Informe preliminar Foro Nacional de Víctimas Cali, agosto 3, 4 y 5 de 2014
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INFORME GENERAL DE LAS MESAS DE TRABAJO Foro Nacional sobre las víctimas – Cali Agosto 3 a 5 de 2014 I. INTRODUCCIÓN
El informe que se presenta a continuación tiene como propósito socializar los puntos centrales abordados en las mesas de trabajo. No se trata de una relatoría exhaustiva, ni de un resumen detallado de las propuestas expuestas en las jornadas. Las relatorías de cada una de las mesas incluirán la totalidad de las propuestas presentadas y serán enviadas a la Mesa de Conversaciones en La Habana. II. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LOS PARTICIPANTES EN EL FORO:
Este foro nacional convocó la participación de 1457 personas de los 32 departamentos del país, 722 mujeres y 735 hombres, víctimas de diferentes hechos victimizantes como amenazas, ataques indiscriminados, desaparición forzada, desplazamiento y abandono, despojo de tierras y pérdida de bienes, ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, homicidio en persona protegida, masacres, minas antipersonal, restricciones a la libertad y a la movilidad, secuestro, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente, violencia contra grupos étnicos y poblaciones en especial condición de vulnerabilidad, violencia contra grupos políticos y violencia sexual. También participaron en este foro delegaciones de centrales y organizaciones sindicales, gremios y organizaciones del sector empresarial, iglesias, movimientos políticos y sociales, niños, niñas y adolescentes, organizaciones afro-‐descendientes, organizaciones de mujeres, organizaciones de raizales, palanqueros y Rom, organizaciones indígenas, organizaciones juveniles, organizaciones LGBTI, organizaciones y movimientos campesinos, partidos y movimiento políticos con personería jurídica. También estuvieron organizaciones acompañantes y defensoras de derechos de niñez, de derechos humanos, programas de desarrollo y paz e Iniciativas Nacionales y territoriales de paz. También participo el sector académico, universidades y centros de investigación, y asociaciones de medios de comunicación.
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Las propuestas fueron recogidas en 32 mesas de trabajo. III. PRESENTACIÓN DE LAS TEMÁTICAS ABORDADAS EN LAS MESAS DE TRABAJO:
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PROPUESTAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS:
De conformidad con los participantes el reconocimiento es un paso necesario para dignificar a las víctimas y reconocerlas como sujetos sociales y políticos así como ciudadanos plenos y con derechos. Dicho reconocimiento puede contribuir a la construcción de una paz estable y duradera, en la medida en que de la mano de este se promuevan medidas necesarias para garantizar un país más democrático e incluyente. En general se presentaron propuestas tendientes a ampliar el universo de quienes deben ser considerados víctimas, reconociendo a un número mayor de personas y hechos victimizantes. Así, se solicitó reconocer a todas las víctimas, individuales y colectivas, con independencia del actor que ocasionó la vulneración (Fuerzas militares, FARC, paramilitares y otros grupos armados al margen de la ley como las Bacrim). También hubo propuestas de reconocer hechos victimizantes generados por actores no vinculados de manera directa con el conflicto armado, tales como desmovilizados, empresas mineras y extractivas, empresas multinacionales, gobiernos y ejércitos de otros países, así como a las víctimas del modelo económico imperante y de la violencia política, territorial, social, ambiental y cultural. Dicho reconocimiento debe ir más allá de la Ley 1448 en relación con los tiempos establecidos. Algunos propusieron fechas específicas (tales como inicios del siglo XX, 1928, 1948, finales de los 70, entre otras) y otros solicitaron no imponer limitaciones temporales. Se solicitó reconocer como víctimas a los miembros de la fuerza pública, activos y retirados, que estuvieron en cautiverio o fueron secuestrados, así como a sus familiaress; a las víctimas del Estado, algunas de las cuales tuvieron que abandonar el país por causa de la violencia y la persecución; a los refugiados y exiliados; a las organizaciones sociales, movimientos y partidos políticos, organizaciones gremiales, especialmente vinculadas con el sector rural, así como sectores sociales y movimientos sindicales; comunidades étnicas y afrocolombianas, organizaciones de mujeres y población LGBTI, entre otros. En relación con el enfoque de género, se resaltó la importancia de reconocer y visibilizar las diferentes formas de violencia y discriminación contra las mujeres dentro y fuera del conflicto armado, especialmente los casos de violencia sexual, y sin importar la calidad de combatientes de las mujeres. Se propuso reconocer a la población LGTBI como víctima colectiva. En el mismo sentido se sugirió reconocer a las comunidades indígenas, afrodescendientes y asociaciones campesinas como víctimas colectivas; se sugirió incluir en el concepto de víctima al territorio y la madre tierra. Se propuso reconocer que niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de reclutamiento forzado, violencia sexual y otras formas de violencia, y, finalmente, se propuso diseñar e implementar políticas específicas para la población en condiciones de discapacidad, mediante un enfoque diferencial.
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Finalmente, se sugiere revisar las bases de datos existentes y rediseñar el sistema de registro de víctimas, reduciendo aquellos trámites engorrosos y las altas exigencias de prueba que impiden a las víctimas acceder efectivamente a sus derechos. ii)
PROPUESTAS SOBRE EL RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD:
Los asistentes al foro exigen el reconocimiento de responsabilidades por parte de todos los actores armados, legales e ilegales, y de terceros que participaron y participan en el desarrollo del conflicto armado y que incurrieron e incurren de manera sistemática y recurrente en la violación de los derechos humanos y en infracciones al Derecho Internacional Humanitario. Solicitan que el Estado colombiano reconozca su responsabilidad en el desarrollo del conflicto armado derivada de su obligación constitucional de garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos y la salvaguarda, protección y garantía del ejercicio pleno de sus derechos fundamentales. Que se haga responsable de los actos criminales cometidos, por acción u omisión por la fuerza pública, en el asesinato y desaparición de líderes políticos y sociales, jóvenes, niños y adolescentes; comunidades indígenas, afro-‐descendientes, campesinas, trabajadoras y populares, así, como de los activistas de derechos humanos y de sectores de la oposición política. Se haga responsable de los falsos positivos y de su papel en el origen de los grupos paramilitares y su connivencia con estos en las prácticas de masacres, despojos y desplazamiento forzado de la población. Se le exige al Estado que asuma la responsabilidad de los detenidos-‐desparecidos, se adelanten las investigaciones pertinentes, se sancione a los culpables y se entregue a las familias los restos de los parientes que murieron en cautiverio, todo ello garantizando además el derecho a saber la verdad sobre lo acontecido. Se le exige a las FARC que reconozcan todo el repertorio de violaciones de los derechos humanos en los territorios sobre las poblaciones en las que hacen presencia, reconozcan su responsabilidad en los casos de: secuestro extorsivo, secuestro político, infracciones al DIH en las tomas guerrilleras que afectan a la población civil y en las afectaciones a la infraestructura, en el reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes, en los delitos sexuales contra la mujer, en la siembra y uso de artefactos explosivos prohibidos en el desplazamiento y despojo de tierras y bienes de la población. Se le exige a las FARC que den razón por los secuestrados y militares en cautiverio. Se les solicita al gobierno y a las FARC que reconozcan la responsabilidad que tienen y, acepten que en medio de la confrontación armada se ha incurrido en violación de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, de los combatientes que fueron sometidos a tratos crueles, tortura, ejecuciones extrajudiciales y crímenes de guerra y, que por lo tanto, hay soldados, policías, guerrilleros y familias de estos que han quedado en condición de víctimas. En relación con terceros responsables, en las mesas se insistió en la necesidad que los partidos políticos tradicionales, gremios económicos nacionales y las transnacionales reconozcan y asuman su responsabilidad por los diferentes sucesos de criminalización y victimización desarrollados en el
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marco del conflicto armado, unidos a sus particulares intereses. Algunos participantes solicitaron a ganaderos, palmicultores y empresarios agrarios e industriales, que reconozcan su responsabilidad en el desarrollo y escalamiento del conflicto armado y que se comprometan a poner de su parte para alcanzar la paz con justicia social y a pedir perdón a las víctimas de los grupos que financiaron, presionados y voluntariamente. Se señaló en algunas propuestas la necesidad que el sector minero y las multinacionales reconozcan el papel que han jugado en la vulneración de derechos de la población civil, tanto a trabajadores, como campesinos y comunidades indígenas, por las alianzas que han hecho con los diferentes actores armados. En materia de justicia frente a los responsables, se propone conformar un Tribunal Especial para juzgar graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, incluida la práctica del genocidio, con tratamiento distinto/diferenciado según el actor victimizante. Este tribunal u otro mecanismo o tribunal de justicia transicional y restaurativa con participación de víctimas, tendrá dentro de sus funciones investigar y sancionar a agentes del Estado o miembros de la guerrilla y revisar todos los fallos y procesos de personas privadas de su libertad. Para posibilitar en materia de justicia el desarrollo del proceso y dar la solución política al conflicto armado se sugirió contemplar amnistías a los alzados en armas por delitos políticos y conexos cometidos durante el conflicto, con excepción de graves violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra. iii)
PROPUESTAS SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS:
Las propuestas que los participantes construyeron sobre este principio tienen como objetivo principal garantizar el goce efectivo de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, y sus derechos económicos, sociales y culturales, como un camino ineludible para trascender la condición de víctima a ciudadanos y ciudadanas plenas. Este camino se sustenta en el reconocimiento de los distintos sectores de víctimas del país que han sufrido la violencia producida por todos los actores armados. Los y las participantes hicieron énfasis en la necesidad de facilitar el acceso de las víctimas a la oferta institucional en materia social y económica, y en la necesidad de brindar mayor capacitación a las víctimas para el ejercicio y exigencia de sus derechos. El ejercicio de estos derechos implica que las víctimas tengan un conocimiento de las rutas de atención y reparación, razón por la cual sugirieron la difusión de la ley víctimas y las rutas de acceso a los derechos. También insistieron en que las distintas instituciones estatales y gubernamentales con competencia en atención a víctimas deben mejorar sus procedimientos para ser más ágil y oportuna la respuesta a las necesidades de las víctimas, y de esta manera garantizar la prioridad que el Estado debe otorgar a los grupos vulnerables. De manera general, las mesas de trabajo reconocieron la necesidad de implementar el enfoque diferencial en la atención y reparación de las víctimas del país.
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Específicamente, se exigió el reconocimiento y garantía de los derechos del pueblo raizal sobre su territorio, tierra y recursos naturales; el reconocimiento de la condición de las víctimas que por razones del conflicto tuvieron que salir del país, la necesidad de desarrollar programas y convenios con los países de asilo para la garantía de sus derechos y mejorar sus condiciones socioeconómicas, y la definición de acciones que permitan la participación de las víctimas fuera del país en el proceso de negociación de La Habana; la promoción del respeto del ejercicio pleno de la autoridad y control indígena de sus territorios y la garantía de la restitución de territorios ancestrales que fueron despojados por razones del conflicto; la garantía los derechos de NNA que fueron víctimas de reclutamiento forzado y de violencia sexual, en el marco de un proceso de desmovilización y reinserción de grupos armados ilegales. iv)
PROPUESTAS SOBRE LA PARTICIPACIÓN DE LAS VÍCTIMAS:
Se ha reiterado que la participación en el proceso es un derecho de las víctimas así como su carácter vinculante. Es desde la participación de quienes han sido afectados por la guerra desde donde se genera la paz y la reconciliación. Los participantes en el Foro han señalado la importancia de contar con más información acerca del proceso de negociación, de los avances y han exigido un mayor contacto entre la mesa de diálogo y las víctimas. Se ha indicado la importancia de hablar al país. Se ha solicitado mayor claridad sobre los criterios que se han definido para integrar los grupos que tendrán interlocución con la mesa en La Habana y se ha solicitado mayor autonomía por las organizaciones y comunidades para definir sus representantes. Se ha solicitado una interlocución directa con mujeres y sus organizaciones entre otras a través de la subcomisión de género establecida en la mesa. Las víctimas de hechos cometidos por las FARC han solicitado participación paritaria en los diferentes encuentros que se hagan. Algunos participantes señalan que los acuerdos que se alcancen deberán ser refrendandos por la sociedad, en una Asamblea Nacional Constituyente, que contará con la participación de las víctimas y representación de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. Algunas víctimas presentes en el Foro consideran que deben contar con una representación en el Congreso, a partir de la constitución de una circunscripción especial. Finalmente, han propuesto la creación de veedurías tanto al proceso como a la ejecución de programas a favor de las víctimas. v)
PROPUESTAS SOBRE ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD:
En materia de esclarecimiento histórico se proponen diversas estrategias sociales e institucionales, pero la mayor parte de las propuestas se concentran en la creación de comisiones de esclarecimiento histórico y comisiones de la verdad. No obstante, algunos sectores consideran como única alternativa la verdad judicial. Múltiples iniciativas señalan la necesidad de que las comisiones de la verdad tengan un carácter independiente y autónomo respecto del gobierno y los grupos armados. Otras iniciativas señalan la importancia de que estos actores participen dentro de estas
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comisiones. Sobre la participación de la comunidad internacional existen diferencias entre quienes le dan más importancia a organismos regionales como UNASUR y países amigos del proceso de paz y quienes restringen esta participación a organismos humanitarios especializados. También se propone que las comisiones de la verdad cuenten con especialistas nacionales e internacionales Otras iniciativas proponen que sean las víctimas quienes decidan la composición de la Comisión de la Verdad, la cual debe contar con la participación de víctimas, organizaciones de mujeres, sindicatos, consejos comunitarios y cabildos indígenas, organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otros. También se propone que la o las comisiones de verdad profundicen sobre el impacto del conflicto armado en los territorios afectados por el conflicto. El Estado será el responsable de disponer los recursos técnicos y financieros complementados con el apoyo de la comunidad internacional. Las Comisiones de la Verdad esclarecerán responsabilidades del Estado, los grupos guerrilleros y los paramilitares. Para este efecto se deben desclasificar los archivos de inteligencia del Estado y tanto los agentes estatales como los grupos armados deben proveer la información que sea útil y necesaria a los procesos de esclarecimiento histórico. Se esclarecerán todas las afectaciones y tipologías de daño causadas por las violaciones de los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario. Determinarán los impactos históricos, diferenciados y desproporcionados causados a diferentes sectores sociales, como las mujeres, los niños niñas y adolescentes, los pueblos indígenas, afrodescendientes y raizales, la población LGBTI las personas con discapacidades y los movimientos sociales. La creación de subcomisiones de la verdad en relación con las personas detenidas y desaparecidas, las víctimas de las FARC, los colombianos refugiados, las personas secuestradas, los periodistas, las víctimas de minas antipersonales, las comunidades y pueblos afectados por el desplazamiento forzado, las víctimas de la violencia sexual, entre otros. En materia de esclarecimiento histórico, los pueblos indígenas proponen la creación de tres instituciones especializadas, de carácter civil y autónomo. La Comisión Nacional de la Verdad para los Pueblos Indígenas, encargada de recuperar la memoria histórica desde las víctimas, actuar como mecanismo de esclarecimiento pleno de la verdad sobre los crímenes individuales y colectivos cometidos contra los pueblos indígenas y determinar los territorios poseídos por los grupos armados legales e ilegales y de los campos minados. El Centro Indígena para la Memoria Histórica, encargado de reconstruir la verdad de las víctimas y los tejidos de resistencia y reconciliación de los pueblos indígenas afectados
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por el conflicto. Y el Observatorio de los Derechos de Vida para los pueblos en riesgo de exterminio físico y cultural. Los pueblos afrodescendientes demandan que se esclarezcan los impactos del conflicto armado sobre los territorios colectivos especialmente golpeados por la violencia y que se establezca la conexidad entre los procesos de segregacion y discriminacion estructurales y los fenómenos de victimizacion desproporcionada de estos pueblos. Las organizaciones de las mujeres demandan que la verdad se construya desde las voces de las mujeres y usando las metodológicas construidas desde el informes de la verdad construido por las organizaciones de mujeres de Colombia vi)
PROPUESTAS SOBRE REPARACIÓN:
En este Foro se enfatizó sobre la importancia del principio de Igualdad y no discriminación en la reparación de las víctimas. La reparación debe basarse en el daño causado por la violación de los derechos y no en quien ha sido el causante. Así mismo los participantes han señalado que esperan que el esfuerzo del Estado en la reparación no sea en ningún caso inferior al que se efectúa frente a los victimarios en el marco de su reintegración a la sociedad. La reparación debe tener en cuenta las transformaciones que el conflicto ha generado en la sociedad, incluidas las relaciones de género, y el impacto desproporcionado que se ha sido causado a las mujeres. La reparación es vista como instrumento de reconciliación, de allí la importancia que tenga una dimensión colectiva que complemente la respuesta individual. En el marco de reparaciones colectivas se identificaron mecanismos de reparación para organizaciones y movimientos políticos, se ha señalado la importancia del restablecimiento de curules; igualmente se resaltó que para el caso de comunidades indígenas y afrocolombianas, la reparación colectiva debe consultar y apoyar la implementación sus planes de vida y su protección del territorio, el cual debe ser objeto de sanación, dado que desde su visión el territorio debe ser considerado como víctima. Las víctimas, las comunidades y las organizaciones, han solicitado el resarcimiento de su buen nombre frente a la estigmatización que algunas de ellas han sufrido. Para los participantes la atención y rehabilitación en salud, así como mecanismos de compensación a través de vivienda y de seguridad social son prioritarios en el marco de la reparación integral y transformadora. La reparación exige una institucionalidad distinta y un esfuerzo adicional de financiamiento. En las mesas se propusieron esquemas de financiamiento, en que los que los victimarios deben aportar con sus bienes. Los recursos estatales deberán encontrar mecanismos estructurales de financiamiento con el aporte de todos los sectores de la sociedad. Finalmente, la reparación como propósito nacional debe contar con el acompañamiento de las diferentes instancias del Estado. En una de las mesas se propuso la creación de una comisión
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Nacional de Reparación con la participación de las víctimas, el Congreso, la Corte Constitucional y representante de los Concejos y Asambleas. vii)
PROPUESTAS SOBRE GARANTÍAS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD:
La participación en el proceso de diálogo, en la implementación de medidas de reparación y en la materialización del derecho a la verdad, justicia y reparación exige garantías de seguridad. Los asistentes al Foro han señalado la necesidad de fortalecer y agilizar las medidas que ofrece la Unidad Nacional de Protección, y que se adecúen los criterios de evaluación de riesgo a las necesidades diferenciales de protección, en especial frente a las mujeres que se encuentran en riesgo. Así mismo han recomendado el reconocimiento y apoyo a medidas alternativas, como las que en el marco de su autonomía han desarrollado las autoridades indígenas en el caso de la guardia indígena. Finalmente, se ha propuesto al Estado evaluar de manera particular el riesgo que para los jóvenes pueda representar una eventual frustración en este proceso de diálogo, y a partir de ese análisis fortalecer las medidas de protección a su favor. viii)
PROPUESTAS SOBRE GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN:
Para este principio las mesas presentaron propuestas dirigidas principalmente a la finalización del conflicto, el proceso de desmovilización, desarme y reintegración, la necesidad de reformas legales e institucionales para la no repetición de hechos violentos y las acciones que los distintos actores armados deben realizar para cumplir con la no repetición de delitos. Se señala en primer lugar que la negociación y los acuerdos deben conducir tanto a la entrega de las armas como al desmonte de las estructuras que propiciaron los grupos armados. Por ello, se propone crear un comité de monitoreo permanente a la desmovilización y así evitar la reaparición de nuevos grupos armados ilegales o bandas emergentes. Como complemento a una política efectiva de desmovilización se hicieron propuestas referentes a la generación de condiciones económicas para los ex combatientes, como el acceso a proyectos productivos y auto-‐sostenibles, el acceso al empleo bajo alianzas público-‐privadas y la promoción de procesos formativos en las diferentes regiones del país, para que los desmovilizados y sus familias mejoren sus condiciones de vida. Frente a este punto, también algunos participantes sugieren que los programas de reparación integral a víctimas gocen los mismos beneficios que los de los desmovilizados. Un segundo aspecto es el relativo a las condiciones necesarias al momento de la suscripción de los acuerdos, en lo cual se resalta la conformación de una veeduría nacional e internacional de la cual hagan parte las víctimas y la formulación de una política de garantías de no repetición que cuente con un enfoque desde lo local.
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Como tercer componente las mesas hicieron propuestas relacionadas con las reformas institucionales necesarias para la no repetición, entre las cuales están el adelantar una depuración de los funcionarios públicos adscritos a cualquiera de las ramas de poder público, a nivel nacional y local, con una política de lucha contra la corrupción. En este mismo sentido algunos participantes proponen una depuración de miembros de la fuerza pública con investigaciones por violaciones a los DDHH, efectuar un cambio en la doctrina militar centrada en el enemigo interno por una que se centre en la garantía de los Derechos Humanos y que incorpore los distintos enfoques diferenciales, efectuar el desmonte del Escuadrón Antidisturbios, suprimir el fuero penal militar y el trasladar la Policía Nacional al Ministerio del Interior, así como el promover una reforma que reconozca y re-‐alindere las zonas de reserva campesina y se reestructuren las políticas, programas e instituciones responsables de la atención a víctimas para que estas incorporen los enfoques de género, étnico y etario para que estén acordes con las realidades de las víctimas. También se resalta la referencia al cumplimiento de otros principios como condiciones para la no repetición, entre ellos el que haya Justicia, Verdad, condiciones de seguridad para las víctimas que decidan regresar al país, respeto al ejercicio de periodístico y a la autonomía de los pueblos y territorios; a lo que se sumó, la importancia de promover la tolerancia por los diversos grupos del país a través de carnavales culturales. Adicionalmente se hicieron propuestas referentes a las acciones de los actores armados como lo son: el cese bilateral del fuego, avanzar con el desminado humanitario, la no instalación de artefactos explosivos y minas antipersonal y la no continuación de acciones que vulneran los derechos de las víctimas tales como el secuestro, la desaparición forzada, el reclutamiento de niñas y niños y el despojo de tierras. ix)
PRUPUESTAS SOBRE LA RECONCILIACIÓN:
Las propuestas que las mesas desarrollaron y presentaron a lo largo del Foro sobre este principio tienen como eje central a la necesidad de una estrategia cultural y educativa que promueva cambios en los imaginarios sociales y culturales sobre la legalidad, el perdón, la convivencia y la reconciliación entre todos los sectores y grupos sociales del país. De manera específica, las mesas propusieron el diseño y creación de un marco institucional con la competencia para formular e implementar políticas dirigidas a consolidar una cultura de paz. Estas políticas deben tener como característica principal su construcción con los aportes de las comunidades que más han sufrido el conflicto, y de las organizaciones sociales, de mujeres, afros e indígenas. Las acciones concretas de estas políticas deben basarse en expresiones artísticas y culturales que a través de la memoria colectiva de las víctimas puedan permear todas las instituciones sociales y públicas del país. En el caso de los desmovilizados, deben implementarse programas de reintegración comunitaria que les permitan retomar las riendas de su vida y les brinde herramientas para el mercado laboral y atención psicosocial.
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En cuanto a al diseño de una estrategia educativa nacional, las mesas propusieron que esta estrategia cuente con programas de convivencia, diálogo y reconciliación en zonas de conflicto, que faciliten la convivencia entre la población civil y los futuros desmovilizados de grupos armados ilegales. Esta estrategia debe incluir el diseño de cátedras de historia del conflicto en todas las instituciones educativas, se promuevan espacios de encuentro y diálogo entre víctimas de distintos sectores para buscar la reconciliación, con el apoyo de la empresa privada en el marco de sus programas de responsabilidad social, y se crean centros de educación para la paz que promuevan las iniciativas que las comunidades indígenas han desarrollado en materia de convivencia y reconciliación, basados en el respeto a la diferencia e inspirados, no en el miedo, que genera odio, sino en la dignidad del otro. Finalmente, todas las mesas coincidieron en la importancia de construir una ética del perdón y la reconciliación que busque la sanación de las heridas y no la venganza. Esta ética debe llevar a que tanto el Estado como los grupos armados que se desmovilicen, reconozcan su responsabilidad por las acciones en el marco del conflicto y pidan perdón por el dolor causado. x)
PROPUESTAS SOBRE EL ENFOQUE DE DERECHOS:
Las propuestas relacionadas con el enfoque de derechos, de acuerdo a la prioridad presentada por los foristas regionales y nacionales, hacen énfasis en los siguientes tres aspectos: los Derechos que deben ser producto del proceso; los requerimientos para su consolidación; y los elementos y medios necesarios para su garantía, durante el proceso y en el posconflicto. En ese orden se destaca: Respecto a los Derechos producto del proceso. Se prioriza que tengan un enfoque de género y diferencial, generacional, étnico, y ambiental de derechos. Se enfatiza en los derechos a la vivienda, la educación, el trabajo, generación de ingresos y empleos dignos. En este mismo sentido se sugiere que la inversión esté enfocada en la garantía de derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Se demanda la asignación de emisoras/canales de televisión a comunidades indígenas; la creación de subcomisiones constitucionales y de género; la incorporación a la legislación interna de instrumentos internacionales de DDHH; la creación de mecanismos bilaterales para generar garantías de protección especial a zonas de frontera; y la formulación de programas de retorno para las personas exiliadas en condiciones de justicia, con garantías de dignidad y seguridad, y articulados con los Planes de Desarrollo Integral, sostenibles, con enfoque de género. En ese orden se exige el reconocimiento y reparación de los impactos que sobre las víctimas ha causado la experiencia del desplazamiento internacional. Respecto a los requerimientos para su consolidación, se propone: se garanticen todos los derechos de las víctimas y se haga efectiva la aplicación de los Decretos ley sobre víctimas de comunidades étnicas y afrocolombianas, y demás jurisprudencia a favor de los pueblos indígenas, y se garantice la formulación, implementación y articulación armónica de los planes integrales de
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vida. Se propone también la creación de una subcomisión dentro de la Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de lo ocurrido con los desaparecidos; la implementación de mecanismos para cumplir con los derechos de las víctimas que han tenido que irse del país y el reconocimiento del Estatuto de Refugiados para garantizar el trato preferencial a los exiliados; la creación de mecanismos para la restitución de tierras y servicios de atención en todos los campos y la celebración de convenios internacionales con el fin de potencializar los saberes de las víctimas y apoyar a aquellos (as) jóvenes víctimas con capacidades extraordinarias con el fin de que logren alcanzar su pleno perfeccionamiento y puedan fortalecer el desarrollo de nuestro país. Las mesas solicitan que se reconozcan que los derechos de las víctimas no son negociables, y que deben ser objeto de afirmación, promoción y satisfacción en los acuerdos de paz. Para la divulgación de los acuerdos se promueve un pacto ético y de obligatorio cumplimiento de los medios de comunicación públicos y privados para que se comprometan con la verdad sobre los acuerdos de la Habana que permitan respaldar el proceso de paz y evidenciar los disensos conscientes. En cuanto los elementos y medios que deben garantizar esos derechos humanos durante el proceso y en el posconflicto, se propone: La creación de una comisión de carácter constitucional permanente que garantice su protección y promoción; que las fuerzas militares, la policía nacional u los organismos de seguridad del estado se rijan por las reglas de la democracia y los derechos humanos y se ciñan a un control efectivo por las autoridades civiles y la ciudadanía en general. Se propone también que los derechos políticos de los guerrilleros estén de acuerdo con las leyes que aplican a todos los colombianos y colombianas. Que aquellos que sean encontrados responsables de crímenes de lesa humanidad no puedan acceder a cargos de elección popular.
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