INFORME A LA X ASAMBLEA NACIONAL DE LA CNAI- 16-17 DE MAYO DE 2015
En el marco de la X Asamblea Nacional Ordinaria de la Corporación Nuevo Arco Iris, el director ejecutivo presentó estas tesis de coyuntura política.
Foto María Luisa Murillo/ Conversatorio `La paz sí es posible', Fernando Hernández, Director Ejecutivo CNAI
TESIS DE COYUNTURA POLÍTICA. 1.- El avance en el proceso de negociación política, gobierno- insurgencia, es un signo del momento político que debemos valorar en toda su dimensión. Los logros en la Mesa de La Habana, Gobierno-Farc, aún con las dificultades propias de una negociación en medio del conflicto armado, ya superan intentos anteriores. Por su parte la etapa de exploración con el ELN ha identificado los temas de la Agenda y discute las condiciones para la apertura de la Mesa pública de negociación; lo resaltable en ambos esfuerzos es que ya en el país se asentó la metodología de la resolución pacífica de conflictos para superar la guerra de medio siglo. 2.-El fin de la confrontación armada por causas políticas eliminará una de las fuentes de la violencia en Colombia pero no significa la superación de las violencias. Doscientos años de guerras civiles, de regímenes políticos excluyentes y de sectarismos partidistas y religiosos generaron entre los colombianos una matriz de relación social violenta. La violencia armada, física, verbal y simbólica hace parte de la cultura política que un verdadero proceso de paz debe afrontar. La construcción de una cultura de paz tiene fundamento en el aprendizaje y la instauración de la tramitación pacífica y negociada de los conflictos. 3.-Los acuerdos de paz de los 90 con el M19, EPL, PRT, QL y CRS se hicieron alrededor del logro de la reforma política que significó la Constitución de 1991, pero al mismo tiempo el país, de la mano de la apertura económica, ingresaba en la etapa neoliberal del capitalismo y la misma carta política lo garantizaba; por eso no hubo reformas económicas en beneficio de la población sino programas de reinserción para los excombatientes. De allí que podamos caracterizar la política de paz de entonces como contrainsurgente porque los gobiernos no abordaron las transformaciones radicales que requería superar las causas de la injusticia social
sino, al contrario, la modernización del sistema político y la pacificación parcial del país estuvieron al servicio del proyecto neoliberal.
Foto, Comunicaciones CNAI/ Negociadores de acuerdos de paz de los años 90 en conversatorio ‘La paz sí es posible’. Alvaro Villarraga, EPL; Antonio Navarro Wolf, M19; Víctor Currea-Lugo, moderador; José Aristizabal CRS; Pablo Tattay, Quintín Lame; Enrique Flórez, PRT; Francisco de Roux, Sacerdote Jesuita
4.-La etapa del Posconflicto de la que se habla ahora es realmente la del posconflicto armado. Estamos claros en que en una sociedad es natural la existencia de conflictos y que la convivencia supone tanto la tolerancia como la justicia en la tramitación de los conflictos sociales y comunitarios. Pero en Colombia posconflicto (algunos prefieren decir pos-acuerdos) ha venido a significar las tareas y el proceso posterior al acuerdo del fin de la guerra. Si de acuerdo con la Mesa de La Habana la construcción de la paz le corresponde a la sociedad entera, es necesario identificar esas tareas. Ya el Gobierno Santos creó el ministerio del posconflicto y en los medios académicos y de opinión el tema se ha posicionado. Sin embargo el posconflicto se prevé complicado. La voluntad del Gobierno Santos en la Mesa de la Habana no se corresponde con su agenda legislativa: La insistencia en la Ley de baldíos, por ejemplo, va en contravía con los acuerdos de tierras. Y en cuanto a los efectos en la tranquilidad ciudadana que pudiera esperarse del acuerdo del fin de la guerra, lo que se vaticina, es una transformación de la criminalidad que exigirá del Estado una política coherente de seguridad ciudadana. 5.- La crisis del modelo económico-santista está aparejada con el fracaso de los TLC y la baja de los precios de los commodities en el mercado mundial. La apuesta por el extractivismo que para el Gobierno era la locomotora del desarrollo se ha demostrado fallida y la caída de la cotización petrolera ha lastrado las expectativas de crecimiento económico por debajo del 3% cuando al comienzo del gobierno se celebraban cifras del 5%. El presupuesto por tanto está desbalanceado y los recortes en inversión y programas sociales no se han hecho esperar. La pregunta es entonces, ¿Cómo se va a financiar el Posconflicto?
6.- El Plan de Desarrollo 2014-2018 no responde a la lógica del proceso de paz en curso sino a las necesidades del modelo económico neoliberal que requiere una apuesta gigantesca en infraestructura y una recentralización de recursos y competencias, en contravía de los avances en la descentralización de las últimas décadas. La Paz, equidad y educación que promete el nombre del plan no tienen respaldo factual allí y el eje transversal que supuestamente lo recorre, el ambiental, naufraga ante las urgencias del extractivismo. 7.- El Estado colombiano, a pesar de la Constitución del 91, no es moderno ni eficiente. Está lastrado por el centralismo y la corrupción y el régimen político presidencialista alimenta el clientelismo y la tradición corporativista de los grandes gremios. El Congreso negocia su autonomía con el ejecutivo y los partidos son maquinarias electorales cooptadas por intereses particulares y no organizaciones políticas con programas alternativos para el manejo de lo público. La justicia está afectada por una profunda crisis ética y de ineficiencia que favorece la impunidad. En conjunto, el ciudadano desconfía del Estado, recela de lo público y se refugia en el ámbito de lo privado o es presa, en el ámbito regional, de estados paralelos e ilegales. 8.-Colombia es un país de regiones pero la institucionalidad local es débil y fragmentada. El Estado local no está preparado para las necesidades del posconflicto armado, su relación con el Estado central está mediada por el clientelismo y en muchas partes ha sido cooptado por intereses particulares y por los grupos armados ilegales como en el caso de la parapolítica. La violencia contra la población persiste y es particularmente grave alrededor de los procesos de restitución de tierra de acuerdo con la Ley 1448.
Foto, María Luisa Murillo/ Auditorio conversatorio 'La paz sí es posible'
9.-La formidable actividad de los movimientos sociales en su resistencia contra el modelo económico es un signo del momento. En el solo gobierno de Santos el movimiento estudiantil de la Mane derrotó el proyecto privatizador y mercantilista de la educación pública, los paros campesinos sentaron al gobierno a la negociación de sus reivindicaciones sobre insumos, comercialización y precios de sus productos y desembocaron en la Cumbre Agraria, las mingas y marchas indígenas lograron el reconocimiento de sus territorios y la defensa de su
autonomía, las comunidades afrocolombianas se movilizaron en la defensa de sus tierras colectivas, los maestros confrontaron en las calles la intransigencia gubernamental frente a sus reivindicaciones. En una muestra de madurez política del movimiento social las movilizaciones del 9 de Abril respaldaron el proceso de paz y la exigencia del cese al fuego bilateral. Este ascenso de la acción colectiva alcanza también la resistencia de las comunidades frente a la agresión ambiental de la minería extractiva y en defensa de las fuentes de agua. 10.-Las alternativas políticas de la izquierda de cara a las elecciones de Octubre están ligadas al fortalecimiento del Polo Democrático, de la Alianza Verde, del Movimiento Progresista, de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, y de movimientos políticos regionales independientes que puedan tejer una política de alianzas frente a la amenaza de la extrema derecha del Centro Democrático, la derecha del Partido Conservador y la consolidación de la centro derecha de los partidos de la alianza de gobierno ( Liberal, de la U y Cambio Radical). Un programa democrático en la actual coyuntura pasa por la defensa del proceso de paz, la preparación para el posconflicto, la lucha contra la corrupción y la construcción participativa de los planes de desarrollo y vida locales.
Fernando Hernández Valencia.- Director Ejecutivo. Mayo de 2015.