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Nuestras demandas frente a todos los tipos de violencia que sufrimos las mujeres
Como paso primordial para poder avanzar en la conquista de nuestros derechos como mujeres, la REMUPRO, demanda de las autoridades municipales (alcaldía, sistema de justicia, seguridad, etc.) y de la sociedad progreseña reconocer la gravedad de la violencia de género.
Estamos convencidas que para transformar nuestra ciudad en un entorno seguro y libre de violencia hace falta conocer los alcances de este problema y reconocer sus niveles de gravedad.
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Luego, demandamos, en el ámbito de lo público:
1. Crear, desde lo público, en concertación con la ciudadanía, espacios de formación, información y acompañamiento para construir una generación de mujeres empoderadas con sus derechos. Para nosotras es fundamental el conocimiento y el reconocimiento de nuestros derechos para poder exigirlos 2. La Oficina Municipal de la Mujer de El Progreso debe ser fortalecida y capaz de impulsar y desarrollar un programa de prevención y asistencia a la violencia de género. La ciudad debe contar con lugares refugios para albergar a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos en situación de alto riesgo, que les permita preservar sus vidas y su dignidad, mientras encuentran soluciones a mediano y largo plazo.
3. Una mayor coordinación interinstitucional (entre instancias centrales de salud, de seguridad, judiciales y laborales) junto a la municipalidad y las organizaciones civiles de mujeres y sociales para mejorar el trabajo en la prevención y el tratamiento de la violencia de género.
La descoordinación actual es una excusa para la burocratización y la inoperancia. 4. Como lo hemos venido insistiendo, demandamos la integración de una “Mesa sobre
Violencia Municipal” que nos permita crear posteriormente un observatorio municipal de género y derechos humanos de las mujeres.
5. Impulsar una capacitación constante de funcionarios judiciales y miembros de la policía para que conozcan y respeten los derechos de las mujeres y generen confianza para presentar denuncias cuando somos vulneradas, sobre todo en casos de violencia doméstica e intrafamiliar. La acción fiscal del Estado y la propia municipalidad deben sancionar y aplicar todo el peso de la ley a los funcionarios y policías que participen en las diferentes formas de violencia contra las mujeres.
6. Fortalecer los mecanismos de acceso a una información veraz, oportuna y puntual que refuerce la identificación de nuestros derechos. Las políticas públicas, ordenanzas y edictos de la municipalidad deben ser de conocimiento público y de apropiación para cada una de las mujeres de El Progreso para que conozcamos los mecanismos de protección que se ejecutan y poder acudir a ellos en caso de necesidad.
7.
Ante la “normalización” perversa de la violencia en nuestra ciudad y departamento, resaltamos la necesidad de crear espacios de acompañamiento emocional, públicos y no gubernamentales para las mujeres agredidas o en riesgo, que complementen la denuncia y la asesoría legal. Es preciso romper ese muro impasible de que todo pasa y no pasa nada.
8. Las mujeres subrayamos la necesidad de poner el sistema de educación formal a tono con la equidad de género. Por medio del sistema de educación formal es necesario que nuestra niñez y juventud tomen conciencia de sancionar y erradicar los distintos tipos de violencia.
El sistema educativo tiene que tener reformas orientadas a que las nuevas generaciones se sensibilicen en el tema, lo que requiere un compromiso efectivo de los maestros y las maestras, así como de las autoridades del ramo.
9. Las mujeres demandamos de las autoridades vigilar el cumplimiento de sanciones legales dictadas contra los agresores o irresponsables. Las pocas medidas de cumplimiento que se aplican, incluyendo la obligatoriedad de pensiones alimenticias y de sustento básico, no son efectivas, quedan casi sujetas a la “voluntad” chantajista de los hombres involucrados, y no existe ningún seguimiento de ley que pueda garantizar su cumplimiento con una perspectiva de género a esos casos.
10. Es difícil para nosotras poder decidir en un contexto de violencia, hace falta asegurar nuestro acceso a derechos básicos, como un empleo o, al menos, a subsidios dignos, que puedan impactar significativamente en la economía de nuestras familias mientras se emerge de la crisis que provoca la desintegración del hogar.
11. 11. La ausencia de educación sexual es una constante en los relatos de las mujeres y relacionado con eso, la salud sexual. Nos preocupa la alta incidencia de embarazos entre adolescentes que, aun siendo dependientes, tienen que afrontar el reto de criar a sus hijas o hijos. Debe retomarse la propuesta de política municipal de OYE y de otras organizaciones, socializarla y realizar un cabildo abierto para su aprobación. Las políticas públicas en salud reproductiva, por ejemplo, no pueden seguir dependiendo del visto bueno de grupos ultraconservadores que todo lo ven a través de sus dogmas.
12. Impulsar espacios familiares de recreación, seguros y centros de cuidado infantil municipales a las que las mujeres podamos llevar a nuestras hijas e hijos mientras trabajamos.
13. En el rol que desempeñamos como madres o mujeres en el hogar somos las primeras en sufrir el impacto de la escasez de los servicios básicos, en particular del agua, lo cual agrava nuestras condiciones de vida y la de nuestras familias. En medio de la pandemia por el
COVID-19 que estamos viviendo, la ausencia de este elemento vital representa un riesgo permanente de contagio y muerte.
Demandamos en el ámbito participativo y gremial:
1. Las organizaciones sociales y gremiales de nuestra región deben contar con una participación proporcional y efectiva de mujeres en sus juntas directivas y comisiones. Ese mandato ético y organizacional sigue pendiente de cumplirse. Aun entre nuestros propios compañeros de lucha hay mucha discriminación por superar.
2. Se debe incorporar la perspectiva de género en los planes, los proyectos y los programas de las organizaciones sociales existentes. Muchas de ellas asumen el enfoque de género en el discurso, pero no en la práctica. No puede haber desarrollo sin equidad de género; así de claro.
3. La dignidad de la persona humana se fortalece en la lucha contra la pobreza, que afecta a las mujeres de manera específica. Ello hace necesario que desde la municipalidad y el sistema financiero se garantice su acceso al crédito y a las estructuras productivas, así como asegurar la corresponsabilidad del hombre en el sostenimiento de la familia. La pobreza o la miseria
mujeres desplazadas de sus hogares que llegan cargadas de sentimientos y esperanzas difíciles de cumplir. No podemos dejar de mencionar a las mujeres de los pueblos tolupanes que enfrentan tanto la represión de las fuerzas de seguridad y del sistema como la de sus propios compañeros de vida y familiares que no les perdonan que ellas levanten su frente en señal de dignidad.
5. Finalmente, las mujeres destacamos la difícil situación económica y social que vivimos las familias progreseñas y de todo el país, especialmente las de menores ingresos, como secuela de la pandemia que sigue afectando a nuestra sociedad y de un modelo económico neoliberal que se especializa en el extractivismo de recursos y vidas. En el caso concreto de la época que atravesamos, la municipalidad y las organizaciones sociales tienen que elaborar una propuesta consensuada de acción que no debe esperar el momento en que el virus desaparezca, sino que debe ponerse en práctica de inmediato, con presupuestos que promuevan el ejercicio de nuestros derechos, nuestro empoderamiento económico y la erradicación de la violencia de género.
Reflexionemos...
1. ¿Cómo podemos exigir el cumplimiento de estas demandas a las autoridades municipales? ¿Qué ideas creativas se nos ocurren para incidir, dialogar y ser tomadas en cuenta?
2. ¿Cómo podemos exigir el cumplimiento de estas demandas a la sociedad y a nuestros compañeros de organizaciones, de trabajo o de aulas? ¿Qué ideas creativas se nos ocurren para incidir, dialogar con ellos para que nos apoyen y que hagan suya también nuestra lucha?