

Sentencia de Justicia y Paz a Salvatore Mancuso y otros por los actos del Bloque Catatumbo. Bogotá. Octubre de 2014. Pág. 151. http://www.fiscalia.gov.co/jyp/direccion-de-fiscalia-nacional-especializada-de-justicia-transicional/ley_justicia_y_paz/

empresario cesarence Carlos Murgas, quien se ufanaba de ser amigo personal de Rodrigo Tovar Pupo, pero no de 'Jorge 40'”58.

Tras las marchas cocaleras de finales de los años 90, el gobierno acordó con las comunidades a través del Plante la puesta en marcha de proyectos de caucho, cacao y palma financiados con recursos del Plan Colombia a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID). Así se inició en 2001 la siembra de mil hectáreas de palma para erradicar 360 hectáreas de coca a las que estaban vinculadas más de cien familias. La asistencia técnica y las semillas fueron suministradas por la Hacienda Las Flores de propiedad de Carlos Murgas, conocido como el Zar de la Palma y se creó la Asociación de Pequeños Productores de Palma. Para el 2004, un segundo proyecto conformó 17 asociaciones más como Asopagdos, Asopalcat, entre otras. El gobierno buscaba remplazar con la palma a los cultivos de coca.

En 2005 en el corregimiento Campo Dos, el Programa presidencial de sustitución de cultivos ilícitos inició el proyecto piloto con 143 familias en mil hectáreas financiado por USAID 59, para lo cual recibieron créditos no reembolsables.

El mismo Ministerio de Agricultura fomentó la asociación entre pequeños propietarios para formar cooperativas que se vincularían a las empresas agroindustriales. En el modelo de alianzas estratégicas de la Hacienda Las Flores, ésta suministra los fertilizantes, las semillas y la asistencia técnica, es el comprador del fruto de la palma, el contrato con los productores es por 25 años de venta exclusiva del corozo de la palma aquel tiene su planta de procesado en Codazzi (Cesar).

La siembra de palma incrementó la compra de tierras que en algún momento fueron adjudicadas por el INCORA a pequeños propietarios en procesos de reforma agraria que tras la ofensiva paramilitar fueron vendiendo entre 2003 y 2009 para proyectos de palma. Situación que fue ratificada por la Notaria de Superintendencia y Registro quienes documentaron como personas naturales y jurídicas como Bioagroindustrial Colombia Ltda., Inversiones Palma de Oriente S.A., Cypag S.A. y miembros de la familia Yañez y Gutiérrez de Piñeres. El INCODER demandó a estas empresas por acumular ilegalmente Unidades Agrícolas Familiares (UAF), que en el Catatumbo está entre las 33 y las 44 hectáreas, yendo a contracorriente de las políticas en favor de la desconcentración de la propiedad rural en favor de los pequeños productores campesinos.

58 VERDAD ABIERTA. La encrucijada de los pequeños palmeros del Catatumbo. 15 de enero de 2015.

por-la-tierra/5569-la-encrucijada-de-los-pequenos-palmeros-del-catatumbo 59

Ibíd.

http://www.verdadabierta.com/lucha-

Fuente. Diario La Opinión. http://www.laopinion.com.co/region/elaboran-mapa-para-saber-que-sembrar-en-el-catatumbo111848#ATHS

La mayoría de las plantaciones están en la vía que conduce de Cúcuta a Tibú, sobre todo cerca de las vías terciaras que las comunican con las zona petroleras; también hay algunos cultivos en Sardinata y Palmarito. Sin embargo, en La Gabarra que es el corregimiento con la mayor cantidad de cultivos de hoja de coca, no hay asociaciones de palmeros60. Las veredas más alejadas de las cabeceras y en donde el control territorial ha sido parcial están en la mira de la UPRA para el posconflicto para conducir al campesinado cocalero a este tipo de modelo productivo, es por eso que el actual ministro de agricultura Aurelio Irragorri, explicaba que una vez se ponga en funcionamiento la Agencia de Renovación del Territorio, se dedicará exclusivamente a integrar las acciones de los ministerios involucrados para poder ofrecer de manera ordenada la posibilidad de sustituir esos cultivos por proyectos en los cuales se integren al pequeño, mediano y gran empresario del agro está en iniciativas como la Ley Zidres61, siendo la SAC el gremio comercial más interesado en impulsar esta reactivación económica del campo para un escenario de posconflicto.

La Paz Territorial en disputa, del cierre del conflicto armado a la conflictividad territorial en la implementación de acuerdos de Paz. Una vez esbozada la estrategia de sustitución de cultivos propuesta por el gobierno y cómo el desarrollo alternativo pasa por los proyectos productivos propios de una territorialidad empresarial a la cual vincular a las comunidades campesinas tras el ablandamiento de la guerra contrainsurgente llevada 60

Ibíd IRRAGORRI, Aurelio. Con la Paz la sustitución de cultivos tendrá mejores resultados. Publicado en PORTAFOLIO, el 5 de agosto de 2016. http://www.portafolio.co/economia/con-la-paz-sustitucion-de-cultivos-ilicitos-tendra-mejores-resultados-499371 61

como guerra sucia a las organizaciones populares, hay que hacer una mirada a los conflictos del posconflicto no solo con las organizaciones armadas que no se sometan a la justicia o a las disidencias guerrilleras ancladas a economías ilegales, sino en las propuestas de cómo se reconstruirá la institucionalidad en relación a las comunidades con arraigo en los territorios.

El Catatumbo tiene la diferencia con otras regiones en conflicto de mantener aún vivos procesos organizativos que se piensan y proponen planes de ordenamiento territorial, que aunque se recogen en la integración que el Estado hoy propone, disienten en los aspectos empresariales que riñen con las experiencias de colectividad que podrían ser nocivas para la vida campesina. De la arremetida paramilitar y la ofensiva contrainsurgente que estigmatiza a los procesos campesinos se abre la posibilidad de que en un ambiente que busque gobernabilidad democrática y diálogo social que posibilite las transformaciones rurales que las comunidades demandan y existan mejores condiciones de negociación con la incorporación de los campesinos al mercado y la nueva institucionalidad del posconflicto, siendo las organizaciones campesinas protagonistas de esa vinculación de los territorios con las ciudades intermedias cercanas y otras regiones, produciendo encadenamientos endógenos y no solo economías de enclave.

Las discusiones acerca de la transformación del campo en Colombia, ponen en evidencia en qué hay acuerdo y en qué desacuerdo sobre cómo recuperar para el mercado el control territorial en las zonas otrora de frontera agrícola o de colonización. Según la facción más internacionalizada del sector rural ligada a la élite financiera y la SAC, que ha sacado adelante la Ley Zidres, se puede hacer un pacto rural para la convivencia de diferentes prediales sin afectar el modelo económico al que respondan. Y según la facción de los terratenientes representada en el uribismo, FEDEGAN y aquellos empresarios que acumularon tierra a través de la guerra o incluso los sectores del narcotráfico que llegaron allí por cuestiones de lavado de activos y control territorial para rutas de la droga hay un enemigo viviente en la restitución de tierras y el fomento de políticas rurales que busquen repartir la tierra entre los campesinos en detrimento de la contrarreforma rural hecha por la guerra interna que mantiene como principal característica la concentración de la propiedad rural.

Según los análisis de los Cuadernos de Trabajo en Gobierno y Ciencias Políticas de la EAFIT respecto al empleo rural y el PIB agropecuario con base en datos del DANE, en Colombia existe una elevada relación tierra/empleo y capital/empleo en las zonas rurales, debido a que las actividades como la ganadería extensiva, la agricultura de cultivos permanentes y las economías de enclave mineras no han favorecido un mayor ritmo de creación de empleo en el campo62. El Censo Agropecuario del DANE reciente, de 110,4 millones de hectáreas de área rural dispersa, 62,8 millones corresponden a bosques naturales (un 56,9%) y 42,3 millones a uso agropecuario (un 38,3%), pero que el 80% de éstas corresponde a pastos, con 33,8 millones de hectáreas, mientras que en cultivos hay 7,1 millones que son apenas el 6,3% del área rural dispersa.

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VV.AA. La Cuestión Rural y la Construcción de Paz en Colombia. Cuadernos de trabajo en Gobierno y Ciencias Políticas. Universidad EAFIT. Febrero de 2016.

Todos los sectores de la élite que han fijado su atención en la agricultura y la ruralidad como mercado potencial para el crecimiento económico, no han renunciado a sus pretensiones productivistas descuidando la labor de gobernabilidad que genera una adecuada interlocución con los pobladores rurales y campesinos. Aunque en un principio era unánime la posición en que debía ser el mercado el que se encargara de reducir la pobreza a través de la elevación de la productividad se obtuvo por vía de la guerra un mercado atrasado e ineficiente, negando la tesis de entonces que sugería que las Reformas Agrarias vía Mercado removerían los factores políticos que impedían la consolidación de un mercado de tierras y el crecimiento productivo del agro. Ocurrió todo lo contrario, el acaparamiento se hizo más para especulación y lavado de activos que para la vocación productiva de la tierra, lo que no significa que el modelo de contrarreforma agraria se asentara en los territorios a los que una vez cerrada la guerra con la pax paramilitar y la posterior consolidación quedara más fácil acercar a las comunidades campesinas víctimas de la guerra a las propuestas gubernamentales que apalancan el ordenamiento territorial empresarial.

En la actualidad hay leves diferencias que permiten la reacomodación de escenarios para las apuestas campesinas y populares. La élite financiera del agro está dispuesta a probar la aplicación del modelo económico sin el uso generalizado de la violencia, en especial aquella derivada del conflicto armado, mientras que para la otra facción un cambio así supone un ataque directo a su patrimonio, pues esto supone una proceso de restitución y unos procesos de verdad y reparación de los que no quieren hacer parte al estar comprometidos como élites en las regiones del país donde la guerra arreció en colaboración con fuerzas paramilitares que ayudaron a consolidar el actual escenario rural, en el que según la élite internacionalizada se presentan distorsiones en el mercado que tienen un origen político y que explican la subutilización de tierras y la acumulación para círculos especulativos.

El cambio en la continuidad del modelo63 es la Reforma Rural Integral en la que se da un giro de lo agrario a la rural donde los tecnócratas dejan de insistir en solo lo agropecuario como principal estrategia de salida de la pobreza, situándose no solo en la cuestión predial de la propiedad agraria, sino volcándose en los negocios del uso y su relación espacial, de ahí su afán en ser protagonista del reordenamiento territorial.

La Nueva Ruralidad que hizo carrera desde los 90, se plantea el territorio como una construcción desde diferentes dimensiones y sus electrodos son el Enfoque territorial como forma de democratizar el modelo y hacerlo deseable como modernización a través de la racionalidad tecnológica, persistiendo en la acumulación vía uso de la naturaleza, pues la nueva estrategia busca consolidar la institucionalidad necesaria para regular las distorsiones que impedía elevar la productividad ganándose así el favor de las comunidades en los territorios hartas de la guerra.

Al enfoque territorial empresarial le interesa la creación de una segunda naturaleza a través del agronegocio, dándole más importancia a la concentración de recursos y a los usos de la naturaleza, de ahí que la mayoría de propuestas de desarrollo alternativo para vincular a la población rural en zonas en 63

CHAVARRO, William. Seminarios: Dimensión espacial del Capital y Tecnología convencional y Distopía Agraria. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 2016.

donde el Estado no realizaba o lo hacía con dificultad el control territorial, sean la vinculación de los campesinos al modelo rentas del arrendamiento de predios que busca concentrar el uso y ya no la propiedad.

El Informe de la Misión para la Transformación del Campo64, dirigido por José Antonio Ocampo y en compañía de Albert Berry, Roberto Junguito, Santiago Perry, Rafael Mejía, Juan Camilo Restrepo, José Leivobich y Absalón Machado, sirvió para testar el escenario actual de la ruralidad y las posibilidades a futuro una vez abierto el debate rural. Clave será el desarrollo institucional como fortalecimiento de las ONG que se encargarán de ejecutar parte del presupuesto, el fortalecimiento de los gobiernos locales y sobre todo buscar capacidad de diálogo para el desarrollo territorial que gremios como la SAC buscan posicionar. De ahí que se busque la concurrencia y articulación eficiente de los programas públicos de desarrollo social, productivo y ambiental más pertinentes de cada territorio propendiendo a la asociatividad territorial, concurrencia y economías de escala en la administración pública que buscará relacionar al empresariado con las comunidades en reconstrucción de su tejido social.

No se cambiará la focalización como característica de la política social, más aún con los líos fiscales que ya existen y ensombrecen la implementación de acuerdos de Paz. DPS y DNP se encargarán de identificar las necesidades en materia social y de formación de la población, en cuanto a focalización productiva agropecuaria, a cargo también del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente por medio del Registro Nacional de Agricultores Familiares y la información del Censo Nacional Agropecuario.

Los Contratos Plan enunciados en el artículo 180 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, servirán para transferir funciones de manera temporal del nivel nacional a esquemas asociativos territoriales, por lo que se necesitará un CONPES Rural que de los lineamientos de acción que garanticen la inversión en el campo como política de Estado y que el acompañamiento no sea solo poner vías para que los intermediarios colonicen nuevos oportunidades de mercado en favor de la empresa agroindustrial con poca capacidad de negociación para los campesinos.

La Misión también hizo eco del Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia en el que se daba cuenta de las dificultades que tiene el campesinado como sujeto social histórico y multiactivo, relevante en el proceso de desarrollo del campo colombiano por su incidencia en el funcionamiento de las organizaciones estatales y su papel en el conflicto armado en sus territorios, pues para posicionar su agenda se encuentra con el problema de estar en el centro de la dinámica del conflicto y no contar con el reconocimiento suficiente por parte del estado y del sector empresarial.

El escenario de fortalecimiento y visibilización de las organizaciones campesinas al circuito de las políticas públicas en donde se configuren como actores protagonistas, requiere del reconocimiento institucional del campesinado como sujeto de derechos65, como en el caso indígena con el reconocimiento constitucional del Convenio 169 de la OIT en relación a los derechos de los Pueblos 64

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DNP. El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz. Misión para la trasformación del campo. 2015.

MANTILLA, A. Campesinado como sujeto de derechos. Publicado el 31 de marzo. [En línea] http://palabrasalmargen.com/index.php/articulos/nacional/item/el-campesinado-como-sujeto-de-derechos

indígenas y tribales, cuyo posterior desarrollo tras las luchas indígenas condujo a la creación de entidades territoriales indígenas con autonomía relativa, pero subsidiaria en todo caso de las políticas nacionales.

Hoy se cuenta con la figura de las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) como contraparte de las ZIDRES y la Asociación de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC) ha servido para agrupar a los procesos campesinos que vía ZRC se disputan su territorialidad campesina frente a las agresivas y lesivas apuestas empresariales, también hay otras figuras como los Territorios Agroalimentarios propugnados por el Coordinador Nacional Agrario (CNA), ambas expresiones hacen presencia en el Catatumbo: el Comité de Integración Social del Catatumbo (Cisca) que hace parte del Congreso de los Pueblos le apuesta a los Territorios Campesinos Agroalimentarios y la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), asociada a la Marcha Patriótica, fue partícipe con el INCODER en la elaboración del Plan de Desarrollo Sostenible para la aprobación de la Zona de Reserva Campesina en el Catatumbo.

Fuente. Diario La Opinión. Con base en el Plan de Desarrollo Sostenible para la ZRC del Catatumbo http://www.laopinion.com.co/region/asi-es-la-titanica-zona-de-reserva-campesina-del-catatumbo-108403#ATHS

La crisis del campo evidenciada en el nivel de conflictividad de los paros de 2013 y 2014, puso en el terreno político la necesidad de una solución concertada con estas comunidades en tanto sujetos de derechos y de esta forma reconocer la construcción social del territorio que éstas hacen. Además, estas luchas por el reconocimiento de sus planes de vida en el territorio están enmarcadas una crisis agropecuaria derivada de la apertura económica y de los proyectos extractivistas. El analista político Alejandro Mantilla afirma que “la inmensa mayoría de unidades productivas en el campo colombiano son unidades de pequeña producción y economía campesina, pero esas unidades ocupan una bajísima proporción del área en comparación con los grandes latifundios; la gran propiedad está repartida en muy pocas fincas (0.4%) pero ocupa 4 de cada 10 Hectáreas del área sembrada”66.

El senador del Polo Democrático Alberto Castilla radicó una propuesta de Ley para que reconozca al campesinado como sujeto de derechos, según él “el campesino tiene una construcción cultural que significa tener una relación directa con la tierra, vincular la familia a la actividad de producción de alimentos, el cuidado de las semillas, es un protector del ambiente y nada de eso es el trabajador agrario”67 Esta sería la forma de reconocer también a los Territorios Agroalimentatios como figuras del ordenamiento territorial, óptima para la implementación de acuerdos políticos con las organizaciones campesinas presentes en las Mesas de Interlocución y Acuerdo que se formaron tras los paros campesinos del 2013 que han venido replicándose hasta mayo de este 2016.

Hay razones que han hecho pensar en una conflictividad interpopular al tener propuestas diferentes.

Una zona de reserva tiene como objetivo impedir la ampliación de la frontera agrícola y que no haya acumulación de tierra o latifundio. En cambio los TCA tienen como fundamento utilizar las tierras para la producción de alimentos y la protección y preservación de los ojos de agua que los rodean68. Además, son ambas figuras que conjugan productividad y gobernabilidad, pues para los campesinos del Cisca, la única opción viable para detener el narcotráfico es darle prioridad a los cultivos que realmente generan desarrollo en la región. Para el paro de mayo, una de las razones que repetían los campesinos era que “hay 6.800 hectáreas de coca, sí, pero también hay 27 mil de palma aceitera, que poco los beneficia, y

66 67

Ibíd.

BOLAÑOS, Edinson. Una apuesta de reforma constitucional: en la búsqueda de la identidad campesina. EL ESPECTADOR, 16 de agosto de 2016. http://colombia2020.elespectador.com/pais/en-la-busqueda-de-la-identidad-campesina 68 Ibíd.

hay más de 60 mil de alimentos, que carecen de apoyo estatal para tecnificar los procesos y comercializar los productos”69.

En el artículo 79 de la Ley 160 de 1994, las Zonas de Reserva Campesina son catalogadas como la oportunidad para el ordenamiento de la propiedad rural y para el fortalecimiento de la economía campesina, cabe especificar que bajo la idea del “fomento de la pequeña propiedad campesina” y de la transformación de los colonos campesinos en “medianos empresarios”70. Posteriormente con el decreto 1777 de 1996 y el acuerdo 024 de 1996, se estableció que las herramientas dentro de este tipo de ordenación del territorio serían los Planes de Desarrollo Sostenible de las ZRC producto del concurso de actores institucionales y sociales en donde destacan “las organizaciones representativas de los colonos y campesinos de la zona”71 siendo así un ejercicio de participación territorial, cultural y política coherente con las expectativas en términos de derechos campesinos aún no reconocidos en nuestro país, pero sí a nivel internacional como declaraciones. Estos planes son según el Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales (GIDCA) de la Universidad Nacional “la carta de navegación para la intervención civil y democrática del Estado” como “interacción no armada, no violenta, no militarizada con el Estado”.72

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TORO, Juan José. En las entrañas del movimiento campesino en el Catatumbo. Publicado en PACIFISTA, el 2 de junio de 2016. http://pacifista.co/catatumbo-paro-campesinos-conflicto/ 70 Véase Ley 160 de 1994, artículo 79. Capítulo XIII. Pág. 56. [En línea] http://www.incoder.gov.co/documentos/Ley160_2004.pdf 71 Véase Acuerdo 024 de 1996, artículo 7 [En línea] http://www.humanidadvigente.net/territorios/13-vaupes/97-acuerdo-no-024-de1996.html 72 ESTRADA ALVAREZ, Jairo (Compilador). Territorios campesinos. La experiencia de las Zonas de Reserva Campesina. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia: Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER, 2013. Pág. 120.

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