Experiencias internacionales en que bandas criminales son sometidas a la justicia by Corp. Nuevo Arco Iris

Ilustración 1: PREVENCIONCARRION1- https://prevencioncarrion1.wordpress.com/

PRESENTACIÓN Este documento se presenta en la Revista Arcanos No 21. Sin embargo, por su extensión fue necesario omitir la presentación de la experiencia de Ruanda en la versión impresa. No obstante, el conocimiento de los conflictos armados y violentos de África, así como las experiencias de Haití y Centro-América, justifican presentar la versión original, con el fin de invitar a la reflexión acerca de experiencias internacionales del manejo de conflictos, sus vicisitudes, lecciones aprendidas, éxitos y fracasos, así como los caminos de solución, que sirven de referente al complejo e intrincado proceso de paz en Colombia.

1. INTRODUCCIÓN

el marco de Acuerdos de Paz o de sometimiento a la justicia, permiten establecer pautas básicas encaminadas al desmantelamiento de bandas criminales y garantizar la seguridad y convivencia democrática de las comunidades en sus territorios. En el mismo sentido se pronuncia la OECD, con respecto a la implementación de estrategias pertinentes de Reducción de la Violencia Armada en contextos locales.

Un análisis de alternativas de sometimiento a la justicia de bandas, grupos criminales y/o formas de expresión neo paramilitar, justifica aproximarse al estado del arte internacional o a las lecciones aprendidas hasta la fecha, respecto al manejo de situaciones de guerra, conflictos armados internos o confrontaciones violentas, así como el tratamiento social y estatal de este fenómeno, que sirvan de enseñanza o referente, en el marco del proceso de paz en Colombia. Las experiencias en diversos países muestran evidencias complejas de criminalización de segmentos de grupos insurgentes, estatales, paraestatales o de actores privados, que emergen en contextos de violencia, de lucha por recursos, de conflictos armados o en etapas de post acuerdos, con incidencias nacionales, territoriales e, incluso, transfronterizas e internacionales.

Para el caso colombiano, este análisis adquiere relevancia por cuanto el momento histórico evidencia la urgencia de asumir tratamientos integrales en los procesos de consolidación de la paz, la convivencia democrática y la reconciliación nacional. Colombia es un caso excepcionalmente complejo, por cuanto en su dinámica conflictiva han coexistido diversidad de grupos insurgentes, con la emergencia de bandas paramilitares, escuadrones de la muerte agenciados por actores con poder económico, político o militar e influencia institucional, en una dinámica contrainsurgnte, y grupos criminales operadores de actividades ilícitas que, incluso, pretendieron “refundar la patria”.

Para analizarlo en sus distintos ámbitos, es pertinente precisar que los conflictos violentos, como los que han tipificado las AUC de Colombia, no son catalogables como “conflictos armados”. Por su naturaleza, la acción de las bandas criminales y de los paramilitares difiere significativamente de los conflictos armados motivados por la lucha política, las demandas sociales o por el control social territorial, por parte de actores sociales o estatales, de zonas ricas en recursos. Estos últimos, representan el 85% de los conflictos armados en el mundo, según Fisas (2009).

En el transcurso de más de tres décadas, el país ha vivido diversas experiencias de conflicto armado de índole político-social, entrelazadas con la concreción de más de diez acuerdos de paz con grupos insurgentes, lo que evidencia el intrincado proceso de paz, caracterizado por dinámicas parciales y fragmentadas de protocolización de soluciones políticas. Esta trayectoria histórica, ha coexistido con actores armados generadores de conflictos violentos de tipo paramilitar y criminal, con influencia en territorios importantes, con proyección rural y urbana. En este proceso, han cohabitado las dinámicas de negociación política del conflicto armado entre el gobierno y organizaciones guerrilleras, con las de sometimiento a la justicia de grupos mafiosos y paramilitares, que se imbricaron con dinámicas de parapolítica y paraeconomía.

La posibilidad de distinguir las diferencias del tipo de actor armado y del proceso de consolidación de la paz y convivencia democráticas en distintos países, permite derivar lecciones, con el fin de establecer las mejores prácticas en procesos de sometimiento a la justicia de grupos paramilitares, neoparamilitares y bandas criminales. Las lecciones de las experiencias africana, haitiana y centroamericana para desactivar actores de violencia armada o en situación de riesgo social o de criminalización con posterioridad a procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR), en

Al respecto, es preciso diferenciar la negociación política de acuerdos de paz, de aquellos procesos

relacionados con el sometimiento a la justicia de grupos y bandas criminales. Esta distinción que, aparentemente, es fácil de establecer, ha sido complicada por la pugnacidad y polarización generada por la ultraderecha al pretender asimilar a todos los actores armados en una misma categoría, intentando negar la existencia del conflicto armado interno, dada su fallida pretensión de conferirle estatus político a las AUC, durante la negociación realizada entre 2003 y 2005. En la compleja trama de estos procesos, han sido relevantes las experiencias de sometimiento a la justicia por parte de las AUC, dándose en medio de ello la mutación organizativa paramilitar y criminal de grupos que no se sometieron o que generaron nuevas conformaciones, así como el refinamiento del método paramilitar en general. Ello se entrelaza con diversas formas de economía legal e ilegal, el control de actividades económicas, la apropiación de tierras, dinámicas de corrupción y control de espacios institucionales estatales nacionales y territoriales, en las diversas ramas del poder público e incidencia en el tejido social, a través de actividades formales e informales, de microtráfico, explotación de minería legal e ilegal, contrabando, blanqueo de dineros, apropiación de rentas, expropiación, desplazamiento de población, extorsión, grupos de seguridad privada, trata de personas, sistemas de crédito gota a gota urbanos y rurales, etc.

2. REFERENTES RELEVANTES Para la Organización de Naciones Unidas-ONU, la firma de acuerdos de paz, relacionados con la superación de conflictos armados, debe conducir a un proceso de desarme, desmovilización y reintegración de los excombatientes. Este proceso, es conocido como DDR y tiene diversas modalidades: desde las enfocadas en procesos de estabilización política, pasando por las centradas en los beneficios a los combatientes, hasta las enfocadas en las comunidades. Sus objetivos se fundamentan en: Contribuir a la seguridad ciudadana y la estabilidad; en facilitar la reintegración de los ex combatientes a la vida civil; en reconstruir la confianza entre los bandos enfrentados; en prevenir futuras violencias y servir a la reconciliación, así como en promover la reconstrucción nacional y territorial, así como propiciar el desarrollo. En contraste, en los casos tipificados como “conflicto violento” y no como “conflicto armado”, Naciones Unidas ha acuñado el término de “segunda generación de DDR”. Con ello, enfatiza en centrar los esfuerzos en la promoción de la seguridad “en zonas donde hay presencia importante de milicias, bandas criminales, narcotraficantes o grupos paramilitares, todos ellos armados, que utilizan grandes dosis de violencia contra la población civil” Fisas (2009). Estos son casos presentes en experiencias como las de la República Democrática del Congo (antes Zaire), Ruanda, Sierra Leona, Haití, Afganistán, Liberia, Costa de Marfil. Para este tipo de casos, los organismos competentes de la ONU recomiendan el desarrollo de programas de desarme diferentes a los que se lleva a cabo con las guerrillas, porque no se considera pertinente un acuerdo de paz con actores criminales. Al respecto, las estrategias pertinentes se asimilan a los Programas de Reducción de la Violencia Comunitaria (CVR).

También, se ha producido la mutación de formas organizativas paramilitares, entrelazada con dinámicas de fusión y cooptación de grupos, así como experiencias parciales de desmovilización y sometimiento a la justicia de bandas paramilitares, como el caso del Ejército Revolucionario Antisubversivo de Colombia-ERPAC. En este texto, se condensan experiencias y propuestas internacionales y nacionales de sometimiento a la justicia de grupos criminales, con base en fuentes aportadas por la Escuela de Paz de Barcelona, la contribución documental de Naciones Unidas, la OECD y trabajos realizados por diversos analistas.

2.1 EXPERIENCIAS AFRICANAS El continente africano es un escenario complejo, entrecruzado y transfronterizo de juego de intereses,

guerras y conflictos violentos generadores de terribles dramas humanitarios y genocidios, derivados de la actuación de Estados, grupos insurgentes, actores no estatales, multinacionales y estructuras informales de criminalidad internacional. En especial, para efectos de esta síntesis, se aluden los casos de República Democrática del Congo (rica en recursos naturales, especialmente: coltán, diamantes, cobre, cobalto, oro, estaño, zinc, manganeso, madera, entre otros) y Ruanda en el África Central, así como Sierra Leona en África Occidental con la respectiva incidencia Liberiana.

Ruanda para cubrir el costo de la guerra. Estas conflagraciones trascienden las fronteras trazadas por demarcaciones coloniales, al segmentar grupos humanos que también habitan países vecinos, con grave incidencia interna y externa. La complejidad de los conflictos como se verá en los países cuyas experiencias se presentan a continuación, está dada por la diversidad de actores y los intereses en juego, tanto estatales, como no estatales y su dinámica de contextos locales, nacionales e internacionales. Parte crucial, se refiere a los aspectos geopolíticos, geoestratégicos y geoeconómicos; en especial, la apropiación de recursos naturales y su relación con prácticas legales e ilegales de articulación en las cadenas de suministro internacional, que conllevan la corresponsabilidad de grandes potencias y de muchas de sus empresas en la violación de los derechos humanos. Así mismo, el papel de grupos relacionados con el tráfico de estupefacientes de uso ilícito como se evidencia en Centroamérica. Se resalta la importancia de avanzar en planes de DDRR, así como en la reforma del sector de seguridad y la creación de unos órganos eficaces y equitativos de justicia, sobre bases de seguridad humana y ciudadana, de justicia eficaz y de desarrollo de abajo hacia arriba, desde lo local y lo comunitario al ámbito nacional.

En una perspectiva global, como plantea Laverdos (2010), las guerras de los últimos decenios llevan aspectos ocultos, cada vez más relacionados con intereses por recursos naturales, a menudo de carácter estratégico, lo que las vuelve cuestiones clave de geopolítica, geoestrategia y geoeconomía. Una connotación especial de estas conflagraciones, se refiere al papel relevante de los actores no estatales, cuya intervención en conflictos bélicos o violentos atraviesa las etapas de preparación, ejecución de la guerra y postconflicto. Este papel le confiere trascendencia fundamental al análisis, incorporación, regulación y protección de los derechos humanos de la población afectada. Como se ha podido establecer, las dos guerras de la República Democrática del Congo, que se realizaron entre 1996-1997 y 1998 hasta 2003, dan cuenta de un juego de intereses globales, abuso de poder, violación masiva de los derechos humanos y perpetración de crímenes internacionales y geoeconómicos.

2.1.1

Al respecto, como lo reconocen diversos informes de la ONU (por ejemplo, el informe S/2001/357, subapartado 114, págs. 28-29) los expertos militares registran que el conflicto del Congo deriva de la conflagración desatada por Ruanda en su propio territorio y en territorio congolés, con financiamiento a partir de la explotación de los recursos naturales de la RD del Congo, sobre la base de la incapacidad del presupuesto de defensa de

RUANDA

Ilustración 2: Berkeley https://goo.gl/i77Sh8

Carroll

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Rwanda-

El 8 de noviembre de 1994, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puso en marcha el Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR). Este tribunal ha intentado contribuir al proceso de reconciliación nacional y al mantenimiento de la paz en la región, como lo afirma Prieto (2014).

expulsados a Uganda en años anteriores, empezó a realizar incursiones armadas. La violencia se detuvo tres años después, con el acuerdo de paz de Arusha y la formación de un gobierno de transición con participación de ambos grupos étnicos y la presidencia del hutu moderado Juvénal Habyarimana. No obstante, un amplio sector de hutus radicales desarrolló una estrategia de 'solución final' basada en la liquidación de los tutsis y de los hutus partidarios del diálogo. Para ello, derribaron el avión donde viajaba Habyarimana, cuando se disponía a aterrizar durante la noche del 5 al 6 de abril. Al otro día, fue asesinada la primera ministra Agathe Uwlingiyimana. Los radicales hutus tomaron el poder y desataron una atroz matanza por todo el país. La respuesta militar de los tutsis del Frente Patriótico fue inmediata.

Los enfrentamientos entre grupos tutsis y hutus, fueron atizados por el colonialismo belga, al promover la jerarquización social mediante la segregación étnica, visible hasta en los documentos de identidad de las personas, los roles económicos y el reconocimiento social; estos conflictos se agudizaron con la independencia obtenida por Ruanda y Burundí respecto a Bélgica hacia 1962. Los Agentes de las matanzas son ruandeses, pero con influencia de potencias extranjeras; en especial, el genocidio perpetrado en 1994, generó en menos de cinco meses, más de 800.000 muertos civiles, equivalente al 11% de la población de Ruanda y a un 80% de los tutsi, habitantes del país, quienes eran la etnia dominante, a partir de la promoción que de ellos hacían los belgas, pese a ser solamente el 15% de la población total.

Es pertinente recalcar que tales crímenes no se reducen al genocidio de hutus contra tutsis: Es decir, una falange radical y mayoritaria de los hutus preparó el extermino de tutsis como de hutus moderados u opositores del régimen de Habyarimana y cercanos al FPR. Por tanto, el genocidio no fue sólo de carácter étnico, sino también político. Además, es de destacar que hubo entre las víctimas miles de ciudadanos hutus ejecutados por el FPR. En materia de justicia ante la magnitud del holocausto, en 1994, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ordenó la creación del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), diciendo que debía “perseguir a los responsables de genocidio, y otras violaciones graves del derecho humanitario internacional, cometidos en territorio ruandés, y en los estados limítrofes, entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1994”. Con sede en Arusha (Tanzania), el TPIR juzgó a dos tercios de los que fueron los principales actores del genocidio, siguiendo la pauta marcada por el modelo de justicia posconflicto de Núremberg, centrado en la acusación ejemplar de unos cuantos escogidos. No obstante, fue la primera institución en reconocer la violación como una manera de perpetrar el genocidio.

Ilustración 3: El Orden Mundial en el S.XXI- Tutsis (15%), hutus (85%) y twas (1%) siguen siendo las tres principales etnias que han compuesto la sociedad ruandesa- https://goo.gl/iqi9rJ

Como antecedente de los hechos, se establece que en octubre de 1990 se produjo un conato de guerra civil, tras varias décadas de enfrentamientos entre la etnia hutu que asume el poder con la independencia de Bélgica y la caída de la monarquía, hegemonizada por la minoría tutsi. La guerrilla del Frente Patriótico Ruandés-FPR, formada por tutsis monárquicos

El tribunal se enfocó en los principales causantes del genocidio, entre quienes figuran el ex primer ministro Jean Kambanda; el exjefe del Estado Mayor del Ejército, Agustín Bizimungo y el exministro de Defensa, Théoneste Basogora. Este último, conformó una organización paramilitar hutu (Interahamwe) responsable de secuestros y asesinatos. Y también se incluyó en el proceso a la dirección de la Emisora de Radio y Televisión Libre de las Mil Colinas (Ferdinand Nahimana y Jean Bosco Barayagwiza), por lanzar arengas racistas y a cuya influencia un estudio de la Universidad de Harvard atribuye más de 50.000 muertes.

se realizó la masacre, cuáles fueron las razones, mediante qué medios y con qué tipo de apoyos, etc.”. En sus conclusiones, las sentencias judiciales maquillan una historia “dolorosa y compleja”. Como se ve, uno de los temas más difíciles es el relacionado con la cadena de mando o el establecer el grado de responsabilidad de los imputados, particularmente, de personas que ocupaban altos cargos durante el genocidio. Paralelamente con el TPIR, el Gobierno de Ruanda, encabezado por Paul Kagame, dirigente del victorioso FPR, en vez de centrarse en unos cuantos sospechosos relevantes, detuvo a más de 100.000 personas (en la mayoría de los casos, con pocas pruebas o ninguna). Basado en la victoria militar del régimen, en su dominio autoritario y en el apoyo de una comunidad internacional atormentada por la culpabilidad, en el año 2001, restableció el sistema de justicia comunitaria "Gacaca" ("justicia en el césped", en lengua kinyaruanda. Se pronuncia “Gachacha”), con el propósito de lograr soluciones rápidas, respecto a miles de implicados en el genocidio que seguían sin ser juzgados y con el argumento de lograr una reconciliación desde las bases sociales. Estos tribunales combinaban el derecho penal moderno con procedimientos comunitarios tradicionales. Luego, decidió someter a juicio a la mayor parte de la población hutu.

Ruanda siempre ha sido ambivalente respecto al TPIR. Aunque al principio solicitó un tribunal internacional, fue el único Estado de la ONU que votó en contra del mismo. Entre los reparos, estaban la ubicación del tribunal fuera del país, su jurisdicción temporal limitada (1994) y la ausencia de sentencias de muerte. El gobierno ruandés (hoy en poder mayoritario de los de los tutsi, aunque esto ya no se utiliza en la identificación) aprovechó el TPIR para su propio beneficio político, buscando desacreditar y marginar a los demócratas hutus, a la vez que impedir que se procesase a sus propias fuerzas por crímenes de guerra y contra la humanidad. El enjuiciamiento de los responsables del genocidio y de las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas en el país en 1994, se convirtió en un proceso tedioso, intrincado y lento.

El gobierno basó su estrategia en dos motivos principales: acabar con la impunidad y fomentar la reconciliación. Sostenía que la participación masiva en el genocidio exigía una justicia masiva. También, que la máxima rendición de cuentas reconciliaría a los ruandeses. Sin embargo, aunque los Tribunales "Gacaca" lograsen resolver el cuello de botella en el plano jurídico, se presentaron limitadas garantías procesales.

De acuerdo con planteamientos de André Guichaoua, experto en la Región de Los Grandes Lagos de África y docente de la Universidad de Paris, con más de 15 años de investigación de campo, en su entrevista concedida a Prieto (2017), “ningún fiscal realmente estaba dispuesto, o era capaz, de juzgar los crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos durante el conflicto”. Además, recalca, no se trataba solamente de establecer el “por qué” del genocidio, sino de responder al “cómo, cuándo y quién decidió que se realizase. Quién mató, cómo lo hizo y quiénes fueron asesinados. Bajo qué órdenes

Como tribunales controlados por el Estado eran una “tradición reinventada”: Primero, no eran coherentes con la tradicional resolución ruandesa de disputas por delitos y agravios menores. Segundo, aunque practicaban una justicia reparadora, no eran

especialmente reparadores, ni por los procesos ni por las sentencias. Existían pocas vías de mediación entre víctimas e infractores, sin hacer referencia a las expresiones de remordimiento y perdón. Los tribunales podían dictar largas condenas de cárcel, o a servicios comunitarios. Con el tiempo, más que un servicio comunitario se tradujo cada vez más en convictos desplazados a campos de trabajo, lejos de sus comunidades. Tercero, los tribunales se montaron sobre el sofisma según el cual, el gobierno no tenía otra opción que crearlos para juzgar a los aproximadamente 120.000 detenidos por genocidio. Sin embargo, se pasa por alto que la gran cantidad de casos se debía a la decisión del gobierno de detener a muchos con pocas pruebas. Cuarto, se omite que los tribunales "Gacaca" multiplicaron el número de casos casi por nueve.

pudieron presentar testigos o replicar a quienes testificaban contra ellos. Rara vez fueron presentados los hallazgos probatorios o los razonamientos legales que justificaban sus fallos y sentencias. En otros casos, los testigos fueron intimidados e, incluso, asesinados. Ante este panorama, organizaciones internacionales de derechos humanos, como Human Rights Watch y Abogados Sin Fronteras, manifestaron su preocupación y lo mismo hizo la mayor organización de supervivientes del genocidio de Ruanda. Los juicios en los tribunales "Gacaca" resultaron injustos, también, en otro sentido: solo se juzgaban crímenes cometidos por la mayoría hutu. Desde el principio, el presidente Kagame dejó claro que los "Gacaca" no juzgarían crímenes de guerra cometidos por soldados tutsis contra los civiles hutus. En ello se evidencia la “justicia del vencedor”, dado que sus crímenes parecen pequeños al lado de los del perdedor en términos de gravedad y escala. El régimen trabaja sobre un sofisma global, consistente en que el genocidio no puede compararse con los crímenes de poca monta que puedan haber cometido las fuerzas tutsis. La debilidad del argumento reside en que los "Gacaca" juzgan todos los delitos cometidos durante el genocidio (no solo el de genocidio). Los 1,3 millones de casos de delitos contra la propiedad juzgados por los tribunales "Gacaca" son, obviamente, menos graves que el asesinato de entre 25.000 y 45.000 civiles hutus en 1994.

A menudo, el gobierno tuvo que coaccionar a la gente para que hiciera acto de presencia en los "Gacaca", y muchos se mantuvieron en ellos en silencio. También, se presentaron limitaciones culturales y políticas del hecho de contar la verdad en los "Gacaca". Se atribuía que la interacción dialógica para contar la verdad era incompatible con el silencio. Pero éste, los entrevistados solían atribuirlo a la preocupación por su seguridad. Estos tribunales se clausuraron en 2012. Por ellos, habían pasado un millón de sospechosos, presuntamente implicados en 1,8 millones de casos. No obstante, dos tercios de los casos tenían que ver con delitos contra la propiedad. Como instancia de justicia punitiva, el "Gacaca" debía respetar las garantías procesales previstas por los compromisos de los tratados internacionales y la Constitución ruandesa. El gobierno lo reconoció incorporando muchas de esas garantías en las leyes y normas de los "Gacaca". No obstante, estas medidas legales se pasaron por alto a medida que el número de casos se multiplicaba y el gobierno presionaba a los tribunales para que acelerasen los juicios. Algunos tribunales desmontaron el derecho de defensa, los acusados no

Ilustración 4: El Orden Mundial en el S.XXI- Kigali Genocide Memorial (Ruanda)/Getty Images- https://goo.gl/iqi9rJ

Es de resaltar que ningún otro país en postconflicto ha llevado a juicio a tantos delincuentes de poca importancia y a acusados circunstanciales. En definitiva, los "Gacaca" no lograron la reconciliación; de hecho, la dificultaron en muchas comunidades, dado que la precaria convivencia entre vecinos se destruyó mediante acusaciones y contraacusaciones. Ya algunos legisladores ruandeses, en 1999 habían planteado que los "Gacaca" serían generadores de nuevas disputas. Un estudio llevado a cabo por el gobierno en 2008, comprobaba que el 76 por cien de los supervivientes del genocidio y el 71 de los acusados afirmaban que los "Gacaca" acentuaban las tensiones entre las familias. Posteriormente, un estudio de la Universidad Nacional de Ruanda realizado en 2011, comprobó que el 50 por cien de los entrevistados respondía lo mismo.

por el control de los recursos naturales juega un papel principal. Son notables las carencias existentes en los planes para el establecimiento de la Paz, como lo señala Calbet (2013); principalmente, las relacionadas con los ámbitos de seguridad y justicia nacional para hacer frente a los crímenes cometidos por los actores implicados. La situación de violencia e inestabilidad tiene como antecedente la primera guerra con la extensión a la RDC del conflicto de Ruanda y el golpe de Estado ejecutado por Laurent Desiré Kabila en 1996 contra Mobutu Sese Seko. La zona fronteriza de la RDC era utilizada por las milicias hutu expulsadas de Ruanda con la llegada al poder de los tutsis. Tras una guerra relámpago, Kabila logra el poder en mayo de 1997, gracias al apoyo de grupos armados respaldados por los gobiernos de Ruanda y Uganda. Estos mismos gobiernos y grupos armados en la RDC más la intervención de Burundí, tras el pedido de Kabila para que las fuerzas extranjeras abandonen el país, intentan derrocarlo en 1998, teniendo como detonante los conflictos anteriores entre Hutus y Tutsis, que se hicieron fuertes en algunas provincias del este del país, hasta desencadenar la segunda Guerra del Congo, o también, la llamada Primera Guerra Mundial Africana. Kabila recibió el apoyo de Angola, Chad, Namibia, Sudán y Zimbabue. La guerra deja como saldo más de cinco millones de víctimas mortales, cerca de 200.000 mujeres, víctimas de la violencia sexual, así como el desplazamiento forzado de cerca de 700.000 personas, más una crisis humanitaria crónica.

Un tema estructural tiene que ver con el incumplimiento del gobierno para crear un fondo de compensación a las víctimas del genocidio. En vez de eso, hizo que los tribunales "Gacaca" ordenaran a los acusados pagar las indemnizaciones, chocando con una limitación estructural: los sobrevivientes rara vez recibían esa indemnización, dado que los culpables, generalmente, eran muy pobres. 2.1.2

REPUBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO (RDC)

Un análisis de los actores implicados y las causas que motivaron el conflicto en la RDC, así como los pasos más importantes para el logro de la Paz involucra instancias internacionales y nacionales. En especial, es de resaltar la ejecución de la Misión de Naciones Unidas-MONUC hasta 2010; igualmente, el desarrollo posterior de la misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo-MONUSCO y el papel de la Corte Penal Internacional.

En 1999, como lo muestra Fisas (2016), se inaugura una primera etapa del proceso de paz de la RDC, con la firma del Acuerdo de Alto al Fuego de Lusaka, entre varios países y grupos armados presentes en el conflicto, con la mediación de la organización regional SADC (Southern Africa Development Community) y, principalmente, de Sudáfrica. Esto permite el establecimiento de la Misión de Mantenimiento de la Paz de la ONU (MONUC) en

En una guerra de más de veinte años, con diversas etapas y una dinámica de reducción gradual, cuyos rigores todavía persisten, son múltiples los actores con una gran variedad de intereses, donde la lucha

noviembre de 1999 (Resolución 1291 del Consejo de Seguridad), para supervisar el alto al fuego y promover el desarme de las milicias. El mandato estaba concebido en cuatro fases: aplicación de los acuerdos de alto al fuego firmados en Lusaka; seguimiento de cualquier violación de los acuerdos; organización del desarme, desmovilización y reintegración de los combatientes y facilidad para lograr la transición para organizar unas elecciones creíbles. Dicho mandato estaba regido por el Capítulo VII de la Carta, que le autorizaba a utilizar la fuerza en caso necesario. No obstante, este acuerdo no fue respetado por ninguna de las partes en el conflicto y Kabila fue asesinado en 2001, aparentemente, por conflictos al seno de su grupo de poder más próximo.

llevó al retiro de tropas extranjeras y a la configuración de un Gobierno de transición. La apertura de diálogos para llegar a acuerdos de paz, llevó a la ONU a instalar la MONUC, para velar por la implementación de la paz y la seguridad de la población civil. En 2006 se celebraron elecciones sin erradicar totalmente el conflicto en las provincias orientales. Los acuerdos de paz en que participaron todas las partes nacionales implicadas, más algunos actores no estatales, debían servir para la retirada de las fuerzas armadas extranjeras del Congo, y el establecimiento de la misión de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas, que buscaba la consecución del acuerdo y una reconciliación nacional en la RDC a partir del desarme, desmovilización, reintegración y repatriación o reasentamiento (DDRR) de los distintos grupos armados. El primer acuerdo llevó a que se adoptara la resolución S/RES/1279, en noviembre de 1999, donde se aprobó el destino del personal enviado previamente de Naciones Unidas para la misión de mantenimiento de la Paz-MONUC. Se trataba de personal militar y civil; debían garantizar el cese al fuego en todo el territorio y en todos los ámbitos. Mientras, los conflictos armados seguían en las provincias orientales; el personal civil debía apoyar al gobierno en los temas de Derechos Humanos y ayuda humanitaria. El personal militar tenía la potestad de adoptar medidas para proteger al personal de Naciones Unidas, sus instalaciones y equipos, además de garantizar la seguridad y la libertad de circulación, tanto de su personal como del personal civil y protegerlo frente a la violencia.

Con el relevo por parte de su hijo Joseph Kabila, se dinamizó el Diálogo Intercongolés (ICD) en Sun City (Sudáfrica), se logra la firma del Acuerdo Global e Inclusivo en Pretoria, en diciembre de 2002. El Acta final supuso la integración de los grupos armados de oposición en el Gobierno Nacional de Transición (GNT), en el que Joseph Kabila mantuvo su cargo de presidente y se establecieron cuatro vicepresidencias que representaban, respectivamente, al Gobierno, al Movimiento por la Liberación del Congo-MLC, a la Agrupación Congoleña por la Democracia- RCD/Goma y a la oposición no armada. El acuerdo establecía una fase de transición de dos años al término de la cual se deberían organizar elecciones generales y se preveía la formación de unas nuevas FFAA congolesas donde se integrarían los distintos grupos armados de oposición. Entre tanto, los conflictos continuaron en el este en las provincias de Kivu del Norte y del Sur, Katanga, Équater y en Ituri, llevando a la búsqueda de diálogos para nuevos acuerdos de paz, con ayuda de organismos internacionales.

La misión de la MONUC fue muy compleja y objeto de críticas; si bien sus objetivos de construcción y mantenimiento de la paz eran claros, debió irse adaptando a las circunstancias que envolvían al país, a la diversidad de actores implicados, movidos por intereses particulares, en una zona estratégica de obtención de recursos naturales, pretendidos por grandes potencias como Estados Unidos y China, así como por empresas multinacionales interesadas en

La guerra involucró desde sus inicios a varios actores internacionales. La firma de un alto al fuego en 1999 y de diferentes acuerdos de paz entre 2002 y 2003,

su explotación, generalmente, a través de mecanismos ilegítimos y a menudo ilegales, lo que los hace corresponsables de violaciones de Derechos Humanos. Como lo afirman los Comandantes del X Curso de Estado Mayor de la ESFAS Blanco, Calderón, Sánchez y otros (2009), en muchos casos la actuación de las compañías explotadoras de recursos naturales o vinculadas a la cadena de abastecimiento de los mismos, “ha contribuido negativamente a la evolución del conflicto, desarrollando sus actividades al margen de la Guía para las empresas multinacionales elaborada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de obligado cumplimiento para los países miembros”. Así lo planteó el panel de expertos de ONU sobre la explotación de recursos naturales de la RDC en el año 2002, donde se determinó que 89 empresas multinacionales incumplían dicha Guía. La mayoría de tales empresas son de países miembros de la OCDE como Estados Unidos, Bélgica, Gran Bretaña, Alemania, Suiza, etc.

manipulación desde intereses económicos y políticos internacionales y locales, DDR parcial, bandolerización y criminalización de grupos e incapacidad gubernamental para asegurar procesos de inclusión social y reparación de víctimas, de manera integral. Entre los actores relevantes, son de reseñar: 1) Las FARDC. Fuerzas Armadas de la RDC, refundadas por los acuerdos de paz alcanzados. Militares y combatientes provenientes de las diversas fuerzas y cuerpos de seguridad estatal, así como de las Fuerzas Armadas del Zaire, de la época de Mobutu. También, las antiguas Fuerzas Armadas Congolesas (FAC) de 1998-2003 y miembros de las Milicias Mai Mai. Alcanza a integrar 150.000 miembros. Se incluye la Policía Nacional integrada por entre 110.000 y 150.000 miembros. En el programa de integración de las FARDC se presentan graves deficiencias: no se aborda el tema de las cadenas de mando paralelas (soldados que permanecen leales a sus antiguos mandos). No se excluye del Ejército a los violadores de los derechos humanos. No se aborda la formación en derecho internacional humanitario ni en derechos humanos. Las FARDC continúan fragmentadas por motivos identitarios y geográficos. La mayoría de los 60.000 militares desplegados en el este son responsables de abusos y violaciones graves de derechos humanos contra la población civil. Años después, miles de menores desmovilizados fueron nuevamente reclutados a la fuerza o pasaron voluntariamente a engrosar, principalmente, las filas de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de RuandaFDLR, las milicias Mai Mai, que se mantuvieron por fuera del acuerdo de Lusaka y el Movimiento 23 de Marzo-M23 (antiguo Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo-CNDP).

Ilustración 5: Política Internacional- Conflicts areas and resources in DR Congo- https://goo.gl/KLjVaw

Con respecto a los actores armados implicados en el conflicto y a su comportamiento respecto a los diversos acuerdos de paz, Calvo y Royo (2016), sintetizan sus respectivos antecedentes, perfiles y tendencias; en su dinámica, se entrecruzan procesos de estabilización política, transformación de estructuras organizativas políticas y militares,

2) CNDP/M23. Surgen del RDC-Goma (grupo armado satélite de Ruanda), uno de los principales grupos armados conformado por

tutsi congoleños con epicentro en la ciudad de Goma, al este de la RDC y en la frontera con Ruanda. Luego de los acuerdos de paz de 2002 y 2003 se integró al gobierno de transición de la RDC. Pero, algunos sectores siguieron sintiéndose excluidos. Crearon, entonces, el CNDP en 2006 con apoyo de Ruanda y liderazgo del General Laurent Nkunda. Su objetivo planteado fue el de defender, proteger y asegurar la representación política de la comunidad banyaruanda en las instituciones congoleñas, procurando que se le reconociese la ciudadanía congoleña. También, se erigió como organización vocera y defensora de los derechos de la población congoleña refugiada en Ruanda. Se planteó combatir la discriminación de la comunidad banyaruanda, defenderse de las FDLR y promover el federalismo en el país. Ente 2006 y 2012, se vinculan y salen varias veces de las FARDC, hasta que en marzo del 2012 crean el grupo M23 y se enfrentan nuevamente a las FARDC. Son derrotados en diciembre de 2013, con la participación de una brigada de intervención de la ONU de carácter ofensivo, fuera del mandato de la misión de la ONU en el país (MONUSCO). Muchos de los combatientes del M23 se refugian en Ruanda y Uganda después de la derrota de 2013. Los intentos para repatriarlos y amnistiarlos han fracasado, por lo que pueden reactivarse en cualquier momento. Nkunda fue traicionado por Bosco Ntaganda, uno de sus subalternos y se encuentra retenido en Ruanda desde 2009. Ntaganda se entregó en 2013 para ser juzgado en la Corte Penal Internacional.

armados hutus ruandeses en los Kivus en 1995 y las milicias de la comunidad banyaruanda, junto con la invasión de Ruanda y de las fuerzas lideradas por Laurent Kabila en 1996, provoca su resurgimiento. Actúan como milicias de autodefensa civil de carácter nacionalista, opuestas a la intervención de Ruanda en los asuntos internos. Sus miembros son jóvenes de las diferentes comunidades existentes en las dos provincias de Kivu del este de la RDC donde se vive en duras condiciones de vulnerabilidad. Formar parte de ellas constituye una forma de subsistencia y reconocimiento social. En los acuerdos de Pretoria y Sun City de 2002-2003, entran a formar parte del Gobierno de transición y se vinculan a las Fuerzas Armadas. No obstante, los conflictos de la integración, las rivalidades personales entre las diferentes milicias, la discriminación al seno del ejército al ser tratados como ‘soldados de segunda’, más la precariedad de recursos para su manutención y remuneración, así como las promesas incumplidas, llevan a que la mayoría retorne a sus comunidades. Como no se trata de una estructura articulada y jerarquizada, actualmente son más de setenta grupos que, en determinados momentos crean alianzas para negociar o para defenderse de otros actores armados. Según Naciones Unidas, en 2001 pudieron llegar a ser entre 20.000 y 30.000 Mai Mai. Su nivel de legitimidad y relación con la población han pasado del sentimiento nacionalista a la extorsión y expoliación de la población civil a la que afirman proteger. Hoy son un fenómeno que refleja la ausencia de autoridad del Estado. En muchos casos, se encuentran más próximos al bandidaje que a la protección de las propias comunidades de origen.

3) Milicias Mai Mai (o “Mayi Mayi”, se refiere al vocablo swahili y lingala “maji” que significa Agua). Calvo y Royo (2016), explican el perfil y cómo surgen como guerreros de base comunitaria: Laurent Kabila, presidente asesinado fue su líder en la lucha contra Mobutu. Acostumbran a tener una adscripción étnica y territorial. La violencia ejercida por grupos

Progresivamente, se han convertido en grupos armados autónomos separados de sus comunidades de origen. Los vínculos con los Jefes del pueblo y los líderes naturales son cada

vez más diversos. Hay casos en que los líderes tradicionales siguen siendo los mismos de las milicias, también hay milicias lideradas por antiguos militares de las fuerzas Armadas de Zaire de Mobutu, de las Fuerzas Armadas congoleñas de Kabila padre o de las FARDC (de quienes se integraron y, posteriormente, insatisfechos, se desvincularon), convertidos en señores de la guerra, pagados por políticos locales o notables. Otros, actúan por cuenta propia, atacan a otras comunidades y zonas para obtener beneficios económicos (maderas preciosas, carbón vegetal, ganado, extorsión, control de carreteras); controlan o participan en la explotación de recursos naturales. Las diferentes milicias Mai Mai proceden como el resto de grupos: despojan y abusan de la población y secuestran; se destacan las PARECO, APCLS, Yakutumba, Sheka, Simba y Raia Mutomboki.

Con la crisis generada en 1994 por la muerte en atentado aéreo de los Presidentes de Burundí y Ruanda y el genocidio de más de 800.000 personas, provocado por los hutus radicales contra los tutsis y los hutus moderados y los twas (minoría étnica de Ruanda), a comienzos de julio el FPR se apodera de Kigali la capital ruandesa, con apoyo ugandés y la “venia” de Estados Unidos. La ONU envió tropas buscando garantizar un gobierno de unidad nacional. Pero, se abre un período de segundo genocidio en el que mueren 300.000 personas, respecto al cual sigue el debate acerca de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el triunfante gobierno de Paul Kagame del FPR. Esta ofensiva provocó el desplazamiento de dos millones de ruandeses al este del país, a Burundí y en menor medida a Tanzania. La Operación Turquesa encabezada por Francia, creó una zona segura en el suroeste de Ruanda, lo que facilitó la huida a la RDC de los dos millones de refugiados ruandeses. Entre ellos, se escondieron muchos responsables del genocidio.

4) Ruanda. Los mitos de superioridad étnica tutsi, impulsados por los belgas y la segregación social colonialista, alimentaron las luchas entre tutsis y hutus, llevando a conflictos sin antecedentes históricos en la África precolonial. Los procesos de emancipación de los años 60, vinieron acompañados de la fundación de partidos políticos étnicamente sesgados, del incremento de la participación hutu en los asuntos públicos, así como de violentos enfrentamientos. A comienzos de los años sesenta, con acompañamiento de la ONU, el Partido Hutu obtuvo la mayoría en las elecciones; dos años antes de proclamar la República y de separarse de Burundí. Entre 1961 y 1973, el Parmehutu asesinó 20.000 tutsis y desplazó a 300.000, principalmente a Burundí, Uganda, Tanzania y Zaire (hoy RDC). Mientras tanto, los tutsis que permanecieron en Ruanda sufrieron la confiscación de tierras, la exclusión del Estado y la criminalización por su presunto apoyo a invasiones realizadas por tutsis exiliados agrupados en la UNAR.

Los líderes hutus ruandeses proyectaron su actividad político-militar desde Zaire y buscaron el apoyo de Mobutu, así como de la comunidad internacional. Como respuesta, el gobierno de Ruanda interviene en los asuntos internos congoleños, primero, en apoyo a Laurent Kabila para derrocar a Mobutu y en 1997, para intentar derrocar a Kabila. La progresiva consolidación del gobierno de Kagame en Ruanda, ha contado con apoyo internacional, en un marco de supuesta reconciliación nacional, pasando por un plebiscito en 2003, de legitimación del presidente. El FPR ha consolidado su hegemonía en el gobierno, a pesar del pluripartidismo, en un clima de control policial, amenaza a las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), represión de la disidencia política al seno del propio FPR. De acuerdo con crónica de Deiros (2016), Ruanda se ha convertido desde 2014 en el primer

exportador mundial de coltán, a pesar de no conocerse que tenga grandes reservas minerales. Según la periodista, la organización independiente The Enough Project, mediante análisis de las cifras del propio gobierno ruandés, descubrió que mientras que la producción nacional de minerales de Ruanda había aumentado el 22% entre 2010 y 2011, las exportaciones lo habían hecho en un 62%. En 2012, un informe confidencial de un panel de expertos de Naciones Unidas sobre el conflicto en RDC, insistió en que Ruanda ha financiado y asignado hombres, entrenamiento y armas a varios de los más de 40 grupos armados activos en las provincias congolesas de Kivu Norte y Kivu Sur, entre las cuales, a reductos del oficialmente disuelto M-23, acusados de crímenes de guerra y contra la humanidad, así como de saquear el coltán.

determinar el país de origen de sus minerales, mientras que otro 4% confesó que procedían de la RDC y su región. El trasfondo parece seguir siendo una cuestión de geopolítca, que pasa por el respaldo al Presidente Ruandés, como aliado de grandes potencias en la región. 5) Las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda-FDLR. Entre los refugiados ruandeses que huyeron a la RDC se encontraban miembros de las antiguas Fuerzas Armadas ruandesas (FAR) y de las milicias Interahamwe, responsables del genocidio. Su reagrupamiento tuvo por objeto realizar ataques en Ruanda, con la venia del Gobierno de Mobutu. El núcleo inicial, fue conocido como Armée de Libération du Ruanda (ALIR). A este proyecto militar, se sumaron jóvenes congoleños de la comunidad banyaruanda reclutados voluntariamente o por la fuerza en las provincias de Kivu Norte y Kivu Sur. En el año 2000, ALIR se unió con otros sectores político-militares hutus con base en Kinshasa. Así se dio origen a las Forces Démocratiques de Libération du Ruanda (FDLR) en 2001, aunque negando estar vinculadas a ALIR. Esta agrupación siempre recibió respaldo del gobierno congolés, hasta inicios de 2009, cuando este Gobierno decide cambiar su política y colaborar con Ruanda. No obstante, varios informes de Naciones Unidos y ONG, sostienen que algunos sectores de las FARDC continúan apoyando a las FDLR y suministrándoles material militar. Pese a ello, el grupo ha menguado su capacidad, debido a diferentes ofensivas de las FARDC y de Ruanda. De los 6.000-8.000 combatientes con que contaba a principios del siglo XXI, actualmente, no pasa de dos mil.

Según Slate Africa, como nueva estrategia de Ruanda para disimular el saqueo, desde 2009 se han multiplicado las cooperativas de mineros en su territorio. De este modo, los minerales congoleños pasan la frontera y reciben una etiqueta ruandesa; después son remitidos a los mercados internacionales. En 2014 Estados Unidos puso en marcha la ley Dodd-Frank, que obliga a las empresas importadoras de minerales de conflicto como el coltán de la RDC o de sus vecinos -incluida Ruanda- a identificar su origen y demostrar que vienen de “minas libres de conflicto”; es decir, que no sirven para financiar a los grupos armados. También, en mayo de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una certificación obligatoria para las empresas europeas que importan minerales de la RDC. Pero, el alcance de estas medidas es aún limitado. Según un informe de agosto de 2015, emitido por el organismo norteamericano encargado de supervisar la aplicación de la ley Dodd-Frank, el 67% de las empresas de esa nacionalidad son importadoras de minerales de conflicto, entre ellos el coltán; no pudieron

Sin embargo, poseen una red de apoyo y lobby en diferentes países africanos y en Europa (en Alemania, Bélgica, Francia y países nórdicos); en América del Norte (Canadá y Estados Unidos). Sus objetivos son derrocar al actual Gobierno de Ruanda y promover el diálogo político, la democracia y el respeto por las libertades

fundamentales. Su principal reivindicación es la celebración de un diálogo inter-ruandés inclusivo. Cohabita y protege a la población local, aunque también cae en el autoritarismo y sometimiento de la población civil, que es víctima de abusos, represalias, violaciones de los derechos humanos, reclutamiento forzado y saqueos. Se financia principalmente de la comercialización de productos en las zonas mineras que controlan en el este, de los impuestos y de la venta de cultivos como el aceite de palma y el cánnabis.

norte de la provincia de Kivu Norte), sus miembros realizan actividades comerciales y tienen contacto y apoyo de mercaderes congoleños. Según expertos locales, el grupo es utilizado por empresas de explotación maderera para supervisar el territorio del Grand Norte y en Ituri. Además, cultiva campos y regula la circulación de productos. Oficiales del Ejército ugandés tiene contacto con las ADF, y probablemente, les suministran armas. Las dificultades para desarticularlo tienen que ver con el apoyo que reciben de las comunidades transfronterizas, con la fragilidad del Ejército congolés y con las relaciones, a veces conflictivas, entre la RDC y Uganda. Durante 2014, las FARDC iniciaron una ofensiva militar, Sukola I (en lingala, “limpieza”), con pocos avances. Entre finales de 2014 y 2015 murieron en torno a 450 civiles presuntamente a manos del grupo. En abril de 2015, su líder, Jamil Mukulu, fue detenido en Tanzania y extraditado a Uganda. Aunque debilitado, el grupo mantiene su capacidad militar y el resto de la jerarquía se mantiene intacta.

6) Grupos Armados Ugandeses: Ejército de Resistencia del Señor-LRA, Fuerzas Aliadas Democráticas-ADF– Ejército Nacional para la Liberación de Uganda-ADF-NALU. Surge en 1995 mediante la fusión de otros grupos armados ugandeses refugiados en la RDC (Rwenzururu, ADF); posteriormente pasó a llamarse ADF. Grupo rebelde islamista dirigido por combatientes ugandeses y congoleños que opera en el noroeste del macizo de Rwenzori (Kivu Norte, entre RDC y Uganda). Inicia operaciones reclutando entre 1.200 y 1.500 milicianos procedentes de RDC, Uganda, Tanzania, Kenya y Burundi. Hoy no pasa de 250 combatientes. Es el único grupo considerado islamista. Estado Unidos, lo tiene incluido en su lista de grupos terroristas. Se le vincula con el movimiento islámico conservador Salaf Tabliq. En sus primeros años fue utilizado por el Zaire de Mobutu (y luego por Kabila) para presionar a Uganda; contó con apoyo de Kenya, Sudan y tuvo fuerte respaldo clandestino en Uganda. Al comienzo de su lucha, pretendía instaurar un Estado islámico en Uganda; en los años 2000 se afianzó en comunidades de acogida en la RDC, convirtiéndose en una amenaza de carácter local para la administración congoleña. A principios de 2013 inició una campaña de reclutamientos, secuestros e incremento de ataques contra la población civil. Hoy su base de operaciones es en torno a Beni y Butembo (Grand Norte, en la zona

7) Fuerzas Nacionales de Liberación de Burundi (FNL). Su origen data de 1979, con la creación del Partido por la Liberación del Pueblo Hutu (PALIPEHUTU), como efecto de la violencia estatal y la impunidad de los responsables de los crímenes, en especial, por la exclusión de amplios sectores de la población, con componentes étnicos, regionales, políticos y de género. Desde 1991, como brazo militar del movimiento PALIPEHUTU empezó a lanzar ataques desde los campos de refugiados situados en Tanzania y desde la RDC. Intensifica su accionar a partir del golpe de estado del 1993. El grupo fue el último en aceptar la firma de los acuerdos de paz de Arusha, y se mantuvo activo hasta 2009, cuando se sumó a la contienda política renunciando a la violencia. Pero en las elecciones del 2010, criticadas de fraudulentas por la oposición, generaron nuevos obstáculos y

provocaron la reconfiguración de una parte de la insurgencia. El creciente autoritarismo gubernamental y la persecución de la oposición política han llevado a parte de la oposición a retomar la lucha armada como instrumento de presión. Existen reductos de las FNL y otros actores burundeses refugiados en la provincia de Kivu Sur, en la llanura del río Ruzizi, límite entre la RDC y Burundi. También, en el territorio de Fizi, entre la meseta de Uvira y la península de Ubwari.

y del grupo Frente de Integración Nacional (FNI), contó con el apoyo de Uganda. Cerca de 15.000 miembros de las FRPI se desmovilizaron en 2006 y en 2007 se convirtió en partido político. Su principal líder, Germain Katanga, fue arrestado y transferido a la CPI acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, varias facciones no desmovilizadas o participes en el proceso de DDR posteriormente se reorganizaron, siguen cometiendo actos de saqueo, cortes de carreteras y extorsión de la población civil, así como reclutamiento de menores. Las FARDC desarrollaron una operación militar durante 2015 para intentar forzar este grupo a dejar las armas. Las FRPI son un grupo opuesto a la Unión de Patriotas Congoleños (UPC) principal milicia hema de Thomas Lubanga Dyilo (primer líder de un grupo armado arrestado y trasferido a la CPI, declarado culpable de crímenes de guerra por haber reclutado por la fuerza a menores para formar parte del grupo armado).

8) Frente de Resistencia Patriótica de Ituri-FRPI. En el distrito de Ituri, al Sureste de la provincia de Orientale, fronterizo con Uganda, se vivió entre 1998 y 2003 un reflejo del conflicto armado de la RDC. Los Gobiernos de Uganda, Ruanda y la RDC disponían de actores armados locales. En 2003, el retiro de las tropas ugandesas dejó un vacío de poder que intentaron llenar diversas milicias y señores de la guerra locales. Esto generó la Operación Artemis, de la UE, liderada por Francia. Actualmente, hay una reducción importante del conflicto en la región. Están presentes las tropas de MONUSCO y avanza el proceso de DDR. En Ituri influyen disputas tradicionales por la propiedad de la tierra (la mitad de la población de la región (los lendu) son agricultores y la otra mitad (los hema), son ganaderos. Son agudas las tensiones intercomunitarias de lucha por el poder político; predomina la comunidad hema, manipulada desde la colonización belga, por intereses económicos y políticos; este grupo proviene, principalmente, de Uganda y Ruanda. La región, como el este y el Sureste del país, es rica en recursos naturales: madera, oro, diamantes, coltán, uranio y petróleo. Desde el inicio de la guerra, la región estuvo bajo control de Fuerzas Armadas ugandesas. Su objetivo principal fue monopolizar los principales recursos naturales locales. En 2002, las FRPI fueron creadas con base en el reclutamiento de jóvenes de la comunidad ngiti, aliados de la comunidad lendu

Ilustración 6: Los de abajo a la izquierda: Mapa de los grupos armados en la RDC por el año 2000- https://goo.gl/F6neZi

La estabilización política de la RDC viene pasando por reformas institucionales y crecimiento económico en medio de una gran inequidad social. Se avanza en el reforzamiento del sistema electoral. Aun así, se ha evidenciado la imposibilidad de cumplir el calendario electoral actual, lo que ha llevado al aplazamiento de las elecciones programadas para diciembre de 2016 hasta finales de 2017, a las que no podrá presentarse el Presidente Joseph Kabila. Al tiempo, la estabilización ha requerido en el largo plazo, ser acompañada de esfuerzos de desarme, desmovilización, reinserción y reintegración, así como de políticas activas de Derechos Humanos y de desarrollo. Por esto, entidades como el PNUD o UNICEF apoyan al gobierno en la realización de políticas de superación de la miseria.

tribunales mixtos. En general, el sistema de justicia en la RDC se considera ineficaz para fallar frente a los crímenes cometidos, y propiciar los procesos de reparación a las víctimas. Al tiempo, se teme por la falta de garantías con respecto a juicios justos, así como a la protección de las víctimas y de testigos. Los factores de corrupción e injerencia política son endémicos en el sistema judicial. También es importante resaltar que la pena de muerte sigue vigente en la justicia militar de la RDC. Amnistía Internacional ha denunciado que a muchos civiles los han juzgado tribunales militares y los han condenado a muerte. 2.1.3

SIERRA LEONA

En 1991, al producirse una rebelión dirigida por Foday Sankoh, el Frente Revolucionario Unido-RUF de Sierra Leona, invadió el país desde Liberia, con apoyo de las fuerzas especiales del Frente Patriótico Nacional-NPFL de ese país, dirigidas por Charles Taylor. La reacción del ejército de Sierra Leona generó 400.000 desplazados y, en una década, se estima que la guerra civil causó cerca de 120.000 víctimas. En este conflicto armado interno se destacan los crímenes y atropellos cometidos contra la población civil; en especial, los homicidios y la amputación de manos y brazos, así como la agresión sexual, los secuestros de niños obligados a participar en la guerra y la esclavización de civiles, como hechos sistemáticos y generalizados. El presidente Momoh, fue derrocado en 1992 por un golpe militar. El capitán Strasser se convirtió en presidente y el RUF mantuvo el levantamiento armado. En octubre, el RUF tomó el control de las minas de diamantes, de la región de Kono, como base para la continuación del conflicto. Como plantea Ecologistas En Acción (2008), para confrontar al RUF, “el Presidente de Sierra Leona solicitó los servicios de empresas de mercenarios como Executive Outcomes o Sandline, ahora desaparecidos”. Se produjo una gigantesca deforestación de la península de Freetown, que generó lucro para numerosas empresas transnacionales, que se beneficiaron del conflicto.

Además, se requiere superar el problema de adiestramiento del personal militar de las FARDC. Sus soldados, a menudo provienen de milicias rebeldes y cometen actos violatorios de los derechos humanos en las Fuerzas Armadas nacionales. Para la construcción de una paz estable, se busca el apoyo de la comunidad y la creación de redes sociales para hacer más fuerte la sociedad civil, con el fin de hacer frente a las violaciones de los Derechos Humanos y construir un futuro sin violencia. Como lo plantea Calbet (2013), en la RDC, a diferencia de la ex Yugoslavia o Ruanda, no se ha establecido un tribunal internacional Ad Hoc para juzgar las posibles violaciones del derecho humanitario y crímenes de guerra. Tampoco existe ningún tribunal mixto, como en Camboya, BosniaHerzegovina, Sierra Leona o Timor Oriental. Los tribunales internos y la Corte Penal Internacional inciden directamente. Algunos de los actores de la guerra, están en orden de búsqueda y captura. Incluso, algunos están siendo ya juzgados por la Corte Penal Internacional (CPI). Pero, la CPI no es competente para juzgar actos cometidos antes del 1 de julio de 2002, fecha de entrada en vigor del Estatuto de Roma. Muchos de los crímenes de guerra cometidos en la RDC ocurrieron antes de 2002. Estos crímenes pueden quedar impunes, en caso de no instaurarse un tribunal especial o

Como muestra Fisas (2016), en 1994, el presidente Strasser solicitó la mediación del secretario general

de la ONU para inducir al RUF a negociar. Esta gestión no tuvo éxito. El secretario general nombró, entonces, a Berhanu Dinka como su enviado especial para Sierra Leona, con la misión de establecer contacto con dicho grupo. En 1995, la ONU, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental-CEDEAO y la Organización para la Unidad Africana-OUA intentaron facilitar la negociación; en diciembre del mismo año, la organización británica International Alert contribuyó a concertar una reunión entre la ONU y el RUF en Abiyán (Costa de Marfil).

proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR). El acuerdo incluyó la reforma electoral, judicial y de la policía. Entre diciembre de 1996 y enero de 2007 visitó Sierra Leona un Grupo de Evaluación enviado por el secretario general de la ONU. Como parte del proceso de Liberia, en 1997, Charles Taylor formó el Partido Patriótico Nacional; al triunfar en las elecciones, fue elegido presidente y promulgó una política de reconciliación y unidad nacional. Aunque las principales milicias se disolvieron para constituirse en organizaciones políticas, grupos rebeldes siguieron operando desde Sierra Leona y Guinea, lo que dio origen a la segunda guerra civil.

Ilustración 7: Microsoft/ Monografías/ https://goo.gl/3GAQM4

En marzo de 1996 se llevaron a cabo elecciones que llevaron a la presidencia a Ahmad Tejan Kabbah del Partido Popular de Sierra Leona-SLPP. El RUF se marginó del proceso electoral y continuó el conflicto. No obstante, el 25 de marzo, el Gobierno saliente y el RUF firmaron un acuerdo de cese al fuego. Así mismo, acordaron entrar en una etapa de negociaciones para la solución del conflicto. Dichas negociaciones se realizaron con la mediación de Costa de Marfil, las Naciones Unidas, la OUA y la Commonwealth. En abril, Kabbah y Sankoh se reunieron en Costa de Marfil y acordaron el cese al fuego, así como la conformación de grupos de trabajo. La OUA decidió involucrarse activamente nombrando un enviado especial. Como fruto de las negociaciones, se logró la firma del Acuerdo de Abiyán, en noviembre, planteando el fin del conflicto. El acuerdo preveía una amnistía, la conversión del RUF en un partido político y un

Ilustración 8: Monografías/ mineros de diamantes de Sierra leona- https://goo.gl/NRdH47

En marzo de 1997, Sankoh fue detenido en Nigeria y en mayo se produjo el golpe militar de Paul Koroma en Sierra Leona, que recibió el apoyo del RUF. Paralelamente, se creó el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que se enfrentó a las tropas del Grupo de Observadores Militares-ECOMOG de la CEDEAO, presentes en el país. En octubre se realizaron diálogos en Conakry, lográndose la firma de un plan de paz que incluyó el cese de las hostilidades, mecanismos de verificación del ECOMOG, el DDR, la inmunidad para los golpistas, así como el regreso de Sankoh y el restablecimiento del Gobierno constitucional del presidente Kabbah.

En febrero de 1998, y en respuesta a un ataque conjunto del RUF y del ejército de la junta, el ECOMOG lanzó un ataque militar que produjo la disolución de la junta y su expulsión de Freetown, capital del país. El presidente Kabbah volvió a ocupar su cargo y nombró a un nuevo Gobierno. Se creó la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNOMSIL). Foday Sankoh, fue detenido e hizo un llamamiento para la rendición; no obstante, los combates siguieron, en parte por el apoyo de Liberia a los miembros del RUF.

Lomé; se reinició un diálogo entre el Gobierno y el RUF. El Gobierno transportó a Sankoh de Freetown a Lomé, con una promesa de amnistía. Las negociaciones contaron con la mediación del Gobierno de Togo. Se procedió a un cese al fuego y los prisioneros de guerra fueron liberados. Los Acuerdos fundamentales consistieron en: la transformación del RUF en partido político; el establecimiento de un Gobierno de unidad nacional; la concesión de la vicepresidencia para Sankoh; el establecimiento de un Consejo de Notables y Dirigentes Religiosos para que cumpliera funciones de mediación; una amnistía; celebración de elecciones. El inicio del DDR y la reestructuración de las FFAA. El establecimiento de una Comisión de la Verdad y la Reconciliación y la retirada gradual de las fuerzas del ECOMOG. Como garantes del acuerdo, fueron denominados Togo, las Naciones Unidas, la OUA y la Commonwealth. En octubre, Sankoh y Koroma regresaron a Freetown y se creó la UNAMSIL para cumplir los Acuerdos de Lomé. En noviembre se firmó en Abuya un acuerdo de cese al fuego, que asignó la función de supervisión para la UNAMSIL y la inmediata reanudación del DDR. Este acuerdo provocó divisiones dentro del RUF.

Entre el 8 de octubre de 1997 y octubre de 1999, cinco organizaciones comenzaron a vetar la compra de diamantes que provenían de “Zonas en Conflicto”, o “diamantes de sangre”. El 7 de septiembre del 2000 se inauguró el Consejo Mundial de Diamantes formado por personal de las empresas comerciantes de diamantes. Se empezó a recomendar a los consumidores tener cuidado en la compra de diamantes provenientes de zonas de conflicto. En Kimberly (Sudáfrica) en el año 2000, la ONU encabeza la reunión con los productores, que permite establecer la resolución para la emisión de un certificado que garantizase que los diamantes en ningún caso provienen de países en conflicto o guerras civiles. Se inició de este modo, el sistema de certificación del proceso Kimberley, consistente, esencialmente, en un régimen de control de exportaciones e importaciones de diamantes en bruto. Se busca garantizar al consumidor que los diamantes que adquiere en su joyería no proceden de países o zonas de conflicto bélico. A dicha resolución adhieren los países que siendo productores no participan en ningún tipo de conflicto bélico, así como los mayores productores de diamantes del mundo y quienes los comercializan: DE BEERS y otros grandes productores. Igualmente, el WORLD DIAMOND COUNCIL, se convierte en el primer garante del cumplimiento de la Resolución de las Naciones Unidas. Los países no productores, también firman el tratado de la Organización de las Naciones Unidas. Las Comunidad Económica Europea, lo firma en 2003.

En mayo de 2000, el secuestro de 500 cascos azules por parte del RUF, provocó la intervención militar británica, el desmantelamiento del RUF y la detención de Sankoh. Pero, en noviembre se firmó el Acuerdo de Abuya I, por el que se decretaba un alto al fuego supervisado por la UNAMSIL y la entrega de armas por parte del RUF. Así mismo, un programa de DDR y la reestructuración de las FFAA. Dado que los combates continuaron, en 2001 se produjo una ofensiva de las tropas guineanas contra el RUF. En mayo, se firmaron los Acuerdos de Abuya II entre el RUF y el Gobierno, con los que se establecía un programa de DDR. En enero de 2002, se produjo por fin la culminación de la guerra civil. La amnistía general al finalizar el conflicto fue criticada por Naciones Unidas y planteó la exclusión de los actores de genocidio, crímenes de guerra y otras violaciones al DIH. En 2002, se creó la Comisión de la Verdad para superar la impunidad, responder a las víctimas y propender por la no repetición.

En 1999, mediante nuevas negociaciones entre el Gobierno y los rebeldes, se firmó el Acuerdo de

En el año 2000, El consejo de seguridad de la ONU, mediante Resolución 1315, creó el tribunal especial independiente de Sierra Leona, con el fin de sancionar a los principales responsables de los crímenes. En 2003, se formularon trece acusaciones, de las que solo 9 fueron efectivas, incluidas las acusaciones a tres dirigentes del RUF (Issa Sesay, Morris Kallon y Augustine Gbao, que fueron condenados en febrero de 2009). Ya en 2008, el Tribunal Especial había condenado en La Haya al expresidente de Liberia, Charles Taylor por crímenes de guerra imputados en Sierra Leona. Este proceso convirtió al ex Presidente Liberiano en el Primer Ex Jefe de Estado condenado por la corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. El tribunal se disolvió en diciembre de 2013.

descentralización y autonomía económica de las provincias e inclusión de jóvenes y mujeres en la vida política. Así mismo, adelantar un Programa de Reparación de Víctimas. En 2004, se creó la Comisión de Derechos Humanos, con el fin de supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los tratados, promover la reconciliación y facilitar la implementación de las recomendaciones de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación. La Comisión Nacional para la Acción Social-Nacsa- fue conformada por el gobierno para implementar las recomendaciones de la comisión de la Verdad. La reintegración de excombatientes culminó oficialmente el 31 de diciembre de 2003. Fueron más de 48.000 excombatientes inscritos en los proyectos de reintegración creados por el Comité Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración con el apoyo de la UNAMSIL. Otros 3.700 excombatientes recibieron un pago excepcional. No obstante, el Gobierno tuvo una capacidad muy limitada para garantizar oportunidades de empleo a excombatientes y ex-refugiados. La UNAMSIL también apoyó el reasentamiento de los desplazados internos y el retorno voluntario de los refugiados de Sierra Leona desde países vecinos. En 2008, el gobierno y Naciones Unidas activaron un proyecto de un año para el fortalecimiento de la capacidad institucional en la implementación de las recomendaciones sobre reparación. Naciones Unidas aportó US $ 3 millones de dólares de su fondo de consolidación de la Paz y se registraron 29.733 víctimas. La reparación consistió en un pago de US $ 100 por persona y se han iniciado procesos de implementación de otras medidas de reparación, tales como apoyo a educación, salud y en 2009, se creó el Fondo de Víctimas contemplado en el Acuerdo de Lomé y la Ley TRC de 2000.

En lo que respecta a Sankoh, murió en condición de preso en 2003 en un hospital de Freetown, donde se encontraba bajo custodia del Tribunal de Sierra Leona para Crímenes de Guerra, auspiciado por la ONU. El proceso de paz, con todos sus altibajos e incumplimientos, duró ocho años. Foday Sankoh, es uno de los símbolos de las atrocidades cometidas en diez años de guerra civil en Sierra Leona. Se caracterizó por las amputaciones masivas para aterrorizar a la población civil. Además. Sierra Leona es un caso dramático de financiamiento de la guerra mediante los “diamantes de sangre”. En 2003, culminaron también los trabajos de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, así como el desarrollo de actividades del Tribunal Especial para Sierra Leona, organizaciones a las que la UNAMSIL prestó su apoyo. En junio finalizó el embargo sobre la exportación de diamantes desde Sierra Leona. La comisión identificó como causa fundamental de la guerra a la corrupción, a la disputa por los recursos naturales y al control omnímodo del poder ejecutivo. También estableció que el colonialismo y la subversión de los sistemas tradicionales tuvieron efecto, como lo muestra Millán (2015). Entre sus recomendaciones fundamentales, enfatizó en la lucha contra la corrupción, un proceso participativo constitucional, independencia del poder judicial, fortalecimiento del papel del parlamento, control estricto de las fuerzas de seguridad,

2.2 EL CASO DE HAITÍ A modo de ejemplo, en Haití tras tres años después de la implantación de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití-MINUSTAH, el programa de Desarme, desmovilización y

Reintegración, que se estableció en Haití en 2004, no consiguió reducir el nivel de violencia. Como plantea Caramés (2008), Haití no coincide con las características típicas de un conflicto armado, ya que tras el fin de las hostilidades no se dio ningún tipo de acuerdo de paz. No obstante, se pudo establecer la relación existente entre las causas de la violencia armada y las necesidades básicas de la población lo que, por encima de motivaciones políticas, llevó a tener que vincular las agendas de la paz, la seguridad y el desarrollo.

objetivo no debe ser únicamente la reducción de armamento y la consolidación de la seguridad a través de la desmovilización de combatientes. Se vuelve necesario generar cimientos para el desarrollo de la sociedad. Es decir, es fundamental adelantar iniciativas de reducción de la pobreza; por ejemplo, con un mayor plazo que las etapas de desarme, que se pueden implementar las fases de reintegración de carácter comunitario. En esa dirección, la MINUSTAH planteó una aproximación multifacética con base en cinco ejes complementarios, buscando abarcar desde el cumplimiento de los objetivos de seguridad (a corto plazo) hasta los objetivos de desarrollo (a largo plazo): 1) Negociación, desarme y reintegración de los grupos armados (responsabilidad de MINUSTAH y de la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración, CNDDR). 2) Seguridad comunitaria y prevención de conflictos (responsabilidad del PNUD). 3) Prevención, desarme y reintegración de los jóvenes armados y asociados con los grupos armados (liderada por UNICEF). 4) Reintegración de mujeres asociadas con grupos armados y refuerzo de su rol como agentes de paz. (Departamento de Género de la MINUSTAH). 5) Refuerzo de las estructuras políticas y legislativas para el control de la proliferación de las armas cortas, como elemento transversal.

Ilustración 9: Realidad Social Latinoamericana y Derechohttps://goo.gl/qo9V2p

El éxito de la reintegración dependió en gran medida del apoyo a los ex combatientes, por parte de sus familias y comunidades. Frecuentemente, al regresar los ex combatientes a entornos sociales extremadamente difíciles, fue muy común que se les percibiera simplemente como victimarios y como una carga adicional para la comunidad, haciendo peligrar el entorno local si las actividades se dirigían especialmente a los ex combatientes, sin ofrecer beneficios evidentes para el resto de la comunidad.

El pilar de la atención a menores se consideró fundamental, teniendo en cuenta el alto porcentaje de menores de edad, dentro de la pirámide de población en el país. Así mismo, por el alto grado de exposición de los menores a la violencia en diversos sentidos: muertes, secuestros, violaciones, uso en los grupos armados y ataques contra los hospitales y escuelas. Coherente con ello, se le confirió relevancia al seguimiento psicosocial, si el menor hubiere sido víctima de la violencia armada (si pertenencia a un

Desde esta perspectiva, aún estas versiones de Programas DDR, debieron beneficiar a la comunidad; es decir, no se pudieron focalizar únicamente en iniciativas de reducción de la violencia; sus énfasis debieron estar en la promoción de la seguridad humana. De ello se deriva como conclusión que el

grupo armado), además de la violencia estructural y cultural (pobreza, analfabetismo o falta de acceso a la educación, entre otros motivos).

organizaciones que conforman la coalición; sensibilización a través de los principales eventos culturales; campaña mediática; intercambio de experiencias con otros países; lobby a las principales instancias nacionales e internacionales que intervengan en la promulgación de leyes y normas que rigen la circulación de armas; y acciones comunitarias para desarrollar actividades apropiadas para búsqueda de alternativas a la violencia para los jóvenes.

A pesar de esta aproximación multifacética para la reducción de la violencia, su ejecución presenta la carencia de un sistema de justicia transicional. Se consideró como imposible aplicar una amnistía generalizada para todos los actores que intervinieron en la violencia armada, por considerar que ello no contribuiría a la reconciliación de la sociedad haitiana. Tampoco se vio factible aplicar un sistema marcadamente represivo, dada la ausencia de mecanismos institucionales, en el marco de una enorme fragilidad del sistema gubernamental. Es de resaltar, en consonancia con el cambio de enfoque en la valoración las características de la violencia en Haití, el observar cómo, en las siglas de la CNDDR, la segunda “D” deja de responder a “Desmovilización” (durante la Comisión del Gobierno de Transición) para pasar a “Desmantelamiento”. Esto se explica por la reducción de la estrategia de negociación con dichos colectivos, para pasar a estrategias disuasivas, dada su naturaleza mayoritariamente criminal.

2.3 CENTROAMÉRICA

Se destaca la Campagne pour la Réduction de la Violence en Haití como una de las iniciativas más destacadas. Esta consiste en una agrupación de diversas organizaciones a nivel estatal e internacional, cuyos objetivos se dividen en tres ejes: trabajos de sensibilización, movilización y formación acerca de las dimensiones, causas, consecuencias de la violencia armada en el país. Su actividad, se implementa a partir de tres sectores clave: jóvenes, artistas, trabajadores y periodistas; sensibilización de las comunidades de riesgo para su participación activa y promoción y apoyo de la puesta en marcha de un cuadro legal a nivel nacional e internacional.

Centroamérica configura una subregión muy interesante para el análisis de estrategias preventivas y proactivas de sometimiento a la justicia de grupos criminales y para la reinserción social de pandillas. En ella, confluyen distintos factores: Es un corredor que enlaza el Norte con el Sur y el Gran Caribe; posee un legado de los conflictos armados de los años ochenta y los primeros noventa —excombatientes sin procesos de reintegración, armas de guerra que circulan por todas partes; fuertes conexiones con las redes ilícitas durante las diversas guerras en varios países; debilidad institucional, fruto de Estados oligárquicos postcoloniales, “agravado por dos décadas de neoliberalismo que lo ha hecho más permeable a la corrupción” Rojas (2008); así mismo, el impacto de las deportaciones, fortalece las relaciones delictivas con Estados Unidos. Persiste, además, la pobreza, la desigualdad y falta de perspectivas, sobre todo para la juventud. Estos factores, han contribuido para que Centroamérica se haya convertido en un importante lugar de tránsito de drogas, de tráfico de personas y de armas, de lavado de dinero y de todo tipo de actividades ilícitas. La magnitud de la problemática exige combinar estrategias locales, nacionales y regionales, para promover la seguridad humana y ciudadana.

Sus objetivos pretenden cumplirse a través de diversas estrategias y actividades: investigación sistemática y difusión de estudios sobre la problemática de la violencia armada en Haití; formación y educación de los miembros de las

La violencia de grupos criminales y pandillas, afecta la seguridad regional, especialmente de los ciudadanos. Otros factores que inciden son el crimen organizado y el narcotráfico. Se plantea que América Central es actualmente la zona de tránsito por donde

se moviliza el 90% de las drogas que entran en los Estados Unidos; además, es cada vez mayor la presencia de los cárteles de narcotráfico mejicanos. Desde esta perspectiva, se buscan estrategias conjuntas de los países de la Cuenca del Caribe hacia los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la República Dominicana.

Ilustración 10: El https://goo.gl/wNCZXS

Orden

Mundial

transnacionales con el crimen organizado, el blanqueo de capitales y el tráfico de personas. El Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD), estableció en 1995 una línea de trabajo para abordar la relación entre desarrollo y seguridad y el papel de la cooperación internacional en situaciones de guerra y conflicto. En sus enfoques de ayuda al desarrollo, plantea que debe promover la prevención de la violencia y el conflicto, abordando sus raíces, así como los factores que los desencadenan, desde una perspectiva de desarrollo de las capacidades de los propios países, de la sociedad civil y del gobierno para construir la paz a todos los niveles. Se destaca la necesidad de enfoques holísticos para abordar la seguridad en la búsqueda de respuestas colectivas a la creciente violencia transnacional. Esto exige, asegurar la eficacia del Estado como un prerrequisito necesario para mejorar las condiciones de los afectados por la violencia. Se propone mantener un equilibrio entre la reducción de la inseguridad ciudadana y evitar reforzar mecanismos represivos del Estado. Se trata de promover procesos sociales de inclusión y medidas para fortalecer la igualdad, la justicia, con particular atención a los derechos de las mujeres, basándose en los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y no discriminación.

S.XXI-

El punto de partida de los trabajos de caracterización e intervención que se realizan con apoyo de Naciones Unidas, organismos multilaterales, organismos de cooperación y gobiernos, es un cambio de enfoque: Se considera muy difícil tener éxito nacional, ante una violencia cuyos vínculos y ramificaciones trasciende las fronteras de cada Estado y de la región.

Uno de los programas relevantes ha sido la transformación de las fuerzas de seguridad y las estructuras policiales, evitando trasplantes mecánicos de experiencias en otros países, dado el involucramiento de altas jerarquías y agentes de bajo rango con actividades ilegales. La reforma policial con apoyo de Estados Unidos, España, Países Bajos y Japón, ha requerido ser articulada con programas de reforma de la justicia. También, se cuenta con el apoyo de organismos multilaterales en el ámbito de seguridad y de justicia, como el PNUD desde su programa en Centroamérica.

Se considera necesario establecer políticas globales que refuercen, las políticas nacionales de seguridad pública, desde enfoques de “nuevo regionalismo” y de integración regional.

Entre las estrategias relevantes se resaltan: El enfoque de seguridad humana centrada en las personas, permite incorporar nuevas amenazas relacionadas con el medio ambiente, la economía, o la salud. Entre ellas, la violencia social con vínculos

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Investigar la existencia y las modalidades de operación de los grupos de seguridad ilegales y de las organizaciones clandestinas de seguridad,

identificando sus estructuras y vínculos entre funcionarios del Estado y el crimen organizado. 

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juvenil y el combate a los delitos violentos. El Plan cuenta con el refuerzo de las acciones bilaterales programadas y de las nuevas actuaciones regionales que se lleven a cabo en el marco del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).

Apoyar el trabajo de las instituciones del Estado, especialmente de Guatemala (Fiscal General), en su función de investigar y procesar personas involucradas en estos grupos. Además, realizar recomendaciones respecto a nuevas políticas públicas y procedimientos. Se propende por el acceso a la justicia de los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de igualdad. En este ámbito se propone: “El refuerzo de las Defensorías Públicas, programas de resolución alternativa de conflictos (mediación y conciliación), medidas de eficiencia y agilización de los procesos, proteger los derechos de las minorías, apoyo a las organizaciones de la sociedad civil que promuevan el acceso gratuito a la justicia y que velen por la independencia del poder judicial. Así mismo, Proveer asistencia técnica a las instituciones del Sector Justicia. Se desarrollan programas de formación de la policía, con base en un nuevo currículo que incorpore cuestiones relacionadas con los derechos humanos y las nuevas amenazas que se plantean en el contexto actual. Así mismo, la creación de un censo de los policías en servicio, de sus funciones y estructura organizativa. El área de prevención se considera relevante, con base en que las acciones de lucha contra la violencia, que forman parte de un continuo que va de la prevención al control; se trabaja en métodos y técnicas de resolución pacífica de conflictos en las escuelas (prevención primaria), programas que promueven la reintegración a la familia de jóvenes en riesgo o niños de la calle (prevención secundaria), al trabajo con los jóvenes delincuentes, como los programas de libertad asistida (prevención terciaria), así como el desarrollo humano, programas de desarrollo infantil temprano y visitas a madres con infantes en hogares de alto riesgo. El plan enfatiza en la lucha contra la violencia de género, la violencia

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En materia de investigación, el diseño e implantación de los observatorios de la violencia forma parte de los enfoques preventivos. Los observatorios permiten realizar diagnósticos sobre los principales factores que influyen en la violencia e identifican los diferentes contextos, para impulsar iniciativas teniendo en cuenta las especificidades locales.

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Así mismo, se promueve la creación de redes de prevención y seguridad comunitaria en los ámbitos local y nacional para integrar personas en situación de riesgo social.

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La creación de comités comunitarios de monitoreo del crimen y el establecimiento de mecanismos alternativos de resolución de conflictos es un elemento que ha generado resultados positivos y se ha ido consolidado como parte importante de las estrategias para la prevención de la violencia.

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Para El Salvador, Guatemala y Honduras, se incluye un componente más específico dirigido a detener el incremento de la violencia juvenil y promover valores entre los jóvenes sobre la base de un enfoque integrado y medidas de prevención, dentro del estricto respeto de los derechos humanos, en el marco del área de cooperación en el buen gobierno, democracia y derechos humanos, siguiendo directrices de la OCDE y del CAD. Estos programas, se considera que deben contribuir a la prevención del crimen y abarcan actividades de profundización del conocimiento mutuo de los sistemas legales y regulatorios de los Estados miembros.

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En el control de armas cortas, se estima que hay 1,6 millones de armas ligeras en Centroamérica; de estas sólo 500.000 están legalmente

registradas. Muchas de estas armas provienen de los conflictos armados en la región en los setenta y ochenta en El Salvador, Guatemala y Nicaragua. La relación entre el comercio de armas ligeras y los niveles crecientes de actividad criminal, se considera innegable y la presión internacional para actuar es cada vez mayor. En el ámbito de cada país, se llevan a cabo programas voluntarios de recogida y destrucción de armas, las mejoras en los procedimientos relativos al registro y la emisión de licencias. El PNUD ha desarrollado programas locales para reducir la violencia asociada a las armas ligeras, como el programa de “Una Sociedad sin Violencia” en el Salvador o el plan “Vive sin armas” en Guatemala. 

Y al mismo tiempo, que las acciones que se lleven a cabo se sustenten sobre la base de los mecanismos internacionales ya existentes. Dada la importancia que tiene el narcotráfico con relación al incremento de la violencia en América Latina, es necesario plantear que el problema no sólo afecta al nivel de gobierno en el que se deciden y aplican las respuestas. También incide el enfoque y los consensos internacionales, y a ello también se dedican estas consideraciones finales.

El enfoque de la intervención desde la perspectiva de la seguridad humana con base en un enfoque multidisciplinar, tiene en cuenta entre otros factores la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Se considera que la inseguridad y la violencia perpetúan la pobreza y limitan los derechos humanos de la población más vulnerable. Por esto, una de las áreas de atención prioritaria se refiere a programas de apoyo a los jóvenes en situación de riesgo que residen en las barriadas marginales de las grandes ciudades. Se trata de jóvenes desempleados con escasas posibilidades de inserción en la economía formal y para los cuales las actividades ilícitas, como el tráfico de drogas o de armas ligeras a pequeña escala, suponen un poderoso incentivo de ganar dinero fácil y de forma rápida. Así mismo, desde las agencias de Naciones Unidas, se promueve la rehabilitación de espacios marginales y degradados, habitados por los sectores más pobres de la población y que se han convertido en un caldo de cultivo para la violencia.

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Se considera muy importante lograr que un mayor número de países ratifiquen las convenciones sobre el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico y el tráfico de armas.

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Sin embargo, se considera que los recursos asignados a la lucha contra el narcotráfico, son detraídos de otros programas sociales, de carácter educativo o sanitario que son esenciales para el bienestar de la población. Desde esta perspectiva, es creciente la opinión que las respuestas militarizadas enmarcadas bajo la denominada “guerra contra la droga” impulsada por los Estados Unidos, han resultado ineficaces y en ocasiones, muy contraproducentes. Se llama a reconocer que la extrema pobreza, la falta de oportunidades económicas y la exclusión de ciertos grupos sociales, hacen que estos grupos sean más vulnerables a las redes ilícitas, porque éstos les ofrecen posibilidades de sobrevivir. Se propone que las políticas nacionales e internacionales promuevan una mayor inversión para abordar los factores estructurales de la pobreza. En este contexto, se plantean temas como:

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Reducción del suministro y disponibilidad de drogas ilegales; reforzar las instituciones y mecanismos nacionales para el control de las drogas; mejorar de las leyes y procedimientos contra el lavado de capitales; desarrollar fuentes alternativas de ingresos para los campesinos que cultivan coca, adormidera o marihuana; asesorar a los gobiernos en la mejora de sus métodos de obtención y análisis de información sobre todos los aspectos del narcotráfico; ayudar a los estados miembros y a todos los países americanos del hemisferio sur en conjunto a evaluar los progresos realizados a lo largo del tiempo en relación al problema de las drogas.

2.4 PLANTEAMIENTOS OECD

La adecuación creativa del enfoque preventivo del conflicto, del crimen y de la violencia con agencias en terreno. La Programación a nivel local y subnacional. Combinar esfuerzos regionales y globales para enfrentar los riesgos claves.

En su documento “Conflictos y fragilidad”, Reducir la violencia armada (RVA): Hacer posible el desarrollo, la Secretaría General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo de OECD (2010), plantea elementos de reflexiones globales, tales como:

4) Destaca cuatro elementos centrales: Personas, actores, instrumentos e instituciones.

1) Falta capacidad general para tratar los aspectos convergentes del conflicto y la violencia criminal; falta experiencia en tratamiento de la violencia armada en áreas urbanas.

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Personas. Seguridad centrada en las personas. Perspectiva abajo-arriba. Diseñar estrategias que refuercen la legitimidad y resiliencia de las capacidades locales y de las relaciones EstadoSociedad. El punto de partida es comprender quién se ve afectado por la violencia armada: dónde, cuándo y por qué. El énfasis está en cómo las personas definen sus necesidades de seguridad en sus contextos comunitarios y particulares. Esto compromete también, los esfuerzos de las autoridades nacionales y municipales.

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Actores. Los que emplean la violencia armada son heterogéneos: Actores estatales y no estatales; grupos de jóvenes implicados en violencia interpersonal y doméstica. Son necesarias caracterizaciones de factores de riesgo, coyunturales y estructurales.

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Instrumentos. Identificación de la oferta y disponibilidad de armas y municiones, junto con la presencia de remanentes de explosivos de guerra en contextos de conflicto y postconflicto. La finalidad es establecer programas de control por parte de las instituciones locales, establecer control técnico. Ello debe incluir análisis acerca de cómo las armas afectan el tejido socioeconómico, cultural y político de una comunidad en las escalas nacional, regional y global.

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Instituciones. Este aspecto se centra en las reglas de juego que surgen de las leyes formales, las normas y prácticas informales y los medios para hacer respetar la ley y las estructuras organizativas en un contexto particular. Los análisis suelen centrarse en evaluación de capacidades y déficit en los sectores de

2) Considera que la prevención y la reducción de la violencia armada-RVA tienden a reducir los riesgos e impactos de la misma. Se requieren prácticas emergentes basadas en enfoques existentes y lecciones aprendidas en prevención de conflictos, construcción de paz, prevención del crimen y salud pública. 3) Una RVA sostenible requiere de una visión integral. Hacen falta enfoques inclusivos abajoarriba en seguridad. Los enfoques arriba-abajo, son insuficientes. Al respecto, propone cuatro instrumentos relevantes: A. Análisis del conflicto y de la estabilidad y fragilidad, que reflejan las condiciones de inestabilidad estructural subyacentes, las capacidades y fragilidades institucionales, las dinámicas socio-económicas y políticas y los actores clave. B. Enfoques de salud pública para identificar patrones de violencia armada, los factores de riesgo y protección. C. Los diagnósticos del sector de gobernabilidad y justicia, que pueden aportar información vital sobre el papel, capacidades y retos del entorno institucional formal. D. Instrumentos de estudio, como encuestas sobre grado de acoso, auditorías, seguridad y protección y sondeos sobre armas ligeras y violencia armada multidimensional. Concluye que esto permite fomentar:

seguridad pública y de justicia. Es necesario plantear una visión amplia sobre gobernabilidad y protección social que comprometa una provisión de servicios equitativa o limite la exclusión social.

socioeconómico o bajo nivel de gobernabilidad, lo que afecta a países y comunidades vulnerables, agobiadas por la pobreza y la exclusión; mientras, la globalización va generando nuevos entrelazamientos que facilitan la dinámica de las redes criminales y su articulación con instituciones y cadenas productivas internacionales.

3. REFLEXIÓN FINAL A medida que se genera mayor visibilidad y transparencia con respecto a las causas y efectos de los conflictos, se evidencia con mayor fuerza la importancia de los componentes de justicia, verdad, reparación y seguridad, en todos los ámbitos, así como la capacidad de involucrar a todos los actores directos e indirectos, a las víctimas civiles, en especial, en lo relacionado con la protección de las mujeres y de los niños.

La construcción de la paz incluye, entonces, un muy amplio número de actividades: desde las reformas políticas y sociales, pasando por innovaciones en materia de justicia y verdad, depuración de las instituciones, sometimiento a la justicia de los grupos criminales, monitoreo del cese al fuego, organización e implementación de la desmovilización y reintegración efectiva de combatientes, lo que implica trascender a la vida civil desde lo psicológico, cultural, tecnológico y material, en el proyecto de vida de la población excombatiente.

Como afirman Devia y Leguizamón (2014), los conflictos violentos y los procesos de paz, parten a menudo, de una serie de estructuras armadas que emergieron tras problemáticas sociales, políticas, étnico-religiosas, deseos económicos y otras circunstancias propias de la violencia. En muchos casos, dichas estructuras coinciden con objetivos y acciones por cambiar el statu quo y crear un nuevo orden, en donde no se escatiman los medios para lograrlo; de este modo, entre los conflictos y los procesos de paz, se involucra la violación de los derechos humanos, la adopción de alternativas ilícitas de financiamiento y el uso de escudos humanos para alcanzar objetivos.

En el caso de la insurgencia, así como se les equipa militarmente para la guerra o la confrontación armada en el conflicto, también es necesario dotarlos, tanto a ellos como a sus entornos comunitarios, de nuevos elementos espirituales y materiales en la construcción de la paz. En especial, cuando los conflictos armados se derivan de luchas por la tierra, la inclusión de los excombatientes en la asignación de predios, a partir de reformas democráticas de la propiedad agraria, resulta un vigoroso potenciador de la promoción de los mismos como agentes de paz, desarrollo rural y construcción democrática de territorios.

Tampoco se puede soslayar la relación entre el financiamiento criminal, la frágil gobernabilidad y la baja presencia Estatal, lo que facilita la penetración de contextos de inseguridad, violencia y corrupción. Esto, en muchas ocasiones, enlaza a sectores del gobierno, de las instituciones de justicia, de las fuerza armadas y de la economía legal con estructuras criminales. Como es notable en varios casos en conflictos violentos o de posconflicto, surgen desafíos y riesgos que, al no controlarse, propician el surgimiento de otros grupos violentos, así como la reincidencia de grupos armados, en contextos de bajo progreso en desarrollo

4. BIBLIOGRAFÍA 

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